Cada 28 de febrero, Andalucía se convierte en una postal costumbrista. Los centros educativos de la comunidad reparten desayuno molinero –pan con aceite y azúcar–, enseñan a sus alumnos a tocar el himno autonómico con la flauta dulce e improvisan sevillanas en el patio. En el Parlamento andaluz, el presidente concede medallas y recita discursos que apelan al orgullo verdiblanco. 

Una coreografía que, según algunos promotores de la autonomía andaluza, eclipsa el agrietado decorado que la sostiene. “Es una cloroformización del pueblo andaluz”, sentencia Isidoro Moreno, antropólogo de la Universidad de Sevilla que, como secretario general del Partido del Trabajo de Andalucía, fue uno de los firmantes del Pacto Autonómico de Antequera en 1978, proceso considerado el desencadenante del proceso autonómico de la comunidad. 

El antropólogo denuncia que el folklorismo descontextualizado es “un bloqueo planificado del paso del sentimiento a la conciencia”, convirtiendo el 28-F en un sustantivo festivo que ha olvidado su condición de verbo. A través de esta “festividad light”, argumenta que se ha creado una “amnesia” sobre los casi dos millones y medio de andaluces que acudieron a las urnas a erradicar las problemáticas que, precisamente, continúan hoy acechando la comunidad. 

“Los andaluces acudieron a las urnas para convertir Andalucía en una autonomía de primera”, explica Moreno. Con este tipo de autonomía, el promotor no se refiere exclusivamente a reconocimiento, sino al tipo de autogobierno que Adolfo Suárez tenía reservado a las denominadas “nacionalidades históricas” –Galicia, País Vasco y Cataluña, al haber sido reconocidas durante la Segunda República–, a través del artículo 151 de la Constitución del 78. El resto de comunidades se regirían por el artículo 143, una vía más lenta y que otorga menos competencias. 

La revista ‘Andalucía en la Historia’ explica que la “autonomía pasó a significar el remedio de todas las lacras sociales”. Con su consecución, la región obtendría las “herramientas necesarias” para autodeterminar sus problemas colectivos y proponer las soluciones pertinentes. Estas competencias incrementarían tanto los recursos como la capacidad de intervención de los andaluces sobre sus propias necesidades. Por tanto, el “SÍ” en el referéndum perseguía la soberanía del pueblo andaluz sobre sí mismo. 

La reclamación de un estatuto propio se reforzó con la afirmación de los elementos propios de la identidad andaluza, fundamentalmente culturales. Un argumento que perseguía los principios de Blas Infante, andalucista histórico considerado el patrón de Andalucía, que basó el derecho de autogobierno en la posesión de una cultura andaluza fruto de un proceso histórico diferenciado y, por ende, con “sus propias necesidades colectivas”. 

Y sí, la voluntad política andaluza triunfó y consiguió su propio Estatuto de Autonomía el 20 de octubre de 1981. No obstante, Isidoro Moreno incide en que, “aunque Andalucía consiguió ascender a primera división, jamás jugó en primera”. 

Mientras el antropólogo lo achaca a la consecución de “competencias muy limitadas” en el acuerdo autonómico, Christopher Rivas, el candidato a las próximas elecciones andaluzas por Andalucía Por Sí - Andalucistas, identifica “la falta de voluntad política” como causa de la problemática. Sea como sea, ambos coinciden en que nada ha cambiado: la “pésima situación estructural” de la autonomía más votada sobre el censo de España –55,84% sobre el censo– sigue siendo la misma que hace más de 40 años. 

Isidoro Moreno considera que el Gobierno quiso “vender el Estatuto de Autonomía como el desembarco natural del 28-F”, pero denuncia que un repliegue de los partidos políticos durante la construcción autonómica convirtió el texto en “un recorte de lo que era posible, dentro del marco de la Constitución”. 

El referéndum del 28 de febrero de 1980 presentó un enunciado críptico: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. En él, las palabras “autonomía” y “Andalucía” habían desaparecido, y ya auguraba lo que la organización política Nación Andaluza considera “una guerra que ya estaba perdida”.

La UCD, temerosa de un supuesto descontrol del proceso autonómico, desplegó un plan para frenar la transición de la soberanía andaluza. Organizó una campaña de abstención que incluía mensajes como “UCD solo te quiere informar y pedirte reflexión” y “Este no es tu referéndum; si vas a votar, vota en blanco”. El entusiasmo por la autonomía se convirtió en duda, no se combatía la autonomía abiertamente, sino que se buscaba enfriarla. Además, el Gobierno redujo tanto la duración de la campaña —una semana menos que en País Vasco y Cataluña— como la subvención estatal —125 millones de pesetas frente a los 300 millones destinados a otras nacionalidades históricas—, en un intento de condicionar el resultado.

El líder de Andalucía Por Sí - Andalucistas explica que las condiciones del referéndum hacían prácticamente imposible la victoria: para que la autonomía se aprobara por la vía rápida del artículo 151, el “SÍ” debía ganar por mayoría absoluta del censo en cada una de las ocho provincias. Los censos no estaban depurados, incluyendo fallecidos, emigrantes o menores de edad, que se contaban como abstencionistas, favoreciendo el fracaso del referéndum. Isidoro Moreno señala que “los andaluces tomamos este comportamiento como una agresión contra Andalucía y los andaluces”, y que esto funcionó como catalizador de la movilización popular. 

Pese a todo, la participación alcanzó el 64,19% del censo, con un 86,9% de votos afirmativos sobre los votantes. Solo Almería quedó por debajo del 50% del censo, con un 42,3%. 

Aun así, Isidoro Moreno denuncia que el Estatuto de 1981 otorgó “competencias muy limitadas”. Se conquistó el instrumento, pero no la capacidad de transformar las estructuras, como demuestra la frustrada Ley de Reforma Agraria de 1984, impulsada bajo el lema “tierra y libertad”, que apenas alteró la histórica concentración de la tierra: “Ni para una reformita tuvimos competencia”, ironiza Moreno. 

Uno de los ejes del Estatuto era responsabilizar al centralismo de la situación histórica de dependencia y subordinación de Andalucía, reconociendo su deuda histórica para establecer un diagnóstico de fondo. De no hacerlo, la comunidad quedaba atrapada en lo que Mari Carmen García Bueno, histórica del Sindicato Andaluz de Trabajadores y parlamentaria por Adelante Andalucía, denomina su situación “de niña pobre”.

Los andalucistas denuncian una “situación de colonia interna”, reflejo de una subordinación profunda dentro del Estado. La economía andaluza se orienta a la extracción de materias primas cuya transformación se realiza fuera de la región; carece de un tejido industrial propio, convirtiéndose más en proveedora que en productora de valor añadido; las empresas más rentables se concentran fuera de Andalucía, desplazando decisiones estratégicas lejos del territorio; y la emigración masiva convierte a la mano de obra andaluza en suministro barato para otros polos industriales. Denuncian que esta situación histórica se mantiene pese a la reforma estatutaria de 2007, que proclamó la deuda histórica saldada, pues los problemas estructurales siguen vigentes.

Andalucía Por Sí - Andalucistas alerta incluso de una “nueva deuda histórica”: el turismo masivo limita el acceso a la vivienda, las industrias contaminantes en polos como Huelva presentan graves riesgos para la salud, y la presencia de bases militares estadounidenses en Rota y Morón evidencia la subordinación territorial. 

Por otra parte, también advierten de la “vampirización de la cultura”, con productos andaluces convertidos en “marca España” y apropiados fuera de la región, como sucede en eventos como el festival Madrilucía. 

“Hay una enorme necesidad de aclarar cuestiones”, reivindica Isidoro Moreno. En un contexto donde casi todos los partidos —excepto la ultraderecha— se autodenominan andalucistas, advierte que crea “una hegemonía fingida”. Se oculta la ausencia de mecanismos específicamente andaluces bajo la apariencia de un consenso simbólico.

Considera que el llamado “borrado” del 4 de diciembre de 1977, reemplazado por un 28-F menos conflictivo, habría desactivado la conciencia política andaluza. Andalucía por Sí sostiene que sin esa fecha “no se puede entender nada de lo que sucedió después”, desde la manifestación de más de un millón y medio de personas hasta el asesinato del joven militante de Comisiones Obreras Manuel José García Caparrós.

Para la agrupación, el andalucismo político es un proyecto “de exclusiva obediencia andaluza”, diseñado desde Andalucía para afrontar problemas propios: economía extractivista, falta de industria e infrafinanciación. Adelante Andalucía coincide y denuncia que el andalucismo no puede ser una escenografía institucional, sino medidas que afronten las desigualdades estructurales de la comunidad.

Así, los defensores del andalucismo reclaman la necesidad de una "recuperación de conciencia" para crear una nueva mirada del pueblo andaluz que resuelva, como lo denominaba Blas Infante, esta "crisis de humanidad". 

El 28 de febrero celebramos el Día de Andalucía en recuerdo de una jornada histórica vivida en 1980. Los andaluces fuimos convocados a las urnas para votar el tipo de proceso autonómico que deseábamos. La derecha en el Gobierno quería utilizar el artículo 143 de la Constitución. Separaba así la realidad legal andaluza de la ya vivida en Cataluña, el País Vasco y Galicia, las llamadas comunidades históricas. Las instituciones de las ocho provincias del Sur promovieron el apoyo a la vía del artículo 151, un camino que igualaba los derechos autonómicos andaluces con los otros territorios. La discusión fue larga y agitó la vida política durante muchos meses antes incluso de la Constitución. 

Yo cumplí 19 años el 4 de diciembre de 1977, día en el que celebramos una masiva manifestación en apoyo de los derechos plenos para Andalucía. Los amigos que fuimos juntos a la manifestación éramos muy conscientes de las diferencias territoriales y de la manera diversa de vivir nuestra identidad. La historia nos marca, eso ocurre siempre y a lo largo de los siglos, ya se sabe. Pero en Andalucía, además, estaba muy cerca un tiempo de pobreza, de emigración forzada para escapar de la miseria. El desarrollo económico del País Vasco y Cataluña tenía poco que ver con los paisajes campesinos de nuestra tierra y con el subdesarrollo económico provocado por la política caciquil de la dictadura. Si el franquismo había tratado con una clara falta de respeto las identidades culturales catalana y vasca, su violencia contra la economía andaluza había sido mucho mayor. Por eso hay ahora tantos catalanes y vascos de origen andaluz.

La lucha planteada en el Sur no aceptó las diferencias de trato que suponían los artículos 143 y 151. Comprendimos entonces que la única manera de respetar la diversidad histórica es regular un orden común de derechos. Del mismo modo, lector ya de poetas catalanes como Gabriel Ferrater, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo o Joan Margarit, comprendí también que el único modo de legitimar un orden común de convivencia es respetar la diversidad de identidades dentro de una ilusión colectiva.

Los poderes mediáticos de 1980 tenían entonces menos capacidad de manipulación. Pese a los esfuerzos televisivos y radiofónicos del Gobierno, ganamos el referéndum de 1980 los partidarios de una autonomía plena por la vía del 151. A aquel proceso le debo no sólo la ilusión de que en política es posible conseguir una victoria, sino también la suerte literaria y humana de haber conocido a Rafael Alberti. El amigo de García Lorca, el poeta del exilio, el autor de Marinero en tierra y Sobre los ángeles, vino a Granada, entró por fin en Granada, como militante del Partido Comunista de España, para participar en un acto organizado en favor del derecho andaluz a una autonomía plena. Tuve la suerte de cenar con él una noche inolvidable de febrero de 1980.

Tampoco he olvidado las críticas de la derecha contra los que queríamos romper España al no aceptar las diferencias territoriales. Son críticas muy parecidas a las que hoy lanzan los herederos de aquella derecha para acusarnos de poco españoles cuando defendemos el derecho catalán a su propia identidad. ¿Es una contradicción? ¿Los que defendíamos la plenitud andaluza somos hoy unos vendidos a Cataluña? No me lo creo. Prefiero pensar que se trata de seguir defendiendo una igualdad de derechos elaborada desde el respeto a la diversidad y una diversidad capaz de articular su convivencia en la igualdad de derechos.

Y aunque han pasado ya muchos años, hay algo que permanece. Debajo de las polémicas, los dimes y diretes, las paradojas, las contradicciones, los insultos y los reproches, nos conviene distinguir entre los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que intentan que los pobres sean cada vez menos pobres.

Anunció el día de antes que se iría si alguien no hablaba en español y lo hizo, o sea que fue consecuente con lo que había dicho que haría y cumplió su promesa. Advertiré a los lectores que la coherencia será lo único bueno y positivo que destacaré en este artículo de Isabel Díaz Ayuso, que el pasado 6 de junio hizo el más absoluto ridículo en la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar en Barcelona cuando salió por patas al escuchar al lehendakari y al Molt Honorable (no el valenciano, que desde el pasado 29 de octubre se ha convertido más bien en el Molt Mentider) expresarse en sus respectivas lenguas. Espero, al menos, que cerrara la puerta al salir de la sala. Por cierto, parece que en el PP se ha puesto de moda abandonar el puesto de trabajo, pero eso lo hace cualquier currela de este país y lo sancionan y lo despiden. Y como esta mujer es insaciable, el jueves volvió a justificar su indiferencia hacia el euskera y el catalán y tildó de cateto a quien no defienda la lengua de Cervantes. Lo diré sin subterfugios, paleta es ella por despreciar las lenguas de su país. Esta charlatana, cada vez que abre la boca, sube el precio del pan. Con este nuevo espectáculo de la presidenta madrileña podemos decir definitivamente no que haya perdido el norte, sino todos los puntos cardinales del sistema de referencia cartesiano.

Recordemos exactamente qué dijo lady MadriZ (sin ánimo de manosear el tema musical homónimo de Leiva cuando formaba parte del grupo Pereza): «y que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me saldré, o por el camino ya veré lo que hago con esos pinganillos. Ya les digo que no me los pienso poner». Sé sincera, tronca, no es que no quisiste ponerte el pinganillo, es que no podías porque ya debías de llevar uno a través del cual tu ventrílocuo Miguel Ángel Rodríguez te dictaba lo que tenías que decir como si fueras Doña Rogelia, y la verdad es que sí, uno en cada oreja debe de ser bastante incómodo y todo un lío. Evidentemente, quién me busca me encuentra, y como lingüista y hablante de una de esas lenguas que ella tanto denigra no pensaba quedarme callado ante este atropello, un gesto grosero de intolerancia y desdén de una patana monolingüe que se cree ama y señora de todo. Por fortuna, España es plural y tolerante, no como ella.

