El sector del porcino español, el más potente de la Unión Europea, comienza a convivir con la peste porcina africana (PPA). El foco original, detectado hace exactamente cuatro meses, se ha extendido a una zona mucho mayor y cada semana se detectan nuevos positivos entre los jabalíes silvestres, pero el virus continúa alejado de las granjas y no hay contagios en cerdos, lo que permite mantener el 80% del volumen de exportaciones que había antes de la crisis.

Para considerar a un país libre de la PPA y volver a acceder al 100% de los mercados internacionales deben pasar 12 meses desde la detección del último positivo, pero por ahora no ha empezado a correr ese calendario. El último reporte del Ministerio de Agricultura, del 19 de marzo, registraba cinco contagios nuevos frente al informe de la semana anterior, con un total de 232 positivos divididos en 40 focos. Y ninguna prueba apunta a un cambio de tendencia.

El titular de ese ministerio, Luis Planas, ha subrayado esta semana que aún así el sector está protegido porque la peste porcina no ha entrado en ninguna explotación, y que la mejor prueba de que el control del virus ha funcionado es que el 82% de los certificados –cada uno de los más de 400 productos que se venden procedentes del cerdo– se siguen exportando, así como el 80% del volumen total de productos. "Un país que no diese garantías no estaría ni en el 40%", comentó el ministro en una entrevista en TV3 este martes.

Lo único que ha cambiado desde el estallido de la crisis es el precio del cerdo. En las primeras semanas el coste del animal se desplomó ante la previsión de una sobreoferta –por la caída de las exportaciones–, pero el precio del cerdo vivo ha remontado sin parar en las últimas seis semanas, hasta los 1,25 euros por kilo, alrededor de un 20% más que a cierre de 2025. Y ya está muy cerca de los 1,30 euros que costaba antes de la crisis.

Esta subida no significa que el sector esté sumido en el optimismo por la situación epidemiológica, sino que es una respuesta natural del mercado tras el desplome de precios en diciembre y enero, según Miquel Àngel Bergés, director general de Mercolleida, la lonja porcina de referencia. "La subida de marzo es habitual porque en enero hay exceso de oferta de cerdo y el precio baja, para después volver a subir. En España y en Europa. Y este año se suma que en España teníamos unos precios excesivamente bajos", valora el portavoz. "De momento seguirán subiendo hasta Semana Santa, y después es incierto", añade.

Pablo Resco, experto en mercados agrarios de Plataforma Tierra, describe cómo el porcino español se mantiene en una calma tensa: los precios comienzan a asentarse y parece que las exportaciones no peligran, pero todo depende de que la PPA continúe sin saltar a un cerdo de granja. En este momento ya se han registrado casos en jabalíes silvestres en diez municipios y hay 45 explotaciones ganaderas bajo vigilancia intensa.

"El sector está preocupado, pero no estamos en el pánico del primer momento. Se ha logrado estabilizar la zona afectada y no estamos en el peor escenario", valora Resco.

La crisis ha golpeado además en un momento dorado, con un récord de producción porcina en 2025 de 5,27 millones de toneladas de producto, aunque eso hace todavía más vulnerable al sector, porque acumula un stock mayor de carne mientras la lista de compradores se ha reducido.

Una decena de países han prohibido de manera prácticamente total las importaciones de cerdo español, con Japón, México y Filipinas como los más grandes. Otros 11 tienen limitaciones parciales (entre ellos Brasil y Argentina). La buena noticia es que toda la Unión Europea y China, los dos grandes socios de la ganadería porcina española, permiten la entrada de cerdo de fuera de la provincia de Barcelona. Otros grandes compradores como Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos también tienen la puerta abierta al producto ibérico, así como otro medio centenar de países.

Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC), por su parte, señala que esta crisis porcina ha sacado a la luz otros problemas del sector. "Es un buen momento para plantearnos un debate sobre el futuro del cerdo en España", valora. Por ejemplo, si el modelo de sobreproducción es viable a largo plazo. "Creo que el crecimiento que hemos tenido en el sector no volverá a repetirse", añade. Los motivos son varios: China cada vez importa menos cerdo, el impacto ambiental de las granjas intensivas es enorme y criar a millones de cerdos genera una gran dependencia de importaciones de cereales y soja para alimentarlos. 

Varios expertos recuerdan también estos días que la crisis de la peste porcina en Alemania, que sufre desde hace cinco años, ha llevado a pique a la ganadería de cerdo de este país. La producción total ha caído en una cuarta parte desde 2020 y unas 5.000 explotaciones han cerrado.

El ministro Luis Planas también subrayó el martes que España ya está en la fase dos de la respuesta frente a la PPA –la primera fue la de controlar geográficamente el virus–, que consiste en la caza masiva de jabalíes, un animal que es capaz de extender el virus a docenas de kilómetros a la redonda. En los primeros meses del brote, el Gobierno prefirió optar por otras respuestas de control, pero a medida que el área de riesgo ha multiplicado su tamaño –abarca ya 33 municipios, para el riesgo bajo–, hace falta una respuesta más dura.

El ministerio se posiciona así con las demandas que hizo el sector porcino desde el primer minuto de la crisis, que reclamó abatir a todos los jabalíes en un área de 20 kilómetros, una medida que fue rechazada por grupos conservacionistas, como Greenpeace, que valoraron que esa vía era un error porque esos animales "son el mensajero y la víctima de la peste porcina africana, no el culpable de que haya aparecido".

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA en Bellatera (Barcelona), en el marco de la investigación conjunta para determinar el origen del brote de peste porcina africana (PPA).

La entrada y registro a este laboratorio ha sido ordenado por el juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), dentro de las diligencias previas decretadas por la justicia, que han sido declaradas secretas, han informado este jueves ambos cuerpos policiales.

La entrada y registro en estas instalaciones se está llevando a cabo siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación, detallan los dos cuerpos policiales.

La justicia está investigando en secreto por un delito contra el medio ambiente el origen del brote de la peste porcina africana detectado a finales del pasado mes de noviembre en Cataluña, ante las sospechas de que la cepa proceda de un laboratorio que trabaja con el virus.

De hecho, el laboratorio IRTA-CReSA (Centro de Investigación en Sanidad Animal) está desde hace días bajo el foco de las sospechas, ya que los primeros jabalís muertos que estaban infectados aparecieron cerca de sus instalaciones.

El pasado 9 de diciembre, los Mossos d'Esquadra, que investigan el origen del virus en un equipo conjunto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ya remitieron un primer atestado a los juzgados de Cerdanyola en relación con el caso.

Esta investigación judicial va en paralelo a la auditoría que la Generalitat ha encargado al laboratorio IRTA-CReSA para averiguar si el brote pudo originarse en algunos de los cinco centros de investigación animal situados en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han detectado los jabalíes infectados.

Esos cinco centros, entre los que figura el propio IRTA-CReSA, están en el foco de la investigación a raíz de un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

El incumplimiento o la falta de colaboración con las autoridades en las medidas para evitar la gripe aviar puede sancionarse con multas que van desde los 600 euros a los 1,2 millones de euros, según la gravedad, según establece la Ley de Sanidad Animal.

La legislación establece varios tipos de multas según las infracciones: para las muy graves, oscilan entre los 60.001 a 1.200.000 euros; para las graves, entre 3.001 y 60.000 euros; y para las leves, entre los 600 y los 3.000 euros o un apercibimiento.

"El límite superior de las multas previstas en este artículo podrá superarse hasta el duplo del beneficio obtenido por el infractor, cuando dicho beneficio exceda de la cuantía máxima de la multa", según la ley.

La Ley de Sanidad Animal define como infracciones graves, entre otras, la falta de comunicación de la muerte del animal de producción, cuando dicha comunicación venga exigida por la normativa aplicable o la falta de notificación por los mataderos de las entradas y sacrificios de animales procedentes de zonas afectadas por una epizootia.

También se considera grave la ocultación, falta de comunicación, o su comunicación excediendo del doble del plazo establecido, de enfermedades de los animales que sean de declaración o notificación obligatoria, siempre que no tengan el carácter de especial virulencia, extrema gravedad y rápida difusión, ni se trate de zoonosis.

Otra infracción grave es la declaración de datos falsos sobre los animales de producción o el incumplimiento del cuidado de los animales o la falta de comunicación; la omisión de los test de detección.

La sanción se graduará según las circunstancias del responsable, las características de la explotación o del sistema de producción, el grado de culpa, la reiteración, la participación, el beneficio obtenido o que se esperase obtener, el número de animales afectados, el daño causado o el peligro en que se haya puesto la salud de las personas o la sanidad de los animales.

Los países que conforman la Organización Mundial de la Salud (OMS) han acordado el calendario de negociaciones para que el acuerdo mundial sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias, conocido como tratado sobre pandemias, esté lista para aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2024, según ha informado Europa Press.

Este jueves 6 de abril ha terminado la quinta reunión del Órgano Intergubernamental de Negociación del tratado (INB, por sus siglas en inglés), que incluye a los 194 países de la OMS.

"Países de todas las partes del mundo pudieron debatir sus ideas, preocupaciones y sugerencias en un foro para que todos los países las oyeran y consideraran", ha comentado la sudafricana Precious Matsoso, copresidenta de la Mesa del INB.

Los países han acordado mantener abierta una ventana para propuestas escritas adicionales hasta el 22 de abril y que esas propuestas se compilarán con todas las demás realizadas en las últimas semanas en un paquete que se pondrá a disposición de todos los participantes en el grupo de redacción.

La Mesa del INB proporcionará entonces, antes del 22 de mayo, además de este paquete, para su consideración por el Grupo de Redacción, un texto basado en todas las propuestas recibidas e incluidas en el documento de compilación. El Grupo de Redacción del INB se reunirá en junio para continuar las negociaciones.

"El mundo se da cuenta de que lo que queremos y necesitamos conseguir es un acuerdo que nos ayude a no repetir los errores de la respuesta a la pandemia del covid-19. Hay muchas propuestas y sugerencias constructivas sobre la mesa para conseguirlo", ha señalado el copresidente de la Mesa del INB, Roland Driece, de Países Bajos.

Según el proceso acordado por los gobiernos en una sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud a finales de 2021, las negociaciones sobre el proyecto de acuerdo contra pandemias tendrán como objetivo elaborar un proyecto final que se someterá a la consideración de la 77ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2024.

Paralelamente a las negociaciones del acuerdo sobre pandemias, los gobiernos también están debatiendo más de 300 enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI), con el objetivo de "reforzarlo y hacer que el mundo sea más seguro frente a las enfermedades transmisibles, al tiempo que se garantiza una mayor equidad en la respuesta mundial a las emergencias de salud pública".

Las enmiendas propuestas al RSI también se presentarán a la Asamblea Mundial de la Salud en 2024 y, junto con un futuro acuerdo sobre pandemias, deberían proporcionar "un conjunto completo, complementario y sinérgico de acuerdos sanitarios mundiales".

Entre el 1 de enero de 2022 y el 29 de abril de 2022, en España se han detectado 22 casos en investigación de hepatitis grave no filiada en personas entre 0 y 16 años sin vínculo epidemiológico entre ellos, según ha informado este viernes el Ministerio de Sanidad, comunicado por Europa Press. Así se desprende del informe "Alerta de hepatitis no A-E aguda grave de causa desconocida en niños menores de 10 años en Reino Unido. Situación en España", llevado a cabo por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dependiente de dicho ministerio, y publicado este viernes.

De los casos inicialmente notificados (informe del 22 de abril), se han descartado 3 casos. En 4 casos de 8 analizados en los que se dispone de resultados, se obtuvo una prueba positiva para Adenovirus. En un caso se ha podido determinar, mediante secuenciación genómica en el Centro Nacional de Microbiología, que el Adenovirus es tipo 2 y el resto están pendientes de resultados.

Así las cosas, en el documento se señala que los servicios de epidemiología están aplicando un cuestionario exhaustivo a todos los casos identificados hasta la fecha, sin que hasta el momento se haya encontrado una causa común. "Es necesario mantener la intensidad en la vigilancia y las actuaciones que ya se están realizando para la investigación de los pacientes, para confirmar o descartar si existe un incremento de casos de hepatitis, valorando siempre con prudencia el efecto de la búsqueda activa de casos compatibles en el incremento de casos notificados respecto a años en los que no se realizaba esta acción", expresa Sanidad en el informe.

Tal y como recuerdan, el pasado 5 de abril, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional de Reino Unido notificó a la Organización Mundial de la Salud 10 casos de hepatitis aguda grave de etiología desconocida en niños menores de 10 años previamente sanos en el cinturón central de Escocia. Nueve casos tuvieron un inicio de síntomas durante marzo de 2022 y uno tuvo un inicio más temprano, en enero de 2022.

Tras iniciar una investigación a nivel nacional, el 8 de abril de 2022, se habían identificado en el Reino Unido un total de 74 casos que cumplían con la definición de caso. El síndrome clínico en los casos identificados es de hepatitis aguda con transaminasas muy elevadas, frecuentemente con ictericia, a veces precedida de síntomas gastrointestinales, en niños hasta los 10 años. Algunos casos requirieron traslado a unidades pediátricas especializadas en hígado y seis niños requirieron trasplante hepático. Según los informes ningún niño había fallecido.

Así las cosas, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha publicado este jueves los casos detectados en países de la Unión Europea y Reino Unido en menores de 16 años: Reino Unido notificó 111 casos (81 en Inglaterra, 14 en Escocia, 11 en Gales y 5 en Irlanda del Norte). Además, 11 países han notificado casos: Austria (2), Bélgica (2), Dinamarca (6), Francia (2), Irlanda (5), Italia (17), Alemania (1), Países Bajos (4), Noruega (2), Polonia (1), Rumanía (1). En total, se han notificado 166 casos, de los cuales 50 han resultado positivo para adenovirus y 15 han requerido trasplante hepático.

Las pruebas de laboratorio excluyen en todos los casos los virus de la hepatitis A, B, C, D y E y se han descartado también las causas habituales de hepatitis o antecedentes de viajes. Se sigue investigando otro tipo de causas infecciosas, tóxicas o químicas. Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad lanzó una comunicación a las comunidades y ciudades autónomas a través de la Ponencia de Alertas y de la Comisión de Salud Pública y a las sociedades científicas de Pediatría y gerencias de hospitales para realizar una observación y búsqueda activa de posibles casos.

Si se escucha el nombre de María José Segarra, lo primero que se recuerda que fue fiscal general del Estado entre julio de 2018 y enero de 2020. Pero esta fiscal con una dilatada carrera de más de treinta años empezó a ejercer en Barcelona, donde se especializó en protección de menores, y después pasó a Sevilla, donde fue fiscal jefe durante catorce años. Después de su paso por el puesto más alto del escalafón, volvió a la capital hispalense, pero a finales del año pasado fue promovida como fiscal de Sala, la primera categoría de la Carrea Fiscal, para encargarse del área de la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.

En entrevista con infoLibre con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, Segarra reflexiona sobre el drama de las residencias durante la primera ola de la pandemia y lo que desde su competencia se puede hacer para que no vuelva a ocurrir. La fiscal tiene claro que en los meses de la primera ola se vulneraron derechos de los mayores en esos centros, que hay que avanzar hacia un nuevo modelo de residencias que se adapte a las personas, y no al revés, y hacia una sociedad mucho más acorde con las necesidades de la población mayor de 65 años. Asimismo, defiende el papel del Ministerio Público y asegura que todas las denuncias por fallecimientos en residencias se han investigado.

PREGUNTA: ¿A qué se dedica la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores?

RESPUESTA: La función de los fiscales es siempre tutela de derechos fundamentales y en el área que yo coordino es toda la actividad del fiscal en la atención a las personas con discapacidad y mayores a causa de la vulnerabilidad que se puede tener como consecuencia de alguna discapacidad o como consecuencia de todas las comorbilidades y disfunciones que vas teniendo según cumples una edad, y más en una sociedad como la de hoy día, muy rápida y digitalizada. La tutela de derechos que tenemos todos los fiscales abarca toda esa panoplia de situaciones en que se pueden ver vulnerados los derechos de las personas por estos dos motivos.

P: ¿Cuántas diligencias de investigación se han abierto en Fiscalía por la situación en las residencias durante la pandemia?

R: Nuestra actividad es un mundo más amplio pero entiendo que el interés por esta situación tan apocalíptica que hemos vivido recale en la situación de pandemia. Y sobre todo, más que en personas con discapacidad, en personas mayores porque todos sabemos la letalidad que ha tenido la pandemia para las personas mayores y sobre todo para las de centros residenciales y sociosanitarios por el modelo de vida colectiva. En esas funciones de supervisión de los internamientos, a partir de que una persona se deteriora intelectualmente y no puede renovar el consentimiento diario a vivir en una residencia, aparece la tutela judicial, es decir, tiene que ser un juez el que determine si esa persona tiene que estar ingresada. Ahí los fiscales tenemos una función muy importante de supervisión de las situaciones en que viven las personas en centros sociosanitarios y residenciales. Y por eso focalizamos nuestro trabajo desde que estalla la pandemia en ese seguimiento de esa situación de las personas que vivían en las residencias. Nuestra actividad fundamentalmente es civil; aunque las personas conozcan más a los fiscales por el orden penal, las secciones que yo coordino trabajan en el área civil y de protección. En total, se han incoado 921 diligencias civiles y más de 500 penales (hasta julio de este año). 

