Política territorial

La desconfianza entre territorios y el formato elegido para reunirse atascan la Conferencia de Presidentes

Felipe de Borbón, Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos tras posar el año pasado para la foto de familia en la escalinata del monasterio de San Millán de Yuso, en San Millán de la Cogolla (La Rioja).

La cogobernanza, el modelo de colaboración institucional que el presidente Pedro Sánchez defiende desde que delegó en las Comunidades Autónomas el grueso de la gestión de la pandemia, no funciona. Al menos no a través de la Conferencia de Presidentes, la institución creada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 para debatir y adoptar acuerdos sobre asuntos de especial relevancia para el sistema autonómico.

El malestar por parte de las Comunidades Autónomas es patente aunque sólo lo hayan manifestado las que tienen presidente del PP (Galicia, Madrid, Castilla y León y Murcia), además de Cataluña (Esquerra) y País Vasco (PNV). La razón tiene que ver con la desconfianza que se ha instalado entre unos y otros territorios a cuenta de la distribución de los fondos europeos y de la inminente apertura del debate en torno a la revisión del modelo de financiación autonómica. Pero también con el formato elegido por Sánchez para volver a reunir a los presidentes autonómicos: sin cumplir los plazos previstos y sin ninguna reunión preparatoria previa que haga posible la búsqueda de acuerdos.

El Gobierno se escuda en que la cita obedece al mismo “modelo de excepcionalidad que se ha seguido durante la pandemia”, según fuentes de Política Territorial. Un criterio que en la práctica ha convertido la Conferencia de Presidentes en un órgano en el que Pedro Sánchez expone a los mandatarios autonómicos su punto de vista y estos apenas disponen de un turno de escasos cinco minutos para hacer puntualizaciones. Es decir, nada que facilite un debate en serio ni mucho menos la posibilidad de alcanzar acuerdos.

Si la convocatoria obedeciese al reglamento que rige la conferencia, hubiese habido que fijar un orden del día detallado con propuestas concretas trabajadas previamente por una comisión preparatoria que allanase el camino hacia un acuerdo. Pero no es así. El orden del día oficial, fijado sin cumplir los 20 días de antelación que marca el reglamento, se limita a fijar dos asuntos de interés sobre lo que hablará Sánchez y, a continuación podrán opinar brevemente los presidentes autonómicos.

El primero es, literalmente, el “estado de la situación de la campaña de vacunación y de los efectos de la covid-19 y de la gestión y próximos pasos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. El segundo, la “presentación de la Estrategia Nacional 2030 frente al Reto Demográfico para impulsar la Agenda Común entre los diferentes niveles de gobierno”.

El descontento de algunas Comunidades Autónomas es público y notorio. Al frente de la rebelión de presidentes se ha puesto la jefa de Gobierno en Madrid. Isabel Díaz Ayuso anunció la semana pasada que la próxima conferencia, que tendrá lugar este viernes en Salamanca, será la última a la que asista hasta que vuelvan a celebrarse cumpliendo lo que ordena el reglamento: orden del día fijado con anterioridad y debatido por técnicos de todas las comunidades antes de reunirse. "Desde hace 17 reuniones esto no se ha cumplido (…) Iremos a la de la próxima semana porque nos hemos comprometido, pero hay que hacerlas bien. Mientras estas conferencias no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento no vamos a seguir asistiendo”, advirtió.

Tras ella han ido los presidentes de Galicia, Murcia y Castilla y León, todos del PP. Aunque ninguno ha ido tan lejos como para anunciar un boicot a las convocatorias que tengan lugar en el futuro.

Paradójicamente, con su decisión de no volver a acudir a las conferencias que se convoquen en el futuro, la presidenta de Madrid no hace otra cosa que seguir los pasos del president de Cataluña, Pere Aragonès. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, confirmó la semana pasada que Aragonès considera la conferencia de este viernes un acto meramente “simbólico” en comparación con la comisión bilateral que se celebrará el lunes y la mesa de diálogo prevista para el próximo otoño. No hay motivo, subrayó Plaja, para “ir a hacerse una foto”.

