Crisis del coronavirus

Cataluña, Madrid y varias autonomías del PP rechazan las nuevas restricciones de Sanidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su encuentro de la semana pasada.

La propuesta que el Ministerio de Sanidad ha puesto sobre la mesa del Consejo Interterritorial de Sanidad para atajar el incremento de los contagios en suelo madrileño no ha conseguido cosechar el respaldo de todas las regiones. En total, la estrategia para establecer unos criterios comunes en todo el territorio a la hora de implementar nuevas restricciones ha contado con el voto en contra de Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y Ceuta. De todas las regiones gobernadas por el PP, la única que ha decidido desmarcarse ha sido Castilla y León, que ha votado a favor junto con otros doce territorios. "Se traslada el documento a la Ponencia de Alertas de Salud Pública para trabajarlo técnicamente", explican fuentes conocedoras del contenido de la reunión.

El puente que en las últimas horas había conseguido levantar el Gobierno central con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para atajar la pandemia de coronavirus en la región comenzó a resquebrajarse a pocos minutos del arranque de la reunión. A través de un comunicado, la Consejería de Sanidad daba marcha atrás con el "principio de acuerdo" alcanzado con el Ministerio de Sanidad pocas horas antes durante la reunión del Grupo Covid-19 y anunciaba su rechazo a un confinamiento total de la capital. "Se debe tener en cuenta que la ciudad de Madrid es un conjunto de 21 distritos, de los que 18 superan los 100.000 habitantes, y por tanto, los índices no se pueden aplicar en su conjunto a toda la ciudad".

El principio de acuerdo que a última hora del martes se celebraba, fue enfriándose con el paso de las horas. "Ayer se dio un paso necesario, pero no suficiente para tener un acuerdo cerrado", sostenía en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente, Ignacio Aguado. Pero las alarmas saltaron a primera hora de la tarde con el documento lanzado desde la Consejería de Sanidad. En el texto, el departamento que dirige Enrique Ruíz Escudero anunciaba que el Ejecutivo madrileño exigiría en el Consejo Interterritorial de Sanidad "criterios objetivos y claros" para todas las regiones pero que "no se ciñan solo a los tres indicadores conocidos en las últimas horas. Parámetros que, continúa, deben ampliarse dentro del marco de diálogo con las comunidades autónomas.

A lo largo de dos páginas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ponía sobre la mesa su compromiso de "colaboración, trabajo conjunto y lealtad institucional". Pero tiraba por tierra la idea de un pacto inminente. Así, consideraba "imprescindible" una "normativa clara". Y arrojaba dudas sobre la tasa de incidencia que el miércoles parecía cerrada con el Gobierno central. "Se precisa conocer la base científica y técnica que avala el nuevo criterio de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes que propone el Ministerio de Sanidad", recogía el comunicado. Mientras tanto, la pandemia continúa descontrolada en la región. Según los últimos datos del departamento que dirige Salvador Illa, la tasa de incidencia acumulada en suelo madrileño a dos semanas es de 784, más del doble que la media nacional.

Además, la Consejería de Sanidad también defendió en la reunión que se tuviera en cuenta la "capacidad de elasticidad en camas de hospitalización y de puestos de UCI". "La Comunidad de Madrid tiene la disponibilidad de ampliar la capacidad hospitalaria en caso necesario y está concluyendo, además, la construcción del nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal, que incrementará notablemente dicha respuesta asistencial", sostenía el comunicado. Además, reclamaba que se incluya también como uno de los criterios a tener en cuenta "la capacidad diagnóstica" de la región, que, recuerda, es "muy superior" a la del resto de territorios. De hecho, sostenía que con la colaboración del Gobierno central "estaría en disposición de realizar un test a cada madrileño" en estos momentos.

El Ejecutivo de Ayuso no hacía mención en el texto a las pruebas PCR en el Aeropuerto de Barajas o en las estaciones de AVE y Renfe, dos de las peticiones en las que insistían de forma permanente en sus conversaciones con el Gobierno central. Eso sí, ponía una línea roja importante, capital. Nada de un cierre perimetral de la ciudad de Madrid de forma conjunta, algo que debería hacerse atendiendo a los criterios sobre los que se sostenía el principio de acuerdo ahora dinamitado. "Se debe tener en cuenta que la ciudad de Madrid es un conjunto de 21 distritos, de los que 18 superan los 100.000 habitantes, y por tanto, los índices no se pueden aplicar, en su conjunto, a toda la ciudad", apuntaba.

El Gobierno madrileño y el Ministerio de Sanidad llevan ya desde la semana pasada manteniendo un pulso sobre las medidas a adoptar para atajar los contagios en la región. Después de horas de tensión, en la que incluso se llegó a deslizar desde el Ejecutivo central la posibilidad de intervenir la comunidad en virtud del decreto de nueva normalidad, las aguas empezaron a calmarse en la reunión que ambas administraciones mantuvieron este martes. Del encuentro salió un principio de acuerdo. Ayuso daba su brazo a torcer. Conseguía, como quería, arrancar a Sanidad un criterio que fuera aplicable para toda España, una de sus principales reclamaciones para tomar medidas más duras. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica dicho plan sólo afectaría, por el momento, a las grandes urbes madrileñas.

El encargado de anunciar esta "acción coordinada en salud pública" fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Atrás quedaron las comparecencias contraprogramando, las ruedas de prensa explicando las posturas enfrentadas y manteniendo el pulso. Sólo hubo una intervención. Y fue desde Moncloa. En ella se anunció que el Gobierno central llevaría este miércoles ante el Consejo Interterritorial de Sanidad un plan estableciendo que aquellos municipios de más de 100.000 habitantes con incidencia acumulada de 500 casos en las últimas dos semanas, así como una tasa de positividad superior al 10% en PCR y una ocupación de las UCI superior al 35%, se aplicarían medidas de restricción de la movilidad, limitación de aforos y horarios y refuerzos de las capacidades. Una tregua que, en apenas unas horas, ha saltado por los aires.

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