P: ¿Estas cifras indican que el modelo de residencia tenía graves fallos? ¿Habría que revisar de arriba abajo ese modelo? ¿Cuáles son los puntos más débiles sobre los que habría que prestar más atención?

La situación de pandemia nos ha situado ante un nuevo escenario que, como lamentablemente se puede repetir, tenemos que analizar. Todas las administraciones tienen que hacer una especie de memorándum acerca de qué lecciones se han aprendido y qué se debe prevenir para el futuro. Ante posibles situaciones epidémicas en las que las personas más vulnerables, por sus enfermedades y por el hecho de vivir en un entorno comunitario, son más susceptibles al contagio, lleva efectivamente a que todo lo que hemos mejorado en el proceso de la pandemia se estabilice. Tenemos que tener los planes de contingencia actualizados, necesitamos que la vigilancia se mantenga, que la formación continua de los trabajadores se mantenga... Necesitamos que no se olvide la importancia de la coordinación sanitaria: todas las residencias, independientemente de su volumen, tienen que tener una coordinación cercana con atención primaria y con sus recursos hospitalarios para que no haya descoordinación en ningún momento. Las unidades de hospitalización en el domicilio, que nos valen muy bien, sobre todo para personas mayores que viven solas, tienen que extenderse también a las residencias, porque la residencia es el hogar de una persona. Además, los servicios de inspección tienen que mantenerse como están ahora. El control, ya sean centros de gestión pública o privada, lo tienen las comunidades autónoas y se tiene que ejercer de forma que una residencia se vea sometida como mínimo a una inspección al año. Esto no eran objetivos que se cumpliesen con anterioridad y deben conservarse.

Acaba de entrar en vigor la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Es revolucionaria porque lo que dice es que tenemos que atender y salvaguardar no sólo el beneficio de las personas con discapacidad, sino su voluntad, deseos y preferencias. Esto no es un mandato sólo para los jueces y fiscales, sino un mandato que concierne a todos, a la sociedad y a las administraciones en primer lugar. Y así, el modelo residencial tiene que atender a la persona, a la historia de vida de la persona, a cómo es ella y sus gustos y sus preferencias. Y en el caso de que no los pueda expresar, a cómo ella hubiera querido vivir. El modelo residencial tiene que adaptarse y tiene que cambiar. Nos tenemos que adaptar a las personas, eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando hablamos de un modelo de cuidados centrado en la persona, las agendas de servicios sociales tienen que pluralizarse porque todos somos muy distintos y tenemos que ofertar fórmulas, hacer una sociedad mucho más acorde con el volumen de población mayor de 65 años que tenemos, que cada vez es mayor.

P: ¿Lo ocurrido en las residencias ha revelado un problema mayor, y es que las personas al llegar a cierta edad ya se consideran prescindibles para la sociedad?

R: Quizá es un poco cierto paternalismo y a veces, cuando tratas a una persona con paternalismo, esa persona quizá acaba aceptando y minimizándose a sí misma. El mismo fenómeno es el que estamos viviendo con la discapacidad: tendemos a proteger tanto a las personas que no les dejamos espacio para la reivindicación de sus derechos. Yo creo que ahora, los mayores de 65 años están diciendo aquí estamos, tenemos formación, tenemos capacidad y estamos llamando a muchas puertas. Es un cuerpo electoral también que va a reivindicar con fuerza un modelo de vida que sea acorde con lo que ellos decidan.

P: Antes ha hablado de las inspecciones en residencias. ¿Antes de la pandemia había pocas inspecciones?

R: Los informes que han facilitado todos los fiscales a lo largo de la pandemia han puesto muy en claro cómo tras la pandemia se han multiplicado los recursos de inspección y han valorado muy positivamente que la inspección se movilizara inmediatamente a un recurso residencial. La inspección tiene que ser reforzada porque esa es la garantía. Tú puedes articular un modelo residencial, pero si no tienes un sistema para revisar, inspeccionar, sugerir protocolos de cómo se debe hacer mejor y para sancionar cuando no se haga, si tú no tienes capacidad para ni siquiera revisar que esa residencia que se acaba de inaugurar es acorde con la licencia que se le ha facilitado, está el campo abonado a que pueda haber conductas no adecuadas o un sistema basado más en el negocio que en la atención a la persona.

Los fiscales están siempre en coordinación con las administraciones competentes. Es más, los fiscales tienen, entre muchas funciones y tareas, visitar las residencias y una de las cosas que está en nuestro protocolo de visitas es solicitar a la administración que nos informe y nos remita el último informe de inspección porque eso te da un parámetro de cómo está esa residencia y qué problemas puede tener. En plena pandemia consulté un informe que había encargado el Ministerio de Derechos Sociales en el que hablaba precisamente de los cambios que había que introducir en el modelo residencial. La propia administración tiene la información y está plenamente concernida con este mandato y en la medida en que la creación de esta unidad coordinadora de la Fiscalía en noviembre del año pasado da un poco la visibilidad y la posibilidad de participar, hemos mantenido ya reuniones de coordinación con el Ministerio, con el que tenemos una fluida comunicación y me he ofrecido a participar para transmitir toda la información de los fiscales a través de su labor de campo en este tiempo. Y los delegados autonómicos y provinciales con las comunidades autónomas. La coordinación es absoluta. Los fiscales que trabajamos en las áreas no penales tenemos mucha costumbre de trabajar y coordinarnos mucho con la administración, que son nuestros ojos, y con las ONG también. Si no tenemos canales de información abiertos, no nos llegan situaciones de vulneración de derechos.

P: ¿Se vulneraron derechos fundamentales de las personas mayores en la pandemia?

R: Por supuesto. Estamos hablando de muchos derechos porque de repente todos nos encerramos en nuestras casas y redobladamente las personas mayores se vieron sometidas a una situación de aislamiento que les produjo notables perjuicios psicológicos, de movilidad, agravamiento de sus enfermedades... La supresión de las visitas con los familiares ha tenido unas consecuencias muy importantes en la salud de las personas. Por ejemplo, los centros sociosanitarios que han apostado por la opción de estar libres de sujeciones químicas y mecánicas, tuvieron que echar marcha atrás en estos planes. Claro que hubo, desde esa perspectiva. La afectación tan grande y la letalidad de esos primeros tiempos, con cifras que nunca vamos a saber exactamente porque no sabíamos diagnosticar… claro que esa es una situación de vulneración de derechos. Radicalmente se vulneraron sus derechos.

P: Los representantes de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias salieron un tanto decepcionados de la reunión que mantuvieron con usted en julio y denuncian los fiscales no están entrando en las residencias...

R: Quizá hubo una ausencia de comprensión de cuál es nuestra función. Los fiscales no somos inspectores, nosotros tutelamos los derechos de las personas, pero no somos los que controlamos ni la adecuación de la comida, ni los requisitos de sanidad… Lo que sí es que, tras ver esa vulneración de derechos que se produjo en pandemia, hemos dado un paso adelante para ver qué han hecho las administraciones para solventar este problema y hemos sugerido la necesidad de intervención. Recuerdo que en la reunión con la Plataforma plantearon su disconformidad con algunos regímenes de visitas. Esto son decisiones que toma cada residencia atendiendo a la situación sanitaria de cada momento en el marco de una normativa.

Hay 6.000 residencias en toda España y nosotros necesitamos que los particulares nos transmitan, que nos llegue la información. No podría ser nuestra competencia determinar cuál es la situación en cada momento. Yo puedo entender que los familiares puedan sentir siempre que la respuesta no es la que quisieran. Lo que hay que hacer es caminar, hay que ver el problema y trabajar. Es lo que emplazo a todas las asociaciones y familiares, que lo pongan en conocimiento de la Fiscalía, que siempre les va a responder. Les gustará o no, pero eso le dará pie a ir a los tribunales, a seguir una batalla que considere que legítimamente es lo que debe hacer.

P: ¿Se ha ido demasiado lejos con las restricciones en las residencias, una vez superado lo peor y con la vacunación ya muy avanzada?

R: Sí, yo creo que ha sido un hecho, pero lo que se ha hecho ha sido primar la protección de las personas. Las cifras han sido tan escalofriantes que yo creo que sí, ha sido la razón del mantenimiento de las limitaciones en residencias. Ha habido unas decisiones de limitación del derecho al contacto con los familiares que siguen manteniéndose en la actualidad. Ha primado más el punto de vista médico, primaron las decisiones médicas y siguen primando.

P: ¿Entiende el miedo de una persona mayor a acudir a una residencia después de todo lo que ha pasado?

Es normal que aparezcan miedos. Nosotros tampoco nos relacionamos igual. Pero si tengo que hablar de profesionales que han dado el do de pecho son los de las residencias. He leído en los informes de los compañeros ejemplos de un nivel profesional y humano apasionante. De alguna forma, han respondido en la medida que estaba en sus manos. Lo que hay que hacer es mejorar el modelo residencial.

P: ¿No debía la Fiscalía haber actuado de oficio tras tener conocimiento de protocolos como el de la Comunidad de Madrid que sirvió para impedir el traslado al hospital de miles de mayores enfermos que vivían en residencias?

R: Me consta que se abrieron diligencias en el ámbito penal. La de la Comunidad de Madrid es una de las fiscalías que abrió más diligencias de investigación penal, yo creo que haciendo una labor de estudio y contextualizando cada decisión en cada momento. Una cosa es el protocolo existente y otra la aplicación práctica y las decisiones casi como de campaña que se vieron obligados muchos médicos a adoptar. Pero en todo caso, insisto, eso tiene su cauce en la vía penal. Nos pilló una imprevisión y posiblemente hubo protocolos que inmediatamente fueron revisados. Hubo una sucesión de protocolos en Madrid casi cada día y sobre su adecuación se pronunciarán los tribunales cuando termine la investigación.

En todas las denuncias que se han interpuesto por personas que fallecieron en una residencia y en los casos en que los familiares nos han transmitido que no tienen una explicación a lo sucedido se han abierto diligencias de investigación. En todas. En algunos casos, se han archivado; en otros, se sigue investigando; y en otros, se ha puesto denuncia en el juzgado. No ha habido ni un solo caso que no se haya investigado.

P: De lo que los familiares también se quejan es que ha habido denuncias que se han archivado sólo habiéndose recabado la versión de la residencia...

R: No se puede generalizar. Nuestros decretos son motivados. Quien no esté de acuerdo, puede ir al juzgado competente y poner la denuncia. Cada fiscal que pone un decreto (de archivo) es el que responde y el fiscal superior es el que supervisa.

P: ¿Ha detectado la Fiscalía casos residentes que no han querido vacunarse o de familiares que no estaban de acuerdo?

R: Sí, pero no han sido muchos. La persona mayor que no desea vacunarse, no se ha vacunado. Sin ningún problema. Tiene la misma autonomía de voluntad que cualquiera. Lo que sí nos llegó son supuestos de familiares que se negaban a dar su autorización para vacunar a una persona que no tenía capacidad para expresarse o para tomar decisiones y el médico del centro consideraba que, atendidas las características de esa persona, sí era tributaria de beneficiarse de una vacuna. Esos casos son los que nos han llegado a nosotros. Esperábamos más, pero sólo hemos abierto en España 33 diligencias por eso. Ha habido casos en los que se ha observado la experiencia de vida de ese mayor, cuyos familiares nos decían que nunca había estado conforme a vacunarse, ni de la gripe. Esos casos se han archivado. En otros casos, los familiares han sido informados y ante la posible denuncia que pudiera presentar fiscalía y los consejos médicos, han aceptado la vacunación. Hemos judicializado 33 casos, se puede decir que la cifra es irrelevante.

P: ¿La Fiscalía de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores también se está interesando por casos de abusos a mayores por parte de entidades bancarias?

Dio origen en muchos momentos a casos de investigación y también diligencias civiles de los fiscales en el ámbito de consumo. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Es el ámbito de la vulnerabilidad de las personas, sobre todo cuando ellas mismas no son muy conscientes de su deterioro intelectual y un empleado de un banco que a lo mejor quiere hacer muchos méritos te coloca productos para los que tú no estás capacitado para tomar esas decisiones que son de mucho riesgo. Esto entra dentro de sus cauces de actuación de la Fiscalía. Puede ser por vía de consumo, pues tenemos legitimación para interponer acciones colectivas, y en el ámbito penal.

También nos preocupa mucho el cierre de entidades bancarias. Las entidades prestan un servicio muy importante a las personas mayores, ayudándoles a la gestión de su pensión, y por la relación de confianza con los empleados del banco, que da tranquilidad en la gestión de las pequeñas cosas. Y eso son pequeños apoyos que pierden las personas mayores con la digitalización y el cierre de sucursales. Es un tema que nos preocupa mucho y voy a dirigirme a las entidades bancarias para ver qué programas ponemos en marcha para dar cobertura a un sector que se sitúa muy vulnerable. Se pueden hacer programas y horarios para dar un giro.

El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha manifestado que puede haber "varias olas" más de coronavirus pero cree que tendrán una evolución "muy lenta" y serán "probablemente más pequeñas" que las anteriores, informa Europa Press. "Espero que si las hay, sean muy pequeñas", ha dicho Simón tras explicar que el nivel de transmisión actual es menor que en las ondas ya vividas porque "ahora la probabilidad de que un infectado se encuentre con más de un susceptible es baja" dado que la "gran parte" de la población está vacunada, salvo el grupo de menores de 12 años.

Es por ello que la mayor probabilidad de que surjan brotes está en este colectivo y en centros escolares, aunque "por ahora no se están viendo" y, además, la "ventaja" es que los menores de 12 años "interactúan menos" entre ellos fuera del ámbito educativo que el resto de grupos.

A juicio de Simón, el porcentaje de vacunación que registra actualmente la población española es "suficiente como para ir normalizando la sociedad". "Tenemos que normalizar ya el coronavirus, pero poco a poco" y "progresivamente", porque "no es sensato pasar de cero a cien en 24 horas". El epidemiólogo se ha pronunciado así en el XXI Congreso Nacional y X Internacional de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) que se celebra desde este miércoles en Santander.

Durante su intervención, Simón ha hecho un repaso de las epidemias pasadas y de la actual, considerando que es momento de "empezar a recapacitar" y valorar "con calma" lo ocurrido y la evolución desde la llegada del covid, teniendo en cuenta que en la primera onda solo se detectaba "uno de cada 10 casos".

En este sentido, ha reconocido que "a nadie se le pasaba por la cabeza una situación como la que hemos vivido" a pesar de que desde el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias se realizan ejercicios de simulación -entre 10 y 15 al año- para prever cómo actuar ante circunstancias hipotéticas. "Se han hecho incluso para la llegada de bacterias del espacio exterior", pero "no llegamos a hacer un simulacro de una situación como ésta", ha sentenciado.

Y es que todo el sistema y lo estudiado "se cayó" al irrumpir el covid, y "nos dimos cuenta que todo dependía de un único país que lo producía todo". Por ello, Simón ha apostado por mantener la tendencia surgida a raíz de la pandemia de tener producción propia en cada país para casos de necesidad.

El epidemiólogo ha repasado los "muchos problemas sanitarios" que han surgido durante el siglo XXI, como la gripe, el zika, el ébola o la listeriosis, explicando que su impacto ha sido menor porque "nos hemos ido preparando", pero "no nos habíamos preparado para el covid". Además, ha apuntado que de cara al futuro hay otro problema "flotando en el aire" desde hace años y que, "si no es una pandemia ya, tiene muchas papeletas para serlo": la resistencia a los antibióticos.

Por otro lado, Simón, que se ha encargado en numerosas ocasiones de dar a conocer la evolución de la pandemia a nivel nacional y las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria para frenarla, ha opinado que los responsables de las medidas tienen que "cambiar el chip" y aprender a asumir su responsabilidad, porque esas decisiones "tienen un impacto socioeconómico enorme". De hecho, cree que se debería incluir ya en la formación de los estudiantes de medicina cómo gestionar sus decisiones teniendo en cuenta el impacto que tienen en la población.

Medicina preventiva

En el marco del Congreso, Simón ha ensalzado la labor de la Medicina Preventiva que se ha puesto aún más de manifiesto durante la pandemia y ha instado a los profesionales a "empoderarse" frente a otros especialistas para adquirir el reconocimiento necesario.

Y es que el objetivo de la medicina es "trabajar para la salud, no para la enfermedad". "Si alguien se pone enfermo hay que curarlo, pero el objetivo es que no haya enfermos, y eso se hace con Medicina Preventiva", ha insistido. Ésta, además, debe ir ligada a la Atención Primaria, que como la Medicina Preventiva es un área "multidisciplinar" y es "la base de una población sana", ha defendido.

