Familiares de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasuaagresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua han pedido este viernes el apoyo de los partidos navarros frente a lo que consideran "una situación judicial totalmente extraordinaria" y les han reclamado que "hagan todo lo que esté en sus manos para terminar con este sufrimiento", criticando que sus hijos llevan en prisión en algunos más casos más de mil días, informa Europa Press.

Los familiares han comparecido este viernes en el Parlamento a petición de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos de Izquierda-Ezkerra, antes de que el próximo martes el Tribunal Supremo celebre la vista de los recursos a la sentencia por las que se fijaron penas de entre dos y 13 años de cárcel para los ocho condenados.

Han acudido al Parlamento Bel Pozueta y Amaia Amilibia, madres de dos condenados, Paz Francés, profesora de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra, y Aritz Leoz, de la plataforma Altsasukoak Aske.

Bel Pozueta ha sostenido que se ha impuesto a los condenados "un castigo ejemplarizante que ha quebrantado todos los parámetros constitucionales" y ha asegurado que "están sufriendo una situación judicial totalmente extraordinaria por una acusación inicial de terrorismo, cuando todos los actores implicados sabían que no se trataba de terrorismo y a pesar de ello han sido tratados como terroristas". "La Audiencia Nacional les ha absuelto en dos ocasiones de terrorismo, pero es que anteriormente la Audiencia Provincial de Navarra ya solicitaba que se mantuvieran las actuaciones en el juzgado de instrucción de Pamplona". "¿No se ha hecho una clara banalización del concepto de terrorismo?", ha planteado. Las consecuencias están siendo muy graves para nuestros hijos y han sido vulnerados numerosos derechos fundamentales", ha señalado Bel Pozueta.

Por su parte, Amaia Amilibia, madre de otro de los condenados, ha afirmado que "las consecuencias de esta aplicación totalmente extensiva del concepto de terrorismo está siendo devastadora para nuestra hija y nuestros hijos, han sido vulnerados derechos fundamentales básicos y ahí queremos que, como representantes nuestros, os alcéis", ha dicho a los parlamentarios. Ha considerado vulnerados "el derecho a la libertad provisional, el derecho a la presunción de inocencia, a la intimidad y al honor, se han publicado fotos y nombres como si fueran terroristas de los ochenta, desde el comienzo han sido calificados como agresores". "¿Se puede reparar de alguna manera este daño que ese provoca? ¿Quién lo va a hacer?", ha cuestionado. Del mismo modo, ha considerado que se ha vulnerado "el derecho a un juicio justo". "No nos permitieron presentar pruebas, ni testigos, ni diversa documentación. A pesar de estar confirmándose elevadísimas penas de prisión, no ha quedado demostrada ni la autoría ni la participación de nuestros hijos en los hechos. La lesión más grave que lamentablemente ocurrió aquella noche fue la rotura de tobillo de uno de los agentes, pero la lesión según la sentencia fue causada por una única persona no identificada. El resto de lesiones fueron de carácter leve, sin quitarles ninguna importancia", ha indicado.

Los partidos navarros se pronuncian sobre la agresión de Alsasua

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que se ha producido una "desproporción" en este caso y ha considerado que "el primer elemento de esa desproporción es que un tribunal especializado en terrorismo como la Audiencia Nacional estima que no ha existido delito de terrorismo". Barkos ha expresado que existe "una sensación de que hay una aplicación del código penal en función del código postal y ahí es donde estamos concernidos parlamentarios y parlamentarias de esta Cámara en la búsqueda de proporción para las penas en este y en cualquier otro caso".

El portavoz de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, ha afirmado que UPN, PP y Ciudadanos, integrantes de Navarra Suma, "han mostrado y mostrarán siempre su solidaridad con la Guardia Civil y su apoyo a las personas agradecidas, y tenemos muy claro que no fue una pelea de bar". "Nos resulta muy doloroso que se haya intentado banalizar el asunto por parte de determinados políticos y medios de comunicación", ha afirmado, para señalar que su grupo "no se alegra de las condenas ni de la situación por la que están pasando las familias". Además, ha criticado que "el nacionalismo vasco y la extrema izquierda no desaprovecha una ocasión para desprestigiar la democracia española". "Con esos socios ha elegido gobernar el PSN, buena suerte", ha dicho.

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha afirmado que el Partido Socialista ha venido trasladando "la comprensión en lo humano hacia las familias de los encarcelados y ha expresado la solidaridad con los agredidos". "El PSN, desde el principio consideró que no era acertada la calificación como delito terrorista y significamos la importancia que tiene la justicia proporcional e individualizada, pero nos gustaría expresar el respeto absoluto al orden jurídico y constitucional y por tanto el respeto total a las sentencias, incluida la decisión que se tome el día 18", ha destacado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha expresado su "solidaridad y apoyo" a los familiares y ha criticado "las consecuencias del montaje mediático y político" en torno a este caso. "Si algo ha visto la sociedad navarra, y también la sociedad en España y fuera de España, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que pide la lógica es que estos jóvenes queden en libertad", ha señalado.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha afirmado que "nos encontramos ante una aberración jurídica y mantenemos aquello que dijo la Audiencia Provincial de Navarra, este juicio nunca debió salir de Navarra". "Se ha puesto en el punto de mira a la Comunidad foral por unos hechos que ocurren en otras localidades de toda España y no pasa nada, aquí lo que ocurre es que aprovechando el código postal parece que contra Navarra, contra un pueblo, todo vale", ha criticado.

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha mostrado su "admiración por el tesón y por la templanza" de las familias. "Yo nunca pensé que esto se alargaría tanto, nunca pensé que estos jóvenes seguirían hoy en prisión. El sentido común me decía que se iba a acabar pronto. Nos parecía que la calificación de terrorismo era totalmente desproporcionada y ya lo han dicho los tribunales. El calificativo que se puede aplicar a este proceso es el de la desproporcionalidad", ha afirmado.

La candidata socialista María Chivite ha sido investida este viernes presidenta de Navarra al recibir el apoyo de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y la abstención de EH Bildu, lo que le ha dado la mayoría simple necesaria en la segunda votación para su investidura, informa Europa Press.

Después de que el jueves en la primera votación EH Bildu votara en contra, pasadas 24 horas cinco de los siete parlamentarios de la formación abertzale se han abstenido y los otros dos han votado en contra, tal y como estaba previsto, para posibilitar la investidura de María Chivite. Navarra Suma ha mantenido su voto en contra a la candidata socialista. De esta forma, Chivite ha sumado 23 apoyos, ha recibido 22 votos en contra y ha tenido cinco abstenciones.

Han asistido a la investidura, desde la tribuna de invitados, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el diputado socialista y secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán; el presidente del PNV, Andoni Ortúzar; la senadora navarra de Ciudadanos, Ruth Goñi; y el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, entre otros.

La líder del PSN toma el testigo de Uxue Barkos (Geroa Bai) en la Presidencia de Navarra tras haber acordado un programa de legislatura con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Presidirá un Gobierno de coalición que estará formado por 13 departamentos, ocho para el PSN, cuatro para Geroa Bai y uno para Podemos. Izquierda-Ezkerra ha declinado entrar en el Ejecutivo.

El Gobierno no tendrá mayoría en el Parlamento de Navarra, ya que suma 23 de los 50 escaños del Legislativo. María Chivite afirmó el jueves durante la presentación de su programa político que es "plenamente consciente" de que el Ejecutivo que presidirá "será un Gobierno sin mayoría absoluta, y que genera recelos en cierta parte de la sociedad", por lo que pidió "confianza".

Chivite reconoció que "es verdad que la confianza hay que ganársela, no es un acto de fe" y por ello ha asegurado que ofrece "diálogo a la Cámara, a los agentes sociales y económicos, a las entidades y organizaciones sociales, a todos los actores que contribuyen desde su actividad a construir Navarra, a dotar de valor a Navarra".

Por contra, el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, afirmó que la investidura de la líder del PSN con la abstención de EH Bildu "marca un antes y un después" y aseguró que Chivite "pasará a la historia como la socialista que dinamitó los acuerdos entre constitucionalistas en Navarra". "Se ha echado en brazos de EH Bildu y ha despreciado al 37 por ciento de los navarros que han votado a Navarra Suma y a muchos votantes socialistas que querían un gobierno constitucionalista", aseguró.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, advirtió de que sin la formación abertzale "no es posible construir ninguna alternativa a la derecha en Navarra" y subrayó que "no se puede ignorar que EH Bildu y lo que EH Bildu representa están presentes en las instituciones y en todos los ámbitos de nuestra sociedad".

Navarra Suma considera una "vergüenza democrática" y "una traición" la investidura de Chivite

El parlamentario de Navarra Suma, Carlos Pérez-Nievas ha calificado como "una auténtica vergüenza democrática" y "una traición al pueblo de Navarra" la investidura de la socialista María Chivte como presidenta de Navarra con la abstención de EH Bildu y ha advertido de que su coalición será "absolutamente implacable para que la democracia verdadera, el triunfo de lo que quiso la ciudadanía navarra, se imponga por las vías democráticas".

Carlos Pérez-Nievas ha afirmado, tras las investidura de Chivite, que "lo que está ocurriendo en el atrio del Parlamento con alegría y los de abrazos -en torno a la nueva presidenta- es una auténtica vergüenza democrática y una traición absoluta al pueblo de Navarra, están celebrado un triunfo que ellos creen haber conseguido sobre personas físicas, sobre los que estábamos en la lista de Navarra Suma, pero eso es absolutamente falso, Navarra no ha votado a María Chivite como presidenta en ningún caso, están celebrando una traición a la democracia, al voto de los navarros que no está representado por el Gobierno que se perpetrará la semana que viene".

Además, ha afirmado que el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, ha acudido a la votación de investidura en el Parlamento de Navarra "a santificar este acuerdo". "El triunfador verdadero de este acuerdo de Gobierno es el PNV, que envía al señor Ortúzar para comprobar que todo sigue por el cauce normal, que nadie se sale de las líneas, eso es lo que nos toca, el PNV, que carece de representación en Navarra y que no es capaz nunca de alcanzar representación a través de Navarra, viene aquí camuflado en Geroa Bai para ser el verdadero triunfador", ha señalado.

Así, Pérez-Nievas ha subrayado que el PNV "tiene en estos momentos consejeros en el Gobierno y la Presidencia del Parlamento, por lo tanto lo que aquí se perpetra es el infantilismo político de creer que esto es ganarle personalmente, físicamente, en una lucha de egos a alguien". "La ciudadanía no ha querido que estos que se abrazan sean los triunfadores electorales, no tienen nada que celebrar", ha indicado.

En todo caso, el parlamentario de Navarra Suma ha lanzado "un mensaje de esperanza porque todos aquellos que votaron a Chivite para que no gobernara con nacionalistas, todos aquellos que votaron a Navarra Suma para que ganara el constitucionalismo, que somos amplísima mayoria, no están solos y defenderemos hasta las ultimas consecuencias el constitucionalismo en Navarra, nuestra comunidad foral y España como modelo de futuro".

La candidata del PSN a la Presidencia de Navarra, María Chivite, afronta este jueves la primera jornada de su debate de investidura con apoyo suficiente para ser elegida nueva presidenta de la Comunidad foral. Lo será el viernes, en segunda votación y por mayoría simple, gracias al respaldo de los 23 escaños que suman su partido (11), Geroa Bai (9), Podemos (2) e Izquierda-Ezkerra (1). En contra votarán los 20 diputados de Navarra Suma, la coalición formada por UPN, Ciudadanos y el PP, y dos de EH Bildu (22 en total). Los otros cinco representantes de la formación abertzale se abstendrán para facilitar la investidura de Chivite.

La candidata socialista cerró un pacto de legislatura con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra que incluye un Gobierno de coalición compuesto por trece departamentos: ocho encabezados por el PSN, cuatro por Geroa Bai y uno por Podemos. Izquierda-Ezkerra declinó integrarse en el Ejecutivo.