Defender y hablar nuestras lenguas cooficiales es preservar la identidad de un pueblo, mientras que rechazarlas dice mucho de la ignorancia de quien lo hace. Los idiomas son historia, memoria, futuro, y por eso conviene cuidarlos y conservarlos. No lo digo yo, sino el artículo 3.3 de la Constitución: «La riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». En efecto, la diversidad lingüística es un tesoro, no un obstáculo, y quien niegue esto, como la lideresa gata, se lo tiene que hacer mirar urgentemente. A la derecha no le molesta aprender inglés, celebrar Halloween o regalar por Papá Noel, pero nuestra riqueza idiomática y cultural la destroza por puro supremacismo lingüístico. ¿Esta bobalicona se ha parado a pensar qué opinarán los votantes del PP a nivel nacional que hablan catalán, euskera o gallego? Parece como si los populares no hubieran entendido todavía que el castellano no es la única lengua del Estado. Proteger un idioma no solo es permitir que exista, también es garantizar que tenga espacios de uso real, sobre todo institucionales, y el Congreso de los Diputados o una Conferencia de Presidentes lo son. Negar el uso de las lenguas cooficiales no une, excluye, y Ayuso, por enésima vez, las utiliza para separar a un país, lo que no puede ser más lamentable, sobre todo si en alguna ocasión se le ha pasado por la cabeza hacerle un Casado a Feijóo y aspirar a gobernar el país.

Antes de que los defensores del argumento según el cual el uso del servicio de traducción e interpretación automático mediante pinganillo es un gasto superfluo e innecesario se rasguen las vestiduras, diré que es un razonamiento del todo absurdo. Quien se escandalice por la existencia de unos cuantos funcionarios del Estado que desarrollan este trabajo también lo tendrá que hacer por otros muchos despilfarros estructurales. En realidad, no les molesta el coste, sino lo que representa. El dinero destinado a intérpretes en la Administración General del Estado no compite con el presupuesto, por ejemplo, para sanidad ni para enfermedades graves como el cáncer, el alzheimer o la ELA. Simplemente son partidas diferentes gestionadas también por ministerios diferentes.

Quien salió pitando al escuchar la intervención en euskera de Imanol Pradales no lo hizo por no querer usar un auricular, sino por puro cálculo político, y a mi entender le salió muy mal. Su objetivo era reventar la cumbre y quitarle protagonismo a Feijóo. Me parece ridículo abandonar la reunión cuando el lehendakari utiliza su lengua e incorporarse cuando Alfonso Rueda, de su partido y presidente de la Xunta, fala galego. Si con su despropósito pretendía conseguir atención mediática, la tuvo toda. Ya sabemos que la Quironesa vive de agitar las aguas y el barro, y esto, desgraciadamente, le da votos. Y si tan en contra está del pinganillo, imagino que no sería tan escrupulosa y se lo habría puesto unos días después en caso de haber asistido al acto organizado por Marine Le Pen en el que su guía espiritual, Santiago Abascal, intervino hablando un francés macarrónico. Quelle honte!

Sabemos por experiencia también quién odiaba y no respetaba la existencia en España de otras lenguas que no fueran el castellano hasta el punto de prohibirlas oficialmente. Afortunadamente, el lema «Una, grande y libre» acabó el 20 de noviembre de 1975. Han pasado casi cincuenta años y tenemos derechos lingüísticos y culturales que hay que cumplir, como por ejemplo, la amenaza actual del PP i Vox de instar a las Cortes Valencianas a modificar la LUEV para que Alicante sea considerada una ciudad castellanohablante. También tenemos conocimiento de quién hablaba catalán en la intimidad y con Jordi Pujol a raíz del Pacte del Majestic, ¿no? Lo más gracioso es que la que ahora dice que estamos en una dictadura es quien quiere que solo se hable ecuatoriano, o sea, otra Paca. No respetar las lenguas de tu país es de ser muy inculta. Y como en el PP son tan antinómicos que dicen y hacen una cosa y la contraria, ahora que el Gobierno central se tambalea y que no sabemos si este año Pedro Sánchez se comerá o no el turrón en la Moncloa, no me extrañaría nada que la derecha reaccionaria estuviera haciendo ya cursillos acelerados de catalán en línea por si acaso la aritmética parlamentaria les permite gobernar con el apoyo de Junts. El Parla.cat está en su punto álgido y va a todo trapo. Ánimo, el nivel A2 podéis alcanzarlo de aquí a la convocatoria de elecciones generales.

Muy lejos queda aquel tuit de esta maja chulapa en el que alababa las lenguas cooficiales en un acto por la Constitución organizado por su partido: «Discursos en catalán, galego, valenciano, mallorquín, castellano... #España». Por la boca muere el pez. Del vasco, no dijo ni mu, y si nos descuidamos trocea el catalán en tantas partes como hablas tiene. Le faltó incluir el ibicenco, el leridano y el alicantino. Quizás el mensaje lo escribió a las puertas de unas elecciones para ganar votos, o quizás fue cuando todavía disimulaba un poquito su radicalismo, pero el caso es que ahora está pasada de la raya y es más de Vox que el políglota de Abascal. Ya sabemos que la coherencia política es la línea editorial del PP, que donde dije digo, ahora dice Diego. Como sentenció un sabio, somos amos de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. La hemeroteca está ahí y a la novia del ciudadano particular le acabará pasando factura.

Como decía antes, la Trump española está perjudicando a su superior jerárquico. Esta manola a quien, lo diré en madrileño para que me entienda bien, le gusta la fruta no es una mindundi dentro de un partido que tiene una pieza podrida que le puede echar a perder todo el frutero. Porque, insisto, ¿quién le pide ahora los votos a los partidos nacionalistas periféricos de cara a una futura investidura después de tanto odio lingüístico? El gallego tiene el enemigo en casa. Por cierto, el de Ayuso y el PP también es un tipo de nacionalismo, centralista, muy español y mucho español. Y si tan patriotas son que solo quieren una lengua y una cultura en vez de vanagloriarse de la vasta riqueza lingüística de su país, que se miren el artículo 3 de la Constitución, que deja muy claro que catalán, euskera y gallego son idiomas españoles. Y también el castellano, por supuesto, pero el sancta sanctorum del ordenamiento jurídico no habla de español como ella hace, esto es un invento de los países hispanoamericanos alguno de los cuales ha visitado recientemente huyendo de las corruptelas que la acorralan en su tierra.

Sí, la niña mimada les ha salido rebelde, y si al principio pensaban que sería un revulsivo para el partido, ahora resulta que se ha convertido en un problema radiactivo más que en una solución para la derecha española libertaria y delirante, porque con comentarios y actuaciones como los de hace unos días, el PP no sacará ni un voto ni en Cataluña ni en el País Vasco. También son infumables, inauditas e impropias de toda una autoridad autonómica sus declaraciones barriobajeras de extrarradio sobre las cañitas a porrillo, las terracillas, las cervecillas y los vinillos. En este sentido, conviene recordar de donde ha salido esta señora tan descortés, de llevar las redes sociales de Pecas, el perro de la aristócrata Esperanza Aguirre, y esto creo que lo dice ya todo. Pero parece que ahora la que ladra es ella, no el cachorro de la condesa consorte de Bornos, grande de España.

Dos días después de poner pies en polvorosa, para acabar de arreglarlo, en la manifestación en Madrid convocada por su partido bajo el lema «Mafia o democracia», dijo que «la falta de libertad que se vive en España nos impide decir la verdad, España no es plurinacional, no somos extranjeros en nuestra casa». Por poco no dijo amén. Por lo que se ve, esta malandrina, la más patética del PP, no tuvo suficiente con el numerito que montó en la Ciudad Condal. Por un lado, habla de falta de libertad una cenutria que, indignadísima ella, profiere discursos fascistas desde un púlpito con micrófono en medio de una plaza de la villa y corte y se queda tan fresca. Si las imágenes fueran en blanco y negro, nos pensaríamos que eran del NODO. Si no hubiera libertad, ella ya estaría en prisión por el hatajo de barbaridades que dice día sí, día también. Y, por otro lado, el artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Es la segunda vez que, ¡oh sorpresa!, comprobamos que esta desconsiderada no se ha leído todavía la Carta Magna.

Y acabaré con una confesión. Durante la preparación de este escrito he consultado varios foros para testar la indignación generalizada hacia la frutera de Chamberí a raíz de su última rabieta institucional. Veía que mucha gente se refería a ella como IDA, y claro, la primera cosa que pensé fue que, como parece que no está muy bien de la cabeza, pues que querían decir que es una persona sin cordura, ida en su único idioma. Después un conocido me dijo que IDA es la abreviatura con las iniciales de Isabel Díaz Ayuso, y también me cuadra. Al día siguiente del show que protagonizó esta pueblerina me encontraba yo en Madrid, y mientras hacía cola a la entrada de un teatro en el barrio de Chueca, escuché como el chico que había detrás de mí le decía a un amigo: «yo no puedo con ella, no puedo, de verdad, se me revuelve el estómago y tengo que apagar el televisor». Hablaba de la susodicha, que le provoca exactamente el mismo repelús visceral que a mí. Allende los ríos Manzanares y Jarama podemos pensar que, como gobierna con mayoría absoluta, todo quisqui le vota, pero no, por suerte tiene también sus detractores. Una Ayuso, a veces, en estado puro, o también en efervescencia, como los comprimidos de un conocido antipirético que debe de tomar para bajar esos subidones repentinos de fiebre que le hacen decir tantos disparates. Como dirían los gallegos, o falar no ten cancelas.

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Òscar Banegas es filólogo y trabaja como técnico lingüístico en el Servicio de Lenguas de la Universidad de Alicante.

"Las comunidades autónomas del Partido Popular son el mejor dique de contención contra el desgobierno de la nación". La frase, pronunciada hace unos días por el portavoz del PP Borja Sémper, sirve para explicar la estrategia de los conservadores desde que en las elecciones autonómicas del pasado año lograran teñir el mapa de azul. Actualmente la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo gobierna en once de las diecisiete comunidades—además de en las dos ciudades autónomas—, y se están sirviendo de ese poder territorial, logrado en muchos lugares gracias al apoyo de Vox, para obstaculizar e incluso bloquear las políticas impulsadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materias como la migración, la educación o la política fiscal, entre otras.

La ruptura

La Constitución Española no contempla en su Título VIII ningún precepto que recoja explícitamente los principios de colaboración o coordinación ni los órganos de cooperación de aplicación a la relación entre las administraciones del Estado autonómico, pero sí recoge el principio de solidaridad que el PP no siempre cumple. Existen órganos para fomentar el diálogo entre las administraciones como las conferencias sectoriales, como la que recientemente se reunió en Tenerife para abordar la reubicación de menores migrantes no acompañados, o las Conferencias de Presidentes, especialmente frecuentes durante la pandemia. Los conservadores siempre acusan al Gobierno de legislar de espaldas a las autonomías, pero es precisamente lo que ellos hacen cuando tienen la oportunidad.

Cuando Feijóo llegó a la dirección del PP aseguró que no se iba a inmiscuir en el trabajo de sus gobiernos autonómicos, a diferencia de lo que ocurría en la etapa de Pablo Casado. Una promesa que, sin embargo, incumplió tras ordenar a todos sus presidentes, incluidos aquellos que gobernaban junto a Vox, que aceptaran el reparto voluntario de 347 menores a la Península, pese a la ruptura de los ultraderechistas. La situación de debilidad parlamentaria en la que están ahora comunidades como la valenciana, Aragón, Castilla y León, Baleares o Extremadura no implica que haya una mano tendida del PP hacia el Gobierno de Sánchez, ya que mantienen su estrategia de cuestionar cualquier solución que se proponga desde el Ejecutivo central.

Con todo, ese plan del PP no siempre resulta efectivo. Aunque las comunidades dirigidas por los conservadores sí comparten algunas políticas comunes, discrepan en el fondo sobre asuntos como la propia migración, la financiación autonómica o la sanidad, lo que deja a Génova sin discurso. Con el único objetivo en mente de confrontar con Sánchez, desde la dirección del PP obvian a menudo las necesidades de sus propios territorios—como sucedió hace semanas con la ley del suelo— frente a la posibilidad de darle una derrota al presidente del Gobierno.

Sémper prometió que "la política migratoria va a ser uno de los elementos más relevantes de la acción política del PP", aunque en esta materia se han visto claramente las costuras dentro de la formación. Mientras que los líderes del PP en Canarias y Ceuta, dos de los territorios que están más saturados por la llegada de migrantes, consideran que es necesaria la reforma de la ley de extranjería para obligar por ley a las autonomías a reubicar a los menores, otras comunidades autónomas como Castilla y León, Madrid, Comunitat Valenciana o Andalucía claman contra cualquier "tipo de imposición", lo que supone una enmienda a la totalidad del planteamiento de sus propios compañeros de partido. Sin embargo, para la dirección de Feijóo la culpa es del Gobierno por la "ausencia de política migratoria" y reclama a Sánchez que convoque "hoy mismo o mañana" la conferencia de presidentes autonómico, en palabras del portavoz del PP.

Hace solo unas semanas Feijóo organizó un acto con sus presidentes autonómicos para anunciar que todas las autonomías del PP tendrán una selectividad común en criterios de corrección y fecha. Sin embargo, lejos quedó su pretensión de hacer un examen con contenidos unificados, ya que en función de cada comunidad autónoma se priorizan unos temas u otros, con el añadido de que el Ministerio de Educación fija el contenido del 60% del currículo. Además, el acuerdo alcanzado por el PP solo rige para las materias obligatorias, no las optativas. Los conservadores han tratado de hacer de la educación otro de los ejes de confrontación con el Gobierno, bajo la promesa de que si gobiernan derogarán la actual norma.

Este lunes el Ministerio de Hacienda se ha reunido con las comunidades autónomas para trasladarles la senda de estabilidad fiscal para los próximos tres años, con la que ha ampliado el objetivo de déficit hasta el 0,1%. Sin embargo, en el centro del debate ha estado la petición de la Generalitat catalana de recaudar el 100% de los impuestos y mientras que los gobiernos autonómicos de Aragón, Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana, todos del PP, cerraban filas en su oposición, otras autonomías dirigidas por los conservadores, como la Balear, reclamaron su propia singularidad y mayor autonomía tributaria. Aunque los pactos firmados tras el 28M acordaron la laminación de los impuestos de Sucesiones-Donaciones y Patrimonio en las comunidades del PP, estas también mantienen diferencias.

La constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de amnistía se ha convertido en almendra central del PP, hasta el punto de que los conservadores han movilizado todos los recursos disponibles, incluyendo la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, para manifestarse en contra del olvido jurídico. Todas las autonomías lideradas por los conservadores han anunciado que recurrirán la ley, —la primera en hacerlo fue la madrileña Isabel Díaz Ayuso— pero Génova lo está retrasando todo lo posible ante el temor de que el Tribunal Constitucional la avale, por lo que han pedido la recusación de tres magistrados progresistas del tribunal de garantías, al que presentan como un organismo al servicio del presidente del Gobierno.

