La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal está completamente de acuerdo con el final de la instrucción de la operación Kitchen, la pieza 7 del caso Tándem. Seguir investigando le supondría continuar imputada y quizá, dar más explicaciones sobre sus reuniones con el comisario José Manuel Villarejo. Esos encuentros son definidos por la exdirigente conservadora, en el escrito en el que se opone a la reapertura de diligencias, como citas "de carácter social" en las que "comentaron cuestiones de la actualidad política y judicial del momento, también alguna noticia de prensa". Sin embargo, tanto lo que ella misma declaró ante el juez como las grabaciones difundidas por Moncloa.com del primer encuentro entre el expolicía y la ex número dos del PP discrepan de lo que se suele considerar una reunión social.

Por un lado, la propia Cospedal dijo ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, cuando declaró como investigada, que accedió a recibir a Villarejo en el verano de 2009 porque temía que el partido, entonces en la oposición, estuviera siendo espiado por el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba. En los audios publicados sobre la reunión que mantuvieron en la sede del PP de la calle Génova se revela el interés de la ex secretaria general del PP en conocer el papel de su compañero de partido Javier Arenas en la Fundación de Estudios Europeos, asunto sobre el que su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, encargó al comisario jubilado un "dossier pagado", tal y como se evidencia en otra grabación.

En un momento dado de la conversación entre Cospedal, López del Hierro y Villarejo, éste pide discreción al matrimonio sobre el asunto, algo en lo que está de acuerdo la exsecretaria general: "No puede trascender", dijo la exdirigente conservadora, cirunstancia que tampoco parece ajustarse a ese "carácter social" del que habla en su escrito entregado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso infoLibre. El marido de Cospedal, que también estuvo, como ella, imputado menos de dos meses por la operación Kitchen, ha entregado su propio escrito pero adhiriéndose al de su mujer, que tiene 46 páginas, y apuntando únicamente que él nunca ha sido militante del PP y mucho menos dirigente.

Según Cospedal, después de ese primer encuentro con Villarejo en julio de 2009 hubo otras "tres o cuatro" reuniones. Su exjefe de gabinete José Luis Ortiz recordaba que fueron más y elevó la cifra de los encuentros a entre "ocho y diez". En cualquier caso, unas citas que también distan bastante de lo que suele ser un encuentro social: el comisario jubilado esperaba en una calle cercana a la sede del PP, un coche oficial con las lunas tintadas iba a buscarle y el vehículo entraba en Génova por el garaje, esto es, sin pasar por el control de seguridad de la entrada.

La ex secretaria general aceptó reunirse con Villarejo, según dijo ella misma, por la gran red de contactos que tendría el comisario, pero si bien le pareció importante en 2009 que él le facilitara información, ahora en su escrito pone en duda la credibilidad del expolicía, afirmando que sus declaraciones judiciales tienen "cero" valor probatorio.

Insiste en la trama policial para que se descarte al PP

Por otra parte, la ex número dos del PP expone en su escrito que no tiene dudas de que las pesquisas en torno a la supuesta trama política, es decir, las que llevaron a apuntar que el cerebro de la operación Kitchen estaría en el partido conservador, están "agotadas" sin "indicios sólidos", lo que conduciría a la conclusión de que sólo fue una "operación policial", como ya dijo en su declaración judicial, en la que limitó el operativo a una actuación policial cuya responsabilidad, en todo caso, sólo se podría atribuir al Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, cree que el magistrado debe seguir investigando la llamada "conexión política", que habría dado la cobertura necesaria para que Interior y la cúpula policial pudieran poner en marcha la operación. En este paraguas político, los fiscales incluyen a Cospedal y apuntan también al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y consideran que aún hay hilos de los que tirar para investigar.

A la ex secretaria general le parece bien la "línea roja", en palabras de Anticorrupción, que habría puesto el juez García Castellón para seguir indagando en una posible implicación de dirigentes del PP. Por eso, considera improcedente la petición del Ministerio Público de investigar los cinco números de teléfono que Villarejo aportó a la causa asegurando que a través de ellos mantenía a Rajoy al corriente de Kitchen. Aquí, vuelve a cuestionar la credibilidad del comisario jubilado: "Sabido es que la declaración incriminatoria de un imputado por sí sola no puede constituir prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia", sino que debe ser corroborada por "datos objetivos".

Día intenso de archivos para el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejocaso Villarejo. Por un lado, ha cerrado la pieza 7, la de la operación Kitchen, en un auto en el que sobresee las actuaciones contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, rechaza numerosas diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para seguir indagando o de otras partes solicitando una prórroga y ha desdeñado en unos pocos párrafos una posible pista a seguir para una citación del expresidente Mariano Rajoy, limitando la trama a un operativo parapolicial orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Por otra parte, ha archivado la imputación contra Repsol, CaixaBank y sus presidentes por los encargos de espionaje al comisario José Manuel Villarejo, tan sólo dos días después de tomar declaración a las empresas. Y todo en unas pocas horas. Los dos autos se pueden recurrir ante el propio juez o ante la Sala de lo Penal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 cree que ya no hay más hilos de los que tirar en la operación Kitchen. Las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos, así como la familia de Luis Bárcenas –los perjudicados en la causa– y algunos de los investigados solicitaron una prórroga de seis meses en la instrucción. El Ministerio Público, además, interesó numerosas diligencias que incluían nuevas imputaciones –como la del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó–, pruebas periciales y citar de nuevo a algunos investigados. El magistrado lo desestima todo y lanza un duro mensaje: “La actividad instructora no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario”.

En resumen, el instructor considera indiciariamente acreditado que la trama de espionaje a Bárcenas y su entorno que se puso en marcha en 2013 para hacerse con documentación sensible para el PP que éste se habría llevado tras ser despedido "se habría ideado en el marco institucional del Ministerio del Interior, siguiendo órdenes del ministro y bajo el control de Francisco Martínez". El ex secretario de Estado, "contó con la ayuda" del entonces director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y otros mandos, que habrían encargado el desarrollo del operativo a Villarejo, quien contó con la participación del exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. Para la "ejecución" de la operación, Villarejo se habría servido también de otro policía, Andrés Gómez Gordo –muy cercano a Cospedal– para captar al chófer del extesorero, Sergio Ríos.

La "misión" estaba "encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en el poder de Bárcenas con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo " en la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PP. Es decir, se trataba de sustraer pruebas para dinamitar la causa judicial que afectaba directamente al partido conservador. Todo ello, financiado con fondos reservados, esto es, dinero público, sin control ninguno. No obstante, la instrucción no ha podido cuantificar cuánto de ese dinero se utilizó para el operativo; el juez sólo habla de los 2.000 euros al mes, más gastos, que llegó a percibir Sergio Ríos durante dos años y los 700 euros que costó la pistola que le compró García Castaño, aunque también menciona otros gastos que percibieron algunos de los comisarios implicados. Tampoco quiere seguir indagando en este asunto y buscar a otros supuestos confidentes captados por la trama parapolicial, como el preso de la cárcel de Soto del Real con el que habría contactado Bárcenas para destruir unos archivos que podrían comprometer a Mariano Rajoy.

La implicación de Cospedal, una "inferencia voluntarista"

En total, García Castellón propone juzgar a once personas: la cúpula de Interior, ocho altos mandos policiales y el exconductor de la familia de Bárcenas por hecho constitutivos de los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación de fondos públicos. Ni dos meses les ha durado la imputación a Cospedal y su marido, que declararon hace sólo un mes en la Audiencia Nacional. Para archivar las actuaciones para ellos, el magistrado argumenta que achacarles una participación intelectual en la trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas no deja de ser “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”. Llega a decir que el hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo, las veces que fueran, "no presupone la existencia de infracción penal alguna" y que ni el comisario jubilado ni nadie que se hubiera reunido con él "debe responder penalmente por ello, en la medida que supone ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión".

Y considera que los audios que se publicaron en moncloa.com del primer encuentro entre el comisario y la ex número dos del PP en el despacho de ésta –aparte de mencionar que su origen es desconocido y su fiabilidad, "dudosa", además de ser sólo un fragmento– "no permiten inferir la intención señalada por el fiscal" cuando solicitó su imputación en septiembre de 2020 –en aquella ocasión, denegada por el magistrado–.

Sobre todas las diligencias nuevas que pedía el Ministerio Público, García Castellón las califica de "inútiles", en algunos casos, "impertinentes" e incluso recuerda que no se permiten "investigaciones prospectivas". Para él, la X de la Kitchen está claraKitchen, y fueron el exministro Fernández Díaz –"vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha"– y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez –con una "activa y continua intervención" que "evidenciaría, presuntamente, órdenes concretas de atender de forma prioritaria a esta cuestión"–, para lo cual se valieron de la cúpula policial en el primer gobierno de Mariano Rajoy. Y eso que hace sólo unos meses preguntaba a Ríos, durante una de sus declaraciones, si no creía que "todo esto" se había "montado desde el partido, no desde el ministerio".

Continuos reproches a Fiscalía

Una de esas diligencias que proponían los fiscales era investigar qué pasó con la información robada a Bárcenas, pero García Castellón lo ve "innecesario", a pesar de que concluye que la trama parapolicial tuvo éxito y robó efectivamente esa documentación que el extesorero guardaba en un estudio de restauración de su mujer y que, según él, contenía datos sobre la financiación ilegal del PP. "Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo", ha contestado.

Otro planteamiento de Anticorrupción era indagar en los teléfonos móviles que, según Villarejo, utilizó para mensajearse con el que fuera presidente del Gobierno durante varios meses en el punto álgido de la operación par informarle de los avances. El juez no le da ningún crédito y para eso presume de su dilatada experiencia como instructor: "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro. Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades".

No ahorra el magistrado en reproches a la Fiscalía. En su opinión, es "preocupante es que se pretenda dar importancia a esta clase de cuestiones tres años después de empezar el procedimiento y cuando ya se ha alzado todo el secreto de la pieza", de ahí que haga una "valoración sosegada", pues asegura que "no atiende a ningún interés de parte, sino que, desde un juicio ponderado de pertinencia, utilidad y necesidad, depura el procedimiento, separando lo relevante de aquello que ni aporta ni añade".

Para empezar, que el número al que el comisario supuestamente enviaba los mensajes "hubiera sido titularidad de un partido político nacional no aporta nada relevante, pues no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas, ni mucho menos para quien se dedicaba profesionalmente a una actividad como la que desempeñaba Villarejo". Sobre los tres números que el expolicía asegura que utilizó para informar, el juez afirma que sólo sobre uno "existen indicios objetivos" de que el comisario era usuario por un terminal que se encontró en el registro de su domicilio, pero la Unidad de Asuntos Internos ya investigó ese teléfono en otro procedimiento judicial de 2014 y no hubo "conexión alguna" con el supuesto número de Rajoy. Y aparte de todo esto, subraya que las compañías telefónicas tiene la obligación de conservar los datos de las comunicaciones electrónicas durante doce mese y los hechos de Kitchen empezaron hace nueve años. 

Repsol y CaixaBank, sólo tres semanas imputadas

Sólo un rato después de acordar el cierre de la pieza 7 del caso Villarejo, el mismo juez ha dictado un auto en el que sobresee las actuaciones para cuatro protagonistas de la pieza 21, la que investiga el proyecto Wine, el encargo que Repsol y CaixaBank habrían hecho al comisario para frustrar el asalto de Sacyr a la petroleraproyecto Wine a través de la empresa mexicana Pemex. No se ha archivado la instrucción para cualquiera, sino que García Castellón lo ha hecho para las propias compañías, que estaban imputadas como personas jurídicas desde hace tres semanas, y para sus presidentes Antonio Brufau e Isidro Fainé.

Como en el caso de la operación Kitchen, el magistrado ha tomado esta decisión sin consultar a Fiscalía Anticorrupción y a pesar de los duros autos en los que muy recientemente imputó a los cuatro: en abril, citó como investigados a Brufau y Fainé por un delito de cohecho al considerar que la reacción frente a Sacyr fue "promovida por los dos presidentes", mientras que el 8 de julio dio el mismo paso con Repsol y CaixaBank por cohecho y revelación de secretos razonando que la contratación a Cenyt, la empresa de Villarejo, se hizo en nombre y beneficio de ambas compañías.

Ahora, tras escuchar a todos, presidentes y representantes de las empresas, el juez sorprende con una decisión en la que se corrige de palmo a palmo. Respecto a Fainé y Brufau, dice que "no consta en la causa, más allá de las declaraciones prestadas, documento o grabación que acredite, al menos indiciariamente, la participación de ambos en la contratación de Cenyt", y que el encargo no recaía en el ámbito de su control. Descarga, así, toda la responsabilidad en los que fueran jefes de seguridad de las compañías, expolicías que habían sido compañeros de Villarejo y que habrían sido su puerta de entrada a este servicio.

