La quinta semana del juicio de Kitchen –cuarta con testificales– ha transitado entre servicios secretos, guerras policiales, enemistades manifiestas y oposiciones bajo sospecha. Han sido tres sesiones intensas. Con testigos que, en algún caso, resultaban de gran relevancia. Y para muestra, una de esas frases cuchicheadas entre togas que acabó captada por uno de los micrófonos de la Sala: "Esta prueba tenía una importancia vital. Muy bien". En total, más de ocho horas de declaraciones en las que los acusados han tratado de atar sus defensas antes de afrontar sus respectivos interrogatorios, que el calendario prevé que desarrollen en las próximas semanas.

Antonio García Cabrera, abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha jugado un papel principal en estas últimas sesiones del juicio. Al fin y al cabo, una parte nada desdeñable de los testigos que han ido desfilando por la Audiencia Nacional lo hacían a petición suya. Los interrogatorios planteados por el letrado han ido orientados, en buena medida, a buscar lagunas e irregularidades en el origen del procedimiento que permitan invalidar Tándem y, por conexión, también su séptima pieza separada: Kitchen. Algo que, hasta el momento, no ha sucedido. Por ahora, la Audiencia Nacional ha avalado la investigación y las pruebas recabadas, si bien hay recursos pendientes de resolver en el Tribunal Supremo.

Por un lado, el letrado ha intentado convencer al tribunal de que tras la caída de Villarejo hay una suerte de complot de los aparatos estatales con origen en uno de los organismos más herméticos: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De ahí que pidiera llamar como testigo a quien fuera durante una década su director, Félix Sanz Roldán. García Cabrera se esforzó por evidenciar la enemistad entre general y comisario. Pero el exjefe de los espías no se lo puso fácil. Negó "enemistad manifiesta" con Villarejo. O que pidiera hasta en tres ocasiones al entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que lo cesara. También rechazó haber dicho que si el Estado no acababa con Villarejo este último sería quien acabaría con el Estado: "Nunca he tenido la sensación de que fuera tal su capacidad".

García Cabrera sostiene que Tándem está contaminado desde la raíz. ¿Por qué? Porque la denuncia anónima ante la Fiscalía Anticorrupción que provocó el inicio del caso fue interpuesta por David Rodríguez Vidal, un viejo colaborador del CNI, quien unos meses antes había compartido parte de esa información que luego envió bajo un seudónimo con mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o con el fiscal Ignacio Stampa, que sería quien llevaría luego el caso Villarejo. "¿Usted exhibió esa documentación?", preguntó el abogado sobre aquella reunión. "Conforme iba explicando, enseñaba las fotocopias", respondió. Con esto sobre la mesa, la defensa de Villarejo sostiene que todo se preparó por "medios espurios".

El abogado, por otra parte, también ha intentado encontrar flecos sueltos tanto en los registros realizados en las viviendas del comisario jubilado, donde se halló buena parte del material sobre el que se apoya la macrocausa, como en el análisis de los efectos incautados. A sus preguntas se han sometido varios policías. Y todos ellos han negado irregularidades. Así, han explicado que se les dio orden de buscar información sobre los negocios de Villarejo relacionados con Guinea Ecuatorial y sobre otros "proyectos" que tuvieran una "estructura similar". Y en cuanto al análisis documental, una de las agentes explicó que si en alguna carpeta se encontraban "aspectos personales", la misma "se dejaba de lado".

A lo largo de la quinta semana de juicio han desfilado por la Audiencia Nacional un buen número de agentes de la Unidad de Asuntos Internos. Muchos de ellos a petición de la defensa de Marcelino Martín Blas. En las primeras sesiones del juicio, quien fuera comisario jefe de este departamento, que al igual que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información protagonizó seguimientos sobre el entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas, se vio señalado por el ya jubilado inspector jefe Jesús Vicente Galán, quien estuvo al frente del área de Vigilancias y Seguimientos de la unidad. Durante su declaración como testigo, sostuvo que fue Martín Blas quien le dio orden de "dar protección" a la mujer de Bárcenas pero sin "ser detectados", lo que le resultó contradictorio.

Cuando compareció frente al tribunal, la situación de Galán era bastante especial. Como había estado investigado y el procedimiento contra él estaba sobreseído provisionalmente, su obligación de decir la verdad se veía –en palabras de la presidenta del tribunal– "algo más difuminada". Esta semana, Antonio Alberca, abogado de Martín Blas, ha tratado de poner en cuestión ese testimonio. Y lo ha hecho a través de varios exmiembros de Asuntos Internos que han puesto de relieve la "mala relación" entre comisario e inspector jefe, que han llegado a vincular con la negativa del primero de proponer al segundo para una condecoración policial. "Estaba rencoroso", se ha llegado a escuchar en la sala.

El testimonio más demoledor fue el de una agente de Asuntos Internos que participó en la comisión judicial que se creó para investigar el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como pequeño Nicolás. La policía contó que Galán "malmetía contra Marcelino". "Le menospreciaba a nivel profesional y físico", expuso, al tiempo que aclaró que luego cuando le tenía delante solo le faltaba "hacerle una reverencia". Del mismo modo, explicó que Galán se esforzaba por sonsacarles en todo momento información sobre la investigación que estaban realizando. "Nos hacía sentir muy incómodos", dijo. E, incluso, que intentó que la agente dejara el caso. "Vete a una embajada", llegó a decirle en una conversación en la que, según la testigo, dejó entrever que sabía a qué colegio iba su hija pequeña.

Cuando los micrófonos de la sala captaron aquella frase que evidenciaba la relevancia de las testificales –"esta prueba tenía una importancia vital"–, acababa de comparecer ante el tribunal José Santiago Sánchez Aparicio, quien fuera comisario general de Policía Judicial. Su testimonio había sido solicitado, entre otros, por el abogado del ex director adjunto operativo Eugenio Pino, cuya principal línea de defensa, al igual que la de la gran mayoría de acusados, se centra en vestir el espionaje al entorno de Bárcenas como un operativo policial completamente legal orientado a encontrar el dinero que el extesorero del PP pudiera tener en el extranjero.

Lo que pudiera decir Sánchez Aparicio resultaba relevante porque, al fin y al cabo, había estado al frente de la Comisaría General de Policía Judicial, que es donde se entronca la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que había investigado el caso Gürtel. El comisario jubilado explicó que, cuando tomó posesión del cargo, Pino le informó de la existencia de una operación de inteligencia sobre el entorno de Bárcenas. Él preguntó a sus subordinados si tenían constancia de ello, pero la respuesta fue negativa. Fue entonces cuando se reunió con Pino y el jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, quien le explicó que se había iniciado dicha "línea de investigación" pero que, al final, no se había desarrollado.

Las acusaciones defienden que detrás de los seguimientos y vigilancias se escondía toda una operación parapolicial para evitar que información comprometedora que pudiera tener Bárcenas acabara en el caso Gürtel. Y buena prueba de ello, sostienen, es el hermetismo con el que se desarrolló el operativo, sin que nadie informase al juez instructor ni al fiscal ni al investigador principal sobre la existencia de una operación de inteligencia de este tipo. "Había una operación policial sin contar con autorización judicial", dijo la pasada semana durante el juicio Manuel Morocho, quien fuera inspector jefe del Grupo XXI de la UDEF e investigador de Gürtel.

