Las evaluaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) trazan un diagnóstico incómodo para el sistema político español: la opacidad sobre las retribuciones de los máximos responsables de los partidos es absoluta y transversal. Ninguna de las seis principales formaciones de ámbito estatal (PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos e Izquierda Unida) cumple, según el CTBG, con la obligación legal de publicar en sus páginas web cuánto cobran sus dirigentes, pese a recibir financiación pública y a estar obligadas a hacerlo en virtud de la Ley de Transparencia.

La falta no es nueva ni accidental. El propio Consejo ya la había señalado en 2024 y formuló recomendaciones expresas que, un año después, han sido ignoradas por todos.

El resultado es un panorama en el que la transparencia partidista avanza solo de forma parcial y selectiva. Los partidos mejoran en algunos indicadores formales —organigramas, estatutos, memorias de actividad—, pero mantienen blindada la información más sensible desde el punto de vista del control ciudadano: los sueldos de quienes toman las decisiones políticas y gestionan recursos públicos.

Aunque no todos son igual de opacos. El Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) de 2025 refleja una evolución a dos velocidades. En la parte alta de la tabla se sitúan el PSOE, con un 83,1% de cumplimiento, y Podemos, con un 74 %. Ambas formaciones han mejorado de forma significativa respecto al año anterior y han aplicado aproximadamente la mitad de las recomendaciones formuladas por el CTBG en 2024. También Izquierda Unida y Sumar registran avances, aunque con puntuaciones más modestas, del 50,5% y el 46,1%, respectivamente.

Sin embargo, la mejora global no alcanza a la cuestión clave de las retribuciones. Ninguno de los partidos analizados, asegura el Consejo de Transparencia, publica de forma clara, accesible y actualizada el sueldo de sus máximos responsables, una obligación explícita en la normativa de transparencia. En este punto, no hay diferencias sustanciales entre formaciones: la opacidad es total.

En el extremo inferior del ranking se encuentran el Partido Popular y Vox, con índices de cumplimiento del 34,2% y el 33,2 %. Ambos no solo cierran la clasificación, sino que han desoído por completo las recomendaciones del Consejo: aplicaron cero de las doce que recibieron en la evaluación anterior.

El caso del PP destaca especialmente porque, además de no avanzar, retrocede. Su puntuación cae más de diez puntos tras haber eliminado de su página web información que anteriormente sí estaba disponible, como el organigrama del partido o la descripción de su estructura organizativa.

Los informes del CTBG muestran que la información económica es, con diferencia, el ámbito más problemático de la transparencia partidista. Más allá de los salarios ocultos, las carencias se repiten en varios frentes.

En materia de contratación pública, PP, Izquierda Unida y Vox no publican ningún dato sobre contratos o convenios con las administraciones. PSOE, Podemos y Sumar optan por una fórmula defensiva: declaran que no son adjudicatarios de contratos públicos, sin aportar documentación adicional que permita verificar esa afirmación o conocer la existencia de convenios, subvenciones finalistas u otras relaciones económicas.

Los presupuestos y las cuentas previsionales tampoco escapan a la opacidad. Vox mantiene como información presupuestaria más reciente la correspondiente a 2022, mientras que PP y Sumar ni siquiera publican sus cuentas previsionales actuales.

En otros casos, la información existe, pero carece de calidad mínima: no está fechada, no se indica cuándo fue actualizada o se presenta en formatos que impiden el tratamiento y el análisis de los datos. El CTBG señala expresamente el caso de Vox, cuyas cuentas anuales están publicadas en archivos que no permiten copiar ni reutilizar la información.

Esta combinación de ausencias, desactualización y formatos opacos vacía de contenido práctico el deber de publicidad activa y convierte los portales de transparencia de los partidos en repositorios incompletos, más orientados al cumplimiento formal que a la rendición de cuentas efectiva.

La base jurídica de estas exigencias no ofrece margen a la ambigüedad. Los partidos políticos están sujetos a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en tanto que perceptores de financiación pública. La norma les obliga a difundir de oficio información relevante sobre su organización, su actividad económica y la retribución de sus altos cargos.

Sin embargo, el propio diseño institucional del sistema de transparencia explica en parte la persistencia del incumplimiento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no dispone de un régimen sancionador efectivo en materia de publicidad activa. Su capacidad se limita a evaluar, formular recomendaciones e instar al cumplimiento, además de hacer públicos informes como los de 2025, cuyo principal efecto es el reproche reputacional. Las sanciones económicas y las consecuencias jurídicas más severas quedan, en la práctica, fuera de su alcance.

La citada norma establece que las obligaciones fijadas en su Capítulo II, entre ellas publicar “las retribuciones percibidas anualmente por sus altos cargos y máximos responsables”, así como “las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo” (artículo 8.1.f), son de aplicación a “los partidos políticos” (artículo 3).

Y deben cumplirse mediante su publicación “en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización” (artículo 5.4).

Además, la ley establece que “toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos” (artículo 5.5).

El balance que dejan las evaluaciones de 2025 apunta a un patrón reconocible: los partidos cumplen cuando el coste político es bajo y se resisten cuando la información afecta al núcleo del poder interno. Publicar estatutos, códigos éticos o memorias de actividad tiene un impacto limitado; revelar cuánto cobran los líderes, en cambio, expone a las formaciones a la crítica pública y a comparaciones incómodas en un contexto de desafección política.

Pero mi esperanza se ha quedado en eso, en esperanza. Nadie ha tirado de este hilo, probablemente porque se entenderá que no es importante la cuestión que se plantea, aunque yo estoy plenamente convencido de que en España la problemática de la carestía de la vida en general y de la vivienda en particular se debe, fundamentalmente, a la precariedad de los salarios y al elevado margen de beneficio de las empresas españolas, que utilizan el salario como herramienta principal para ser competitivas. Es obvio que si los márgenes empresariales bajaran, también lo harían los precios. No olvidar que no solo los productores, del tipo que sean, son empresas, también lo son las que distribuyen y comercializan los productos. 

Según la Agencia Tributaria, en los últimos 15 años el margen de beneficio empresarial ha pasado de estar en el 10 % en el año 2009, a superar el 13,5 % en 2024, es decir, ha crecido un 35 % y, aunque el salario medio se ha incrementado en torno al 25 % en el mismo periodo de tiempo, el poder adquisitivo de los asalariados, según informe del BBVA reserch, ha caído casi un 20 % en los cuatro últimos años, coincidiendo con la crisis de la pandemia. Sin embargo, los márgenes empresariales que en el año 2020 habían caído a niveles del año 2009, no solo se han recuperado, sino que han aumentado un 35 % en el mismo plazo. Blanco y en botella…

Sé que opinamos, dentro de la modestia de infoLibre, en una sección con mucha menos repercusión de la que tienen las reconocidas firmas que colaboran con este periódico; por eso, me atrevo a pedir que, si alguna de ellas me leyera, se planteara la posibilidad de tirar algo más de este hilo. 

El Gobierno puede actuar sobre el salario mínimo y debe ocuparse de poner las bases que sostengan una economía próspera y fuerte, cosa que los datos certifican que lo está haciendo, pero al final, los que pagan el sueldo de cada trabajador no son otros que los empresarios y creo que se les debe pedir que moderen sus beneficios y que contribuyan más al bienestar de la clase trabajadora, que no es otra cosa que contribuir al bienestar del país. Que cuando hablan de la productividad de las empresas de nuestro entorno europeo, también hablen de sus márgenes. 

Según el informe anual de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, las empresas españolas son de las que más potencial tienen para asumir un incremento salarial que, acompañado de una mejora de la productividad, las haría más competitivas; lo que, a mi entender, viene a decir que tienen margen para mejorar los salarios e invertir en medios que permitan mejorar la productividad, lo que de manera más o menos inmediata llevaría a un aumento moderado del consumo que, además, contribuiría al mejor sostenimiento de las empresas.

Alguien pues ha de ser el Pepito Grillo del empresariado español.

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José Ramón Berné es socio de infoLibre.

“Ha llegado la hora de que las Cortes Generales se planteen reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para algo tan de sentido común como endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y de actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta”. El presidente del Gobierno puso así el foco este miércoles sobre los parlamentarios españoles en el marco del debate sobre regeneración democrática que quiere impulsar en España y que, en gran medida, descansa sobre la transparencia de los medios y de la gestión pública. “No hacerlo”, añadió, “creo que sería incoherente con el nuevo Código de Conducta de las Cortes y dificultaría el seguimiento del nuevo delito de enriquecimiento ilícito que aprobamos en las Cortes Generales”.

“Endurecer las sanciones” es un eufemismo: en la actualidad no es posible ni está previsto que se pueda sancionar a los diputados y senadores que incumplen sus obligaciones de transparencia.

Los senadores y diputados están obligados por ley a dar publicidad de sus bienes, intereses y actividades económicas “tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias”. Pero no todos lo hacen. Muchos suministran información incompleta o deliberadamente ambigua, y casi ninguno actualiza los datos cuando se produce alguna modificación.

La obligación deriva de los reglamentos de las Cámaras, del artículo 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y del Código de Conducta de las Cortes Generales aprobado en 2020. Los parlamentarios “están obligados a formular declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad” y de otras “que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias”.

Pero nadie puede exigírselo ni castigarlos si no lo hacen. Todo lo más pueden ser señalados por los medios de comunicación, que al principio de cada legislatura se toman la molestia de repasar sus declaraciones y luego, por regla general, se desentienden de hacer un seguimiento, en parte porque son raras las modificaciones.

La declaración de actividades económicas debe incluir cualquier actividad desarrollada en los cinco años anteriores a obtener el puesto de parlamentario y que pueda constituir incompatibilidad con su labor como diputados porque exista un conflicto de intereses, así como, en general, cualquier tarea que pueda suponerles ingresos, los posibles regalos recibidos o las donaciones.

Pero ningún organismo se ocupa de investigar que la información suministrada se corresponde con la realidad, lo que, sobre el papel, facilita a los diputados y senadores la posibilidad de falsear los datos.

Es verdad, no obstante, que la presentación de declaraciones ha ido mejorando, según la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales. Hace un año, este organismo de supervisión denunció que los parlamentarios de Vox habían incluido en sus declaraciones de bienes respuestas tipo no “creíbles”, que no detallaban sus empleadores ni el sector al que pertenecen si trabajaban por cuenta ajena ni la información de su actividad cinco años antes de ocupar el cargo. En su último informe, presentado en febrero, asegura que la situación ha cambiado: “A 31 de diciembre de 2023, 338 diputados habían presentado su declaración de intereses económicos y 12 no”. Y los que no lo habían hecho, señalaba la citada oficina, era porque “tomaron posesión de su cargo en el mes de diciembre”. En esa fecha, señala el mismo informe, la totalidad de los miembros del Senado, 266, habían presentado su declaración.

El organismo supervisor admitía también el pasado mes de febrero que “la calidad de estas declaraciones” ha sufrido “una mejora significativa” en comparación con las presentadas en la legislatura anterior. “Una amplísima mayoría ha rellenado correctamente el apartado de la declaración sobre actividades que hayan generado ingresos económicos en los cinco años anteriores al acceso al mandato parlamentario, si bien ha sido preciso recordar en no pocos casos que en el citado apartado hay que consignar, cuando sea de aplicación, el hecho de haber sido diputado o senador en una o varias legislaturas precedentes”.

Igualmente, “ha subido notablemente el número de parlamentarios que, en vez de dejar en blanco el apartado sobre regalos, obsequios y donaciones recibidas, o bien se refieren a regalos sin importancia en el ámbito familiar o social, o bien incluso consignan donaciones y regalos concretos”. Lo mismo ocurre en el apartado reservado a dejar constancia de cuotas a partidos y sindicatos, asociaciones benéficas, culturales, colegios profesionales, o clubes deportivos, entre otras aportaciones y contribuciones.

Menos elogios merece a la oficina la transparencia de los parlamentarios a la hora de dar cuenta de su agenda, algo a lo que también están obligados. A 31 de diciembre de 2023, “eran minoría en ambas Cámaras quienes, además de las reuniones de órganos parlamentarios, publicaban otro tipo de actividades y reuniones mantenidas con grupos de interés o asociaciones y organizaciones de todo tipo, interesadas en el proceso legislativo”. De hecho, este comportamiento, lejos de mejorar, ha empeorado en el Congreso, donde “ha bajado el número de quienes hacen la publicación completa de las reuniones de todo tipo, relacionadas con su cargo parlamentario, que mantienen, mientras que en el Senado, por el contrario, ha subido”.

La oficina se muestra tan satisfecha por el número de declaraciones presentadas que en su último informe aseguró que “no parece necesario seguir insistiendo ahora, específicamente, sobre su concreta observancia, puesto que se ha generalizado una buena práctica de cumplimiento”. Otra cosa es el problema de desactualización. En este caso, el organismo sí recuerda “la necesidad de actualizar la declaración cuando, en el curso de la legislatura, el parlamentario realice, en su caso, nuevas contribuciones a fundaciones y otras asociaciones”.

Su principal recomendación, sin embargo, tiene que ver con la opacidad de la agenda de los parlamentarios. Por ese motivo recuerda “la obligación que tienen de publicar en sus agendas las reuniones que mantengan con los representantes de entidades que tengan la condición de grupos de interés, tal y como estos se definen en el artículo 6.2 del Código de Conducta de las Cortes”.

Para hacerse una idea de la mala calidad de la información que los parlamentarios incluyen, en general, en sus declaraciones, basta con echar un vistazo a algunas de ellas. Los datos que se les exigen son del año anterior a la obtención de escaño, es decir, de 2022. Y esos son los que siguen apareciendo en sus declaraciones, a pesar de que ya estamos en la segunda mitad del año 2024.

La diputada Cristina Agüera (PP), por ejemplo, hace constar sus propiedades (un piso, un apartamento y un trastero) pero deja en blanco la cantidad que pagó por IRPF a Hacienda en 2022. El presidente Sánchez detalla los puestos que desempeña, con y sin remuneración, así como los ingresos que obtuvo como jefe de Gobierno, por dividendos, arrendamiento de inmuebles y derechos de autor, además de la suma pagada a Hacienda en 2022 y sus propiedades (dos viviendas y dos plazas de aparcamiento). Tiene, por ejemplo, 5.104 euros en acciones, pero no dice en qué compañías cotizadas.

Alberto Núñez Feijóo, en cambio, sí lo especifica: tiene acciones de Telefónica y de Inditex, la matriz de Zara. Es imposible saber cuánto gana en la actualidad o el volumen de sus ingresos en 2023: su declaración se limitó a hacer constar datos de 2022 y no lo ha actualizado en 2024. Hace dos años eran 94.566 euros de la Xunta, el Parlamento de Galicia, el PP y el grupo popular en el Senado, a los que habría que sumar su sueldo como senador (unos 35.000 euros en ese año que no hace constar porque no está obligado) así como unos 7.600 euros de dividendos y rendimientos inmobiliarios: en total, entre 130 y 140.000 euros.