Pero a lo que el instructor ha dado especial valor es a lo expuesto por los representantes legales de la petrolera y el banco y a la documentación que han aportado las empresas para acreditar que existía una política de control. Así, entiende que "ambas mercantiles tenían implantado, al tiempo de producirse los hechos objetos de la presente pieza separada, un sistema de prevención y cumplimiento eficaz", sin que las acusaciones hayan logrado probar lo contrario. Y eso que en el auto de imputación les reprochaba duramente que hubiesen faltado a la "diligencia debida" para comprobar que Villarejo seguía siendo policía en activo y que su empresa de detectives no tenía licencia para realizar labores de seguridad privada. Lo llegó a calificar de "negligencia".

"CaixaBank y Repsol contaban con medidas adecuadas para evitar la comisión de los delitos investigados dentro de su actividad, con un plan de cumplimiento normativo y una cultura de cumplimiento implantados en la entidad en el momento de los hechos", asegura ahora García Castellón, que remarca que esos sistemas de cumplimiento no pueden medirse desde la exigencia de una "eficacia absoluta", sino desde la "capacidad del ente corporativo de prevenir, y en su caso, reaccionar de forma eficaz frente a la comisión del delito". En su opinión, "resulta suficiente (...) que se pueda constatar que existía una cultura de cumplimiento normativo debidamente instaurada" y con "rasgos evidentes de eficacia", y por eso desimputa a las empresas, aunque no descarta que puedan responder como responsables civiles subsidiarios respecto de los delitos imputados a las personas físicas.

De Repsol, por ejemplo, señala que "para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de cohecho, contaría con 72 controles y para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, 69 controles". Pero la investigación de la Audiencia Nacional ha permitido acreditar que sí hubo cohecho y revelación de secretos y que Villarejo habría recibido por el encargo 413.600 euros que sufragaron tanto Repsol como CaixaBank.

La investigación sobre la operación Kitchen, la trama de espionaje parapolicial puesta en marcha en 2013 para hacerse con documentación sensible que se habría llevado Luis Bárcenas del PP cuando fue despedido, está sacando a la luz hechos anteriores y posteriores cuyas piezas empiezan a encajar si se miran en conjunto, para lo cual es necesario tirar de hemeroteca. La ex secretaria general del partido conservador María Dolores de Cospedal declaró este martes en la Audiencia Nacional que se reunió por primera vez con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en julio de 2009 en su despacho de la sede de la calle Génova de Madrid porque, entre otras cosas, le preocupaban las filtraciones del caso Gürtel a la prensa y temía que la formación estaba siendo espiada desde el edificio de enfrente. Al mes siguiente, el 6 de agosto, la agencia EFE publicó una entrevista con la número dos de Mariano Rajoy en la que acusaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de espiar a dirigentes del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la Policía.

La grabación del encuentro que mantuvo Cospedal con Villarejo, auspiciado por el marido de la primera, el empresario Ignacio López del Hierro, se conoció en el otoño de 2018. Fue el motivo por el que la ex secretaria general del PP abandonó la política. Dejó su escaño en el Congreso y la ejecutiva del partido con reproches a sus compañeros por no defenderla y justificó su encuentro con el comisario jubilado alegando que sólo buscaba “una visión más clara de lo que estaba ocurriendo” en unos momentos en los que el PP se encontraba sacudido por las noticias que estaban apareciendo con respecto al caso Gürtel, que había estallado sólo unos meses antes.

El audio de la conversación entre Cospedal, López del Hierro y Villarejo fue publicado por moncloa.com y El Confidencial más o menos en las mismas fechas en que la Audiencia Nacional abría la pieza 7 del caso Tándem, la macrocausa que investiga las supuestas actividades ilegales del comisario jubilado. La instrucción partió de los efectos incautados a Villarejo en su vivienda tras ser detenido un año antes y ha llevado a confirmar indiciariamente una trama de espionaje al extesorero del PP supuestamente llevada a cabo por mandos policiales que ha acabado apuntando a la cúpula del Ministerio del Interior en 2013, con la imputación del exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, hasta centrar ahora las diligencias en el partido conservador como presunto origen de la operación.

Esta nueva línea de investigación ha llevado a la imputación de Cospedal y su marido, quienes aparecen citados en numerosos apuntes de los diarios de Villarejo intervenidos el otoño pasado. Estas anotaciones revelan la presunta estrategia que se habría puesto en marcha en el PP para, primero, "salvar al tesorero" cuando éste estaba imputado en 2012 en el caso Gürtel, y un año después para diseñar un "plan contra LB". El punto de inflexión entre una y otra maniobra, según reflejan los registros de los cuadernos, coincide con los acontecimientos que tuvieron lugar a partir de enero de 2013: la publicación de los llamados papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, donde queda reflejada la financiación ilegal del partido, y la posterior declaración del extesorero en la Audiencia Nacional en la que confesó la existencia de esa caja b.

Versiones calcadas

Cospedal y López del Hierro, a quienes se imputa delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, han contado al juez Manuel García Castellón exactamente la misma versión de por qué empezaron los contactos con Villarejo de la primera en 2009: la preocupación por las filtraciones en prensa de detalles de la investigación de la trama Gürtel y los numerosos contactos que el comisario tenía entre los periodistas y la amplia información que manejaba. Pero Cospedal también ha apuntado que en aquel año temía que el PP estuviera sufriendo espionajes. Unas semanas después del encuentro con Villarejo, la ex secretaria general concedió la entrevista en la que acusó directamente al Gobierno socialista de entonces de espiar al primer partido de la oposición.

En aquellas declaraciones, Cospedal aseguraba que a su partido le constaba que "desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios –del caso Gürtel– y a destacados dirigentes nacionales". La ex secretaria general ya había venido haciendo declaraciones en las que señalaba al Gobierno socialista de entonces de usar medios del Estado para perseguir a la oposición, pero en la entrevista llegó a decir que algunos dirigentes de su partido tenían los teléfonos "pinchados".

Hay otro hito histórico que rodea a esa primera reunión de Cospedal con Villarejo en julio de 2009. Un mes antes, a mediados de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) remitió la causa Gürtel al Tribunal Supremo, al que pidió que llamara a declarar como imputado al todavía tesorero nacional del PP Luis Bárcenas, que entonces también era senador y estaba aforado ante este órgano judicial, por un delito fiscal y otro de cohecho. El partido que entonces lideraba Mariano Rajoy respaldó a Bárcenas a pesar de que la investigación de la trama corrupta ya señalaba directamente al corazón de Génova. Un mes después de que esto ocurriera, Cospedal y Villarejo hablaron en el despacho de la primera de algunos de los implicados en la trama corrupta, entre ellos Bárcenas.

Entradas discretas en coche oficial

Lo que ha revelado la declaración de Cospedal de esta semana en la Audiencia Nacional es que la reunión de julio de 2009 no fue la única que mantuvo con Villarejo. Ella aseguró este martes que hubo otros tres o cuatro encuentros, todos en Génova salvo uno en una cafetería y en ninguno de ellos volvió a estar su marido. José Luis Ortiz, exjefe de gabinete de Cospedal, la ha corregido este miércoles: él calcula que fueron "entre ocho y diez" reuniones y que siempre fueron en la sede central del PP, adonde Villarejo accedía en un coche oficial por el garaje para no ser visto y que su visita no quedara registrada. López del Hierro ha confirmado este último extremo acerca de cómo accedía el comisario al edificio. El vehículo le iba a buscar a una cafetería cercana para lograr esa discreta entrada.

En todo caso, Cospedal y López del Hierro niegan haber hecho algún encargo al comisario y haberle pagado y niegan haber ordenado o haber tenido conocimiento de la operación Kitchen para espiar a Bárcenas. La ex secretaria general puso en duda en algún momento incluso que este operativo haya existido, a pesar de lo que ya ha revelado la investigación del caso. Ortiz, lo mismo: él sólo cumplía órdenes de su jefa y no sabe de qué se hablaba en las reuniones que ella mantuvo con Villarejo ni valoraba los mensajes que éste le pasaba para que se los hiciese llegar a la exdirigente conservadora, según han informado fuentes presentes en el interrogatorio.

José Luis Ortiz, exjefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, ha contradicho la versión de la ex secretaria general del PP y ha afirmado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que ella se reunió con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en entre ocho y diez ocasiones, no en tres o cuatro. Según han informado fuentes presentes en el interrogatorio, Ortiz, que ha declarado como imputado por la operación Kitchen, ha negado cualquier vinculación con este operativo y ha insistido en que él se limitaba a cumplir órdenes de la que era su jefa cuando hacía de intermediario con el expolicía.

El exjefe de gabinete ha contado que cuando Villarejo y Cospedal se iban a reunir, siempre en la sede central del PP en la calle Génova, iba a buscar al comisario a una cafetería cercana y le llevaba hasta el partido en un coche oficial para entrar por el garaje porque el expolicía no quería que le viesen entrando en el principal partido de la oposición. Esta misma versión la ha había dado primero el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, quien también está imputado. El empresario lo ha comentado y el exjefe de gabinete lo ha confirmado.

López del Hierro ha estado declarando durante aproximadamente una hora, mientras que Ortiz, sólo unos pocos minutos, según las fuentes consultadas. La imputación del exjefe de gabinete responde a que su nombre aparece en varias anotaciones de los cuadernos de Villarejo como persona que habría hecho de intermediario entre Cospedal y Villarejo. Su explicación es que se limitaba a cumplir órdenes y ha remarcado que nunca estuvo en ninguna de esas reuniones y que desconoce su contenido, cuánto duraban y si hubo encargos o pagos al comisario. "Yo nunca preguntaba para qué eran", ha subrayado.

Según Ortiz, la primera de las reuniones con Villarejo fue poco después de que Cospedal llegara a la Secretaría General del partido. Ha contado que era "habitual" que entrara por el garaje porque así lo hacían también otras personas, aunque no ha puesto ningún ejemplo de quiénes. Ha sido el juez García Castellón quien le ha preguntado si fueron unas cuatro reuniones las que mantuvieron su entonces jefa y el comisario jubilado, a lo que Ortiz ha replicado que "fueron más", entre ocho y diez, según ha calculado.

Era siempre Villarejo el que solicitaba los encuentros con la ex secretaria general y él se lo transmitía a ella. Otras veces, simplemente le comunicaba algún mensaje para que Ortiz se lo trasladara, pero ha remarcado que no valoraba el contenido. Eso sí, tampoco ha descartado que alguna vez fuera Cospedal la que le ordenara que concertara una reunión con el expolicía, pero no lo ha confirmado al cien por cien. Puede ser, ha añadido, que fuera la entonces secretaria de Cospedal la que concertara las citas porque tenía "autonomía" para hacerlo, han indicado las fuentes consultadas.

Por su parte, López del Hierro ha reconocido que en la primera reunión que mantuvieron Cospedal y él con Villarejo, en 2009, le plantearon encargos "puntuales", pero ha especificado que lo hicieron por "cortesía" y que finalmente no hubo ni trabajos ni pagos. De él no podía salir algo así, ha comentado, porque no pertenece al PP y tampoco le consta que el partido le encomendara algún trabajo. El empresario ha admitido que mantenía una relación "personal" con el comisario jubilado, pero "ligera". Le conoció en los años noventa y con él hablaba en aquellos años del caso Gürtel porque en ese momento el tema estaba de plena actualidad, lo mismo que hoy haría con los indultos de los presos del procés. Según López del Hierro, Villarejo nunca le dijo que estaba en servicio activo en la Policía.

Como señaló su mujer en su declaración del martes, el empresario, que ha pedido varias veces que se le repitieran las preguntas por problemas de audición, ha dicho que la intención de reunirse con Villarejo siempre fue porque estaban preocupados por las filtraciones en prensa de la investigación del caso Gürtelcaso Gürtel y, más en concreto, por las informaciones que estaban apareciendo sobre la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. No le consta que el objetivo fuera conocer los pormenores de la investigación de esa macrocausa de corrupción. Y afirma que no es cierto que el comisario le advirtiese de que iba a estallar el caso justo unos días antes de que ocurriera.

Tanto López del Hierro como Ortiz han negado haber tenido conocimiento de la operación Kitchen y han negado conocer a Andrés Gómez Gordo, otro comisario imputado en esta causa por haber captado como confidente al chófer de Luis Bárcenas, más allá de que fue jefe de seguridad de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha. El empresario ha rechazado que presentara a este policía y Villarejo, mientras que Ortiz ha explicado que mantenía reuniones semanales con Gómez Gordo sólo para coordinar la agenda de la secretaria general. Tampoco saben nada del fichaje del conductor del extesorero.

Una hora y media es lo que ha durado la declaración de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como imputada en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen. Ha negado cualquier tipo de conocimiento sobre el operativo parapolicial diseñado para espiar a Luis Bárcenas e incluso en alguna ocasión hasta ha puesto en duda que llegara a existir, se ha dedicado a atacar al extesorero cuestionando su credibilidad, ha defendido a su partido, del que fue la número dos durante diez años, y sólo ha admitido lo que no puede ocultar porque hay grabaciones que lo corroboran, y es que conocía al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La intención de Cospedal era ejercer de muro de contención entre la operación Kitchen y el PP. Entre un operativo ilegal financiado por fondos reservados y el partido, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ella misma. "No tiene nada que ver con el PP", ha dicho, según han informado a infoLibre distintas fuentes presentes en el interrogatorio. En todo caso, la exdirigente conservadora ha enmarcado la trama que se investiga en "labores policiales" y en ese ámbito cree que es donde hay que preguntar. Es más, ha llegado a afirmar que el PP no tenía ningún interés en lo que pudiera haberse llevado Bárcenas del partido tras ser despedido y cree que grabaciones que el extesorero dice haber tenido sobre Rajoy son "mentira".