La financiación autonómica es otro de los elementos que el PP trata de utilizar para confrontar con el Gobierno, pero que tampoco cuenta con el consenso de todas las autonomías del PP. Reformar la financiación es un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía, que denuncian desde hace años su infrafinanciación, al igual que Murcia y Castilla-La Mancha. Las dos primeras reclaman un sistema de población ajustada que incluya aspectos como el envejecimiento, la población joven o la dispersión, un modelo que contrasta con el de otras autonomías como Galicia, que con Alberto Núñez Feijóo como presidente, demandaban que tuvieran en cuenta factores como el envejecimiento o la dispersión de su población en los municipios rurales. Una petición que, a su vez, es incompatible con las reclamaciones de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, para que en el cálculo tenga un mayor peso el número de ciudadanos.

Los "deplorables antecedentes" en la aplicación de fondos europeos por parte del Estado español lanzan un negro pronóstico sobre la capacidad de las Administraciones públicas de afrontar el "colosal" desafío de los Next Generation, entre otros retos de futuro apremiantes. De hecho, el balance de gestión de los fondos en 2021 reafirma la urgencia de acometer la modernización de un Estado anclado en el siglo XX. Este es el diagnóstico que se extrae del trabajo de los investigadores Carles Ramió y Manuel Hidalgo, especialistas en gestión pública desde las ópticas de la Ciencia Política y la Economía, publicado en sendos artículos en el Informe sobre la democracia en España 2021, el análisis de referencia del estado de la democracia en el país, que año a año publica la Fundación Alternativas.

El punto de partida del análisis de Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración y Comisionado para la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, es la necesidad de una "urgente" reforma en profundidad para hacer frente a la variada lista de "retos" del ciclo 2020-2030, que incluye el envejecimiento de las plantillas y de la población en su conjunto –con unos sobrecostes previstos equivalentes al 12% del PIB en los próximos 25 años – y la extensión de las tecnologías de inteligencia artificial y la robotización. Y eso en una era de inestabilidad política y económica.

Todos estos problemas hay que encararlos al mismo tiempo que otro que ya está sobre la mesa, en forma de obligación: la gestión de los fondos europeos, que puede –o podría– suponer la movilización en seis años de 140.000 millones, de ellos 77.000 a fondo perdido. Y no es el único dinero europeo. España puede recibir en el próximo marco financiero (2021-2017) hasta 50.000 millones más. A ello hay que añadir los fondos sin ejecutar del anterior marco (2014-2020), que a 1 de enero de 2022 eran más más del 60%, lo que supera los 15.000 millones, explica en su artículo Hidalgo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide y senior fellow del think tank Esade Ecpol, que con todo ello ve por delante "un reto de gestión colosal". "Entre 2021 y 2027, nuestro país deberá gestionar no menos de 200.000 millones de euros de fondos europeos", añade Hidalgo.

¿Qué perspectivas ante ese desafío? Cuanto menos, preocupantes. Por dos motivos. 1) Por cómo ha rendido España –Administración central y autonomías– hasta ahora en exámenes más fáciles. 2) Por los resultados decepcionantes que arroja el primer balance de la gestión de los fondos, si bien es cierto que aún falta la nota definitiva.

"Los antecedentes son deplorables, ya que la Administración adolece de una merma en su sistema organizativo y en su modelo de gestión de recursos humanos que ha supuesto que apenas haya gastado un 34% de los fondos en el ciclo 2014-2020. De los 56.241 millones que puso a su disposición la Comisión Europea, España sólo ejecutó 19.374. De hecho, es el país de la UE que menos porcentaje ha logrado implementar", escribe Ramió, autor de una treintena de libros y 250 artículos sobre Administración pública. Hidalgo se suma: ha habido "enormes dificultades" para la gestión de "cantidades muy inferiores" a las previstas ahora, por lo que los retos "se antojan difíciles de superar".

Los dos autores se afanan en discernir las causas de esta "debilidad". El economista enumera una serie de "cuellos de botella". Ejemplos: escasez de planificación estratégica, coordinación y evaluación de políticas públicas, así como confusión en la distribución de tareas... En resumen, detecta un "fallo a diferentes niveles", incluido el de recursos humanos, donde hay un "desconocimiento importante del know-how" sobre gestión de fondos europeos. Y alerta de un riesgo añadido: "Los fondos pueden verse como una fuente de ingresos que libere el uso de presupuesto autofinanciado [...]. Dicho en otras palabras, el riesgo es que los fondos no se conviertan en inversión complementaria, sino de carácter sustitutivo". Ello podría derivar en un "menudeo de proyectos" sin capacidad transformadora.

Ramió ve una serie de "capturas estructurales" que impiden la reforma de una Administración "conceptualmente reacia al cambio". Son las siguientes: 1) Falta de incentivo político para la reforma, que "no aporta réditos electorales, implica mucho esfuerzo y es una fuente inagotable de conflictos". 2) Resistencia sindical. 3) Corporativismo de los empleados públicos. 4) Batallas judiciales. "Cuando una Administración [...] logra el milagro de que converjan el Gobierno, los sindicatos y los empleados públicos, basta que un solo empleado presente un recurso para que todos estos esfuerzos hayan sido baldíos", señala Ramió, que en 2020 fue parte del grupo de expertos que analizó la metodología para la rendición de cuentas del Gobierno.

El panorama final que presenta Ramió, autor en un blog de referencia sobre la Administración, es sombrío. Un resumen en dos pinceladas: los mecanismos de selección de empleados públicos están "obsoletos" y "la arquitectura organizativa" se fundamenta en "una gestión de carácter feudal", totalmente fragmentada. De modo que la reforma, señala, es la "gran asignatura pendiente" tras más de 40 años de democracia: "Ninguna gran Administración –ni la General del Estado ni las autonómicas– ha sido capaz de implementar una auténtica reforma", concluye.

Ramió considera que el decreto de 2020 "para la modernización de la Administración y la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" se queda corto como reforma porque es "reactiva" y está centrada en un solo desafío: el aprovechamiento de los fondos europeos. "¿Podemos considerar esta iniciativa como una auténtica estrategia de modernización o de reforma? La respuesta es que, de momento, no, aunque no hay que desestimar la posibilidad de que esta primera iniciativa se convierta en el abrelatas", escribe el ex director de la Escuela Catalana de Administración Pública.

Hidalgo ve la reforma ya realizada como la "más ambiciosa hasta la fecha". Ahora bien, de momento no impide que los problemas se repitan. "La ejecución de los fondos asociados al plan [de Recuperación, Transformación y Resiliencia] ha evolucionado muy lentamente durante los primeros meses", señala Hidalgo, para quien la eficacia de la reforma realizada está "en entredicho".

En lo que respecta a los "cuellos de botella", añade, "no parece que haya habido grandes cambios, salvo el aumento en la contratación de personal o en procesos de formación para cuadros especializados". Concluye Hidalgo: "Los problemas de gestión de fondos son profundamente sistémicos", lo que significa que sus razones son "numerosas" y nacen "de los más pequeños y cotidianos actos" de la Administración.

Todo ello está afectando ya a la ejecución de fondos. Según cálculos del Observatorio de Fondos Next Generation de Esade EcPol y de Ernest & Young, a finales de 2021 sólo se habrían adjudicado 1.000 millones en licitaciones y 4.000 en subvenciones. "Es muy evidente que la lentitud es una clara característica, ya no sólo de la gestión de fondos en España, sino en general de la ejecución de cualquier partida", añade. Según datos oficiales de contabilidad de la Comisión Europea adelantados por El País, el Gobierno sólo gastó el año pasado 2.400 millones de los fondos, un 0,2% del PIB.

El Ministerio de Hacienda, en respuesta por escrito a una solicitud de información de infoLibre, reivindica la gestión realizada y cifra los pagos a 31 de diciembre del año pasado en 11.000 millones, un 45% del crédito total. La diferencia con el dato de 2.400 millones se explica así: el dato de Hacienda "incluye transferencias a las comunidades autónomas como consecuencia de conferencias sectoriales", según el departamento de María Jesús Montero (PSOE).

Hacienda señala además que el dato más relevante no es el de pagos, sino el de "obligaciones reconocidas", mediante las cuales ya se le puede exigir un crédito a la Administración. Ese porcentaje fue en 2021 del 82,8%, según Hacienda. En cuanto a 2022, a 2 de junio las obligaciones reconocidas eran de 3.109 millones, un 11,55% del crédito total. Hacienda recalca que lo autorizado supone más del 40% de los presupuestado. "Esto quiere decir que casi la mitad de lo presupuestado para 2022 ya está en movimiento. No es un nivel bajo de ejecución. El año pasado en los primeros meses el nivel de ejecución fue bajo porque primero tienes que poner el dinero en circulación, es decir, autorizar y comprometer, que son las fases del ciclo presupuestario que van más lentas porque se corresponden con la preparación de los pliegos, convocatorias, publicación, procedimiento de adjudicación", añade Hacienda.

En cuanto a los desafíos de la Administración, el momento es exigente. España encara la salida de la crisis del coronavirus, que ha enseñado los costurones del Estado, las deficiencias de su diseño y los vicios de su funcionamiento. Ahora la recuperación se topa con la guerra en Ucrania, la inflación por controlar y la amenaza de otra posible crisis económica.

Pues bien, España llega a este punto con reformas pendientes. El plan normativo del Gobierno para 2020 ya recogía una Ley de Función Pública, cuyo objetivo era “impulsar la racionalización de la AGE y mejorar la calidad de los servicios públicos”. La norma se ha retrasado. El Ministerio de Hacienda afirma que "se está ultimando". El Gobierno sí ha avanzado en la Ley de Evaluación de Políticas Públicas, aprobada como proyecto en mayo.

La propuesta de Ramió va más allá de los planes del Gobierno. El investigador propone una serie de "medidas urgentes", que no sólo sirven para encarar el desafío de los fondos europeos, sino todos los que están por venir. En el punto de mira está sobre todo el personal. Ahí se dirige una medida a la que Ramió atribuye importancia capital ante el relevo generacional masivo: una planificación urgente de recursos humanos que incluya un catálogo de puestos por suprimir una vez se vayan jubilando sus titulares y otros por incorporar, como gestores de datos o especialistas en inteligencia artificial. También, señala Ramió, hay que transformar la selección para atraer "talento joven y digitalizado" e introducir la figura del "directivo profesional".

El autor de títulos como Burocracia inteligente cree que, de no realizarse la "perentoria" reforma, "lo más probable es que la Administración pública entre en decadencia, configurándose como un ente residual, ausente e impotente".

Gobierno vasco y central han sellado este lunes en la Comisión Mixta de Transferencias, reunida en Bilbao, el acuerdo para el traspaso a Euskadi de instituciones penitenciarias, que será efectivo el próximo 1 de octubre. También se han cerrado las transferencias del transporte por carretera, el código bibliográfico internacional ISSN y el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa, de manera que, con estos cuatro traspasos, quedarían otras 27 competencias pendientes para culminar el calendario acordado entre ambos gobiernos y dar cumplimiento al Estatuto de Gernika, según recoge Europa Press.

En la reunión de la Comisión, celebrada en el Archivo Histórico de Bilbao, han participado, entre otros, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.

La Comisión Mixta es el órgano que establece las normas conforme a las que se transferirán a Euskadi las competencias que le corresponden en virtud del Estatuto de Gernika, además de regular el traspaso de medios personales y materiales.

En la reunión celebrada este lunes se ha certificado el acuerdo de traspaso de funciones y servicios, así como en su caso de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales, de la Administración del Estado a Euskadi en materia de Instituciones Penitenciarias, Transporte por carretera, el código bibliográfico internacional ISSN y el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa.

Instituciones penitenciarias

La transferencia de mayor dimensión hace referencia a la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, también conocida como Prisiones. El acuerdo supone el traspaso a Euskadi de las funciones y los servicios penitenciarios, de manera que la comunidad asume la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Basauri (Bizkaia), Zaballa (Álava) y Martutene (Gipuzkoa). Asimismo, se hace cargo de la ejecución, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas a los presos.

El traspaso será efectivo a partir del próximo 1 de octubre, depués de más de cuatro décadas en las que han sido el Ministerio del Interior y la Secretaría de Instituciones Penitenciarias los responsables de las tres prisiones de Euskadi.

A partir de octubre pasarán el testigo al Gobierno Vasco, que asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. Actualmente hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Álava), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), de los que aproximadamente un centenar son mujeres.

Los tres inmuebles han sido traspasados a Euskadi que se hará cargo en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Estado y, cuando se construya la prisión de Zubieta, el Gobierno Vasco devolverá Martutene al español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario. Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno español en marzo y, según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023. Esta operación no supondrá variación en la valoración del coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso.

La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada por instituciones penitenciarias tras su cierre, de manera que ya no acoge a presos y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones. El centro penitenciario no se ha desafectado del servicio público.

El Gobierno Vasco integrará y se hará cargo de la nómina de cerca de 700 empleados públicos actuales que van a ser transferidos para su integración en la función pública vasca y que trabajan en las tres prisiones vascas. Alrededor de 300 en Zaballa, mientras que en Basauri y Martutene no llegan a 200. La mayoría son funcionarios, aunque también hay laborales.

La valoración económica de la transferencia asciende a 69.949.977 euros. Euskadi retendrá anualmente (reduciendo el 6,24% del Cupo) esta cantidad anual de casi 70 millones para financiar las funciones y servicios asumidos. De esa manera, se retendrá esa cuantía sin aportarla al Cupo y la integrará en sus Presupuestos.

En 2011, el Gobierno Vasco ya asumió los servicios públicos de sanidad penitenciaria integrados en Osakidetza.

Transporte por carretera

Los dos gobiernos también han acordado la transferencia del transporte por carretera, de modo que el Gobierno Vasco asumirá los medios para la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera que discurre íntegramente dentro de Euskadi, así como los que, sin que discurran por ella, tengan su origen y destino en el País Vasco.

Por lo tanto, Euskadi asumirá la gestión de autorización de operador de transporte, otorgamiento y gestión de concesiones de transporte privado, actividades auxiliares y complementarias del transporte, arbitraje y gestión de los exámenes de competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares.

Álava ya cuenta con algunos de estos medios gracias a un convenio foral de 1950, mientras que el acuerdo prevé la equiparación de lo establecido respecto a la Diputación Foral de Álava para las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, así como la actualización del convenio alavés. El traspaso tendrá efectividad en el momento de suscripción de los convenios con las Diputaciones a lo largo del año 2021.

Euskadi asumirá cuatro empleados públicos ahora dependientes del Estado que se integrarán provisionalmente en la función pública vasca, para ser posteriormente transferidos a las Diputaciones forales. Asimismo, se hará cargo de un espacio de 77 metros cuadrados en el Palacio de Chávarri. La valoración económica del traspaso es de 153.000 euros, por lo que Euskadi retendrá actualmente para financiar las funciones y servicios la cantidad anual de 9.581 euros.