El acuerdo en cuestión, que no se ha negociado con EH Bildu ni lleva la firma de la formación abertzale, ha desatado una ofensiva por parte de UPN, Ciudadanos y PP. Acusan a los socialistas navarros de suscribir “un pacto inmoral" porque, aseguran, incluye a partidos ”cuyo objetivo es que Navarra desaparezca como comunidad foral y diferenciada dentro de España, para anexionarla a Euskadi y crear la llamada república vasca".

Lo cierto es que el acuerdo de gobierno no dice una sola línea sobre eso, más bien todo lo contrario. Uno de los diez ejes de acción política pactados para la legislatura (2019-2023) es precisamente “el respeto a nuestro modelo institucional y la defensa e impulso de nuestro autogobierno dentro de la legalidad y lealtad institucional, avanzando en la actualización de nuestros derechos históricos desde la responsabilidad y la solidaridad con el resto del Estado y partícipes en el proyecto de Europa, dotándonos de unas instituciones forales y locales útiles para los retos del presente y del futuro”.

Por si eso no fuera suficientemente claro, el apartado de los “contenidos mínimos programáticos”, incluido en las 80 páginas que detallan el acuerdo, compromete al Gobierno que forme María Chivite, con el respaldo de sus socios, a impulsar “el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el Amejoramiento”, la ley sobre la que descansa la arquitectura política e institucional de Navarra, y a mantener “un compromiso inequívoco con los símbolos propios de la Comunidad Foral”.

El nuevo gobierno navarro, si se confirma la investidura de Chivite, se ha comprometido también a negociar “competencias no transferidas por el Estado, en particular tráfico y seguridad vial” y, “en el plazo de un año, investigación científica y técnica y sanidad penitenciaria”.

El acuerdo propone crear además una nueva Comisión Mixta Navarra-Estado que “asuma y amplíe” las funciones de la actual Comisión Coordinadora del Convenio Económico para incluir “labores de coordinación y de consulta previa a cualquier conflicto institucional y como foro donde se tratarán las relaciones económico-financieras entre Navarra y el Estado”. También defiende la modificación de la Ley del Convenio Económico así como la “actualización” de la aportación económica a fin de lograr “mayores cotas de autonomía en los tributos conveniados y salvaguardar la capacidad de Navarra para establecer nuevos tributos”. Siempre, eso sí, “con respeto a la Constitución, la Ley del Amejoramiento y la propia ley del Convenio”.

La vigencia del Amejoramiento

En relación con el Amejoramiento, la norma institucional básica de la Comunidad Foral, los partidos que han pactado la investidura se han comprometido únicamente a la “creación de una ponencia” en el Parlamento de Navarra que estudie su actualización “dentro del marco constitucional vigente”.

El detallado acuerdo suscrito por los cuatro partidos incluye además mecanismos de coordinación, desarrollo y seguimiento del pacto, e incluso una enumeración de “desacuerdos pactados”, temas en los que uno o más partidos rechazan propuestas de otros en relación con la educación, la política sanitaria, el empleo y el progreso económico, la fiscalidad, o el autogobierno.

En este último capítulo, el pacto aparca la propuesta de Izquierda-Ezkerra de reclamar la gestión de la Seguridad Social, tal y como recoge la Ley del Amejoramiento, así como la pretensión de Geroa Bai de reclamar la gestión de becas y ayudas estatales al estudio.

En materia lingüística, un asunto sensible en Navarra, donde una gran parte del territorio habla euskera y castellano, el pacto también excluye expresamente la pretensión de Geroa Bai de “establecer como objetivo y ámbito de especial incidencia el fomento del plurilingüismo”.

El acuerdo sí apuesta por impulsar “un amplio acuerdo social y político en torno al euskera, reflejo de la idiosincrasia y realidad socio-lingüística navarra, que responda a las necesidades y permita seguir siendo libres en la forma de relacionarnos y convivir con las lenguas habladas en la Comunidad Foral, alejando definitivamente al euskera del debate partidista, la confrontación y desterrando sentimientos de discriminación en la ciudadanía”.

Mantiene también como “norma de consenso” la Ley Foral 1986 del Euskera y propone estudiar el modo de amparar “el uso y conocimiento del euskera por la ciudadanía de forma acorde con los principios de voluntariedad e igualdad de oportunidades”, además de poner en marcha medidas para favorecer su uso en las administraciones públicas de Navarra y fomentarlo en los medios de comunicación.

Las acusaciones de UPN contra los socialistas navarros — al denunciar su presunta connivencia con el supuesto “objetivo” de sus socios de que “Navarra desaparezca como comunidad foral”— se apoyan en la posibilidad de que el PNV —socio de Geroa Bai— pueda invocar algún día la Constitución española, cuya disposición transitoria cuarta posibilita un procedimiento para incorporar Navarra a la comunidad autónoma del País Vasco. Algo que no hizo durante los últimos cuatro años, en los que ocupó la Presidencia de la comunidad.

UPN —que presidió ininterrumpidamente el Gobierno de Navarra desde 1996 hasta 2015— nunca promovió reforma constitucional alguna para modificar esa previsión de la Carta Magna, que continúa estando en vigor y consagra la legalidad de la incorporación de Navarra al País Vasco si algún día así lo deciden la mayoría de los navarros mediante referéndum.

PSN, Geroa Bai y Podemos han cerrado este viernes un acuerdo para conformar un Gobierno de coalición en Navarra que presidiría la candidata socialista, María Chivite. El Ejecutivo también contaría con el apoyo parlamentario de Izquierda-Ezkerra, que ha declinado formar parte del Gobierno de coalición, informa Europa Press.

El acuerdo se ha cerrado este viernes a mediodía después de que representantes de las cuatro fuerzas se hayan citado en el Parlamento de Navarra para ultimar el acuerdo y hayan estado negociando durante tres horas, una negociación que se ha alargado por las disconformidades expresadas por Podemos.

Una vez alcanzado el acuerdo, a principios de la próxima semana, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, realizaría una ronda de consultas para proponer a María Chivite como candidata a la Presidencia de Navarra. La sesión de investidura se debe convocar con un margen de tres días desde la ronda de consultas, es decir, como pronto a finales de la próxima semana.

PSN suma once escaños en el Parlamento de Navarra, Geroa Bai nueve, Podemos dos e Izquierda-Ezkerra uno, lo que da una suma de 23, a tres de la mayoría absoluta, por lo que necesitarían de la abstención de EH Bildu para que la investidura prosperara.

Un Gobierno con 13 consejerías

El Gobierno de coalición tendría 13 consejerías, de las que ocho recaerían en el PSN, cuatro en Geroa Bai y una en Podemos.

Las ocho consejerías que ostentaría el PSN serían las siguientes: Economía y Hacienda; Educación; Cultura y Deporte; Cohesión Territorial; Universidades, Innovación y Transformación Digital; Derechos Sociales; Presidencia, Función Pública e Interior, y Salud.

Las consejerías de Geroa Bai serían Desarrollo Económico y Empresarial; Desarrollo Estratégico y Territorial; Relaciones Ciudadanas; y Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

La consejería para Podemos sería la de Políticas Migratorias y Justicia.

El Ejecutivo también contaría con dos vicepresidencias, una para el PSN y otra para Geroa Bai, pero todavía no se ha concretado en qué áreas.

Chivite, "más que satisfecha"

La secretaria general del PSN y candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha mostrado "más que satisfecha" por el acuerdo alcanzado con Geroa Bai y Podemos.

Después de tres horas de negociaciones entre las tres formaciones, María Chivite ha resaltado las "responsabilidades compartidas" del futuro gobierno, que tendrá "una apuesta clara por potenciar el desarrollo económico afrontando los nuevos retos por delante".

La líder socialista ha "agradecido" este acuerdo, "en estos momentos en los que no se ha podido llegar a un acuerdo en torno al Gobierno de España". "Es una buena noticia para las fuerzas progresistas y de izquierdas; estamos más que satisfechos", ha indicado, para afirmar que será un Ejecutivo "progresista, plural y de izquierdas".

A preguntas de los periodistas, Chivite ha insistido en que en este proceso de negociación del gobierno foral "el PSN ha dicho claramente que no va a pactar con EH Bildu" y "no vamos a reunirnos con ellos". "Ahora la decisión es de cada uno de los grupos, tanto de Navarra Suma como de EH Bildu", ha expuesto.

Y ha señalado que lo ocurrido este jueves en el Congreso y que impidió que Pedro Sánchez fuera investido presidente no afecta a Navarra. Así, el domingo los socialistas consultarán a su militancia el acuerdo alcanzado, "una consulta que está autorizada" por Ferraz. "El secretario de Organización y la dirección del partido lo saben perfectamente", ha dicho Chivite, quien ha detallado que en Madrid "son conocedores del organigrama que acabamos de acordar".

Si la militancia da el domingo el voto favorable al acuerdo, "que yo creo que sí", ha dicho Chivite, la noche del mismo domingo llamará al presidente del Parlamento, Unai Hualde, para comunicárselo y decirle que se presenta a la investidura. Así espera que el presidente pueda convocar la Mesa y Junta de Portavoces el mismo lunes para que jueves o viernes pueda celebrarse el pleno de investidura.

"Propuesta de estabilidad"

La presidenta del Gobierno en funciones y líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha destacado que "ahora habrá que trabajar por conseguir la mayoría necesaria en el proceso de investidura" y ha señalado que el acuerdo es "una propuesta de estabilidad de Gobierno que reconoce la pluralidad y la vocación de convivencia en esta tierra".

Según ha dicho, "busca superar algunos elementos en materia de desequilibrio territorial". "Donde estábamos el 27 de mayo estamos hoy, con la oferta al conjunto de la ciudadanía con una vocación clara de seguir trabajando en la senda de bienestar y de convivencia", ha afirmado.

El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha agradecido a Geroa Bai y PSN "la buena disposición al diálogo y el tono de las conversaciones" y ha valorado "tanto el tono como el proceso" de negociación. "Nos gustaría subrayar que se puede hacer política, se puede acordar entre personas diferentes y fortalecer la democracia", ha afirmado.

Eduardo Santos ha destacado la "participación de todos en un Gobierno de Navarra que no es de cuotas, de reparto de cartas, sino de un planteamiento coherente con respecto a las políticas en las que nos podemos sentir cómodas". "Hacemos una valoración muy positiva y con esto cumplimos el mandato que recibimos del Consejo Ciudadano de presentar el mejor acuerdo posible", ha señalado Santos, para afirmar que "Podemos es consciente del peso que tiene en la conformación de este Gobierno".

PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra se reunirán este viernes a partir de las 12.00 horas en el Parlamento foral para retomar las negociaciones sobre la estructura y composición del Gobierno de Navarra.

Tras el acuerdo alcanzado sobre el programa entre las cuatro formaciones a primeros de julio, la semana pasada continuaron con las negociaciones en lo relativo al modelo de gobierno. El PSN dijo que quería un gobierno socialista aunque se mostró abierto a acordar en "otros términos", mientras que Geroa Bai defendió un gobierno de "responsabilidades compartidas" y Podemos apostó por formar parte de un Ejecutivo de coalición.

Conocidas las posiciones de los partidos, el PSN pidió aplazar la reunión convocada para el pasado jueves 18 de julio. Una semana después, las formaciones no se han vuelto a reunir públicamente. No obstante, el secretario de Organización socialista, Ramón Alzórriz, señaló este miércoles que queda "poquito" para cerrar un acuerdo y que "en breve" se producirá la sesión de investidura de María Chivite. En este contexto, los cuatro grupos se vuelven a reunir este viernes en el Parlamento de Navarra.

Además, la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra se reunirán este lunes, 29 de julio, para la habilitación en su caso del mes de agosto en la Cámara foral para "las actuaciones del proceso de investidura".

"Un programa ambicioso, centrado en las personas, progresista, con avances sociales y en el que se hace hincapié en la convivencia". Son las palabras escogidas por la líder socialista navarra, María Chivite, para describir el preacuerdo programático que su fuerza ha rubricado con Podemos, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai de cara a la formación de un nuevo gobierno. Un texto que incluye, entre sus 77 páginas, un apartado dedicado a la política lingüística.