Los diputados de Vox, por citar otro caso, intentaron ocultar sus intereses con una declaración genérica sin datos. A día de hoy, la mayoría han modificado la información para detallar, en mayor o menor medida, a qué se dedican y de dónde salen sus ingresos. La portavoz parlamentaria, María José Rodríguez de Millán Parro, más conocida como Pepa Millán, se limitaba inicialmente a decir que ninguna de sus actividades condicionaba su actuación política en tanto en cuanto siempre se desarrollará al servicio del interés superior de España, pero acabó modificando su declaración para hacer constar que fue asesora parlamentaria del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía y posteriormente senadora.

Su jefe de filas, Santiago Abascal, también ha modificado su declaración inicial para incluir entre sus ingresos del último año otros 18.000 euros que cobra de Vox, en concreto lo que percibe como presidente del grupo parlamentario en la Cámara Baja. Un ingreso que hay que añadir a su sueldo como presidente del partido (37.357,8 euros) y a su nómina como diputado.

Para garantizar que todos los parlamentarios cumplen las normas de transparencia del Congreso y del Senado, la Comisión de Conflictos de Interés de las Cortes debería tener capacidad y medios para contrastar la información con la que tiene Hacienda y con los registros de la propiedad, así como con las entidades bancarias.

A un mes de las elecciones europeas, imaginamos que a algunos eurodiputados candidatos a su propia sucesión no les habrá gustado una publicación de este tipo. En un informe publicado este lunes 6 de mayo, la ONG Transparencia Internacional ha recopilado las remuneraciones percibidas por los diputados europeos por actividades paralelas a su mandato, basándose en sus últimas declaraciones de intereses privados. 

La naturaleza y el importe de estas remuneraciones son a veces chocantes. En primer lugar, la ONG revela que el 26% de los diputados europeos perciben una remuneración suplementaria a su sueldo de eurodiputado, ya de por sí generoso, de unos 100.000 euros al año. Y que, de media, estos complementos ascienden a 47.000 euros al año. 

Por supuesto, el hecho de que un eurodiputado reciba una remuneración paralela a su mandato no siempre significa que exista un conflicto de intereses o que esté al servicio de las grandes empresas. Por ejemplo, los candidatos franceses Raphaël Glucksmann (Place Publique) y François-Xavier Bellamy (Les Républicains - LR) están contabilizados por Transparencia Internacional entre los diputados que perciben ingresos adicionales, pero se trata principalmente de derechos de autor por sus libros, como se señala en este editorial de Libération, que reaccionaba a un tuit de la eurodiputada de LFI Manon Aubry. 

Dicho esto, en muchas de las remuneraciones recopiladas por Transparencia Internacional, sobre todo las más importantes, hay una (gran) opacidad. 

El campeón de todas las categorías es el sulfuroso eurodiputado lituano Viktor Uspaskich, que afirma recibir 3 millones de euros al año en ingresos por sus inversiones en el sector agroalimentario. Este eurodiputado no pertenece a ningún grupo parlamentario tras ser expulsado de Renew Europe en 2021 por unos comentarios homófobos. También fue condenado por fraude fiscal y corrupción hace más de diez años. 

En segundo lugar entre los eurodiputados mejor pagados se encuentra un francés de extrema derecha, Jérôme Rivière, ex miembro de Rassemblement National (RN) y de Reconquête, ahora sin adscripción. Recibe la mayor parte de su remuneración como director general de una empresa energética, y declara un total de 220.300 euros de ingresos además de su sueldo como eurodiputado, según la ONG. 

Otro eurodiputado francés entre los 10 primeros es Geoffroy Didier, de LR y miembro del grupo del PPE, que ocupa el octavo lugar. Gana 115.200 euros más al año, principalmente gracias a su trabajo en un bufete de abogados, y también a su mandato como consejero regional en la región de Île-de-France. 

Le supera en el ranking otro conocido eurodiputado, el belga Guy Verhofstadt, que declaró unos ingresos anuales de 131.988 euros durante su mandato, la mayoría procedentes de su cargo de director del fondo de inversión belga Sofina, que ostentó durante más de diez años y que finalizó en mayo de 2023.  

Otro caso escandaloso señalado por Transparencia Internacional, que no da su nombre, es el de "un eurodiputado que cobra 75.000 euros al año como miembro del consejo de administración de una gran multinacional que también es una organización inscrita en el registro de grupos de presión de la Unión Europea". 

Como era de esperar, todos estos diputados que perciben suntuosas remuneraciones no dudan en bloquear cualquier intento de reforma en este ámbito. Por ejemplo, señala la ONG, "la mayoría de los eurodiputados entre los veinte mejor pagados votaron en contra de una enmienda para prohibir los empleos secundarios pagados por entidades inscritas en el registro de lobbies de la UE". Añade que "sólo cuatro votaron a favor de la enmienda, trece votaron en contra y tres no asistieron a la votación". 

Desde el punto de vista político, hay que decir que son sobre todo los eurodiputados de derecha y extrema derecha los que, además de su sueldo, perciben elevadas retribuciones. 

Entre los veinte primeros, "sólo" dos eurodiputados pertenecen al grupo de los Socialistas y Demócratas: el polaco Marek Belka, en décimo lugar, con 105.000 euros más al año, y el griego Theodoros Zagorakis, en vigésimo lugar, que recibe 91.500 euros extra. Los restantes diputados mejor pagados son miembros de grupos políticos de derecha, extrema derecha o sin adscripción.  

Además, si nos centramos en las cifras país por país, y mirando más concretamente a Francia, podemos ver que veintidós eurodiputados franceses recibieron una remuneración complementaria a su salario, es decir, el 28% del contingente nacional, por un importe total acumulado de 826.000 euros, es decir, una media de 37.530 euros por eurodiputado. 

En cuanto a la proporción de eurodiputados que perciben una remuneración complementaria, Francia ocupa el noveno lugar en Europa, por detrás de Finlandia, donde el 64% de los eurodiputados cobra un sueldo extra por actividades paralelas, Bélgica (57%), Austria (42%), Dinamarca (36%), Alemania (35%), Irlanda (31%), Hungría (29%) y Portugal (29%). Y en cuanto al importe medio percibido por eurodiputado, Francia ocupa el duodécimo lugar de veintisiete.  

Pero estas cifras no lo dicen todo. En otras palabras, lo que Transparencia Internacional ha recopilado puede ser sólo la punta del iceberg. 

Por ejemplo, ha descubierto que el 5% de los ingresos extra de los eurodiputados proceden de dividendos vinculados a participaciones en empresas. Pero, según la ONG, "los eurodiputados sólo están obligados a declarar sus participaciones si consideran que tienen implicaciones de política pública o dan a los accionistas una influencia significativa". Estos dos criterios "se dejan enteramente a la discreción del eurodiputado". 

Transparencia Internacional también se ha quejado de que, en sus declaraciones de intereses privados, algunos eurodiputados marean la perdiz al describir de forma extremadamente vaga sus actividades, como "actividad comercial independiente" o "plan de negocio de energías renovables", que significan todo y nada.  

La ONG señala que además había "multitud de declaraciones imprecisas o incompletas, así como casos curiosos de eurodiputados que de repente declaran elevados ingresos que no figuraban en sus anteriores declaraciones de intereses". Y recuerda que "los eurodiputados deben actualizar sus declaraciones al final del mes siguiente a cada cambio". 

¿Qué habría que hacer para mejorar la imagen de Bruselas? Transparencia Internacional recomienda "prohibir a los eurodiputados participar en actividades paralelas, remuneradas o no, con organizaciones que pretendan influir en la elaboración de las políticas europeas". 

Y si tal reforma resultara demasiado ambiciosa, la ONG sugiere que, como mínimo, "los grupos políticos del Parlamento Europeo adopten normas internas que prohíban a sus miembros participar en tales actividades paralelas". 

Añade que "debería solicitarse información más clara en las declaraciones de intereses privados de los eurodiputados, en particular una declaración más precisa de los ingresos procedentes de actividades remuneradas".  

Por último, Transparencia Internacional pide al Parlamento Europeo que "aplique controles más rigurosos y detallados de las declaraciones, verificando cada una de ellas. Y que, en caso de conflicto de intereses probado, no se autorice a los eurodiputados a ocupar un cargo en el Parlamento vinculado a ese conflicto".

Traducción de Miguel López

¿Qué pasa con los políticos cuando se quedan en paro? En el imaginario popular se suele asociar a los políticos con personas que buscan poder, fama y dinero. Una élite alejada de las preocupaciones de la ciudadanía, que vive en su propia burbuja en consonancia con empresarios y medios de comunicación, pero que no conoce a la España real ni tiene tampoco sus mismos problemas. Las elecciones del 23J y la posterior conformación del nuevo Gobierno de coalición ha dejado sin trabajo a una parte de quienes hace sólo un mes ostentaban altas responsabilidades en el Estado, dirigían numerosos equipos —que también han sido cesados— y contaban con generosas partidas presupuestarias. 

Es el caso de la exministra de Igualdad, Irene Montero, y su número dos, Ángela Rodríguez Pam, del exministro de Consumo, Alberto Garzón o del exsecretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, entre otros. Cuesta imaginarlos haciendo cola en una oficina de empleo y lo cierto es que no tienen por qué hacerlo: todos ellos tienen derecho a una prestación por un máximo de dos años, que es incompatible con ningún otro sueldo público o privado y que ya han solicitado formalmente, según ha podido contrastar Maldita.es en una respuesta de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI).

Ni los exministros ni los exsecretarios de Estado cobran un sueldo vitalicio —tampoco los exdiputados—. Es uno de los bulos frecuentemente repetidos. La indemnización que pueden percibir tiene un límite de dos años, según la Ley 74/1980 de 29 de diciembre, en función del tiempo que se haya estado en el cargo. Es decir, si únicamente han desempeñado el puesto durante un año, la indemnización dura un año. La cuantía, en el caso de los ministros, cubre un 80% de su salario. El sueldo base el último año fue de 79.415,16 euros, por lo que Garzón y Montero tienen derecho a percibir 5.294,34 euros brutos al mes —63. 532 euros anuales—.

Por lo que respecta a los exsecretarios de Estado, tienen derecho a una presentación mayor por un simple motivo: cobran más, ya que perciben complementos de productividad o incrementos anuales que no se aplican a los ministros. Sin embargo, se trata de complementos variables, por lo que no todos los secretarios de Estado cobran lo mismo —como sí sucede con los ministros—. Esto puede parecer llamativo porque los Secretarios de Estado se sitúan en un escalafón inferior al de los ministros, pero sus sueldos se sitúan habitualmente por encima de los cien mil euros anuales. Una situación que han comentado abiertamente exministros como el de Ciencia, Pedro Duque, que atribuyó esa diferencia a la refriega partidista, bajo la premisa de que es más polémico lo que cobra un ministro que su número dos. 

Al no haber percibido el mismo salario, las indemnizaciones de los exsecretarios de Estado no son las mismas, aunque según los datos del Portal de Transparencia se suelen situar en torno a los 7.000 euros brutos al mes. En el caso de Ángela Rodríguez Pam, en el año 2022 cobró 123.694,36 euros brutos, según los datos del Portal de Transparencia. Por lo que respecta a Nacho Álvarez, número dos del ;Ministerio de Derechos Sociales, percibió 131.769,80 euros en 2022. A los exsecretarios de Estado no se les aplica la regla del 80% del salario, pero sí la de la duración: el máximo también son dos años.

Los únicos cargos que sí tienen una pensión vitalicia son los expresidentes del Gobierno, aunque su salario se sitúa por debajo de sus homólogos europeos y de muchos presidentes autonómicos. El que más dinero llegó a percibir fue Jose Luis Rodríguez Zapatero, con 91.982 euros brutos —el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobra 90.010,20—. Sin embargo, fue también Zapatero quien redujo un 15% el sueldo de los altos cargos del Gobierno —presidente, vicepresidente y ministros en el año 2010 por el contexto de crisis económica. También rebajó un 10% el de los secretarios de Estado, un 9% el de los subsecretarios de Estado y un 8% el de los directores generales.

Su antecesor en el cargo, José María Aznar, percibía 83.294 euros anuales en su etapa final, tal y como se desgrana en los Presupuestos Generales para el año 2004. Y antes que él, Felipe González cobró 11.668.584 pesetas brutas anuales, lo que equivale a 70.129 euros, según consta en los archivos del BOE consultados por infoLibre. Por su parte, el sueldo de Mariano Rajoy apenas fluctuó durante su mandato: pasó de 78.185 a 79.756 euros anuales.

El Estatuto de los expresidentes del Gobierno, aprobado por González y regulado en el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril (SP/LEG/24292) establece que quienes hayan desempeñado el cargo de presidente del Gobierno tienen derecho a una pensión indemnizatoria del 80% del salario anual estipulado para su cargo, asignada durante dos años, pueden contratar a dos funcionarios, uno de nivel 30 y otro del 18, designados a su propuesta, y contar con una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos.

Además, también pueden optar a un puesto en el Consejo de Estado, el principal órgano consultivo al que el Gobierno recurre para solicitar dictámenes cada vez que tramita un proyecto de ley o plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional. Los expresidentes del Gobierno tienen garantizado un puesto vitalicio, con un sueldo de 100.000 euros al año. Sin embargo, todos los exmandatarios han renunciado a su derecho a formar parte de este órgano consultivo, priorizando otras actividades en el ámbito privado —que son incompatibles con el puesto—. Solo José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero aceptaron inicialmente formar parte de la institución, aunque finalmente acabaron renunciando.

En el caso de las autonomías existe la figura de los Consejos Consultivos, una de las plataformas de salida para los expresidentes previstas por las comunidades en su legislación, aunque solo existe en cuatro autonomías: Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunitat Valenciana. Aunque los estatutos de los expresidentes ya han ido perdiendo músculo, la madrileña Isabel Díaz Ayuso quiere recuperar el suyo. Los recortes en las administraciones —y la controversia política—se han llevado por delante parte de estas suculentas oficinas. Sobre todo en lo que se refiere a la asignación personal, las pensiones o las cesantías, como ocurrió en Andalucía, Extremadura o La Rioja.

Cataluña. El estatuto de los expresidents de la Generalitat se aprobó por unanimidad de los grupos en 2003, pocos meses antes de que Jordi Pujol abandonase el Govern, después de 23 años en el poder. Antes, un decreto de la Generalitat provisional de 1980 había regulado la situación personal del presidente Josep Tarradellas como reconocimiento a sus años de servicio a Cataluña y a su contribución a la vuelta de la autonomía. La ley de 2003 estipula que los expresidents tienen derecho a percibir, "por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de president". Cuando llegan a los 65 años, esa asignación se reduce al 60% —se trata de una pensión vitalicia— pero no hay límite temporal. La norma también faculta al Govern para regular el régimen estatutario de los expresidents de la Generalitat, determinar los medios personales y materiales que deben ponerse a su disposición y facilitar el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas. 