Y cada vez que podía, sin ser interrumpida por el juez en ningún momento a pesar de que no tenía que ver con el procedimiento, Cospedal volvía a cuestionar la instrucción del caso Gürtel, la existencia de la caja b del PP a pesar de que ya hay dos sentencias judiciales que la dan por probada –incluido el Tribunal Supremo– caso Gürtely se apresuraba a repetir la estrategia que ya mantuvo el partido hace pocos meses en el juicio por la reforma de la sede de Génova: que en todo caso los papeles de Bárcenas sobre la contabilidad opaca y los sobresueldos en negro son del tesorero, nunca del PP. No en vano, el abogado de Cospedal, Jesús Santos, es el mismo que defendió a la formación conservadora en esa vista oral, en la que está acusada como responsable civil subsidiario.

Cospedal se ha mostrado contundente, se notaba que se había preparado bien esta declaración, dicen distintas fuentes consultadas, y no ha titubeado en ningún momento. Pero de Kitchen, más bien poco, o nada. Según las fuentes consultadas, en las preguntas más concretas que le han dirigido el juez o los fiscales anticorrupción –no ha querido contestar a acusaciones y defensas de otros imputados– sobre la operación, la ex secretaria general las despachaba asegurando que nunca supo nada e incluso ha llegado a mencionar que esta trama es otra "mentira" de Bárcenas. El PP, ha remarcado, es un partido de gente "honrada".

Es la versión de Cospedal, pero esta semana siguen los interrogatorios en la línea de investigación que acaba de abrir el juez Manuel García Castellón: la posible implicación del PP en la trama de espionaje. La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro desde septiembre del año pasado, cuando ya apuntó cuáles podían ser las dos patas de la operación Kitchen, el Ministerio del Interior y el partido conservador, pero entonces el magistrado decidió esperar y centrarse sólo en la primera. Ahora ha decidido apuntar al partido y la ronda de declaraciones continuará este miércoles con el marido de la ex secretaria general, el empresario Ignacio López del Hierro, y el exjefe de gabinete José Luis Ortiz, ambos supuestamente informados por Villarejo de los avances del operativo, según reflejan los cuadernos del comisario jubilado.

Rubalcaba, la excusa

Aunque los investigadores sitúan los inicios de la operación Kitchen en julio de 2013, el instructor se ha interesado por la relación Cospedal-Villarejo y qué alcance tenía, pues en el sumario consta la grabación de la conversación que ambos mantuvieron en 2009 en el despacho de la exdirigente del PP en la sede central del partido. Ella ha explicado que les presentó su marido y que vio motivos para reunirse con el expolicía por dos motivos fundamentalemente: porque López del Hierro le conocía hacía muchos años y le había contado que tenía mucha información y conocía a mucha gente, incluidos muchos periodistas y ella estaba preocupada por las filtracionesque estaban saliendo en prensa sobre el caso Gürtel; y porque temía que el partido estuviera siendo espiado después de oír al entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba decir en el Congreso a un diputado del PP que escuchaba y veía todo.

Sobre esto último, ha confirmado que se reunieron varias veces en su despacho de la sede central del PP –adonde entraba directamente desde el garaje–, en una ocasión en una cafetería y ha concedido que alguna charla pudo ser por teléfono. La primera vez, les acompañó López del Hierro; las siguientes estuvieron solos. Ha afirmado que nunca encomendó ningún trabajo a Villarejo y que nunca le pagó nada. En todo caso, algún "gasto" por una razón de "cortesía". No ha especificado más y los fiscales, que eran los que le estaban interrogando en ese momento, no han repreguntado para aclarar a qué se refería, tal y como remarcan las fuentes consultadas por este periódico.

¿Y de qué hablaba con Villarejo? Cospedal ha reiterado en diferentes ocasiones que solían comentar la actualidad, en esos momentos sacudida por el escándalo de Gürtel, de lo que se publicaba en prensa, de los "ataques" que, según ha dicho, sufrían ella y su marido en los medios. La ex secretaria general dice que el comisario jubilado no le dio nunca ninguna información privilegiada, ninguna noticia que ella no hubiese leído antes en la prensa. En su opinión, el expolicía presumía de saber muchas cosas, pero en general todo ya había sido publicado previamente. Todos los encuentros eran a iniciativa de Villarejo, de quien cree que tenía interés en conocerla por el cargo que ella ostentaba en el PP.

Del devenir del caso Gürtel, Cospedal ha explicado que tenía conocimiento por los abogados del PP, no por Villarejo, ya que el partido estaba personado en la causa. Y esto es lo que transmitía a su "superior", esto es, el expresidente Mariano Rajoy. Pero cuando le han preguntado por las anotaciones de los cuadernos del comisario que siembran la duda sobre supuestas maniobras para torpedear el caso –"Aviso de problemas con el último informe de Morocho"– ha dicho que no sabe nada. Según ella, se acaba de enterar de quién es Manuel Morocho, el inspector de la Policía al mando de Gürtely, al mismo tiempo, ha insistido varias veces en dejar claras sus sospechas sobre su investigacíón, censurando que a partir de 2013 se centrara más en el PP y la caja b que en identificar el origen de la fortuna de Bárcenas en Suiza.

No se le ha preguntado a Cospedal cómo conoció al que era su comisario de confianza, Andrés Gómez Gordo, también imputado en la operación Kitchen por ser uno de los policías que captó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente. Ni por qué creó un puesto para él como jefe de seguridad en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Sobre él, la ex secretaria general del PP ha dicho que despachaban muy poco y que Gómez Gordo se relacionaba más con su jefe de gabinete a pesar de los puestos de responsabilidad que había ejercido para ella, según las fuentes presentes en el interrogatorio. Del chófer tampoco ha dado ningún dato, afirma que no le conoce de nada.

Villarejo amenaza a Rajoy

Con todas sus respuestas, Cospedal ha hecho una clara defensa de su actuación como número dos del PP y ha tratado de acabar con las sospechas sobre que el espionaje a Bárcenas y las maniobras para hacer fracasar la investigación de Gürtel empezaron en el partido. Pero justo esta semana, el comisario jubilado Villarejo ha presentado un escrito en el juzgado avanzando la que será su declaración del próximo viernes: según recalca, le dieron dos teléfonos de contacto con Mariano Rajoy para que pudiera tener una "interlocución directa" con él y así evitar posible discrepancias entre lo que le llegaba a través de la cadena de mando y lo que él como agente de inteligencia transmitía. El expolicía subraya que esa línea directa con Rajoy era para evitar lo que ocurrió en la operación Cataluña, cuando surgió "más de una discrepancia" entre lo que él aportaba y lo que realmente le llegaba al presidente.

Es la misma idea que ya adelantó Villarejo en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso. Ahora dice que "una vez en libertad, ha podido localizar uno de los dos números de teléfono", que "es el 650XXX710 (se ha procedido a ocular esos tres dígitos), sin haber podido encontrar el segundo, que cree podría recordar si tuviera un total acceso y sin restricciones a sus diarios personales incautados".

Otros interlocutores que identifica son el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, además del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino –los tres imputados– y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Como "interlocutores paralelos" cita a la Presidencia, a María Dolores de Cospedal y "colateralmente" a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría "por otros contactos".

"En Kitchen había interés del PP por lo que le concernía como partido del Gobierno, pero también razones de Estado, en función de localizar y en la medida de lo posible neutralizar lo que afectaba a sus más altas Instituciones", subraya Villarejo. Según su versión, fue el entonces director general de la Policía Ignacio Cosidó quien le comunicó que dejara todos los temas que estuviera haciendo "por un asunto muy urgente" y que el propio Rajoy tenía interés personal.

La que empieza puede ser la semana definitiva para la investigación de la operación Kitchen. De lo que digan los seis imputados que están citados a declarar entre el lunes y el jueves puede depender el futuro de la causa: más diligencias o cierre para enviarla a juicio. Los más destacados, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, pero de su testimonio puede no extraerse ninguna novedad sustancial para la instrucción.

Sin embargo, el juez Manuel García Castellón tiene un intenso calendario de declaraciones que incluyen otros nombres como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal investigado y autor de las trece agendas que, entre otras cosas, han llevado a la exdirigente conservadora a la imputación, y el ex jefe de gabinete de ésta José Luis Ortiz, quien aparece citado en multitud de ocasiones en esos cuadernos como posible enlace entre el operativo parapolicial que espió a Luis Bárcenas y Cospedal. También el excomisario José Luis Olivera, socio de Villarejo y protagonista de supuestas maniobras para dinamitar las investigaciones judiciales que cercaban al PP en el caso Gürtel y la caja b.

Y es que la pieza 7 del caso Villarejo sobre la operación Kitchen ha desbordado las tesis iniciales de los investigadores y lo que empezó como un plan parapolicial dirigido por altos mandos policiales para seguir a Bárcenas y robar información que se hubiese podido llevar del PP tras ser despedido ha acabado convirtiéndose en una trama que abarca varios años y que apunta a altas instancias del Ministerio del Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy y, ahora, a la alta dirección del partido conservador en esos años. La conspiración habría ido desde tener controlado al extesorero a través de la captación de su chófer, el robo de documentación sensible sobre la financiación ilegal del PP, presiones para apartar al principal investigador de Gürtel y caja b y la estrategia común con Bárcenas para "salvarle" antes de que la confianza se viniera abajo en 2013. El sumario también ha revelado que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en los primeros años en los que Bárcenas estuvo en prisión preventiva para seguir el rastro de una supuesta grabación que comprometía a Rajoy y Arenas en la investigación de la financiación ilegal.

La imputación de Cospedal y el levantamiento del secreto de sumario de la investigación ha puesto en el centro de la diana al PP como posible origen de toda esta estrategia. La intervención de la cúpula del Ministerio del Interior ya había sido confirmada por los investigadores y por eso están imputados el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Faltaba la conexión del PP, que es lo que ahora centra la instrucción. Así lo reflexionaba ya el juez el pasado noviembre, cuando tomó declaración en secreto al que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Rios, uno de los confidentes de la operación Kitchen y después de que éste le contara cómo fue contratado para ser conductor del extesorero y su posterior captación por varios comisarios de la Policía para que les informara sobre movimientos, conversaciones, documentación y encuentros del extesorero: "De ser así, está claro que se monta el asunto desde el partido, no desde el Ministerio del Interior", le dijo García Castellón. "Las casualidades no existen", replicó Ríos.

Villarejo tiene anotaciones que llevan a pensar en un posible conocimiento de Mariano Rajoy y él mismo ha asegurado en la comisión de investigación del Congreso que informaba puntualmente, vía mensajes de móvil, de las novedades al entonces presidente. También dijo que Soraya Sáenz de Santamaría habría estado al tanto a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De momento, nadie más les ha señalado, así que su futuro judicial aún está por ver.

Los cuadernos en los que todo "encaja"

Las declaraciones de imputados en la pieza 7 del caso Villarejo ya apuntaban a un posible conocimiento u organización desde el PP. Pero han sido los trece cuadernos incautados el pasado otoño al comisario jubilado lo que han terminado por apuntalar la imputación de Cospedal, López del Hierro y Ortiz y explorar otras líneas de una investigación que se hace cada vez más grande. La exdirigente del PP y su marido no pueden ocultar que conocían a Villarejo, pues hay grabaciones y apuntes que el expolicía iba haciendo de encuentros o conversaciones que, viéndolos con la perspectiva del tiempo, encajan a la perfección con la serie de acontecimientos que fueron teniendo lugar durante la investigación de Gürtel y la caja b. Otra cosa es que admitan alguna relación con la operación Kitchen, lo cual parece más improbable.

Como dijo el inspector de la UDEF Manuel Morocho, uno de los perjudicados de la trama, todo "encaja" porque todo lo que le pasaba a él, las "presiones" e intentos de sabotaje a la investigación que lideraba, "coincide con lo que aparece" en los cuadernos de Villarejo. Aunque el magistrado instructor sitúa el nacimiento de la Kitchen el 11 de julio de 2013, las revelaciones de Morocho amplían a cuatro años antes, tras el estallido del caso Gürtel, las maniobras que habrían desplegado sus superiores para tratar de salvar al PP en los tribunales, incluido el borrado de nombres de altos cargos del partido del primer informe policial sobre los papeles de Bárcenas, entre ellos Mariano Rajoy. Un "panorama desolador", en palabras de García Castellón.

El problema, a priori, es que el juez ha dejado fuera del auto de imputación de Cospedal y su marido las grabaciones que Villarejo hizo en el despacho de la ex secretaria general en la sede central del PP en el año 2009 y que fueron publicadas por moncloa.com y El Confidencial a finales de 2018. Es el mismo audio que llevó a Cospedal a abandonar su carrera política, ya que en aquella conversación hablaban de las causas de corrupción que afectaban al partido y de plantear al comisario encargos "puntuales". 