Los firmantes del acuerdo se comprometen a once propósitos a nivel lingüístico, donde el primer gran envite pasa por el "impulso de un amplio acuerdo social y político en torno al euskera", de manera que el idioma quede "alejado definitivamente del debate partidista, la confrontación y desterrando sentimientos de discriminación en la ciudadanía".

Con esta declaración de intenciones, las partes del acuerdo prometen mantener "como norma de consenso y, en su caso, de desarrollo" la Ley Foral del Euskera –del Vascuence hasta 2017–, gestada en 1986. Las formaciones políticas abren la puerta a una modificación, siempre "respetando lo dispuesto al respecto en la Lorafna", la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. El desarrollo de la Ley Foral del Euskera, establece el acuerdo, se haría "a través de un proceso participativo que refleje las distintas realidades sociolingüísticas" del territorio.

Las zonas del euskera

El punto de partida para entender el desarrollo de la política lingüística en Navarra se sitúa en el año 1982. Nace entonces la Ley de Amejoramiento, que en su artículo 9.2 establece el euskera como idioma oficial, junto al castellano, en las "zonas vascoparlantes" del territorio. La norma prevé que "una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua".

La ley foral que profetiza la legislación llega cuatro años después, en 1986, bajo el gobierno del socialista Gabriel Urralburu. Aprobada el 2 de diciembre, la ley foral contó con el apoyo del PSN, Moderados, Grupo Popular y Mixto. Unión del Pueblo Navarro (UPN) se abstuvo y Eusko Alkartasuna (EA) votó en contra. Herri Batasuna estuvo ausente en la votación. El principal hito de la norma atiende a la zonificación lingüística de Navarra: detalla los municipios que integran la zona vascófona y mixta, perteneciendo los restantes al área no vascoparlante.

Patxi Zabaleta, miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) y político histórico de la izquierda abertzale, conversa con infoLibre sobre la situación del euskera en Navarra y su evolución histórica. Se trata, dice al otro lado del teléfono, de "un debate que ha estado y está muy presente en la sociedad" y por ese motivo "aflora de vez en cuando dentro de los debates políticos". En ocasiones, reflexiona, "la manifestación de esta inquietud" está íntimamente vinculada con la identidad, pero en otras, el vínculo tiene que ver con "temas sociales concretos, de educación, cultura e igualdad". Asuntos todos ellos que "hacen referencia a la libertad en cuanto a la opción de la ciudadanía respecto a las lenguas".

La ley de 1986 desarrolla la previsión de las zonas, delimitadas en función del uso del euskera. Zabaleta se reconoce firme opositor a la estructura de zonificación: "El concepto mismo de zona no es científicamente, sociológicamente ni culturalmente homologable". La declaración de oficialidad, considera, "da libertad y no origina ninguna obligatoriedad". De hecho, lamenta, "la gran trampa de Navarra ha sido la de querer confundir siempre el derecho a la elección con la obligatoriedad".

La zonificación, opina Zabaleta, crea "diferencias entre los ciudadanos" porque establece cismas en cuanto al uso del idioma "en la administración, la enseñanza o la cultura". En ese sentido, dice, la política lingüística "ha estado siempre condicionada a ese hándicap", de manera que se construye sobre la base de unas "especificidades absolutamente retrógradas que tienen su origen en el Amejoramiento y su desarrollo posterior".

Hacia un proceso de diálogo y acuerdo político

Los años que seguirían a la ley de los ochenta apenas traen cambios significativos. "Ha tenido desarrollos a través de decretos y órdenes forales, que en los tiempos de Juan Cruz Alli fueron más progresivos. Luego vino el Gobierno de Miguel Sanz y Rafael Gurrea, que recortó la norma. Yolanda Barcina la recortó más aún y el de Uxue Barkos la extendió un poco", recuerda el académico. Ahora, prevé, si el Gobierno es de Chivite "la mantendrán y si es de José Javier Esparza la recortarán". Pero entre todas las maniobras gubernamentales "no se aborda la solución definitiva, que sólo tiene una salida democrática y es la libertad", sentencia, "y la libertad exige la cooficialidad".

En la última década, la ley fue modificada con el fin de alterar la zonificación, especialmente para incluir un mayor número de territorios en la zona mixta, o para mejorar aspectos vinculados con la enseñanza y el uso del euskera. Pertenecer a una u otra zona implica, entre otras cuestiones, contar con personal en la Administración Pública capaz de atender a la ciudadanía en ambas lenguas o, en el caso de la zona no vascófona, contar con traductores: "Se reconoce a los ciudadanos el derecho a dirigirse en euskera a las Administraciones Públicas de Navarra. Estas podrán requerir a los interesados la traducción al castellano o utilizar los servicios de traducción previstos", dice la norma.

En cuanto a la educación, el precepto de 1986 otorga "el derecho a la posibilidad de elección en la zona vascófona", explica Zabaleta, de manera que los alumnos pueden escoger el idioma para cursar sus estudios en la enseñanza básica. Un derecho que no existe ni en la zona mixta ni en la no vascófona. En territorio mixto "no es derecho, pero sí funciona el fomento atendiendo a la demanda", mientras que en el área no vascófono "hasta hace unos años ni siquiera se sentían en la obligación de atender a la demanda", dice el académico.

Desde el año 2015, el Gobierno de Uxue Barkos dedica especial esfuerzo en recuperar la política lingüística como prioridad. En enero de 2017 impulsa el primer Plan Estratégico del Euskera (2016-2019), que se erige como una suerte de "proceso de recuperación de la lengua" y una "oportunidad para convertir al euskera en un elemento singular". El preacuerdo de Gobierno firmado ahora, prevé el desarrollo de un segundo plan capaz de seguir los pasos de su predecesor.

Ya en 2019, el Gobierno de Navarra pone en marcha diversos planes lingüísticos para regular el uso del euskera en las administraciones públicas, como paso posterior a la aprobación del Decreto Foral 103/2017 –que la coalición Navarra Suma propone derogar–. El texto firmado en julio por las formaciones de izquierda emplaza a estudiar el funcionamiento de los planes, en el plazo máximo de un año, para "impulsar una modificación de la normativa vigente de cara a buscar un mayor consenso sindical, social y político".

Pero uno de los pasos clave en la última legislatura se dio en febrero de 2018. Entonces, la Mesa del Parlamento de Navarra decidió, por sugerencia de EH Bildu, crear una Comisión Especial para la elaboración de una nueva Ley Foral del Euskara. Las conclusiones de la comisión de expertos –de la que tanto PP como UPN se desmarcaron– son rotundas: el estatus legal del euskera en Navarra "no es adecuado, ha quedado obsoleto y debe ser renovado y adaptado". La zonificación lingüística, critican los expertos, "no responde a la realidad y a la evolución sociolingüística", pero tampoco cuando se creó "estuvo basada en un criterio científico o sociolingüístico". Para la comisión, el único paso recomendable pasa por un "proceso de diálogo y acuerdo político".

Tras el dictamen hecho público a finales de enero, un partido emitió un voto particular: el PSN. "El grupo socialista no considera que exista una demanda social real para la modificación de la actual Ley del Euskera", afirmó, pero además "la mayoría de la ciudadanía navarra rechaza que se le imponga el uso del euskera a través de normas". Declarar oficial el idioma, asintió el grupo, "responde al ideario de presentar una visión de Navarra que no es real". Además, remató, "las normas tienen que proteger los derechos de las minorías pero sin discriminar los de las mayorías".

"El cambio social es evidente"

Los movimientos de la política institucional se han fraguado sobre la base de una premisa: el arraigo social del euskera en la población navarra. ¿Cuál es esa realidad social? Tal y como desarrolla el Gobierno de Navarra en su primer plan estratégico, entre 1991 y 2016 "el porcentaje de vascohablantes –entre la población de 16 años o más– en Navarra ha crecido 3,4 puntos", pasando del 9,5% al 12,9%. Los datos proceden de la VI Encuesta sociolingüística 2016-2017. 

Un vistazo a los últimos 25 años revela que, además, el mayor aumento en cuanto al número de vascoparlantes se ha producido en la zona mixta: del 5,2% al 11,3% actual. En la zona no vascófona, el porcentaje pasa del 0,6% en 1991 al 2,7% en 2016. Es precisamente la zona vascófona la que demuestra menores alteraciones al mantenerse en torno al 60-61%.

Respecto a los grupos de edad, el mayor porcentaje de vascohablantes se concentra entre los menores de 35 años, especialmente entre los navarros de entre 16 y 24 años. Actualmente, el 25,8% de la población joven navarra de 16 a 24 años habla euskera, una cifra 16 puntos por encima de la registrada en 1991. Por su parte, el euskera es empleado por el 18,8% de la población de 25 a 34 años, cuando hace dos décadas el porcentaje era del 7%.

Zabaleta celebra que, "sin duda alguna, el euskera va progresando, muy lentamente pero de manera constante". Así lo constata no solo la realidad social, sino también la evolución cultural. El académico recuerda, en ese sentido, la publicación de su libro Zorion baten zainak en 1972. "Además de ser secuestrado [según publicaba la edición del 21 de julio de 1972 del diario ABC: "Se ha procedido a retirar de las librerías" de Pamplona la obra de Patxi Zabaleta por "una orden del Juzgado de Orden Público"], ese año fue el único libro de literatura vasca que se publicaba en Navarra", subraya. En 2018, manifiesta, "se han publicado alrededor de 50 libros de literatura escritos por jóvenes en Navarra: el cambio social es evidente".

PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra han cerrado este viernes el preacuerdo para un programa de Gobierno tras una reunión de tres horas en el Parlamento de Navarra, informa Europa Press.

Las direcciones de cada partido deberán ratificar el acuerdo. Posteriormente, tendrán que negociar la estructura y composición de Gobierno, aunque previsiblemente las conversaciones continuarán ya después de los Sanfermines, es decir, a partir del 14 de julio.

El acuerdo ha sido anunciado conjuntamente por los cuatro partidos en una comparecencia en la que han participado la secretaria general del PSN y candidata a la Presidencia de Navarra, María Chivite, la jefa del Ejecutivo en funciones y líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, el secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, y la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón.

La líder socialista ha agradecido "la disposición del resto de formaciones políticas por su voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos, que son acuerdos muy positivos para Navarra".

PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra suman 23 parlamentarios, a tres de la mayoría absoluta, por lo que sería necesaria la abstención de EH Bildu para que obtengan la mayoría suficiente. No obstante, María Chivite ha insistido en que no negociará con EH Bildu para que facilite su investidura. "El PSN tenía muy claro que el programa de Gobierno lo quería acordar con las fuerzas con las que lo ha acordado y con ese programa de Gobierno, y el resto de formaciones políticas sabrá qué es lo que quiere hacer", ha señalado, y ha afirmado que el programa acordado "se le va a hacer llegar a todo el mundo, va a ser público".

Del mismo modo, Chivite ha asegurado que no tiene plan B si no prospera su investidura. "Estamos trabajando en nuestro plan, en el programa que hemos compartido para los próximos cuatro años, que es lo que queremos construir para los navarros, y esperemos que salga bien", ha afirmado.

Sobre la posición de la dirección del PSOE sobre el pacto en Navarra, María Chivite ha asegurado que "la entrevista de ayer del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, fue clara" y ha considerado que se dicen cosas "donde ya no hay nada que rascar". "Hoy he estado hablando con la vicepresidenta del Gobierno, sabe lo que estamos haciendo, y no hay ningún problema en cuanto al acuerdo de programa de gobierno. No estiremos las cosas", ha señalado, para afirmar que los procesos de investidura para el Gobierno de España y el de Navarra son "independientes".

Por su parte, la líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha asegurado que "hoy Navarra lo que expresa es la capacidad desde el acuerdo entre diferentes de trabajar desde la política para dar respuesta al conjunto de la ciudadanía, empezando por un acuerdo programático".