El Congreso ha sido inaugurado por el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, que, en la misma línea, ha destacado que la sostenibilidad del sistema sanitario se basa "en buena medida y cada vez más" en la Medicina Preventiva. "Tenéis que aprovechar el momento, la visibilidad que os ha dado la pandemia", porque es una "significativa oportunidad" para poner en valor el trabajo de los profesionales y un "desafío" en cuanto a mantener el "importante nivel" de respuesta que sus especialistas han dado para superar la pandemia, ha trasladado a los asistentes.

Junto al consejero de Sanidad han participado en la sesión inaugural el presidente de la SEMPSPH, Rafael Ortí; el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann; la gerente de la empresa municipal de Turismo de Santander, Edurne Vidal, y la presidenta del Congreso y jefa de Servicio de Medicina Preventiva y Seguridad del Paciente en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), Henar Rebollo.

El Congreso, que se celebrará del 22 al 24 de septiembre con el lema 'Medicina Preventiva: Retos y Apuesta de futuro', congrega en el Palacio de Festivales de Santander a más de 350 profesionales de la especialidad y de otros sectores relacionados, como la enfermería, de ámbito nacional e internacional, y a otro centenar más de forma no presencial, además de 60 ponentes y "una extraordinaria participación científica" que se traduce en 300 comunicaciones.

“La doble crisis económica y sanitaria debe ser una oportunidad para preparar el futuro invirtiendo en salud, investigación e innovación, así como en tecnología digital, para apoyar la modernización de nuestra economía, en todas las regiones y en beneficio de todos”. Habrá pocos que se declaren en desacuerdo con esa apreciación. Podría suscribirla cualquier ciudadano de los 27 estados miembros de la UE aludiendo a los 750.000 millones de euros del Plan de Recuperación para Europa. La frase figura en el plan elaborado por el Gobierno francés, pero seguro que aparece con una redacción similar en cualquier otro de los documentos remitidos estos días a Bruselas para su aprobación. La primera inversión de futuro que se menciona es la salud. Un protagonismo lógico tras la mayor epidemia en un siglo.

Sin embargo, el Plan de Recuperación español, que junto con el italiano será el que más millones recibirá de Europa, ha dejado la sanidad en el vagón de cola de las inversiones. España destinará 1.069 millones de euros a “reforzar las capacidades del sistema nacional de salud”. Equivale a poco más de un 1,5% de los 69.528 millones que le lloverán hasta 2026. Muy poco si se compara con los 15.630 millones que ha apartado Italia para fortalecer su sistema sanitario, 15 veces más que España. El Gobierno de Mario Draghi recibirá casi las mismas subvenciones, 68.900 millones de euros, por lo que la sanidad italiana se beneficiará del 22,68% de los fondos. De hecho, Italia es el país de la UE que más fondos va a dedicar a fortalecer su sistema de salud en cifras absolutas; y Hungría la que porcentualmente va a invertir más en ese capítulo: el 33,5% de los 7.200 millones que recibirá.

Aun lejos de las cifras italianas, Francia también reserva una cantidad considerable de dinero para su sistema sanitario: 6.140 millones de euros, casi seis veces más que España, el 15% de los 39.400 millones asignados para el Gobierno de Emmanuel Macron, que suman poco más de la mitad de los fondos que le corresponden a España. Otro tanto puede decirse de Alemania, que empleará 4.563 millones de euros, el 17,8% del dinero europeo, en el “fortalecimiento digital y técnico del servicio público de salud”.

Pero es que países más pequeños, menos pudientes y menos favorecidos por las ayudas europeas van a dedicar más dinero a la sanidad que España. Portugal le ha reservado 1.383 millones, el 8,3% de los apenas 13.900 millones que le llegarán de Bruselas; es decir, proporcionalmente, cinco veces más que España. Grecia destinará 1.536 millones, el 8,4% de los 18.191 millones comprometidos con su gobierno. Rumanía, 2.455 millones, el 17,3% de los fondos.

Sólo Bélgica y Luxemburgo van a poner menos dinero, porcentualmente, que España: un 0,6% y un 1,24%. Suecia, Finlandia, Chequia, Bulgaria, Lituania, Chipre, Eslovenia, Dinamarca, Croacia y Austria tienen presupuestos por debajo de los 1.000 millones. Irlanda no ha revelado cuánto dinero destinará a reforzar su sistema de salud. Países Bajos, Letonia, Estonia y Malta aún no han remitido sus planes de recuperación.

Digitalización de la sanidad

No obstante, además de los 1.069 millones del componente 18 del Plan de Recuperación, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría General de Administración Digital, dedicará 170 millones de euros a la transformación digital de la administración sanitaria. Una partida para mejorar la interoperabilidad y la cartera de servicios mediante el desarrollo de aplicaciones, explica a infoLibre un portavoz del departamento. “Ése [la interoperabilidad] es el problema que sufre la sanidad pública española: cada comunidad autónoma tiene un sistema informático distinto y no se comunican entre sí”, aclara Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Con el dinero europeo se pretende que tanto la administración central como las comunidades autónomas tengan plataformas que les permitan intercambiar datos de la seguridad social y de atención primaria, hospitalizaciones, profesionales sanitarios, y prescripciones farmacéuticas.

El Ministerio de Sanidad también tiene un presupuesto para salud digital, 15,2 millones de euros en 2020 que se convertirán en 300 millones este año, apunta el departamento dirigido por Carolina Darias.

En el resto de los estados miembros de la UE, la digitalización de la sanidad se ha llevado el grueso de los fondos. De hecho, Italia destinará 8.630 millones, más de la mitad del dinero reservado para el sistema público de salud, a la transformación digital del servicio sanitario nacional. Francia gastará 2.000 millones en actualizar sus estándares digitales en la sanidad pública: 270 millones se invertirán en infraestructuras digitales, 511 millones en interoperabilidad y seguridad, 619 millones en desplegar nuevo software y en fomentar su uso por parte de los profesionales sanitarios y 600 millones más en la puesta al día digital del sector sociosanitario –residencias de ancianos y hogares para discapacitados, menores, solicitantes de asilo–.

Alemania ha apartado casi 814 millones de euros para el fortalecimiento digital y técnico de su servicio público de salud. Su objetivo es crear una infraestructura interoperable para la conexión en red de todos centros de salud, hospitales y centros sociosanitarios; es decir, que estén totalmente equipados digitalmente. A esa cantidad hay que añadir parte de los 3.000 millones del programa de futuro para los hospitales, que se dirigirá a aumentar el nivel de digitalización y el equipamiento tecnológico de los hospitales, desde las salas de urgencia hasta la seguridad de la información.

Además, el componente 17 del Plan de Recuperación, dedicado a la ciencia, la tecnología y la innovación, dedica 878,326 millones de euros a fomentar la investigación en el sector sanitario. Ese dinero servirá para invertir en terapias avanzadas, medicamentos emergentes y medicina personalizada, así como para reforzar de las capacidades estratégicas y la internacionalización del Sistema Nacional de Salud –174 millones de euros–. El Instituto de Salud Carlos III, donde se encuentran el Centro Nacional de Microbiología, el Centro Nacional de Epidemiología, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y la Escuela Nacional de Sanidad, recibirá seis millones de euros en subvenciones. 

Es decir, si se suman las cantidades dedicadas a la interoperabilidad y las reservadas para investigación a los 1.069 millones del capítulo estrictamente sanitario, el total comprometido para el Sistema Nacional de Salud se eleva a 2.432,5 millones de euros, un 3,5% del Plan de Recuperación. Aun así, la mitad que Alemania y casi la tercera parte que Francia.

Casi 800 millones para comprar aparatos de alta tecnología

“Debería haberse destinado, como mínimo, el 5% de los fondos a la sanidad”, contrapone Sánchez Bayle. Unos 3.500 millones de euros. Sólo a salud pública debería haberse comprometido un 2,5%, pero no se ha superado el 1%, lamenta.

A juicio de Juan Oliva Moreno, profesor de Economía de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha y expresidente de la Asociación de Economía de la Salud, las cantidades comprometidas en el Plan de Recuperación para la sanidad española son “claramente insuficientes” para las reformas que se proponen en la atención primaria, la salud pública y la regulación de los medicamentos. “Sobre todo si, además, resulta que el 75% del dinero no va a ir dirigido a esos ámbitos sino a la adquisición de equipos de alta tecnología”. Son 796,1 millones de euros que ya tienen propietario: aceleradores lineales, aparatos para TAC, resonancias magnéticas y tomografías por emisión de positrones (TEP), equipos de braquiterapia, angiografía vascular y neurorradiológica, salas hemodinámicas...

Otros 100 millones de euros se destinarán a crear un data lake sanitario, un sistema de procesamiento masivo de información para mejorar diagnósticos y tratamientos. A fin de aumentar la capacidad de respuesta del sistema a las crisis sanitarias –27,4 millones para el nuevo sistema de información de la red de vigilancia, 35,1 millones para terminar el hospital de Melilla– se han consignado 80,9 millones de euros, y para reforzar la prevención y promoción de la salud, 58 millones en campañas de concienciación pública sobre tabaquismo, consumo de alcohol o prevención del cáncer. Un plan para racionalizar el consumo de productos farmacéuticos se llevará 20,8 millones. A formar profesionales sanitarios –se menciona la cifra de 90.000– irán 13,1 millones de euros.

Reformas sin presupuesto

Pero además de las inversiones, también se harán reformas. La primera, ejecutar el Marco Estratégico para el Refuerzo de la Atención Primaria y Comunitaria aprobado en 2019 y que se financiará con los Presupuestos Generales y fondos del React-EU, otro programa de ayudas europeo, del que corresponden a España 12.436 millones de euros –10.000 millones repartidos entre las comunidades autónomas y 2.436 millones gestionados por Sanidad para comprar vacunas–. También la aprobación de la nueva Estrategia de Salud Pública y de una nueva ley que garantice la “equidad, universalidad y cohesión” del sistema nacional de salud. Además, se pretende ampliar la cartera de servicios sanitarios, incluyendo la atención bucodental, medicina genómica, prestación ortoprotésica y atención temprana.

La reforma del Estatuto Marco del Personal Sanitario entra igualmente en el ámbito de los cambios necesarios. Con ella se debería reducir la temporalidad, que en la sanidad pública alcanza el 41,9% de media nacional, pero se eleva al 50,4% en Madrid, el 53,5% en Navarra y el 56,4% en Canarias. El plan también menciona la creación de incentivos para “retener el talento”, no sólo económicos, sino también brindar posibilidades de empleo al personal sanitario en el ámbito de la enseñanza y la investigación. Finalmente, se prepara una nueva regulación de los medicamentos que racionalice el gasto farmacéutico.

Pero ninguna de estas reformas tiene un presupuesto asignado. Y eso hace sospechar a Marciano Sánchez Bayle. “Se incluyen, pero no se presupuestan, por lo que se pueden quedar en declaraciones de buenas intenciones”, advierte. El Ministerio de Sanidad explica a infoLibre que, con las diferentes herramientas de financiación europeas –Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, React-UE y EU4Health, otros 5.100 millones de euros para los 27– se destinarán al sistema sanitario “las cantidades necesarias en función de los costes estimados”.

Juan Oliva recuerda que el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio, establece que la inversión pública en sanidad deberá alcanzar, al menos, la media europea en porcentaje del PIB al final de esta legislatura. Lo que equivale a aumentarla en un punto de PIB, unos 10.000 millones de euros.

El gasto sanitario en España representa el 9% del PIB, por debajo de la media europea, que es del 9,8%. Así, el gasto por habitante es un 15% inferior a la media de la UE. El gasto público sanitario es aún menor: el 6,4% del PIB.

Problemas con las comunidades autónomas

“La Gran Recesión nos mostró la fragilidad del sistema nacional de salud, pero ya antes se había visto que, aunque el diagnóstico era bueno, el pronóstico no lo era tanto y, cuando llegó la crisis económica, saltaron las debilidades”, recuerda Juan Oliva. Los momentos de crisis no son los adecuados para hacer reformas, añade, pero ahora “que hay mucho dinero y una sensibilidad social hacia el sistema sanitario” debería aprovecharse para reforzarlo, corrobora Sánchez Bayle.

La atención primaria, para empezar, necesita personal, sobre todo de enfermería, menciona el presidente de la FADSP y hacen falta 70.000 camas hospitalarias para igualar la media de la Unión Europea. En salud pública, ahora en el centro de todos los focos debido a la pandemia, Sánchez Bayle cree que sería preciso pasar del 1% que se le reservan en el Plan de Recuperación al 2,5% de los fondos.

Juan Oliva apunta hacia la gobernanza del sistema como la deficiencia fundamental que habría que atacar enseguida: transparencia, rendición de cuentas y participación de profesionales y ciudadanos. Coincide con Sánchez Bayle en destacar la precariedad de la atención primaria. “Está en todos los discursos, pero desaparece a la hora de asignar recursos”, protesta. Y cree que el foco debería ponerse en la atención de la cronicidad. También critica la “inexistente” política de recursos humanos de la sanidad española. Y subraya la importancia de la salud pública y de mejorar los servicios de vigilancia epidemiológica.

El problema estriba en si va a haber recursos suficientes para acometer tan ingente labor. Marciano Sánchez Bayle teme que esos 1.069 millones de euros que le saben a tan poco sean el reflejo de la “escasa fuerza política del Ministerio de Sanidad” en la batalla por el reparto de los fondos con otros departamentos. Aunque, al mismo tiempo, pueden ser el fruto de la falta de coordinación con las comunidades autónomas, que poseen las competencias en sanidad. El presidente de la FADSP habla de las “reticencias” del ministerio a “condicionar la actuación” de los territorios. “Prefiere no hacer antes que entrar en problemas”, resume. Una repetición de la dinámica que se ha desarrollado durante toda la gestión de la pandemia. “Las comunidades autónomas también tienen miedo a que un aumento de la inversión en sanidad signifique una invasión de sus competencias”.

Formalmente era una “rueda de prensa”, pero en realidad fue un acto político al aire libre, un mitin, celebrado en un espacio público y sin autorización, según confirmó a infoLibre el Ayuntamiento de Sevilla. Santiago Abascal, presidente de Vox, citó a las 13.00 horas a los medios en el centro de la capital andaluza, en la Plaza Nueva, junto al edificio consistorial. Pero no sólo citó a los medios. La convocatoria, al ser difundida a través de las redes sociales, atrajo a numerosos simpatizantes, que jalearon a su “presidente” entre gritos de “viva España”, “viva el rey” y “viva la Guardia Civil”. Otros se quedaron tras el cordón policial, indignados y gritando “¡libertad, libertad!”. Políticamente, ¿qué mensaje traía a Sevilla Abascal, líder de un partido clave para la fijación de una mayoría en la comunidad más poblada de España? Uno enardecido en superficie, como es habitual, pero suave con el Gobierno andaluz que sostiene en el Parlamento desde el inicio de la legislatura. En Andalucía, Vox aprieta pero no ahoga.

El jefe de Vox retiró su exigencia de elecciones anticipadas en Andalucía, limitándose a sugerir al presidente Juan Manuel Moreno (PP) una “reflexión” sobre si merece la pena seguir adelante con un socio, Ciudadanos, que puede cometer “traición” en cualquier momento, según afirmó. Nada que ver con el tono tras la moción de censura de la Región de Murcia, cuando exigía elecciones inmediatas.

Abascal descartó una moción de censura: “No se nos ha pasado semejante cosa por la cabeza”. Y añadió: “Vox no va a plantear un ultimátum en ningún caso. Estamos aquí para decir que Vox no es un problema para la estabilidad, el problema es el puñal naranja”. El mensaje suavizado de Abascal, lanzado con el telón de fondo del proceso electoral en la Comunidad de Madrid, recalca que Vox es el socio fiable del PP, frente a las veleidades del “puñal naranja”. Esta posición tiene un impacto parlamentario en Andalucía, donde Vox es fundamental, porque sus 11 diputados –perdió una representante, que ahora es de Falange– permiten a PP y Cs alcanzar la mayoría absoluta, algo que no pueden hacer por sí mismos.

Seguidores de Abascal frente a la Policía

La escena formada en torno a la rueda de prensa-mitin era curiosa. Llegó a arracimarse un grupo de unas 50 personas entre la Avenida de la Constitución y la Plaza Nueva, en el mismo corazón del centro de Sevilla. Allí protestaban contra el cordón policial que impedía el acceso a la plaza. Agentes de la Policía Nacional –los había por decenas, llegados en furgones– cortaban la desembocadura de todas las calles que daban a la Plaza Nueva. Las protestas fueron subiendo de volumen conforme los indignados comprobaban la Policía Nacional era firme en su negativa. “¡Soy un padre de familia!”, gritaba un señor con mascarilla de la Guardia Civil. El grito más frecuente era el que reclamaba “libertad”. De repente, euforia: “¡Yo soy de Abascal, Abascal, Abascal!”. Pero predominaba el cabreo. Mensajes de este tipo, una y otra vez: si fuera en Cataluña, nos dejarían hasta tirar piedras; si fuéramos feministas, podríamos hacer lo que nos diera la gana.

