Ley Estabilidad Presupuestaria

El Gobierno busca modificar la Ley de Estabilidad para anular la capacidad de veto del Senado controlado por los 'populares'.

Casado acusa al Gobierno de caminar “a lomos de la mentira y el autoritarismo”, le acusa de actuar como Venezuela y exige la convocatoria “cuanto antes” de elecciones anticipadas.

El presidente de Ciudadanos ha asegurado que "como demócrata, esta ley no puede ser una moneda de cambio entre Iglesias y Sánchez en un cuarto oscuro".

La Carta Magna establece el 30 de septiembre como fecha tope para que el Gobierno presente el proyecto de cuentas para 2019, pero es probable que el Ejecutivo sobrepase ese plazo.

Solicitando la vía de urgencia y lectura única se acortarían los plazos a la mitad, ya que podría aprobarse en sesión plenaria con mayoría absoluta.

Pablo Echenique abrió la puerta a reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria por decreto, pese a que a priori las leyes orgánicas no pueden modificarse con esta herramienta.

El partido morado exige a Sánchez subir impuestos a las rentas altas y enfrentarse a la UE para conseguir más margen a la hora de reducir el déficit.

Reclama al Gobierno el compromiso de derogar o reformar la Ley de estabilidad presupuestaria y los recortes en sanidad, educación, desempleo y dependencia llevados a cabo desde 2012.

"El PSOE todavía no ha elegido de qué lado está, si está del lado de la España del cambio o del lado del PP", ha señalado la portavoz de la formación morada.

Fuentes del Ejecutivo confirman a infoLibre que están considerando esa posibilidad, de la que depende la ampliación de 6.000 millones en los Presupuestos para 2019.

El veto del PP en el Senado a la nueva senda de estabilidad presupuestaria que el Gobierno de Sánchez está intentando sacar adelante privará el año que viene a las Comunidades Autónomas de 2.500 millones de euros e impedirá relajar la regla de gasto de los ayuntamientos.

El Gobierno asegura que, aunque el PP utilice su mayoría absoluta en el Senado para impedir la aprobación de la nueva senda de estabilidad pactada con Bruselas, ello no le impedirá tramitar los Presupuestos  para 2019.

La ministra de Hacienda asegura, a pesar de que la ley dice lo contrario, que el Ejecutivo podrá presentar un proyecto de Presupuestos para el año que viene aunque no salga delante su propuesta de techo de gasto.

La deuda pública sólo se redujo siete décimas en 2017 y equivale al 98,4% del PIB. Pero su evolución es muy dispar en comunidades y ayuntamientos.

El Ministerio ha enviado cartas a los interventores generales de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana.

Una moción pactada por PSOE y Podemos pide la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para destinar el superávit que generen los ayuntamientos a promover programas de servicio público.

Ambas fuerzas pactan en el Congreso una moción conjunta para exigir que se elimine la obligación de que los consistorios con superávit lo dediquen a amortizar deuda.

Los informes oficiales acreditan que el consistorio de Jaén ha incumplido cada año el objetivo de control del déficit. La ciudad, de la que fue alcalde Fernández de Moya hasta noviembre de 2015, no ha logrado aún que se le apruebe un Plan Económico y Financiero (PEF). El ministerio de Montoro aduce precisamente su rechazo al plan del Ayuntamiento de Madrid para intervenir sus cuentas.

La corporación presidida por Manuela Carmena atribuye los méritos del recorte al aumento de los ingresos y la eliminación de gastos “superfluos”. La de Ada Colau, en cambio, no disminuirá este año el desfase para no rebajar ni un euro el gasto: “No es lo correcto en estos momentos”.

La Comisión Europea pone en duda que España sea capaz de cumplir con los objetivos de déficit comprometidos para 2016 si no presenta "a tiempo" ajustes adicionales al Presupuesto.

Sánchez anunció que en febrero su grupo registraría en el Congreso una iniciativa para combinar estabilidad presupuestaria y blindaje del gasto social. El texto de revisión de la Constitución está listo, pero se dio prioridad a la destitución de Gómez y a la campaña andaluza. La dirección defiende que no ha habido "oportunidad" de presentarlo. Subraya que no hay "marcha atrás", que se está buscando el mejor momento y que tampoco se ha frenado por el malestar de Zapatero.

El rector de la UNED minimiza los recortes, de hasta el 50%, que ha aplicado a los departamentos de profesores, tras reducir el presupuesto de la universidad para este año un 8,55%. “No son dramáticos”, opone.

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba habla de Podemos, la corrupción y el artículo 135 de la Constitución en una entrevista. "¿Por qué tiene que venir uno nuevo a demostrar que el poder no corrompe? Yo he tenido poder y no me he corrompido".

El PSOE ha decidido votar a favor de que el pleno del Congreso tome en consideración una propuesta de Izquierda Plural y el Grupo Mixto para modificar el artículo 135 de la Constitución que PP y PSOE introdujeron en los últimos meses de Gobierno de Zapatero.

Bruselas pide al Gobierno de Mariano Rajoy recortes adicionales porque no cree que España pueda cumplir el objetivo de déficit para el próximo año. Los motivos: el crecimiento de la economía y el empleo serán aún muy débiles, las comunidades autónomas no cumplirán y las medidas para combatir el fraude fiscal y la Seguridad Social no serán eficaces.

El Gobierno recorta la inversión pública, congela los salarios de los funcionarios y sube mínimamente las pensiones (0,25%), que aún así perderán poder de compra. Son algunas de las claves de un presupuesto, pesimista en lo que se refiere al empleo, que lo fía todo a la recuperación de la economía el próximo año.

El Gobierno creará una autoridad fiscal autónoma cuya misión será garantizar el principio de estabilidad presupuestaria.