Barkos, que ha mostrado la voluntad de Geroa Bai de entrar a formar parte del nuevo Gobierno, ha señalado que su formación no va a ser intermediaria entre PSN y EH Bildu para que la formación abertzale facilite la investidura.

"Un programa ambicioso"

En la comparecencia de prensa, María Chivite ha señalado que se ha acordado "un programa ambicioso, centrado en las personas, progresista, con avances sociales, en el que se afrontan los retos económicos que tiene nuestra comunidad, y en el que se hace especial hincapié en la convivencia". "Es un programa centrado en las personas, en el que se profundiza también en el autogobierno, desde la lealtad institucional, desde la Lorafna, desde el respeto a la Constitución, pero queremos avanzar claramente en nuestro autogobierno", ha señalado.

Por su parte, Uxue Barkos ha hecho "un reconocimiento a la posición del Partido Socialista, y quiero subrayarlo, en el sentido de que en ese acuerdo ambicioso, de marcado carácter progresista, plural, lo que se marca son líneas que ya vienen trabajándose, políticas para las personas, que desde un sesgo claramente progresista buscan una sociedad más fortalecida en el bienestar común y en el bienestar general, y más ambiciosa también en sus retos".

La líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha subrayado que su formación no ejercerá de intermediaria entre el PSN y EH Bildu. "Lo que ha hecho Geroa Bai desde el primer día de la legislatura ha sido trabajar por aquellos compromisos alcanzados con la ciudadanía, pero no hay intermediación como correa de transmisión de nadie. Corresponde al PSN buscar los apoyos", ha señalado.

Uxue Barkos sí ha expresado la voluntad de Geroa Bai de formar parte del próximo Ejecutivo foral. "No compartimos los procesos de Gobiernos de cuotas, nos parece que no generan la confianza necesaria, pero con la representatividad que nos ha dado la ciudadanía, nos vemos en la responsabilidad y la oportunidad para que Geroa Bai esté asumiendo responsabilidades claramente en ese Gobierno", ha señalado.

Chivite no ha querido valorar esta posición de Geroa Bai y se ha remitido a las negociaciones que continuarán después de los Sanfermines.

Por su parte, el secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha destacado "el valor del diálogo, el valor que tiene la política para demostrar cuál es la Navarra que queremos, una Navarra que dialoga y que es capaz de llegar a acuerdos y que es capaz de hacerlo desde la responsabilidad, desde la diferencia de formaciones políticas que son capaces de sentarse y de llegar a un programa de legislatura que es el que ahora mismo nos une".

Santos ha esperado que "nos queden cuatro años por delante para seguir dialogando, para sentirnos todos cómodos en lo que hemos acordado como líneas programáticos y también con ejes muy concretos pensando sobre todo en la ciudadanía".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha asegurado que se ha acordado "un programa para desarrollar políticas progresistas y sigue basándose en los pilares de lo social y de la convivencia y el respeto a la diversidad". "Es un programa alternativo a la derecha y, en este sentido, Izquierda-Ezkerra cumple con el compromiso con la ciudadanía de facilitar un Gobierno alternativo a las derechas. Es un acuerdo de mínimos suficiente para que se desarrollen políticas para mejorar la vida de la gente", ha indicado.

En otro orden de cosas, a preguntas de los periodistas sobre las iniciativas parlamentarias que está presentando Navarra Suma, María Chivite ha señalado que "los únicos movimientos que ha hecho Navarra Suma es intentar dinamitar absolutamente todo y si esa va a ser su estrategia para los próximos cuatro años, debiera repensar qué utilidad tiene eso para la ciudadanía navarra".

En el mejor de los casos seguiría estando por debajo de la mayoría absoluta (26), lo que abriría un escenario de incertidumbre ante la imposibilidad de que el resto de la Cámara —el PSN y la coalición Navarra Suma, formada por UPN, PP y Cs— se pongan de acuerdo. Los socialistas navarros, que sumarían mayoría absoluta con Geroa Bai y Podemos en el escenario más favorable y necesitarían también a Izquierda Ezkerra en el menos favorable, pasarían a ser decisivos en cualquier hipótesis de gobierno. La candidata socialista a la Presidencia es María Chivite. 

No obstante, el margen de error es muy elevado y eso abre mucho las hipótesis. Para elaborar la encuesta se han realizado 381 entrevistas en 29 municipios de la Comunidad Foral con un margen de error del 5,1%.

María Chivite

El CIS sitúa en cabeza a Navarra Suma, con un 30,2% de la intención de voto y entre 16 y 17 escaños (los mismos que tenían hasta ahora PP y UPN), muy por debajo de lo que necesitaría para gobernar. El segundo lugar sería para el PSN (21,2% y entre 11 y 12 diputados), que ganaría cuatro o cinco parlamentarios.

El tercer puesto sería para Geroa Bai, la formación que lidera la actual presidenta navarra, Uxue Barkos, y de la que forma parte el PNV, con un 14% de estimación y entre 7 y 9 escaños —en la actualidad tiene nueve—. EH Bildu, que ahora tiene ocho diputados, conseguiría entre 7 y 8 escaños —con un 14,1% de estimación de voto, una décima más que GBai—.

La pérdida de la mayoría absoluta del cuatripartito sería consecuencia del retroceso de Podemos y de la marca navarra de IU. La formación de Pablo Iglesias perderá, según el CIS, uno de los siete diputados que consiguió en 2015. Izquierda-Ezkerra, que en la actualidad tiene dos escaños, se arriesga a perder uno de ellos.

El pleno del Parlamento de Navarra ha acordado este jueves instar al Gobierno de España a que "proceda a la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía decida democráticamente la forma de Estado entre monarquía o república", según recoge Europa Press. La propuesta ha sido presentada por Izquierda-Ezkerra  en el marco del Debate sobre el Estado de la Comunidad y ha salido adelante con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra (I-E). Por su parte, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Socialista (PSN) y Partido Popular (PPN) han votado en contra.

La resolución incluye otro punto por el que el Parlamento foral pide al Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación sobre "las presuntas irregularidades y prácticas corruptas en relación al origen del patrimonio del Rey emérito Juan Carlos I".

El parlamentario de I-E José Miguel Nuin ha afirmado que "en el Estado español la ciudadana tiene derecho a decidir sobre el modelo de Estado, es pura democracia". "La Constitución está muy tocada, y con un cuestionamiento político y social cada vez mayor. Hay que abordar un proceso muy profundo de cambio", ha asegurado.

I-E también ha presentado otra resolución en este debate, que ha sido aprobada igualmente, con la que el Parlamento reclama al Ejecutivo central que, de forma "urgente", aborde la derogación de varias leyes que "han mermado los derechos laborales, sociales y libertades de la ciudadanía española y navarra", como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral o la ley mordaza, entre otras. El cuatripartito ha votado a favor, UPN y PPN han votado en contra, y el PSN se ha abstenido.

El exministro de Interior Jaime Mayor Oreja ha dicho este miércoles que "el proyecto político de ETA está más vivo que nunca" y hoy en día "se expresa" en el proceso independentista de Cataluña: "El proyecto político de ETA está más vivo que nunca, y hoy se expresa en términos de ruptura y por eso dio el salto inédito a Cataluña", ha subrayado.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, exministro del PP ha negado que la banda terrorista ETA esté derrotada: "Hemos conseguido liberar el crimen, una buenísima noticia, (...) si eso es la derrota de ETA, pues que venga Dios y lo vea", ha aseverado. En ese sentido, ha afirmado que, "en Navarra gobierna ETA" y que la organización terrorista es la "alternativa" al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Así pues, ha insistido en que se ha "derrotado a una organización" pero no a su "proyecto político". Además, ha expresado su deseo de "rehacer un proyecto político en España cohesionado por la izquierda y la derecha para hacer frente al segundo proyecto de ruptura".

En opinión de Mayor Oreja, ETA "no nació para hacer terrorismo solamente" sino que lo hizo "para romper España" y la organización cree ahora que "lo puede hacer" desde Cataluña: "Esta vez no lo hace con terrorismo, ETA ha creído que no es necesario hacerlo, cree que políticamente lo puede hacer", ha zanjado.

Geroa Bai considera "lamentables y vergonzosas" las declaraciones que el exministro de Interior. Para la coalición, "son inaceptables las continuas mentiras que se vierten contra el Gobierno de Navarra y contra las fuerzas que lo sustentamos", y "es inaceptable que se utilice el dolor que la banda terrorista causó para hacer crítica política y buscar rédito político".

"Parece que algunos se empeñan en dar marcha atrás a un pasado que afortunadamente ya no volverá. Mientras, otros seguimos trabajando por un futuro de paz y convivencia en el que la violencia nunca vuelva a tener lugar", ha señalado Geroa Bai en un comunicado.

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional con la que muestra su "preocupación por el desarrollo de los acontecimientos" en torno al caso de los jóvenes detenidos por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua y por "la falta de proporcionalidad que rodea" al caso.

El Parlamento de Navarra ha trasladado este lunes a Alsasua su habitual sesión semanal de la Mesa y Junta de Portavoces. En la reunión, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han presentado conjuntamente esta declaración, con la que además hacen un llamamiento "al conjunto de instituciones implicadas para revocar las medidas de prisión preventiva, aislamiento y separación de los tres jóvenes actualmente encarcelados".

El texto ha salido adelante con el apoyo de los cuatro socios que sostienen al Gobierno de Navarra, mientras que UPN, PSN y PPN han votado en contra.

El Parlamento foral ha encomendado a su presidenta a que "realice las gestiones necesarias a fin de conocer el estado y la situación de los jóvenes encarcelados por este caso" contribuyendo a revocar la situación de prisión de los tres detenidos. También hace este emplazamiento al Gobierno de Navarra.

Asimismo, en la declaración aprobada, el Parlamento foral comparte "la motivación de la Audiencia Provincial de Navarra respecto de la no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados como terrorismo" y por tanto se reafirma en que "la competencia para instruir y juzgar los hechos sucedidos en Alsasua el pasado 15 de octubre debiera corresponder a los juzgados de Pamplona".

Asimismo, el Parlamento de Navarra muestra su "firme compromiso con la convivencia, la justicia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas como principios propios de un Estado democrático de Derecho". Este punto ha contado con el apoyo de PPN y PSN, mientras que UPN ha votado en contra.

Por último, el Legislativo foral remitirá esta declaración al conjunto de Parlamentos autonómicos y Juntas Generales de los territorios forales para solicitar su adhesión a esta declaración.

En concreto, según informa el propio alcalde a través de su cuenta personal de Twitter, recibió un correo en el que se dice: "Hijo de puta te vamos a matar. Por una Europa sin escoria como tú". Una amenaza que, según señaló Ollo, le "refuerza" los "principios" que defiende.

Según informaron fuentes de Geroa Bai, el alcalde presentó ya una denuncia ante la Policía Foral para que se investigue esta amenaza, que recibió a través del apartado "El alcalde responde" de la web del Ayuntamiento, en la que los ciudadanos pueden realizar cualquier pregunta o sugerencia al primer edil y que éste recibe a través de correo electrónico.

Representantes de diferentes partidos navarros mostraron su apoyo al alcalde de Alsasua a través de la red social Twitter y condenaron estos hechos.

La izquierda a la izquierda del PSOE se mueve para organizar candidaturas unitarias para las próximas elecciones generales del 26 de junio. Más allá de las conversaciones que mantienen Podemos e IU para construir una alianza a nivel estatal y también de las confluencias que ya se presentaron unidas en la Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña en los anteriores comicios, las fuerzas de izquierda también negocian en Baleares y Aragónpara sumar a la eventual coalición a fuerzas como la Chunta Aragonesista o Més per Mallorca. En Navarra, por su parte, EH Bildu y Geroa Bai intentan formar una alianza a cuatro con Podemos e IU, aunque estas dos fuerzas no ven con buenos ojos la propuesta.