La llegada de Abascal, pasadas las 13.00, enardeció a los que no pudieron pasar. Hubo gritos contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra el alcalde, Juan Espadas, y por supuesto contra el presidente, Pedro Sánchez, y contra Pablo Iglesias. Un exaltado, que no parecía muy en sus cabales porque iba cambiando de tema y de consigna sin ton ni son, dijo que a ver lo que pasaría si todos tuviéramos una pistola, como en Estados Unidos. Más que una amenaza, sonaba a la bravata de un desnortado. Los policías ni se inmutaron, ni ante esta ni ante ninguna otra provocación. El guión estaba claro: tranquilidad y aguantar el tirón. “A los que hemos venido aquí, simplemente a defender la unidad de España, nos impiden pasar. A los que queman las calles los dejan tranquilos y los animan”, protestaba un señor con parafernalia patriótica. Un chaval de unos veintitantos años transformó lo que iba a ser una declaración a una televisión en una especie de discurso contra los “comunistas” que acabó en una ovación del personal.

Más mitin que rueda de prensa

Al otro lado del cordón policial había un grupo nutrido de asistentes al mitin, en torno a 200, a los que sí se dio acceso. También era posible entrar con carné de prensa y mostrando el DNI. Pero eso no lo convertía en una rueda de prensa al uso. Pasadas las 13.00 horas llegó Abascal, aclamado: “¡Presidente, presidente!”. ¿Qué había convocado? Formalmente, una rueda de prensa. Pero, claro, lo había hecho a través de Twitter, con lo que no estaba sólo dirigida a periodistas.

Los periodistas eran clarísima minoría... Y no podían trabajar en las mejores condiciones. La periodista Marta Maldonado, de La Razón, fue objeto de insultos como “puta” y “golfa”, salidos de entre los asistentes, después de preguntar a Abascal por los motivos de la convocatoria de una rueda de prensa que parecía un mitin. Otros compañeros fueron también abucheados e increpados tras sus preguntas.

¿Cómo llegó a cocinarse este acto sui generis? Un portavoz del Gobierno local asegura que el martes, en torno a las 12.00 horas, Vox presentó una solicitud de autorización de ocupación de vía pública con un escenario para rueda de prensa. El aforo estimado era de más de 300 personas y se anunciaba un grupo de 20 voluntarios para acotar el espacio, explica el mismo portavoz. “Esas autorizaciones de vía pública –añade– no se dan en 24 horas, requieren un plazo más amplio de tramitación, y así se les comunicó. Por tanto, no tenían autorización de ocupación de vía pública municipal”.

La Delegación del Gobierno en Andalucía señala que Vox había informado a la Subdelegación en Sevilla de una rueda de prensa a las 13.00 horas en Plaza Nueva, con la advertencia de que podría haber asistentes espontáneos, señala un portavoz. La solicitud no se realizó por el trámite reglado para concentraciones, ni requirió de un informe de la Consejería de Salud. No se dio ninguna autorización expresa, porque no correspondía. La Policía Nacional, agrega un portavoz, se limitó a prestar apoyo a la Policía Local. Vox no responde a infoLibre sobre cómo y de qué informó a las autoridades para la celebración del acto.

El resultado es que, para evitar que el acto derivara en una aglomeración, la Plaza Nueva estaba prácticamente cerrada para cuando llegó Abascal, andando a buen paso, rodeado de acólitos, y subió al espacio habilitado en el centro de la Plaza Nueva. El personal que había accedido, en teoría “voluntarios” a tenor de lo comunicado al Ayuntamiento, rondaba los dos centenares. Antes de entrar en los mensajes políticos, Abascal se quitó toda la responsabilidad por las posibles aglomeraciones. El presidente de Vox dijo que lo convocado era “una rueda de prensa, no un acto político” y criticó las “órdenes ilegales” dadas por Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska a la Policía Nacional, en una actitud “arbitraria y criminal”, restringiendo la “libertad de circulación” de los sevillanos y provocando “daño a los comerciantes”. También mencionó las palabras “Pablo Iglesias”, tras las cuales se escuchaba salir del auditorio: “¡Rata!”.

El mensaje central de la rueda de prensa-mitin era contra la “veleta naranja, que ahora es el puñal naranja”, en contraste con la “estabilidad” que da Vox a los gobiernos de derechas. En este caso, al de Andalucía, liderado por Juan Manuel Moreno (PP) con Juan Marín de vicepresidente (Cs). Abascal, que tras la moción de censura en Murcia pidió elecciones anticipadas, este miércoles no lo hizo. Es más, recalcó que no estaba pidiendo elecciones anticipadas, como sí hizo el 10 de marzo,

Lo que hacía ahora, enfatizó, era reclamar al presidente andaluz una “una seria reflexión sobre la fiabilidad de su socio de gobierno". “Vox no es un problema para la estabilidad en Andalucía; el problema es uno de los socios del gobierno, el puñal naranja, Ciudadanos, que se ha convertido en un partido imprevisible", afirmó Abascal. Causó confusión que luego Vox comunicara tras el acto a través de sus cauces habituales que Abascal había pedido elecciones anticipadas, si bien luego el departamento de prensa aclaró que fue un error. El mensaje que venía a dar Abascal era otro: tranquilidad, que aquí estamos para dar apoyo, no como Ciudadanos.

El presidente de Vox, al que se le preguntó si se había reunido con algún miembro del Gobierno andaluz, prefirió no responder “por discreción”. El entorno de Moreno aseguró que no se había reunido con el líder de Vox. 

La Delegación del Gobierno en Madrid ha acordado la prohibición “por razones de salud pública” de la manifestación considerada negacionista que había sido convocada para este sábado 20 de marzo en la Plaza de Oriente de la capital de España. El acto pretendía conectar con una movilización negacionista a nivel mundial. La resolución, firmada por el delegado José Manuel Franco el 15 de marzo y a la que ha tenido acceso infoLibre, concluye que la concentración elevaría el riesgo de contagios “de una manera exponencial”. La prohibición se fundamenta en un informe policial que identifica a colectivos negacionistas contrarios al cumplimiento de medidas de protección. Los promotores, señala el informe, pretenden “encubrir” con una retórica de defensa de las libertades y derechos lo que en realidad es “una concentración de colectivos negacionistas” en la que se consideran previsibles las conductas de riesgo de contagio.

La concentración fue comunicada inicialmente el 2 de marzo a la Delegación por un representante de la asociación Policías por la Libertad. El recorrido inicial previsto partía de Plaza de Neptuno a las 12.00 y concluía en el Palacio Real a las 16.00. El lema era “Por la libertad y la democracia” y la previsión de asistencia era de 500 personas. La Delegación informó a los convocantes el 9 de marzo de que dicha concentración coincidiría con otra prevista con anterioridad de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones, lo cual llevó a Policías por la Libertad a mover su concentración a la calle Bailén y la Plaza de Oriente, con el mismo horario (12.00-16.00).

Madrid, en peor situación

Tampoco allí tendrá lugar, ya que la Delegación del Gobierno ha prohibido la concentración. La resolución alega que España afronta una crisis sanitaria “sin precedentes”, con elevados costes en salud pública y económicos. “Las medidas de distanciamiento físico y la limitación extrema de los contactos y de las actividades grupales son las [medidas] más eficaces”, señala la resolución, que recuerda que las navidades han provocado una “tercera ola” más grave “si cabe” que las anteriores y que la aparición de “nuevas cepas” está provocando un contagio “con mayor rapidez y facilidad”.

“Se vienen cancelando todos los eventos multitudinarios previstos en estas fechas, debido al alto riesgo de contagios (las Fallas valencianas o las celebraciones de la Semana Santa, aún no es posible asistir a eventos deportivos, etc..)”, señala la resolución, que no alude a la prohibición de la manifestación del 8M en Madrid. La Delegación indica que la “tendencia a la baja” es “mucho más lenta” en Madrid que en la media nacional. “Autoridades sanitarias y expertos insisten en que no es posible bajar la guardia”, apunta.

La Delegación del Gobierno se apoya en un informe de la Dirección Generla de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid, que señala que para la concentración “no se ofrecen medidas de seguridad concretas e idóneas para garantizar que mientras dure la manifestación se mantenga la distancia social mínimamente necesaria o evitar que algunas personas puedan quitarse la mascarilla”.

Rechazo a las medidas sanitarias

Además, la resolución incorpora un informe de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, que es el que aporta mayor cantidad de elementos contra la celebración de la concentración. Dicho informe señala que la manifestación, que se enmarca en una “movilización mundial” prevista para este sábado “bajo el pretexto de “demostrar nuestros derechos y libertades, está convocada por Policías por la Libertad, “un colectivo negacionista” que “disimula sus reivindicaciones bajo la excusa de protestar “contra la imposición de las mascarillas y la gestión del coronavirus que ha hecho el Gobierno”.

El informe policial recuerda que el pasado 7 de noviembre de 2020 Policías por la Libertad comunicó otra manifestación, que aglutinó a unas 500 personas, de las cuales “muchas de ellas no portaban mascarilla ni guardaban distancia de seguridad”. A esto se suma, continúa la Policía, que esta asociación “participó en la manifestación convocada por el colectivo Humanos, Conscientes y Libres, celebrada el 23 de enero de 2021. Se trata de otro colectivo “negacionista”, que tiene como “reivindicaciones” su oposición al uso de mascarillas, a las medidas de confinamiento y aislamiento o distancia social como remedio, así como el rechazo al desarrollo de vacunas, siempre según el informe policial. “Consideran –añade el informe– que la covid-19 se ha transmitido a través de la vacuna de la gripe y que la tecnología 5G provocó el virus”.

Manifestaciones con detenidos

La Jefatura Superior de la Policía de Madrid señala que otros apoyos a la manifestación de 23 de enero fueron de Josep Pamiés, calificado “divulgador de pseudociencias”, y los colectivos Dulce Revolución, La Quinta Columna y Movimiento M2020. La Quinta Columna, siempre según el informe, fue uno de los convocantes de un “circuito” en Madrid el pasado 5 de septiembre de 2020, que acabó con 14 detenidos por delitos de atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia.

En cuanto al Movimiento M2020, añade el informe incorporado a la resolución, difundió una convocatoria para el pasado 31 de octubre de 2020, “bajo la excusa de luchar por los derechos y libertades”, que terminó con 33 detenidos por delitos de atentado a agente de la autoridad, robo con fuerza y tenencia de explosivos. Todo ello, siempre según el informe policial citado por la Delegación del Gobierno. “El resultado de esta manifestación fue la asistencia de 2.000 personas, las cuales no adoptaron ningún tipo de medida de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Por todo ello se efectuaron 210 propuestas de sanción”, añade.

Concluye el informe policial: “Se considera que los convocantes tienen como objetivo encubrir una concentración de colectivos negacionistas del covid-19, la cual se va a realizar a nivel mundial en diferentes ciudades, a la que se sumarán otros grupos afines (Médicos por la Verdad, Bomberos por la Libertad, Docentes por la Verdad...), y que por los antecedentes expuestos no adoptan medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, como el uso de mascarillas o el mantenimiento de la distancia de seguridad, con el consiguiente riesgo que dichas conductas suponen para la seguridad y salud pública”.

Diversos grupos y grupúsculos venían calentando la manifestación de Madrid, sobre todo a través de Telegram, con el aliciente extra de que se trataba de una movilización de escala mundial. La comunicación a la Delegación del Gobierno correspondió a Policías por la Libertad, pero circulaban listados de organizaciones apoyando la concentración que incluían las citadas en la resolución y otras como a El Pueblo por la Verdad Barcelona, Units per la Veritat, Denuncia Colectiva Catalunya. Psicólogos por la Verdad, España Despierta, Artistas y Técnicos por la Libertad, Proyecto Catharsis, Soberanía y Salud, La Reconquista...

El acto era más una conferencia del expresidente colombiano Andrés Pastaba sobre la situación en su país pero José María Aznar, ejerciendo como presidente de FAES, no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre política nacional. Y lo hizo para cuestionar radicalmente el modelo de gestión de las vacunas que está llevando a cabo España y que deja en manos de las Comunidades Autónomas —titulares de la práctica totalidad de las infraestructuras sanitarias— la responsabilidad de vacunar a la población siguiendo los criterios pactados con el Gobierno.

“¿Es tan difícil”, clamó, “en lugar de tener el taifismo disparatado que se ha instalado en España con motivo del ‘no gobierno’, articular un plan nacional de vacunación? ¿Es difícil hacer eso? ¿No sería una responsabilidad elemental de un gobierno?”, preguntó retóricamente a los asistentes al acto organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno que él mismo preside.

Aznar dejó claras cuáles son sus principales preocupaciones en estos momentos. Y entre ellas destaca precisamente la convicción de que España sufre las consecuencias de algo peor que tener un mal gobierno: tener un “no gobierno”. “La cogobernanza es una filfa que significa el ‘no gobierno”, subrayó ridiculizando la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de compartir con las comunidades autónomas la gestión de la pandemia.

“¿Qué es lo que yo haría en la España de hoy?” aprovechó para decir quien fuera presidente entre 1996 y 2004.“Cuatro puntos fundamentales”: “rehacer la nación, rehacer el Estado, reconstruir la economía y la base social de España y colocar otra vez a España entre los países influyentes del mundo”. Con esas “cuatro cosas tú puedes trazar un plan de acción política que frene muchas de las cosas que estamos viendo era este momento”, aseguró.

Entre ellas, la influencia que según él tiene en el Gobierno EH Bildu y que, en su opinión, incapacita al Ejecutivo para opinar de lo que sucede en otros países. “Aquí en la mayoría de gobierno hay un partido que se llama Bildu que llama a formar parte de su partido a los terroristas encarcelados por asesinato. ¿Eso es el ejemplo? ¿Qué criticamos de otros sitios?”

Aznar aprovechó su tiempo para dejar claro lo que piensa sobre otros dos asuntos: el aplazamiento de las elecciones catalanas y la expulsión del presidente Donald Trump de las redes sociales. Sobre el primero confesó su preocupación: “Cuidado con esta costumbre que se va arraigando de aplazar las elecciones” advirtió. “¿Qué hubiésemos dicho aquí si Trump hubiese decidido aplazar las elecciones en EEUU” por culpa del virus?

En relación con el segundo, cuestionó el derecho de las redes sociales de silenciar al todavía presidente de Estados Unidos. No porque defienda su figura —le acusó de haber instigado el intento de golpe de Estado del 6 de julio y pidió para su procesamiento— sino porque considera muy peligroso que las grandes plataformas tecnológicas puedan decidir qué se difunde y qué no.

Ni la apertura de la movilidad entre municipios permitida en la primera fase de la desescalada, ya vigente. Ni la ampliación de horarios del comercio, que empieza a deparar fotografías de bulla navideña en los centros urbanos. Ni la libre circulación entre las ocho provincias a partir del viernes de esta semana. Tampoco el fin del cierre perimetral de Andalucía durante la Navidad, siempre que sea para encontrarse con familiares y allegados, término este con el que la Junta terminó tragando ante la insistencia del Gobierno. Nada de lo anterior está en el centro del debate político andaluz. A la espera de conocer si la evolución de los datos permite empezar a hablar de una ruptura de la tendencia favorable, el protagonismo de las medidas del Gobierno andaluz de PP y Cs para realizar la desescalada de la segunda fase y evitar –o esa es la idea– una tercera se lo ha llevado una decisión de apariencia menor: dos horas, de 18.00 a 20.00, de corte en seco de las tardes de copas, tan típicas de la Navidad y sus prolegómenos. Un paréntesis para evitar desmadres. El plan contra el tardeo de la Junta no deja de suscitar controversia. El Gobierno andaluz insiste: “Es un horario peligroso”.

A pesar de que en el paquete de medidas implantadas por el Gobierno andaluz van varias destinadas a aliviar la situación de bares y restaurantes, la patronal de hosteleros se ha alzado contra al Ejecutivo, incluyendo un anuncio de movilizaciones, la petición de dimisión del presidente, Juan Manuel Moreno (PP), y la exigencia de pruebas científicas de la lógica de la medida: interrumpir la apertura de los bares de 18.00 a 20.00 horas. El Gobierno andaluz asegura que esos 120 minutos reúnen todos los factores de riesgo: las largas horas de alcohol hacen efecto, cae el frío, sube la euforia, los clientes se concentran dentro a beber sin mascarilla... Con los locales abiertos a esas horas, asegura la portavoz del grupo andaluz de expertos, Inmaculada Salcedo, los contagios se “multiplicarían de manera exponencial”. La medida es de alcance andaluz, pero si la tesis del comité de expertos es cierta valdría para cualquier comunidad. 