Aquel testimonio fue demoledor, por cuanto relató presiones de todo tipo por parte de sus superiores para boicotear las pesquisas sobre la trama corrupta. Por eso, las defensas han tratado esta semana de desacreditarlo a través de la testifical de Sánchez Aparicio, quien fuera su superior. "¿Morocho reportó ser víctima de presiones en la elaboración de su trabajo?", preguntó el abogado de Pino. "No", respondió el comisario jubilado. "En sus reuniones con el instructor de Gürtel, ¿le reportó que Morocho estaba siendo víctima de presiones?", continuó el letrado. "No, en ninguna", zanjó Sánchez Aparicio, quien también quiso dejar claro durante su declaración que el investigador "es un profesional como la copa de un pino".

Si la operación Kitchen pudo llevarse a cabo fue, precisamente, gracias a la captación de Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero conservador. Por sus servicios, el confidente cobró más de 50.000 euros con cargo a los fondos reservados. Y Anticorrupción también cree que se le pudo premiar con una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía, al que consiguió ingresar en 2017. La defensa de Ríos, sin embargo, trata de acreditar que aprobó la oposición de forma limpia. Y, para ello, ha llevado esta semana como testigo a dos exresponsables de aquellas oposiciones, que han negado que se filtrara el examen o que se les indicara que había que facilitar el aprobado de Ríos.

El expresidente de España y expresidente del partido condenado por corrupción M. Rajoy, el Asturiano, el Barbas o como usted quiera llamarlo, ha hablado después de hacer un impúdico paripé ante el juez de la Kitchen como sólo le está permitido hacer a presuntos delincuentes relacionados con la derecha del PP. Ha hablado, ¡cómo no!, para denigrar al presidente del Gobierno que lo desalojó de la Moncloa por corrupción. El lector del Marca, notable figurante en los papeles de Bárcenas, promotor de la Ley Mordaza y defectivo orador (por no mentar el ADN franquista de su partido) ha hablado de dictaduras.

Acusa a China de apoyar a Rusia frente a Ucrania, motivo por el cual considera que hay que alejarse de China y acercarse a EEUU, soslayando la excelente sintonía entre Trump y Putin y el maltrato a Zelenski en la Casa Blanca. También acusa al país asiático de “no cortarse nada al apoyar a las dictaduras latinoamericanas”, obviando el largo historial del imperialismo yanqui como inductor de golpes de estado en Sudamérica para poner los gobiernos en manos de dictadores como Batista o Pinochet y títeres afines como Milei o Machado. El propio presidente Trump tiene los tintes y los modos de un dictador criminal.

En un ejercicio de desnorte ideológico y lingüístico, del que es consumado maestro, opina que el lugar de España y de Europa “debe seguir siendo con las democracias”, donde incluye a los EEUU de Trump, el Israel genocida, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait porque “si no, ¿con quién vamos a estar, con las dictaduras?”. Metido en faena, 'el Asturiano' ha defendido a la OTAN como instrumento de defensa de Europa, en el caso de que sea atacada, si el atacante no es norteamericano, es decir, soviético o moro. 

Para rematar, el Barbas ha planteado, como reto para Europa, evitar guerras y proteger las democracias ante “enemigos muy serios” como el populismo de “extrema derecha, izquierda y de extrema necedad”. Mucha necedad se ha de tener para no sentir un escalofrío en el cogote cuando se escucha esto al mismo tiempo que Guardiola, Azcón y el propio Feijóo asumen y defienden como propio el discurso de la prioridad nazional que proponen vividores provocadores como Abascal y aplauden populismos como el de Ayuso.

Hay que ser de una pasta especial para ejercer el contorsionismo político de la manera que lo hace el registrador Rajoy sin despeinarse. Hay que tener muy controlada por la puerta de atrás a la Justicia para declarar en la Audiencia Nacional como lo han hecho Mariano, María Dolores, Soraya y toda la patulea de granujas implicados en la Kitchen. Debe de ser poseedor de un altísimo grado de cinismo para hablar de dictaduras quien ha utilizado su paso por la Moncloa para llevar a cabo ilegales prácticas parapoliciales propias de Mafias y Gestapos.

Hay que ser M. Rajoy para minimizar su relación con Bárcenas después del “Luis, sé fuerte” y “hacemos lo que podemos”. Un Rajoy sabedor de que parte de la judicatura puede hacer y hace (Aznar dixit) y otra parte no menos significativa no oculta su militancia ideológica con la venia del Tribunal Supremo y del CGPJ. La Justicia es un arma cargada de pasado en un sistema político sin más programa que la dictadura del dinero ni más horizonte que sembrar odio y enfrentar a unos pobres con otros mucho más pobres.

En la línea de Rajoy y del PP, no extraña que Aldama apunte, sin pruebas, a Pedro Sánchez y la financiación del PSOE: la Justicia valorará y el PP recompensará su declaración.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

La fase de testificales de Kitchen encara ya su recta final. Después de tres frenéticas semanas navegando entre números de carné profesional y políticos que no recuerdan nada –un clásico en este tipo de procedimientos–, la vista oral se adentra ahora en un momento clave para las defensas. Una parte importante de las testificales previstas para las próximas sesiones han sido propuestas, precisamente, por los abogados de la decena de acusados. Tras el terremoto provocado por la comparecencia del investigador principal de la Gürtel, el juicio se retomará el próximo lunes con todas las miradas puestas sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un foco que ha colocado sobre ambos organismos, fundamentalmente, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pieza central de todas las tramas policiales.

Frente al tribunal que juzga la supuesta operación parapolicial sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno está previsto que se sienten, por el lado de la unidad de élite del Instituto Armado, Manuel Sánchez Corbí, ex coronel jefe de la misma y fichaje estrella de Acciona, y Francisco de Borja, quien fuera agente del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO. Y, en la esfera del servicio de inteligencia, quien fuera durante una década su director, Félix Sanz Roldán, y el exagente David Rodríguez Vidal, que está en el origen de la caída de Villarejo. La sombra de sospecha en torno al CNI ha planeado desde el principio en la investigación de la Kitchen, si bien nunca se llegó a explotar esa línea de investigación.

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, quien durante años tuvo a los espías bajo su control, dijo esta semana que no le constaba que el CNI hubiese vigilado al entorno de Bárcenas. Pero la testifical propuesta por el abogado del comisario jubilado, quien siempre ha tenido a Sanz Roldán como su némesis, va por otros derroteros. En su escrito de defensa, relata que la UCO recibió en su día una información de Vidal que derivó en una reunión con el fiscal jefe Anticorrupción y el fiscal que acabó haciéndose cargo del caso Tándem. Y que, pese a participar en un momento inicial de las pesquisas, "no informó en ningún momento" de que había tenido a su "disposición" los "documentos" que luego se aportaron de "forma anónima" e, incluso, que "conocía la identidad del denunciante".