Tampoco el lehendakari tenía interés en acudir. Pero, finalmente, Iñigo Urkullu confirmó este miércoles que sí viajará a Salamanca después de conseguir que se convoque para este mismo jueves una reunión de la comisión mixta del Concierto Económico. En ella se certificará el reparto de determinados impuestos como el IVA OSS (un sistema de gestión de este impuesto a escala de la Unión Europea), el de transacciones financieras y el que grava determinados servicios digitales, creados por el Estado, pero que en Euskadi serán recaudados por la Hacienda vasca.

Urkullu ha repetido el guion de al año pasado. Entonces tampoco confirmó su participación en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Rioja hasta que consiguió cerrar un acuerdo sobre la senda de déficit y la capacidad de endeudamiento de las instituciones vascas.

La incómoda bilateralidad

La bilateralidad de las relaciones ente el Gobierno central y las comunidades vasca y catalana, producto de sus respectivos Estatutos de autonomía, constituye un privilegio inaceptable para los presidentes autonómicos del PP y una realidad incómoda para algunos socialistas. De estos últimos los más insatisfechos con la actitud de Aragonès son los tradicionalmente menos partidarios del diálogo con Cataluña: Javier Lambán (Aragón), Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura). Y así lo han hecho saber en los últimos días.

Una preocupación común a todos ellos tiene que ver con el reparto de recursos. La legislatura avanza y el Gobierno sigue sin poner en marcha una de las negociaciones más complicadas de entre las muchas que tiene pendientes: la revisión del modelo de financiación autonómica, un asunto que inquieta especialmente la Comunitat Valenciana. Su presidente, el socialista Ximo Puig, lleva tiempo tratando de tejer alianzas con otras comunidades autónomas que abran la puerta a un nuevo reparto del dinero más acorde con sus necesidades. El Gobierno se ha comprometido a negociar el nuevo modelo antes de fin de año, pero de momento no hay avances.

El segundo elemento que envenena las relaciones entre comunidades tiene que ver con los fondos europeos de reconstrucción tras la pandemia. Nadie quiere quedarse atrás y acabar recibiendo menos que otros territorios. Algunos, del PP y del PSOE, recelan de que el dinero acabe beneficiando al País Vasco y a Cataluña. Y estas dos comunidades temen que al final sean ellas las que menos reciban.

Una parte del problema es la insistencia de algunas comunidades en considerar que el dinero de Bruselas debe repartirse proporcionalmente, siguiendo criterios de población u otros análogos, cuando en realidad su entrega depende de los proyectos que se presenten y se vayan aprobando. Algo que ya advirtió el presidente en la Conferencia de Presidentes de hace un año: “El reparto no seguirá los criterios clásicos. Este es un fondo diferente, nuevo. Lo que valoraremos será la aportación de esos proyectos a cada una de las líneas transformadoras” fijadas por el Consejo Europeo: la digitalización, la transición ecológica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial, advirtió entonces el presidente.

Al final, polémicas aparte, acudirán a Salamanca todos los presidentes autonómicos excepto el catalán, igual que en la última conferencia presencial de La Rioja. Y las intervenciones de la mayoría de ellos mirarán también hacia la gestión de la quinta ola de la pandemia, que se ha convertido para muchos en una pesadilla difícil de combatir sin la ayuda de los jueces, que en muchos casos están anulando las medidas preventivas decretadas por los gobiernos autonómicos.

Anticipo “histórico”

Donde sí estuvo Cataluña, por primera vez en años, fue en la reunión de la Comisión de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó a las comunidades autónomas el importe de las entregas a cuenta que recibirán el próximo año del sistema de financiación autonómica, que alcanza los 112.213 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior.

Son “las mayores entregas a cuenta de la historia”, subrayó la ministra, que también explicó a los consejeros el reparto de los 13.486 millones de euros adicionales que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Un dinero que se distribuirá siguiendo el criterio de población ajustada, la opción que eligieron la mayoría de comunidades autónomas. La mayor parte del desembolso se realizará en septiembre (70%) y el resto (30%) en noviembre.

La Comunitat Valenciana, Andalucía o la Región de Murcia pidieron en la reunión que parte de esos más de 13.000 millones (unos 2.200 millones) se destinasen a un fondo aparte para comunidades “infrafinanciadas”, pero la mayoría de los consejeros rechazaron votar la propuesta.

El próximo lunes, 2 de agosto, coincidiendo con la bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat, se celebrará una Conferencia Sectorial sobre los fondos europeos. Una cita “más técnica que política”, subrayó Montero.

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