Cuando, una vez se hizo evidente el desmadre de contagios a finales de septiembre, la Junta aconsejó limitar las reuniones a seis familiares, no lo hizo extensivo a bares y restaurantes. Cuando en Granada, tras el boom de casos por el puente del Pilar, el Gobierno andaluz suspendió las clases presenciales en la universidad e impuso un toque de queda en las residencias de estudiante, dejó intactas las reglas del ocio diurno y nocturno vinculado a comer y beber. El tacto del Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno (PP) con Juan Marín como vicepresidente (Cs) ha sido extremo con la hostelería, un sector que supone más del 7% del PIB regional. Pero, finalmente, el 8 de noviembre tuvo que adoptar medidas graves. Aquel día el presidente compareció con el ceño fruncido para anunciar el cierre de todos los municipios y de toda la actividad no esencial, incluidos los bares y restaurantes, a las 18.00 horas. Un golpe durísimo para el sector.

Entre los datos que Moreno tenía encima de la mesa para endurecer el marco de juego destacaba este: había 545,02 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días, veinte puntos por encima de lo que había en España. Ha pasado algo más de un mes. Y las medidas, indudablemente, han funcionado. Ahora hay 147,48 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, mientras España está en 189,65, con datos del domingo del Ministerio de Sanidad. Los pacientes con covid-19 hospitalizados en Andalucía se han quedado en 1.349, 290 de ellos en UCI. Una referencia para situar estas cifras: en esta segunda ola ha llegado a haber más de 3.000 hospitalizados, superando los 500 en UCI. La situación aún es delicada, pero lo peor ha quedado atrás.

Con datos ya favorables en la mano, Moreno anunció la semana pasada un relajamiento de las medidas en dos fases. El plan incluía varias noticias positivas para la hostelería. En primer lugar, desde el sábado pasado es posible la movilidad entre municipios de una misma provincia, un alivio para los bares de los pueblos pequeños que el sector había pedido expresamente al Gobierno. A partir del viernes 18 de diciembre y hasta el 10 de enero queda autorizada la movilidad entre provincias. Más alivio. Además, la hostelería verá ampliados sus horarios.

Y ahí ha sido donde se ha liado.

Un sector al límite

La medida dice exactamente esto: “A partir de las 00.00 horas del día 18 de diciembre del 2020, los establecimientos de restauración y hostelería podrán permanecer abiertos hasta las 18.00 horas, pudiendo volver a abrir desde las 20.00 horas hasta las 22.30 horas [ver aquí medidas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)].

La Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca) ha solicitado la dimisión de Juan Manuel Moreno, ha dado por rotas las relaciones con la Junta de Andalucía –sin duda un anuncio de mayor alcance mediático que práctico– y ha advertido de una movilización el 21 o 22 de diciembre que acabará, de celebrarse, en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia andaluza. "Les importa un bledo la hostelería. Es una tomadura de pelo", ha dicho el vicepresidente de la patronal, Antonio Luque.

¿Qué alega el sector? En primer lugar, sus representantes aseguran que la medida está inspirada en una mera impresión de riesgo no contrastada fehacientemente. Luque ha reclamado "un informe sanitario, una explicación sanitaria". Defiende también que supone matar moscas a cañonazos, ya que si de lo que se trata es de evitar el tardeo, no habría por qué afectar a churrerías, cafeterías... “¿Familias que vienen con los niños a ver el alumbrado no se van a poder tomar un café de 18.00 a 20.00?”, ha preguntado Javier Frutos, presidente de la patronal en Málaga, para subrayar los daños colaterales de la medida.

El otro flanco abierto a la crítica es el logístico. ¿Qué hacer en esas dos horas? El cierre está pensado para que dé tiempo a desinfectar y luego reabrir. Ello implica echar a los clientes antes de las 18.00, limpiar y, después de hacerlo, tras el poco tiempo que sobre, reabrir, para cerrar dos horas y media después y volver a limpiar. Los últimos argumentos son que la hostelería es un sector muy castigado ya y que sufre un posible agravio comparativo con respecto a otras actividades, como la comercial.

“Está claro que la explicación es el tardeo. Quieren cortar con él, porque entienden que es un peligro”, señala José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España. “Para un establecimiento, todo lo que sea tener que cerrar y luego volver a abrir es una dificultad. Además, fastidias a todos: cafeterías, bares en los paseos, chocolate, pasteles... Cerrar un bar no es apagar la luz sin más... Si el bar está abierto y hay un papel en el suelo, pues bueno. Pero si cierras y abres, tienes que retirar el papel y abrir bien”, señala Yzuel, que entiende que a las autoridades les preocupen las copas, y más si son “dos o tres” y la cosa pasa a fase “exaltación de la amistad”. “El problema es que cada comunidad ha diseñado una norma, en una olimpiada de la creatividad”, dice.

La “relajación de la sobremesa”

El Gobierno andaluz es desde el principio consciente de que la medida antidesmadre iba a dar que hablar. De hecho, no habían pasado más de unos minutos desde su anuncio y ya circulaban bromas y memes de móvil en móvil. El campo de posibilidades humorísticas era vasto: ¿A qué da tiempo en dos horas con los bares cerrados en mitad de una farra? El propio presidente andaluz, en su comparecencia del pasado jueves, ya había abordado el tema: “Y la pregunta que muchos se harán: ¿Por qué lo hacemos así? Lo hacemos así para evitar prolongar ese tiempo de estancia en horas que son muy sensibles porque según los expertos es cuando se produce una mayor relajación”.

El Gobierno andaluz no ha hecho público ningún informe ni investigación. La medida se apoya en una argumentación con una –al menos aparente– cierta dosis de sentido común: si el encuentro con amigos y/o familiares empieza con la cerveza a mediodía, sigue con el almuerzo con vino y tiene continuidad sin parón hasta las 22.30 en que cierran los bares, ya copa en mano, las posibilidades de distraerse de las obligaciones de prudencia son, por decirlo suavemente, bastante altas. Elías Bendodo, consejero de Presidencia (PP), lo ha expresado así: “Es un horario peligroso, porque es el momento en el que se produce una relajación, propia de la sobremesa”.

Según datos del Gobierno andaluz, entre el 5 de octubre y el 1 de noviembre, de los 481 brotes que hubo en Andalucía, 147 se dieron en locales de ocio, un 30,5%. Tras las medidas restrictivas de noviembre, ese porcentaje ha bajado hasta menos del 5%, siempre según datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. El vicepresidente, Juan Marín (Cs), hizo el viernes una enérgica defensa de la medida en una entrevista en Trece, en la que aseguró que todas las medidas adoptadas se basaban en “informes científicos” de los “equipos de epidemiología”. También recordó que, a partir del viernes 18, los locales de hostelería podrán estar abiertos de 7.00 a 18.00 y de 20.00 a 22.30. A ello se suma que la noche del día 24 al día 25 de diciembre y la noche de 31 de diciembre a 1 de enero se permitirá la apertura de dichos establecimientos hasta media hora más. Además, la entrega a domicilio se prolonga hasta las 23.30 horas. Marín recordó que “hay sectores completamente parados”, como feriantes y agencias de viajes.

Frío, espacios cerrados y alcohol

infoLibre solicitó a la Consejería de Salud y Familias la información que diera base empírica a la decisión de las dos horas cortadas. El departamento que dirige Jesús Aguirre (PP) remitió unas declaraciones de Inmaculada Salcedo, portavoz del grupo de expertos sobre el covid-19 del Gobierno andaluz. “Si conforme avanza el frío, se reproducen más los virus, y las personas se localizan en espacios cerrados para consumir, para beber o para comer, estos contagios se reproducirían de manera exponencial”, explica Salcedo. “Al interrumpir el horario facilitamos que la estancia se ventile, se pueda limpiar y descontaminar y [así poder] volver a entrar a otra hora”, añade.

Se trata de una medida, asegura Salcedo, para “facilitar el resurgimiento de la economía en los establecimientos hosteleros”. Y añade: “Desde el punto de vista de la salud como tal, las medidas quizá no se debían de haber ampliado, pero hemos intentado, como siempre hacemos en el grupo de expertos, cotejar todas las posibilidades para que la economía no se vea excesivamente afectada”. Según su explicación, “esta medida es apropiada porque permite que se ventile las estancias, se descontaminen, no se acumulen todas las personas al mismo tiempo en un sitio cerrado, [dado que] al comer y al beber se retiran la mascarilla”. La portavoz asegura que, de no tomarse esta medida, “multiplicaríamos los contagios de manera exponencial”.

El PSOE se ha puesto nítidamente a favor de la hostelería en el conflicto y ha pedido a la Junta que “rectifique”. “No hay todavía una justificación para que entre las 6 y las 8 de la tarde nuestros establecimientos de hostelería permanezcan cerrados, con las dificultades que eso tiene para las plantillas, para quienes trabajan más lejos de donde desarrollan su actividad, y porque además no tiene ningún sentido objetivo castigar la hostelería. No hay datos objetivos que estén demostrando que en el ámbito de los negocios de la hostelería y del comercio se estén produciendo contagios que justifiquen este tipo de medidas”, dijo este lunes Díaz, que aseguró que son más “preocupantes” los encuentros sin control en el ámbito privado. La líder del PSOE lamentó que “ya se ha perdido mucho de la campaña de Navidad que no se va a recuperar”, por lo que pidió a Moreno “sensibilidad”.

La mejora ya se empieza a notar. Pero Andalucía sigue pagando el altísimo precio de los contagios desatados de septiembre y octubre. Se paga aún en la UCI. Y en desenlaces fatales. En los últimos 30 días, ha habido más de 1.500 muertos. Un mes negro. Mientras tanto, el Gobierno andaluz de PP y Cs hizo dos pruebas para salir del atolladero. La primera, el 28 de octubre, con un confinamiento perimetral de toda la comunidad que no funcionó. Más tarde, el 8 de noviembre, con un confinamiento de todos y cada uno de los municipios y un recorte drástico de la actividad comercial y de hostelería, que sí está dando frutos. No obstante, la comunidad más poblada de España, con más de 8,4 millones de habitantes, sigue en zona roja y está peor que el conjunto de España. Los ingresos y pacientes en UCI, aunque ya no están en cifras récord, siguen por encima del 8 de noviembre, cuando el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), dio una vuelta de tuerca a las medidas ante el avance imparable del virus. La positividad está más de 5 puntos por encima del conjunto de España. “Hay transmisión comunitaria intensa”, advierte el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública José Martínez Olmos, a quien le inquieta la hipótesis de un relajamiento de las medidas sobre la hostelería tras el puente de diciembre, medida que maneja ya el Ejecutivo autonómico. Todas las provincias salvo Málaga siguen en "riesgo extremo", es decir, con más de 250 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. “Si se abre la espita, podemos volver a la situación de octubre”, señala el catedrático de Métodos Cuantitativos Juan José García del Hoyo.

La incidencia acumulada en 14 días, es decir, el número de casos positivos detectados por cada 100.000 habitantes durante las dos semanas anteriores, es similar ahora mismo en Andalucía al que había el 28 de octubre, cuando el presidente, Juan Manuel Moreno (PP), anunció el cierre perimetral de Andalucía y de 450 municipios, para comprobar si era suficiente para frenar la escalada. No lo fue. Aquel día, 28 de octubre, la incidencia estaba en 396,3, según datos del Ministerio de Sanidad. Ni dos semanas habían pasado cuando el presidente hubo de endurecer las medidas. El 6 de noviembre, la incidencia acumulada había seguido escalando hasta los 545. Era ya insostenible. El domingo 8 de noviembre Moreno compareció con actitud aún más grave y anunció el cierre de todos los municipios y el cierre de toda la actividad no esencial, incluidos los bares y restaurantes, a las 18.00 horas. Esas son las medidas que han empezado a funcionar. La incidencia acumulada se ha situado en 395,2, con datos del 25 de noviembre. Casi un mes después del cierre perimetral, Andalucía al fin se ha colocado levemente por debajo de sus niveles de incidencia acumulada de finales de octubre. Pero no hay mucho que celebrar. La comunidad dibuja una evaluación peor que el conjunto de España en este indicador. Hace un mes, estaba por debajo del dato global (396,3 frente a 452,6). Ahora está por encima (395 frente a 340,8, con datos del 25 de noviembre).

Los ingresos en UCI en los siete días anteriores tampoco aconsejan relajación. El 28 de octubre, cuando se produjo el cierre perimetral de la comunidad, fueron 30, un 8,7% del total de España. El 6 de noviembre, con los datos con los que se adoptó el endurecimiento de las medidas y la interrupción a las 18.00 horas de la actividad no esencial, había subido a 47, un 11,2% del total nacional. Lentamente los ingresos han ido hacia abajo. El día 25 noviembre fueron 43, menos que el 6, pero constituyendo un porcentaje mayor del total en España, concretamente un 12,6%. Siguen por encima del 28 de octubre.

El número de pacientes con covid-19 en UCI en Andalucía ha subido entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre y desde entonces hasta al 25 de noviembre: 313, 454, 484, con datos del Ministerio de Sanidad. La subida de los pacientes con covid en UCI ha sido de un 6,6% mientras hacían efecto las medidas más duras, es decir, desde el confinamiento de todos los municipios. Con datos del día 25, el número de pacientes con covid-19 en la UCI sigue por encima del pico de la primera ola, los 438 del 30 de marzo. A lo largo de casi un mes, el porcentaje ha subido un 54,6%, frente a un 19,8% en el conjunto de España. No obstante, no está en máximos: ha llegado a estar por encima de 500.

El porcentaje de camas UCI ocupadas por pacientes con coronavirus va al alza. Parece cerca de empezar a caer, pero aún no lo ha hecho. Esta es la secuencia, con las tres fechas de referencia y cifras del Ministerio de Sanidad: 19,9% el 28 de octubre, el 27,7% el 6 de noviembre y el 28,6% el 25 de noviembre. En casi un mes la ocupación ha subido 8,7 puntos, mientras en el conjunto de España el alza es más suave, de 3,4 puntos (de 25,5 a 28,9).

En cuanto a las camas ocupadas por pacientes con covid-19, se cumple la pauta que apunta mejoría, pero sin salir de zona de riesgo. El dato es grave cuando se decreta el cierre perimetral de la comunidad, sigue empeorando hasta establecer el cierre de todos los municipios y las limitaciones severas a la actividad no esencial y a partir de ahí se produce una paulatina mejora, pero con una situación todavía peor que en origen. En números: el 28 de octubre la ocupación era del 14,4%, el 6 de noviembre del 19,3% y el 25 de noviembre del 15,2%, casi 2 puntos y medio por encima del conjunto de España. Eso sí, Andalucía, tras superar en la segunda ola el máximo de hospitalizados de la primera, 2.708, se ha vuelto a situar por debajo, en 2.551, siguiendo la serie de la Consejería de Salud y Familias.

La mejora observable desde el 6 de noviembre adjunta algún dato alentador. La positividad está bajando: de 18,5% el 6 de noviembre a 13,4% el 25 de noviembre, si bien sigue más de cinco puntos por encima del dato general (8,23%), según la tabla del Ministerio de Sanidad. Los ingresos en las 24 horas anteriores pasaron de 340 el 28 de octubre a 418 el 6 de noviembre, para después bajar hasta los 230 del 25 de noviembre. Esta tendencia debe previsiblemente empezarán a verse en camas ocupadas en planta y UCI.

Andalucía sigue cosechando datos desgarradores de pérdida de vidas humanas, resultado del boom del virus iniciado durante el verano en paralelo a un discurso oficial cargado de optimismo. Los fallecidos continúan en cifras impactantes mientras las medidas empiezan a surtir efecto, algo que se reflejará –a priori– más adelante en el número de muertos. En los siete días anteriores al 28 de octubre habían muerto 135 personas. En la semana anterior al 6 de noviembre, 186; en los siete días previos al 25, 215. Las tablas del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ofrecen un balance sombrío. Desde el 28 de octubre, día en que se anunció el cierre perimetral, han muerto 1.431 personas, un 37% del total de fallecidos en la comunidad, que son 3.866 con datos del 26 de noviembre. Desde el 6 de noviembre, con los datos con los que se cerraron todos los municipios y se restringió la actividad no esencial, las víctimas ascienden a 1.055, un 27,2% del total. Un dato más: en el último mes, de 26 de octubre a 26 de noviembre, ha habido 1.518 muertos (de 2.348 a 3.866).

Mensaje oficial

El triunfalismo no ha vuelto a reaparecer en el discurso del Gobierno andaluz (PP-Cs) en todo el mes de noviembre. Pero sí se abre ya paso la hipótesis de un relajamiento de las medidas que, de hecho, ya ha comenzado, aunque levemente. El pasado 23 de noviembre Moreno anunció que se permitiría a bares y restaurantes tengan la posibilidad de abrir para que los clientes pueden recoger pedidos hasta las 21.30 horas. Un respiro para un sector muy golpeado, que presiona para medidas que suavicen su cierre.

