La financiación de Vox

La ocultación de datos por parte de Vox impide saber si las donaciones iraníes fueron legales

El presidente de Vox, Santiago Abascal.

La opacidad de Vox impide conocer si el partido de extrema derecha se financió legalmente en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. El Tribunal de Cuentas desmintió haber fiscalizado y declarado “legales” las donaciones recibidas por Vox de seguidores del denominado Consejo Nacional de Resistencia Iraní (CNRI), con las que se habría pagado hasta el 80% de la campaña electoral. Y la formación presidida por Santiago Abascal también rechaza facilitar información a los medios de comunicación que se han interesado por aclarar el tema. Así lo indicó uno de los periodistas de El País que publicó informaciones sobre la financiación de Vox y el mismo resultado negativo han obtenido las peticiones de información planteadas por infoLibre. Entres otras cuestiones, este periódico trasladó a los responsables de Vox una pregunta sobre el periodo en el que recibió las aportaciones de los iraníes, un dato que es fundamental para dilucidar si Vox incurrió en una ilegalidad en aquellos comicios, en los que el expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras se presentó como cabeza de lista. Abascal era el secretario general del partido.

En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, el partido recurrió para financiarse al conocido como micromecenazgo. Gracias a este mecanismo, consiguió ingresar alrededor de 800.000 euros a través de 146 donaciones procedentes de una quincena de países distintos –Alemania, Italia, Suiza, EEUU o Canadá, entre otros–, aportaciones que realizaron seguidores del CNRI, un colectivo heredero de una organización que en su momento fue incluida en varias listas de grupos terroristas. Aunque desde Vox dicen estar “absolutamente tranquilos”, el resto de formaciones han pedido que aclare las cuestiones surgidas en torno a estos donativos. Este martes, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha instado a Vox a resolver “todas las dudas”. Mientras tanto, el PP está estudiando llevar a la formación ultraderechista a la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado.

¿Son legales las donaciones de personas extranjeras?

La Ley de Financiación de Partidos Políticos, aunque prohíbe expresamente aceptar cualquier aportación procedente “de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras”, sí que permite a las formaciones, en su artículo 7.1, recibir “donaciones no finalistas" –es decir, que no tengan un fin concreto– de personas extranjeras. No obstante, tales aportaciones tienen que respetar ciertos límites, requisitos y condiciones. En la actualidad, las donaciones procedentes de un mismo individuo no pueden superar los 50.000 euros anuales, y todas aquellas superiores a 25.000 euros deberán ser notificadas obligatoriamente al Tribunal de Cuentas “en el plazo de tres meses desde su aceptación”; en 2014, esos límites cuantitativos se situaban en 100.000 y 50.000 euros, respectivamente. Además, tendrán que ser nominativas, es decir, deben estar perfectamente identificadas por los partidos dejando constancia de “la fecha de imposición, importe de la misma y del nombre e identificación fiscal del donante”.

De cara a un proceso electoral, sin embargo, la cosa cambia. El artículo 128 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), además de prohibir tajantemente la aportación a las cuentas electorales de fondos provenientes de cualquier Administración, organismo autónomo o empresa del sector público, entre otros, tampoco permite aquellos “procedentes de entidades o personas extranjeras, excepto los otorgados en el Presupuesto de los órganos de las Comunidades Europeas para la financiación de las elecciones al Parlamento Europeo”. Sin embargo, según aclaró la Junta Electoral Central en un acuerdo del 10 de octubre de 2013, dicho artículo 128.2 de la Loreg “no resulta aplicable a las aportaciones de fondos que puedan realizarse fuera del periodo electoral”. Es decir, que la prohibición sólo rige durante los 54 días que separan la convocatoria de elecciones y la cita con las urnas.