Tras el fracaso de las negociaciones entre Podemos e IU durante la anterior precampaña electoral para conformar una única candidatura en todo el Estado, las conversaciones en este sentido para los comicios que tendrán lugar el 26 de junio parecen mucho mejor encaminadas. Los secretarios de Organización de ambas fuerzas, Pablo Echenique por parte del partido morado y Adolfo Barrena en representación de la federación de izquierdas, negocian desde hace días aspectos como la marca que tendría la eventual papeleta única, los puestos que ocuparían los dirigentes de los partidos en las listas o el programa de mínimos defendido por la coalición.

Las dos fuerzas han expresado su deseo de que las conversaciones culminen a finales de esta semana, habida cuenta de que el 13 de mayo es la fecha límite para inscribir las coaliciones electorales para competir en las elecciones. Esa fecha, no obstante, también servirá para averiguar si la confluencia incluye a más formaciones en Navarra –donde Geroa Bai y EH Bildu buscan unirse a IU y Podemos–, Aragón –CHA podría ser la tercera pata de la coalición– y Baleares –Més podría confluir con Podemos–. A esos eventuales acuerdos hay que sumar los de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia, donde el debate ahora se centra en si es más conveniente acudir a las elecciones a través de coaliciones o como partidos instrumentales para intentar garantizar la existencia de grupos separados en el Congreso.

Aragón

Las negociaciones entre Podemos e IU para su confluencia a nivel estatal se están desarrollando precisamente en Zaragoza. Y a las dos fuerzas podría sumarse en las tres provincias aragonesas CHA, que se reunirá en los próximos días con otras formaciones –entre ellas Podemos e IU, aunque también el PSOE– para comenzar oficialmente las negociaciones para acudir en coalición a las elecciones. El próximo sábado, CHA tiene prevista una reunión de su Comité Nazional en el que tomará una decisión sobre cómo concurrir a los comicios, y en torno a esa fecha Podemos e IU quieren tener cerrados sus acuerdos de coalición.

Según fuentes de los aragonesistas, dentro de la CHA conviven tres diferentes opiniones con respecto a la posibilidad de confluir: la de los partidarios de unirse a la coalición de IU y Podemos –el partido se presentó a las anteriores generales junto a IU–, aquellos que prefieren una confluencia con un perfil más territorial con formaciones como Puyalón, y quienes plantean que la mejor opción es concurrir en solitario. 

El escollo fundamental para que CHA no formara una candidatura conjunta junto a Podemos en las pasadas elecciones fue también uno de los que impidió una coalición del partido morado con IU: la exigencia de que los candidatos de otras formaciones se sumaran a las listas de Podemos. No obstante, el cambio de estrategia del partido de Pablo Iglesias –que ahora sí que acepta conformar una coalición en todos los territorios y no sólo en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia– allana el camino para una eventual candidatura conjunta.

En este sentido, un dirigente explica que la CHA está "cómoda con el formato de coalición", ya que le permitiría conservar su visibilidad como una formación diferente a Podemos. Fundamentalmente, explica este responsable, las negociaciones girarán en torno a la marca que debería aparecer en las papeletas, así como los puestos que ocuparían en las listas los miembros de cada una de las formaciones. CHA aboga por la celebración de unas nuevas elecciones primarias, si bien la dirección estatal de Podemos –que es quien tiene la última palabra en el partido morado– ya ha dejado claro que no tiene pensado reelaborar de cero sus candidaturas.

Islas Baleares

En el archipiélago balear, Podemos obtuvo en las pasadas elecciones generales dos de los ocho diputados en juego, convirtiéndose en segunda fuerza. Pero una coalición con los soberanistas de Més les habría aupado a la primera posición, y eso es precisamente lo que aspira a conseguir esta formación, con la que Podemos comenzará oficialmente a negociar este miércoles para concurrir en una alianza que también podría incluir a formaciones más pequeñas, como ERC en Baleares. IU, si fructifican sus conversaciones con Podemos para concurrir unidos en todo el Estado, también estaría presente en esa alianza.

Según David Abril, coportavoz de Més, el objetivo al que aspira la fuerza soberanista es superar los dos diputados conseguidos por Podemos y obtener un tercer parlamentario. Su planteamiento, según explica a infoLibre, es que este tercer puesto de la lista esté ocupado por un aspirante de Més, si bien eso dejaría prácticamente sin opciones de obtener representación a un eventual candidato de IU, ya que es poco probable que Podemos se avenga a ceder alguno de los dos primeros puestos de la lista, que fueron los que consiguieron escaño en diciembre.

En cuanto al funcionamiento de los diputados de la coalición en el Congreso de los Diputados, Abril plantea seguir el "modelo Compromís", es decir, que los parlamentarios de Podemos se unan al grupo del partido morado y el de Més vaya al mixto. La idea de los soberanistas con respecto al nombre de la alianza también se apoya en el modelo valenciano: en la Comunitat la coalición se llamó Compromís-Podemos-Ès el moment, y Abril propone copiar esa estructura. La marca también podría incluir alguna referencia a IU, aunque su plasmación concreta se decidiría en las negociaciones que está manteniendo la federación de izquierdas con Podemos a nivel estatal.

En cualquier caso, Abril se muestra convencido de que Més y Podemos no tendrán problemas en ponerse de acuerdo a nivel programático. "Tenemos diferencias, pero estamos de acuerdo en cosas fundamentales, como la mejora de la financiación de Baleares o el establecimiento de un régimen especial como el que tiene Canarias", asegura el coportavoz del partido soberanista, que afirma que su formación es partidaria del derecho a decidir, pero también es consciente de que en Baleares no existe ahora mismo un deseo extendido de organizar un referéndum, por lo que descarta que esa cuestión pueda suponer un escollo para alcanzar un pacto. La idea es tratar de llegar a un acuerdo para este fin de semana.

Navarra

Más difícil parece la confluencia en Navarra, pese a que en ese territorio sí que existe ya una oferta por escrito. Este lunes, EH Bildu y Geroa Bai hicieron llegar a Podemos e Izquierda-Ezkerra –la coalición de IU y Batzarre– un documento de seis puntos con las líneas fundamentales para establecer una candidatura conjunta como la que las cuatro fuerzas ya suscribieron en los pasados comicios para el Senado. No obstante, Podemos e Izquierda-Ezkerra han recibido fríamente la propuesta. "En el Congreso la opción no es un acuerdo territorial navarro, sino una confluencia estatal", afirmó este martes José Miguel Nuin, líder de Izquierda-Ezkerra.

La oferta de EH Bildu y Geroa Bai, a la que ha tenido acceso infoLibre, plantea establecer una coalición encabezada por un candidato de Podemos, cuyo objetivo sería "obtener tres diptuados y tres senadores" que se encargarían de defender un documento programático basado en el acuerdo con el que los cuatro partidos pactaron hacer presidenta de Navarra a Uxue Barkos hace casi un año. "La representación obtenida por esta candidatura apoyará la conformación de un Gobierno progresista que profundice en la democratización del Estado, y será el cabeza de lista al Congreso quien participe en las negociaciones a tal efecto", plantea igualmente la propuesta.

Podemos, no obstante, se muestra poco entusiasmado con la oferta, pese a que su secretaria general autonómica, Laura Pérez, explica que serán las bases de la formación las que tendrán que tomar una decisión al respecto. El partido morado obtuvo dos diputados por Navarra en las pasadas elecciones, por lo que aspira a que, como mínimo, una eventual confluencia garantice que serían candidatos de Podemos los que ocuparan los puestos uno y dos de la lista.

En declaraciones a este diario, los portavoces de Geroa Bai y EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez y Adolfo Araiz, se muestran abiertos a discutir esta cuestión, e incluso Araiz asegura que EH Bildu estaría "dispuesta" a ceder el segundo puesto de la candidatura a Podemos si eso sirviese para rubricar el acuerdo. Pero Pérez se muestra reacia al respecto: "Las bases en su día ya no fueron partidarias de esta coalición, y no creo que ahora estén a favor", plantea la líder de Podemos en Navarra, que además explica que el motivo de más peso para rechazar a priori esta coalición es la diferencia programática con Geroa Bai, la coalición que aúna al PNV y otros pequeños partidos.

En este sentido, Pérez aseguró en una entrevista en Info7 Irratia este lunes que "la gente se está llevando muchas frustraciones con el Gobierno del cambio” en Navarra, fundamentalmente porque “Geroa Bai tiene sus limitaciones y nuestras bases lo ven y por eso, entienden que no tienen por qué ir con esta formación". La secretaria general de Podemos Navarra admite que las relaciones con la formación de Uxue Barkos están "distorsionadas", si bien insiste en que este viernes el partido celebrará un encuentro de sus bases para debatir sobre la confluencia. La última palabra, en cualquier caso, la tendrá la dirección estatal de Podemos.

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han llegado este lunes a un acuerdo para concurrir en una candidatura conjunta al Senado en las próximas elecciones generales, después de varios días de negociaciones.

Así lo ha dado a conocer la secretaria general de Podemos Navarra, Laura Pérez, en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes para explicar la postura de su partido respecto a esta candidatura unitaria.

Pérez ha destacado que Podemos ha decidido apoyar finalmente una agrupación de electores con el cuatripartito para el Senado con el objetivo de "luchar contra el bipartidismo" y también porque en la próxima legislatura va a ser una "Cámara crucial".

"Hemos considerado importante apoyar una agrupación de electores que permita de algún modo burlar las trampas que establece un sistema electoral vicioso", ha afirmado la líder de Podemos Navarra, que ha asegurado que "nunca estuvimos por el reparto de sillones".

Además, la líder de Podemos Navarra ha señalado que su partido "más allá de exigir que estuviera uno de nuestros candidatos" entre los tres primeros puestos en la lista conjunta al Senado, ha optado por "ceder en este aspecto", a cambio de que los candidatos asuman un código ético.

Un código ético en el que se incluye la limitación del salario de los senadores electos a tres salarios mínimos interprofesionales. El remanente recaudado con la diferencia del salario actual de un senador se destinará a fines sociales en Navarra y serán las cuatro formaciones políticas las que decidirán "de forma transparente y participativa" a qué proyectos se destina ese dinero.

También se establece la renuncia de "privilegios materiales y jurídicos" como las visas, los planes de pensiones, las mutuas de seguros o la prohibición de las "puertas giratorias" durante 10 años.

Pérez ha recordado que, al optarse por la fórmula de una agrupación de electores, van a necesitar recabar 5.000 firmas. Si bien no ha querido revelar el nombre de la candidatura ni los nombres de los candidatos, la secretaria general de Podemos ha confirmado que "en breve se darán a conocer".

Las cuatro formaciones que conforman el cuatripartito, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, mostraron su rechazo a las maniobras iniciadas por la OTAN en el polígono de tiro de las Bardenas e insistieron en desmantelar esta instalación.

UPN, PSN y PPN indicaron que el polígono está para realizar este tipo de maniobras y que la decisión sobre el futuro de este campo corresponde a los pueblos congozantes.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, mostró su "respeto" al acuerdo entre la Comunidad de Bardenas y el Estado que "permite que se hagan estas maniobras". "No tengo ninguna duda de que después del suceso del verano habrán puesto las medidas para garantizar la seguridad de todo el mundo", señaló, para indicar que estos ejercicios "entran dentro de la normalidad".

Desde Geroa Bai, Koldo Martínez pidió el desmantelamiento del campo de tiro y señaló que apoyan la concentración convocada en Tudela. No obstante, indicó que "hemos visto cierta desunión entre las fuerzas que apoyamos el desmantelamiento del polígono, por lo que pedimos un cese a la patrimonialización de la lucha contra el polígono y seguir unidos como hemos estado hasta ahora".

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, rechazó las maniobras en Bardenas y ha abogado por que se desmantele el polígono de tiro, por lo que, dijo, se han adherido también a la concentración en la capital ribera.

Laura Pérez, de Podemos, abogó por "fomentar la cultura de la paz" y ha considerado "inasumible tener un polígono de tiro que permite este tipo de maniobras con todo lo que conlleva". Dijo "sí o sí" al desmantelamiento del polígono de tiro.