De momento el horario de cierre a las 18.00 sigue ahí. Pero empiezan a abrirse otras opciones. Este semana el vicepresidente del Gobierno, Juan Marín (Cs), con competencias en turismo, ha planteado abiertamente la posibilidad de que las actividades no esenciales, como los sectores de la hostelería o del comercio, puedan abrir tras el puente de diciembre hasta las 20.00 o 21,00 horas. Concretamente, Marín dijo el martes en un encuentro en la Ser que "probablemente" esos negocios puedan abrir hasta las 20.00 o 21.00 horas, si los datos lo permiten.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Elílas Bendodo (PP), afirmó el lunes que era conveniente hacer un esfuerzo en noviembre para “salvar diciembre y la campaña de Navidad" y que se pueda ampliar la movilidad, aunque insistiendo en que "algunas cosas no van a ser iguales".

El presidente Moreno Juanma Moreno combinó este jueves un mensaje de prudente expectación con la hipótesis de una “cierta relajación” en las medidas de cara a la Navidad. De las principales voces en el Gobierno, la suya es ahora la más cauta. "Necesitamos más tiempo para saber cómo evoluciona la pandemia y cuál es su nivel de incidencia en Andalucía", afirma.

Riesgo de recaída

José Martínez Olmos, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, recuerda que Andalucía sigue en cifras “inaceptables”. “No deberíamos estar en más de 25 casos por 100.00 habitantes para poder decir que vamos bien. Con las cifras actuales hay transmisión comunitaria intensa. Bajamos, claro, porque estamos aplicando medidas duras, sobre todo en Granada, donde hay en la práctica un confinamiento domiciliario, porque está cerrada toda la actividad no esencial. Pero seguimos con tasas altas. En Granada es altísima [588,5 de incidencia acumulada en 14 días]. Estamos por encima de 250, que es el límite de riesgo extremo”, explica el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Sólo hay una provincia por debajo de 250, Málaga, con 238,1. Las demás están por encima de 300. Huelva está 411, Cádiz está en 439, Jaén en 524 y Granada en 588,5.

“Cuesta mucho trabajo y tiempo que bajen las cifras de ingresados en UCI”, añade Martínez Olmos, mostrándose partidario de evitar relajamientos de medidas o generación de expectativas al respecto, que pudieran lanzar un mensaje equivocado. La posibilidad de relajar las medidas sobre bares y restaurantes le resulta inquietante. “Una de las claves de los contagios son los aerosoles en sitios cerrados. El frío y el invierno incrementan el riesgo. Eso explica en parte la fuerte subida en Europa. Hay que tener mucho cuidado”, explica. Y añade: “La lectura de las cifras de la crisis debe ser poliédrica. Todavía estamos en cifras de contagios súper altas y con fuerte presión hospitalaria. No podemos hablar aún de evolución positiva”.

A juicio de Martínez Olmos, Andalucía estaba hace cinco semanas en situación propia de un confinamiento domiciliario, que no se produjo porque el Gobierno decidió que había que dar un margen a medidas intermedias. Las restricciones decididas por la Junta bajo el marco del segundo estado de alarma han empezado a marcar una tendencia favorable, pero en los hospitales aún se paga la factura de septiembre y octubre. “Con esta situación, es pronto para pensar en relajación. Desde un punto de vista epidemiológico, miro al semáforo del Consejo Interterritorial y sigue en rojo”, afirma Martínez Olmos.

El catedrático de Métodos Cuantitativos Juan José García del Hoyo, que realiza un atento seguimiento de la curva andaluza, afirma que el “incremento tan fuerte” de la tercera semana de octubre estuvo causado fundamentalmente por el puente del 12 de octubre, cuando hubo “una movilidad exagerada”. Con esta certeza acumulada, ve lógico que el Gobierno andaluz posponga hasta después del próximo puente cualquier relajación. Pero teme una apertura de la movilidad precipitada. “Según mis proyecciones, en el próximo mes habrá 2.900 hospitalizaciones más. ¿Está preparada la sanidad andaluza? Yo creo que lo puede llegar a asumir, teniendo en cuenta que también habrá altas, pero en detrimento del servicio para otras enfermedades. Si todo sigue igual, a finales de enero bajaríamos de la zona más peligrosa. Si no, si se abre la espita, podemos volver a la situación de octubre”, alertar. ¿Y volver a ampliar el horario de actividad no esencial? “Uf”, resopla. “El comercio, bueno, vale... No creo que el comercio sea lugar de contacto y posible contagio más habitual. Ahora, los bares, restaurantes... Con la llegada del frío y la dificultad de estar en terrazas... Eso puede ser un problema”.

El líder de los conservadores subrayó al disposición de su grupo a llegar a acuerdos con el Gobierno y subrayó la trascendencia que tendría para la Unión Europea que el ejecutivo el PP fuesen capaces de lanzar un mensaje de unidad frente a la segunda ola.

Para que el PP apoye el estado de alarma en el Congreso, Casado pidió limitar “el plazo de la excepcionalidad” que supone el estado de alarma. Si por él fuera, aseguró, no duraría más de un mes pero que, en aras de encontrar un acuerdo, está dispuesto a pactar una duración de “ocho semanas”, hasta mediados de diciembre.

“Hasta mediados de diciembre hay tiempo de estabilizar la curva de contagios y limitar movilidad en los tres principales puentes” que vienen en noviembre y diciembre, argumentó. Y no extendiéndolo más será posible, añadió, “salvar la campaña económica navideña. Y dar tranquilidad a los españoles, sobre todo a los mayores”, qe según él están preocupados ante la posibilidad de no poder recibir a sus familias hasta el 9 de mayo.

La segunda condición es que el Gobierno se comprometa a “acometer el plan B jurídico” que el PP viene reclamando desde hace meses para no tener que recurrir al estado de alarma cada vez que sea necesario confinar domiciliariamente a la población. Una reforma que el Ejecutivo llegó a considerar pero que acabó descartando porque, según la Abogacía del Estado, solo se pueden limitar derechos fundamentales mediante los mecanismos excepcionales previstos en la Carta Magna —como la alarma— y no a través de la legislación ordinaria.

Casado propone una “modificación urgente de la ley orgánica de medidas especiales en materia de sanidad de 1986 para incluir la posibilidad de limitar la movilidad en una pandemia.

Llegar a un acuerdo sobre el estado de alarma y la forma de hacer frentre a la segunda ola de la pandemia entre el Gobierno y el principal partido de la oposición enviaría “un buen mensaje” a la Unión Europea, remarcó Casado, justo en el día en el que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, participa telemáticamente en la reunón mensual de la Conferencia de Presidentes. “Lo que no queremos es que la UE vuelva a mandar una advertencia seria para el cumplimento del ordenamiento jurídico”, señaló en referencia a las reservas que Bruselas ha mostrado en relación con la reforma del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) promovida por PSOE y Unidas Podemos para sortear el bloqueo del PP a su renovación, pendiente desde hace dos años. Una advertencia, dijo, que “se podría repetir con una excepcionalidad constitucional inadecuada” como es, según él, un estado de alarma de larga duración.

El presidente Pedro Sánchez pidió este domingo a todos los grupos apoyo a “una medida tan extraordinaria pero tan necesaria para contener esta segunda ola”. En especial solicitó el apoyo del primer partido de la oposición y recalcó que esto es una “cuestión de estado”. “Los partidos políticos que se califican de Estado deben pensar seriamente en apoyar esta medida tan extraordinaria”, dijo en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa tras la celebración de un onsejo de Ministros extraordinario.

Las apelaciones a la unidad y la colaboración para hacer frente a la propagación sin control del SARS-CoV-2 en la Comunidad de Madrid apenas pueden disimular el pulso entre el Gobierno central y la administración autonómica madrileña en torno a las responsabilidades de unos y de otros. Se vienen tiempos muy "complicados y difíciles", como reconoció el presidente Pedro Sánchez. "complicados y difíciles"Y no hay garantías de que la estrategia elegida por Isabel Díaz Ayuso para combatir el virus —mantener la movilidad de todas las actividades, excepto las relacionadas con el ocio, en las áreas con mayor incidencia de la enfermedad, mientras trata de hacer un millón de test de antígenos en una semana— vaya a dar resultado.

Así que, ante el debate de fondo sobre quién toma las decisiones, Sánchez fue categórico: la Comunidad de Madrid. Aunque, eso sí, a partir de ahora, el Ministerio de Sanidad y sus técnicos, incluido el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige el doctor Fernando Simón, tendrán la oportunidad de estar mas encima no sólo de los datos de la pandemia en Madrid sino, sobre todo, de los medios y las estrategias de la Comunidad para hacer frente al virus.

Será un grupo de trabajo bilateral el que se encargará de "evaluar" la situación de la pandemia. "El objetivo es hacer un seguimiento riguroso de los acontecimientos y de los índices" de la enfermedad en la Comunidad de Madrid y, a partir de ahí, "implementar con determinación todas las medidas que sean necesarias para doblegar la curva", en palabras de Pedro Sánchez.

Un grupo, subrayó el presidente, que se regirá por "un principio de cooperación, en ningún caso de jerarquía. Nuestra voluntad es respetar el ámbito competencial" de la Comunidad. "Estamos aquí para ayudar, no para tutelar ni evaluar ni menos aún para suplantar a una administración que tiene sus facultades perfectamente reconocidas en la ley y en la Constitución Española".

Fue esta una de las ideas que más repitió: su única voluntad es "ayudar" y "apoyar", no "valorar" ni "enjuiciar" lo que ha hecho —y lo que no ha hecho—el Gobierno de Madrid para hacer frente a una pandemia que, en su territorio, está fuera de control.

Pero sin olvidar de quién es la responsabilidad: "Vamos a poner a disposición el Ministerio de Sanidad y todos sus medios, pero al final el que tiene que tomar las decisiones es la Comunidad de Madrid". Incluida la posibilidad de recurrir al estado de alarma, cuya aprobación depende de lo que decida Ayuso. "Cualquier respuesta que demos será proporcional al desafío que tengamos por delante. Y va a tener un objetivo: salvar vidas", proclamó.

Porque, a diferencia de la presidenta regional, que sigue insistiendo en denunciar un injusto señalamiento de Madrid, Sánchez no eludió calificar la gravedad de la situación sanitaria en la Comunidad madrileña. "Los contagios duplican la media nacional, la ocupación de las UCI triplica la media nacional", resumió.

Así que para combatir la pandemia, Sánchez ofreció medios de rastreo, de desinfección, logística, medios sanitarios, refuerzo hospitalario, asesoramiento, apoyo legal, recursos jurídicos "si son necesarios", en referencia al estado de alarma, y medios policiales.

El doble discurso de Ayuso

Por momentos, en la rueda de prensa que la presidenta y el jefe del Ejecutivo ofrecieron este lunes parecía que Ayuso había decidido enterrar la confrontación con el Gobierno central que ha protagonizado y abanderado en los últimos meses. Pero no fue así. La dirigente conservadora combinó mensajes de apertura de una nueva etapa en las relaciones con el Gobierno central con dardos a ese mismo Gobierno central. Gran parte de su intervención estuvo destinada a defender que a Madrid, por su ubicación y sus características no se la puede equiparar con otras comunidades autónomas. En lo que no se centró es en explicar por qué en la comunidad en la que gobierna en coalición con Ciudadanos no se ha avanzado en los últimos meses a la hora de poner los cimientos para que la segunda ola del virus afecte de forma menos virulenta a la región.

Cuando la Comunidad de Madrid fue pasando de fases en el momento de la desescalada lo hizo adquiriendo una serie de compromisos, como el de dotar al sistema sanitario de los rastreadores necesarios. A día de hoy esto sigue siendo un compromiso incumplido. "Para que el rastreo fuera eficiente harían falta millones de rastreos constantes", llegó a decir la presidenta este lunes al tiempo que calificaba de "mantra" el hecho de que se insista en la falta de rastreadores en la Comunidad de Madrid y en las carencias de la atención primaria.

Los expertos coinciden en que ahora, en un momento de transmisión comunitaria, la labor de los rastreadores se ve lastrada por el volumen de casos. Pero también es cierto que hace semanas, cuando la expansión del virus era menor, un buen sistema de rastreo habría sido de gran ayuda para frenar la expansión.

Ayuso mantuvo que se pone el foco en Madrid. Pero que es toda España la que tiene carencia de médicos. Porque "no hay oferta educativa". "No hay médicos en España", sentenció. Y la solución, dijo, no está en que ella contrate profesionales de la sanidad en otras comunidades autónomas. "Tenemos que saber seguir atrayendo médicos y luego formarlos", añadió mientras presumía de que Madrid es "de las pocas comunidades autónomas que abren centros de salud mañana y tarde".

La presidenta, que habló de los "mantras" extendidos sobre la región que Gobierna no abandonó, no obstante, uno de los mantras de su Gobierno, el del llamado "coladero" de Barajas. Desde la Comunidad de Madrid llevan meses solicitando a Sánchez que se controlen las llegadas a Barajas y se haga pruebas PCR a los viajeros. Sánchez, que optó por no responder al grueso de las críticas que le trasladó la presidenta no quiso esquivar esta. Y le recordó que de los contagios que ha habido después del estado de alarma, solo un 0,2% provienen del aeropuerto.

La segunda reunión, este martes

El primer encuentro del grupo covid-19 entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España estableció, en su primera reunión en la tarde de este lunes, un calendario de trabajo para los próximos días entre ambas administraciones. Este comenzará este martes. Por la mañana se celebrará una reunión de técnicos sanitarios de la Comunidad y el Ministerio de Sanidad. Por la tarde, el grupo covid-19 se reúnirá con el equipo de Unidad Territorial, compuesto por el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid, la secretaria general de Coordinación Territorial y el presidente de la Federación Madrileña de Municipios.

El PP acumula documentos alternativos a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez desde que su secretario general, Teodoro García Egea, declaró a principios de mayo: “Si Sánchez no tiene plan B, los españoles sí lo tienen y se llama Pablo Casado”.

Sin embargo, la práctica totalidad de las propuestas que la formación conservadora ha ido presentando en los ámbitos jurídico, económico, sanitario y educativo difieren muy poco de las políticas que el Gobierno está aplicando para luchar contra la pandemia de coronavirus y sus consecuencias.

El 12 de mayo, todavía en el inicio de la desescalada, Casado presentó a bombo y platillo bajo el título Sí hay plan B un conjunto de propuestas con el que se podía evitar el "rescate" de la economía española, que según él estaba a punto de producirse.

Con la desescalada organizada por el Ministerio de Sanidad ya en marcha —en aquellos días todas las comunidades menos Madrid habían entrado total o parcialmente en la Fase 1— el presidente del PP argumentaba que el confinamiento no podía “ser eterno”. Fue entonces cuando anunció por primera vez el plan de medidas sanitarias que bautizó con el nombre de Plan Cajal en honor del Premio Nobel de Medicina de 1906 y con el que se adaptaría el sistema de salud con financiación suficiente, se potenciaría “la industria nacional” y se crearía una Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial. Medidas todas ellas que acabaron siendo aprobadas por el Congreso de los Diputados sin el apoyo del PP.

Casado propuso entonces el uso obligatorio de mascarillas en la calle, algo que ya han decidido todas las Comunidades Autónomas. De aquellas propuestas lo que no se ha puesto en marcha es la creación de un pasaporte epidemiológico y de una aplicación con código QR para que las personas que han pasado la enfermedad puedan tener libertad de movimientos, dos medidas que, al margen de su legalidad, los epidemiólogos rechazan. El PP pedía también test masivos, sin fijar una cuantía. En la actualidad en España se realizan más de 80.000 pruebas PCR diarias, muy cerca del límite de capacidad de análisis de los laboratorios. Y eso sin contar con que los expertos consideran inútil la realización de pruebas generalizadas que no se localicen sobre grupos sospechosos de haber estado en contacto con el virus.

Aquel plan B defendía también extender los ERTE hasta el 31 de diciembre —el Gobierno ha ido extendiendo la medida de común acuerdo con sindicatos y empresarios y ahora se dispone a prorrogarla hasta final de año—. Pedía también añadir al extenso catálogo de ayudas puesto en marcha por el Ejecutivo en el marco del escudo social contra la pandemia otras iniciativas que, en este caso, sí que no están en vigor: exonerar del pago de impuestos la apertura de nuevas empresas, tarifa plana de autónomos de 50 euros, contratos bonificados para la reincorporación al mercado laboral y bajadas de impuestos. Según Casado, España estaba a tiempo de evitar un "rescate" económico de la UE sin subir impuestos eliminando únicamente “gastos superfluos” de lo que el PP, que gobernaba hasta hace apenas dos años, considera una estructura burocrática “hipertrofiada” del Gobierno.

Proponía también el presidente del PP a mediados de mayo otras muchas medidas que ya están en marcha o en el programa del Gobierno: en especial adaptar la economía “a los nuevos tiempos potenciando la digitalización, el teletrabajo, la flexibilización horaria y la extensión de las bajas laborales a los colectivos en riesgo”.

Por aquellos días el Plan B de Casado enfatizaba la necesidad de poner fin al Estado de Alarma, una previsión constitucional que, según Casado, no garantiza derechos y libertades pese a que obligatoriamente debe ser aprobado por el Congreso de los Diputados. El PP clamaba entonces contra el confinamiento domiciliario y general de la población —la verdadera razón de ser del Estado de Alarma— y exigía una hoja de ruta transparente para la desescalada que es precisamente lo que hizo el Ejecutivo: guiar el paso de una fase a otra siguiendo entre otros criterios de capacidad asistencial y capacidad de detección masiva.