ISSN

Ambos ejecutivos también han llegado a un acuerdo para el traspaso del del código internacional de identificación bibliográfica o ISSN, que es un número reconocido internacionalmente para la identificación de las publicaciones seriadas. La gestión ha correspondido a la Biblioteca Nacional de España y ahora pasará a manos de la Administración vasca. El traspaso supone que el Gobierno Vasco se hace cargo del otorgamiento del código ISSN en Euskadi, para lo cual se recepcionarán las solicitudes de los editores y se tramitarán y catalogarán las publicaciones periódicas con ISSN asignado.

Distrito Marítimo de Ondarroa

Por último, también se ha cerrado el traspaso de un inmueble en el puerto de Ondarroa hasta ahora de titularidad estatal, que supone una ampliación de la transferencia de puertos realizada en su día. El traspaso de este edificio con una superficie de la parcela de 172 metros cuadrados y una superficie imputada total de 688 metros cuadrados, en el que se ubicaba la sede del Distrito Marítimo de Ondarroa permitirá completar las obras de regeneración del puerto de esa localidad vizcaína.

El antiguo edificio militar que después, en 1995, pasó a integrarse en el Ministerio competente en materia de puertos será derribado y en ese espacio se construirá una rotonda y una rampa de salida del muelle de carga de camiones.

De este modo, se pondrá fin al proyecto de construcción del edificio de la nueva lonja de pescado de Ondarroa, con el consiguiente traslado a esas dependencias del personal del Distrito Marítimo de Ondarroa y el posterior derribo de este inmueble que albergaba dicho servicio estatal. Esta operación permitirá culminar las obras de regeneración del puerto.

Este 6 de abril se cumplen 40 años de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia, la ley orgánica que reconoció como "nacionalidad histórica" al territorio y cerró el capítulo abierto en 1936, cuando in extremis la ciudadanía gallega refrendó su estatuto, truncado por el golpe de estado que hizo estallar la Guerra Civil y precedió cuatro décadas de dictadura, l, según recoge Europa Press

La actual norma estatutaria realizó un largo recorrido que arrancó en la preautonomía. Uno de sus hitos remontan a enero de 1979, con la constitución de la conocida como Comisión dos Dezaséis -que ya venía de un debate y recogida de proyectos previos-, y cuyo cometido fue la redacción del que sería el primer documento conjunto y de consenso estatutario. La propuesta del presidente preautonómico, Antonio Rosón, fue la de aglutinar a las fuerzas políticas parlamentarias y sin representación pero que habían presentado un proyecto estatutario, al que también contribuyeron entidades de la sociedad civil y cultural.

En aquel grupo dos 16, participaron la UCD, Alianza Popular (AP), PSdeG-PSOE, Partido Galleguista (PG), Partido Obrero Gallego (POG) y Partido do Traballo de Galicia (PTG) y una sola mujer, Lutgarda García Boente. Los acuerdos alcanzados se trasladaban a la prensa en un comunicado conjunto y pactado para evitar filtraciones.

Cuatro décadas después de la promulgación del Estatuto, Galicia solo recuerda un intento de reforma entre los años 2006 y 2007, cuando saltó por los aires la posibilidad de consenso entre las únicas tres fuerzas políticas que tenían representación parlamentaria, cuyos líderes fueron incapaces de reproducir el consenso que llevó a Galicia a mantener su estatus de "nacionalidad histórica" en la democracia posfranquista, como así se recogen en las actas de las sesiones parlamentarias y en la documentación recopilada en la obra de Baldomero Cores Trasmonte O Estatuto de Autonomía de Galicia: Documentación oficial (1977-1981), consultada por Europa Press.

En los archivos del Congreso de los Diputados se encuentran las cerca de 400 discrepancias que se presentaron para la elaboración del dictamen de la ponencia del texto, cuyos cambios introducidos desembocaron en la gran manifestación contra lo que se denominó el estatuto da aldraxe, del que habían quedado autoexcluidas sensibilidades políticas que luego fundaron el BNG, aunque algunos de los que participaron en el aquel proceso como Camilo Nogueira fueron (y es) destacado miembro militante de esta formación.

El PP apoyó la categoría del gallego como lengua oficial

En uno de los debates finales en el Congreso, que antes tuvieron el conocido como Pacto do Hostal para limar las asperezas y que el texto fuese adelante, era el de aquel exministro de Franco y representante de Alianza Popular, Manuel Fraga, que pocos años después se mantuvo, bajo las siglas del Partido Popular de Galicia, 16 años al frente de la Xunta autonómica.

Fraga defendió entonces el voto favorable al artículo 5º, que establece la categoría oficial de la lengua gallega y rechazó las enmiendas que se habían presentado. "Hay un estatus para la lengua franca de todos los españoles, un estatus para la lengua oficial dentro del Estado que hay el derecho y el deber de conocer y un estatus de oficialidad para las otras lenguas inscritas en los estatutos. Existe una protección además para otras vanidades y todo lo demás son ganas de buscar tres pies al gato".

Tras rechazar, eso sí, que "en Galicia no había una lengua oprimida", defendió el artículo 5º del ahora Estatuto vigente: "En todo caso, este artículo dice todo lo que tiene que decir: que el gallego es la lengua propia de Galicia, que el castellano y el gallego son los dos idiomas oficiales, que se prohíbe la discriminación y se aconseja la potenciación del gallego. Esto es lo que hay que decir y no otra cosa".

Fracaso en la reforma

Galicia, que pudo retomar su reforma estatutaria en los albores de la democracia gracias a la "voluntad" expresada en 1936, fracasó, sin embargo, en el diálogo impulsado en la primera década de los años 2000, en que sí vieron luz verde nuevos estatutos como el andaluz o el catalán, luego modificado por sentencia del Tribunal Constitucional.

En 2006, tras registrarse una petición conjunta de PPdeG, PSdeG y BNG, la Cámara autonómica activó la comisión parlamentaria encargada de estudiar una reforma que encalló en la residencia oficial del presidente de la Xunta, liderada entonces por el socialista Emilio Pérez Touriño, con el apoyo del BNG de Anxo Quintana en la Vicepresidencia.

Entonces, el líder de la oposición, que dos años después se convirtió en presidente del Gobierno gallego hasta la actualidad, el conservador Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el acuerdo no había sido posible por "36" puntos de discrepancia. Pero Touriño le reprochó su posición al respecto de asuntos como el idioma propio de Galicia como uno de los tres escollos que lo mantuvieron "inflexible hasta varar el buque de la reforma" del dirigente popular, al que acusó de seguir los dictados de "Génova".

La discusión pública que contienen las actas del diario de sesiones del 7 de febrero de 2007, consultadas por Europa Press, remiten al encuentro que se prolongó en Monte Pío el 17 de enero de 2007. Seis horas en las que se dio portazo a un año de trabajos parlamentarios en vísperas de las elecciones municipales de ese año.

Touriño quiso, no obstante, mostrar optimismo acerca de una reforma que nunca volvió a retomarse y de la que se quedó fuera en las elecciones de 2009 al perder, el bipartito de PSdeG y BNG, la mayoría que sostenía la Xunta. "Me niego a pensar que este aplazamiento sea un punto y final", pronunció el entonces presidente.

Feijóo retó entonces a cambiar la propuesta y presentar un proyecto y afirmó que, de no hacerlo, lo haría su partido. "Si no tengo esa propuesta antes de las municipales (de 2007), el Partido Popular de Galicia presentará su propuesta otra vez", señaló en aquel debate, aunque doce años después de su mayoría absoluta no se abordó.

En aquel debate, Quintana centró su intervención en reclamar apoyos para la transferencia de competencias. "¿Está usted de acuerdo con que Galicia tenga competencia plena para la defensa de nuestras costas en materia de seguridad marítima?", le planteó Quintana a Feijóo. "Les propongo salir de esta Cámara no con un reparto de culpabilidades, sino con una imagen de unidad y generosidad y con un gran pacto nacional para que Galicia no pierda ni una sola oportunidad", apeló.

Competencias sin completar

Cuarenta años después no se han completado las competencias del texto de la autonomía gallega, como así lo recordaron los integrantes de la comisión dos 16 al recibir en 2017 la Medalla del Parlamento de Galicia. "Las transferencias están sin completar", dijo Fernando Solla, quien se refirió en concreto a la gestión de la Seguridad Social, en el artículo 33.

Luis Sobrado, por su parte, lanzó en 2017 el mensaje de la "necesaria reforma" de un estatuto que no contempla a Galicia en Europa por los tiempos en que se redactó.

"Una nueva puesta al día", apuntó, por su parte, José Vázquez Fouz, sobre un estatuto que fue "una experiencia modelo" en palabras de Francisco Puy Muñoz, quien apeló, a quienes tengan en el futuro la misión de redactar un nuevo estatuto, "a saber tener como modelo" el trabajo que desembocó en la promulgación del Estatuto en 1981. "Nuestras diferencias no nos apartaron nunca del objetivo", proclamó Víctor Vázquez Portomeñe.

Basta con acudir a los diarios de sesiones para comprobar que el debate de transferencias ha seguido vigente. Uno de ellos, la creación de una Policía Autonómica propia. El más reciente, la petición de competencias marítimas que actualmente urge Feijóo en plena tramitación de la ley estatal de cambio climático.

El colectivo que desde hace tres años organiza anualmente la lectura de los Decreta de Alfonso IX ante la Real Abadía de San Isidoro de León como acto de recuperación de la memoria histórica, integrado por distintas personalidades de la cultura, emitió este martes un comunicado en el que toma posición ante lo que considera una situación de “crisis integral del territorio leonés que se manifiesta en un hundimiento demográfico, agudo retroceso económico y manifiesta ineficacia institucional”.

A través de un manifiesto apoyado por multitud de personas del mundo de la literatura, el periodismo, el arte, la ciencia, la música, la investigación y el empresariado, este colectivo secunda el “disgusto social existente ante el calamitoso estado de la región”.

Entre los firmantes se cuenta un gran número de prestigiosos autores como Antonio Gamoneda, José María Merino, Juan Carlos Mestre, Luis Artigue, Juan Pedro Aparicio, Julio Llamazares o Rogelio Blanco. Junto a ellos, artistas plásticos como Sendo, Uriarte, Alonso Santocildes o Amancio Gonzalez, y un elevado número de personas procedentes de distintos sectores y comarcas del territorio leonés.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León se conforma mediante dos entidades, de rica y profunda historia, unidas en expresión copulativa que en principio debiera unir esfuerzos, resolver desequilibrios y permitir que ambos territorios progresen cooperativamente sin perder sus esencias. Pero, tras años de vinculación, la debacle económica y social, de acuerdo con los datos que se reciben, es manifiestamente dramática. La mayoría de los indicadores evidencian el declive de la Región Leonesa. Se trata de indicadores económicos que la mayoría de los afectados reciben con preocupación, máxime en un periodo -el democrático- de mayor progreso y desarrollo de España. Así, a contracorriente, es difícil explicar esa decadencia a los habitantes de esta región, la más histórica de las históricas.

Los pueblos abandonados, la demografía envejecida, el desempleo, la emigración de los jóvenes, la falta de inversiones relevantes, la parálisis económica de sectores productivos que en décadas pasadas eran relevantes a nivel nacional y sirvieron para enriquecer a otros territorios hispanos son datos que de continuo se explicitan y los leoneses sufren.

Ante esta circunstancia, la inquietud y el pesimismo se apoderan de una población envejecida, que no observa el progreso del país, sino el aumento de la decadencia y los desequilibrios internos de un territorio autonómico cuya vertebración pareciera mal diseñada desde su origen.

El buen político ha de saber reconocer estos hechos y leerlos, recoger los contenidos e interpretarlos, sacar conclusiones y ofrecer soluciones.

Estimamos que tal es la visión apuntada por el alcalde de León, José Antonio Díez, a la que se han sumado otras y, aquí, las nuestras. No obstante, y una vez más, intereses ajenos al objetivo que se pretende tergiversan la interpretación, la lectura y la exposición de tan gravísimos datos para tratar de ocultar una realidad que tozudamente se ofrece dramática mediante interpretaciones distorsionadas respecto al discurso central: el declive de la región leonesa.

No se resuelve la situación ocultando los problemas bajo la alfombra tejida por demagogias descalificadoras. Desde el Ayuntamiento de León se ha adentrado en los problemas, que requieren soluciones. No sirven ya discursos disolventes aireados para negar o silenciar una realidad que los datos tozudamente explicitan.

Los abajo firmantes nos solidarizamos con la propuesta municipal a favor de una autonomía leonesa al amparo de una sabia reflexión cervantina “la verdad adelgaza y no quiebra y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua”.

El Estatuto de Gernika afronta su primera renovación cuatro décadas después de recibir el visto bueno de la ciudadanía vasca en referéndum. Los expertos designados por los grupos políticos del Parlamento Vasco para la elaboración del borrador de texto articulado han registrado este lunes en la Cámara autonómica sus propuestas de reforma, paso previo al arranque del trabajo estrictamente político. Y lo han hecho divididos en tres bloques en los que, a su vez, también hay fricciones. El primero de ellos es el que integran los juristas del PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE, que han consensuado un documento que ha generado discrepancias en temas como el derecho a decidir y un consenso general alrededor de la acción exterior o la actualización de los derechos sociales. La segunda propuesta presentada es la de EH Bildu, que aunque pactó con el PNV las bases de la reforma ha decidido ir por separado al considerar que la propuesta jeltzale se queda corta. El experto del PP, por su parte, ha presentado un tercer texto que, según ha señalado, es “perfectamente constitucional” e “incrementa el nivel competencial” del País Vasco.

La Ponencia de Autogobierno de la Cámara vasca acordó en julio de 2018 el documento Bases consensuadas para la actualización del Autogobierno, que contó con el respaldo firme de PNV y EH Bildu, el apoyo parcial de Elkarrekin Podemos y el rechazo del PSE-EE y el PP. Aquel documento recogía el derecho a decidir como la “capacidad de los vascos para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva”, establecía que “el pueblo vasco es una nación” y que “Euskal Herria es un pueblo con identidad propia” y contemplaba someter la reforma a una consulta “habilitante” antes de que el nuevo texto se tramitara en las Cortes. Sin embargo, el pacto alcanzado por jeltzales y abertzales está rotojeltzalesabertzales. Por ello, ambas formaciones han presentado propuestas diferentes, que todavía no se han hecho públicas, en el Parlamento Vasco. EH Bildu acusa al PNV de haber practicado un “juego de trileros” y de haber presentado una “chapucilla dentro de los límites de la Constitución” que “no tiene nada que ver con las bases y principios acordados”. Los segundos, por su parte, han criticado la posición “absolutamente maximalista” de Bildu.