Euskadi. Cuenta desde 1999 con un decreto regulador del estatuto de los exlehendakaris. Un texto que reserva a quien ha estado en Ajuria Enea una secretaría de apoyo y un vehículo de representación  —con una persona de apoyo y un chófer elegidos por el exjefe del Ejecutivo— y un local de oficina, pagado por la Administración. La disposición de la secretaria y del conductor quedará "en suspenso" transcurridos dos años del cese. Los gastos "generados por los medios puestos a disposición" para el expresidente saldrán de las cuentas de la comunidad. El Estatuto del Político en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado un año más tarde, en 2000, establece que los exlehendakaris tendrán derecho a recibir una pensión de retiro, "equivalente a las retribuciones de un parlamentario", incompatible con actividades económicas privadas o con actividades públicas remuneradas con cargo a los Presupuestos de las Administraciones. Además, ese estatuto señala que "se completará la pensión de jubilación con cargo a los Presupuestos de la comunidad", hasta la cuantía máxima del Régimen General de la Seguridad Social, siempre que el exlehendakari haya ejercido sus funciones durante al menos tres años.

Comunitat Valenciana. La Comunitat Valenciana fue la primera autonomía que reguló por ley la figura de los expresidentes, y no por decreto. Fue en 2002. El Consell les pone a disposición los medios necesarios, dice la ley, para el sostenimiento de una oficina de apoyo, con estos recursos: dos puestos de trabajo de asesor y una plaza de chófer, un local para la instalación del despacho, un vehículo y personal de seguridad. Además, los expresidentes de la Generalitat son miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunidad durante un plazo de 15 años, cuando hayan ejercido el cargo "por un periodo igual o superior a una legislatura completa".

Castilla-La Mancha. La Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, aprobada en 2003 por unanimidad de PSOE y PP, bajo la Presidencia del socialista José Bono, es la que regula la figura de los exjefes del Ejecutivo autonómicos. Y es la que dice que estos no percibirán "cantidad alguna en concepto de indemnización por su cese", pero sí tienen derecho, "durante un periodo equivalente al tiempo de desempeño del cargo de presidente", a una secretaría de apoyo dotada con dos personas, un local de oficina, un conductor, un automóvil y un servicio de seguridad y protección personal. Esos gastos se pagan con los Presupuestos de la comunidad. 

Extremadura. La figura de expresidente de la Junta está regulada por ley. Se trata de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, que dice que "los presidentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a partir de su cese, gozarán de la consideración, distinción y apoyo de acuerdo con las funciones y responsabilidades que han desempeñado". Los expresidentes disponen así de un vehículo y tres profesionales de confianza. Y añade que "la Asamblea de Extremadura asumirá los gastos necesarios en relación a los medios humanos y materiales de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura, a partir de su cese". El portal de transparencia, la retribución del personal en las oficinas de los expresidentes fue de más de 200.000 euros en 2022.

Galicia. Galicia ya comenzó a regular la figura de los expresidentes con la ley 1/1983. Esta norma les permite percibir, durante dos años desde la fecha de su cese, las compensaciones económicas que se establezcan por decreto de la Xunta –el 60% del sueldo del presidente autonómico–. Una ley de 2012 endureció el régimen de incompatibilidades para poder acceder a esta cesantía. Asimismo, los expresidentes tienen derecho a disfrutar –desde cuatro hasta diez años adicionales, en función de su tiempo en el cargo– de los "medios y servicios" que ponga el Gobierno autonómico (tendrían adscrito un puesto de trabajo de la Administración autonómica, con nivel administrativo 18, y un coche oficial) . Un derecho "incompatible con la condición de miembro nato del Consello Consultivo o con el ejercicio de un cargo público" que otorgue una prestación de servicios análoga. 

Puede que no consiga ser presidente del Gobierno, al menos a corto plazo, pero de momento el aterrizaje en la política nacional ha sido económicamente ventajoso para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. La actualización de su declaración de bienes y rentas del Senado revela que el político gallego consiguió aumentar en 2022 sus rentas de trabajo un 73,7%, y eso que durante los primeros cuatro meses del año únicamente ingresó su antiguo sueldo como presidente de la Xunta.

Feijóo revisó, por fin, sus datos en la Cámara Alta el pasado 18 de agosto, al día siguiente de ocupar por primera vez su nuevo escaño como diputado en el Congreso. Llevaba semanas negándose a hacerlo, desoyendo incluso una petición por escrito del hasta hace poco presidente del Senado, el socialista Ander Gil.

Sigue, sin embargo, sin cumplir la Ley de Transparencia, que en su artículo 8.1.f establece que los partidos políticos están obligados a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente” por sus “altos cargos y máximos responsables”. Y añade: “Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo”.

Esta información, según la misma norma, no sólo debe ponerse a disposición de los ciudadanos a través de Internet sino que tiene que ofrecerse “de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización” (artículo 5 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

La declaración íntegra, a la que ha tenido a acceso infoLibre, pone negro sobre blanco lo mucho que han crecido sus ingresos por trabajo. Si en 2021 Feijóo ganó 85.601,86 euros en calidad de presidente de la Xunta, el año pasado sumó rentas por valor de 148.731,23 euros procedentes de cinco empleos distintos: presidente de la Xunta, diputado autonómico, presidente del PP, presidente del grupo del PP en el Senado y senador por Galicia.

La cifra más abultada la obtuvo como parlamentario del Senado: 54.164,43 euros por ocho meses de trabajo, de los que 18.000 los ingresó en calidad de senador de representación autonómica, una suma a la que no tenía derecho porque desde el primer momento fijó su residencia en Madrid.

El partido le pagó además, por nueve meses como máximo responsable de la organización, 39.260 euros en concepto de “gastos de representación”. Por el mismo trabajo, el grupo parlamentario del PP en el Senado le abonó además otros 31.850 euros.

A este dinero hay que sumar los 21.686,55 euros que le abonó la Xunta por sus últimos cuatro meses en la presidencia de Galicia y 1.770,25 euros que el propio Feijóo reclamó al Parlamento de Galicia por los diez días que tardó en ser elegido senador de representación autonómica.

Esta información revela los ingresos y la situación patrimonial del líder del PP el año pasado, pero no su estado actual, que acaba de cambiar. A partir de ahora cobrará su sueldo del Congreso de los Diputados y, con toda probabilidad, una suma diferente de dinero como presidente del grupo parlamentario del PP en la Cámara Baja, además de lo que recibe del partido. Esa información, sin embargo, no tiene obligación de revelarla hasta el año que viene, según el reglamento del Congreso.

Feijóo ingresó más por su trabajo, pero ganó menos que en 2021, según los datos que ha comunicado al Senado. La culpa es de las elevadas ganancias patrimoniales que obtuvo hace dos años (183.861,65 euros) y que, según fuentes del PP, tenían su origen en la venta de una casa en la localidad pontevedresa de Moaña. Como consecuencia de ello, en 2022 pagó menos a Hacienda (64.872,64 euros) que en 2021 (69.291,43 euros).

Por lo demás, el detalle de sus ingresos muestra que sigue recibiendo rentas más bien modestas por bienes inmuebles de su propiedad (5.584,4 euros en 2022), un epígrafe que hace referencia a lo que ingresa por fincas o viviendas que tiene en alquiler. Y refleja un incremento sustancial de dividendos por acciones: 2.112,58 euros en 2022, frente a 705,29 en 2021.

En la Bolsa está, precisamente, otra de las novedades de la declaración de Feijóo: ha aumentado un 60% su participación en el accionariado de Inditex, la empresa matriz de Zara, donde ya tiene participaciones por valor de 133.200 euros.

Feijóo incrementó además sus propiedades. A la finca rústica que tiene cerca de Santiago desde 1992, a la vivienda y la plaza de garaje que posee en Vigo desde febrero de 2001 y al piso que compró en Madrid en diciembre de 2001 (y en el que no vive, porque ha preferido alquilar una vivienda en El Viso, una de las zonas más caras de la capital), acaba de sumar otra vivienda y una plaza de garaje en A Coruña, adquiridas hace apenas doce días.

Esa compra es, con toda probabilidad, la razón por la que el patrimonio económico de Feijóo se ha reducido. En 2021 declaró 930.972 euros entre cuentas corrientes, depósitos a plazo, fondos de inversión y de pensiones y acciones en empresas. Ahora los mismos conceptos suman 769.779,09 euros (161.192,91 menos).

Su cuenta corriente es la que más ha sufrido (pasó de 156.613 a 37.627,24 euros). Ha liquidado un depósito a plazo de 50.807 euros y ha rebajado su fondo de inversión en Abanca de 481.500 a 403.425,29 euros. Su fondo de pensiones, en cambio, sigue creciendo: ya asciende a 195.163,16 euros.

Desde que el PP rechazó, el pasado mes de septiembre, una petición de infoLibre para que diese a conocer si estaba pagando un sueldo y de qué cuantía a Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular se ha parapetado en toda clase de excusas para saltarse la ley y sortear la transparencia a la que está obligado en calidad de representante público. Génova lleva casi un año negándose a aclarar si el partido se hizo cargo, en todo o en parte, directa o indirectamente, de la vivienda que ocupa su líder en la capital en una de las zonas con alquileres más caros de España.

En aquella ocasión, fuentes oficiales del PP declinaron revelar si Feijóo cobra del partido y si la organización le paga su vivienda en la capital y aseguraron que el líder de la oposición “seguirá publicando su información económica como senador como hizo hasta ahora como presidente de la Xunta y parlamentario”. No lo ha hecho, Antes al contrario, para no precisar los ingresos de su líder, el PP distingue gastos de representación, complementos y salario.

El PP se ha escudado durante todo este tiempo en que el único sueldo que percibe su líder desde que sustituyó a Pablo Casado es el que le ha estado pagando la Cámara alta en calidad de senador. Razón por la cual, argumentaron siempre, no ha hecho constar ninguna otra percepción en la declaración de rentas que presentó en el registro de Senado en mayo de 2022, cuando tomó posesión de su escaño. Como senador, Feijóo ha ingresado cada mes 3.173,83 euros (44.433,62 euros brutos al año) que están sometidos al régimen general de retención y tributación fiscales de los ciudadanos comunes.

Además de su sueldo oficial, el presidente del PP ha estado ingresando en su cuenta corriente cada mes otros 2.037,07 euros en 14 pagas en concepto de “indemnización” por “los gastos que le origine la actividad de la Cámara” al haber sido elegido fuera de Madrid (fue senador en representación del Parlamento de Galicia). En este caso son 28.518,98 euros al año “exentos de tributación” porque están destinados a “cubrir gastos”. Pero es una suma que Feijóo ha estado cobrando a pesar de haber trasladado desde el primer momento su residencia a la capital de España, razón por la cual no tiene que hacer frente a desplazamiento alguno.

Después de varios meses negándose a aclarar si el PP le estaba pagando un sueldo, además de lo que ya recibía como senador, Feijóo acabó admitiéndolo. Lo hizo el pasado mes de junio, en plena precampaña de las elecciones generales, en una entrevista en la Cadena Ser en la que, sin embargo, se negó a revelar su cuantía. En aquella ocasión, Feijóo intentó restarle importancia diciendo que también hay dirigentes del PSOE que cobran sueldos del partido. Pero no es verdad: no hay ningún miembro de la dirección socialista con cargos públicos que cobre un salario del partido. En la misma entrevista alegó como motivo para no divulgar ese sobresueldo que primero debe informar de él al Senado. En realidad llevaba cobrándolo más de un año y seguía sin actualizar su declaración de rentas en la Cámara Alta.

Feijóo no llegó a actualizar por escrito su declaración de rentas en el Senado, cámara que abandonó esta misma semana para convertirse en diputado en el Congreso. Pero antes las críticas del resto de partidos y en el contexto de la precampaña electoral, Génova acabó filtrando una cifra: 39.260 euros brutos entre abril y diciembre de 2022 (52.346 euros al año, que son aproximadamente 4.362 euros mensuales). Ese dinero, según las explicaciones del PP, lo percibe Feijóo en concepto de “gastos de representación” y está sujeto a tributación a través del IRPF. Pero lo que Génova nunca ha aclarado es de qué gastos de representación se trata, teniendo en cuenta que Feijóo se desplaza a cuenta del partido, que corre con todos sus gastos de transporte, manutención y hospedaje. Tampoco ha precisado nunca si ese dinero tiene por objeto pagar el alquiler de la vivienda en la que vive el líder del PP desde que se trasladó a Madrid con su familia en abril de 2022 a pesar de que tiene un inmueble en propiedad.

Gastos de representación es la misma fórmula que utilizaron sus antecesores, desde Casado a José María Aznar pasando por Mariano Rajoy, para cobrar sobresueldos del partido mientras disfrutaban de abultadas nóminas como parlamentarios.

El PP decidió retribuir a Feijóo, desde que llegó al Senado, con un “complemento” de 55.737,5 euros anuales (3.981,2 euros mensuales en 14 pagas) que extrae del dinero que la Cámara Alta abona al PP para sus gastos de funcionamiento. Fuentes oficiales del partido rechazaron considerar esta suma un sueldo y se apoyan en este criterio para no haber hecho público que Feijóo lo está ingresando cada mes a pesar de lo abultado de su cuantía (incrementaba un 150% lo que percibía como senador).

El grupo parlamentario del PP en el Senado le pagaba ese dinero a Feijóo, por decisión del partido, en calidad de “presidente del grupo parlamentario”. Génova no lo ha precisado, pero todo indica que ahora que es diputado en el Congreso será el grupo parlamentario en la Cámara Baja el que asuma esa retribución, aunque no se conoce aún la cuantía. Al pasar del Senado al Congreso, Feijóo dejará de percibir la “indemnización” de 2.000 euros mensuales que cobraba por los gastos que supuestamente le originaba la actividad de la Cámara al haber sido elegido fuera de la circunscripción de Madrid.

Fuentes del PP aseguran que ese dinero no hace otra cosa que reconocer la jerarquía de Feijóo dentro del grupo. De otro modo, estaría recibiendo menos dinero que el portavoz del Senado, que también cobra un complemento por esa labor.

El PP está incumpliendo la Ley de Transparencia al no hacer constar en su página web lo que abona mensualmente a Feijóo. El artículo 8.1.f de esa norma establece que los partidos políticos están obligados a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente” por sus “altos cargos y máximos responsables”. Y añade: “Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo”.

Esta información, según la misma ley, no sólo debe ponerse a disposición de los ciudadanos a través de Internet sino que tiene que ofrecerse “de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización” (artículo 5 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

Los senadores, de acuerdo con la normativa que rige la Cámara Alta, tienen la obligación de cumplimentar tanto las declaraciones de actividades como las de bienes y rentas no solamente al inicio de su mandato y al finalizar el mismo, sino también cuando se produzca una modificación de las circunstancias inicialmente declaradas, contando para ello con un plazo de treinta días naturales desde que se produzca dicha modificación. 

El artículo 26 del Reglamento del Senado dispone que Feijóo, igual que los demás senadores, está obligado a declarar sus ingresos, públicos o privados, al principio y al final de su mandato, pero también “al producirse modificación de sus circunstancias”. Y eso es lo que ocurrió cuando tanto el PP como el grupo parlamentario decidieron abonarle “gastos de representación” y un complemento que aumentaron un 160% los ingresos mensuales de Feijóo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha completado su trayectoria como senador, entre mayo de 2022 y agosto de 2023, sin haber detallado, como establece la ley, cuáles son los ingresos que recibe cada mes por su trabajo en el Senado y al frente del Partido Popular, sus únicas dos actividades remuneradas conocidas. 