El comisario jubilado, en resumen, va directamente a la raíz de todo. Así, sostiene que los movimientos relatados contaminan Tándem. Y, por ende, también Kitchen. Algo parecido a lo que apunta también el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. En su escrito de defensa, el ex número dos del Ministerio del Interior sostiene que "existen poderosos indicios que permiten suponer" que la "causa real de entrada" en los inmuebles de Villarejo de la que deriva la macrocausa "pudo ser el interés de determinados organismos del Estado en acceder a información" que pudiera custodiar el comisario jubilado en los mismos.

"El Juez Central de Instrucción autorizante de la primera causa fue engañado por la Fiscalía Anticorrupción, al presentarse como notitia criminis una supuesta denuncia anónima que no era tal, privando a las defensas de la primera causa de impugnar la legalidad de las diligencias y de la entrada en los inmuebles y, por contagio, para las siguientes piezas separadas", completa el escrito de Martínez. Una causa de nulidad que, sin embargo, no apreció la Audiencia Nacional cuando impuso la primera sentencia contra Villarejo, donde quedó avalada la génesis del procedimiento judicial.

La última versión del calendario remitido por el tribunal también incluye en la lista de testigos del próximo lunes al empresario Javier Pérez Dolset o a Agustín Linares. Este último, ex director general operativo de la Policía Nacional, aparece en una de las múltiples grabaciones filtradas en los últimos años. La cinta versa sobre una reunión en la que participa el policía jubilado por invitación de Eugenio Pino, director adjunto operativo y uno de los acusados en Kitchen, quien le llama porque le considera "padre putativo" de Villarejo, que está que trina porque le investiga Asuntos Internos, dirigido entonces por Marcelino Martín-Blas, a quien sugieren puentear. Es precisamente este comisario retirado, también sentado en el banquillo de los acusados, quien pide la testifical de Linares.

También está previsto que a lo largo de la semana presten declaración en el juicio, en este caso a petición de la defensa del exchófer de Bárcenas, varios miembros del tribunal calificador de las oposiciones que le dieron acceso al Cuerpo Nacional de Policía. En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que, además de los pagos con cargo a los fondos reservados –más de 50.000 euros–, Sergio Ríos obtuvo como contraprestación por su labor como informante en la Kitchen una plaza de policía.

Las sesiones celebradas hasta el momento han permitido a las acusaciones martillear la coartada de las defensas y apuntalar su tesis en torno a la existencia de una operación parapolicial de carácter ilegal que buscaba hacerse con información comprometedora para el PP que su extesorero pudiera introducir en la investigación del caso Gürtel. También han servido para dibujar, a través del testimonio del principal investigador de esa trama corrupta, una suerte de cúpula policial al servicio de la formación conservadora, con trabas a la investigación y continuas filtraciones. Y para comprobar que, aunque piense que no están en el banquillo todos los que fueron, Anticorrupción no está dispuesta a abordar en el juicio la posible rama política de la Kitchen. Esa parte quedó fuera del perímetro marcado por el tribunal. Y el fiscal no piensa salirse un milímetro de esos límites.

Cualquier pensamiento independiente, sea conservador o progresista, estará observando con gran inquietud que una parte de los poderes del Estado —el judicial— muy importante e imprescindible en una democracia, da la sensación o parece querer entorpecer, por no decir perjudicar, anular o destruir a otra parte, al poder ejecutivo y su presidente al frente, al que quieren sentar en el banquillo. Esto es el pensar de muchos ciudadanos. Desde el mismo día que Rajoy fue expulsado por el parlamento democráticamente elegido, venimos asistiendo a un acoso y derribo por una oposición que no acepta las reglas democráticas, o más grave, las malutiliza sólo para destruir al adversario y sentarse en el poder. En vez de alternativas, se erige en un ventilador de bulos o mentiras que han sido creadas por una prensa afín y bien pagada, con el único objetivo de destruir y no para construir una alternativa. Alimentan, o mejor dicho, institucionalizan la corrupción. ¿Acaso habrá mayor corrupción que la de aquellos diputados con un discurso que se limita al insulto, en vez de elaborar con inteligencia y conocimiento alternativas y programas que fuesen útiles a los ciudadanos que les pagan el escaño?

Al oírlos a veces me recuerdan a aquellos malos estudiantes que copiaban para aprobar. Pero lo que pasa ya ha pasado, Goebbels creó una propaganda para anular la inteligencia crítica del ciudadano. El miedo, relatos falsos, confusión y miedo, era el objetivo. Hay un ambiente de sospecha generalizada de que la justicia no es igual para todos. Varios ejemplos aseveran esta preocupante sospecha: el desarrollo y sentencia contra el fiscal general, la pertinaz persecución a la mujer del presidente del Gobierno, los fallecimientos de ancianos en las residencias de Madrid y la pasividad de la justicia, la gran tragedia de la dana en Valencia en donde el sospechoso aún ocupa un puesto oficial..., y ahora la Gürtel y la Kitchen en donde los testigos con responsabilidad y mando no se acuerdan de nada. ¿Para qué decir la verdad si no me va pasar nada?

Se está cumpliendo a rajatabla aquella fatídica frase que se perpetuará en la historia negra de la política: "El que pueda hacer que haga". Los líderes de la maldad que infiltran, contaminan y dictan el pensamiento conservador, aquí como en el mundo, saben que no pasa nada. Les arropa el poder que los mueve como marionetas. El poder por el poder siempre ha preferido marionetas o mediocres sin escrúpulos para poderlos mover a su antojo. Los valores que deben regir al ser humano en caída libre. Se asesina a niños y mujeres en Gaza, y la Europa de la democracia y el humanismo muda o tibia sin actuar, que es peor. Se rapta a un presidente de un país soberano, se le encadena y se le juzga por los mismos que lo raptaron en contra de las leyes internacionales, y no pasa nada. Se invade y se bombardea a civiles en Irán con falacias, y tampoco pasa nada. Pero ya viene de antes, no pasó nada cuando dejaron a Libia como tierra sin Estado, o tras la invasión y destrucción de Irak ajusticiando con brutalidad a su presidente para vergüenza de los que se autoproclaman defensores de la justicia. Esa inestabilidad de los países de Oriente medio, incluyendo a Siria, ha empujado a millares, por no decir millones, de refugiados que escapaban para morir en el Mediterráneo, quizá la mayor tumba de inocentes. No los han dejado entrar —¡oh, paradoja!— aquellos que crearon las guerras en sus países. Pero tampoco pasa nada tras la guerra ilegal contra Irán, promovida por el sionismo y su aliado, los EEUU, del encarecimiento de la vida.