Lo que ha incluido García Castellón son las anotaciones que el expolicía hizo en 2012, cuando había un plan para "salvar al tesorero" en el caso Gürtel, y en 2013, cuando se puso en marcha el "plan contra LB" una vez se publicaron en la prensa los papeles de Bárcenas con la contabilidad opaca y los sobresueldos en negro a dirigentes del partido. La Fiscalía Anticorrupción sí quería introducir el audio de 2009, pero habrá que esperar al martes, cuando está citada la ex secretaria general, para saber si el magistrado permite a los fiscales preguntar por ese asunto o limita el interrogatorio al periodo incluido en el auto, esto es, la captación del chófer de Bárcenas como confidente.

"COSPE", "COSP" o "MD"

En sus apuntes, el comisario jubilado solía tomar nota de encuentros o conversaciones y al principio de cada línea registraba las siglas o el mote con el que conocía a la persona con la que había hablado para a continuación resumir en unas líneas lo que ésta le había comentado. Cospedal es "COSPE", "COSP" o "MD", mientras que su marido es "ILH". La ex secretaria general aparece nombrada muchas veces, aunque siempre por lo que le cuenta otro intermediario. Con López del Hierro, el comisario jubilado mantenía una relación de confianza más estrecha y, de hecho, el empresario habría sido quien puso en contacto a su mujer con el expolicía.

"Charla breve. MD agradeció aviso de BARC."; "Muy contento por los datos que le di para la COSPE", son algunas de las anotaciones que aparecen en los cuadernos de Villarejo y que llevan a pensar que Cospedal estaría enterada de la estrategia sobre Bárcenas. El primer apunte se habría hecho después de una conversación con López del Hierro, el segundo, tras hablar con Andrés Gómez Gordo, uno de los comisarios que fichó a Sergio Ríos como confidente –lo que ha sido confirmado por el propio conductor– y policía de confianza de la exdirigente del PP. Gómez Gordo, también imputado desde casi los inicios de la investigación, nunca ha señalado a su exjefa.

En el auto de imputación de Cospedal fue muy llamativa la citación también del ex jefe de gabinete José Luis Ortiz. Es una de las revelaciones de esos trece cuadernos de Villarejo por la cantidad de veces que aparece citado como "ORTI", según la conclusión a la que llegan los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Ortiz, que fue jefe de gabinete en el gobierno de Castilla-La Mancha y en el Ministerio de Defensa, habría sido el posible contacto entre los policías de la operación Kitchen y la exdirigente del PP: "Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC (Morocho)". ¿Qué dirá Ortiz sobre estos indicios? La respuesta, el próximo miércoles.

La última pieza en todo este engranaje de confabulaciones es el ex jefe de la UDEF José Luis Olivera. Su nombre no es nuevo para el juez García Castellón, los fiscales y los policías de Asuntos Internos, pues la multitud de audios y anotaciones incautadas a Villarejo le sitúan desde hace ya tiempo como un socio del comisario jubilado que habría sabido de sus actividades ilícitas antes de abandonar el Cuerpo. La declaración del inspector Morocho, su subordinado cuando estalló el caso Gürtel, en la que señaló a Olivera directamente como uno de los mandos que intentó apartarle de la investigación, unido a los indicios por los apuntes de Villarejo, llevaron al magistrado a citarle para este lunes.

Los trece cuadernos del comisario jubilado también arrojan nuevos indicios contra el ex secretario de Estado Francisco Martínez. "CHISCO. Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo"; "CHISCO. Problemática por posibles grabaciones de LB"; "CHISCO. Muy preocupado por datos CHEF"; "CHISCO. Muy mosca porque Cospe le dio gran bronca". Las explicaciones de Martínez sobre estas nuevas pruebas tendrán que esperar al 12 de julio, cuando ha sido citado de nuevo en la Audiencia Nacional.

–¿Ha sufrido intentos de apartarle de esta investigación o presiones?

–Sí. A varios de los que estamos aquí. Lo que se buscaba era generarnos tensión para que nos doblegáramos y no esclareciéramos los hechos. Han intentado que me apartara de la investigación.

El que responde es el inspector jefe Manuel Morocho, el policía de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que lideró la investigación del caso Gürtel y de la caja b del PP y que aún sigue aportando informes sobre esa financiación irregular a la Audiencia Nacional. Pronunció estas palabras, en respuesta a las preguntas de una acusación popular, en el reciente juicio por la utilización de los fondos de esa contabilidad paralela que gestionó Luis Bárcenas a lo largo de casi veinte años en el partido conservador, pero no era la primera vez que contaba los episodios en que se intentó boicotear una investigación de la que él estaba a los mandos desde 2008, cuando comenzaron las pesquisas sobre la macrocausa de corrupción.

En este juicio, en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen y ante el juez instructor de este último procedimiento, el inspector el inspector 81.067 ha contado una serie de sucesos que vienen la confirmar la tesis tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del magistrado Manuel García Castellón: que sus superiores en la Policía Nacional, tras la llegada del PP a la Moncloa a finales de 2011, pusieron en marcha una serie de movimientos "para calmar" a los dirigentes del PP, unos movimientos que pasaban por dejarle fuera de juego en Gürtel y en caja bGürtel . El auto de imputación de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal y de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, revela un posible nuevo intento: la posibilidad de un traslado a Lisboa, quizá para alejarle aún más de las diligencias judiciales.

Morocho está citado a declarar como testigo el próximo 15 de junio en la Audiencia Nacional. El juez quiere preguntar al policía si conocía este posible intento que reflejan las agendas intervenidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo. No es descartable, vistos los antecedentes: un operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 dirigido a robar a Bárcenas documentación que se podría haber llevado del PP tras ser despedido y que podría afectar gravemente al partido y a algunos de sus dirigentes en las causas judiciales abiertas como Gürtel o la caja b, pero también las propias manifestaciones de Morocho sobre los empeños de sus superiores en apartarle de las pesquisas. Por eso, García Castellón ve necesario "escucharle de nuevo para preguntarle sobre las referencias que se hacen en la agenda en relación con Lisboa por si puede aportar alguna aclaración al respecto".

El primer apunte de la agenda sobre este asunto está fechado el 29 de abril de 2013. "ORTI. Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC (Morocho)". ORTI es el entonces jefe de gabinete de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha, sobre el que Villarejo anotó varias conversaciones –razón por la cual también está imputado–. Otras entradas "significativas" para el juez sobre el inspector se apuntaron ya en mayo de 2013. El día 13: "ILH (López del Hierro). Dice que MD (Cospedal) hablará con CHISCO (Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad) y con OLI (José Luis Olivera, comisario y el antiguo jefe de Morocho en la UDEF) y si puede también conmigo. Muy decidido a todo". Y diez días más tarde: "CHISCO. Morocho-Lisboa", y "COSPE (Cospedal). Este MOROC nos necesita a Losa y a mí. Morocho-Lisboa".

Las "barreras" y el traslado de la UDEF

El contexto es importante: sólo hacía dos meses que Morocho había recibido el encargo del entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de investigar los papeles de Bárcenas. Según el relato del inspector en el juicio de la caja b, en el Congreso y en sede judicial, empezaron entonces los movimientos para apartarle. Lo ha dicho con unas palabras o con otras, pero la conclusión a la que llega es la que resumió en la comisión de investigación sobre la operaciónKitchen a finales del pasado marzo: "El objetivo era sacarme de la unidad y trasladar a los órganos superiores del ministerio (del Interior) que yo ya no trabajaba en la UDEF para calmar".

En la Cámara Baja, explicó que se ha enfrentado a diferentes "barreras" en su investigación, como la "sobrecarga" de trabajo, valoración de informes "apócrifos" como el de las finanzas de Podemos, a los que pretendían que estampara su firma para darles veracidad, o un traslado de destino dentro de la Policía en enero de 2015, y por un año y medio, pasando de la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que entonces dirigía Eugenio Pino, uno de los principales investigados en la causa sobre el espionaje a Bárcenas. Todo para que no pudiera seguir desarrollando su "actividad normal" en la investigación de Gürtel y en las diligencias sobre la contabilidad en negro del PP.

Otra barrera: en agosto de 2015 sospechó de que la DAO estaba realizando una investigación paralela "secreta" sobre Bárcenas, ya que recibió un correo electrónico con información sobre el extesorero que era "coincidente" con Gürtel y sobre la que él, investigador principal, no tenía conocimiento. Y una última observación muy clarificadora: si hubo seguimientos a Bárcenas a partir de 2013, él no los ordenó, y si él no los ordenó por orden de un juez siendo el inspector al mando, fueron ilegales.

"Es un hecho que el tiempo que estuve allí (en la DAO), a pesar de que intenté compatibilizar ambas cosas, al final lo que generó es que el procedimiento fuera decayendo y se generaron retrasos en la elaboración de informes que se iban acumulando en el tiempo", dijo en su declaración en la Audiencia Nacional recordando un periodo, entre 2013 y 2015, de lo más "convulso" en cuanto a la carga de trabajo en la macrocausa de corrupción: la información que llegaba de Suiza –"en francés, inglés y alemán"– sobre la estructura financiera de Bárcenas y las nuevas revelaciones sobre la caja b que había manejado el PP desde, al menos, 1989.

El traslado que le comunicaron en 2015 implicó que tuviese que compaginar su trabajo para la Audiencia Nacional con otras obligaciones que le encargaban y para las que, según le dijeron, era necesaria su pericia en investigaciones de tipo financiero. Así, se le pidió que valorara informes realizados en el entorno del DAO, como uno relativo a los Pujol o al incremento patrimonial del comisario Villarejo, pero "ni siquiera quisieron conocer" las conclusiones, tal y como explicó el propio Morocho en el Congreso. Y llegaron a ofrecerle "desde la DAO y otras personas", cuya identidad no quiso revelar, hasta "tres destinos" distintos que él rechazó. El juez quiere saber si uno de esos destinos era Lisboa, la ciudad apuntada en la agenda de Villarejo.

El PP no ha parado de cuestionarle

El inspector sigue soportando a día de hoy las críticas y los cuestionamientos a su labor al frente de la investigación policial del caso Gürtel y de la caja b del PP. Doce años después de que se abriera la causa y varias sentencias judiciales condenatorias después. Llegan desde las filas del partido conservador y las tuvo que escuchar en vivo y en directo hace pocos meses durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso. "Lleva trece años investigando al PP, a nadie se le ha dado tanto tiempo, ¿Cuánto tiempo más necesita para cerrar la investigación?", le llegó a preguntar un diputado. Está visto que Morocho ya está acostumbrado y no perdió la oportunidad de aclarar el error del parlamentario: "Yo actúo como policía judicial bajo dirección de tribunales y fiscales, no abro ni cierro investigaciones". Otro portavoz del PP puso en duda su investigación, gracias a la ayuda de Villarejo, que dijo también en la comisión que los inicios de Gürtel habían sido una "operación política".

También le han acusado de incluir "juicios de valor en sus informes", en concreto mencionando un informe sobre la caja b. Una vez más, el inspector tuvo que puntualizar que sus escritos tienen "un valor de atestado sometido a valoración de órganos judiciales". La valoración es de sobra conocida: condenas a los responsables de la trama Gürtel, incluido el PP como beneficiario a título lucrativo, y dos sentencias que dan la razón a Morocho y avalan sus conclusiones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el partido conservador.

Aún estando destinado actualmente en Canfranc (en el Pirineo de Huesca), sigue entregando informes, como policía judicial, al magistrado Santiago Pedraz, ahora titular del juzgado de la Audiencia Nacional que ha heredado la última de las investigaciones sobre la caja b: un posible cohecho por las donaciones en negro de empresarios al PP a cambio de contratos en la administración pública. Les pesquisas se han dirigido ahora a la etapa de José María Aznar al frente del partido y del Gobierno.

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha vinculado la posible apertura de un expediente a la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal a lo que ha calificado como "imputación material" del juez que la ha llamado a declarar como investigada en el caso Kitchen.

En una entrevista este viernes en RNE recogida por Europa Press, López ha señalado que "estamos ante una llamada de un juez" y luego "habrá una declaración" y a continuación "tendrá que determinar si hay una imputación, ya no solo formal como es el caso si no material". Será en ese momento, ha dicho López, cuando se decidirá si se le abre un expediente, "como a cualquier otro militante".

López ha reconocido tener "confianza personal" en Cospedal aunque ha subrayado que desde el partido están "a lo que decidan los jueces" aunque ha rechazado las "consecuencias políticas" que "algunos están sacando" y se ha mostrado en contra de las "lecciones de ética" tanto del presidente del Gobierno Pedro Sánchez como de "Unidas Podemos".

Finalmente ha señalado que en el PP les tiene "muy tranquilos" todo lo que "dependa de la justicia" porque tienen "confianza máxima" en los jueces" y están en contra de las "injerencias" que "ha querido hacer el Gobierno a instancias de Podemos".

La investigación sobre la operación Kitchen está apuntalando los indicios contra el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entre 2006 y 2012, José Luis Olivera. Señalado ya desde hace casi un año en los informes de la Fiscalía Anticorrupción y en autos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, las agendas incautadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo en otoño pasado vienen a confirmar las sospechas sobre la relación entre ambos y el posible papel que habría jugado Olivera en la estrategia del PP para "salvar" al extesorero Luis Bárcenas en el caso Gürtelcaso Gürtel antes de que se decidiese poner en marcha la operación parapolicial de espionaje. Los indicios van creciendo y su imputación llegará "pronto", según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre.