La socialista María Chivite indicó que "el campo de tiro de Bardenas es para hacer maniobras". "Es un tema polémico pero a quien compete decidir sobre este asunto es a los pueblos congozantes, que en principio no están cuestionando este polígono de tiro", expuso.

Según Ana Beltrán, del PPN, "las Bardenas es un sitio habilitado para esas maniobras y viene muy bien para los municipios congozantes porque perciben unos ingresos económicos que les favorecen para su desarrollo". "Si queremos un Ejército que nos defienda, sólido, que merezca la pena, tiene que hacer las maniobras en algún sitio", añadió.

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, mostró su "rechazo" a las maniobras de la OTAN y pidieron que "no se realicen". "Los aviones que ahí se están entrenando luego en escenarios de guerra bombardean y matan y asesinan", criticó, para solicitar que "los conflictos internacionales se solventen mediante la ONU, el derecho internacional y la negociación".

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU ya se lo recomendó al Gobierno en julio de 2014: “Proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente”. Y un año después se lo volvió a recordar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un informe [consultar aquí en PDF] en el que mostraba su preocupación “por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas” que “se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares”. Sin embargo, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy parece hacer oídos sordos a las críticas internacionales que le llegan en relación con esta materia.

El nuevo proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 evidencia la intención del Gobierno conservador de mantener enterrado el recuerdo de miles de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura cuyos cuerpos, a día de hoy, todavía permanecen desaparecidos en fosas comunes a lo largo de todo el territorio español. Sin una sola partida presupuestaria destinada a las personas represaliadas, la formación conservadora cierra cuatro años de legislatura en los que las ayudas para exhumaciones o localización de restos han desaparecido por completo.

En este sentido, varios partidos de la oposición presentaron sendas enmiendas parciales al proyecto de Ley de los PGE con el objetivo de que el Ejecutivo incluya alguna partida presupuestaria en materia de memoria histórica. Así, ERC ha propuesto destinar un total de 3,8 millones de euros [consultar aquí las enmiendas]: dos millones para la demolición de monumentos fascistas y exhumación de fosas comunes; un millón para igualar la compensación de los antiguos miembros de las fuerzas armadas oficiales republicanas a las de aquellas personas que integraron la lucha armada contra la dictadura franquista; 500.000 euros para la recuperación de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil en Constantí (Tarragona); y 300.000 euros para acondicionar los vestigios bélicos aún existentes.

Desde el Grupo Mixto, Geroa Bai ha propuesto una partida de cuatro millones de euros [consultar aquí la enmienda] para gastos derivados de actividades vinculadas a la Ley de Memoria Histórica. Dos enmiendas por el mismo importe se han presentado desde Izquierda Plural: dos millones de euros para “garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas” [ver aquí] y otros dos millones con el mismo objetivo para las comunidades autónomas [consultar la enmienda en PDF].

Finalmente, desde el Grupo Socialista el diputado Odón Elorza propuso, a través de dos enmiendas parciales, destinar un total de 3,15 millones de euros a los represaliados durante la dictadura de Franco: tres millones para exhumaciones con el objetivo de “ir recuperando las partidas existentes” en los Presupuestos del anterior Ejecutivo socialista y 150.000 euros para dotar de presupuesto al organismo Patrimonio Nacional para que gestione la autorización de la exhumación y traslado de los restos de Francisco Franco y Primo de Rivera a los “espacios o panteones” que indiquen sus familias.

Un total de nueve enmiendas parciales que serán revisadas entre el 7 y el 11 de septiembre por la Comisión de Presupuestos que preside el diputado socialista José Enrique Serrano y que presumiblemente serán rechazadas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

Sin financiación pública

“Ha sido una legislatura nula en materia de memoria histórica”, apunta Elorza en declaraciones a infoLibre. En su opinión, el Gobierno conservador ha adoptado “una posición de desprecio hacia las víctimas del franquismo” porque “no ha aportado nada para avanzar en la recuperación de aquellos represaliados que todavía están enterrados en cunetas”. El diputado socialista hace autocrítica en nombre del PSOE al asegurar que “la memoria histórica es un tema que se ha abordado tarde”: “Tendría que haberse hecho desde la Transición”, señala en conversación telefónica. “Esperemos que el próximo Ejecutivo que salga de las urnas aborde esta asignatura pendiente”, sentencia.

Una opinión que comparten las asociaciones que trabajan en esta materia. Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH), define la última legislatura como una “regresión” y defiende que estos cuatro últimos años se ha presenciado “una clara marcha atrás de valores y ley”.

Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, es contundente cuando se le pregunta por los pasos que se han dado durante el Gobierno presidido por Mariano Rajoy: “Como no ha pasado nada y no han hecho nada, la respuesta es breve”, dice, aunque apunta a renglón seguido que desde que se dibujó el nuevo mapa político tras las elecciones del pasado 24 de mayo “parece que hay más actividad”.

Alonso empieza a analizar la legislatura recordando que el PP ha quitado la ayuda económica a la memoria histórica “por la puerta de atrás”. “Es la primera y única promesa que ha cumplido Rajoy en estos cuatro años”, añade en alusión a las palabras que pronunció el presidente del Gobierno en febrero de 2008: “Yo eliminaría todos los artículos de la Ley de Memoria Histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. No daría ni un solo euro público a esos efectos”, aseguró el actual líder del Ejecutivo durante una entrevista en el diario 20 minutos.

Desde que se aprobasen por primera vez fondos destinados a esta materia con el Real Decreto 1891/2004, pero sobre todo a partir de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en octubre de 2007, con el categórico rechazo del PP y ERC, las partidas presupuestarias a estos efectos no pararon de aumentar año tras año: dos millones de euros en 2006, tres millones en 2007, cuatro en 2008 y 2009, cerca de seis en 2010 y 6,2 millones en 2011. A partir de entonces, el nuevo Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy revirtió la situación. En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 la partida se redujo un 60%, hasta 2,5 millones de euros. Y desde 2013, las ayudas estatales desaparecieron.

Falta de colaboración

El coordinador de GRMH señala que esas subvenciones eran lo único con lo que contaban para desarrollar su trabajo. Ahora, cada asociación se “busca la vida” para pagar la búsqueda y exhumación de todas aquellas personas que todavía se encuentran bajo tierra en un lugar desconocido. “Nos está financiando las exhumaciones un grupo de sindicalistas noruegos”, apunta, por su parte, el presidente de la ARMH. Todo ello a pesar de que la Ley de Memoria Histórica recoge que “las Administraciones públicas facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas”.

Tanto Silva como Alonso consideran que el Ejecutivo no ha mostrado interés por hacer cumplir la ley. Ambos hacen alusión a las múltiples llamadas de atención de la ONU y diferentes organismos internacionales. “La ley no tiene ninguna importancia. Los derechos humanos no se facilitan, se cumplen”, añade en conversación telefónica con este diario el presidente de la ARMH, que también incluye a los diferentes gobiernos socialistas en el mismo saco. “No han cumplido ni este ni el anterior Ejecutivo. Estamos ante un problema que no quiere afrontar el Estado”, apostilla, y se queja de que haya víctimas de “primera, segunda y tercera categoría”: “¿Los españoles que lucharon en la División Azul sí que tienen el derecho a que les asista el Estado?”, se pregunta Silva en alusión a los 6.500 euros que el Ministerio de Defensa gastó en 2013 para costear la repatriación de los restos de 5 excombatientes encuadrados en la Wehrmacht, es decir, en el régimen nacionalsocialista.

Sin embargo, Alonso remarca que existe una diferencia abismal dependiendo de los municipios y las comunidades autónomas. “Hay alcaldes que en semanas nos solucionan todo y otros como [Rita] Barberá que machacan anímicamente a las víctimas con sus negativas”, afirma el portavoz del GRMH, una asociación que trabaja principalmente en la Comunidad Valenciana. Unas víctimas a las que “se les acaba el tiempo” debido a su elevada edad. “Cada muerto enterrado deja varios muertos en vida”, concluye.

Declaraciones de reparación que no “reparan”

En cuanto a las declaraciones de reparación y reconocimiento personal que recoge la Ley de Memoria Histórica en su artículo 4, se han expedido durante la última legislatura 274, según aseguró el Gobierno en una respuesta escrita al diputado socialista Odón Elorza tras las recomendaciones de la ONU hechas públicas en julio de 2014. “A nivel sentimental, este reconocimiento ayuda a las víctimas”, apunta Alonso.

Silva, sin embargo, asegura que estas declaraciones “no reparan nada”. “Son unos papeles que te llegan a casa en un sobre y te dicen algo que ya sabías; que eres hijo de un represaliado durante el franquismo”, asevera el presidente de la ARMH, que añade que “mucha gente no pide estos certificados por ese motivo”. “Si los diera un ministro en un acto público en el que quedase demostrado que el Estado está en deuda… habría reparación moral y simbólica”, dice, concluyendo que en cualquier país estas víctimas “reciben una pensión”.

En este sentido, preguntado por la indemnización de 135.000 euros que recoge la norma para los beneficiarios de quienes fallecieron entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, Emilio Silva asegura que lo que se tiene que hacer es "reparar las causas, no las fechas” y añade que el establecimiento de este periodo de tiempo se hace “por ahorrar dinero y por ocultar la parte más dura y violenta del franquismo”.

Alonso, por su parte, dice que no le consta que se sigan pidiendo y concediendo estas ayudas. “Sobre todo contactan con nosotros por el tema de las declaraciones de reparación y para localizar a víctimas”, añade el coordinador de GRMH. El Gobierno, por su parte, aseguró en respuesta parlamentaria que “el Ministerio de Justicia participa igualmente en la Comisión para la aplicación del artículo que tiene por objeto el reconocimiento de indemnizaciones”.

Retirada de símbolos

España está llena de vestigios franquistas. Nombres de calles y plazas, monumentos o insignias que exaltan la Guerra Civil y la posterior dictadura. Todo ello a pesar de que la Ley de Memoria Histórica establece que las “administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, Guerra Civil y de la represión de la dictadura”, exceptuando aquellos en los que concurran “razones artísticas, arquitectónicas o artístico religiosas”.

Es a este punto al que se han agarrado algunos alcaldes a la hora de negarse a retirar el vestigio. Así, por ejemplo, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, defendió la decisión de mantener en pie la Cruz do Castro, una construcción de 12 metros de altura erigida por la Falange en 1959, sacando a colación el acuerdo al que había llegado con el obispo de Vigo, José Diéguez, para retirar los símbolos franquistas de las fachadas de las iglesias pero manteniendo la cruz en el monte vigués.

No existe un listado oficial de símbolos. Sin embargo, en lo que va de año se han interpuesto más de medio centenar de denuncias pidiendo la retirada de más de un centenar de símbolos franquistas a lo largo de toda la geografía española. Tanto Silva como Alonso señalan a infoLibre que ese punto no se ha cumplido. “Desde las elecciones municipales parece haber más movimiento en este sentido, pero el Gobierno no quiere meterse en eso”, apunta el presidente de la ARMH, que añade que en Italia o Alemania sería imposible ver una “plaza del führer o del duce” porque sería “una humillación” para las víctimas de la represión.

De todos estos monumentos, la Ley de Memoria Histórica dedica un artículo al Valle de los Caídos. “En este sentido, durante estos cuatro años el PP ha dejado muy claro su fidelidad a la memoria de los vencedores, no de los vencidos", destaca Alonso, que añade que "dejaría el Valle de los Caídos en pie, no lo derribaría" pero "retirando los cuerpos de Franco y Primo de Rivera y limpiándolo de todos los vestigios franquistas". "Son cosas que deberían ser intolerables en democracia", apunta Silva.

"Mucho ruido y pocas nueces"

Ambos coinciden en que la Ley de Memoria Histórica no es perfecta. "No hace falta una ley para que se cumpla con las víctimas", asevera el presidente de la ARMH, que no duda en definirla como "mucho ruido y pocas nueces". "Ha levantado polémica pero no ha resuelto nada de lo que planteaba. Franco sigue donde estaba, las fosas las seguimos abriendo los familiares, monumentos como el Arco de la Victoria siguen en el mismo sitio...", explica Silva, agregando a renglón seguido que lo que hace falta es "voluntad política" y que la única comunidad autónoma que ha hecho sus deberes para el cumplimiento de la norma ha sido, en su opinión, el País Vasco.