Las repercusiones negativas deberían pagarlas aquellos ciudadanos —¿súbditos?— que están a favor de las guerras. Lo peor es que continúa el silencio a excepción de algunas voces que protestan reclamando una dignidad perdida ante los que se autoproclaman líderes de la democracia, pero que siguen sin hacer nada. Pero lo preocupante es que aquellos que quieren destruir lo conseguido, con esfuerzo y sacrificios, pueden ser elegidos por los mismos a los que les quieren quitar el pan, las medicinas o la libertad. El mundo al revés. Pero ya también ha ocurrido cuando millones de europeos, y no sólo alemanes, vitoreaban a Hitler y sus secuaces.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

Para sorpresa de nadie, la votación del decreto del alquiler salió mal. Obtuvo 166 votos a favor, 177 en contra y cinco abstenciones, por lo que no logró convalidarse. El rechazo salió adelante por los votos de PP, Vox y Junts. La consecuencia práctica es que deja de estar vigente la prórroga automática de hasta dos años y también cae el tope del 2% para las actualizaciones de renta previstas en ese decreto.

Las redes no han tardado en hacerse eco de la noticia y la indignación ha dominado la conversación entre los usuarios. "Por lo visto, 'Prioridad Nacional' significa que un español no pueda pagar el alquiler porque un fondo buitre extranjero le sube un 50%", por @BenderOfuscado, "Si veis que el primer día del mes hay pocos diputados en el Congreso es porque han ido a cobrar el alquiler a sus inquilinos", ironiza @chemapizca, “El rentismo no es un trabajo, es parasitar sueldos ajenos violando el derecho de tener una vivienda digna", valora @hannibal.bsky.social, ‪”Parece que al PP, VOX y JUNTS no les caen bien sus inquilinos”, critica @bobestropajo.bsky.social‬.

Esta semana ha estado bien servida en lo referente a juicios y declaraciones en tribunales. Por un lado, el inspector Morocho afirmaba que la Kitchen no se hizo para ayudar a la investigación y que "fue sin autorización judicial"; por otro, Víctor de Aldama, en el Tribunal Supremo, señalaba sin pruebas a Sánchez como jefe de la trama del caso mascarillas, y aseguraba que sus pagos financiaban al PSOE. La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría también pasó por los juzgados y, a pesar del interés que despertaba su testimonio, pasó sin pena ni gloria por la sala, duró un cuarto de hora. Y apenas aportó información.

Las redes, una vez más, han sacado punta a todo lo que se ha cocido en los juzgados: "Caso Kitchen: el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría, que suplió al presidente Rajoy durante la moción de censura, declara que no le consta conocer al tesorero Bárcenas", postea @TheObjectivo junto a una foto de la mesa en la que estuvo declarando la expresidenta con un bolso colocado encima. "Criticáis a la UCO porque lleva 300 días sin el informe sobre el novio de Ayuso, pero es que había dado prioridad a lo de Ábalos y Koldo, por lo que sea", ironiza @CarlWinslou, “Contratar a Aldama como cuentacuentos para mis hijos pequeños me proporcionaría mucho tiempo libre”, apunta @wilma78.bsky.social.

Otra noticia que ha hecho las delicias de las redes ha sido el anuncio de la carrera que estudiará Leonor. La Casa Real hacía público que la princesa de Asturias cursará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. "Doña Leonor estudiará Ciencias Políticas para ganar todas las elecciones, a joderse", bromea @DonMitxel_I.

Nuevo salseo en la cúpula de Vox. La filtración de unos mensajes de un grupo de WhatsApp del Comité Ejecutivo Nacional, en los que se habría decidido apartar a Javier Ortega Smith de la cúpula del partido en apenas unos minutos y sin un debate real, ha dado rienda suelta a la mofa entre los usuarios de redes sociales. Según esas conversaciones, publicadas por El Mundo, Ignacio Garriga planteó su cese, Santiago Abascal lo formalizó y la dirección lo aprobó por WhatsApp, pese al voto en contra del propio Ortega Smith.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Cuenta que hubo una época en la que la confianza en sus superiores era nula. Un tiempo en el que intentaban quitarle de en medio enterrándole en trabajo o dándole la patada hacia arriba. Un periodo en el que, con tono despectivo, se le calificaba por los pasillos como "la bestia negra del PP". Pero este miércoles, Manuel Morocho, antaño inspector jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) e investigador principal de la Gürtel, ha sido en la Audiencia Nacional el encargado de tirar la última palada de tierra sobre la principal línea de defensa de los acusados en Kitchen. El agente 81.067 ha negado con contundencia que las vigilancias sobre el entorno del extesorero Luis Bárcenas contasen con autorización judicial. Y ya, de paso, ha dibujado toda una trama policial al servicio de la formación conservadora.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado que formaran parte de, como dice la Fiscalía Anticorrupción, una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" que pudieran "resultar incriminatorias" para el PP y sus máximos dirigentes en Gürtel y que pudiera tener Luis Bárcenas. Fue, más bien, según sus argumentos, una "operación policial, justificada y totalmente legal" para encontrar cuentas bancarias que el extesorero pudiera tener en el extranjero.

Pero dos inspectores jefes se han encargado durante el juicio de poner en cuestión esa tesis. El primero fue Gonzalo Fraga, el investigador principal de la Kitchen. "No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora", dijo el agente de Asuntos Internos, que fue quien abrió la ronda de testificales. Algo que ahora se ha encargado de apuntalar, precisamente, el investigador principal de aquella causa de corrupción. "Había una operación policial que no contaba con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno", ha resonado este miércoles en la sede central de la Audiencia Nacional.

Son varios los elementos expuestos que apuntan en esa dirección. Es el caso, por ejemplo, de la "opacidad evidente", en palabras del propio Fraga, sobre los trabajos que se estaban desarrollando, fundamentalmente, desde la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información. Algo que no se hizo aflorar en las bases de datos hasta casi dos años después. La Kitchen no se introdujo hasta mediados de 2015 en GATI, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras.

La Fiscalía Anticorrupción considera que con ese movimiento los acusados buscaban "enmascarar la operación policial". Es decir, legalizarla. Morocho ha explicado que el "protocolo" de 1995 que regula el funcionamiento de GATI "dice taxativamente" que la investigación debe registrarse cuando se inicia –y eso es, precisamente, lo que ellos hicieron en 2007 cuando empezaron a investigar Gürtel– y, a partir de ahí, se va "alimentando" con nuevos datos de los que se vaya disponiendo. Pero en este caso se hizo tiempo después. Y eso impidió que se realizaran los cruces y que el inspector jefe tuviera conocimiento de estas pesquisas realizadas bajo el paraguas de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que no es una unidad investigadora, hasta agosto de 2015.

"Cuando se recibió la información el procedimiento estaba ya cerrado", ha explicado Morocho. En mayo de ese año, se había dictado auto de apertura de juicio oral en Papeles de Bárcenas, pieza separada de Gürtel. Y nadie antes le había informado ni de la existencia de un topo en el entorno de los Bárcenas ni de la posible existencia de fondos en las Antillas Holandesas o Cracovia. Nunca, "como responsable de la unidad de auxilio judicial", le "llegó" ninguna "nota informativa de inteligencia" sobre este tema procedente de la Dirección Adjunta Operativa, que entonces tenía como cara visible al comisario Eugenio Pino. Y él nunca, como investigador principal en Gürtel, pidió el apoyo de la UCAO o de Instituciones Penitenciarias para hacer indagaciones respecto a Bárcenas o su entorno.