Falta de transparencia

Teniendo en cuenta que el decreto de convocatoria de los comicios se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 31 de marzo de 2014, y que las elecciones fueron el 25 de mayo, cualquier aportación procedente del extranjero que Vox hubiera recibido en ese marco temporal habría sido irregular. Vidal-Quadras, que mantiene una relación estrecha con los opositores iraníes desde 1999, aseguró este lunes en declaraciones a eldiario.es que no percibió ni un solo euro de los seguidores del CNRI cuando los comicios ya estaban convocados. “Si lo hubiera hecho habría contravenido la ley y yo siempre cumplo con la ley”, apuntó el también exvicepresidente del Parlamento Europeo, que aseveró que todo se respetó “escrupulosamente”. Pero el partido se niega a aportar dato alguno al respecto.

Tanto la Junta Electoral Central (JEC) como las Provinciales son las encargadas, en cualquier proceso electoral, de velar por el cumplimiento de las normas, pudiendo pedir la colaboración del Tribunal de Cuentas. Para desarrollar su función fiscalizadora, según la Loreg, “podrán recabar en todo momento de las entidades bancarias y de las cajas de ahorro el estado de las cuentas electorales, números e identidad de los impositores”, así como solicitar a los administradores electorales “las informaciones contables que consideren necesarias”. Sin embargo, fuentes de la JEC consultadas por infoLibre explican que a día de hoy, cinco años después de las europeas, no pueden hacer nada. “Una vez transcurrido el plazo que va desde la convocatoria hasta los cien días siguientes a la celebración de las elecciones, la Junta Electoral ya no tiene ninguna competencia, por lo que no puede hacer absolutamente nada en relación con el tema”, explican.

El Tribunal de Cuentas desmiente a Vox

En las últimas horas, varios dirigentes del partido de extrema derecha reconocieron las aportaciones de seguidores del CNRI en aquellos comicios, aunque asegurando que el Tribunal de Cuentas había afirmado que eran “legales”. “Cuando Santiago Abascal asumió el partido, vimos que una parte de la financiación de la campaña europea (…) había recibido donativos provenientes del exterior. Nosotros, inmediatamente, presentamos las cuentas, toda la documentación que teníamos, al Tribunal de Cuentas pidiéndole que las analizase. La respuesta fue clara y contundente: todos los donativos habían sido legales, totalmente transparentes”, afirmó el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Unos segundos después, volvió a insistir: “Como desconocíamos si eso tenía o no alguna irregularidad, lo presentamos al Tribunal de Cuentas, que dijo que era perfectamente legal”.

El órgano encargado de fiscalizar a los partidos, sin embargo, negó la mayor. Fuentes de la institución explicaron a este diario que, según el artículo 133.1 de la Loreg, sólo tienen obligación de presentar la contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas las formaciones que hubieran alcanzado los requisitos establecidos para recibir subvenciones electorales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas. Con la normativa sobre la mesa, desde el órgano apuntan que en los comicios europeos de 2014 la formación “no obtuvo representación alguna y, por tanto, no estaba obligada a la presentación de la correspondiente contabilidad electoral para su fiscalización”. “No consta en el Registro del Tribunal de Cuentas entrada alguna que tuviera por remitente o asunto la formación Vox en el año 2014, en relación con las citadas elecciones”, sentenciaron.

El partido liderado por Abascal tampoco presentó ante la institución auditora su contabilidad anual de 2014. De nuevo, no tenían obligación de hacerlo. La Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos establecía que sólo debían presentar sus cuentas anuales ante el órgano fiscalizador todas aquellas formaciones que “recibieran algún tipo de subvención pública” de las previstas en la citada norma –es decir, las que reciben los partidos en función de su representación parlamentaria–. Tras la entrada en vigor de la reforma del año 2015, dicha obligación de depositar su contabilidad se extendió a todas las formaciones inscritas en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. “Por consiguiente, (…) el primer ejercicio en el que la formación Vox ha presentado las cuentas anuales a esta institución ha sido el ejercicio de 2016”, señalaron fuentes del Tribunal de Cuentas.

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