Las normas de la Cámara le obligaban a dar cuenta de las “percepciones netas” que percibía “de tipo salarial, sueldos, honorarios, aranceles y otras retribuciones, cualquiera que sea su denominación”, así como de “otras rentas o percepciones de cualquier clase” con la única excepción de su sueldo base como senador —que se puede consultar directamente en la web del Senado—. 

Cuando ocupó su escaño, Feijóo se acogió literalmente al criterio de que “las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración” para dar cuenta únicamente de sus ingresos de 2021 (presentó la declaración en mayo de 2022), cuando era presidente de la Xunta. 

Y evitó actualizar los datos este año, a sabiendas de que el documento no reflejaba la realidad de sus ingresos de 2022 porque desde mayo estaba ingresando 3.981,2 euros mensuales en 14 pagas como presidente del grupo parlamentario del PP en la Cámara Alta y otros 4.362 euros cada mes en concepto de “gastos de representación” como máximo líder del Partido Popular. Ni siquiera consideró conveniente actualizar la declaración cuando pagó el IRPF de 2022, un dato que es obligatorio hacer constar en el registro del Senado, en el que sigue apareciendo la cifra de 2021.

Esa información que el PP se resiste a hacer pública, así como las variaciones patrimoniales que se hayan producido, deberá incluirla ahora en la declaración de rentas del Congreso de los Diputados, la Cámara a la que acaba de incorporarse después de las elecciones del 23 de julio como parlamentario por Madrid. Pero, eso sí, el criterio de que sólo hay que hacer constar los ingresos del año anterior (2022) permitirá a Feijóo seguir ofreciendo información desactualizada. En este caso correspondiente a un ejercicio en el que combinó varios meses como presidente de la Xunta, semanas como diputado autonómico y algo más de medio año como senador, presidente nacional del PP y jefe de filas del grupo parlamentario de su partido en el Senado.

Pero los ingresos de Feijóo están a punto de cambiar. Las retribuciones de un diputado raso para el año 2023, según los presupuestos del Congreso vigentes, son de 3.126,89 euros al mes. Es una cantidad a la que Feijóo sumará otros 958,75 euros al mes en su condición de diputado por Madrid con el fin de ayudarle a “afrontar los gastos que le origine la actividad de la Cámara”. Esta cantidad, dedicada a cubrir gastos y por ello exenta de tributación, es la mitad de lo que estaba percibiendo como senador en representación del Parlamento de Galicia a pesar de que el líder del PP trasladó su residencia a Madrid desde que sustituyó a Pablo Casado al frente del partido.

En los próximos días, el PP deberá decidir cuánto abona cada mes a Feijóo como presidente del grupo parlamentario del PP en el Congreso. Hasta ahora ingresaba 3.981,2 euros en 14 pagas por el cargo equivalente en el Senado, pero esa cantidad puede varias a criterio del partido porque no depende de la Cámara sino de la voluntad de la organización política que dirige el propio Feijóo. Pero no lo sabremos, a menos que el PP lo haga público por propia iniciativa, porque el reglamento de la Cámara sólo le obliga a dar cuenta de lo que ganó el año pasado.

El Congreso de los Diputados tarda unos días, desde la constitución de la Cámara, que tuvo lugar este jueves, hasta la publicación de las declaraciones de bienes, intereses y rentas de todos los diputados. La previsión es que conozcamos la declaración de Feijóo antes de que termine el mes de agosto, y eso incluye su situación patrimonial.

Cuando llegó al Senado, en mayo de 2022, Feijóo declaró ser el propietario de dos viviendas (una en Madrid y otra en Vigo), un garaje en Vigo, una finca rústica en Ames —cerca de Santiago de Compostela— además de casi un millón de euros entre depósitos y acciones en Telefónica e Inditex, la empresa matriz del gigante textil Zara. En concreto, Feijóo dispone de un total de 930.972 euros entre estos depósitos y las 97 acciones que tiene de Telefónica y las 2.500 que tiene de Inditex. 

La declaración reflejó en su momento un incremento sustancial de su patrimonio desde la última publicada en el Diario Oficial de Galicia el 14 de mayo de 2021. El entonces presidente de la Xunta era entonces el que tenía el mayor patrimonio de su Ejecutivo, dado que el valor de todos sus bienes (inmuebles y de otra tipología) ascendía entonces a 551.933,95 euros. Pero, además, consignaba en el apartado de pasivo (créditos, préstamos y otra deuda) 238.000 euros.

El Diario Oficial de Galicia no explicitaba los bienes, depósitos y fondos, pero sí lo hacía con más detalle la última declaración de Feijóo en el Parlamento de Galicia. En ella, constaba que el expresidente disponía de una casa en la localidad costera de Moaña (Pontevedra) que, según la declaración del Senado de 2022 ya no tiene (fuentes del PP explicaron en su momento que la vendió). Los principales cambios con respecto al patrimonio que habían trascendido hasta ahora eran 2.500 acciones de Inditex y un fondo de inversión en Abanca por un valor de 481.500 euros. La declaración del Senado reflejaba además un saldo en la cuenta corriente de 156.613 euros, y un depósito a plazo de 50.807 euros.

Tenía entonces acciones, a fecha del 23 de mayo de 2022, por un valor de 51.505 euros, y un plan de pensiones que ascendía a 190.547 euros. Según esa declaración. Feijóo adquirió en 2001 una vivienda en Madrid (en la que no vive en estos momentos), otra en Vigo y un garaje en la misma ciudad. Además, en el año 1992 también compró una finca rústica en la localidad coruñesa de Ames.

En cuanto a las rentas Feijóo, declaró al Senado 85.601,86 euros de rendimientos del trabajo (su sueldo como presidente de la Xunta en 2021) y de 705,23 euros de rendimientos del capital mobiliario., además de 5.119,24 euros de rendimientos de bienes inmuebles y 183.861,65 de ganancias patrimoniales. Pagó 69.291,43 euros por el IRPF.

La nómina de Alberto Núñez Feijóo es una caja de sorpresas. A los ingresos ya conocidos que recibió del Senado mientras ocupó un escaño en la Cámara alta en su condición de parlamentario en representación de una comunidad autónoma y a los “gastos de representación” que el PP acabó revelando que le paga en calidad de presidente de su formación, hay que sumar ahora 55.737,5 euros anuales que, por decisión del partido, le ha estado abonando su grupo parlamentario en calidad de “complemento”.

Fuentes del PP confirmaron a infoLibre este ingreso de Feijóo, hasta ahora desconocido, y cuya existencia fue adelantada por elDiario.es. Pero aseguran que no se trata de un sueldo, sino de “un complemento” que “le diferencia salarialmente” de cualquier “diputado raso”. Sin él, argumentan, el hasta ahora portavoz del PP en el Senado habría ganado más dinero que el líder del partido.

Las mismas fuentes sostienen que, en cualquier caso, y aunque esos ingresos eran secretos y que el propio Feijóo había dicho que no cobraba nada más que lo que Génova filtró el pasado mes de junio, no ha habido ocultación porque no se trata de un “sueldo del PP ni de un gasto de representación”. “Las cifras del PP son públicas, no ocultamos nada”, aseguran.

El pasado mes de junio y en plena precampaña de las elecciones generales, el PP cedió a la presión de los medios y de los partidos de la izquierda que exigían conocer el sueldo de Feijóo después de que infoLibre sacase a la luz la opacidad salarial del jefe de la oposición y acabó filtrando que recibe anualmente 52.346 euros del partido, aproximadamente 4.362 euros mensuales.

Se trata de una cantidad que hay que sumar a lo que ha estado cobrando como senador en representación de Galicia: 72.953,6 euros anuales (algo más de 5.200 euros al mes en 14 pagas). Esto incluye su salario como parlamentario (3.173,83 euros; 44.433,62 euros brutos al año, que están sometidos al régimen general de retención y tributación fiscales de los ciudadanos comunes) y otros 2.037,07 euros mensuales que Feijóo se embolsó también 14 veces al año en concepto de “indemnización” por “los gastos que le origine la actividad de la Cámara” al haber sido elegido fuera de Madrid. En este caso son 28.518,98 euros al año “exentos de tributación” porque están destinados a “cubrir gastos”. Una suma que Feijóo cobró a pesar de haber trasladado su residencia a la capital de España. 

Si sumamos a estas cifras el dinero que ahora se acaba de conocer y que le pagó su grupo en el Senado, el líder del PP, habría ingresando mensualmente hasta 13.554 euros mensuales, lo que representa unos ingresos anuales de casi 181.000 euros.

El líder del PP lleva negándose a revelar el salario que le paga el PP desde que infoLibre se lo preguntó en septiembre de 2022. Y ocultó esta información a pesar de que está obligado a publicarla en la página web de su formación, tal y como establece la Ley de Transparencia.

El PP pagó de media a José María Aznar y a Mariano Rajoy unos 260.000 euros brutos al año al cambio de 2023 cuando eran los líderes de la oposición y ocupaban el sillón de la calle Génova en el que ahora se sienta Feijóo. El líder del PP, sin embargo, no quiso hacer pública su nómina en el partido hasta después de las elecciones, alegando que no estaba obligado a actualizar su declaración en el Senado hasta que abandonase su escaño en la Cámara Alta, lo que acaba de suceder. Resta ahora por conocer qué ingresos ha declarado al Congreso y cuánto dinero le pagará su grupo en calidad de presidente de los parlamentarios del PP. Sobre todo ahora que dejará de ingresar algo más de 2.000 euros al mes que percibía por representar a una comunidad autónoma.

Lo cierto es que esta revelación pone entredicho las propias palabras de Feijóo, que el pasado 29 de junio, en una rueda de prensa convocada en Bruselas, aseguro que no percibía “ninguna otra remuneración o gastos representación por parte del Partido Popular”.

Entonces, visiblemente incómodo por el interés que suscitan sus ingresos opacos, Feijóo intentó quitarle importancia diciendo que cobrar dos sueldos —uno del partido y otro público, en su caso como senador— es lo habitual en los partidos, cuando sólo es norma en el PP.

“Yo como presidente de Galicia tenía menos sueldo que ahora. Por tanto, sé perfectamente lo que es ser presidente del Gobierno y cobrar menos que en la oposición. Lo sé perfectamente”, remarcó antes de insinuar que el sobresueldo que recibe tiene que ver con los gastos de la vivienda que ocupa en alquiler el barrio de El Viso, uno de los más caros de Madrid, a pesar de que tiene una vivienda en propiedad en la capital desde el año 2001. “No es lo mismo vivir en una ciudad y tener que hacer frente a esos gastos que vivir en el Palacio de la Moncloa”, alegó. “Son cosas bastante distintas”.

La información publicada por elDiario.es, en la que cita la declaración de bienes que el líder del PP acaba de presentar, revela además otro dato nuevo. Feijóo adquirió una vivienda y una plaza de garaje en A Coruña el pasado 11 de agosto, hace sólo seis días y apenas tres semanas después de las elecciones del 23J, en las que no consiguió la mayoría suficiente que necesitaba para ser investido presidente del Gobierno.

La filtración a varios medios de que Alberto Núñez Feijóo ingresó el año pasado 39.260 euros brutos del PP entre abril y diciembre de 2022, confirmada posteriormente por fuentes oficiales del partido, no ha conseguido zanjar las sospechas que todavía pesan sobre las retribuciones del líder conservador desde que infoLibre reveló, el pasado septiembre, que Génova las estaba ocultando.

Feijóo y su equipo no han despejado de momento todos los interrogantes pendientes más allá de asegurar que el dinero que el PP entrega a su líder se reparte en 12 pagas mensuales, que sirve para abonarle lo que han llamado “gastos de representación” y que, según aseguró este jueves el propio afectado, no recibe nada más de las arcas de Génova.

El asunto persiguió al líder del PP hasta Bruselas, donde los periodistas se lo plantearon hasta en tres ocasiones. Fue allí donde aseguró que esa suma —39.260 en nueve meses, 52.346 euros a lo largo del año— es la única retribución que recibe del partido por su labor como presidente. “No hay ninguna otra remuneración o gastos representación por parte del Partido Popular”, aseguró.

Visiblemente incómodo por el interés que suscitan sus ingresos opacos, Feijóo intentó quitarle importancia diciendo que cobrar dos sueldos —uno del partido y otro público, en su caso como senador— es lo habitual en los partidos, cuando sólo es norma en el PP.

“Yo como presidente de Galicia tenía menos sueldo que ahora. Por tanto, sé perfectamente lo que es ser presidente del Gobierno y cobrar menos que en la oposición. Lo sé perfectamente”, remarcó antes de insinuar que el sobresueldo que recibe tiene que ver con los gastos de la vivienda que ocupa en alquiler el barrio de El Viso, uno de los más caros de Madrid, a pesar de que tiene una vivienda en propiedad en la capital desde el año 2001. “No es lo mismo vivir en una ciudad y tener que hacer frente a esos gastos que vivir en el Palacio de la Moncloa”, alegó. “Son cosas bastante distintas”. 

La paradoja es que, aunque fuese así, y como reveló infoLibre en febrero, el Senado paga cada mes más de 2.000 euros a Feijóo libres de impuestos en concepto de “indemnización” por “los gastos que le origine la actividad de la Cámara” al haber sido elegido fuera de Madrid. Dinero al que, por otra parte, no tiene derecho porque hace más de un año que se empadronó en la capital.

En sus respuestas, Feijóo llegó incluso a tratar de sembrar dudas sobre los ingresos de Pedro Sánchez citando una información de OkDiario que le echaba en cara cobrar, además de su sueldo como presidente, la indemnización que perciben todos los diputados que ocupan cargos en el ejecutivo y renuncian a su salario en el Congreso. Algo habitual en todos los gobiernos independientemente de su color político y que hasta la web que dirige Eduardo Inda acabó retirando de sus contenidos.

En cualquier caso, Feijóo dejó claro que no tiene la menor intención de dar detalles sobre sus gastos de representación ni precisar si el partido le está pagando el alquiler de su vivienda en Madrid. “Es sorprendente en todo caso que estas preguntas se le formulen a un senador que sigue siendo senador, que está en la Diputación Permanente [de la Cámara Alta] y que tiene que cumplir sus obligaciones una vez que finalice el periodo de sesiones, cosa que no ha finalizado”, advirtió.

De momento, Feijóo mantiene su negativa a cumplir el reglamento del Senado, que le obliga a declarar sus ingresos, públicos o privados, al principio y al final de su mandato, pero también “al producirse modificación de sus circunstancias”, como es el caso, porque en la declaración que presentó en mayo de 2022 no figura el dinero que recibe del PP desde hace más de un año.

El presidente del Senado, Ander Gil, evita por ahora opinar sobre los datos que el PP ha filtrado y que no constan en ningún documento. “No debo entrar a valorar filtraciones. Mi obligación es hacer cumplir la ley y el reglamento del Senado”, señaló en declaraciones a la Cadena Ser. Feijóo lo tendría “que haber hecho desde hace tiempo y no lo ha hecho”. “Es una estrategia bastante torpe ocultar algo que debiera ser público y que es una obligación de todos los parlamentarios y cargos públicos”, remarcó.