"Yo hice un oficio cuando comenzó Gürtel solicitando que se me comunicara a mí expresamente, además de al comisario general o al jefe de unidad, si había cruce con alguna investigación secreta respecto de alguno de los encartados, y eso a mí no se me ha comunicado", ha apuntado el inspector. Aunque las defensas sostienen que con la operación se buscaba el dinero en el exterior de Bárcenas, lo cierto es que la primera vigilancia de la que se tiene constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013, cuando las autoridades suizas ya habían aflorado los 47 millones vinculados al extesorero en la Confederación Helvética.

La extensa comparecencia del agente 81.067 ha permitido, además, dibujar una suerte de trama policial al servicio total del PP. Durante buena parte del interrogatorio, el inspector ha relatado las continuas trabas impuestas por la cadena de mando durante la investigación de Gürtel. Así, ha mencionado las presiones para que no mencionara en sus informes al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como perceptor de sobresueldos. O al empresario Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, como uno de los donantes de la formación conservadora.

Todas esas "imposiciones", ha explicado a preguntas del abogado de Podemos, se las hacían sus superiores analizando solo "el informe final", no toda la documentación con la que él había trabajado y que le llevaba a las conclusiones que se plasmaban en el mismo. Es más, ha deslizado que a sus jefes solo parecía interesarles "cuántas veces" se mencionaba "al PP" en los documentos que elaboraban o si aparecía "algún cargo" de la formación conservadora. Una cadena de mando en la que, ha reconocido el inspector, no confiaba: "No estaban avalando la investigación que nosotros estábamos haciendo".

"Se pretendía que vulnerara la neutralidad que debo tener en una investigación", ha lanzado Morocho. Es más, ha explicado que él tenía que moverse "con inteligencia" porque había "mucho interés" en tumbar el procedimiento: "Maniobras que podían torpedear o dar armas para pedir la nulidad de alguna de las pruebas". Además, y siguiendo con los palos en las ruedas, ha relatado que sus superiores tardaban en visar los informes que él elaboraba, lo que retrasaba durante meses el envío de los mismos al juez instructor. Entre otros, ha puesto como ejemplo uno relativo a los regalos de la trama que salpicaba al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y la exministra Ana Mato (entonces marido y mujer), que estuvo más de un año en el aire. Y se presentó porque así lo exigió el magistrado ante el riesgo de prescripción de los delitos.

"Se demoraban tanto tiempo porque se escrutaban desde diferentes ángulos", ha señalado Morocho. De hecho, y en este sentido, ha apuntado hacia otro de los acusados: Andrés Gómez Gordo. Así, ha contado que un día se le "escapó" a quien era su jefe en la UDEF que los documentos eran analizados, entre otros, por dicho inspector jefe, quien había trabajado para Cospedal en Castilla-La Mancha como director general de Documentación y Análisis. 

Durante su declaración, el investigador de la Gürtel, que ha tardado más de tres lustros en ser juzgada en su totalidad, ha deslizado que el PP tenía acceso a los informes de la investigación. Unas filtraciones sobre las que puso el acento el propio juez instructor en una de sus resoluciones.

Sobre el informe que afectaba al matrimonio Sepúlveda-Mato, Morocho ha resaltado que el comisario José Luis Olivera le pidió una copia. De hecho, ha dicho que siempre estuvo interesado en tener acceso al contenido de lo que ellos hacían. "Me dijo que sería conveniente que le participase los informes y me dio un correo personal, pero yo no le remití nada", ha explicado al tribunal. Es más, el inspector ha llegado a relatar cómo en una ocasión el propio Olivera le llegó a reconocer que le había facilitado a la ex secretaria general del PP un fax intervenido a Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, que iba dirigido a Luis Bárcenas. "Me dice: ya me he encargado yo de que ese documento lo tenga Cospedal en su caja de seguridad. Me quedé estupefacto", ha contado.

El agente ha dibujado, de principio a fin, el mismo "panorama desolador" –en palabras del magistrado Manuel García-Castellón– que describió en la fase de instrucción, donde el cierre precipitado de las pesquisas apenas permitió profundizar en la conexión política de la Kitchen. Un periodo en el que se intentaron "quitar de en medio" al policía que se estaba enfrentando a una de las grandes tramas de corrupción de la historia reciente. A golpe de "hostilidad manifiesta", como cuando el comisario Enrique García Castaño, antaño jefe de la UCAO, le dijo: "¿Y tú qué haces aquí? Deberías estar muerto". A base de enterrarle en trabajo. O de trasladarle de manera forzada durante unos meses a la DAO, donde el inspector José Ángel Fuentes Gago, miembro de la mal llamada brigada patriótica y también acusado en Kitchen, le llegó a pedir que revisara el famoso informe Pisa contra Podemos.

A los delitos también se les pasa el arroz, se les va el santo al cielo, se les marcha un tren que no volverá a pasar. La Justicia es ciega, pero debería andarse con ojo, porque se le escapan los caracoles, sobre todo cuando los investigados son ricos y poderosos, es decir que tienen abogados capaces de convertir la ley en la trampa y lograr que dos más dos sea igual a lo que le convenga a su cliente. La Audiencia Nacional exonera a Jordi Pujol del juicio contra él y su familia por la fortuna que tenían oculta y cuya procedencia no se ha llegado aún a esclarecer, debido a su deterioro cognitivo, fácil de entender a sus noventa y cinco años de edad. Se fue de rositas. ¿Les parece poco? Pues el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tampoco va a procesar a Mazón.

La antigua cúpula del Partido Popular tampoco parece que vaya a pagar ningún precio por haber usado el Ministerio del Interior, a la policía y probablemente al CNI para que intentasen destruir las pruebas que tenía contra ella el tesorero de su partido. Visto el resultado, no debieron de reclutar tampoco a los más listos. Y eso que lo intentaron todo, desde mandarle a casa a un ladrón disfrazado de cura hasta destruir su ordenador a martillazos, y como no funcionó, tiraron de las fuerzas de seguridad para que les sacasen las castañas del fuego. Pero algún juez muy colega no se vio capaz de establecer relación alguna entre el presidente Mariano Rajoy y M. Rajoy, o sea que si es blanco y en botella debe de ser un bidón de petróleo.

Así que ni el jefe del Gobierno de entonces, ni sus vicepresidentas, ni sus colaboradores más cercanos tuvieron nada que ver con ese asunto, o no se puede demostrar que lo tuvieran, o las grabaciones e indicios que parecen probarlo a las claras no les parecen suficientes a quienes les investigan, aunque, la verdad, durante el proceso algún miembro del tribunal ha parecido más su guardaespaldas que su jueza… Así que más de lo mismo para los máximos responsables políticos de aquel Ejecutivo tramposo: quedarán impunes, se han lavado las manos y se marcharán por donde han venido.