La propuesta de PNV-PSE-Podemos

La primera propuesta que se ha puesto sobre la mesa es la consensuada por el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE. Existe un consenso general alrededor de cuestiones como la acción exterior o la actualización de los derechos sociales, que se incluiría en el Título Primero con referencias directas a la igualdad, a los migrantes, a la diversidad sexual o a la violencia machista. Pero los continuos votos particulares de los expertos jeltzale, morado y socialista evidencian importantes discrepancias. Así, por ejemplo, el documento establece en su séptimo artículo consensuado que la ciudadanía vasca corresponde “a todas las personas que tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios” de Euskadi. Sin embargo, el jurista del Partido Nacionalista Vasco, Mikel Legarda, ha pedido en un voto particular que se incluya un apartado en el que se “reconozca la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca, sin que ello pueda afectar a la igualdad del individuo y los grupos en que se integra, ni suponer factor de discriminación alguna”.

Otro punto de fricción se ha encontrado en el título preliminar. En concreto, donde se indica que “la ciudadanía de los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como parte integrante de Euskal Herria, en expresión de su identidad nacional y de su voluntad democrática, se constituye en Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto”. Legarda pide que se incluya el término “político” tras Estatuto. Alberto López Basaguren, el jurista designado por los socialistas vascos, plantea a través de votos particulares que se suprima la alusión a “como parte integrante de Euskal Herria” y que se cambie “identidad nacional” por “nacionalidad”. Sobre esto último, considera que hay que integrar “con naturalidad” el uso del término nación “por quienes lo consideren necesario”, aunque añade que solo es aceptable cuando hace referencia a “un sentimiento personal” vinculado a características “lingüísticas, culturales, religiosas o políticas” diferentes. Y recuerda que el término nacionalidad ya está en la Constitución “y no es objeto de controversia”.

Pero el mayor distanciamiento en la propuesta, que contiene siete títulos con 145 artículos, cuatro disposiciones adicionales y dos transitorias, gira alrededor del derecho a decidir. Esta cuestión estará incluida en la adicional segunda. Pero de dos formas diferentes, aunque ambas rechazan la unilateralidad que ha caracterizado al procés en Cataluñaprocés. La del PNV establece que “la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco” se exterioriza “a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”, mientras que la de Elkarrekin Podemos y la de su experta designada para el proceso, Arantxa Elizondo, recoge el “derecho de la ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente, siendo su ejercicio legal y pactado con el Estado”. Sin embargo, los socialistas vascos han incluido un voto discrepante en el que rechazan esta disposición adicional segunda al considerar que “puede poner en riesgo el conjunto del consenso alcanzado”.

El PSE-EE ya advirtió el pasado sábado, a través de su portavoz parlamentario, de que no participará en “ningún texto” que incluya el “derecho a decidir, que es puro y duro derecho de autodeterminación, algo que no existe en ninguna Constitución”. De hecho, el escollo en este punto podría acabar tumbando la propuesta. Desde el PNV han avisado este lunes a los socialistas que esta cuestión se encuentra en el ADN su partido. Y el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido a las formaciones políticas “altura de miras” para llevar la reforma a buen puerto y ha defendido que aunque sea un “principio democrático” que no está “normatizado estrictamente” es “posible” en “una interpretación flexible de los derechos históricos, respetados y amparados en la Constitución”. La formación morada, por su parte, ha intentado destensar las relaciones señalando que es posible “desbloquear la situación” con “diálogo” y recordando que “en muchos aspectos”, como las cuestiones sociales, “se va a conseguir un consenso amplio entre diferentes”.

Xabier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona, explica que “no es una cuestión de ‘de acuerdo con el Estado’, sino que no está en la Constitución”. Por ello, ve “difícil que se pueda encajar”. En este sentido, recuerda la amplia doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia. En concreto, pone el foco en la sentencia STC 42/2014, centrada en la resolución del Parlament por la que se aprobaba la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña y en la que se señalaba que aunque “el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento”, el intento de la “consecución efectiva” tiene que realizarse “en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable”. Esa modificación, dice Arbos, afectaría al artículo 1 y al 2 de la Ley Fundamental. Una reforma que, por tocar el Título Preliminar, necesitaría el respaldo de dos tercios del Congreso, algo complicado.

Otra cosa sería, explica el catedrático de Derecho Constitucional, que por derecho a decidir se refieran a un “referéndum no vinculante, que naturalmente tiene que ser acordado con el Estado”. En este caso, señala Arbos, también existe una “gran polémica”. Por un lado, explica, está sobre la mesa la sentencia del Constitucional STC 103/2008 sobre la Ley del Parlamento Vasco de convocatoria y regulación de una consulta popular de autodeterminación. En este caso, el tribunal de garantías aseveró que como lo que se iba a preguntar a la ciudadanía chocaba con el artículo 2 de la Ley Fundamental, el relativo a la “indisoluble unidad de la Nación española”, sólo podía ser “objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional”. “Yo aquí discrepo y pienso igual que otros como Francisco Rubio Llorente [que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, fallecido en 2016]. Sin embargo, los que se muestran en contra tienen a su favor la jurisprudencia del TC”, sentencia el catedrático de la Universitat de Barcelona.

Bildu se decanta por la vía unilateral

EH Bildu, por su parte, se ha plantado en el Parlamento Vasco con su propia propuesta de reforma del Estatuto de Gernika a pesar de que pactó con el PNV las bases sobre las que se tenía que sostener la modificación normativa. Así, el jurista propuesto por la formación abertzale, Iñigo Urrutia, ha remitido un escrito a la presidenta de la Ponencia de Autogobierno expresando su “total discrepancia” con el documento planteado por jeltzales, socialistas y morados, que asume “plenamente el marco autonómico” cuando debería haberse dado un salto hacia un modelo “confederal”. En concreto, Bildu discrepa de los otros tres partidos en aspectos como “la naturaleza jurídico-política del sujeto”, el “enfoque del principio de territorialidad”, en materia de “capacidades y competencias”, en la configuración del denominado “Concierto Político”, en el “sistema de resolución de conflictos competenciales”, en las “relaciones entre ordenamientos jurídicos” y en el derecho a decidir.

Sobre esta última cuestión, los fragmentos de la propuesta filtrados a los medios de comunicación no hacen ninguna referencia a acuerdos con el Estado. Así, la propuesta abertzale establece que las instituciones vascas “tendrán la potestad para regular y gestionar la realización de consultas populares y referéndums en lo que corresponde tanto a asuntos políticos y sociales de su ámbito competencial como a las relaciones que deseen tener con otros territorios de Euskal Herria, con el Estado Español y otros espacios políticos europeos e internacionales”. Urrutia, además, ha deslizado en el texto remitido a la presidenta de la Ponencia que la reforma debería recibir el visto bueno de la Cámara autonómica y ser sometida luego a referéndum, dejando la negociación con el Estado para después de la consulta. El actual Estatuto recoge que la modificación debe ser aprobada en el Parlamento Vasco por mayoría absoluta, que requiere la aprobación de las Cortes mediante Ley Orgánica y que “finalmente precisará la aprobación de los electores mediante referéndum”.

EH Bildu ha propuesto un texto articulado de "nuevo Estatus" para la Comunidad Autónoma Vasca, a la que denomina "Comunidad Estatal Vasca", que tendría derecho a decidir, una relación "de naturaleza confederal", de "igual a igual" con el Estado, y podría convocar referéndum. Además, reclama "la nacionalidad vasca" y el "carácter nacional de Euskal Herria", y critica que el documento de PNV, Podemos y PSE-EE asuma "plenamente el marco autonómico" cuando se tenía que haber dado "un salto" a un modelo "confederal".

El jurista propuesto por EH Bildu, Iñigo Urrutia, ha entregado a la presidenta de la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, Jone Berriozabal, un escrito en el que expresa su "total discrepancia" con el documento de nuevo Estatuto planteado por los expertos elegidos por PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE, al entender que "no es fiel" al documento de Bases consensuadas para la actualización del Autogobierno, suscrita entre jeltzales y la coalición soberanista, según informa Europa Press.

Por ello, presenta su propia propuesta de texto articulado de "nuevo estatus político" y cree que, en el documento a tres, el acuerdo de bases aprobado en la ponencia "resulta irreconocible y ha sido ignorado". En este sentido, advierte de que la comisión de juristas "no puede sustituir a la ponencia parlamentaria, alterando los parámetros acordados", y ha apuntado que PNV y EH Bildu, cuando aprobaron las bases, "no fijaron límite constitucional alguno al trabajo de desarrollo articulado".

Además, se ha referido al Plan Ibarretxe, para recordar que, con un contenido similar al de los fundamentos pactados entre jeltzales y coalición soberanista, se tramitó en 2004 en la Cámara vasca mediante el procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía.

También ha añadido que estos principios podían ser desarrollados en "una interpretación expansiva de los derechos históricos y su actualización". Cumplido el trabajo de los expertos, Iñigo Urrutia señala que corresponderá a los grupos parlamentarios valorar cómo gestionar el documento y cita varias posibilidades: instar a una reforma constitucional en paralelo o no; y tramitar el documento de forma parcial o de forma íntegra", que entrará ya en la gestión de los políticos.

En caso a la posibilidad de que el Parlamento instara una modificación constitucional, ha dicho que, si se entiende que "el modelo de Concierto Económico tiene naturaleza confederal, y se soporta sobre la base de una disposición adicional en la Constitución (y en el Estatuto de Gernika), no debiera exigirse mucha mayor literatura jurídica para soportar constitucionalmente el Concierto Político" por el que aboga.

Divergencias

Urrutia asegura que sus divergencias con el texto articulado, respaldado por PNV, Elkarrekin Podemos y PSE, radican especialmente en cuanto "a la naturaleza jurídico-política del sujeto, en el enfoque del principio de territorialidad, en materia de las capacidades y competencias, de garantía de los derechos reconocidos, en la configuración del Concierto Político –término, por cierto, que el texto de la mayoría omite–, en el ámbito de las relaciones entre ordenamientos jurídicos, en el sistema de resolución de conflictos competenciales" y en el derecho a decidir.

A su entender, el texto de la mayoría "asume plenamente el marco autonómico y configura una Comunidad Autónoma" de Euskadi, cuando se tenía que dar "forma jurídica a un sujeto con una naturaleza diferente al autonómico que permita una relación singular y bilateral, de naturaleza confederal, con el Estado español", que "se podía haber articulado jurídicamente sobre la base de la actualización de los derechos históricos y del principio democrático".

Asimismo, cree que se tenía que haber establecido un "sistema bilateral de garantías con el Estado que impida una modificación unilateral del pacto", articulado "en torno a un nuevo sujeto jurídico político". De esta forma, a través de un Concierto Político, cree que se debería haber contemplado "una relación verdaderamente bilateral basada en el principio de igualdad política" con el Estado.

El jurista de EH Bildu denominado en su texto a la actual Comunidad Autónoma Vasca como "Comunidad Estatal Vasca", con "posibilidades de articulación en clave interna" con Navarra y el País Vasco francés. Además, defiende que se abra la posibilidad de "articulación de una confederación en clave interna".

Nacionalidad Vasca

También ha reivindicado el "carácter nacional de Euskal Herria, y la articulación de la nacionalidad vasca". En este sentido, recuerda que el texto apoyado por la mayoría se refiere a la "identidad nacional", pero "no contiene referencia alguna al concepto de nacionalidad vasca", como se mandataba en el pacto PNV-EH Bildu.

Asimismo, cree que el documento ahora propuesto por jeltzales, Podemos y PSE, se ha limitado a incluir ámbitos competenciales que ya contienen otros estatutos de autonomía. A su juicio, "ámbitos tan importantes como todo lo relativo al socio laboral, de empleo, Seguridad Social, promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del país, comercio, consumo, industria, etc, las facultades exclusivas, capacidad legislativa y de ejecución en tales ámbitos, de las que hablan las bases, han sido desconocidas".

"Tales materias se han reconducido al régimen autonómico actualmente vigente, con una evidente falta de ambición, que no supone un paso adelante cualitativo", ha añadido, para subrayar que "ello también se aprecia en otros ámbitos", como "las selecciones deportivas nacionales vascas". Tampoco cree que se ha cumplido el mandato de que "la administración vasca debiera ser la única responsable de la ejecución de las normas en su territorio, independientemente de quien las haya dictado".

Iñigo Urrutia también lamenta que el texto articulado mayoritario solo prevea "una Comisión Mixta de Cooperación /de Concierto Político que actuaría en la fase prelegislativa de la normativa del Estado español", lo que aleja de la "bilateralidad". "No hay sala especial en el Tribunal Constitucional ni instancia alguna que lo sustituya", ha añadido.

La propuesta de nuevo estatus de Urrutia recoge la creación del "Tribunal de Conflictos Comunidad Estatal Vasca-Estado que requeriría la modificación de la LOTC y de la LOPJ", un sistema de garantías que se extendería a la "vulneración o incumplimiento de algún derecho reconocido en el Estatuto Político".

"Pase foral" y derecho a decidir

Además, defiende que se pudiera recurrir al "pase foral", que supone no aplicar en Euskadi "la iniciativa o actuación estatal" hasta que el recurso no se ha resuelto.

En cuanto al derecho a decidir, reprocha que el documento mayoritario incluya "versiones alternativas en el mismo artículo", algo que no considera "aceptable" que, además, son "insuficientes". En su opinión, el derecho a decidir se debería haber configurado "con mucha mayor centralidad, en la medida que es un principio troncal del nuevo estatus". En su escrito, el jurista de EH Bildu defiende el derecho a decidir "como pilar del nuevo estatus político" y la potestad de establecer "la convocatoria de los instrumentos de participación ciudadana y de democracia directa".

Asimismo, regula "un procedimiento para poder ejercer el derecho a decidir, en el marco de una eventual modificación total del marco de relación con el Estado español". De esta forma, en su artículo 170, "establece cuál sería el procedimiento", con su aprobación en el Parlamento Vasco y posterior referéndum, "seguido de un procedimiento de negociación con el Estado para fijar los términos de la nueva relación futura".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reveló este lunes que los servicios jurídicos del Estado ya han establecido que un Gobierno en funciones puede poner en marcha el artículo 155 de la Constitución para intervenir una comunidad autónoma, lo que implica enviar un requerimiento a su presidente y, en caso de entender que no es atendido, convocar la Diputación Permanente del Senado para establecer los mecanismos y los límites de la intervención.

Pero, aunque el Gobierno pueda hacerlo, ¿se dan las circunstancias para ponerlo en marcha de nuevo en Cataluña?

Las dos sentencias dictadas este mismo año por el Tribunal Constitucional en torno a la aplicación del artículo 155 a Cataluña en 2017 —una a instancias de Unidas Podemos y la otra a petición del Parlament de Cataluña—, además de validar las decisiones tomadas en aquel momento por el Gobierno de Mariano Rajoy y por el Senado, establecieron algunos límites que arrojan algo de luz sobre el polémico procedimiento de intervención de una autonomía. El TC añadió estas consideración motivado por la “indiscutible relevancia constitucional que ofrece la cuestión”, habida cuenta de que se trata de “una disposición constitucional de gran importancia para nuestro modelo de descentralización territorial”.