Gil explicó que el líder del PP tiene que aclarar qué son esos “gastos de representación” de 52.346 euros al año. “No sabemos si es el único concepto por el que percibe ingresos por parte del Partido Popular. Han hablado de gastos de representación, pero no sabemos a esta hora si además de eso, y como ha ocurrido en anteriores ocasiones con otros presidentes del PP, cobra un sueldo por su labor como presidente”.

¿Y qué pasa si Feijóo no actualiza su declaración en el plazo previsto, que vence el próximo martes? En ese caso, aseguró el presidente del Senado, se va a constatar “tristemente” que “el líder del principal partido de la oposición desprecia una institución” a las puertas de unas elecciones generales. “Yo confío que no sea así y que finalmente rinda cuentas y actualice su declaración de bienes”. En caso contrario, tomará “las medidas oportunas y comunicaré a la sociedad española la información con la que cuenta o la que no cuenta el Senado”, advirtió.

Las cifra filtrada no explica a qué corresponden esos “gastos de representación” tan abultados (cuatro veces el SMI) en alguien cuya actividad corre íntegramente por cuenta del partido, incluidos comidas, desplazamientos y hospedaje. El PP tampoco ha aclarado cuánto cobran los demás dirigentes del partido, los que tienen cargos públicos y los que no, ni si tiene intención de empezar a cumplir la Ley de Transparencia, que obliga a todos las formaciones políticas a publicar esta información en sus páginas web.

En el PSOE, desde luego, no se dan por satisfechos. Su portavoz parlamentario, Patxi López, puso en duda que se puedan considerar “gastos de representación” los que se abonan a “alguien que no va a pagar la comida ni se paga los viajes. No sé lo que es”, declaró en una entrevista en La 1 (RTVE), pero le parece “un sobresueldo. Como por cierto ya dijo un tribunal sobre la misma cuestión cuando Aznar denunció eso que se han llamado los sobresueldos. Y dijo que esto no eran para nada gastos de representación, que eran sobresueldos, por cierto sin declarar”.

A López le parece particularmente sangrante que alguien que cobra del partido y del Senado una cifra de más de 125.000 euros al año se haya “manifestado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional”, que haya “votado en contra de la subida de las pensiones” y que esté en contra de que se suban los salarios. Hacen falta más explicaciones, zanjó. 

Los ministros de Hacienda e Interior, María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska, coincidieron con López. La primera exigió a Feijóo que haga público ante el Senado “el sobresueldo que cobra de la caja del PP", así como la casa en la que vive. “Oculto es el sobresueldo que cobra el señor Feijóo de la caja del PP sin cumplir con la legislación que obliga a que lo declare ante el Senado y que, por la información conocida, filtrada por el propio PP, estaríamos hablando de que supera en un 40% el sueldo del presidente del Gobierno”. “Y no dice qué pasa con la casa”, subrayó en declaraciones a La Sexta.

“Pocos españoles pueden decir que tienen un sobresueldo de 4.000 euros al mes”, señaló a su vez Marlaska cuando fue preguntado por este asunto. Ningún responsable político puede ser “renuente” a “algo tan imprescindible como es dar a conocer cuál es la situación económica y los ingresos que uno percibe en su conjunto”. “Es el principio de la necesaria transparencia y publicidad”, y no se entiende por qué a Feijóo le cuesta tanto “dar a conocer” lo que ingresa cada mes. “Yo creo que no nos ha dado a conocer algún que otro dato”, como “quién paga la vivienda, dónde vive, cómo vive, cuestiones así...".

En defensa de Feijóo salió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el que durante casi 20 años fue su escudero en Galicia. A Rueda le parece “legítimo” que Feijóo se embolse 4.362 euros al mes en concepto de “gastos de representación” que nadie sabe a qué obedecen. 

Alberto Núñez Feijóo cobró en 2022 como presidente del PP 39.260 euros brutos entre abril y diciembre de 2022, según difundieron a última hora de la tarde varios medios a los que el PP dio acceso a esta información que lleva negando a infoLibre desde el pasado mes de septiembre. De ser cierta esta cifra, supondría que Feijóo recibe anualmente 52.346 euros del partido, aproximadamente 4.362 euros mensuales que sumaría a lo que ha estado cobrando como senador en representación de Galicia: 72.953,6 euros anuales (algo más de 5.200 euros al mes en 14 pagas). El candidato del PP, por tanto, estaría ingresando mensualmente un total de 9.562 euros mensuales y un total anual de 125.000 euros.

A la espera de que el PP confirme o desmienta oficialmente esta suma, la información filtrada sostiene que Feijóo cobra esa cantidad en concepto de "gastos de representación" y que se trata de dinero sujeto a tributación a través del IRPF.

Lo que las informaciones filtradas por el PP no detallan es en qué consisten esos gastos de representación, teniendo en cuenta que Feijóo se desplaza a cuenta del partido, que corre con todos sus gastos de transporte, manutención y hospedaje. Y tampoco precisan si ese dinero tiene por objeto pagar el alquiler de la vivienda en la que vive desde que se trasladó a Madrid con su familia en abril de 2022 y que está ubicada en el barrio de El Viso, una de las zonas más caras de la capital.

La filtración de esta información trata de desactivar el problema provocado por la negativa de Feijóo a revelar cuánto le paga el PP, incumpliendo las normas del Senado y la Ley de Transparencia.

La difusión de esta cifra se produjo apenas dos horas antes de que Feijóo acudiese como invitado al programa El Hormiguero (Antena 3) y sólo un día después de que el presidente del Senado, el socialista Ander Gil, le pidiese por carta que incluya ese dato —el sobresueldo del PP— en la declaración de rentas que presentó en mayo de 2022 y que, desde entonces, no ha vuelto a actualizar.

La petición llegó al PP tras recibir un escrito del PSOE reclamando lo mismo. Y de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, urgiese a Feijóo a dar explicaciones acerca de su sobresueldo. “Se aplica personalmente la regla del dos”, al cobrar “un sueldo y un sobresueldo” y tener un único trabajo, señaló con ironía Sánchez en una entrevista en el programa Hora 25 (Cadena Ser). “Yo entiendo que esto sea una costumbre muy arraigada dentro del Partido Popular, pero creo que debe dar explicaciones”.

Feijóo, en todo caso, no tiene intención de atender la petición del Senado. Así lo confirmaron este miércoles fuentes de su equipo, que consideran la carta del presidente del Senado escrita al dictado por “el director de campaña del PSOE. Los plazos legales son conocidos para un senador miembro de la diputación permanente”. Eso significa que no cumplirá su obligación hasta que pierda el escaño, el próximo 16 de agosto, tres semanas después de las elecciones generales en las que presenta candidatura a la Presidencia del Gobierno.

La petición de Gil, sin embargo, sí tiene apoyo legal. En el escrito que dirigió a Feijóo, el presidente del Senado recuerda que “los senadores tienen la obligación de cumplimentar tanto las declaraciones de actividades como las de bienes y rentas no solamente al inicio de su mandato y al finalizar el mismo, sino también cuando se produzca una modificación de las circunstancias inicialmente declaradas, contando para ello con un plazo de treinta días naturales desde que se produzca dicha modificación”.

Pero Feijóo no lo ha hecho, pese a que cobra del PP desde mayo de 2022, justo cuando tomó posesión como senador. De ahí que le inste “a que actualice la correspondiente declaración en un plazo que concluye el próximo día 4 de julio de 2023”.

Las normas que dan soporte a la petición del presidente del Senado son el artículo 160 de la Ley Electoral, que obliga a diputados y senadores a formular declaración de “cualesquiera actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos”, y el artículo 26 del Reglamento del Senado. Este último dispone que Feijóo, igual que los demás senadores, está obligado a declarar sus ingresos, públicos o privados, al principio y al final de su mandato, pero también “al producirse modificación de sus circunstancias”.

A esto último es a lo que se agarra Ander Gil para poner plazo a la actualización de la declaración de Feijóo, toda vez que fue él mismo quien, en una entrevista radiofónica, admitió que el PP le ingresa dinero mensualmente desde que llegó a la presidencia del partido, en mayo de 2022, y que no lo ha declarado a la Cámara.

El líder del PP lleva negándose a revelar el salario que le paga el PP desde que infoLibre se lo preguntó en septiembre de 2022. Y oculta esta información a pesar de que está obligado a publicarla en la página web de su formación, tal y como establece la Ley de Transparencia.

El PP pagó de media a José María Aznar y a Mariano Rajoy unos 260.000 euros brutos al año al cambio de 2023 cuando eran los líderes de la oposición y ocupaban el sillón de la calle Génova en el que ahora se sienta Feijóo. El líder del PP, sin embargo, no quiere hacer pública su nómina en el partido hasta después de las elecciones, alegando que no está obligado a actualizar su declaración en el Senado hasta que abandone su escaño, el próximo 17 de agosto.

Alberto Núñez Feijóo se resiste a que se haga público antes de las elecciones la cuantía del sobresueldo que le paga su partido por sus responsabilidades como presidente del PP y que compatibiliza con unos ingresos de 72.953,6 euros anuales que recibe de dinero público como senador en representación de Galicia (algo más de 5.200 euros al mes en 14 pagas).

Este martes el presidente del Senado, el socialista Ander Gil, pidió por carta a Feijóo que incluya ese dato —el sobresueldo del PP— en la declaración de rentas que presentó en mayo de 2022 y que, desde entonces, no ha vuelto a actualizar. Pero todo indica que el líder del PP no tiene intención de atender la demanda del máximo responsable de la Cámara Alta.

Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, negó horas más tarde que la petición de Ander Gil tenga base legal alguna, dando a entender que Feijóo no la atenderá. El equipo de comunicación del líder de la oposición no respondió este martes las preguntas de infoLibre sobre este asunto.

“Ander Gil ha dado a Feijóo hoy, 27 de junio, el plazo de UNA SEMANA, hasta el 4 de julio”, para actualizar su declaración de rentas en el Senado, publicó Maroto en Twitter. “¿Y por qué una semana y no 4 días, o 10, o 20? Se ha inventado este plazo, forzado por el PSOE. No existe en ninguna norma. Ander Gil debería ser imparcial y ser el primero en cumplir la ley”, concluyó.

La petición del presidente del Senado llegó al PP tras recibir un escrito del PSOE reclamando lo mismo. Y sólo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, urgiese a a Feijóo a dar explicaciones acerca de su sobresueldo. “Se aplica personalmente la regla del dos”, al cobrar “un sueldo y un sobresueldo” y tener un único trabajo, señaló con ironía Sánchez en una entrevista en el programa Hora 25 (Cadena Ser). “Yo entiendo que esto sea una costumbre muy arraigada dentro del Partido Popular, pero creo que debe dar explicaciones”.

Feijóo, en todo caso, no va a revelar lo que cobra del partido hasta después de las elecciones. Así lo confirmaron este miércoles fuentes de su equipo, que consideran la carta del presidente del Senado escrita al dictado por “el director de campaña del PSOE. Los plazos legales son conocidos para un senador miembro de la diputación permanente”. Eso significa que no cumplirá su obligación hasta que pierda el escaño, el próximo 16 de agosto, tres semanas después de las elecciones generales en las que presenta candidatura a la Presidencia del Gobierno.

La petición de Gil, sin embargo, sí tiene apoyo legal. En el escrito que dirigió a Feijóo, el presidente del Senado recuerda que “los senadores tienen la obligación de cumplimentar tanto las declaraciones de actividades como las de bienes y rentas no solamente al inicio de su mandato y al finalizar el mismo, sino también cuando se produzca una modificación de las circunstancias inicialmente declaradas, contando para ello con un plazo de treinta días naturales desde que se produzca dicha modificación”.

Pero Feijóo no lo ha hecho, pese a que cobra del PP desde mayo, justo cuando tomó posesión como senador. De ahí que le inste “a que actualice la correspondiente declaración en un plazo que concluye el próximo día 4 de julio de 2023”.

Las normas que dan soporte a la petición del presidente del Senado son el artículo 160 de la Ley Electoral, que obliga a diputados y senadores a formular declaración de “cualesquiera actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos”, y el artículo 26 del Reglamento del Senado. Este último dispone que Feijóo, igual que los demás senadores, está obligado a declarar sus ingresos, públicos o privados, al principio y al final de su mandato, pero también “al producirse modificación de sus circunstancias”.

A esto último es a lo que se agarra Ander Gil para poner plazo a la actualización de la declaración de Feijóo, toda vez que fue él mismo quien, en una entrevista radiofónica, admitió que el PP le ingresa dinero mensualmente desde que llegó a la presidencia del partido, en mayo de 2022, y que no lo ha declarado a la Cámara.

El líder del PP lleva negándose a revelar el salario que le paga el PP desde que infoLibre se lo preguntó en septiembre de 2022. Y oculta esta información a pesar de que está obligado a publicarla en la página web de su formación, tal y como establece la Ley de Transparencia.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, confesó este martes su “sorpresa” por la actitud de Feijóo en este asunto. En una entrevista realizada por la agencia Servimedia y publicada en La Vanguardia, Esteban recuerda que él mismo, cada vez que hay elecciones e igual que el resto de senadores y diputados está obligado a “declarar todas” sus “fuentes de ingresos”. “Si tienes un cargo público, en este caso un senador, al hacer tu declaración del Senado tienes que declarar todo tu patrimonio, todas tus fuentes de ingresos, todas tus acciones”, añadió. “Me sorprende que no haya hecho esa declaración”.

El PP pagó de media a José María Aznar y a Mariano Rajoy unos 260.000 euros brutos al año al cambio de 2023 cuando eran los líderes de la oposición y ocupaban el sillón de la calle Génova en el que ahora se sienta Feijóo. El líder del PP, sin embargo, no quiere hacer pública su nómina en el partido hasta después de las elecciones, alegando que no está obligado a actualizar su declaración en el Senado hasta que abandone su escaño, el próximo 17 de agosto. Cuando lo haga, tendrá que aclarar también si el PP le está pagando el alquiler de la vivienda en la que vive desde hace más de un año con su familia en el barrio madrileño de El Viso, uno de los más caros de la capital, en plena explosión de los alquileres en toda España.

¿Por qué Feijóo no quiere que se sepa el sobresueldo que le paga el PP como presidente del partido además del que ya recibe como senador en representación de Galicia? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero el interés de Génova en ocultarlo hasta después de las elecciones, incumpliendo así la vigente Ley de Transparencia que obliga a todos los partidos a publicar esos emolumentos, alimenta la idea de que se trataría de una suma cuantiosa. 

Si está en línea con lo que cobraban José María Aznar o Mariano Rajoy cuando eran líderes de la oposición, serían unos 260.000 euros brutos al año al cambio de 2023. Distribuidos en 14 pagas estaríamos hablando de una nómina de 18.500 euros al mes. Una cifra abultada que habría que sumar a los 5.200 euros que le paga el Senado hasta completar nada menos que 23.700 euros mensuales, unos ingresos al alcance de muy pocas personas en España (330.000 euros al año).