Y mientras, los relojes que van tan lentos hacia la derecha, lo hacen muy deprisa hacia la izquierda: si comparas los delitos de los que se acusaba al fiscal general del Estado con los que implica el lodazal de la Kitchen, y ves lo fino que han hilado en unas cosas y lo ciegos que parecen a la hora de vigilar otras, y cada vez que oyes eso del respeto por la Justicia… te tienes que reír. Lo contrario sería echarte a llorar y no merece la pena, que esto son cuatro días y ninguno vuelve.

Una veintena de personas han declarado esta semana en la Audiencia Nacional en relación con la llamada operación Kitchen. Han sido cuatro sesiones intensas en las que, por vez primera, el foco ha salido del Ministerio del Interior, que el instructor fijó como "centro nuclear" de la trama, para colocarse sobre la rama política, en referencia a la posible conexión del PP con el supuesto operativo parapolicial para evitar que información comprometedora que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas acabase en la investigación de Gürtel. Una batería de interrogatorios que, además, han dado algo de oxígeno a la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que por el momento no ha salido muy dañado de las primeras semanas de juicio.

Dos son los elementos que salpican al exdirigente conservador en la causa. Por un lado, el testimonio que dio en fase de instrucción del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Por otro, los mensajes que el exnúmero dos de Interior protocolizó ante notario. Es, básicamente, lo que le sitúa como conocedor de la Kitchen. Y lo que llevó en su día al instructor a concluir: "En una fecha que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013, Jorge Fernández Díaz [...] con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez [...] a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Luis Bárcenas con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación [...] denominada papeles de Bárcenas".

Los mensajes en cuestión, todos ellos recibidos por el ex secretario de Estado de Seguridad, fueron protocolizados ante dos notarios distintos en los meses de junio y octubre de 2019, en un momento en el que la investigación judicial se encontraba bajo secreto. En la primera tanda, destacaba uno fechado el 13 de julio de 2013 en el que se hacía mención al exchófer del tesorero, el topo alrededor del cual giró toda la operación: "Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Y otro del 2 de agosto de ese mismo año en el que se daba respuesta a un mensaje de Martínez relacionado con un contacto: "Lo tendré al acabar el Consejo, así hemos quedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info".

Y en la segunda, se recogía un mensaje fechado el 18 de octubre de 2013: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica. Es decir, que no sería información para el J a efectos publicación..: eso es lo que ha dicho, insisto y es muy probable que esa fuera la intención..). // Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información... veremos. Te informo".

Las fechas son clave. La primera vigilancia a la familia Bárcenas por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información de la que existe constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013, 12 días después del mensaje que arrancaba con aquel "Chófer B.". Y el de "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo" fue enviado, precisamente, un día después de que el comisario jubilado José Manuel Villarejo apuntase en su agenda, junto a la palabra "Big" –es como se refería a Enrique García Castaño, comisario jefe de la UCAO– lo siguiente: "Relación cocinero-copiando Tfnos [sic]". Dos agentes confirmaron la pasada semana en el juicio que clonaron a mediados de octubre de 2013 dispositivos electrónicos de Bárcenas.

Martínez acudió al notario por primera vez dos días después de que su exjefe saliese públicamente a desvincularse de la operación con aquel "me estoy enterando ahora", unas declaraciones que irritaron a su exnúmero dos: "Está haciendo lo mismo que con las grabaciones. Pero esta vez sí se va a arrepentir. Ni se imagina la que le espera" –dijo a quien fuera director de comunicación del Ministerio del Interior–. Los mensajes, según comprobaron ambos notarios, fueron enviados desde un número que Martínez tenía guardado en su terminal con el nombre de "Jorge Fernández Díaz". Y dada la importancia que los mismos tienen en el caso, la estrategia del exministro ha pasado en todo momento por negar su existencia, presentando en instrucción un peritaje que cuestiona su "autenticidad e integridad".

Tiene, en este sentido, elementos que juegan a su favor. Por ejemplo, el "borrado" de los mensajes que llevó a cabo Martínez tras su documentación ante notario, lo que impidió a la Policía acceder a los mismos. La investigación trató entonces de cubrir esa laguna a través del móvil de Fernández Díaz. Tras su declaración como investigado, se revisó, con su permiso, su dispositivo, sin que se hallaran mensajes cruzados entre ambos. La explicación era sencilla: había cambiado de terminal hacía unos meses. El juez pidió entonces que entregase el anterior y, sobre todo, el que utilizaba en 2013. El exministro, sin embargo, dijo que no disponía de aquel que usaba en el momento de los hechos. Solo entregó, por tanto, el que acababa de cambiar, un teléfono en el que no había un mensaje con su exnúmero dos.

"La única constancia de estos mensajes es impresa a través de las actas notariales, pues los mensajes no han sido aportados por el Sr. Martínez ni localizados en ningún terminal", rezaba el escrito de defensa del exministro de cara al juicio. Una vista oral en la que ya han comparecido, de hecho, los dos fedatarios. El abogado de Fernández Díaz se empleó a fondo en ambos casos. Y consiguió lo que estaba buscando: que los notarios reconocieran que dejaron constancia de lo que vieron y de lo que le dijeron, pero nada más. "¿Usted puede dar fe de cuál es el origen del mensaje?", preguntó a uno de ellos, que respondió con un "No". "Yo nunca puedo acreditar esa procedencia", lanzó esta misma semana el segundo.

Queda, sin embargo, algún fleco alrededor de esta cuestión. Aunque ambos notarios señalasen que ellos no podían certificar que el móvil desde el que se enviaron dichos mensajes fuera el del exministro, lo cierto es que los investigadores sí comprobaron durante la fase de instrucción los datos de titularidad de esa línea móvil. "Se ha comprobado cómo en el año 2013 su titular es el Ministerio del Interior (de 31.12.2011 a 01.10.2015) y a partir del 05.07.2019 Jorge Fernández Díaz", recoge la Unidad de Asuntos Internos en un informe. La defensa de Martínez reclamó hasta el último momento que se oficiase a la compañía telefónica para que informara sobre llamadas, mensajes SMS y consumo de datos entre julio y octubre de 2013 de ese número. Pero la instrucción se cerró sin dicha diligencia.

Pero no son solo los mensajes lo que incrimina a Fernández Díaz. También está el testimonio de su exnúmero dos, quien le señaló directamente. Ante el instructor, dio la misma versión que ya había ofrecido en entrevistas previas. "Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito", dijo a El País. Una versión que habrá que ver si sigue manteniendo. Jefe y subordinado están, desde hace años, enfrentados, si bien hasta el momento las defensas parecen estar trabajando de forma coordinada en el juicio.

Al rescate de uno y otro salieron esta semana sus antiguos compañeros de partido y de Gobierno. "En todo este tema no ha habido una operación política", lanzó durante su declaración el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Más bien, continuó, se trataba de una "operación policial" cuyo "objetivo fundamental" era "coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros". "Y estoy convencido de que se ajustó a la legalidad", completó el exlíder del Ejecutivo. Esa es, precisamente, la tesis que mantienen las defensas. Una versión que, sin embargo, se tambalea, dado que la información que se iba recabando ni se incorporaba al sistema interno policial ni se facilitaba a juez, fiscales o investigadores de la Gürtel.