Lo primero que subraya el tribunal tiene que ver con los hechos que pueden motivar su aplicación. Se trata, asegura, de imponer a una comunidad autónoma incumplidora de sus obligaciones constitucionales o legales el “cumplimiento forzoso” de las mismas o, en su caso, de proteger “el interés general de España”.

Pero no cabe interpretar libremente “el interés general de España”. Este apartado del artículo 155 “no habría nunca de denunciarse al margen del derecho. Es decir, como una cláusula general habilitante para la intervención discrecional en la autonomía, en la que, con arreglo a apreciaciones políticas o de mera oportunidad, se prescinda de constatar la infracción de la Constitución y las leyes”. Eso “no se compadecería”, advierte el TC, “ni con el principio de Estado de Derecho ni con la garantía constitucional de la autonomía que son mandatos esenciales de nuestro ordenamiento constitucional”.

¿De qué habla la Constitución cuando se refiere a un “atentado al interés general de España”? Según el TC, de un supuesto “en el que se hace patente el menosprecio de la comunidad autónoma, ostensible desde el prisma de cualquier observador razonable, tanto de la Constitución como del principio de lealtad constitucional que obliga a todos”.

Para forzar el cumplimiento de las leyes, razona el Constitucional, el artículo 155 permite “la constricción de la autonomía, con mayor o menor alcance, y, por lo mismo, la inaplicación excepcional de normas estatutarias y legales y su desplazamiento temporal”. Pero siempre de acuerdo con las reglas que decida el Senado a propuesta del Gobierno de turno. Y teniendo en cuenta que aunque permita “limitar, constreñir o asumir competencias autonómicas”, eso “no implica que pueda ser entendido o aplicado como si la vía que abre quedara exenta, a su vez, de todo límite”.

El 155, subraya el TC, es una “modalidad de control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas” que tiene carácter “extraordinario”. Eso significa que su aplicación “solo procede en circunstancias especialmente críticas, a fin de remediar la conducta de una comunidad autónoma, manifestada mediante actos o disposiciones formales, o resultante de comportamientos fácticos, en la que pone de manifiesto la grave alteración jurídica e institucional en parte del territorio nacional”.

El límite, precisa el TC, es “afrontar incumplimientos constitucionales extremadamente cualificados”. Tiene que ser una “medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento manifiesto y contumaz o de incumplimiento flagrante de las obligaciones constitucionalmente impuestas”. “No es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la validez y eficacia de la Constitución” cuando no exista otra vía para restaurar el orden constitucional.

Y sólo puede emprenderse cuando las vías ordinarias “de control, jurisdiccionales o no, hayan resultado insuficientes”, de ahí que sea una vía “de último recurso” que “exige, bien que las vías ordinarias de control hayan resultado infructuosas, bien que así se aprecie indubitadamente que lo fueran a ser, a la vista, en este segundo caso, de la naturaleza de la contravención, de la actitud manifiesta de las autoridades autonómicas o de ambas consideraciones”.

Porque el artículo 155, recordaron en su día por unanimidad los magistrados del TC, “no es el único modo de hacer cumplir a una comunidad autónoma las obligaciones que la Constitución, el estatuto de autonomía o las leyes le imponen o de impedir que atente contra el interés general”.

De ahí que no se pueda utilizar “para reparar los efectos de cualesquiera contravenciones de la Constitución o, en general, de las leyes por los órganos superiores de una comunidad autónoma”. Hacerlo sería “exorbitante” porque desplazaría los mecanismos constitucionales de control ordinario del Estado sobre las comunidades autónomas.

El TC recuerda que no cabe establecer “controles genéricos e indeterminados” porque “resultan contrarios al principio constitucional de autonomía”. Colocar a las comunidades autónomas en “situaciones de subordinación al Estado no resulta compatible con el principio de autonomía y con la esfera competencial que de éste deriva”.

La necesidad de un límite temporal

El carácter extraordinario de los hechos que motiven la intervención y la circunstancia de que no exista otro recurso para corregir la actuación de la comunidad autónoma no son las únicas condiciones que impone el TC, también exige que las medidas que se adopten no puedan “dar lugar a una constricción o limitación de la autonomía indefinida en el tiempo”. “Por su propia naturaleza ha de tener un límite temporal bien expresamente determinado o, como será lo más probable atendiendo a los supuestos que desencadenan su aplicación, determinable”.

Ese límite, precisa el tribunal, debe además fijarse en el Senado a partir de la propuesta del Gobierno para no “dejar en la incertidumbre el cuándo de la plena restauración de la autonomía, convirtiendo con ello la excepción en regla, con el perjuicio para la autonomía constitucionalmente garantizada”.

De ahí que la Cámara Alta esté obligada a precisar en su propio acuerdo cuándo quedará sin efecto la aplicación del 155 o, en su defecto, cuál es “la condición” que debe cumplirse para poner fin a la intervención de la autonomía.

La “alteración temporal del funcionamiento" del sistema institucional autonómico “en modo alguno puede dar lugar a la suspensión indefinida de la autonomía y, mucho menos, a la supresión institucional de la misma comunidad autónoma, como corporación pública de base territorial y naturaleza política”.

Los límites dentro de los cuales debe moverse la intervención de una autonomía en aplicación del 155 incluyen, además, que las medidas adoptadas tengan como único fin “restablecer el orden constitucional y, con él, el normal funcionamiento institucional de la comunidad autónoma en el seno de dicho orden”, lo que excluye cualquier decisión que se aleje de ese objetivo.

Por eso las “medidas necesarias” que el 155 permite aprobar y adoptar “están condicionadas” a “responder a la finalidad” de “obligar” a la comunidad autónoma a cumplir sus “obligaciones constitucionales y legales incumplidas” o “preservar o proteger el mencionado interés general” contra el que se haya atentado. Y nada más que eso.

El 155 “no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la validez y eficacia de la Constitución en aquellos supuestos en los que sea manifiesto que solo a través de esta vía es posible restaurar el orden constitucional”. Así que su finalidad no puede ser otra “que restablecer el orden constitucional y, con él, el normal funcionamiento institucional de la comunidad autónoma en el seno de dicho orden”, no su merma, ni mucho menos su supresión.

La intervención debe dirigirse a la restauración de la Constitución y el correcto funcionamiento de la comunidad autónoma, lo que “impide medidas tales como la derogación del Estatuto de Autonomía o la suspensión indefinida de esa misma autonomía. La comunidad autónoma no puede dejar de existir”.

De modo que la aplicación del 155 habrá de ser “parcial”. No podrá, explica el Constitucional, “incidir directa e indiferenciadamente sobre cualesquiera órganos y autoridades de la comunidad autónoma, pues la coerción estatal únicamente será posible sobre aquellos cuyas actuaciones guardan relación con el supuesto que, a juicio del Gobierno y del Senado, ha determinado la aplicación” del 155.

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reforma del Estatuto de la Comunitat Valenciana, que incluye que las inversiones del Estado en esta comunidad deberán ser equivalentes al peso demográfico de la región, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción de Ciudadanos, que se ha abstenido en la votación, informa Europa Press.

El resto de grupos que han participado en el debate previo a su aprobación se han felicitado del consenso con el que ha llegado a la Cámara Alta la reforma. De hecho, el texto ha llegado al Senado con un amplísimo consenso del Congreso, donde todos los grupos lo apoyaron salvo Ciudadanos, que se abstuvo. La formación, sin embargo, no ha llevado a la Cámara sus reticencias.

Una vez aprobada el miércoles, entrará en vigor una reforma que se aprobó en Les Corts valencianas hace ya casi ocho años, en marzo de 2011, pero que por distintas circunstancias políticas ha estado paralizada en el Congreso desde entonces.

La iniciativa supone la incorporación al Estatut Valenciano de lo que en su día se llamó cláusula Campscláusula Camps, por el nombre del presidente de la Generalitat Valenciana que la impulsó, Francisco Camps. Se trata de una nueva disposición adicional para que las inversiones del Estado en esta comunidad sean equivalentes al peso demográfico de la región.

El texto afirma que, a pesar de que los dos gobiernos “mantienen diferencias notables” sobre “el origen, naturaleza o las vías de resolución” del mencionado “conflicto sobre el futuro de Cataluña”, comparten “por encima de todo su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana”.

El comunicado conjunto añade que, por esa razón, “y con el objetivo de garantizar una solución, deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica”. “La vía del diálogo”, concluye el texto pactado, “requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos gobiernos se comprometen a trabajar para hacerlo posible”.

En las ruedas de prensa posteriores a la reunión, la consellera Elsa Artadi y la ministra Meritxell Batet destacaron del comunicado los contenidos que más interés despiertan para sus respectivos gobiernos. Artadi subrayó la parte que reconoce la existencia de un conflicto y la necesidad de “avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña”. Batet puso el foco en la búsqueda de “una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana” y en el “marco de seguridad jurídica”, que el Gobierno de España considera una referencia directa a la necesidad de mantenerse dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Después de seis meses de esfuerzo en busca de una normalización de relaciones que, en los últimos meses, se ha visto muy condicionado por la exigencia del independentismo de obtener una respuesta inmediata del Gobierno central a su demanda de un referéndum pactado de autodeterminación, el comunicado conjunto suscrito este jueves, aunque limitado, constituye el primer avance concreto del diálogo abierto el pasado mes de julio entre el Ejecutivo de Sánchez y el Govern de Torra.

Gobierno y Generalitat, sin embargo, no limitaron los acuerdos a la declaración conjunta, sino que han pactado la celebración de una reunión el próximo mes de enero para seguir avanzando en el camino del diálogo y en la que participarán la vicepresidenta Carmen Calvo, el vicepresidente catalan Père Aragonès y la consellera Artadi, y al que existe la posibilidad de que se sume algún otro ministro de Sánchez, con toda probabilidad la titular de Política Territorial, Meritxell Batet. El equipo que de manera habitual sirve de enlace entre ambos gobiernos, en palabras de la ministra.

La declaración, así como el emplazamiento a una nueva reunión en fecha tan próxima como a la vuelta de navidades, da aire a los dos gobiernos en vísperas de un calendario político y judicial plagado de complicaciones. De un lado, el inicio formal del juicio a los dirigentes del procés encarcelados, y del otro la presentación en el Congreso del proyecto de ley de Presupuestos para 2019, dos eventos que si no hay variaciones coincidirán en el tiempo con la reunión anunciada.

Quebradero de cabeza

El formato de la cita se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza para los equipos de las dos Administraciones, hasta el punto de que los detalles no se hicieron públicos hasta unas horas antes, lo que obligó a posponer 60 minutos el inicio de la reunión. El diseño final se pareció más a lo que la vicepresidenta Carmen Calvo había anunciado en la mañana del jueves que a lo que la Generalitat había hecho público: dos reuniones separadas, una entre Sánchez y Torra, y la otra en torno a una mesa con presencia de los vicepresidentes de los dos gobiernos, así como de la ministra de Política Territorial y de la consellera de Presidencia, Elsa Artadi.

No obstante, este formato tampoco se corresponde con el que el Gobierno se había propuesto mantener hace sólo una semana y que pasaba por un encuentro exclusivamente entre presidentes. 

Al final, una foto de familia, de pie. Con todos ellos. Los dos presidentes, dos vicepresidente, la ministra y la consellera. Una imagen que el Gobierno central califica de meramente protocolaria pero que el Govern catalán considera prueba de la celebración de un tercer encuentro que daría a la jornada la condición de "cumbre", un calificativo que la Generalitat llevaba buscando desde hace días para trascender la naturaleza autonómica del Govern y dotarlo de la apariencia de un Ejecutivo soberano.

El comunicado conjunto y el acuerdo para volver a reunirse van más allá de las expectativas que existían en torno a una reunión de la que casi nadie esperaba un resultado concreto y en la que, según sus interlocutores, no se habló ni de indultos ni de los Presupuestos Generales del Estado. El acuerdo entre ambos Gobiernos es para dialogar, subrayó Batet, porque “la solución se encontrará ensanchando el espacio de diálogo entre gobiernos pero muy especialmente entre catalanes”. De ahí que Sánchez haya insistido a Torra en la necesidad de que impulse e intensifique los trabajos de la mesa constituida en el Parlament de Cataluña.

El presidente español ve en ella el lugar adecuado para alcanzar un acuerdo “entre catalanes”, y le da máxima importancia, aunque el partido catalán más votado —Ciudadanos— se niegue a participar. La Generalitat, en cambio, pone el foco en el diálogo bilateral. Así que el acuerdo al que han llegado pasa por mantener abiertos ambos cauces y darles naturaleza complementaria.

Tal y como estaba previsto, Torra defendió la solución de un referéndum de autodeterminación y Sánchez un acuerdo mayoritario que incluya a nacionalistas y no nacionalistas y que se canalice a través de una reforma estatutaria. “La distancia entre los dos Gobiernos es grande”, admitió la consellera Artadi.

Tras la reunión en el Palau de Pedralbes, los dos presidentes se dirigieron por separado a la cena de entrega de los Premios Carlos Ferrer Salat, que organiza Foment del Treball. Allí Sánchez hizo un llamamiento: “Nos corresponde a todos abrir una nueva etapa. Una etapa en la que la confrontación dé paso a la concordia. Frente a la polarización de las sociedades, cohesión. Y frente a la gesticulación y el ruido, diálogo, diálogo y diálogo”.

En el mismo foro, Sánchez emplazó a las fuerzas parlamentarias a aprobar el proyecto de Presupuestos del Estado pactado entre el PSOE y Podemos y, en presencia de Torra, pidió autocrítica: “Todos debemos aprender de nuestros errores”. 

Apenas unos minutos antes, en su propia intervención ante los empresarios, el president de la Generalitat agradeció a Sánchez haber podido hablar de todo, “que haya querido escuchar el Govern de Cataluña" y le instó a “seguir avanzando en las negociaciones”. También destacó lo que a su juicio constituye “la esencia” del comunicado conjunto: el acuerdo para buscar una “respuesta democrática” a las demandas catalanas.

Además de eso, Torra pidió a Sánchez, según sus propias palabras, “un pacto de Estado” basado en lo que según él son “los grandes consensos de la sociedad catalana: un 80% a favor del ejercicio del derecho de autodeterminación con un referéndum acordado y vinculante; un 80% en contra de la represión política; y un 80% para una Cataluña republicana, sin la monarquía española”. 

La derecha andaluza no puede cerrar Canal Sur sin el respaldo de los andaluces en un referéndum, por mucho que la formación ultraderechista liderada por Santiago Abascal haya puesto esa condición para facilitar una investidura que desaloje al PSOE de la Junta de Andalucía.