A la vista de que aquellas medidas ya estaban en marcha, Casado recuperó su plan B el 27 de julio. Propuso esta vez reformar el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de manera que se limiten derechos fundamentales sin necesidad de acudir al Estado de Alarma. Y hacer así posible adoptar medidas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, “con la posibilidad de sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública o a cuarentena, así como otras medidas sanitarias para las personas sospechosas, aislamiento o tratamiento y localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas”. Actuaciones todas ellas que ya están llevando a cabo las comunidades autoras sin necesidad de la reforma propuesta por el PP.

Incluido controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada, algo que también se está realizando, previa autorización judicial. Eso sí, Casado creía que con esa reforma sería posible “controlar o limitar” también “el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas”, así como al derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados como en el número de personas. Sobre esto el Gobierno siempre ha discrepado, con el respaldo de la Abogacía del Estado, según la cual el confinamiento domiciliario no es posible con legislación ordinaria.

La crisis turística

A la vista de la grave situación en la que ya se encontraba el turismo en aquellos momentos, Casado añadió a su plan B medida específicas para este sector. Como por ejemplo que el Gobierno financiase las pruebas covid-19 que obligatoriamente tuviesen que hacerse los turistas que visitasen España para evitar la cuarentena obligatoria en su país de origen. Una propuesta impracticable mientras los países de origen exijan cuarentenas y recomienden no viajar a España.

Y, de nuevo, una receta de reducción de impuestos: un plan de choque a corto plazo con medidas fiscales específicas con exenciones, bonificaciones y aplazamientos de impuestos estatales, como el de sociedades para empresas turísticas, con la reducción de los tipos del IVA de forma temporal. IVA súper reducido al sector durante 2020 y 2021, bajada de tasas aeroportuarias del 25% durante 2020 y 2021, la eliminación de las tasas que gravan pernoctaciones; e incentivos fiscales para reactivar el consumo en España en actividades turísticas.

El sector turístico ha sido objeto de un plan específico del Gobierno dotado con 4.262 millones de euros. Con esta cantidad se eleva a 19.535 millones de euros el apoyo que el Ejecutivo ha venido prestando al sector en el marco de las medidas generales para la economía española y que han supuesto una inyección de 15.273 millones de euros para el turismo de nuestro país y que han beneficiado tanto a trabajadores como a empresas.

Un apoyo que se está vehiculizando a través de mecanismos que, pese a estar en vigor, el PP incluyó en su segundo plan B: mejoras en los canales de liquidez, ampliación de las líneas ICO y plazos de carencia vinculados a la reactivación de la actividad.

Y, a la vista de que la parte más sustancial de su Plan Cajal estaba ya incluido en el programa de actuación del Gobierno, el PP añadió la reforma de siete leyes para dotar al Ministerio de Sanidad de instrumentos para la detección de pandemias, la coordinación de alertas y la dotación de medios, precisamente los tres mecanismos sobre los que el Gobierno se ha apoyado para hacer frente al covid-19.

El tercer (y más reciente) plan B que ha anunciado Casado desde que comenzó la pandemia se refiere a la ‘vuelta al cole’.‘vuelta al cole’ Lo presentó esta misma semana, apenas unas horas antes de que el Gobierno cerrase un acuerdo prácticamente por unanimidad con las 17 Comunidades Autónomas —incluidas las del PP— para regular la actividad lectiva en plena pandemia. Y, a la vista de consenso alcanzado, se ha visto obligado a meterlo en un cajón.

La evolución de la pandemia sigue siendo imprevisible y, por esa razón, el Gobierno no descarta ningún escenario. Pero con la información de que dispone en estos momentos, el Ejecutivo no cree que vaya a ser necesario aplicar una solución drástica, basada en el confinamiento domiciliario generalizado, para volver a poner la enfermedad bajo control.

Oficialmente, Moncloa mantiene la máxima, tantas veces repetida durante los últimos meses, de que no puede contraponerse la economía a la salud. Pero son muy conscientes de que hay que evitar a toda costa tener que recurrir a estrategias que vuelvan a paralizar un tejido productivo muy tocado por el parón de los últimos meses. Y confían en no tener que hacerlo.

Ahora, subrayan fuentes consultadas por infoLibre, “la situación es distinta”. El confinamiento fue clave en primavera para salvar un sistema sanitario punto de colapsar, algo que ahora creen que está muy lejos de repetirse. Desde que comenzó la pandemia ha habido tiempo para reformar los hospitales, dotarlos con medios materiales —sobre todo respiradores para las UCI y medios de protección para los sanitarios— y, lo que es más importante, para atender antes a los pacientes y plantear su tratamiento de forma más eficaz. Creen que las cifras de altas hospitalarias les dan la razón.

La economía no está para confinamientos. Así lo subrayó Pedro Sánchez en la comparecencia institucional con la que abrió este martes el nuevo curso político: “No nos podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestras vidas, como en la primavera. Y quiero ser claro en este punto: no lo vamos a permitir. Repito: no lo vamos a permitir”, enfatizó.

“Tenemos que tomar el control y doblegar esta segunda curva que ahora vuelve a elevarse de manera amenazante”, subrayó el presidente. “Cuanto antes y con mayor eficacia. Vamos a volver a doblegar la curva. Y tenemos que hacerlo unidos, porque no hay otra manera. Ya lo hicimos. Sabemos hacerlo y estoy convencido de que lo vamos a volver a hacer”.

Un control que, en opinión de Sánchez, no pasa por el confinamiento domiciliario. Al menos en estos momentos. Por eso, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros insistió en que una hipotética declaración del estado de alarma a petición de un presidente autonómico y para un territorio concreto no implica necesariamente que la gente se vaya a ver obligada a permanecer en sus casas. “Hablar de estado de alarma no es necesariamente hablar de confinamiento”, explicó. Hay “distintos estados de alarma” como se pudo ver en las últimas fases de desescalada, recordó, muy distinto al de las primeras de la pandemia.

La “preocupación” por los rebrotes y el necesario “rigor” a la hora de aplicar medidas para controlar la situación “no pueden inducirnos al miedo paralizante”, advirtió. “Ya doblegamos hace meses la curva mucho más alta y en unas circunstancias mucho más adversas, mucho más dramáticas que las de ahora. Ahora estoy convencido de que volveremos a hacerlo, con la responsabilidad de cada uno y con la unidad de todos”.

“Las medidas que tenemos que poner en marcha en esta segunda fase”, explicó Sánchez, no “tienen que ser iguales a las de la fase anterior”. Los datos “no indican eso. Indican que tenemos que estar vigilantes, pero serenos”. Porque “nuestro Sistema Nacional de Salud está mucho mejor preparado, no solamente en el ámbito de los recursos, ya sean medicamentos o material de protección para los pacientes y también para los profesionales sanitarios”, sino porque “conocemos mejor al virus, ahí está la relación entre las hospitalizaciones y el nivel de altas que se están produciendo en los hospitales”. Hay que estar “confiados” en que el nivel de “recursos y capacidades que hoy tienen las comunidades autónomas es infinitamente superior” al “que teníamos hace unos meses”.

Las condiciones materiales y el grado de conocimiento de la covid “es distinto, es mucho mayor”, insistió el presidente. “Estamos más preparados. Hemos engrasado mejor la maquinaria”.

Esa parece ser la clave: en marzo el Gobierno decretó el confinamiento obligatorio y general para evitar el colapso del sistema sanitario, situación que el Gobierno considera ya muy poco probable que pueda volver a repetirse.

Este es, además, el escenario europeo, recuerdan fuentes de la Moncloa. Ningún Gobierno del continente parece dispuesto a volver al confinamiento domiciliario de toda la población, aunque no descarten aplicarlo en territorios concretos si así lo aconseja la evolución de la segunda ola de la enfermedad.

La prioridad de los Presupuestos

Con la economía como prioridad y la unidad como principal reclamo político con la vista puesta en unos “Presupuestos de país”, como los bautizó Sánchez, el presidente dejó claro que las comunidades autónomas deben asumir sus responsabilidades y sus competencias. Hasta el punto de que está dispuesto a incrementar su capacidad de actuación por la vía del estado de alarma siempre que lo soliciten basándose en la situación sanitaria.

“Algunas Comunidades Autónomas están planteando que están encontrando dificultades” para actuar. De ahí que el Gobierno se comprometa a facilitarles las cosas respaldando, si así lo solicitan, la aplicación del artículo cinco de la ley reguladora del Estado de Alarma: “Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior, entre ellos las epidemias, afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma”. Y Sánchez se compromete a que el presidente que lo solicite se convierta además en el máximo responsable de su aplicación y defienda ante el Congreso las prórrogas que fueran necesarias.

El anuncio del presidente confirma la estrategia diseñada hace un mes por el Gobierno, adelantada en su día por infoLibre, y traslada la presión política a las comunidades autónomas, algunas de las cuales —todas del PP— llevan semanas, a la vista del incremento de casos, intentando devolver la responsabilidad sobre la gestión de la pandemia al Ministerio de Sanidad.

De ahí que hayan sido los gobiernos autonómicos de estas comunidades y el presidente del PP, Pablo Casado, quienes más han salido a criticar la decisión de Sánchez de dotarles del respaldo jurídico que necesiten para adoptar nuevas medidas al amparo de un estado de alarma decretado a medida de sus necesidades y, sobre todo, a instancias de sus presidentes. El líder del PP insiste en acusar al presidente del Gobierno de "dejación de funciones", y cree que "se escabulle en las comunidades autónomas".

Si algo enfatizó Sánchez en su comparecencia de este martes es que tiene intención de respetar el reparto competencial, fijado en la Constitución y que otorga a las comunidades toda la responsabilidad en materia sanitaria y educativa. “Este es un Gobierno que defiende el Estado Autonómico y que cree en la descentralización de competencias”, remarcó. “Respetamos el Estado autonómico: no es un invento, no es algo de quita y pon. Es el título VIII de nuestra Constitución” y “aquellos partidos que se erigen en partidos constitucionalistas tendrían que ser conscientes del título VIII de la Constitución y de lo que representa”, insistió en referencia al PP y Ciudadanos, que desde hace semanas reclaman que el Gobierno de España asuma de nuevo competencias en materia sanitaria para luchar contra los rebrotes de la pandemia.

El virus sigue avanzando en las residencias de mayores. La experiencia acumulada durante los primeros meses de la pandemia no ha sido suficiente para impedir el regreso del covid-19 a los centros públicos y privados especializados en el cuidado de la parte de la población más vulnerable a la enfermedad. Y, al menos por el momento, cada comunidad autónoma seguirá adaptando a cada situación las medidas de respuesta temprana consensuadas por los consejeros responsables con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que dirige Pablo Iglesias y que carece de competencias en la gestión de los centros.

No obstante, el departamento que dirige Iglesias acordó este lunes con las comunidades autónomas “impulsar urgentemente un Plan de Choque para reforzar el sistema de atención a la dependencia y los servicios sociales”, incluidas las residencias de mayores, en el contexto del recrudecimiento de los rebrotes del covid-19.

El plan, según reveló la consejera de Asuntos Sociales de Illes Balears, Fina Santiago, incluye medidas —entre ellas la reducción y el control de las visitas y las salidas y los protocolos de aislamiento y derivación a hospitales— que persiguen reducir el impacto del virus en las residencias y que se revisarán cada 15 días.

Durante la reunión, los consejeros evaluaron la necesidad de conciliar el aislamiento preventivo con las necesidades afectivas, emocionales y cognitivas de los mayores, un asunto al que también se refirió en rueda de prensa el director del CCAES, Fernando Simón. El objetivo, defendió, debe ser una “relación correcta entre prevención y promoción de la salud entre los mayores”. Hay que garantizar que la transmisión se reduzca o se mantenga en este nivel durante este otoño-invierno sin que la calidad de vida de los ancianos se vea perjudicada. Las personas mayores, subrayó, necesitan el contacto con otras personas y lo conveniente para su bienestar cognitivo sería no tener que aislarlas del mundo.

Simón consideró “importantes” las medidas tomadas en las residencias en las últimas semanas en coordinación entre todas las comunidades autónomas y que afectan precisamente a las visitas, al protocolo a seguir con los trabajadores de los centros a su vuelta de las vacaciones y al incremento de la calidad de los recursos de prevención. Sin olvidar las mejoras introducidas en la asistencia y vigilancia de las residencias, así como en su relación con el sistema sanitario.

En una reunión telemática con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, los consejeros autonómicos con responsabilidades en la materia concretaron el Plan de Respuesta Temprana en el que venían trabajando en relación con las residencias, se comprometieron a hacer aportaciones al borrador de medidas que la Vicepresidencia Segunda ha preparado para completar el plan extendiéndolo a los servicios sociales no residenciales y abordaron “los mecanismos específicos de coordinación establecidos con las autoridades sanitarias para asegurar la atención de todos los usuarios en los centros residenciales”.

Este último asunto es de vital importancia para que no se repita la situación vivida en muchas residenciassituación durante el pico de la pandemia y que condenó a muerte por desatención a miles de ancianos, como lleva meses denunciando infoLibre.

El Plan de Respuesta Temprana pactado en julio por Sanidad y las comunidades autónomas con el fin de regular la situación en un escenario de control de la pandemia ya fijaba algunas medidas. Entre ellas “disponer de estrategias de prevención” para “minimizar el riesgo de brotes epidémicos en entornos especialmente vulnerables como residencias para las personas mayores, personas con discapacidad o centros de salud mental y centros de acogida o albergues”.

Aquel documento fue actualizado a comienzos de agosto a la vista de la detección de los primeros casos en residencias, estableciendo una lista de certificación de planes de contingencia para tratar de proteger a las residencias de posibles rebrotes. La idea entonces era establecer “un marco de respuesta coordinada, ordenando y poniendo en común los esfuerzos que las distintas administraciones están ya haciendo”, en palabras de Álvarez.

Para aplicar el plan las comunidades no sólo tienen que coordinar las residencias con los servicios sanitarios sino poner a disposición de residentes, trabajadores y visitantes materiales de protección, realizar pruebas PCR y la sectorialización de las residencias.

La reunión de este lunes fue convocada por la Vicepresidencia precisamente para chequear el grado de cumplimiento de estas medidas y en particular la lista de verificación que incluye los contenidos básicos que deben desarrollar los planes de contingencia de los centros residenciales.

En la sesión cada comunidad explicó el alcance y situación de los brotes en residencias, las medidas adoptadas para abordarlos y las necesidades o las dificultades a las que se enfrentan, el estado de la coordinación establecida con las autoridades sanitarias para atender la situación de los centros sociales residenciales y la adaptación del Plan de Respuesta Temprana a otros servicios sociales distintos al de las residencias, así como la actualización de los documentos técnicos de recomendaciones elaborados durante los meses de marzo y abril.

Pero algunas consejeras aprovecharon la ocasión para reclamar más dinero. Lo hizo la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto (PSOE), que pidió otro ‘fondo covid’ para poner en marcha nuevas medidas o mantener las implementadas con el fin de hacer frente al coronavirus en las residencias. O la conselleira de Política Social de la Xunta, Fabiola García, quien reclamó más financiación para adaptar las residencias de mayores y los demás servicios sociales “a la nueva realidad” en el contexto de la pandemia. Una demanda que también planteó la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de Murcia, Isabel Franco, según la cual hace falta “un compromiso de financiación” para las residencias.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y Léon, Isabel Blanco, exigió también mejorar la financiación den dependencia, un proyecto de “legislatura” del ministerio, recordó, al tiempo que preguntaba dónde están los 1.000 millones que se iban a destinar a servicios sociales. “Inicialmente iban a venir 1.000 millones para servicios sociales, pero desaparecieron. Aparecieron para educación, sanidad y otros colectivos y nosotros reclamamos esa financiación porque los servicios sociales, y más en esta situación, deben estar bien financiados”.

El director gerente del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) de Extremadura, José Vicente Granado, reclamó al Gobierno que apoye “fuertemente” con financiación la dependencia, además de considerar importante la coordinación para dar una respuesta “eficaz” a la pandemia. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno de Asturias, Melania Álvarez, hizo lo propio, enfatizando la necesidad de financiación de  las distintas medidas a aplicar en centros sociales y en residencias de mayores. Y su colega andaluza, la consejera Rocío Ruiz, solicitó una partida finalista de los 140.000 millones que va a recibir España del Fondo Europeo de Reconstrucción para los centros de servicios sociales, ignorando que se trata de dinero sujeto a la presentación de proyectos concretos por parte, precisamente, de las comunidades autónomas.

El contexto de la reunión es el de un incremento cada vez más acusado de casos en las residencias que el doctor Simón calificó de “suave”. El director del CCAES recordó que la gravedad de lo ocurrido en las residencias sensibilizó al Gobierno y a las comunidades hasta el punto de haber provocado una “reacción espectacular” en términos de gestión para tratar de “proteger” y “hasta casi blindar” los centros sociosanitarios.

