La estrategia del PP

Feijóo cambia su modelo de financiación autonómica para adaptarse a la campaña del PP en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ser presidente del PP no es los mismo que ser presidente de la Xunta. Y Alberto Núñez Feijóo ha tardado muy poco, apenas unos días, los que van de la toma de posesión de su sucesor a su primer acto de precampaña andaluza, en cambiar su discurso para adaptarlo a los intereses del partido que ahora dirige. 

Si antes defendía una reforma del modelo de financiación autonómica adaptada a las necesidades gallegas, que tuviese en cuenta sobre todo los factores que encarecen la prestación de servicios como la dispersión territorial, el envejecimiento de la población, la superficie, la orografía o la involución demográfica, ahora, en plena búsqueda de votos, apuesta por lo contrario y dice que debe primar el criterio de la población, el mismo que defiende Andalucía.

La negociación del nuevo modelo no será fácil. Para empezar, Gobierno y PP ni siquiera están de acuerdo en el método. El Ministerio de Hacienda defiende que primero PP y PSOE pongan de acuerdo a sus respectivos presidentes autonómicos para unificar criterios y negociar un acuerdo que salga del Congreso con el respaldo de los dos grandes partidos aunque de él se descuelguen formaciones que sólo atienden los intereses de las comunidades que gobiernan —como los independentistas catalanes o los regionalistas cántabros—. Feijóo, en cambio, propone una negociación a 15 bandas, tantas como comunidades afectadas —País Vasco y Navarra tienen su propio sistema— en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para impedir, argumenta, que el Gobierno acabe pactando el nuevo modelo mediante acuerdos bilaterales con Cataluña.

“Con dificultades y con renuncias”, aseguró esta semana en Sevilla empujado por el candidato del PP, Juanma Moreno, “debemos sentarnos para ver cómo financiamos el 50% del gasto público de España que gestionan las Comunidades Autónomas”. Un nuevo modelo que “tiene que ser fruto de un diálogo entre las partes, y las partes son 17 comunidades autónomas”, indicó incluyendo al País Vasco y Navarra, cuya contribución y recursos negocian unilateralmente con el Gobierno se someten después a aprobación por parte del Congreso.

Fue en ese contexto, en un acto organizado por la patronal andaluza vinculado a la precampaña del PP, en el que Feijóo reveló que ahora cree que el nuevo modelo debe ser proporcional a la población, como reclaman Andalucía, Murcia, la Comunitat Valenciana, Madrid, Cataluña e Illes Balears.

“El coste efectivo de los servicios públicos que gestionamos”, argumentó, “tiene una relación directa con las personas, no con los territorios. Si Andalucía tiene más población que el resto de España no puede ser que tenga una financiación por debajo de la media de España. Porque es un hecho objetivo: no se financian territorios, se financian personas. Los gastos sanitarios, sociales y educativos de la personas”. 

Nada que ver con el documento que, con toda solemnidad, firmó Feijóo en noviembre en Santiago junto a los presidentes de Asturias Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Castilla y León, que suponen un 61,97% de la superficie española pero apenas un 24,15% del total de su población. Cifras que, según los firmantes del acuerdo, “dan testimonio de que la dispersión y la despoblación marcan su estructura demográflca e imponen retos específicos a sus Administraciones”. 

Aquel Feijóo defendía que el nuevo modelo tuviese en cuenta “en mayor medida criterios demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de los ciudadanos” “con independencia de la capacidad” de cada comunidad “para generar ingresos tributarios”.

De ahí que las ocho comunidades que suscribieron el documento de Santiago, con Feijóo como principal impulsor, considerasen “necesario reforzar el principio de suficiencia” y exigiesen fijarse en “los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales”, no exclusivamente en la población. Eso significa fijarse, enumeraban, “además de en los costes fijos, en la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población” como “condicionantes innegables de un mayor coste en la prestación de servicios, cuyo efecto debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema”.

El peso del territorio

Nada que ver que los cambios que defienden comunidades como Andalucía o Madrid, que quieren que el nuevo modelo se ajuste más al peso de su población. Feijóo defendía hasta ahora que para alcanzar “un sistema de financiación justo e igualitario” se tuviesen en cuenta “los efectos reales sobre el coste de los servicios de la extensión del territorio, de la baja densidad y de la dispersión que obliga a los poderes públicos a multiplicar las unidades de prestación de servicios de cercanía (escuelas, centros de salud, centros de día...) o del envejecimiento que suele ir asociado a una mayor dependencia, prevalencia de patologías y con el consiguiente gasto farmacéutico, que conlleva necesariamente diferentes intensidades en la utilización de los servicios públicos”.

Para abrir el debate con las Comunidades Autónomas, el Gobierno se comprometió a elaborar una propuesta que la ministra de Hacienda les trasladó el pasado mes de diciembre. En una respuesta parlamentaria difundida hace una semana, el departamento que dirige María Jesús Montero explicó que desde enero ya han recibido las “aportaciones y observaciones de las comunidades autónomas” al documento original y “actualmente se están analizando”. El objetivo de este proceso de escucha es, según el Gobierno, “obtener una fórmula que permita alcanzar el mayor consenso posible entre todas las Administraciones implicadas”.

Esta propuesta del Gobierno es, en opinión de Feijóo, “una cortina de humo. Nos han mandado un papel” para entretener a las comunidades para “enfrentar a los presidentes autonómicos”.

El debate sobre la reforma del modelo actual, del que todas las comunidades esperan salir con más ingresos, no es ajeno al que se ha abierto sobre la presión fiscal. Mientras piden más dinero, las cinco Comunidades Autónomas gobernadas por el PP —en algunos casos en coalición con otros partidos, incluidos tránsfugas de Ciudadanos y miembros de Vox— reducen sus impuestos propios.

Galicia, con Feijóo como presidente, se quejaba a menudo de que recibe del Gobierno central menos dinero de lo que debería si se tuvieran en cuenta factores como el envejecimiento o la dispersión de su población en los municipios rurales. Isabel Díaz Ayuso denuncia con frecuencia la supuesta discriminación de la Comunidad de Madrid en el reparto de los fondos que el Gobierno distribuye a las comunidades autónomas, en especial de los que la administración central empleó, de forma extraordinaria, para ayudar a la sanidad pública y el sistema educativo durante la pandemia.

En el caso andaluz, su presidente, Juanma Moreno, ha cifrado en numerosas ocasiones el dinero que, según él, su comunidad pierde cada año: entre 800 y 900 millones. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también se queja de que su comunidad recibe menos dinero del que necesita para atender “los sobrecostes de servicios públicos” que padece” y Fernando López Miras, el presidente tránsfuga de Murcia, asegura que su región también está infrafinanciada.

El PSOE, que se sepa, no ha dado ningún paso parta conciliar las demandas contrapuestas de comunidades como la Comunitat Valenciana o Castilla-La Mancha. Pero el PP tampoco. Con la particularidad de que el nuevo líder conservador era hasta hace apenas na semana presidente de Galicia y lideraba una de las posiciones enfrentadas. 

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