¿Es un cálculo exagerado? Imposible saberlo mientras el PP no cumpla la ley y Feijóo acepte hacer públicos esos datos, algo que ya hacen otros dirigentes del partido como Esteban González Pons o Javier Maroto, que también tienen abultados sueldos públicos, el primero como eurodiputado en Estrasburgo y el segundo como portavoz del PP en el Senado.

El empeño de Feijóo en ocultar lo que le paga el PP, a pesar de que está obligado a publicarlo, ha acabado despertando la curiosidad del PSOE, sobre todo después de que el líder del PP mintiese sobre lo que cobran los dirigentes socialistas.

Ferraz, como adelantó este viernes El País, estudia ahora cómo obligar a Feijóo a revelar el dinero que cobra del PP, recurriendo incluso a la Junta Electoral y apelando a la Ley de Transparencia, según fuentes socialistas del Senado consultadas por infoLibre. La otra posibilidad sería recurrir al reglamento de la Cámara Alta, porque una vez que Feijóo presente su declaración de la renta correspondiente al año 2022 (la fecha límite es el próximo viernes 30 de junio) estaría obligado a actualizar esos datos en el registro del Senado y ahí sí deberían constar los ingresos que obtiene del partido y que él mismo reconoció el lunes en una entrevista en la Cadena SER en la que, sin embargo, se negó repetidamente a precisar la cuantía.

El PSOE lo tiene difícil para forzar a Feijóo a publicar su sobresueldo, aunque el jefe de la oposición tendrá que hacerlo antes o después. La ley le obliga a hacerlo antes del 17 de septiembre, 30 días después de que abandone su escaño en el Senado (es miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Alta, por lo que conservará el puesto hasta la fecha de constitución del Senado y el Congreso, el 17 de agosto), o algunas semanas después de recibir su acta como diputado en la Carrera de San Jerónimo. La clave está en que, si no lo hace antes del 23 de julio, los españoles votarán en las elecciones generales sin saber cuánto gana en realidad quien, según todas las encuestas, es el principal aspirante a la Presidencia del Gobierno.

Los abultados ingresos de Feijóo contrastan con la manera en la que él mismo se presenta ante los electores, como una persona sin demasiados recursos. En un acto de campaña celebrado el pasado mes de mayo, y en su afán por mostrarse como el campeón de la austeridad, el líder del PP aseguró que, aunque le gustan mucho los coches, nunca ha podido comprarse un vehículo de alta gama porque no ha ganado lo suficiente después de 32 años ocupando cargos públicos, la mayoría en puestos ejecutivos. Y eso que en los últimos años ha multiplicado su patrimonio.

“Si a uno le interesa mucho el dinero, no le recomiendo que se dedique a esto”, aseguró en referencia al servicio público. “La política y el atesorar un patrimonio no es posible”. Feijóo confesó que le gustan los coches y que cuando estaba en Galicia se preguntaba cómo era posible que directores de obras que él inauguraba como presidente de la Xunta tuviesen “un coche fantástico”. Y se hacía, a continuación, la siguiente reflexión: “Coño, con lo que gano, y soy el número uno, no me lo puedo comprar”. 

La conclusión, explicó Feijóo, es que hay que poner bajo sospecha a cualquier funcionario o político cuyo dinero no proceda de su familia o de su pareja. “Lo debemos decir de manera clara: La política y el enriquecimiento son incompatibles”.

Pero aunque Feijóo sostiene que no puede adquirir un coche de alta gama, de acuerdo con la declaración patrimonial que él mismo depositó en el Senado el año pasado lo cierto es que además de dos viviendas (una en Madrid y otra en Vigo), un garaje en Vigo y una finca rústica cerca de Santiago de Compostela, posee casi un millón de euros entre cuentas corrientes, depósitos, acciones y fondos de pensiones.

Unos 260.000 euros brutos al año. Ese es el salario, en euros de 2023, que de media pagó el PP a José María Aznar y a Mariano Rajoy cuando eran los líderes de la oposición y ocupaban el sillón de la calle Génova en el que ahora se sienta Alberto Núñez Feijóo. Si el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 23J cobra una suma parecida es un misterio que el expresidente de la Xunta se niega a revelar antes de que los votantes acudan a las urnas. Como tampoco ha accedido a confirmar si el partido le está pagando el alquiler de la vivienda en la que vive desde hace un año con su familia en el barrio madrileño de El Viso, uno de los más caros de la capital, en plena explosión de los alquileres en toda España.

Feijóo confirmó el lunes por la noche en una entrevista en la Cadena SER que el PP le está pagando un sobresueldo que suma a sus ingresos como senador, pero se negó en redondo a revelar su cuantía. Ese dinero se suma al que, de acuerdo con el régimen de retribuciones del Senado, cobra de esta Cámara: 14 pagas al año de 3.173,83 euros. Son 44.433,62 euros brutos anuales a los hay que añadir otros 2.037,07 euros mensuales que Feijóo se embolsa 14 veces al año en concepto de “indemnización” por “los gastos que le origine la actividad de la Cámara” al haber sido elegido fuera de Madrid. Son 28.518,98 euros al año “exentos de tributación” porque están destinados a “cubrir gastos”. Una suma que Feijóo cobra a pesar de haber trasladado su residencia a la capital de España.

El líder del PP no está obligado a actualizar su declaración de rentas en el Senado, y por tanto no tendrá que revelar cuánto le paga su partido, hasta 30 días después de que pierda la condición de miembro de la Cámara, lo que no ocurrirá hasta mediados de septiembre, cuando ya sea diputado en el Congreso.

No es, desde luego, el primer líder del PP que cobra dos salarios: el que le pagan las Cortes y el que recibe de su partido. Hay constancia de que todos han cobrado, desde José María Aznar a Pablo Casado.

Durante los algo más de cinco años en los que ejerció como presidente del PP en la oposición (1989-1996), José María Aznar ingresó un total de 782.695,13 euros de su partido, según la contabilidad oficial de Génova. Es una media anual de más de 150.000 euros de los años noventa (265.000 euros de 2023). 

Esta cifra suma conceptos muy distintos e incluyen desde gastos de representación a ingresos extraordinarios, pasando por el salario en especie que recibía para pagar su vivienda en Madrid, a la que se mudó desde Valladolid, donde vivía antes de hacerse con las riendas del partido. Aznar llegó a demandar a El País porque el diario le señaló como el inspirador del los sobresueldos en la cúpula del PP. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó la demanda y condenó en costas al expresidente.

A este dinero hay que sumar el salario que Aznar recibió durante esos cinco años como miembro del Congreso de los Diputados.

Mariano Rajoy percibió también un abultado sobresueldo de su partido mientras ingresaba cada mes su salario como diputado en el Congreso durante los años en lo que ejerció como líder de la oposición. En total ingresó 1,9 millones de euros brutos entre los años 2003 y 2011. De ellos, 1,39 se los pagó el Partido Popular; 339.000 euros el Congreso de los Diputados y 177.000 euros el Ministerio de la Presidencia como indemnización tras haber sido vicepresidente.

La Agencia Tributaria certificó en su día, a petición del propio interesado, que el Partido Popular le ingresó 200.628,66 en 2011, 181.098,14 en 2010, 196.490,88 en 2009 y 185.794,00 en 2008, por detallar sólo las cifras de su última legislatura como líder de la oposición. Eso son entre 253.000 y 260.000 euros de 2023. Estas cifras demuestran que Rajoy, además, se subió el sueldo un 8% en plena gran recesión.

Su nombre aparece además en reiteradas ocasiones en los llamados papeles de Bárcenas, según los cuales en 12 años habría recibido otros 357.827,88 euros.

Del salario de Pablo Casado en el PP hay muy poca información. El predecesor de Feijóo al frente del partido utilizó el mismo truco que su sucesor para no divulgar el dinero que ingresaba del partido: dar información desactualizada. Y su abrupta salida de Génova le evitó tener que aclararlo antes de dejar el puesto. 

Cuando presentó su declaración de rentas en el Congreso en 2019 Casado hizo constar que había cobrado del PP en 2018 apenas 47.720 euros. Ese año había ocupado el puesto de secretario de Comunicación, durante los últimos meses del mandato de Rajoy, antes de convertirse él mismo en presidente de la formación. Según la misma declaración, también ingresó 1.700 adicionales por “cursos, ponencias y seminarios”. 

El sobresueldo de Casado, fuese de 47.720 euros u otra cantidad no revelada, se sumaba a su salario como diputado en el Congreso mientras permaneció en el escaño, otros 55.803,86 euros brutos anuales.

La ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, volvió a exigir este martes que Feijóo diga la verdad sobre su sobresueldo y le acusó de mentir al decir que los dirigentes socialistas también cobran. “En el PSOE nadie cobra un sobresueldo”, proclamó explicando que esa información está publicada en la página web del partido.

“El único sobresueldo que la ciudadanía no puede conocer es el de Feijóo, pero le pediría que sea transparente”. El “cinismo” del líder del PP “roza el insulto”. “¿Qué tiene que ocultar?”, se preguntó la ministra. “Es tan sencillo como explicar lo que perciben y ya estaría cumpliendo con el ejercicio de responsabilidad e higiene democrática. No estamos hablando de legalidad o ilegalidad. Si percibe ese sobresueldo por qué no dice lo que percibe”, añadió.

La vigente Ley de Transparencia, aprobada cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso, en el año 2013, establece en su artículo 8.1.f que los partidos políticos están obligados a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente” por sus “altos cargos y máximos responsables”. Y añade: “Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo”.

Es una información, según la misma ley, que no sólo debe ponerse a disposición de los ciudadanos a través de Internet sino que tiene que ofrecerse “de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización” (artículo 5 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó este lunes que su partido le paga mensualmente un sueldo por sus servicios al frente de la formación, pero se negó repetidamente a divulgar a cuánto asciende ese salario.

En una entrevista concedida al programa Hora 25 de la Cadena Ser, Feijóo intentó restarle importancia a este hecho diciendo que también hay dirigentes del PSOE que cobran sueldos del partido. Pero no es verdad: no hay ningún miembro de la dirección socialista con cargos públicos que cobre un salario del partido. No sólo eso: el PSOE sí ha hecho públicos los nombres de las personas que reciben un sueldo de la organización, en cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Lo que Feijóo tampoco ha aclarado es si el PP le paga también en especie el coste de la vivienda de alquiler que ocupa en Madrid, en uno de los barrios más caros de la capital, desde que se hizo con las riendas del partido, en abril de 2022. Un extremo sobre el que infoLibre le ha preguntado desde hace casi un año sin obtener nunca una respuesta.

Ese salario en especie, así como cualquier sueldo en dinero contante y sonante que el PP esté abonando a Feijóo desde que llegó a la Presidencia del PP, debería ser de dominio público si el Partido Popular cumpliese la Ley de Transparencia.

En la misma entrevista alegó como motivo para no divulgar ese sobresueldo que primero debe informar de él al Senado. En realidad lleva cobrándolo más de un año y sigue sin actualizar su declaración de rentas en la Cámara Alta.

La norma, en vigor desde 2013 (fue aprobada cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso), establece en su artículo 8.1.f que los partidos políticos están obligados a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente” por sus “altos cargos y máximos responsables”. Y añade: “Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo”.

Es una información, según la misma ley, que no sólo debe ponerse a disposición de los ciudadanos a través de Internet sino que tiene que ofrecerse “de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización” (artículo 5 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

Sin embargo, la información que el PP incluye en el epígrafe de “transparencia” de su página web es inexistente. En el apartado “organización y personas”, en el que más encajaría la información que la ley obliga a divulgar a los partidos, no hay nada. Apenas se puede encontrar un buscador que no funciona y un sorprendente enlace a las retribuciones de la Moncloa. Es decir: ni rastro del sueldo de Feijóo pero sí el salario público del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No es su página web el único sitio en el que en el que Feijóo incumple su deber de transparencia. El otro es la declaración de intereses que está obligado a presentar y a actualizar periódicamernte en el Senado. Pero al llegar a la Cámara Alta, en del Parlamento de Galicia, se limitó a hacer constar datos de 2021, cuando su único salario era el que recibía como presidente de la Xunta, a pesar de que sí hizo constar que ya era el máximo responsable del PP en toda España.

Feijóo estaría obligado a actualizar esta información en estas fechas porque entre los datos que tiene que trasladar a la Cámara está su declaración de la renta de 2022, pero no tendrá que hacerlo. La disolución de las Cortes, decretada por el presidente Sánchez para adelantar las elecciones al 23 de julio, se lo ha evitado. Los españoles acudirán a votar en las generales sin saber cuál es el salario que el PP paga a Feijóo ni si se ha hecho cargo también del alquiler de su vivienda.

Cuando infoLibre trasladó la pregunta al PP, el equipo del presidente declinó responder. El líder de la oposición “seguirá publicando su información económica como senador como hizo hasta ahora como presidente de la Xunta y parlamentario”, precisaron, dando a entender que actualizaría los datos en 2023, cosa que no ha hecho.

Feijóo sí tendrá que dar a conocer si ha cobrado un sueldo del PP y si le han pagado su vivienda en Madrid después de las elecciones, cuando se convierta en diputado en el Congreso.

Pablo Casado cobraba oficialmente del partido 47.720 euros al año, según la declaración de rentas que presentó en el Congreso de los Diputados al comienzo de la legislatura, además de su sueldo como diputado (por encima de los 3.000 euros al mes como base). Que se sepa, su predecesor, Mariano Rajoy, fue con diferencia el presidente del PP que más dinero cobró del partido. La Agencia Tributaria certificó en su día, a petición del propio interesado, que cobró 200.628,66 en 2011 del Partido Popular, 181.098,14 en 2010, 196.490,88 en 2009 y 185.794,00 en 2008, por citar sólo las cifras de su última legislatura como líder de la oposición. A ese dinero hay que añadir el que cobró como diputado durante sus siete años como presidente del PP en la oposición entre 2004 y 2011.

José María Aznar, por su parte, ingresó durante los algo más de cinco años en los que ejerció como presidente del PP en la oposición (1989-1996) un total de 782.695,13 euros, según la contabilidad del PP. Esta cifra suma conceptos muy distintos e incluyen desde gastos de representación a ingresos extraordinarios, pasando por un salario en especie para pagar su vivienda en Madrid. 

El domingo 28 de mayo, Alberto Núñez Feijóo llegó paseando a votar en el colegio Ramiro de Maeztu, en la calle Serrano del barrio de El Viso de Madrid, uno de los más caros de la capital. Esa zona, hogar de algunas de las mayores fortunas del país, es donde el que fuera máximo responsable de la Xunta de Galicia decidió establecer su residencia y la de su familia cuando, el pasado mes de abril, asumió la presidencia del Partido Popular tras la revuelta de los barones que puso fin al mandato de Pablo Casado.

El Viso es, con diferencia, la zona con mayor renta per cápita de Madrid y una de las más pudientes de toda España, según los Indicadores Urbanos que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero el PP se niega a revelar si la organización se ha hecho cargo en todo o en parte de precio del alquiler de la vivienda que habita su presidente, tal y como hizo en el pasado con quien, como es el caso de José María Aznar, le antecedió al frente de la sede de la calle Génova y no residía en la capital.