Simón puso algunas cifras encima de la mesa para situar el problema en estos momentos: los brotes en los centros sociosanitarios —tanto residencias de mayores como de personas con discapacidad— representan el 7,4% del total, con un promedio de unos 14 casos por centro. No obstante, precisó, hay entre 8 y 10 focos que son los que aumentan el promedio, sin los cuales el alcance de los casos por brote se moverán entre 6 y 8 contagios por residencia.

El riesgo

No obstante, el director del CCAES no quiso mostrarse complaciente. “Si sigue aumentando la transmisión entre la población general, “acabará entrando” el virus en estos centros. “No es una cosa sólo de residencias, es de todos”, advirtió.

Como confirmando sus palabras, la jornada no hizo sino ratificar que la situación en las residencias discurre por la misma senda del contagio en el conjunto de la sociedad.

Los Servicios Epidemiológicos de la Junta de Castilla y León en Ávila habían registrado este lunes un total de 84 casos confirmados en el brote declarado el viernes en una residencia de personas mayores de la zona básica de salud de Candeleda. De ellos, 77 son residentes (siete de ellos hospitalizados) y otros siete, trabajadores.

Aragón suma 72 residencias de mayores con brotes que afectan a 686 residentes y 222 trabajadores —908 casos en total—. La preocupación de la comunidad se centra en una decena de centros porque el 70% del total tienen apenas uno o dos casos. El número de fallecidos desde el 1 de julio asciende a 71 personas y el de hospitalizados a 133, según los datos difundidos por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto.

Las autoridades aragonesas de servicios sociales aseguran que la mayor parte de las residencias afectadas no habían tenido casos en la primera fase de la pandemia, para indicar que las medidas que se están implementando "están ayudando a controlar mejor la situación" respecto a los primeros meses de la covid-19.

En Madrid, el centro de Alzheimer Fundación Reina Sofía de Vallecas registró este lunes 14 positivos por coronavirus entre residentes y 4 entre trabajadores, según adelantó a Europa Press el sindicato CC.OO. y han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Se trata del segundo brote en unos días tras el declarado en una residencia de Pozuelo de Alarcón la semana pasada, con 21 casos de coronavirus, afectando a 16 residentes y cinco trabajadores, y 30 personas en seguimiento. Una persona requirió ingreso hospitalario y un residente del centro falleció, según datos proporcionados el sábado por el Gobierno regional.

El sindicato cree que no son los únicos brotes de covid que están apareciendo estos días en residencias de mayores de la región. De momento, hay registrado un caso positivo de un usuario en la residencia San Juan Bautista de Colmenar Viejo y esperan la confirmación de casos en otros dos centros, según las mismas fuentes.

En Navarra, del total de nuevos casos, 26 se concentraron en Tudela, entre los que está incluido el brote registrado en una residencia de mayores. El área de salud de Tudela viene registrando en las tres últimas semanas una alta incidencia.

La comunidad de Cantabria hizo públicos este lunes haber detectado siete usuarios de residencias de personas mayores y dependientes con coronavirus, tres de ellas hospitalizadas y las otras cuatro en el centro covid habilitado por el Gobierno regional en Suances.

Mientras tanto, en Galicia los usuarios y trabajadores de residencias infectados seguían siendo 86 este lunes —67 son usuarios y 19 son trabajadores— según fuentes de la Xunta. El centro residencial de la Fundación San Rosendo en O Inicio (Lugo) —intervenido por la Xunta— se mantiene en 64 casos, de los que 56 son usuarios y ocho empleados. Este último parte incluye el primer usuario infectado en la residencia DomusVi de Lalín (Pontevedra), ya conocido el domingo. Los 67 usuarios con coronavirus se completan con los 10 existentes en la residencia Orpea de Culleredo (A Coruña). Además hay un caso en cada una de las siguientes residencias de mayores: DomusVi de Monforte; Paradela; San Bartolomeu de Xove; y DomusVi de Barra de Miño, en el municipio ourensano de Coles. También suma a estos casos el de un trabajador de la residencia de discapacitados de As Flores, en Ourense.

A las 19.00 horas de este domingo, 16 de agosto, la situación de la pandemia en las comunidades que han facilitado nueva información es la siguiente:

Andalucía

Andalucía ha registrado este domingo cinco muertes por coronavirus y un incremento de 455 nuevos casos de covid-19, según la información facilitada este domingo por la Consejería de Salud y Familias, que precisa que uno de los fallecidos es una residente del centro de mayores de Almería afectado por un brote.

El foco de la residencia cuenta con 69 casos –dos más en 24 horas–, siendo 47 residentes y 22 trabajadores del centro de mayores. La mujer fallecida murió el sábado en el hospital Torrecárdenas después de haber sido trasladada de la residencia.

De las cinco muertes, tres se han registrado en Almería, una en Cádiz y otra en Granada. En cuanto al incremento de casos por PCR, la provincia que ha sumado mayor número de positivos ha sido Málaga con 126 casos, seguida de Sevilla con 99 positivos, Cádiz con 80, Almería con 76, Granada con 43, Jaén con 17, Córdoba con nueve y Huelva con cinco.

Además, se han sumado 20 nuevos hospitalizados, de ellos diez han ingresado en hospitales almerienses, tres en Sevilla, tres en Málaga, tres en Granada y uno en Cádiz. Además, hay un nuevo paciente en UCI en Almería. Los hospitales andaluces registran 171 pacientes ingresados con coronavirus, 13 más en 24 horas, de los que 25 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cinco más en 24 horas.

Aragón

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha notificado 482 nuevos casos de coronavirus en la comunidad autónoma, detectados este sábado, 428 de ellos en la provincia de Zaragoza, 46 en la de Huesca y cinco en Teruel, mientras que en tres de los casos no consta provincia de procedencia.

El Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico ha informado en una nota de prensa de que el 45 % de los casos son asintomáticos y se han comunicado 204 altas epidemiológicas. Además, durante la jornada analizada, se han realizado un total de 1.907 pruebas, 1.851 de ellas PCR. Desde el inicio de la pandemia, en Aragón se han efectuado 283.263 pruebas, 206.806 PCR.

En la provincia de Zaragoza, la capital aragonesa ha contabilizado 335 nuevos casos. Además, en el área de salud de Caspe hay 23 nuevos positivos, diez en la de La Almunia de Doña Godina, nueve en María de Huerva, ocho en Villamayor, siete en Ejea de los Caballeros, seis en Calatayud Urbana, cuatro en las áreas de Épila, Zuera y Alfajarín, tres en la de Sástago, dos en Fuentes de Ebro, Alagón, Utebo y Borja, y uno en Tarazona, Cariñena y Tauste.

Cantabria

Cantabria ha sumado más de un centenar de nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, y los casos activos se elevan a 635, mientras 25 personas continúan hospitalizadas.

La jornada del sábado se cerró con 63 casos nuevos, a los que hay que añadir los 39 positivos detectados en lo que va de domingo. La incidencia acumulada se sitúa por encima de los 50 casos nuevos por cada cien mil habitantes, que según el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, se considera ya "un rango crítico".

Castilla y León

El número de pacientes hospitalizados en la comunidad de Castilla y León por covid-19 ha ascendido este domingo a 125 —once más que ayer—, de los cuales 117 permanecen ingresados en planta —nueve más— y otros ocho en unidades de críticos —dos más—.

De los ocho pacientes en UCI, cuatro de ellos se encuentran en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, otros dos en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, uno en el de Zamora y otro en el Hospital de El Bierzo.

En la actualidad, la cifra total de fallecidos se sitúa en 2.080 personas, tras tres nuevos decesos este sábado, mientras que el número de altas alcanza ya las 8.817, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad de CyL y recogidos por Europa Press.

Cataluña

Cataluña ha registrado hasta este domingo 113.233 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.044 más que en el recuento del sábado, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos totales asciende a 12.887, 13 más que los registrados el sábado: 7.084 en hospital o centro sociosanitario, 4.126 en residencia, 818 en domicilio y 859 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 592, lo que supone un aumento de 35 respecto al sábado. Un total de 119 pacientes se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), los mismos que en el balance anterior.

Euskadi

Los últimos datos dados a conocer este domingo recogen un total de 610 nuevos casos de covid-19, lo que supone 35 más que en la jornada anterior. También aumentan las hospitalizaciones y, en este momento, hay 163 personas ingresadas por covid en planta y 14 pacientes en las UCI.

El Gobierno vasco declarará este lunes nuevamente la situación de Emergencia sanitaria en Euskadi ante el aumento de contagios de coronavirus que se está produciendo en la comunidad, lo que llevará a adoptar este mismo martes nuevas medidas restrictivas para frenar la expansión del virus en relación con los aforos, las agrupaciones de personas y la hostelería.

Extremadura

La comunidad de Extremadura ha registrado un nuevo fallecido por coronavirus, un hombre de 86 años ingresado en el Hospital de Coria y que era el caso índice del brote en esta localidad importado de Madrid, con lo que ya son 523 las víctimas mortales de la pandemia en la comunidad.

En las últimas 24 horas la comunidad ha sumado 24 casos positivos confirmados por PCR, así como se han detectado 128 casos sospechosos y se han descartado 171.

Hay 20 personas ingresadas en los hospitales extremeños, una menos que el sábado, y se mantienen en cuatro los pacientes en UCI, al tiempo que se han dado 11 altas, lo que eleva la cifra de infectados que han superado la enfermedad a 4.710.

Galicia

Galicia suma este domingo otros 124 casos activos con respecto al sábado, de modo que el total alcanza los 1.282 en la vigésimo cuarta jornada consecutiva de subidas, de acuerdo con los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

El área sanitaria de A Coruña-Cee se mantiene como la que acumula más casos, con 778 este domingo, una cifra que supera en 78 la del sábado y que representa el 60,7 % del total. Es, además, la que tiene más pacientes ingresados en hospitales, puesto que son 39 de los 48 que hay en toda Galicia, es decir, el 81 %.

Todas las áreas sanitarias muestran incrementos en el número de casos activos, que llegan a 134 en la de Vigo —cinco más que ayer—; a 110 en la de Lugo —seis más que el sábado—; a 94 en la de Ourense —16 más—; a 60 en la de Pontevedra —uno más—; a 55 en la de Santiago —nueve más—; y a 51 en la de Ferrol —nueve más—.

En cuanto al número de personas hospitalizadas, este domingo figuran tres en la UCI, cuando en el parte del sábado no constaba ninguna en estas unidades. Otras 48 personas están en planta —cuatro más que el sábado— y 1.231 están pasando la enfermedad en su domicilio —117 más—.

Murcia

El número de afectados total en la Región de Murcia desde el inicio del brote de la pandemia del coronavirus asciende a 5.435 personas, de los que 3.729 casos han sido acreditados mediante PCR (140 más que el día anterior), según los datos del Servicio de Epidemiología correspondientes a este sábado a las 23.59 horas.

El número de casos activos asciende a 1.490 personas (95 más que el día anterior), de las que 78 se encuentran ingresadas en centros hospitalarios (doce más), 13 de ellas en cuidados intensivos (una menos que ayer).

El resto, 1.412 personas, permanecen en aislamiento domiciliario y hay 2.085 personas curadas (43 más que el día anterior). Además, el número de pruebas realizadas sigue creciendo, en concreto ya se han realizado 119.804 pruebas PCR y 64.259 de anticuerpos.

Navarra

Navarra registró ayer sábado 160 nuevos casos positivos de infección por covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar 1.806 pruebas PCR. Se trata de la cifra de positivos más alta desde el periodo de la 'Nueva normalidad' y el tercer día con más pruebas realizadas.

Pamplona sigue siendo la zona con más peso, aunque Tudela mantiene una tendencia sostenida al alza. Por edades, el tramo 15-29 años, con un 32%, fue ayer el mayoritario. No se registró ningún fallecimiento por coronavirus en la Comunidad foral, pero sí hubo seis nuevas hospitalizaciones, cuatro de ellas de personas con más de 65 años. "La situación general de los hospitales, en cualquier caso, es estable", ha apuntado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Las competencias de gestión de la crisis sanitaria están en manos de las comunidades y el Gobierno no tiene ninguna intención de modificar esa situación. Los ejecutivos autonómicos, que son los que actúan obre el terreno, son quienes tienen la responsabilidad de plantear la necesidad de cambiar de escenario si eventualmente la transmisión comunitaria, que ya existe al menos en Cataluña, se descontrola, según las fuentes del ministerio consultadas por infoLibre. Sobre todo si los contagios vuelven a crecer de forma exponencial, como sucedía en marzo, y amenazan el sistema de cuidados hospitalarios. En ese caso, como ya ocurrió en marzo, la única forma de parar el virus será el confinamiento domiciliario.

Sanidad se ha propuesto exprimir al máximo los mecanismos de coordinación entre comunidades a través de Consejo Interterritorial de Salud y respetar las competencias de cada administración. Por esa razón el ministerio que dirige Salvador Illa ha decidido esperar a que las comunidades, si en algún momento lo consideran necesario como consecuencia de la evolución de la epidemia en sus respectivos territorios, le soliciten el confinamiento domiciliario en un territorio determinado, lo que en estos momentos interpela a los presidentes Quim Torra (Cataluña) y Javier Lambán (Aragón). Será en ese momento —que todavía no está encima de la mesa, subrayan las fuentes consultadas— cuando el Gobierno decrete un nuevo estado de alarma que ordene a la población de un área determinada permanecer en sus viviendas —como sucedió el 14 de marzo—.

La legislación ordinaria, subrayan en Sanidad, es la que se está aplicando en la actualidad y la que da soporte a las medidas de control que se están aplicando, bajo supervisión judicial, en Cataluña, Aragón, Galicia o el País Vasco. Pero no sirve para obligar a la población a confinarse en sus casas, insisten. Para eso es necesario un nuevo estado de alarma que deba ser refrendado por el Congreso de los Diputados.

El Gobierno siempre ha sostenido que, de ser necesario, volvería a declarar el estado de alarma. Y sigue estando dispuesto a hacerlo, si bien confía en poder aprobar el decreto a petición de la comunidad o las comunidades afectadas y con el respaldo del conjunto del Consejo Interterritorial de Salud.

Tal es el interés de Sanidad en mantener el reparto competencial y la responsabilidad de cada administración que, en el caso de que la alarma se circunscriba al territorio de una única comunidad, no descarta que el decreto correspondiente nombre máxima autoridad al presidente del gobierno autonómico afectado.

El Plan de Respuesta Temprana aprobado el jueves en el Consejo Interterritorial de Salud deja clara la posibilidad de decretar “acciones simultáneas de confinamiento en todo el territorio estatal o en territorios específicos”, así como “actuaciones relacionadas con el control de la movilidad y el transporte”.

El mismo documento afirma la posibilidad de decretar un “ámbito competencial extraordinario en el marco de un estado de alarma cuando, atendiendo a la dimensión de la epidemia, las medidas previstas en la legislación ordinaria resultan insuficientes“.

El punto de inflexión

Llegar a ese punto en el que la declaración de un nuevo estado de alarma esté encima de la mesa depende de que exista una “transmisión comunitaria sostenida con presión creciente sobre el sistema sanitario”. Y aunque ahora hay lugares en los que hay transmisión comunitaria, los datos de Sanidad todavía no indican una situación fuera de control —un incremento “exponencial”— y mucho menos una situación preocupante en los hospitales, en gran parte porque la gran mayoría de los contagios detectados en las últimas semanas son asintomáticos o leves. La situación, sin embargo, puede cambiar. Por eso la evaluación se repite diariamente.

Los últimos datos hechos públicos este lunes han revelado la detección de 4.581 contagios desde el viernes y de nueve muertes con covid-19 en los últimos siete días.

“Estamos teniendo una tendencia ascendente en las tres últimas semanas y, de hecho, se han triplicado, pero hasta el 70% son asintomáticos” y el 65% son en Cataluña y Aragón”, Segundas la doctora María José Sierra, número dos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

En el ámbito hospitalario las cifras están todavía lejos de ser preocupantes, según Sierra. Hasta 15 personas han ingresado en UCI por coronavirus y 237 han requerido un ingreso en la última semana.

El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, reiteró este fin de semana en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio que “cualquier restricción de un derecho fundamental” como la movilidad tiene que se refrendado por el poder judicial si es muy concreto y por el legislativo si es generalizado. “Si es generalizado, el instrumento ha de ser el estado de alarma, que de momento no contemplamos”, explicó.

Illa aprovechó la rueda de prensa diaria en la que las autoridades epidemiológicas españolas dan cuenta de la evolución de la pandemia en España para comparecer por sorpresa ante los informadores, manifestar su respaldo a las medidas que están tomando las Comunidades Autónomas en estos días en los que cunde la preocupación por los rebrotes y, sobre todo, para hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia de los ciudadano para que cumplan las normas estrictamente. Mascarilla, distancia de seguridad, lavado de manos frecuente y medidas de higiene, porque “donde se relajan” estas medida es donde “aparecen estos brotes, advirtió.