Alonso, por su parte, considera que es una "ley a la que le falta desarrollo". "No trae consigo un cuadro de sanciones para los que la incumplan y no existe una homologación de la norma en cada una de las comunidades autónomas", dice. El coordinador de GRMH asegura sentirse preocupado por la "normalidad con la que se trata el tema de la dictadura en España" y apunta a la necesidad de más "pedagogía". Mientras el debate lleva años saltando a la palestra política, cerca de 115.000 personas todavía permanecen desaparecidas, según datos de la ONG Rights International Spain (RIS) tomando como referencia datos de la justicia. España es el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de las desapariciones forzosas.

Varias formaciones reclaman la ilegalización de la entidad, una demanda a la que se suman asociaciones de víctimas. Todos ellos señalan además que, en otros países europeos que han sufrido dictaduras en su Historia reciente –Alemania e Italia son los ejemplos más mencionados–, no sería admisible la existencia de organizaciones que hicieran apología de los respectivos regímenes. Los representantes de los jueces, en cambio, opinan que con las leyes actuales sería complicado prohibir la actividad de la organización franquista.

El secretario de Política Federal del PSOE y portavoz de los socialistas en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Antonio Pradas, exige al Gobierno que investigue "si la fundación ha cometido algún ilícito" y aclare "si ha recibido cualquier tipo de subvención". La Fundación Franco recibió más de 140.000 euros de dinero público entre 2000 y 2003, durante la segunda legislatura de José María Aznar. Pradas también señala que la entidad tiene "difícil encaje con el Estado de derecho". "Su encaje con la ley parece contradictorio", subraya.

El representante del PSOE pide al Ejecutivo de Rajoy que aplique la ley y muestre el mismo "rigor" con la Fundación Franco que "con otras asociaciones y fuerzas políticas que han promovido la violencia". Su compañero de partido, el diputado y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, agrega que los objetivos de la FNFF son "claramente contrarios a la Ley de Memoria Histórica" y pide acabar con lo que considera "una asignatura pendiente" y "un síntoma de tardofranquismo". "Habra que plantear iniciativas para que el Gobierno y los partidos se definan al respecto" de la existencia de la fundación, añade Elorza.

Una anomalía en Europa

Joan Josep Nuet, diputado de la Izquierda Plural y también portavoz en la Comisión Constitucional, afirma que la actividad de la polémica entidad es consecuencia del poder de "los hijos del franquismo" en "papeles destacados de la economía y la política". "No quieren juzgar a sus padres", resume Nuet, para quien "las instituciones que promueven el odio, como esta fundación, deberían ser ilegales". El parlamentario ve en la FNFF una "anomalía histórica" que "ni en Italia ni en Alemania sería posible".

El portavoz adjunto de UPyD y diputado en el Parlamento Vasco Gorka Maneiro, asegura que "no tiene sentido que la fundación pueda seguir siendo legal" y que "parece evidente que claramente incumple la Ley de Memoria Histórica". "Los derechos y libertades, la dignidad de las víctimas de la dictadura y el recuerdo a todas las personas perseguidas por el régimen deben estar por encima de todo eso", apunta. Maneiro también critica la "opacidad absoluta" de la entidad franquista, que no presente sus cuentas desde 2009.

Otro de los partidos que piden la ilegalización de la organización franquista es Amaiur. Jon Inarritu, diputado del partido en la Cámara baja, sostiene que la existencia de la entidad es "nauseabunda" y "humillante para las víctimas", además de un síntoma de "la connivencia entre el Gobierno y el antiguo régimen". "La fundación va contra la Ley de Memoria Histórica y el Gobierno se muestra permisivo", añade el parlamentario, que apuesta por "buscar cauces para que desaparezca" cuanto antes.

"Las de la Fundación Franco son ideas que no deberían caber en una sociedad avanzada", coincide Joan Tardà, diputado de ERC, para quien la organización es una "anomalía" en Europa y busca "mantener viva a la bestia" para, en una situación "convulsa, como la actual", tratar de "resucitar" las ideas de la dictadura. Sobre la legalidad de la entidad, Tardà lamenta que existan "puntos de intersección entre lo legal y lo ilegal por los que haya podido colarse" la FNFF, y apuesta por reforzar la Ley de Memoria Histórica para actuar contra "la apología del fascismo, los crímenes de Estado y los de guerra".

En el BNG, su diputada Rosana Pérez subraya que la mera existencia de la organización es "escandalosa" y que su declación de objetivos incumple la citada Ley de Memoria Histórica. "Una fundación así no tiene cabida en un Estado democrático, pero con este Gobierno goza de total impunidad", dice Pérez, quien recalca que una entidad así "no puede seguir existiendo". "Es inaudito, realmente preocupante. En otro país no pasaría", apunta el diputado de Compromis-Equo Joan Baldoví. Baldoví manifestó que "debería comprobarse si la fundación cumple estrictamente la ley" y que, si no es así, "deberían tomarse cartas en el asunto".

Finalmente, desde las filas de Geroa Bai su portavoz en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, califica la existencia de la FNFF de "inconcebible" y pide "combatir" las ideas que propugna, así como la "suspensión" de su actividad con carácter inmediato. A preguntas de infoLibre, tanto el PSOE como la Izquierda Plural, Amaiur, ERC y Compromís barajaron la posibilidad de plantear iniciativas en el Congreso de los Diputados para preguntar por la entidad franquista, mientras que UPyD admitió que su representación "no le permite llegar a todos los asuntos", pero agregó que llegado el caso apoyaría las propuestas de otros grupos.

Las víctimas se sienten despreciadas

Las asociaciones de víctimas de la dictadura y vinculadas a la recuperación de la memoria histórica también se muestran indignadas por la existencia de la fundación. El presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), Jaime Ruiz, señala que "defender la herencia de un dictador cruel y sanguinario" es "incompatible con el ideario democrático de la Constitución Española, que establece como valores a defender por cualqueir fundación la defensa de valores democráticos".

"No entendemos que se ignore y desprecie a las víctimas mientras que el Gobierno no hace nada contra las organizaciones que exaltar la figura de un dictador: con las víctimas del terrorismo no pasaría algo así". Tanto Ruiz como Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, creen que debería ilegalizarse la entidad. "La FNFF es la típica anomalía que deriva de la transición española. El Estado debería ilegalizar la fundación y borrarla del registro de fundaciones, pero falta voluntad política", dice Peinado.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, coincide con esa demanda y denuncia que el Estado mantiene la desgravación en el IRPF para las donaciones que particulares entregan a la Fundación Franco lo que, a su juicio, implica "que se sigue dando dinero público" a la entidad franquista. "Como fundación no debería existir, un Estado no puede permitir el enaltecimiento de ideas que legitiman una dictadura y el uso de la violencia. Para ser demócrata hay que ser antifranquista", zanja.

Los jueces ven insuficiente la ley

Las asociaciones de jueces, por su parte, creen que una hipotética actuación para ilegalizar la Fundación Franco no tendría garantizado el éxito a la vista de los estatutos de la organización y las leyes españolas. Marcelino Sexmero, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, explica que "la regulación de la Ley de Memoria Histórica es insuficiente" para actuar contra la entidad franquista porque en España "nunca se ha establecido de manera tajante que el régimen fuera ilegal".

Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, coincide y expresa que la posible ilegalidad de la fundación vendría, en todo caso, derivada de algún acto concreto que desarrollara, y no del contenido de sus estatutos o de declaraciones de intenciones genéricas. "Habría que hacer un análisis de lo concreto, de los hecho, para ver si conculca la Ley de Fundaciones o la Ley de Memoria Histórica", apunta.

Por último, el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, asegura que "analizar los fines específicos de la fundación para perseguirla" supondría vulnerar "la libertad de opinión y pensamiento", y califica de "hecho objetivo" que "Franco gobernó durante 40 años", por lo que "la Ley de Memoria Histórica no puede impedir puntos de vista sobre ese hecho u opiniones sobre el significado de nuestro pasado".

La candidata de Geroa Bai, Uxue Barkos, fue investida este lunes como nueva presidenta de Navarra en primera votación con el respaldo de su grupo parlamentario y de EH Bildu, Podemos, e Izquierda-Ezkerra, tal y como estaba previsto.

Así, estos cuatro partidos –que el pasado 17 de julio firmaron el acuerdo programático del Gobierno de Navarra para los próximos cuatro años– hicieron valer su mayoría absoluta de 26 escaños, frente a UPN y Partido Popular, que votaron en contra, y frente al Partido Socialista, que se abstuvo, informa Europa Press.

De esta forma, Uxue Barkos sucede a Yolanda Barcina (UPN) en la Presidencia de Navarra. Cambia así el color del Ejecutivo en Navarra, que ha estado en manos de UPN desde el año 1996 de forma ininterrumpida.

El próximo miércoles tomará posesión del cargo, y posteriormente serán los nuevos consejeros de su Gobierno, con seis nombres propuestos por Geroa Bai, dos por EH Bildu, y uno por Izquierda-Ezkerra.

"Un nuevo tiempo político"

Uxue Barkos defendió en la sesión de investidura que "estamos ante un nuevo tiempo político, el tiempo de un cambio profundo, de profundas reformas, pero sobro todo, un cambio de la forma de hacer política".

Según Uxue Barkos "existe en el Parlamento de Navarra una mayoría abrumadora de cambio, de cambio de progreso, de cambio de giro hacia políticas más sociales y más igualitarias, hacia políticas más integradoras y de mayor reconocimiento de la realidad cultural y lingüística de Navarra".

Además, la líder de Geroa Bai defendió que el Gobierno de Navarra que presidirá "no entiende de rencores ni de venganzas porque el cambio sensato y con vocación de pervivir en el tiempo que nos ha demandado la ciudadanía tampoco entiende de rencores ni de venganzas".

Barkos aseguró que será "una presidenta de Navarra abertzale en una Comunidad que mayoritariamente no lo es, y lo tendré muy en cuenta, pero por primera vez este Gobierno será también el de los abertzales de Navarra, que durante décadas han visto cómo se les despreciaba y se les ninguneaba".

Uxue Barkos dijo que quiere "una Navarra donde el espíritu de empresa sea lo suficientemente fuerte, ético y equitativo como para vencer al desempleo". "Una Navarra en la que se respeten los derechos y primen los valores éticos. Una Navarra en la que se confía en el mundo, que valora los grandes beneficios de vivir en una sociedad libre y está decidida a defenderlos", ha defendido.

"Violencia injusta"

Durante su intervención, Uxue Barkos afirmó también que la Comunidad foral "ha convivido durante demasiadas décadas con distintas formas de violencia injusta y vulneraciones de derechos humanos, civiles y políticos" y ha reivindicado que "la paz de la que gozamos debe ser una paz con memoria, justicia y reparación para todas las víctimas sin excepción".

Uxue Barkos ha asegurado que esa paz "exige el reconocimiento del daño causado y el derecho de las víctimas a la verdad" y apuntó que "se abre un tiempo político nuevo con un firme compromiso de todos con la paz, la normalidad y la convivencia democrática".

Además, según este acuerdo, Geroa Bai asumirá la vicepresidencia primera de la Mesa, mientras que EH Bildu tendrá la secretaría primera, lo que les garantiza el control de la Mesa del Parlamento, al designar a tres de los cinco miembros que la componen.

El acuerdo entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra se enmarca dentro de las negociaciones que las cuatro formaciones políticas están manteniendo en los últimos días para propiciar la formación de un nuevo Gobierno de Navarra alternativo a UPN.

Cabe recordar que este miércoles a las 11 horas se constituye el Parlamento de Navarra, por lo que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E debían cerrar para ese momento un acuerdo si querían asegurarse el control de la Mesa del Legislativo.