En el auto en el que se cita como investigados a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica los inicios de la operación Kitchen y subraya que lo que ha puesto de manifiesto la investigación es que el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, "con abuso de sus funciones, habría encomendado" a los comisarios Marcelino Martín Blas, José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y José Luis Olivera, entre otros, "el desarrollo de labores operativas para obtener" del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, "información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo".

Así, el magistrado sitúa a Olivera en el grupo de expolicías a los que Pino habría encargado en 2013 las labores de seguimiento al extesorero y su familia para robarle documentacíon que se habría llevado del partido cuando fue despedido. Pero es más, de las agendas incautadas recientemente a Villarejo, el juez destaca también apuntes en los que, según el comisario jubilado, el exjefe de la UDEF –al que apoda "OLI"– le habría transmitido que "piden ayuda para salvar al tesorero". En ese momento, Olivera seguía a los mandos de la unidad policial que estaba investigando la trama Gürtel, la macrocausa de corrupción que afectaba directamente al PP y a dirigentes del partido como Bárcenas.

En la declaración que prestó en sede judicial el pasado diciembre el propio extesorero, que es el perjudicado en esta causa, éste explicó que en esas fechas, abril de 2012, estaba preocupado con que la UDEF hiciese un informe señalándole como el "Luis el cabrón" del que hablaban los imputados en Gürtel, pero que una persona a quien tenía como "interlocutor" le trasladó que Olivera había dicho: "Ellos tienen claro que tú no eres Luis el cabrón". Y meses después, en septiembre, figura otro apunte relevante de la agenda de Villarejo: junto a la entrada "OLI" se lee "PIN (Eugenio Pino) le pide (a Olivera) apoyar a tope a Bárcenas", y dos días más tarde, también con la entrada "OLI", la frase "PIN le encargó contactar con abogado Bárcenas", una reunión que fue "ok", según anotó Villarejo: "Buena predisposición. Escrito LB no es Luis el cabrón".

Manipular informes policiales

En ese año, aún no se habían publicado los papeles de Bárcenas que revelaron la financiación ilegal del PP y lo que se deduce de esas anotaciones es una posible estrategia para ayudar al extesorero en su estrategia de defensa en Gürtel, hasta el punto de manipular un informe policial, con la influencia de Olivera, las sospechas de que "Luis el cabrón" era Luis Bárcenas. Después, llegó 2013 y cambió todo: las informaciones sobre la caja b y los supuestos sobresueldos de dirigentes del PP, más la confesión del extesorero en la Audiencia Nacional coinciden con la puesta en marcha de la operación Kitchen.

No son sólo estas las anotaciones o referencias a Olivera que aparecen en el sumario de la pieza 7 del caso Villarejo sobre el espionaje a Bárcenas. Los investigadores cuentan con apuntes del comisario jubilado así como grabaciones en las que se da muestra de la amistad entre ambos. Una relación que se mantuvo con los años, porque, tal y como consta en el auto de imputación de Cospedal, a principios de 2017 Villarejo explicó a Olivera y al empresario Adrián de la Joya –imputado en otra pieza de esta macrocausa– en una conversación grabada "la implicación" de la ex secretaria general del PP y de su marido en la operación Kitchen.

Los indicios sobre Olivera ya estaban ahí. De hecho, el juez García Castellón ordenó el pasado mes de septiembre investigar cuentas bancarias y el patrimonio de este comisario ya retiradoordenó por los negocios en los que, según los investigadores, colaboró con Villarejo, presuntamente facilitándole información privilegiada para sus intereses privados a cambio de una comisión que podría haber sido del 5%. Olivera fue jefe de la UDEF entre 2006 y 2012, etapa durante la cual se destapó el caso Gürtel. Después, se puso al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) hasta 2018, cuando el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reordenó la estructura de mando. Hasta el año pasado había sido vocal del Consejo Asesor de la Policía, y en el otoño de 2019 fue fichado por la Federación Española de Fútbol de Luis Rubiales como gestor de riesgos.

Según destacaba la Fiscalía Anticorrupción, había indicios de un “concierto económico permanente” entre Villarejo y Olivera, “a modo de iguala o comisión”. El primero llegó a alardear ante un posible cliente de sus empresas de detectives “su amistad” con el exjefe de la UDEF, al que definía como “tronquete”, insinuando que éste podría facilitarle información por su condición policial. Pero no era la primera vez que Villarejo hacía esto. En 2009, advirtió en dos conversaciones telefónicas con Ignacio López del Hierro de dos investigaciones de corrupción que en aquel momento estaban secretas y que afectaban directamente al partido conservador: el caso Brugal en Alicante y la rama valenciana del caso Gürtel.

Conocimiento de las actividades ilegales de Villarejo

Pero no sólo son las reflexiones de Villarejo, ya que Anticorrupción destacaba otro archivo de audio en el que se demostraría que Olivera tenía “pleno conocimiento del modo en que el comisario obtiene información para sus clientes, especialmente los tráficos de llamadas de las personas que investiga” su empresa Cenyt y que le eran facilitados por otro de los investigados en la macrocausa, el también comisario jubilado Enrique García Castaño. En otra conversación, se planteaba que Olivera se llevaría un porcentaje del 5% por colaborar. Y todo esto, cuando Olivera era aún un alto mando policial en ejercicio.

Lo que concluían los fiscales es que en virtud de los acuerdos económicos entre Villarejo y Olivera, éste último “habría amparado las actuaciones ilícitas" del primero, en unos casos facilitándole información de operaciones policiales secretas y en otros, como en el caso de la operación Kitchen, “permitiendo su planificación y ejecución a pesar de conocer su carácter ilícito”.

Según el sumario, hay un buen número de audios intervenidos a Villarejo en el que se escucha, aparte de a este comisario, a Olivera, al empresario Adrián de la Joya y el abogado Javier Iglesias, vinculado con dirigentes del PP. Conversaciones en las que Villarejo explica cómo captaron al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, gracias a la intermediación de Cospedal, su comisario de confianza Andrés Gómez Gordo y su marido. También detalla los pagos mensuales de 2.000 euros que le daban a cambio de su trabajo como confidente y cómo con la participación del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, consiguieron que ingresara en la Policía para que Ríos “no les pudiese delatar”.

Trece agendas incautadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo en octubre de 2020. De ahí se han extraído los indicios definitivos para imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro por la operación de espionaje al extesorero Luis Bárcenas. Ya había sospechas de que ambos podían estar implicados, o al menos haber tenido conocimiento, de la llamada operación Kitchen y por eso la Fiscalía Anticorrupción había pedido en septiembre su citación como investigados, pero el juez Manuel García Castellón quería más pruebas que fueran más allá de la relación más que confirmada que mantenía el matrimonio con el expolicía y de la inculpación que había llegado de otros imputados en la causa. Ya las tiene, al menos lo necesario para convencerse de convocarles a la Audiencia Nacional con su abogado y que se expliquen. 

El análisis de las agendas por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha llevado su tiempo debido a la cantidad de anotaciones contenidas en ellas, que salpican a más piezas del caso Villarejo, la macrocausa que investiga las presuntas actividades delictivas del expolicía. Y los apuntes incorporados a la pieza 7, la operación Kitchen, revelan la presunta estrategia que se habría puesto en marcha en el PP para, primero, "salvar al tesorero" cuando éste estaba imputado en 2012 en el caso Gürtel, y un año después para diseñar un "plan contra LB". El punto de inflexión entre una y otra maniobra, según reflejan los registros de las agendas, coincide con los acontecimientos que tuvieron lugar a partir de enero de 2013: la publicación de los llamados papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, donde queda reflejada la financiación ilegal del partido, y la posterior declaración del extesorero en la Audiencia Nacional en la que confesó la existencia de esa caja b.

Para el juez, el contenido de las agendas del comisario jubilado "no puede tomarse como hechos irrefutables", sino que "la relevancia" de las mismas "radica especialmente en su virtualidad para reflejar datos de los que se tiene noticia a través de otras diligencias de investigación". Es decir, otorga credibilidad a todas aquellas anotaciones que hayan podido o puedan ser comprobadas por otras vías. Pero además, la "exposición ordenada de forma sucesiva" de las mismas permite "conformar un cronograma temporal de determinados acontecimientos y coadyuvan a situar en una concreta fecha los incidentes más relevantes que tuvieron lugar en el desarrollo de la operación Kitchen".

En sus apuntes, Villarejo solía tomar nota de encuentros o conversaciones y al principio de cada línea registraba las siglas o el mote con el que conocía a la persona con la que había hablado para a continuación resumir en unas líneas lo que ésta le había comentado. Cospedal es "COSPE", "COSP" o "MD", mientras que su marido es "ILH". 

El auto del juez García Castellón divide los hitos que interesan para esta investigación en dos fases. Primero, 2012, "antes de la puesta en marcha de la operación Kitchen". En abril de ese año aparece una anotación que hace referencia a "OLI", identificado como José Luis Olivera, el entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, la misma unidad que investigaba la trama Gürtel, en la que se lee "piden ayuda para salvar al tesorero". Al día siguiente, otro apunte vinculado a López del Hierro y en el que se refiere "aviso ayuda a BARC.". Un día más tarde, otro apunte sobre el empresario en el que se lee "charla breve. MD agradeció aviso de BARC.".

Eliminación de Bárcenas como "Luis el cabrón"

En la declaración que prestó Bárcenas en sede judicial el pasado diciembre, que es el perjudicado en esta causa, éste explicó que en esas fechas de 2012 estaba preocupado con que la UDEF hiciese un informe señalándole como el "Luis el cabrón" del que hablaban los imputados en Gürtel, pero que una persona a quien tenía como "interlocutor" le trasladó que Olivera había dicho: "Ellos tienen claro que tú no eres Luis el cabrón". Esta revelación del extesorero coincide con un apunte de la agenda de Villarejo con la entrada ILH en la que se lee "hay un interlocutor para Interior" y unos días más tarde apuntaba "Alfredo Prada interlocutor de Bárcenas con Interior. Cosp habló con Cosidó del tema". Alfredo Prada fue consejero de Justicia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, ha ocupado distintos cargos orgánicos en el PP y va a ser juzgado por el desfalco del Campus de la Justicia. Ignacio Cosidó era entonces director de la Policía y no está imputado en Kitchen ni ha sido llamado a declarar por el juez a pesar de haber sido señalado en varias ocasiones por otros investigados.

Meses después, en septiembre de 2012, otro apunte relevante para esta causa. Junto a la entrada "OLI" se lee "PIN (Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía) le pide (a Olivera) apoyar a tope a Bárcenas", y dos días más tarde, también con la entrada "OLI", la frase "PIN le encargó contactar con abogado Bárcenas", una reunión que fue "ok", según anotó Villarejo: "Buena predisposición. Escrito LB no es Luis el cabrón". 

El magistrado quiere preguntar por todo esto a Cospedal y su marido, "sobre su posible intervención en toda la serie de movimientos registrados en las agendas y que aparentemente estarían encaminados a prestar ayuda a Bárcenas". También quiere saber por el encuentro que el comisario jubilado mantuvo con el matrimonio y por qué tenía apuntada en su agenda la dirección de correo electrónico de la ex secretaria general del PP y el teléfono de la secretaria, una tal "Mariví".

11/07/2013: el nacimiento de la KitchenKitchen

El siguiente hito y que refleja un cambio radical en la estrategia del PP, según se desprende del auto de imputación, son las anotaciones de Villarejo a partir de julio de 2013. Ya se habían publicado los papeles de Bárcenas, el extesorero había dejado definitivamente su despacho en la sede de la calle Génova y la Audiencia Nacional había abierto una causa por la presunta financiación ilegal del partido. El apunte del 11 de julio de 2013 es, para García Castellón, clave porque "permite situar temporalmente el nacimiento de la llamada operación Kitchen"operación Kitchen: "CHISCO. Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunidaciones, registros y citación de mujer e hijo". "Chisco" es identificado como el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, imputado en esta causa desde enero de 2020.

"Es en este momento cuando se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de la señora Cospedal y el señor López del Hierro en la captación de Sergio Ríos", explica el magistrado en referencia al que fuera chófer de la familia del extesorero del PP, quien actuó de confidente para la trama de espionaje. Y es que los días siguientes se observan otros apuntes clave: "CHISCO. Problemática por posibles grabaciones de LB", en relación a grabaciones que se sospechaba podía haber hecho Bárcenas antes de irse del partido"; "BIG –el comisario jubilado Enrique García Castaño, alias El Gordo, también imputado–. Sobre grabaciones LB. Gabinete crisis. Pendiente conductor LB".