Para cerrar Canal Sur es necesario suprimir el artículo 210.3 del estatuto andaluz, que obliga a la comunidad autónoma a tener “un servicio de radiotelevisión pública”. “Mientras no sea reformado el Estatuto de Autonomía” debe haber “al menos un canal de radio y televisión de titularidad pública y gestionado de manera directa por la Administración”, como corroboran los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía. Otra cosa es que tengan que tener la entidad de la actual RTVA o puedan ser algo mucho más limitado en términos de presupuesto y capacidad de penetración social.

De hecho, si la Junta decidiese privatizar la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), estaría obligada a crear al menos un canal de radio y otro de televisión para sustituirla.

Suprimir el artículo que obliga a la comunidad andaluza a tener “un servicio de radiotelevisión pública” es posible, pero exige una propuesta que cuente con el respaldo de al menos 72 diputados, dos tercios de la Cámara. Así lo establecen el procedimiento para la reforma del estatuto, incluso si los promotores de la iniciativa decidiesen hacer uso del llamado “procedimiento simplificado”, el que regula el articulo 249 del estatuto, como reconocen los servicios jurídicos de la Cámara andaluza y ha certificado, a instancias de infoLibre, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional efe la Universidad de Granada, informa Ángel Munárriz.

72 diputados es una cifra que está fuera del alcance de una hipotética alianza entre las dos derechas (PP y Cs) y la ultraderecha de Vox, que suman 59 escaños (26, 21 y 12, respectivamente). Y aunque no fuera así, la derecha tendría que superar un último obstáculo: la supresión del artículo que mandata la exigencia de la radiotelevisión andaluza tendría que ser refrendada por los andaluces a través de un referéndum, como cualquier otra reforma estatutaria.

Así lo reconoció el PP andaluz apenas unas horas después de que su secretario general, el murciano Teodoro García Egea, sugiriera en una entrevista emitida por Antena 3 la disposición de su partido a aceptar la propuesta de Vox de cerrar RTVA, una idea a la que, de momento, Ciudadanos no se ha opuesto. Para poner fin a las especulaciones en torno a esta posibilidad, que inmediatamente desató la preocupación en las filas del PSOE y de Adelante Andalucía y especialmente entre los trabajadores de la radio y la televisión andaluza, la formación de Pablo Casado distribuyó entre sus dirigentes un argumentario en el que subraya que la existencia de RTVA es una previsión estatutaria que sólo puede modificarse por mayoría de dos tercios del Parlamento, inviable en estos momentos, y exige la convocatoria de un referéndum.

Eso no significa que el PP de Juanma Moreno renuncie a modificar el actual modelo de RTVA. El argumentario afirma que lo que pretende es que Canal Sur sea “un servicio público al servicio de los andaluces y no un instrumento político al servicio de ningún partido”.

Juanma Moreno asegura que en Andalucía se necesita “otro modelo de televisión pública” en el que sus profesionales, que “los hay muy buenos, tengan la voz y el protagonismo y tener así una televisión equilibrada, independiente y de calidad, para que los andaluces podamos disfrutarla”.

El Consejo está en funciones desde 2014

La actual ley de la radio y televisión pública en Andalucía data de 2007 y establece un Consejo de Administración de quince miembros que, tras la reforma de hace 11 años, se elige por una mayoría del Parlamento andaluz de tres quintos —la Cámara también decide, por el mismo procedimiento, cuál de sus integrantes se convierte en presidente; antes era una decisión del Gobierno autonómico—. El mandato es de seis años, para desvincularlo de las legislaturas políticas, que no pueden durar más de cuatro.

El anterior Parlamento andaluz fue incapaz de cumplir la ley. Los quince miembros actuales del Consejo de Administración de la RTVA están en situación de interinidad desde que agotaron su mandato en mayo de 2014 y su renovación sólo será posible mediante un amplio acuerdo que sume a PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía los votos del PSOE o de Vox. A menos que, tal y como sugiere la formación de Juanma Moreno, PP, Cs y Vox utilicen su mayoría absoluta para modificar por su cuenta la ley que regula la radio y la televisión pública en Andalucía y cambien las reglas de juego como hizo Mariano Rajoy con RTVE nada más ganar las elecciones de 2011.

Desde que las elecciones andaluzas confirmaron su entrada en el Parlamento andaluz con doce escaños, Vox ha incluido entre las propuestas que trasladará a PP y Cs el cierre de Canal Sur, aunque hasta este miércoles, como reconoció su presidente, Santiago Abascal, desconocían que hiciera falta una mayoría de dos tercios y un referéndum. En conversación con los periodistas, Abascal admitió que quizá tuvieran que “replantear” su propuesta.

La idea de suprimir Canal Sur ha motivado una inmediata respuesta por parte del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), con el respaldo del conjunto de organizaciones que forman parte de la red de colegios de periodistas de toda España en representación de los profesionales de Cataluña, Galicia, Murcia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco. También se ha pronunciado en contra el Consejo de Informativos de RTVE, para el que “la única reforma posible sólo puede pasar por potenciarlo y por mejorar las garantías de independencia de todo poder político”.

El CPPA, a través de un comunicado, rechazó “cualquier intento de limitar la libertad de expresión y poner en riesgo uno de los principios básicos de la democracia”.

La información pública es “un derecho fundamental” y el Colegio de Periodistas de Andalucía “no permanecerá impasible ante la amenaza del cierre de la Radio Televisión Pública autonómica por meros intereses políticos, ni permitirá que se ponga en duda el trabajo de los medios y sus profesionales”.

Los medios públicos, como señala la Unesco, “deben estar protegidos institucionalmente y deben tener garantizada su financiación para que puedan ejercer sus funciones centrales para la consolidación de las democracias”.

Los periodistas andaluces se proponen mantenerse “firmes en su defensa” con el fin de “garantizar un servicio público que es esencial para la ciudadanía, que debe ser reflejo de la diversidad cultural, política y de cualquier otra índole, desde la independencia y el respeto a un necesario marco de convivencia pacífica en Andalucía, bajo los principios de la igualdad y la no discriminación”.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, está haciendo frente en los últimos días a una de sus primeras crisis internas a cuenta del anuncio, el pasado fin de semana, de una proposición de ley "para que las competencias educativas sean de ámbito nacional". Con el paso de los días, al ser consciente del malestar en sectores del PP, el jefe de los conservadores se ha visto obligado a ir modulando y matizando su discurso inicial. "En ningún momento he dicho que vamos a abrir en canal la Constitución para suprimir el Estado de las autonomías", dijo este miércoles en un acto organizado por La Voz de Cádiz.

Fuentes del PP consultadas por infoLibre destacan que para la iniciativa concreta en la que están trabajando no hará falta una reforma constitucional. Tampoco una reforma de los Estatutos de autonomía.

Desde 1994 todos los Estatutos tienen estipulado que el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de educación es una competencia de titularidad autonómica. Pero en el PP defienden que el Estado "tiene instrumentos que permiten la vertebración del sistema educativo y el desarrollo de sus competencias" sin necesidad de tocar ni Carta Magna ni Estatutos.

"Casado nunca ha ocultado que es partidario de fortalecer el Estado y esto se puede hacer vía ley orgánica", defiende un dirigente nacional. 

Con sus declaraciones en Cádiz, Casado intentaba contestar a Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, el primero que se ha atrevido a expresar en público lo que otros barones de partido trasladaban en privado. "Yo soy perro viejo. Llevo 27 años en la política autonómica y, aunque me tenga que ir con cierta desazón, no seré yo quien predique en mi formación política la recentralización de España", dijo tras reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa. "Soy profundamente partidario del modelo autonómico", añadió haciendo una defensa cerrada del modelo constitucional.

Casado ha escogido la campaña de las elecciones andaluzas para hacer el anuncio, un momento en el que los conservadores miran por el retrovisor a Vox, formación ultraderechista con la que pelea por un sector del electorado y que aboga por la supresión del Estado autonómico. A menos de una semana para la cita electoral, los conservadores confían en que Ciudadanos no les supere. Los últimos datos que manejan apuntan a que el partido de Santiago Abascal, exmilitante del PP, entraría en el Parlamento andaluz con tres o cuatro escaños.

La posición "coherente" de Herrera

Casado huyó del enfrentamiento con un presidente autonómico como Juan Vicente Herrera, que está de salida porque no volverá a concurrir a las autonómicas. De hecho, dijo que veía "coherente" su posición. Precisó que la esencia de su propuesta es "obligar a las autonomías a hacer bien su trabajo, algo que no está haciendo el Gobierno socialista cuando algunas comunidades no lo están haciendo bien". No citó a Cataluña, pero los conservadores han sido muy críticas con el supuesto "adoctrinamiento" en las aulas catalanas. 

"A lo largo de estos años, por la vía de los hechos, las comunidades han legislado sobre determinadas materias y algunos gobiernos de estas regiones lo han hecho desde la máxima lealtad institucional y otros no lo han hecho", añaden fuentes del partido.

Los conservadores tienen previsto concretar esta iniciativa en la convención que celebrarán en Madrid en enero, una cita prevista inicialmente para el próximo fin de semana y que tuvieron que aplazar por la convocatoria electoral en Andalucía. Pero ya han avanzado algunas de sus intenciones. "Se trata de fortalecer unas enseñanzas comunes

, estableciendo una prueba de ámbito nacional que garantice un sistema homologado o vertebrado", explican en el partido. También hablan del refuerzo de las competencias de la alta inspección y de una especie de examen MIR –el que realizan los médicos– para los docentes.

En estos momentos, el PP está trabajando en la iniciativa comprometida por Casado teniendo en cuenta la jurisprudencia en materia de competencias. Los conservadores presentarán una enmienda a la totalidad, es decir una propuesta alternativa, a la ley educativa de los socialistas cuando inicie su trámite en el Congreso de los Diputados. ¿Encajarían en este momento los cambios que Casado pretende implementar? "Perfectamente", defienden en el partido. No obstante, no descartan otras vías.

La postura de las otras comunidades gobernadas por el PP

El líder del PP aseguró que ha hablado de este asunto con los cinco presidentes autonómicos del PP: Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Ángel Garrido (Madrid), Fernando López Miras (Murcia), José Ignacio Ceniceros (La Rioja) y Herrera (Castilla y León), el único que ha mostrado en público su preocupación.

En la Xunta de Galicia, gobernada por mayoría absoluta por el PP, mantienen que la propuesta de Casado no implica "ninguna novedad". Fuentes del Gobierno regional aseguran que el PP sigue "donde ha estado siempre", "en la defensa de la Constitución y de los Estatutos de autonomía".

Las mismas fuentes subrayan que la educación "es una competencia del Estado transferida a las comunidades y eso significa que cada administración debe cumplir con su deber". "El Gobierno central garantizando que los alumnos reciban una educación igualitaria, homogénea y accesible con independencia de donde vivan, y las comunidades garantizando la gestión con atención a sus particularidades y con lealtad a la normativa básica estatal", añaden.

En la comunidad gobernada por Feijóo mantienen que tanto en las competencias del Estado como en las de las comunidades aún caben muchas mejoras. "Ese debería ser el objetivo de un pacto estatal por la educación, en el que estaba trabajando el Gobierno de Mariano Rajoy y que el Gobierno de Pedro Sánchez fulminó", sentencian.

Fuentes de la Consejería de Educación de Murcia señalan a infoLibre que el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, "fue el primero en apostar por esta opción el 18 de septiembre" . "Fernando López-Miras mostró al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, su disposición a abordar la devolución al Estado de competencias en materia educativa si con ello se asegura que se acaba con el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña y se consigue garantizar una educación objetiva, independiente e igual para todos los españoles", subrayan.

"Si el sistema actual es incapaz de asegurar que no haya adoctrinamiento en las aulas de algunas comunidades, y de controlar los contenidos y los criterios en las aulas de toda España, yo seré el primer presidente de una comunidad que esté dispuesto a sentarse para entablar una reflexión profunda sobre la devolución de determinadas competencias al Estado", dijo el presidente murciano a Sánchez en aquella cita.

En la Consejería de Educación de La Rioja rechazaron hacer declaraciones sobre esta cuestión. Este diario intentó, sin éxito, una valoración del departamento de Educación de la Comunidad de Madrid. En una entrevista a El Español el pasado septiembre, el presidente regional, Ángel Garrido, fue preguntado sobre la propuesta de Casado de "recentralizar" estas competencias. Consideró que lo que pretendía Casado era "evitar las deslealtades que se están cometiendo, sobre todo por parte de la Generalitat de Cataluña".

Las tensiones territoriales desatadas por el intento de declaración unilateral de independencia protagonizado hace un año por las formaciones independentistas catalanas han provocado un ligero repunte de las cifras de ciudadanos españoles que se declaran partidarios de una reducción de competencias de las Comunidades Autónomas o de su completa desaparición. El porcentaje, sin embargo, sigue todavía muy por debajo del que registró en 2012 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuando comenzó a preguntar a los encuestados su opinión acerca del modelo territorial español. En aquellas fechas, los partidarios de la involución autonómica eran la opción mayoritaria y rozaban el 40%, nueve puntos y medio por encima de los registros actuales.

Cuando el CIS decidió introducir en su barómetro mensual una pregunta sobre el modelo territorial, en julio de 2012, Mariano Rajoy llevaba seis meses al frente del Gobierno, la crisis y los recortes estaban en su peor momento y las tensiones con Cataluña estaba a punto de comenzar. Fue en otoño cuando Rajoy se negó a negociar el pacto fiscal que le proponía el president Artur Mas, lo que llevó a la convocatoria electoral de noviembre que dio inicio al procés soberanista.

En aquel momento, los españoles partidarios de suprimir las autonomías o, por lo menos, de reducir sus competencias, sumaban el 39%, según los datos del CIS, 8,2 puntos porcentuales más que los defensores del sistema puesto en marcha por la Constitución y casi el doble que los ciudadanos que apostaban por federalizar el país y reconocer el derecho a la autodeterminación.

Desde entonces, el porcentaje de españoles más jacobinos, según el CIS, ha ido cayendo paulatinamente. En 2012 y 2913 se mantuvo en valores cercanos al 40% , pero los dos años siguientes cayó hasta situarse en el entorno del 30%. Los valores más bajos de esta categoría corresponden al mes de junio de 2017 (25,4%).

Ha sido en 2018 cuando, siempre según los datos recogidos por los encuestadores del CIS, por primera vez en seis años ha vuelto a subir el peso de los partidarios de una recentralización. El cambio de tendencia es visible a lo largo del año, a pesar de que es muy ligero. Ahora mismo, este grupo de ciudadanos se sitúa en valores próximos al 30%. El último dato publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (31,5%) es el mayor registrado desde mayo de 2015.

El grupo de encuestados partidarios de que todo siga igual, tal y como establece la Constitución Española de 1978, que dentro de un mes cumplirá 40 años, comenzó a superar por primera vez a los involucionistas a finales de 2013 y se situó claramente por encima de ellos desde mediados de 2015 en una tendencia claramente al alza.