Ese salario en especie, así como cualquier sueldo en dinero contante y sonante que el PP esté abonando a Feijóo desde que llegó a la Presidencia del PP, debería ser de dominio público si el Partido Popular cumpliese la Ley de Transparencia.

La norma, en vigor desde 2013 (fue aprobada cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso), establece en su artículo 8.1.f que los partidos políticos están obligados a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente” por sus “altos cargos y máximos responsables”. Y añade: “Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo”.

Es una información, según la misma ley, que no sólo debe ponerse a disposición de los ciudadanos a través de Internet sino que tiene que ofrecerse “de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización” (artículo 5 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

Sin embargo, la información que el PP incluye en el epígrafe de “transparencia” de su página web es inexistente. En el apartado “organización y personas”, en el que más encajaría la información que la ley obliga a divulgar a los partidos, no hay nada. Apenas se puede encontrar un buscador que no funciona y un sorprendente enlace a las retribuciones de la Moncloa. Es decir: ni rastro del sueldo de Feijóo pero sí el salario público del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No es su página web el único sitio en el que en el que Feijóo incumple su deber de transparencia. El otro es la declaración de intereses que está obligado a presentar y a actualizar periódicamernte en el Senado. Pero al llegar a la Cámara Alta, en del Parlamento de Galicia, se limitó a hacer constar datos de 2021, cuando su único salario era el que recibía como presidente de la Xunta, a pesar de que sí hizo constar que ya era el máximo responsable del PP en toda España.

Feijóo estaría obligado a actualizar esta información en estas fechas porque entre los datos que tiene que trasladar a la Cámara está su declaración de la renta de 2022, pero no tendrá que hacerlo. La disolución de las Cortes, decretada por el presidente Sánchez para adelantar las elecciones al 23 de julio, se lo ha evitado. Los españoles acudirán a votar en las generales sin saber cuál es el salario que el PP paga a Feijóo ni si se ha hecho cargo también del alquiler de su vivienda.

Cuando infoLibre trasladó la pregunta al PP, el equipo del presidente declinó responder. El líder de la oposición “seguirá publicando su información económica como senador como hizo hasta ahora como presidente de la Xunta y parlamentario”, precisaron, dando a entender que actualizaría los datos en 2023, cosa que no ha hecho.

Feijóo sí tendrá que dar a conocer si ha cobrado un sueldo del PP y si le han pagado su vivienda en Madrid después de las elecciones, cuando se convierta en diputado en el Congreso.

Pablo Casado cobraba oficialmente del partido 47.720 euros al año, según la declaración de rentas que presentó en el Congreso de los Diputados al comienzo de la legislatura, además de su sueldo como diputado (por encima de los 3.000 euros al mes como base). Que se sepa, su predecesor, Mariano Rajoy, fue con diferencia el presidente del PP que más dinero cobró del partido. La Agencia Tributaria certificó en su día, a petición del propio interesado, que cobró 200.628,66 en 2011 del Partido Popular, 181.098,14 en 2010, 196.490,88 en 2009 y 185.794,00 en 2008, por citar sólo las cifras de su última legislatura como líder de la oposición. A ese dinero hay que añadir el que cobró como diputado durante sus siete años como presidente del PP en la oposición entre 2004 y 2011.

José María Aznar, por su parte, ingresó durante los algo más de cinco años en los que ejerció como presidente del PP en la oposición (1989-1996) un total de 782.695,13 euros, según la contabilidad del PP. Esta cifra suma conceptos muy distintos e incluyen desde gastos de representación a ingresos extraordinarios, pasando por un salario en especie para pagar su vivienda en Madrid. 

Hace trece años, cuando apenas acababa de iniciar su primer mandato como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo obligó a uno de sus diputados en el Parlamento de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, a devolver todas las dietas que había cobrado de la Cámara irregularmente durante cinco años por desplazarse desde su localidad de origen, en Ourense, hasta Santiago de Compostela a pesar de que ese trayecto lo hacía a bordo de un coche oficial.

Entonces Feijóo se mostró partidario de “ajustar y reformar cuanto antes” el sistema de cobro de dietas por kilometraje en el Parlamento porque es “difuso y produce disfunciones”, pero nunca lo hizo, a pesar de que siempre tuvo mayoría absoluta. El modelo de retribuciones por desplazamiento sigue siendo el mismo. 

El entonces presidente de la Xunta rechazó que él mismo hubiese cobrado por desplazamientos a los que no tenía derecho cuando aún era el líder de la oposición en Galicia. “Ni en los sueños más perversos del PSOE me pueden acusar de hacer algo irregular”, afirmó enfáticamente en una rueda de presenta convocada en la sede de la Xunta.

Entonces, en una proclamación de transparencia, aseguraba que el PP “tiene todas las facturas a disposición de cualquier medio”. Pero hoy, trece años después, se niega a revelar cuánto le paga su partido desde que se mudó a Madrid para tomar las riendas de la dirección conservadora. 

Ahora es el dinero que él mismo cobra por desplazamientos inexistentes el que ha puesto a Feijóo de nuevo en el punto de mira. Como reveló este martes infoLibre, el presidente del PP suma a su sueldo ordinario de 3.173,83 euros mensuales otros 2.037,07 euros en concepto de “indemnización” por “los gastos que le origine la actividad de la Cámara” al haber sido elegido fuera de Madrid (es senador en representación del Parlamento de Galicia). 

Son 28.518,98 euros al año “exentos de tributación” porque están destinados a “cubrir gastos”. Y que el líder del PP se está embolsando a pesar de que trasladó desde el primer momento —hace ahora un año— su residencia a la capital de España. Son 14 pagas mensuales de 5.210,9 euros que hacen un total anual de 72.952,6 euros.

Feijóo es uno de los pocos senadores de representación autonómica, si no el único, que trasladó su residencia a Madrid. La mayoría de las comunidades autónomas —todas excepto Galicia e Illes Balears— exigen conservar la vecindad de origen.

Fuentes del Senado aseguraron a infoLibre que Feijóo no puede renunciar a ese dinero aunque quiera hacerlo. En Galicia, en cambio, obligó al afectado a devolver lo que había cobrado.

Aquel escándalo saltó en febrero de 2010 cuando se supo que el portavoz del PP en el Parlamento, Antonio Rodríguez Miranda, llevaba un lustro cobrando dietas por desplazarse de Ourense a Santiago a pesar de que realizaba ese viaje a bordo del coche oficial de José Luis Baltar, entonces vicepresidente del Parlamento y hoy máximo responsable de la Diputación provincial ourensana.

A pesar de su inicial resistencia —primero dijo que “se trata de hacer de la anécdota, categoría”—, Rodríguez Miranda acabó solicitando devolver todo el dinero, no sólo la parte, reducida según su testimonio, que había cobrado de manera irregular. Así lo hizo saber a través de un escrito a la presidenta del Parlamento de Galicia. Una semana antes, el Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) había cifrado los pagos irregulares a este diputado durante cinco años en 26.000 euros.

Rodríguez Miranda solicitó devolver todo el dinero a pesar de insistir en que siempre había viajado en su coche, excepto en algunas ocasiones. Lo hizo, aseguró, obligado por una necesidad de mostrar “rigor” y “honestidad, tanto personales como del partido”. Feijóo lo celebró, porque había cobrado ese dinero “indebidamente”, sentenció.

El entonces presidente de Galicia se quedó tan satisfecho que en 2013 ascendió a Rodríguez Miranda al puesto de secretario general de Emigración de la Xunta, un cargo clave en la administración gallega porque es el nexo de unión con las comunidades en el exterior, un tradicional vivero de votos para el partido en el poder en Galicia. 

En la actualidad no sólo sigue en el cargo, una década después, sino que desde hace unos meses, gracias también a Feijóo, lo compatibiliza con la secretaría ejecutiva del PP en el Exterior, puesto desde el que, ahora ya en la calle Génova, participa en el diseño de la estrategia electoral de su partido para las elecciones locales y autonómicas de mayo.

El máximo responsable de las relaciones del PP nacional con los ciudadanos españoles que viven en el exterior controla a través de su departamento en la Xunta de Galicia un potente presupuesto desde el que nutre a las comunidades gallegas en el el extranjero, las más numerosas de España, especialmente en América Latina.

El dinero a disposición de Rodríguez Miranda para este año alcanza los 19,5 millones de euros. Una suma que sirve para casi todo: desde fomentar la participación de los gallegos en el exterior en la vida social, cultural y económica de Galicia hasta “contribuir a la mejora de su bienestar y calidad de vida”, según información oficial de la Xunta. Sin olvidar la puesta en marcha de “acciones encaminadas a la integración social y laboral de los gallegos y gallegas que deciden retornar a Galicia”.

La acción del departamento de Emigración de la Xunta otorga una gran influencia a su titular, que también es el rostro del PP en el extranjero, porque de él depende desde la celebración de actividades formativas y culturales en los centros gallegos hasta las ayudas sociales de carácter individual y de emergencia social, dirigidas a ciudadanas y ciudadanos gallegos en situación de precariedad económica.

De acuerdo con el régimen de retribuciones del Senado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cobra su salario como senador en 14 pagas, cada una de ellas por un total de 3.173,83 euros. Son 44.433,62 euros brutos al año que están sometidos al régimen general de retención y tributación fiscales de los ciudadanos comunes. 

Pero a esta retribución hay que añadir otros 2.037,07 euros mensuales que Feijóo se embolsa 14 veces al año en concepto de “indemnización” por “los gastos que le origine la actividad de la Cámara” al haber sido elegido fuera de Madrid. Son 28.518,98 euros al año “exentos de tributación” porque están destinados a “cubrir gastos”. Una suma que Feijóo cobra a pesar de haber trasladado su residencia a la capital de España y que redondea sus ingresos públicos anuales hasta los 72.952,6 euros (5.210,9 euros mensuales).

Fuentes del Senado consultadas por infoLibre aseguran que Feijóo no es el único senador elegido fuera de Madrid o en representación de una comunidad autónoma que redondea su sueldo con la indemnización de 2.000 euros mensuales en 14 pagas a pesar de tener su residencia en la capital, aunque la Cámara Alta no facilita ni cuántos son ni su identidad. Y subrayan que ni Feijóo ni nadie que se encuentre en la misma situación puede renunciar a ese dinero aunque quisiera hacerlo.

En estos momentos son de representación autonómica 57 senadores de los 265 que forman parte de la Cámara Alta.

Al fijar su residencia en Madrid, lo que hizo nada más ser elegido presidente del PP, Feijóo no sólo no tiene que desplazarse al Senado desde otra provincia, motivo por el que está cobrando la citada indemnización, sino que ha perdido su condición de ciudadano “gallego” y se convirtió en madrileño, aunque paradójicamente sea senador en representación de Galicia. 

El Estatuto de Autonomía de Galicia establece en su artículo 3.1 que “gozan de la condición política de gallegos los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los Municipios de Galicia”. En justa correspondencia, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid señala también, en su artículo 7.2, que “gozan de la condición política de ciudadanos de la Comunidad los españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios”. Es la fórmula estándar de todos los estatutos de autonomía, imprescindible para establecer la condición de ciudadanos electores y elegibles.

Alberto Núñez Feijóo llegó al Senado el 25 de mayo de 2022 para representar a la comunidad autónoma de Galicia. Ese es el mandato para el que fue elegido por el Parlamento gallego el día anterior. Él mismo anotó en Twitter el siguiente compromiso: “Desde mañana seguiré representando a mi tierra en la Cámara Alta con la misma entrega y dedicación con la que he trabajado durante todos estos años como diputado autonómico”.

Sin embargo, el escaño que obtuvo para representar a Galicia lo ha puesto al servicio exclusivo de su cargo como presidente del PP. Desde que fue elegido senador no ha hecho nada relacionado con la tierra a la que prometió “seguir representando”. Desde que accedió al escaño su actividad parlamentaria se ha limitado a formular cuatro preguntas dirigidas al presidente del Gobierno y a una toma de posición en el debate de Presupuestos (que utilizó para pedir elecciones anticipadas). También tomó la palabra en tres debates con Sánchez. En ninguno de ellos ejerció su condición de senador en representación de Galicia.

En realidad lo que ha hecho el PP es poner al servicio de su estrategia de partido el mecanismo de elección de senadores autonómicos, concebido para reforzar el carácter del Senado como Cámara de representación territorial. El resultado es que un puesto institucionalmente creado para representar a Galicia es utilizado por el principal partido de la oposición para garantizar a su líder un cargo institucional remunerado en la capital. 

No es la primera vez que los conservadores perturban el modelo de representación del Senado para situar a voluntad a sus dirigentes. El actual portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, fue designado senador en representación de la comunidad de Castilla y León después de perder en abril de 2019 el escaño que tenía en el Congreso por la provincia de Álava, de la que es natural y en la que ha desarrollado toda su carrera política fuera de Madrid. El año pasado revalidó este puesto con el respaldo de Vox, además del de su propio partido.

Para justificar aquella decisión, Maroto se empadronó en Sotosalbos, una localidad de poco más de cien habitantes de la provincia de Segovia situada a 300 kilómetros de Vitoria en la que llegó a adquirir una vivienda. Lo hizo porque el Estatuto de Castilla y León sí exige que los senadores de representación autonómica tengan su residencia en la comunidad, algo que no prevé el estatuto gallego, lo que facilita la paradoja de que Feijóo represente a Galicia desde su domicilio en el barrio madrileño de El Viso e ingrese por ello 2.000 euros mensuales libres de tributación.

Ser vecino de la comunidad a la que se representa no es una particularidad de Castilla y León. También es la norma en comunidades como Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. En la mayoría de los casos, por ley. En el resto, porque es obligatorio ser previamente diputado autonómico y, para serlo, es necesario estar empadronado.

Sólo Illes Balears, además de Galicia, no exige estar empadronados en la comunidad autónoma que les elige. Ambas comunidades carecen de una ley específica que regule la elección de sus senadores autonómicos. 

Entretanto, el PP sigue sin publicar si paga o no un salario a Feijóo como presidente del partido al margen de los emolumentos como senador ni si se ha hecho cargo de los gastos de la vivienda particular que disfruta su líder en una de las zonas más caras de la capital. No respondió a las preguntas que le formuló infoLibre ni ha publicado esta información en la página web del partido, tal y como exige la Ley de Transparencia.

Esta norma (artículo 8.1.f) establece que los partidos políticos están obligados a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente” por sus “altos cargos y máximos responsables”. Y añade: “Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo”.

El nuevo año se abre con la incógnita de qué va a ocurrir con los salarios. A las puertas de un alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se adivina voluminosa y de que, quizá, se reanuden las hasta ahora fallidas negociaciones de la patronal y los sindicatos para fijar las subidas retributivas de los próximos tres años, las nóminas piden cambios. Sobre todo, tras un año que ha terminado con la inflación contenida en un sorprendente 5,8% pero en el que la subida media pactada en los convenios colectivos no es más que el 2,69% –hasta noviembre–. Es decir, con un IPC que llegó a escalar hasta el 10,8% en julio, un nivel desconocido desde 1984, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajador s es manifiesta.