En este punto, el juez recuerda que fue en un primer momento García Castaño quien se acercó a Sergio Ríos, aunque "sin éxito", por lo que fue "necesaria la intervención de Villarejo". También queda reflejado en la agenda de éste último en esos días que "BIG" le había dicho que Andrés Gómez Gordo –"ANDI"–, otro comisario imputado que a su vez ha sido estrecho colaborador de Cospedal, había "recurrido a Sergio el conductor para contarle que se le han acercado". Y el mismo día, "ILH" avisó a Villarejo de que Gómez Gordo había contactado con el chófer. "CHISCO", por su lado, también le comunicó que se estaba "forzando contacto con chófer LB". Y además, un apunte más, esta vez de "COSPE" con el añadido "varios contactos y posible cita". Todo esto habría pasado el 18 de julio y al día siguiente Villarejo se reunió con Gómez Gordo.

García Castellón recuerda en su auto que este comisario se encontraba entonces "en situación administrativa de servicios especiales" y se trataba "de una persona cuya trayectoria profesional se había desarrollado en gran medida junto a la señora Cospedal tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla-La Mancha". Esa "cercanía", dice, fue reflejada por el propio Villarejo en su agenda, pero también "el recelo" que a éste "le despierta esta persona" cuando anota "aunque COSP le ha dicho que se fíe de mí, como su jefe de seg. le puede decir que está equivocada".

"Quedo en darle mañana 2.000 y teléfono"

El 19 de julio hay más apuntes importantes para la causa que hacen referencia a Gómez Gordo, quien "espera recibir instrucciones para recoger discos y grabaciones y todo lo demás". "PIN" también le habría dicho a Villarejo "instrucciones claras a ANDI" y "CHISCO" le habría manifestado que estaba "muy preocupado por datos CHEF". "CHEF" sería Sergio Ríos, apodado "cocinero" por el comisario jubilado, de ahí el sobrenombre de Kitchen a esta operación. De hecho, el mismo día aparece "la primera entrada" referida a Ríos, resalta el auto: "Al principio desconfiado, después se ha mostrado más receptivo. Quedo en darle mañana 2.000 y teléfono, después todo lo demás". Ya está probado que el chófer llegó a cobrar 2.000 euros al mes durante dos años procedentes de los fondos reservados por el espionaje a Bárcenas.

Toda esta "secuencia" es lo que lleva al juez García Castellón a ver "conveniente", nueve meses después de que se lo pidiera Anticorrupción, "escuchar" a Cospedal y López del Hierro "sobre su participación en la captación de Sergio Ríos en la trama, pues su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo al parecer pudo ser decisiva para que se decidiera a participar". Y es que el 30 de septiembre de 2013, otra anotación destaca que Villarejo habría dado "aviso copia dada al ANDI", quien "agradeció mensaje" y "lo transmitirá a COSPE". Al día siguiente, la respuesta, según el comisario: "ANDI. Muy contento por los datos que le di para la COSPE".

En este punto habría una persona, también de la confianza de Cospedal, cuya posible implicación podría ser importante: José Luis Ortiz, el que fuera en aquel momento jefe de gabinete de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Hay varios apuntes en las agendas de Villarejo que datan de los primeros meses de 2013 y que le mencionan –"ORTI"– como posible contacto con la dirigente del PP y por eso el magistrado instructor también le ha citado a declarar como imputado.

Las "instrucciones muy concretas" que recibió Martínez

Pero no sólo de los apuntes de Villarejo bebe la imputación de Cospedal y su marido. También hay una anotación creada el 10 de octubre de 2019 en el teléfono móvil de Francisco Martínez, unos meses antes de ser imputado: "El asunto que investiga la Audiencia Nacional, al margen de que sea un disparate lo que están publicando los medios, NO fue iniciativa mía, sino todo lo contrario. Recibí instrucciones MUY CONCRETAS, las primeras el 13/07/2013, y tuve una presión diaria para obtener y transmitir la información"; "Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia".

Y cuando Martínez buscaba ser incluido en las listas del PP a la Asamblea de Madrid en marzo de 2019, una vez excluido de las listas para el Congreso, sugirió en una conversación intervenida que era "muy comprensivo, leal y comprometido" y que "precisamente por eso" se había "metido en este lío, por eso y por NADA más, por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy". Por esta razón, el juez García Castellón ha vuelto a citar al ex secretario de Estado, quien precisamente negó esta semana en el Congreso conocer nada de una operación Kitchen.

El empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, ha admitido en el Congreso que no sabía de su imputación en la llamada operación Kitchen, que ha trascendido este miércoles por la mañanaoperaciónKitchen, pero en todo caso no le ha pillado por sorpresa, ya que llevaba tiempo viéndolo en la prensa.

La imputación de Cospedal y su marido se ha conocido cuando López del Hierro estaba compareciendo ante la comisión de investigación sobre esa supuesta trama creada en Interior para sustraer a Luis Bárcenas documentos comprometedores para el PP, según recoge Europa Press.

De inicio, López del Hierro avanzó a los diputados que por "indicación jurídica" no iba a contestar a las preguntas de sus señorías, si bien en una declaración inicial se ha desvinculado del PP subrayando que "nunca" ha formado parte de sus filas.

Incluso cuando la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, le ha leído el auto de su imputación, el empresario no ha querido hacer comentarios.

Pero en el siguiente turno, al ser preguntado por el diputado de Podemos, Ismael Franco, si su imputación, que lleva fecha del día anterior a un comparecencia, le ha pillado por sorpresa, el empresario ha contestado: "Por sorpresa, por sorpresa, no. Venía en la prensa, llevaba tiempo".

Y cuando ha llegado el turno del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufian, ha añadido que no sabía de su imputación al llegar a la comisión, algo que el diputado independentista ha dicho no creerse.

Al margen de esos breves comentarios, López del Hierro ha vuelto a su silencio ante las preguntas de los diputados.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado este miércoles a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, en la pieza 7 del caso Villarejocaso Villarejo, la que investiga la operación Kitchen, el operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 y financiado con fondos reservados para hacerse con documentación sensible para el PP que el extesorero Luis Bárcenas se habría llevado del partido tras ser despedido. El magistrado les imputa delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a Cospedal para el próximo 29 de junio a las diez de la mañana, mientras que su marido lo hará al día siguiente a la misma hora. También está imputado desde este miércoles el exjefe de gabinete de la también expresidenta de Castilla-La Mancha José Luis Ortiz, quien deberá comparecer en la Audiencia Nacional justo después de López del Hierro. García Castellón también ha citado para el 1 de julio al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos ya investigados en esta causa.

La imputación de Cospedal y su marido ya había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2020, pero el instructor no la acordó entonces al considerar que aún no existían suficientes indicios contra ellos. Ahora, el juez explica que procede acordarla en este momento una vez que se han tomado las declaraciones necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos (una veintena de investigados y testigos) y estudiado la documentación recibida. Es en este momento, según afirma, “cuando la pieza se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria, estando ya en condiciones para resolver sobre las declaraciones interesadas por el fiscal en su día”.

El auto relata que la investigación abierta ha permitido conocer aspectos clave de la trama, como la captación de Sergio Ríos, el que fuera chofer de la familia Bárcenas, los pagos efectuados al conductor a cambio de colaboración, el círculo de policías implicados, así como la implicación del ex secretario de Estado de Seguridad y del exministro del Interior en el momento, Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, respectivamente.

Los agentes involucrados, según el magistrado, desarrollaron labores operativas para obtener de Sergio Ríos “información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado (en algún momento se refieren a este espacio como zulo) documentación comprometedora para el Partido Popular y para altos cargos del mismo en posesión de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias”. El auto añade que los policías habrían tenido pleno conocimiento de la puesta en marcha de la llamada operación Kitchen y de su carácter ilícito “al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados del Ministerio del Interior, que serían de ese modo desviados de los estrictos fines legalmente previstos para su autorización y uso”.

"Charla 45 minutos. Plan contra LB"

La resolución recoge las grabaciones efectuadas por Villarejo relacionadas con los hechos investigados en esta pieza, un oficio policial que analiza las anotaciones contenidas en las agendas incautadas al comisario jubilado en su domicilio en otoño de 2020, así como determinados pasajes de la declaración prestada en sede judicial por Bárcenas. Según García Castellón, las agendas del expolicía permiten ubicar temporalmente el nacimiento de la llamada operación Kitchen, que se sitúa el 11 de julio de 2013 con una anotación junto a las siglas CHISCO (Francisco Martínez), en la que se lee: “Charla 45 minutos. Plan contra LB. Interv.Comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”.

Es en este momento cuando, según el instructor, “se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de la señora Cospedal y el señor López Hierro en la captación de Sergio Ríos”. Por eso, concluye que “resultaría conveniente" escuchar a ambos "sobre su participación en la captación" del chófer para la trama, pues su intervención, a través de otro comisario y colaborador estrecho de Cospedal, Andrés Gómez Gordo –también imputado–, "al parecer pudo ser decisiva" para que el conductor "se decidiera a participar”.

En el contexto de los hechos investigados, según García Castellón, también resulta llamativa la aparición del exjefe de gabinete de Cospedal en las agendas de Villarejo. “Esta dación de cuenta del comisario investigado al que fuera jefe de gabinete de la presidenta de una comunidad autónoma (Castilla-La Mancha) carece de toda lógica y sería conveniente que se recabara declaración al señor Ortiz sobre su participación en la trama”, explica.

Sobre la citación de Francisco Martínez, el instructor ve necesario volver a interrogarle para corroborar los pasajes de las agendas de Villarejo en los que llama la atención, según indica, la fluida relación que ambos mantenían, aun antes de que el ex secretario de Estado ejerciera este cargo. De la lectura de los mensajes analizados, el juez señala la importancia que el asunto, la operación Kitchen, tuvo para Martínez, “quien asume de forma directa la obtención de información de forma diaria, resultando especialmente sorprendente que el secretario de Estado se involucre hasta ese nivel en un asunto de esta naturaleza”.

El empresario Santiago Lago Bornstein ha admitido este lunes en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja b que gestionó la donación de 10 millones de pesetas (unos 60.000 euros) por parte de una empresa a la formación política, tal y como aparece contabilizado en los conocidos como papeles de Bárcenas. Durante su declaración ha precisado que el extesorero del partido Álvaro Lapuerta insistió en que la aportación no tendría carácter finalista, informa Europa Press.

Lago Bornstein ha comparecido en la vista oral como testigo y a preguntas de la defensa del también extesorero conservador Luis Bárcenas ha explicado que a finales de los años 90 una empresa francesa que comenzaba a tener "presencia en España" le pidió que intermediara para poder hacer una aportación al PP.

"Recuerdo que era un cliente efímero (...) y que le habían dicho que había la posibilidad de hacer donaciones, que en ese momento tenía el tope legal de 10 millones de pesetas", ha narrado. Lago Bornstein ha continuado indicado que tras conocer esta petición llamó a Luis Bárcenas, con quien ha reconocido tener una amistad desde los "años 80", para saber cómo podía hacer dicha donación.

Según ha dicho, Bárcenas, que en ese momento ocupaba el cargo de gerente del PP, le comentó que el procedimiento habilitado para ello era entregar el dinero en el despacho de Álvaro Lapuerta. Aunque en un primer momento puso objeciones, porque no quería que le "complicaran la vida", Lago Bornstein acudió a dicha estancia de la sede del PP con el gerente de la empresa donante, quien dejó "encima de la mesa" dicha cantidad.

En este sentido, ha apuntado que Lapuerta insistió en que la entrega de ese dinero no tendría "carácter finalista" y que la empresa efectivamente nunca fue beneficiara de una adjudicación pública.

Pero preguntado sobre qué fin pretendía lograr la empresa que donaba, el testigo ha apuntado que aunque "eso habría que preguntárselo al grupo" en cuestión, imagina que las empresas sabían que se podía lograr.

Aunque el testigo no ha recordado la fecha exacta ni sabe si los encargados de la Tesorería del partido contabilizaron el dinero en algún documento, ha dejado entrever la coincidencia entre su intermediación con la contabilidad manuscrita de Bárcenas en la que aparece un apunte con fecha del 24 de enero de 1997 bajo el nombre de 'Sant.L' y la entrega de 10 millones de pesetas.

López del Hierro dice no ser 'López Hierro' 

También ha declarado Ignacio López del Hierro, empresario que es marido de la ex secretaria general del PP y exminsitra de Defensa María Dolores de Cospedal. Ha negado que el PP fuera cliente de ninguna de las empresas de las que ha sido consejero a lo largo de su vida laboral y que se acercara a la sede del PP en la calle Génova de Madrid en el desempeño de su trabajo.

En relación a las anotaciones en las que aparentemente se le menciona, ha negado taxativamente que se refieran a él. Ha destacado que "no es ninguna de esas dos personas" que figuran como donantes bajo la denominación López H, que el 8 de julio de 1997 habría entregado 15 millones de pesetas (90.151 euros), ni López Hierro, que según apuntó el extesorero, habría aportado en noviembre de 1998 4 millones de pesetas (unos 24.000 euros).

En este sentido, ha señalado que no sólo no ejerció ninguna acción legal por atribuírsele estas donaciones sino que tampoco fue llamado en fase de instrucción.

También ha comparecido el constructor Luis Gálvez, que ha respondido acompañado de su abogado dado que se acaba de sobreseer provisionalmente su imputación en Púnica. Durante su intervención también ha negado que haya donado 50.000 euros al PP, restando así veracidad a la anotación de Bárcenas con fecha de 22 de febrero de 2008.