Su mejor registro (40,6%) es de abril de 2017, cuando los planes del soberanismo catalán de celebrar un referéndum el 1 de octubre ya empezaban a tomar forma. Este porcentaje está diez puntos porcentuales por encima de los registros de junio de 2012. Con algún altibajo, los valores se mantuvieron después en ese entorno, entre el 35 y el 40%. Con todo, el último registro publicado, correspondiente al pasado mes de septiembre (36,2%), es el más bajo desde marzo de 2017.

Autonomistas

Por su parte, los partidarios de otorgar más autonomía a las comunidades autónomas o de reconocer el derecho a la autodeterminación siempre ha sido el grupo más reducido. Primero se han movido, con ligeras variaciones y hasta mediados de 2014, en el entorno del 20%, según la serie mensual de barómetros del CIS. Es a partir de ese momento cuando los valores empiezan a situarse más cerca del 25% que del 20%, aunque con constantes oscilaciones.

El máximo registro de los ciudadanos partidarios de más descentralización (26,4%) lleva fecha de enero de 2018, justo después de las elecciones catalanas del 21 de diciembre que volvieron a otorgar mayoría absoluta a los independentistas en el Parlament de Cataluña, a pesar de la destitución del Govern y de la aplicación del artículo 155.

El último dato ofrecido por el CIS sobre este grupo sitúa a sus partidarios en el 24,4% del total, el valor más alto desde que comenzó el año.

El análisis de las cifras de estos años revela que, cuando el CIS empezó a medir la opinión de los españoles sobre el modelo territorial, los partidarios de una recentralización eran el grupo mayoritario, duplicaban a los federalistas y les sacaban casi 20 puntos porcentuales. Hoy las cosas son distintas: la diferencia entre ambos grupos se llegó a acortar a unos poco puntos (sólo dos en diciembre de 2018) y ahora, gracias al ligero repunte de los ciudadanos contrarios al Estado Autonómico, oscila entre cinco y siete puntos porcentuales.

La reforma exprés de la Constitución anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reducir los aforamientos excluye a la Familia Real, a los miembros de Gobiernos y Parlamentos autonómicos, así como a jueces, fiscales o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que gozan de fuero.

Según las cifras del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, y unos 17.603 pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.

La mayoría de estas personas seguirá siendo aforada, aunque se apruebe la reforma que quiere impulsar el Gobierno, que tampoco afectará a los cinco miembros de la Familia Real que actualmente disfrutan de fuero.

Los cuatro reyes y la heredera, protegidos

En 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I se cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar su aforamiento, así como el de la reina emérita Sofía. También están aforados el rey Felipe, la reina Letizia, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y en el futuro lo estará quien se convierta en su consorte.

Si la reforma anunciada por Sánchez llega a buen puerto sólo perderán el fuero −y únicamente para las actividades que no guarden relación con el desempeño del cargo− los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, que hasta ahora tienen que ser juzgados por el Tribunal Supremo en todos los casos.

Por su parte, el fuero de los presidentes autonómicos y sus consejeros, así como el de los miembros de los Parlamentos regionales, está regulado en los respectivos Estatutos de Autonomía, que establecen que deben ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad.

La reforma de los estatutos regionales

Para desaforar a estas personas habría que modificar esos estatutos, algo que ya se ha hecho en Canarias, Cantabria y Murcia, cuyas reformas estatutarias están pendientes de tramitación en las Cortes.

Lo que no tiene intención de tocar el Gobierno es el aforamiento en el ámbito judicial. Así, seguirán siendo aforados altos cargos como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que responderán, en caso de delito, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como todos los jueces, magistrados y fiscales, cuyos procesos penales corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia.

Tampoco se prevén cambios en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos miembros tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

Asimismo, continuarán teniendo condición de aforados el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado, y el Defensor del Pueblo.

Un 20% de los ciudadanos vascos no desea cambios en el actual estatus de autogobierno y un 36% se conforma con que se completen las transferencias contempladas en el Estatuto, frente al 28% que apuesta por reformarlo para ampliar el autogobierno y el 9% que apuesta por la "ruptura soberanista", según los datos del último Euskobarómetro hecho público este viernes.

El estudio, que elabora el equipo del Departamento de Ciencia Política de la UPV/EHU que dirige Francisco José Llera, ha sido realizado en función de los resultados de 600 entrevistas realizadas en domicilios vascos entre los pasados días 9 y 26 de mayo.

En función del Euskobarómetro, un 42% de los encuestados se siente parcialmente satisfecho y un 39% totalmente satisfecho con el Estatuto de Gernika, cuya reforma se está abordando actualmente en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco. Por contra, un 13% se declara insatisfecho con el actual Estatuto.

Al ser preguntados por las alternativas al actual estatus de autogobierno, un 20% apuesta por "dejarlo como está" y un 36% se conforma con completar las transferencias. Los encuestados que optan por reformarlo y ampliar el autogobierno alcanzan el 28%, mientras que un 9% se decanta por "una posición de ruptura soberanista".

La encuesta refleja que un 51% de los vascos votaría a favor si se celebrará en la actualidad el referéndum que ratificó la aprobación del Estatuto de Gernika. El voto contrario alcanzaría el 8%.

El Euskobarómetro constata una "división crónica" en la sociedad vasca entre nacionalistas (el 45% de los encuestados) y los no nacionalistas (el 51%). El sentimiento nacionalista sólo es mayoritario en Guipúzcoa.

Si se celebrara un referéndum de independencia, el 'no' alcanzaría el 37%, diez puntos menos que hace seis meses, mientras que el 'sí' subiría dos puntos, hasta el 32%. Un 20% se abstendría y un 11% no expresa preferencia.

El informe precisa, no obstante, que los votantes a favor se reducirían al 28% si la independencia supusiera una salida de la UE y una pérdida de posiciones en el mercado español.

El Euskobarómetro analiza, asimismo, las opiniones de los vascos en relación a la situación de Cataluña. Un 58% de los encuestados encuentra injustificada la aplicación del artículo 155 de la Constitución, frente al 24% que la apoya.

Por otra parte, en relación a la política peniteciaria, un 46% de los ciudadanos, once puntos más en el último año, apoya que todos los presos que se arrepientan y expresen su decisión de abandonar la armas deberían beneficiarse de las medidas de reinserción social.

Sin embargo, casi uno de cada cuatro (22%) cree que esas medidas sólo podrían aplicarse a aquellos presos que no tengan delitos de sangre, mientras que otro 21% siguen sin estar dispuestos a perdonar y creen que unos y otros deben cumplir íntegramente sus penas.

Por otra parte, un 88% de la sociedad cree que se debe hacer justicia con las víctimas de ambos bandos, mientras que un 3% está en desacuerdo.

Además, un 76% de la sociedad cree que ETA y sus activistas deben reconocer el "error" de su historia de violencia y arrepentirse de su pasado, mientras que un 10% está en desacuerdo.

Un 75% de los ciudadanos vascos aprueba la gestión del Gobierno de coalición entre el PNV y el PSE-EE en Euskadi, con un aumento semestral de seis puntos, mientras que un 20% la suspende, con una caída de diez puntos. Asimismo, un 48% de la población respalda el apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado y un 43% su postura sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Según esta encuesta, entre la población vasca, predomina el pesimismo sobre la situación política española, que es "mala" para un 76% de los encuestados (-5 puntos respecto a la oleada de octubre), "regular" para el 18% (+3 puntos) y "buena" para el 4% (+2 puntos).

Por el contrario, la situación política vasca se ve en mayor medida con optimismo, con un 29% de menciones aunque con un retroceso semestral de 4 puntos, que con pesimismo, con un 27% de opiniones (+9 puntos). No obstante, siguen siendo mayoría quienes la califican de regular, un 42% (-5 puntos).

Dentro de la situación de Euskadi, los encuestados atribuyen una calificación media al lehendakari Iñigo Urkullu y su gobierno que "vuelve a superar el aprobado".

Una vez más, el paro es la principal preocupación para el 51% de los ciudadanos vascos, dos puntos más que hace seis meses, aunque "irrumpen con fuerza" las pensiones.

Las opiniones optimistas respecto a la situación de la economía vasca, el 28%, supera a las pesimistas, del 23%, si bien predomina el escepticismo, con un 48% de encuestados que cree que es "regular". En relación a la situación económica española, sin embargo, el porcentaje más elevado corresponde a los que la consideran "mala", un 58%, mientras que un 34% la ve "regular" y un 7% "buena".

El modelo territorial es, sin duda, uno de los grandes desafíos al que se enfrenta el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, aseguró tras el primer consejo de ministros del nuevo gabinete que este es "el principal problema de España". El sábado, en su estreno en Barcelona como ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, dijo que era "urgente y deseable" reformar la Constitución con el objetivo de "superar la crisis institucional". 

Esta posibilidad, no obstante, se antoja complicada. No por nada lleva encima de la mesa desde 2006, precisamente cuando se aprobó el Estatut de Cataluña, cuyo rescate parcial es una de las posibilidades enunciada por el nuevo Ejecutivo como vía para empezar a rebajar la tensión entre Cataluña y el Estado sin esperar a que se pueda abrir el melón constitucional. En muchos entornos se ha vinculado el inicio de la actual crisis del modelo territorial con la sentencia que en 2010 anuló 14 artículos del Estatut y fijó la interpretación que había que dar a otros 23 preceptos y cuatro disposiciones. 

infoLibre explica a continuación qué vías tiene el Gobierno para intentar el rescate de algunos de esos artículos invalidados en 2010: 

01. Reforma de la Constitución. Aunque el tema lleva encima de la mesa desde 2006, cuando el Consejo de Estado publicó –a petición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– su propia recomendación para renovar el texto, la crisis en Cataluña y los problemas por los que atraviesa el modelo territorial español han disparado en los últimos años las propuestas de reforma constitucional. Entre ellas, las que proponen abordar el papel del Senado, blindar los estatutos de autonomía o incluir las competencias estatales en la Constitución. Los socialistas consideran que es "urgente, viable y deseable" explorar un modelo federal que permita combinar más autogobierno y un mejor reconocimiento de la realidad plurinacional con el respeto a la unidad de España y a la igualdad de derechos de toda la ciudadanía.

Esta es, no obstante, la vía más ambiciosa y complicada, pues requiere una mayoría de tres quintos del Congreso (210) y el Senado (160) y los números no salen sin el apoyo del PP que, por el momento, no se ha mostrado dispuesto a abordar esta cuestión. El pasado septiembre se puso en marcha, a instancias del PSOE, la comisión sobre el Estado autonómico con el objetivo de hablar de una reforma constitucional, si bien actualmente se encuentra paralizada. De hecho, Ciudadanos, la cuarta fuerza político, la abandonó en marzo y Podemos nunca llegó a participar. 

02. Transformación del Estatut. Otra posibilidad es modificar lo que quedó del Estatut tras la sentencia de 2010 para incluir artículos similares que están recogidos en otros estatutos autonómicos, especialmente el de Andalucía, y que no han sido anulados. Aunque esta situación pueda parecer incoherente desde el punto de vista político, es consecuencia del efecto jurídico de las sentencias, que no puede extenderse sobre normas no impugnadas. 

Por ejemplo, en la sentencia de 2010 el TC anuló prácticamente todo lo relativo al Consejo de Justicia de Cataluña, al que Estatut consideraba un órgano "desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que en Andalucía sigue vigente el Consejo de Justicia como "órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía". Otro de los artículos que invalidó –y que sigue en vigor en Andalucía– es el relativo a la regulación de las cajas de ahorro.

Eso sí, una hipotética reforma en este sentido tendría que ser aprobada de nuevo por el Parlament y por las Cortes Generales y ratificada en las urnas a través de un referéndum. En la consulta del texto aprobado en 2016, el sí logró el 73,9% de los apoyos, aunque hubo una abstención del 50,6%.

03. Aprobación de leyes orgánicas paralelas. Según las declaraciones públicas de la ministra Batet en los últimos días, la opción preferida por el Gobierno es promover la aprobación en el Congreso de leyes que rescaten partes del Estatut. Y es que en su sentencia, el TC constató que había artículos del Estatut que fueron declarados inconstitucionales por cuestiones de forma, no de fondo. Es decir, que no fueron anulados por contravenir la Carta Magna si no porque no era ésta el tipo de norma apta para regularlos. En consecuencia, hay medidas que sería factible adoptar reformando leyes de ámbito estatal ya existentes o aprobando algunas nuevas. 

En la Declaración de Barcelona [consultar, aquí], un texto aprobado en julio del año pasado por las ejecutivas del PSOE y del PSC, los socialistas ya preveían utilizar este mecanismo. Por ejemplo, proponían reformar de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incorporar las previsiones sobre el citado Consejo de Justicia de Cataluña y configurarlo como una instancia desconcentrada del propio CGPJ. O promover una proposición de ley de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España con el objetivo de atenuar "la falta de reconocimiento de elementos simbólicos referidos a su identidad nacional y su historia". 

Otra propuesta era reformar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley de Haciendas Locales y, en su caso, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley General Tributaria para reconocer a la Generalitat la capacidad legislativa para establecer y regular tributos propios de los gobiernos locales. O aprobar una nueva normativa para las entidades locales que reconozca la institución local de las veguerías como entidad distinta de la provincia. 

En todo caso, resulta relevante recordar que después de que el TC publicara la sentencia el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también se comprometió a salvar "por vías legislativas" algunos de los aspectos recortados por el alto tribunal. Sin embargo, a pesar de que los socialistas estuvieron en la Moncloa hasta noviembre de 2011, no dieron ningún paso en este sentido. Además, estas reformas necesitarían contar con una mayoría en el Congreso, que en el caso de tratarse de leyes orgánicas, tendría que ser absoluta y contar, en consecuencia, con el respaldo de 176 parlamentarios. 

04. Delegación de competencias. En último lugar, está la posibilidad de utilizar la vía que abre el artículo 150.2 de la Constitución, que permite delegar o transferir materias a las comunidades autónomas a través de leyes orgánicas. En este caso, la ley resultante debe prever la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado, lo que puede aliviar las críticas de los más recelosos de la descentralización. En todo caso, se trata de una decisión que deben tomar las Cortes Generales, cuyos miembros tienen que refrendar también con mayoría absoluta. 

Por ejemplo, en los años noventa, a través de este artículo, el Estado transfirió a Generalitat la competencia sobre la policía de tráfico. Esta técnica también fue utilizada en 1982 para compensar a Canarias y la Comunitat Valenciana por el menor techo competencial que les había correspondido estatutariamente en comparación precisamente con Cataluña, pero también con el País Vasco, Galicia y Andalucía. 

Utilizando esta previsión constitucional, la Declaración de Barcelona incluía la posibilidad de culminar el traspaso de transferencias pendientes y de los recursos necesarios para hacerlas efectivas en temas tales como salvamento marítimo y protección civil, formación sanitaria especializada, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como ejecutar la legislación estatal en materia de trabajo y relaciones laborales.