Fernández Díaz y Martínez son, de hecho, quienes podrían hacer escalar el caso en el organigrama. Y, de hecho, la defensa del primero ya vino a insinuar en alguno de sus escritos que igual había que empezar a mirar más hacia el PP en la búsqueda del origen de la Kitchen. Pero los letrados de ambos evitaron poner en aprietos al expresidente. Y se limitaron a plantear algunas preguntas inofensivas para apuntalar su defensa. Y él, a cambio, les lanzó un salvavidas vendiendo una imagen de una cúpula del Ministerio del Interior que ni maneja fondos reservados –ambos están acusados, precisamente, de malversación– ni se entera de las operaciones policiales ni conoce a los confidentes.

Rajoy, como en la canción de Sabina, lo niega todo, incluso la verdad. Lo cual no es ninguna sorpresa. Pero merece la pena explorar un poco lo que esconde esa natural desgana, esa retranca del personaje que al parecer produce cierta empatía aunque le sirva a la persona para esquivar responsabilidades gravísimas. Porque entre gracieta y gracieta conviene no olvidar que, bajo la presidencia de Rajoy, todo un ministerio del Interior dedicó (presuntamente, de momento) recursos y esfuerzos a eliminar cualquier prueba que Luis Bárcenas pudiera emplear para salpicar a dirigentes del Partido Popular y del Ejecutivo en las múltiples irregularidades ya sentenciadas por el Supremo en el caso Gürtel. Como tampoco olvidamos que en esos mismos años, y bajo la misma presidencia del Gobierno, en el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se dedicaban (presuntamente, de momento) a legislar al dictado de empresas privadas a cambio de mordidas millonarias. Todo graciosísimo. Muy típico de gobiernos de repúblicas bananeras donde política y mafia se dan la mano.

Lo que Mariano Rajoy hizo el jueves durante la media hora que pasó por la Audiencia Nacional fue defender a su amigo y subordinado durante muchos años Jorge Fernández Díaz y al número dos de este, su secretario de Estado en Interior, Francisco Martínez. Y, de paso, defenderse a sí mismo aunque formalmente nunca haya sido acusado. Por eso sostiene Rajoy que la Kitchen “no fue una operación política”, sino “una operación policial” cuyo objetivo fundamental era “coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros”. Y, por supuesto, todo “se ajustó a la legalidad” (ver aquí). Y los elefantes vuelan y los caballitos ladran. A estas alturas es más que evidente quién era el beneficiario de toda la Operación Kitchen: se llama Partido Popular y se apellida Rajoy, Cospedal, etcétera, etcétera. La pregunta es quién ordenó ponerla en marcha y la mantuvo, utilizando hasta setenta agentes de policía para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del partido. 

El pasado lunes, en la misma sala del juicio, Bárcenas señaló directamente a Rajoy al contar cómo la trama hizo desaparecer un audio en el que se escuchaba al también presidente del PP meter en la trituradora la última página de la “contabilidad extracontable” (o sea, ilegal, en negro) en presencia del tesorero que él mismo había nombrado (ver aquí). Rajoy asegura que eso es “absolutamente falso”. Y es la palabra de uno contra la del otro, puesto que ya se encargó precisamente la Kitchen de destruir cualquier prueba documental (o no, quién sabe si en las profundas alcantarillas de Villarejo existe alguna copia) que pudiera aclarar el enigma.

Pero lean: “Es claro que el origen de la Operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio”. Esto escribía, negro sobre blanco, la defensa del exministro Fernández Díaz en julio de 2021. Por entonces los principales acusados iban lanzando dardos para que en las alturas del PP tuvieran claro que no se iban a “comer el marrón” de unos cuantos años de cárcel por unas prácticas mafiosas cuyo único interés era de partido, no policial. De hecho, no se conoce que durante todo ese periodo la trama llevara ninguna de sus pesquisas o acciones a la autoridad judicial correspondiente. 

Y además, a Rajoy le traiciona la cronología. El mensaje de “Luis, sé fuerte” lo envía el 18 de enero de 2013, dos días después de conocerse que Luis Bárcenas oculta una fortuna millonaria en Suiza. Dice ahora que la Kitchen, que se puso en marcha en verano del mismo año, perseguía la recuperación del dinero de Bárcenas, cosa que, a la luz de ese mensaje enviado, tenía sin dormir a Rajoy, más ocupado por esas fechas en recortar servicios públicos y subir impuestos.

Por último, sostiene Rajoy –también en su día responsable de Interior–, que ni los ministros ni los secretarios de Estado ni, por supuesto, los presidentes “están en las operaciones policiales” ni en “los fondos reservados”. Ahora va a resultar que Rajoy defiende la inocencia de José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el Supremo en los años noventa por una operación parapolicial ilegal realizada con dinero público.

La amnesia selectiva de Rajoy, casi tan aguda como la de María Dolores de Cospedal, y las clamorosas mentiras de ambos fueron celebradas por las defensas de Fernández Díaz y Francisco Martínez con unas pocas preguntas cómplices. Y, si cabe aún más llamativo, el silencio de la fiscalía y de la abogacía del Estado. Siempre hay una explicación técnico-jurídica o procesal que lo justifica todo. Y en este caso todo está condicionado, como ya hemos advertido alguna otra vez, por la instrucción del juez Manuel García-Castellón, que se esforzó muchísimo en delimitar toda la investigación de la Kitchen al ministerio del Interior, evitando explorar a fondo la vertiente política que conducía a las alturas del PP y del Gobierno. Incluso se han dejado fuera de este juicio de la Kitchen audios que todos hemos escuchado y que ponen en evidencia la declaración que este mismo jueves hizo Cospedal. “Yo a Villarejo le hacía preguntas, no encargos”, aseveró tan pancha, y añadió además que nunca había hablado por teléfono, “ni fijo ni móvil”, con el comisario, como si no hubiera escuchado media España su voz indicándole que lo de “la libretita” donde Bárcenas apuntaba sus pagos “sería mejor lograrlo parar”. Pero resulta que Cospedal puede mentir sin consecuencias, precisamente por su estatus peculiar de testigo que fue imputada con un archivo provisional de la causa (ver aquí).

Por mucho que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, justifique su actitud en los interrogatorios de estos días como consecuencia de que sólo cabe en este juicio lo que figura en los escritos de acusación, se agradecería un mínimo esfuerzo por lo que debería ser el objetivo prioritario de una causa judicial: conocer los hechos presuntamente delictivos, identificar a sus responsables y, por último, castigarlos si se demuestra su culpabilidad. Ni la retranca de Rajoy ni el sonriente cuajo de Cospedal, tan cómodos ambos con la permanente asistencia de Palacios cortando todo intento de evidenciar que es imposible juzgar la Kitchen sin conectarla con la Gürtel, ayudan en absoluto a otorgar alguna credibilidad al teatro judicial emitido en directo. Y respecto al fiscal y la abogacía del Estado, resulta asombrosa su renuncia a poner en aprieto alguno a Rajoy o a Cospedal mientras hay que leer tropecientas columnas en la prensa diestra denunciando la permanente “injerencia” del Gobierno en la acción de la justicia. A la vista está la eficacia de las “presiones” del malévolo Bolaños: Begoña Gómez, camino del banquillo con una petición de cárcel que casi dobla a la de Fernández Díaz; el hermano de Sánchez, también pendiente de juicio oral; el ex fiscal general, condenado sin prueba alguna; la Kitchen, juzgándose como si hubiera sido una ocurrencia de Villarejo y de otro policía cuya salud mental le impide declarar; y Ábalos y Koldo al borde de la trena (sobran los motivos) mientras el ínclito Aldama se pasea tan campante y el novio de Ayuso sigue comprando áticos en Chamberí. ¿Lo de Montoro? Pasito a pasito, con mucha calma y gracias al esfuerzo muy personal de una fiscal rigurosa y un juez de provincias sin apenas recursos.