Además, a preguntas del fiscal, ha negado conocer a Bárcenas o a Lapuerta, y ha incidido, como ya hiciera en declaración en ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 en marzo en el marco del caso Púnica, que haya estado físicamente alguna vez en la sede de Génova.

En este sentido, ha incidido en que no le consta que alguien desde dentro de su empresa (Ploder) pudiera haber realizado donaciones en su nombre ya que lo hubiera sabido gracias a los sistemas de control y auditoría de la constructora.

Media docena de fuentes relacionadas con la tesorería 

Tras estas declaraciones ha sido el turno de varios periodistas. El primero de ellos, Francisco Mercado, ha señalado que cuando publicó en enero de 2013 en El País el artículo en el que hablaba de sobresueldos en el seno del PP lo hizo apoyándose en hasta media docena de fuentes "relacionadas con la tesorería del PP, algunas relacionadas con Bárcenas y otras con Lapuerta".

Así, ha apuntado que dado que la información era sensible, también acudió al PP para conocer su versión y que la dirección del partido negó todo "y respondió por todos y cada uno de los receptores".

Por lo demás, cuando se le ha preguntado sobre las reuniones que hubiera podido mantener con Lapuerta o Bárcenas se ha amparado en el secreto profesional, por lo que tampoco ha desvelado si existe una grabación de una supuesta conversación entre él y Lapuerta en la que éste último afirmaría el pago de sobresueldos a dirigentes conservadores.

El detalle del contenido de la grabación se ha conocido en la declaración como testigo del periodista Ernesto Ekaizer, que ha indicado que, a través de terceros, tuvo conocimiento de "una novedad": una referencia al expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar, a quien se le habría entregado "dinero entremezclado entre informes de trabajo".

"La referencia a Aznar era muy relevante porque aparecía totalmente borrado en las declaraciones de Bárcenas y, aunque en los papeles había una referencia muy inicial a 'JM', no había ninguna inferencia o insinuación o de alguna manera sugerencia sobre la presencia de Aznar", ha apostilado.

Otro testigo de los periodistas citados, Eduardo Inda, ha asegurado que sí ha escuchado esa grabación y ha indicado que Lapuerta afirmaba en ella un "episodio concreto en el cual, él o el señor Bárcenas, habría entregado una cantidad brutal de dinero en el año 95, en b".

"Habla de una entrega de dinero, creo que 27 millones de pesetas (162.273 euros) y para un fin muy concreto", que el periodista no ha querido desvelar, pero sí ha puntualizado que servirían para "influir sobre una persona que luego fue muy relevante y cambió el curso de la historia". Ha agregado que en esa conversación Lapuerta, cuya responsabilidad en esta causa fue archivada por demencia sobrevenida dos años antes de fallecer, parecía "plenamente consciente de lo que estaba afirmando".

Sobre el pago de sobresueldos, Inda también ha asegurado que una persona "cercana del PP" le confirmó que esta "trama" se había llevado a cabo en el PP. Ante esta afirmación, ha señalado que ni la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ni el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón participaron en ella y que "jamás" tuvo constancia de que María Dolores de Cospedal hubiese cobrado en b.

Por último, ha declarado María Luisa Bernal Gallego quien ha explicado que todo lo que publicó en su libro se basó en lo que el propio Bárcenas le contó en varias entrevistas. La periodista ha indicado que de parte de lo relatado tuvo copia, mientras que del resto solo tuvo la "palabra" del extesorero, quien le decía que tenía documentación y audios "a buen recaudo".

Así, ha afirmado que nunca escuchó la grabación a la que hace referencia en su libro, en la que el expresidente del Gobierno y ex líder del PP Mariano Rajoy habría cuestionado a Bárcenas que aún tuviera copia de las anotaciones de la caja b mientras destruía uno de estos documentos.

La investigación de la operación Kitchen tiene los días contados. Más de dos años y medio después del inicio de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, que indaga en la operación sin control judicial de espionaje y robo de información al extesorero del PP Luis Bárcenas tras ser despedido del partido en 2013, las pesquisas están cerca de su conclusión, lo que tendrá lugar en los meses próximos, según han informado a infoLibre fuentes del caso. En esta última fase de las diligencias, aún está pendiente de concretar si la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal será citada a declarar en la Audiencia Nacional por el posible interés que pudiera haber tenido para que se desarrollara el operativo ilegal.

Los investigadores se están centrando ahora en el análisis de nuevas agendas incautadas en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo y que fueron halladas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional el pasado otoño, en el marco de otra de las piezas de la macrocausa que indaga en sus actividades ilícitas. El estudio de estos documentos llevará a la elaboración de un informe que puede ser útil para muchas de la cerca de una treintena de piezas que siguen abiertas en el caso Tándem, incluida la número 7 que investiga la operación Kitchen.

No obstante, según las fuentes consultadas, no existen elementos para pensar que de estas agendas puedan salir nuevas líneas de investigación, sino que podrían servir para reforzar la argumentación tanto del juez instructor como de la Fiscalía Anticorrupción sobre los indicios ya recabados durante la instrucción a la hora de definir los hechos que irán en un futuro auto de transformación en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento–.

Así las cosas, la pieza que indaga en el espionaje a Bárcenas, que estuvo dirigido a robar documentos incriminatorios para el PP que se habría llevado el extesorero, cuenta ya con una docena de investigados, entre ellos mandos policiales –unos jubilados, otros todavía en activo–, el que fuera chófer del extesorero –fichado por los policías como confidente– y dos cargos políticos, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Las pesquisas que ha ido ordenando el magistrado Manuel García Castellón han ido de abajo a arriba, es decir, desde los agentes que se movieron sobre el terreno con los seguimientos o los que gestionaron los fondos reservados con los que se financió el operativo hasta los políticos que, según las pesquisas, habrían tenido conocimiento de los hechos.

En el paso que se consumó en 2020 de pasar del nivel policial al político, el instructor imputó a Martínez, primero, y a Fernández Díaz, después, y dejó fuera a Cospedal a pesar de que Anticorrupción se lo había solicitado al considerar que tenía un “interés personal” en la operación de espionaje a Bárcenas por dos razones: directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma, e indirecta, como secretaria general del PP. El juez descartó imputar a Cospedal el pasado septiembre, aunque no lo descartó por completo, sino que en ese momento prefería tomar declaración a los exresponsables de Interior antes de tomar más decisiones.

No cerrar en falso la investigación

Las comparecencias de Fernández Díaz y Martínez se celebraron, incluido un careo entre ambos que no arrojó demasiada luz a las pesquisas. Y entretanto, se iniciaron nuevas diligencias que aún siguen bajo secreto sumarial a raíz de la intervención policial en el domicilio del exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, donde se le incautaron móviles y documentación, incluida una agenda en la que aparecen anotados detalles de las conversaciones telefónicas que el extesorero mantenía durante los trayectos en coche. De esa parte secreta, poco –o más bien nada– se sabe, pero El Confidencial publicó el pasado mes de enero que el futuro procesal se estaba complicando para Cospedal en el marco de esas diligencias. Ahora, fuentes del caso consultadas por infoLibre no descartan una próxima citación de la ex secretaria general antes del fin de la instrucción para no cerrar en falso la investigación.

Una línea que puede unir la operación Kitchen con Cospedal es el comisario Andrés Gómez Gordo. Este policía, imputado en la pieza 7 del caso Villarejo, fue uno de los hombres clave en la captación de Sergio Ríos como confidente del operativo, en el que aceptó participar a razón de 2.000 euros al mes que procedían de los fondos reservados. Es decir, dinero público sobre el que no hubo ningún tipo de control. Aunque ahora sigue en activo en la Policía Nacional, se apartó del cuerpo en varias ocasiones en la que estuvo trabajando en cometidos vinculados al PP: por un lado, como asesor de seguridad de la propia Cospedal cuando ésta fue presidenta de Castilla-La Mancha y, por otro, en el proyecto del Campus de la Justicia que impulsó la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y por el que ahora está procesado, también en la Audiencia Nacional.

Gómez Gordo, apodado Cospedín por Villarejo, nunca ha negado su implicación en la operación de espionaje a Bárcenas, incluso ante el juez dijo que actuó "de buena fe e ilusionado" porque en esos días, en 2013, el extesorero del PP "era el delincuente número uno". También reconoció que pagó con dinero en efectivo a Ríos, pero afirmó que el conductor nunca le entregó "absolutamente nada" de material sobre documentos o audios que se habría llevado Bárcenas del partido, según las grabaciones de sus declaraciones judiciales que obran en el sumario de la causa.

La relación Villarejo-López del Hierro

La otra línea es la relación que el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, mantenía con Villarejo, relación de la que éste dejó constancia en conversaciones grabadas que después fueron incautadas por los investigadores de Asuntos Internos. En al menos una de esas conversaciones, publicada por el digital moncloa.com, estuvo presente la ex secretaria general del PP, que recibió al comisario jubilado en su propio despacho de la sede de Génova en julio de 2009, unos meses después de que estallara el caso Gürtel. En esa conversación no se hablaba de Kitchen, pues para entonces Bárcenas aún trabajaba en el PP como tesorero, aunque ya estaba siendo investigado por la macrocausa de corrupción. Tras la publicación de los audios, Cospedal dimitió de sus cargos políticos en el partido y en el Congreso.

Para Anticorrupción, esa reunión resulta clave para demostrar el vínculo de altos dirigentes del PP "con la gestación" del operativo KitchenKitchen. La vinculación, se lee en el informe en el que el Ministerio Público pidió la imputación de Cospedal, "vino inicialmente constatada con una grabación efectuada por el investigado José Manuel Villarejo en julio del año 2009 a la entonces secretaria general del Partido Popular y al marido de ésta en la sede central del Partido Popular de la calle Génova de Madrid". Esa grabación –proseguía el informe– "tendría por contenido, entre otros, el ofrecimiento a Villarejo, con la aceptación por parte de este funcionario policial, de la ejecución de 'encargos puntuales' que serían sufragados con fondos del Partido Popular, por lo que no puede descartarse que uno de estos encargos estuviera directamente o indirectamente relacionado con la investigación policial y judicial del denominado como caso Gürtel".

El sumario del caso Tándem revela numerosas conversaciones entre Villarejo y López del Hierro que fueron grabadas por el comisario, encuentros de los que éste también dejó constancia en sus agendas, donde apuntaba de forma pormenorizada las citas, profesionales o personales, y un pequeño resumen del contenido. El comisario apuntaba los encuentros o llamadas con el empresario con las iniciales "ILH".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en la pieza 7 del conocido como caso Villarejo, la que investiga la llamada operación Kitchen, pero no ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción de citar como investigada a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, según han informado fuentes jurídicas.

El magistrado ha citado a Fernández Díaz el próximo 30 de octubre y un día antes ha convocado al que fuera número dos de Interior Francisco Martínez, imputado desde principios de año aunque todavía no había declarado en la Audiencia Nacional.

Este operativo que se habría sufragado con fondos reservados y sin ningún tipo de control judicial con el objetivo de sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas información sensible que éste se habría llevado cuando fue despedido para así ocultársela a la justicia.

Con esta nueva imputación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y se mete de lleno a investigar la pata política de la operación Kitchen, pero empezando por la cúpula del Ministerio del Interior, después de dos años de instrucción.

El magistrado instructor ya había dado el primer paso de indagar en las implicaciones políticas del operativo a principios de este año, cuando imputó a Francisco Martínez, quien todavía está pendiente de declarar.

Hasta ahora, las actuaciones se habían dirigido contra el máximo mando de la policía en aquella época, el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, así como sus adjuntos y diversos comisarios e inspectores, incluidos el propio Villarejo y el que fuese jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño.

La operación Kitchen, dispositivo que llegó a activar a casi 70 agentes de la Policía Nacional, se puso en marcha entre 2013 y 2014 por parte de Villarejo —entonces adjunto a la DAO de la Policía— y se trataba de un plan para captar como confidente a Sergio Ríos, entonces chófer de Bárcenas.

La idea era sustraer información que el extesorero podía haberse llevado del partido cuando fue despedido después de que saltara el escándalo sobre su fortuna en el extranjero y los presuntos pagos en dinero negro a dirigentes del PP.

Para ello, se usaron presuntamente fondos reservados aprobados cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy.

El PP abrirá expediente informativo a Fernández Díaz tras ser imputado, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección nacional de la formación.

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, renunció este miércoles a su escaño en el Congreso de los Diputados. El anuncio llegó poco más de una semana después de que aparecieran las primeras grabaciones en las que ella, junto a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, realiza encargos al comisario jubilado y encarcelado José Manuel Villarejo. Encargos como buscar información sobre su compañero de partido Javier Arenas o Alejandro Pérez Rubalcaba, hermano del exministro del Interior. En los últimos audios difundidos, el esposo de la exministra de Defensa traslada al agente que el "jefe", en alusión a Mariano Rajoy, estaba informado de esas gestiones, un extremo que niegan desde el entorno del expresidente y que indignó a no pocos en las filas conservadoras.