Tras la intervención del PNV, con la que se abrió la segunda jornada del debate del estado de la nación, siguió el Grupo Mixto. Aunque con matices, casi todos sus integrantes criticaron al Gobierno por su gestión de la crisis y por la corrupción, nada que ver con el "país maravilloso" que representó el presidente en la primera sesión. Le salvó, en cambio, Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro, con el que el PP se presentó en las generales de 2011 en Navarra. Pero lo que marcó el arranque de la mañana fue el mareo del diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, que obligó a interrumpir el pleno algo más de cinco minutos. 

Debutó en la tribuna por el Mixto Sabino Cuadra, de Amaiur. Su valoración de la gestión de la crisis fue coincidente a la de la mayoría de sus compañeros de grupo. A saber: una recuperación que sólo sienten unos pocos –"las multinacinoales del Ibex 35 siguen forrándose"– y no para la mayoría, un Gobierno que mostró primero su "cara antisocial" con los recortes y que después procedió a "blindar el régimen frente a la oposición social, política y soberanista". Es un "Estado de desecho, no de derecho", lanzó. El portavoz le recriminó que no dijera nada de la Ley del Aborto, que el presidente se tuvo que "comer con patatas" y que apenas le dedicó tiempo a hablar de la corrupción. Cuadra subrayó que esta es "estructural" como uno de los males del Estado, pero fue además el primero que sacó a colación la Casa del Rey, recordando el primer discurso de Navidad de Felipe VI. "Que la única persona en todo el Estado que no tiene que declarar su fortuna, negocios e ingresos nos sermonee con temas de corrupción, tiene tela". 

Capítulo aparte, la política penitenciaria y ETA. Cuadra remarcó que "sólo queda un tipo de violencia política, la del Estado: ilegalizaciones, detenciones, cárceles", puesto que la banda armada cesó en su actividad. El diputado abertzale le acusó de ser "sádico", de "vengarse de los presos" al no permitirles acercarse al País Vasco. El Gobierno, dijo, busca "reventar el proceso de paz", porque se sentía "más cómodo" con ETA activa, cuando a juicio de Amaiur lo que hace falta es explotar la vía del "diálogo y el reconocimiento mutuo de la violencia habida". "Olvídense de la política franquista de la victoria", avisó. También hiló con el proceso soberanista en Cataluña. "Los anclajes autoritarios y centralistas siguen vigentes. Niegan una mera consulta". "Esto no es una democracia, es una francocraciafrancocracia", remachó, para pedir una "ruptura democrática", asentada en un cambio social y el sí al derecho a decidir. 

La valoración sobre la supuesta "comodidad" del PP con el terrorismo de ETA soliviantó al jefe del Ejecutivo. "Es una afirmación repugnante", sentenció, despertando una ovación sostenida de su bancada. "No tiene un ápice de humanidad. ¿Qué pueden pensar las familias de las víctimas del terrorismo?", inquirió, pidiéndole que se "abstenga" de hacer ese tipo de comentarios. Rajoy ni se molestó en contestar más a Cuadra. Se limitó a expresar que la "grandeza" de la democracia es que políticos como los de Amaiur puedan ocupar sus escaños. Cuadra le respondió que aprovecha el asunto de la violencia etarra para "tapar" el resto de cuestiones. "Hacemos nuestros todos los dolores, los sufrimientos, las víctimas del conflicto vasco, todas, sin excepción", subrayó, mientras volvió a urgir al diálogo y a tachar de "ilegal" la dispersión de presos terroristas. 

"Se lo digo con el corazón... ¡independícese!"

"Adiós con el corazón, que con el alma no puedo", arrancó Alfred Bosch, portavoz de ERC. Para él era su último debate del estado de la nación, porque el 24 de mayo será el candidato a la Alcaldía de Barcelona, y confió en que también lo sea para Rajoy, a quien definió como "el faraón Mariano I" por dibujar un "festival de luz y de ilusiones, un espectáculo son et lumière". Sin embargo, su gestión de la crisis ha sido "nefasta". Respecto a la corrupción, le recomendó que haga como Artur Mas, que comparezca como él en la comisión de investigación abierta en el Parlament. Envite al que replicó reprochando a ERC que sólo apoyara la comisión para indagar sobre el origen de la fortuna del expresident Jordi Pujol para "molestar a CiU". 

Bosch felicitó al presidente, con retranca, por haber admitido que la consulta del 9-N había "sucedido" y que no pudo hacer nada para impedir "esa fiesta democrática". Le apremió a dar un paso más: que reconozca que el 27 de septiembre, cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas, habrá un "referéndum de independencia", y si ganan los partidarios del sí, se aplicará una hoja de ruta para la "Constitución democrática de la República catalana". "Y ante eso, ustedes no harán nada, no podrán hacer nada". El portavoz republicano le dijo que, ya que lamenta tanto la "pesadilla catalana", suelte lastre. "Libérese, se lo digo con el corazón... ¡independícese! Seguro que podremos seguir siendo grandes amigos. Usted en el reino maravilloso del Candy Crush –ironizó, refiriéndose a la pillada a la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que ayer martes jugaba con su tableta mientras contestaba el presidente a Izquierda Plural– y yo de vuelta a Barcelona. Adiós, Mariano Rajoy, adiós. Nos vemos en la ONU". 

En su réplica, Bosch hizo alusión a una noticia que se acababa de conocer: la anulación, por parte del Tribunal Constitucional, de dos preceptos de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria del 9-N. La bancada del PP respondió con un aplauso. "Aplauden que declaren ilegales los actos de 2,3 millones de personas que acudieron a votar. Eso les gusta. Gente que se regodea en prohibir que la gente vote lo que quiera. Es muy triste", observó el portavoz de ERC. ha declinado comentar las sentencias judiciales, pero sí ha recordado que se debe respetar la ley y las decisiones de los tribunales, aunque algunas veces no gusten. Rajoy contestó que cuando un tribunal anula por unanimidad el referéndum soberanista es que "algo pasa", y recordó la obligación de los gobernantes de cumplir la ley, porque de lo contrario se manda "un mal mensaje a los ciudadanos". El presidente emplazó a plantear "si quiere y se atreve" una reforma constitucional. 

"Nulo e incumplidor" con Galicia

Tampoco fue nada complaciente el examen que le hizo la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila. Pintó a Rajoy como un presidente al frente de un Gobierno "en contra de la polación", de un Ejecutivo "demoledor" y "devastador para con los derechos y el bienestar de las personas", "únicamente obsesionado con rescatar a la banca y reducir el déficit", mientras la mayoría social se ha "empobrecido". Resultado; un panorama "desolador", con peor sanidad, un "decadente y desigual sistema educativo", con una dependencia eliminada, con unos servicios sociales dañados, más parados, más emigración, más desahucios, más represión. Fernández Davila se felicitó de la "permanente movilización" de la sociedad civil frente a las políticas "injustas" del PP. 

El balance tampoco es positivo para el BNG en lo concerniente a Galicia. Ha sido, para empezar, "nulo e incumplidor", ha practicado "pura propaganda" en todos los Presupuestos del Estado, ha "sacrificado sectores productivos" en los que la comunidad fue puntera, ha impedido crear un sistema financiero público o semipúblico gallego, ha hecho una "nefasta gestión" del accidente de tren del Alvia –como le recordó el año pasado– y ha "negado y obstaculizado el derecho a decidir". Fernández Davila le dedicó una contundente despedida: "Esperamos que no repita Gobierno, ni usted ni su partido, por el bien de la ciudadanía". 

Coalición Canaria lamenta los incumplimientos con las islas

Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, se quejó de los incumplimientos del Estado con el archipiélago, de no haber tenido en cuenta los "sobrecostes de la insularidad", como sí ha hecho, en cambio, la Unión Europea. La diputada señaló que se trata en muchos casos de "voluntad política". Subrayó que "Canarias tiene muchas posibilidades de aportar el Estado", que ha cumplido con el objetivo de déficit, que ha firmado la mejor temporada turística. "Trabajemos para que salga en igualdad de condiciones", pidió. El presidente no estuvo de acuerdo. En circunstancias "difíciles", defendió, su Gabinete ha realizado un "esfuerzo de atención" a las islas, culminado con el cierre del acuerdo "razonable" sobre la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.

A Oramas le sucedió en la tribuna Joan Baldoví, el diputado de Compromís-Equo. Entonces se produjo el sobresalto de la jornada, con su inesperado mareo. Comenzó a ironizar sobre el caloret de Rita Barberá, con el discurso de ayer de Rajoy –una "ruidosa mascletà de cifras", propia de los "mundos de Yupi"– y se dispuso a detallar su "abecedario de olvidos". Le dio tiempo a hablar de la A (amnistía fiscal), la B (Bárcenas, Bankia, las tarjetas black), la C (corrupción), la D (desigualdad) y en la E (emigración) se sintió mal. "Discúlpeme", dijo a Villalobos, apartándose de la tribuna, mientras sufría el desvanecimiento. La vicepresidenta, asustada, requirió la presencia de los médicos, mientras la socialista Carmela Silva, secretaria segunda de la Cámara, ayudó a Baldoví a sentarse.

La sesión se suspendió algo más de cinco minutos y se reanudó con Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, porque el diputado de Compromís-Equo seguía "recuperándose". 

El diputado del partido de Francisco Álvarez-Cascos dio una de cal y de otra manera: aunque felicitó al Ejecutivo por algunos “logros” económicos, le dijo que su visión era “demasiado optimista”. Le demandó “un nuevo modelo de Gobierno y, especialmente, un nuevo modelo de dirigirse a los electores con la verdad por delante y sin más promesas” que luego pueda incumplir. Sostres también hizo referencia a la inestabilidad política, a los datos del CIS, a los casos de corrupción y a la supuesta financiación ilegal del PP.

Y también aludió a Podemos, al mentar, sin mencionarlos, a la aparición de “líderes visionarios educados en las consecuencias de un capitalismo radical y con un objetivo fácilmente vendible desde el Gobierno. “Los nuevos predicadores y comunicadores de marca marxista-leninista de corte latinoamericano prometen alcanzar la utopía con la bandera del 'indignados del mundo, uníos'”.

Salvador, contra los "secesionistas y antiforalistas"

Carlos Salvador sí defendió las políticas del Gobierno. Su grupo, dijo, ha apoyado las reformas que consideraba que servirían para dejar "un país mejor", ha presentado enmiendas y ha ayudado a "alcanzar acuerdos que afectan positivamente en Navarra". El diputado centró en la Comunidad foral su intervención, de hecho: advirtió contra un Ejecutivo de Bildu tras las próximas elecciones autonómicas de mayo, porque supondría la integración "en el gulag euskaldún".

Salvador alertó de que el candidato abertzale es Adolfo Araiz, que en el pasado, como miembro de Herri Batasuna, "votó a favor de socializar el terror". "¿Se ha arrepentido? Qué va, está tan orgulloso. Seguro que piensa: 'Ya toca un Gobierno afín a ETA en Navarra. Ya toca recoger las nueces'". El parlamentario de UPN defendió el marco constitucional ante "los ataques de los secesionistas y de los antiforalistas" y prometió que su partido no se va a quedar "en el burladero de la historia". Rajoy correspondió con ese aviso. Navarra, sostuvo, "se juega mucho" en los próximos meses, y no le convienen"operaciones que nada tienen que ver con la sensatez y la lógica". "Donde mejor está Navarra es donde está, con su estatus de territorio foral y una de las grandes regiones españolas", añadió. El jefe del Ejecutivo agradeció a UPN su apoyo "en los momentos difíciles y a las decisiones más difíciles" en esta legislatura.

Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai, acusó a Rajoy de haber trenzado en el Congreso un discurso para “levantar el ánimo de sus tropas”, sin hacer un “balance real” de la legislatura. La diputada culpó al presidente de haber aplicado “el austericidio” en esta legislatura. También le afeó que haya negado “el pan y la sal” a Navarra, al recurrir sus normas ante el Tribunal Constitucional y al castigarla “presupuestariamente”. Barkos acabó su intervención con unas palabras en euskera, como signo de reivindicación del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.