Al mismo tiempo, hay empresas y sectores que están concediendo aumentos ajustados a la inflación, o casi. Los supermercados Consum suben los sueldos un 9% este año mientras que las consultoras han firmado el 10,75% para 2022 con efectos retroactivos, pero un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024. Los supermercados Dia pagarán entre un 8% y un 12% más a las plantillas este año y el próximo. Los tripulantes de cabina han conseguido un alza del 10,29% para 2022 y 2023 que puede superar el 14,3% acumulado en 2024. Otras empresas, como Mercadona y Telefónica, han subido los salarios lo mismo que la inflación porque así les obligan sus convenios.

No obstante, la CEOE rechaza que los salarios aumenten en la misma medida que los precios. “No estamos diciendo que no puedan subir los salarios. Lo que no podemos es firmar que los salarios suban igual que la inflación sin más”, declaró su presidente, Antonio Garamendi. En la mesa que quedó en suspenso el pasado mayo, su oferta no pasaba del 3,5%. Para el SMI, han subido al 4%. La presión de los costes de la energía y la lenta recuperación de la pandemia, asegura la patronal, impiden a las empresas asumir las mejoras salariales que les exigen los sindicatos.

Por el lado de la academia, además, los economistas advierten del riesgo de los llamados “efectos de segunda ronda”: que la subida de los precios empuje los salarios de tal forma que estos, a su vez, alimenten los precios y se produzca una temible espiral que alargue la inflación. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sido también una de las voces alertadoras de ese peligro y de quienes más han reclamado un pacto de rentas para conjurarlo. El organismo supervisor percibía en noviembre “algunas señales de fatiga”, en referencia a la presencia de cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos y a un mayor traslado de los precios energéticos a los precios de venta finales de las empresas. Pero, sólo un mes más tarde, sus analistas sostenían que una parte considerable de ese contagio ya se ha producido y que no veían en el horizonte efectos de segunda vuelta “significativos”, por el aumento de los márgenes empresariales o por los salarios, que pudieran “desencadenar fenómenos de retroalimentación de las actuales presiones inflacionistas”.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, tampoco cree que las empresas españolas hayan trasladado de forma agregada todo el aumento de costes a los precios de ventas de sus productos y servicios en los nueve primeros meses de 2022, aunque sí advierte diferencias según los sectores. En concreto, mencionó la hostelería y el comercio, que están aplicando márgenes superiores a los de 2019, antes de la pandemia.

En realidad, los precios ya habían comenzado a subir antes de la guerra en Ucrania: el IPC de diciembre de 2021 se situó en el 6,5%, siete décimas por encima del que ha cerrado 2022. Y antes de que las tropas rusas atacaran el Donetsk el 24 de febrero, tanto el gas como la electricidad y los carburantes se habían encarecido. Sin embargo, no fue en España donde el shock energético fue mayor, en comparación con otros países europeos, tal y como lo han medido Juan Francisco Jimeno, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, y Ana Lamo Rubio, economista del BCE, en un análisis sobre la evolución reciente de los salarios. También destacan que antes de la invasión rusa no se produjo un traslado de los márgenes de beneficios y los salarios a la inflación: España es uno de los países donde mayor era la distancia entre los costes de producción –medidos con el deflactor del PIB– y los precios del consumo –el IPC–. Lo mismo ocurrió en Italia, Portugal, Países Bajos y Eslovaquia. Lo contrario que en Bélgica, Grecia o Luxemburgo y los países bálticos.

Jimeno y Lamo explican que sólo el 3% de los trabajadores del sector privado en la eurozona tiene sus salarios vinculados de forma automática a la inflación y sólo el 18% lo tienen en cuenta en la negociación salarial. Además, la actualización según el IPC no es instantánea, sino que sufre una cierto desfase temporal debido a los mecanismos establecidos en los convenios colectivos: unos 18 meses de media tardan en aplicarse las subidas. Pero, aun sumados el shock energético y las alzas salariales, antes de la invasión de Ucrania ni siquiera en Italia y Francia, donde hubo una “elevada aceleración de los salarios”, estos se trasladaron a la inflación. En España fue un poco mayor el contagio, pero inferior al que sufrieron Países Bajos, Alemania y, sobre todo, Bélgica.

Los autores recuerdan que los salarios reales –una vez descontado el efecto de la inflación– llevan alicaídos mucho tiempo. La menguante participación de los salarios en el PIB por causas tecnológicas, que han aumentado la intensidad del capital en detrimento del factor trabajo, y el cada vez mayor peso del sector servicios, con peores sueldos, explican una parte de ese declive. Como también la caída del número de jóvenes que se incorporan al mercado laboral por el descenso de la natalidad y los salarios cada vez menores que se les pagan. Finalmente, los sueldos se recortan más durante las recesiones de lo que suben durante las fases expansivas de la economía. La gran crisis tras la ruptura de las burbujas financiera e inmobiliaria trajo como consecuencia en enorme recorte salarial en países como España. Sólo tras la pandemia, que desajustó la oferta de puestos de trabajo y las cualificaciones profesionales demandadas por las empresas, la escasez de cierta mano de obra ha empujado los salarios hacia arriba, hasta cierto punto.

Por el contrario, Lamo y Jimeno aseguran que no existe “evidencia empírica concluyente” de que los márgenes de beneficios de las empresas se transmitan directamente a la inflación. Un punto en el que no está de acuerdo Isabel Schnabel, representante alemana en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), quien ya en octubre, con ocasión de un discurso en A Toxa (Pontevedra), mencionó el “notable” aumento de los beneficios en sectores como la hostelería y el transporte, hasta casi un 20%; es decir, más del doble de lo que lo han hecho los salarios nominales y las facturas energéticas. Y cifró en un 5% la caída de los salarios reales en la UE desde el final de 2021, antes de que Rusia invadiera Ucrania.

Lo mismo, pero referido a Estados Unidos, sostienen Thomas Ferguson, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, y Servaas Storm, de la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos) en un estudio sobre El mito y la realidad del gran debate sobre la inflación. Ambos no sólo niegan que el milmillonario programa de ayudas de Joe Biden –1.900 millones de dólares– sea una de las causas de la inflación en Estados Unidos y en el resto del mundo, como han apuntado algunos economistas, incluido el exsecretario del Tesoro Lawrence Summers. Sino que también consideran el aumento de los márgenes de las empresas como uno de los factores que explican el alza de la inflación.

Según sus cálculos, los márgenes crecieron un 42% en Estados Unidos entre el primer trimestre de 2020 y el segundo de 2022, mientras que el deflactor del PIB –los costes de producción de las empresas– sólo aumentó un 16% –el énfasis es de los autores del estudio–. “Los márgenes de beneficios no habían sido tan altos desde 1950”, subrayan, “por lo que no hay pruebas de que el aumento de los salarios se esté comiendo los beneficios de las empresas”. Además, culpan al alza de los márgenes del 40% del crecimiento del deflactor del PIB, cuando su contribución no superaba el 13% de media entre 1979 y 2019.

Ferguson y Storm resaltan también que las retribuciones de los máximos ejecutivos de las empresas se han disparado en Estados Unidos un 11,1% desde 2020, el triple de lo que han crecido los salarios nominales de los trabajadores. Ambos autores no resisten la tentación de citar a Adam Smith, el padre del liberalismo económico, en su obra fundamental, La riqueza de las naciones: “Los altos beneficios tienden mucho más a elevar el precio del trabajo que los altos salarios […]. Nuestros comerciantes e industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los salarios altos en el aumento del precio […]. Nada dicen de los efectos perjudiciales de los beneficios elevados. Guardan silencio sobre los efectos perniciosos de sus propias ganancias. Sólo se quejan de los efectos de las ganancias de otros”.

Otro análisis, firmado por seis economistas del FMI, concluye que no hay evidencia histórica de que una subida de salarios sea señal inequívoca de que se producirá una retroalimentación entre salarios y precios. Los autores crearon una base de datos con 79 episodios de espirales de precios y salarios desde los años 60 hasta ahora en 38 países, incluido España. Tres son las crisis inflacionistas españolas que mencionan: las de 1986, 1989 y 2000. Las dos últimas se parecen a la actual por el peso de los precios energéticos.

“Las espirales de salarios y precios, definidas como una aceleración persistente de precios y salarios, son difíciles de encontrar en los registros históricos recientes”, aseguran. Sólo en un puñado de casos experimentaron una mayor aceleración de precios y salarios después de ocho trimestres. Destacan la inflación que azotó Estados Unidos en 1973 tras el embargo petrolero de la OPEP y no desapareció hasta 1975. “Sin embargo, los salarios nominales no aumentaron, por lo que los reales disminuyeron”, concluyen.

Por el contrario, los 22 episodios similares a la inflación actual –con subida de salarios nominales pero caída de los reales y desempleo plano o decreciente– no tuvieron efectos de segunda ronda. Por el contrario, los analistas del FMI aclaran que en esas ocasiones anteriores los salarios nominales tendían a alcanzar la inflación para recuperar la pérdida de los salarios reales y fueron consistentes con la tasa de paro de cada país, pero no provocaron la temida espiral. “De hecho, la historia sugiere que los salarios nominales pueden acelerarse mientras la inflación retrocede desde niveles altos”, concluyen.

El debate sobre la inflación, sus causas y sus curas, ocupará 2023 tanto como el propio fenómeno. Desde otro ángulo, el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard ha hecho su aportación en Twitter estas navidades. Ve la inflación como el resultado de un conflicto distributivo entre empresas, trabajadores y contribuyentes. Que sólo se detendrá cuando todos ellos se vean “obligados a aceptar el resultado”: que el pastel que se reparten es más pequeño.

A su juicio, son los bancos centrales los que terminan obligando a los jugadores a conformarse. Subiendo los tipos de interés. “Enfriando la economía, pueden obligar a las empresas a aceptar precios más bajos a unos determinados salarios, y a los trabajadores a aceptar menores salarios con unos precios determinados”, explica. La alternativa, una negociación entre empresas, trabajadores y el Estado para estabilizar los precios sin que sea “doloroso”, es para Blanchard poco menos que un unicornio. “Desgraciadamente”, sentencia, “[esa solución] requiere más confianza de la que se puede esperar y, sencillamente, no ocurre”. Un jarro de agua fría, por tanto, para el pacto de rentas que ni siquiera pudo ser esbozado en 2022.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece que los partidos políticos están obligados a dar publicidad a los salarios que pagan a sus dirigentes y que deberán hacerlo a través de sus respectivas páginas web. Pero ninguno de ellos cumple este requisito.

La citada norma establece que las obligaciones fijadas en su Capítulo II, entre ellas publicar “las retribuciones percibidas anualmente por sus altos cargos y máximos responsables”, así como “las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo” (artículo 8.1.f) son de aplicación a “los partidos políticos” (artículo 3). 

Y deben cumplirse mediante su publicación “en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización” (artículo 5.4). Además, la ley establece que “toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos” (artículo 5.5).

Lo cierto es que ninguno de los partidos cumple esta obligación en sus páginas web. infoLibre se ha dirigido a las formaciones con seis o más diputados en el Congreso para pedirles que hagan público el salario y la identidad de los dirigentes de cada uno de ellos que en estos momentos estén cobrando un sueldo de la organización, pero sólo tres respondieron a todas las preguntas (PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida) y Podemos lo hizo de manera parcial. Los demás, PP, Vox, Esquerra y PNV, no respondieron a las preguntas de este diario, a pesar de que la información solicitada debería estar libremente a disposición de los ciudadanos.

La formación presidida por Inés Arrimadas respondió que ninguno de sus dirigentes cobra un salario del partido. El PSOE, por su parte, asegura que sólo tres miembros de su Ejecutiva Federal cobran en estos momentos un salario. Se trata de los responsables de las áreas de LGTBi (Víctor Gutiérrez), Estrategia y Acción Electoral (Javier Izquierdo), y Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública (Llanos Castellanos). El primero cobra un salario anual bruto de 80.731,14 euros que en el caso de sus dos compañeros alcanza los 107.817,24 euros.

En ambos casos no significa que los demás dirigentes no cobren nada sino que, de acuerdo con la información facilitada a infoLibre por ambos partidos, se trata de cargos que ya cobran un salario público en razón de su posición en las instituciones, bien porque están en el Gobierno —es el caso de Pedro Sánchez, cuya nómina es la que tiene como presidente—, bien porque son diputados o concejales.

Izquierda Unida, que en las elecciones de 2019 se presentó en coalición con Podemos, confirma que ninguno de sus dirigentes cobra un sueldo de la organización si está recibiendo otro por su desempeño en un cargo público. ¿Qué pasa con el resto? Varios de ellos sí cobran salario. Se trata de los responsables de Organización (Ismael González), Estrategia y Elaboración Política (Ángel de la Cruz) , Comunicación (Alejo Sanz), Afiliación, Afiliación (Dolores Sánchez), Redes Sociales (Miguel Ángel López Corregidor) y Organización y Finanzas (Carlos García). IU no ha facilitado el salario bruto anual que reciben pero sí ha precisado que su sueldo neto es de 2.110,88 euros mensuales.

Podemos, la organización que dirige la vicepresidenta de Derechos Sociales, Ione Belarra, respondió parcialmente a la petición de información que le trasladó infoLibre. Los morados reconocen que “al menos” cobran de Podemos dos miembros de su dirección, Pau Vivas, secretario de Círculos, y Álex Zapico, secretario de Sociedad Civil. Sin embargo, a pesar de la insistencia de este diario, Podemos no reveló si la lista es más amplia, quiénes la forman y, sobre todo, cuánto cobra cada uno de ellos.

El resto de los partidos con seis o más escaños en el Congreso de los Diputados no han atendido la petición de este diario para dar a conocer si alguno de sus dirigentes cobra un sueldo de partido y cuál es la cuantía, dos datos que están obligados a publicar por la vigente Ley de Transparencia. Se trata del Partido Popular, Vox, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y PNV.

El caso de Esquerra es peculiar. En su portal de transparencia sí han dejado constancia de que en 2016 —hace seis años que no actualizan esta información— las retribuciones del personal de alta dirección y de su ejecutiva alcanzaron los 167.115,98 euros, lo que supone “una retribución media de 23.873,71 euros”. Los republicanos, sin embargo, no precisan ni las identidades de los que cobran ni la retribución anual separada de cada uno de ellos.

El PP se niega a confirmar si paga un sueldo a Alberto Núñez Feijóo complementario al que el presidente del partido ya cobra como senador. Tampoco han querido aclarar si le están abonando los gastos de su vivienda en el barrio madrileño de El Viso, una de las zonas más caras de la capital, a la que se mudó cuando relevó a Pablo Casado como jefe de la oposición.

El preámbulo de la Ley de Transparencia, que fue aprobada en 2013 con el respaldo del PP, que entonces tenía mayoría absoluta, y el apoyo con reparos de CiU y PNV —PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Amaiur, ERC y Compromís-Equo se opusieron por considerarla insuficiente—, justifica la difusión de estos datos porque de ese modo se hace posible “una mejor fiscalización de la actividad pública” y “se contribuye a la necesaria regeneración democrática”.