En el comunicado, difundido desde su perfil de la red social Twitter, Cospedal enmarca su decisión en el contexto de "liberar al PP de cualquier ataque". Y para que su partido se sienta "libre" a la hora de "denunciar" la situación que vive un Gobierno como el del socialista Pedro Sánchez, "con dos ministros cesados y otros cuatro seriamente cuestionados, respecto a los cuales la vara de medir parece ser muy distinta". 

Pablo Casado, que se encuentra en Helsinki participando en un congreso del PP Europeo, estaba al tanto de la decisión que iba a tomar Cospedal, uno de los principales apoyos que tuvo para ganar a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso de sucesión de Mariano Rajoy. A las puertas de las autonómicas andaluzas, la dirección nacional de los conservadores respira aliviada. "No ha habido llamadas para provocar el anuncio. Ella sabía perfectamente cuál era la opinión de la dirección nacional del partido y ha obrado en consecuencia", destaca un dirigente en conversación con infoLibre. 

En declaraciones a los periodistas, Casado defendió la "labor" formidable de su compañera de partido y calificó de "generosa y responsable" su decisión. "Pensando en su partido antes que en sus intereses personales", concretó. Cospedal ocupó la secretaría general del ahora principal partido de la oposición desde el congreso de junio de 2008 al celebrado el pasado julio, después de que Rajoy fuera derrotado en la moción de censura que le planteó Pedro Sánchez.

Un liderazgo "reforzado"

Esta ha sido la primera gran crisis interna a la que ha tenido que hacer frente Pablo Casado. Y los suyos consideran que su liderazgo ha salido "reforzado", no sólo internamente. También, puertas afuera de Génova. "Ahora puede exigir a Sánchez que aplique a Dolores Delgado el mismo listón que se ha aplicado Cospedal, con la diferencia de que Cospedal no ha mentido y de que de sus conversaciones no se desprende la posible comisión de delitos", defiende un diputado.

El pasado lunes por la mañana, Cospedal se reunió en la sede de Génova con el secretario general, Teodoro García Egea, y con el responsable de Organización, Javier Maroto, para ultimar un comunicado "conjunto" mediante el que renunciaba a su puesto de vocal en el Comité Ejecutivo Nacional. Ha sido una dimisión, pues, en dos fases. En todo este proceso Casado ha intentado quitarse del foco. En su entorno explican que no ha querido hablar "hasta tener todos lo datos". Pero tampoco ocultan que esa "distancia" ha sido clave en el proceso que ha culminado con la marcha de la exsecretaria general de la política.

Desde que se filtraron los primeros audios en la página moncloa.com, la defensa que la actual dirección del PP hizo de su ex secretaria general fue muy tibia. Apelaron siempre a que se trataba de un asunto personal, a que era ella quien debía dar explicaciones y a que el equipo de Casado nada tenía que ver con estas prácticas "inaceptables".

Las fuentes consultadas consideran que, si bien la actitud "firme" de Casado ha sido clave a la hora de que la ex número dos del PP diera el paso, la ex secretaria general se va de la política sin que sobre ella pese ningún delito.

Defiende sus encuentros con Villarejo"He cometido muchos errores en mi vida, pero considero que mi interlocución hace nueve años con el responsable de una empresa autorizada por el Ministerio del Interior no es uno de ellos.

Reitero en esta carta mi absoluta tranquilidad de conciencia ante lo que hice: escuchar y pedir aclaraciones, en mi papel de secretaria general, a quien acudió a mí para ofrecerme información que podía ser de interés capital para esclarecer comportamientos sospechosos que después la Justicia calificaría como delictivos", puede leerse en el comunicado.

Insiste, como ya ha hecho en otras ocasiones desde que estalló el escándalo, en que su "obligación" era "tratar de saber qué estaba ocurriendo". "Mi deber era apoyar a mi partido desde la regeneración, aunque fuera a costa de granjearme numerosos enemigos. No habría actuado de forma diferente diez años más tarde", explica.

Antes de señalar que nunca ha mentido y que "nunca" ordenó o encargó "espiar a nadie", admite que se equivocó en pedir a su marido que le ayudar en la interlocución con Villarejo, algo que "no era fácil".

"Me equivoqué a la hora de pedirle que ayudara al PP. Ahora, él está pagando por haberme ayudado a tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo", puede leerse en el texto volcado en su perfil de Twitter.

Pide a los suyos que "cierren filas ante las injusticias"

En la extensa nota, Cospedal pide a sus compañeros lo que "siempre" les pidió: "Que cierren filas ante las injusticias". "Siempre he creído que un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están siendo injustamente atacados no puede esperar que los ciudadanos confíen en él. Cuando tus adversarios políticos detectan que tu fortaleza es vulnerable, los ataques se multiplican", añade en una clara crítica a Casado y su equipo.

El pasado abril, en plena ebullición del caso Cifuentes, la ex secretaria general llamó al "cierre de filas" en el PP en términos similares. "Defendamos lo nuestro y a los nuestros", dijo en apoyo de su amiga, que dimitiría después. 

Pensaba dejar la política... en otro momento

Señala Cospedal en el comunicado que desde el último congreso nacional ya había tomado la decisión de abandonar la política. "Tenía previsto, desde aquel día, dejar la vida pública al término de una transición ordenada de mis responsabilidades. Eso es exactamente lo que hubiera hecho dentro de unos días", mantiene.

La ex secretaria general dice que "nunca" pensó que iba a tener que tomar una decisión como lo adoptada este miércoles "en un ambiente así". "Esta misma semana, aseguré que no tenía por qué dejar mi escaño. No he hecho nada de lo que me sienta avergonzada. Pero después de reflexionarlo más, he querido adelantar mi decisión unas fechas porque, por una vez, tengo derecho a cuidar de mí misma y de los míos. Las interpretaciones que se hagan de mi salida ya no me atañen".

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, defendió en el Senado la actuación de la dirección nacional de su partido en el caso que afecta a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En una intervención ante los senadores conservadores no aludió a ella de forma explícita, pero a nadie se le escapó el contexto de las palabras, máxime cuando dio la bienvenida al Grupo a Pilar Barreiro, la senadora que se fue al Grupo Mixto al ser imputada, condición que puso Ciudadanos para aprobar los Presupuestos de Mariano Rajoy. Archivado ya el caso, Barreiro vuelve a su escaño de siempre. "Tu actitud te honró", dijo a la senadora. "Tu nombre se ha rehabilitado", añadió.

Casado recordó que cuando llegó a la presidencia del PP se comprometió a liderar un partido guiado por la transparencia y por la rendición de cuentas y que es eso lo que está haciendo. "En este partido no se tolera la corrupción y tampoco se toleran prácticas que no sean ejemplares aunque no conlleven ningún tipo de delito relacionado con la corrupción", dijo.

"Sin caer en afanes inquisitoriales"

El PP, además de ser un partido ejemplar, dijo, ha de ser "responsable y justo". "En los últimos días en los que parece que hay filtraciones interesadas que nos quieren marcar la agenda tenemos que mantener ese equilibrio. Un equilibrio exigente sin hacernos partícipes de ninguna práctica del pasado que nos pueden avergonzar, pero también al mismo tiempo justo y equilibrado a la hora de tomar las medidas que se espera de nosotros sin caer en afanes inquisitoriales", sostuvo.

Cospedal ha renunciado ya a su asiento en el Comité de dirección pero no a su escaño.

Fuentes de la dirección nacional del PP ven, además, "inaceptables" los encargos a Villarejo y recuerdan que datan de "hace diez años". "Casado dijo que el Comité Ejecutivo iba a ser intachable y así está siendo", defienden las mismas fuentes.

Casado, explican en Génova, no ha hablado con Rajoy de los audios en los que la ex secretaria general pide al comisario José Manuel Villarejo que investigue a Javier Arenas. Tampoco sobre los que apuntan a que el comisario tenía que recopilar datos sobre Alejandro Pérez Rubalcaba, hermano del exministro socialista del Interior.

"Doble vara de medir"

En su intervención ante los senadores del PP, Pablo Casado se quejó de la "doble vara de medir" de los otros partido. Pidió al PSOE que responda de los escándalos que afectan a sus ministros, sobre todo de los audios protagonizados por Dolores Delgado y avanzó que el PP irá "dando pasos" a medida que se conozcan nuevos datos. "Hasta ahora no vamos a aceptar ninguna lección", advirtió a los partidos de la oposición.

Dijo, además, que la actuación del PP está siendo respetuosa con su código ético y "con pleno respeto a la presunción de inocencia" y "dando los pasos que en justicia consideramos que son justos".

El líder del PP había arrancado definiendo al Senado como una Cámara fundamental para hacer frente a "un mal Gobierno".

Antes de tomar la palabra el presidente de los conservadores fue el turno de Ignacio Cosidó. El portavoz del PP dio la bienvenida de nuevo al Grupo a Pilar Barreiro.

Según se puede escuchar en las últimas grabaciones publicadas por Moncloa.com, López del Hierro le aseguró a Villarejo que Rajoy, al que se refieren como "el jefe" de Cospedal, "estaba de acuerdo" en que se desarrollaran las investigaciones solicitadas al policía.

En una conversación entre el empresario y el policía se dice que Rajoy, entonces líder de la oposición, era conocedor de estos encargos y dio la luz verde a las acciones planteadas por Villarejo. "La suya y luego la de su jefe, que también le comentó el negocio a su jefe, como es normal", asegura López del Hierro sobre el beneplácito expresado por Cospedal y Rajoy.

"Su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación", recalca el marido de la exnúmero dos del partido en una conversación con Villarejo, después de que éste pregunte si el máximo dirigente del PP aprobaba la operación.

Tras publicarse diversos audios de sus conversaciones con el excomisario Villarejo, este lunes Cospedal anunció su renuncia a su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, pero mantendrá su escaño en el Congreso de los Diputados.

El ex ministro del Interior y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba; acudió este domingo por la noche al programa deportivo de Onda Cero, El Transistor. En la entrevista no solo habló de fútbol, sino que también hizo declaraciones sobre asuntos políticos. Preguntado por el excomisario Villarejo —de actualidad por la difusión de varias grabaciones que están comprometiendo a personalidades públicas—, Rubalcaba fue contundente: "Yo nunca vi a Villarejo, nunca despaché con él, nunca le encargué nada y nunca encargué a nadie que le encargara nada"; y añade: "Como lo ha grabado todo, si me ha visto seguro que estoy grabado y saldré, pero yo estoy seguro de que no voy a salir […] Tengo la conciencia de que mi voz nunca saldrá hablando con él".

Esta entrevista se produjo tan solo unas horas antes de que el portal Moncloa.com publicase nuevos audios en los que se revela que María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, le encargaron a Villarejo espiar al hermano de Rubalcaba mientras éste era ministro del Interior y el caso Gürtel estaba en plena eclosión. En las grabaciones, el excomisario asegura, entre otras cosas, que Alejandro Pérez Rubalcaba mantenía una relación sentimental con la directora de la empresa de espionaje catalana Método 3 y frecuentaba algún prostíbulo.

En Onda Cero, Rubalcaba también confesó que, dentro de la estructura del ministerio del Interior, no sabía en qué estrato se encontraba Villarejo y, sobre la aversión que el excomisario ha manifestado hacia él, dijo que no sabía "por qué no me tenía simpatía, pero tampoco tendría que tenerme antipatía porque nunca me trató". También se pronunció sobre la investigación de la Gürtel: "Los culpables de Gürtel están todos en la cárcel. Seguro que hubo gente que quería que no pasara, pero mi obligación era que se juzgara a los supuestos culpables".

Ignacio López del Hierro, empresario y marido de la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal, encargó al excomisario de Policía José Manuel Villarejo que espiara al hermano del entonces ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, al que achacan la iniciativa política de la operación Gürtel.

Según los últimos audios publicados por Moncloa.com, el excomisario señala a Alejandro Pérez Rubalcaba como "el punto débil" que podía utilizar el PP contra el dirigente socialista en medio de la operación contra la trama Gürtel.

En las grabaciones se puede escuchar como Villarejo relata a Cospedal y López del Hierro la supuesta vida "disoluta" del hermano del ministro, al que atribuye una relación sentimental con la dueña de Método 3, agencia de espionaje de Barcelona, que Cospedal y López del Hierro vinculan en el escándalo de espionaje entre dirigentes del PP en la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre.

De acuerdo a Villarejo, Rubalcaba estaba "tremendamente preocupado" por la situación de su hermano y "le acojonaba" que pudiera ser usado en su contra. Es más, el excomisario asegura que la propietaria de Método 3 usa al hermano de Rubalcaba para conseguir favores. En sus palabras "lo va utilizando como si fuera Juan Guerra", en relación al caso de corrupción a principios de los 90 que involucró al hermano del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.

López del Hierro encarga a Villarejo que haga el dossier sobre Alejandro Pérez Rubalcaba, a lo que el excomisario accede aunque avisa de las dificultades que ve para realizar el encargo. El policía apunta que se puede rastrear sus llamadas telefónicas, además de sus movimientos bancarios.

"En la medida de lo posible es la vía que voy a seguir", recalca Villarejo, quien también sugiere que otra opción es contactar con medios de comunicación como 'Época' o 'Intereconomía' para que hagan una investigación con una cámara oculta sobre la vida privada del hermano de Rubalcaba.