Claro que debería decretarse una “prioridad nacional”: garantizar, de verdad, una justicia igual para todos.

El juicio de la operación Kitchen ha dominado la conversación en redes esta semana. Las declaraciones de Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal han hecho las delicias de los usuarios de X y Bluesky, recibiendo el absoluto protagonismo las palabras del extesorero y del expresidente del Gobierno.

Así, como resumen: Bárcenas ha dicho abiertamente que encargó a un preso que destruyera un audio del expresidente popular sobre la 'caja B' del PP. Rajoy, por su parte, ha negado la mayor desvinculándose de la Kitchen y apuntando a Bárcenas: "No creo que tuviera grabaciones, porque si las tuviera, las habría dado a conocer como hizo con otros muchos documentos". Las redes han estado muy activas comentando cada una de las declaraciones con ese punto de acidez e ironía que las caracteriza. "Por fin podrá descansar tranquilo Miguel Ríos", se mofa @Ruldia, "Es preocupante lo de la amnesia que le entra a esta gente, cuando pisa un juzgado. A ver si va a ser algún virus o algo que sólo actúa allí dentro", ironiza @Hanky_solo, "Me gusta más escuchar cantar a Bárcenas que a su hijo", se cachondea @DaniBordas.

Ione Belarra sacaba punta al juicio poniendo en la mesa la hipótesis de Riemann, un problema matemático tan complicado que sigue siendo estudiado para resolverlo. Lo compara con el hecho de que "tenemos la magnífica noticia de que, por fin, la justicia española, en su ámbito, resolvió la hipótesis de Riemann: quién es M. Rajoy. Por primera vez sabemos, gracias al señor Bárcenas, que M. Rajoy es Mariano Rajoy. Esto, que era un problema irresoluble (...), por fin lo sabemos", ironizaba.

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La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, se lo advirtió al inicio de su declaración. María Dolores de Cospedal ha comparecido ante la sección cuarta de la Audiencia Nacional sin la obligación de responder a todas las preguntas que tiene cualquier otro testigo llamado a declarar. Cospedal tenía el privilegio de no responder a cualquier pregunta que considerara que podría incriminarla.

Ese especial estatus procesal, derivado de su inicial imputación en el caso Kitchen y su posterior archivo provisional, en teoría no le permite mentir. Pero incumplir la obligación de todo testigo de no hacerlo no conllevaría ninguna consecuencia para ella. En caso de que volviera a ser objeto de acusación, el contenido de su testimonio de este jueves no podría ser utilizado contra ella, por el derecho fundamental a no declarar contra uno mismo. Tampoco podría actuarse contra ella por un hipotético delito de falso testimonio.

Palacios, la presidenta, le advirtió de que se le había comunicado desde la Audiencia que podría comparecer en el juicio con abogado. Cospedal aseguró, sin embargo, que no había recibido a esa comunicación, pero confirmó que estaba en disposición de declarar y que iba a responder a todo lo que se le preguntara. Y lo hizo, en muchas ocasiones en contra del contenido de los informes policiales en los que consta que mantuvo conversaciones telefónicas con el comisario jubilado José Manuel Villarejo –cuyos audios han sido ampliamente publicados por varios medios– para tratar de frenar las consecuencias del escándalo de los papeles de Bárcenas, que demostraron la existencia de una contabilidad B en el partido.

Varios jueces penalistas consultados por infoLibre explican que la situación procesal en la que ha intervenido Cospedal le permitiría una doble impunidad. Por un lado, sobre los hechos por los que inicialmente estuvo imputada y de los que finalmente el instructor del caso, Manuel García-Castellón, la eximió. Por otro, de las posibles falsedades que pudiera proferir durante su declaración en caso de que se demuestre su falta de veracidad. Más que un derecho, explican los expertos consultados, lo que Cospedal ha ejercido hoy en el juicio del caso Kitchen podría considerarse "un privilegio". "En teoría no puede mentir, solo puede no contestar. Pero si miente, no tendrá ninguna consecuencia para ella", señala uno de ellos.

Algunos de los pasajes del testimonio prestado por la exdirigente del PP y exministra de Defensa tienen difícil encaje en la realidad. Como cuando aseguró que nunca había hablado con Villarejo por teléfono, "ni fijo, ni móvil". Un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía recogió dos conversaciones con el comisario mantenidas con ella, precisamente, a través de un teléfono fijo. En la primera, del 20 de enero de 2013 –es decir, dos días después de que se publicaran los sobresueldos a cargos del partido–, Cospedal habla con Villarejo de la existencia de "una libretita" en la que estarían apuntados esos pagos y le dice que "sería mejor lograrlo parar". El comisario le responde que hará "todo lo posible".

Pese a esas conversaciones, Cospedal ha asegurado ante el tribunal sin ningún sonrojo que nunca habló con Villarejo del caso Gürtel. En los audios, sin embargo, el comisario aparece informando a la ex secretaria general del PP sobre sus gestiones para obstaculizar el caso de la contabilidad B del partido. Como en sus conversaciones y las de su compañero José Luis Olivera (también acusado en el juicio), con Manuel Morocho, el policía encargado de la investigación. El objeto, según Asuntos Internos, habría sido eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de uno de los informes elaborados por Morocho.

También ha negado la exministra ningún tipo de gestión al respecto con el principal acusado en el juicio, su compañero en el Gobierno y exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La ex número dos del partido ha asegurado que solo hablaban de la actuación de la formación en Cataluña. Sin embargo, en los audios recogidos por Asuntos Internos, Cospedal aparece explicando a Villarejo que Fernández Díaz le facilitó uno de los informes redactados por Morocho durante la investigación judicial un día antes de que se lo enviaran al instructor del caso Gürtel, el juez Pablo Ruz. En caso de ser cierto ese dato, podría tener consecuencias penales, ya que la Policía, cuando actúa a las órdenes de un juzgado, solo responde ante el juez.

Otra de las manifestaciones de Cospedal que casa mal con los hechos investigados conocidos hasta ahora ha aparecido cuando ha asegurado que solo se reunía con Villarejo porque era el comisario el que estaba interesado en verla a ella, y no al contrario, y que era él quien contactaba con su secretaria o con su jefe de gabinete para arreglar los encuentros. Este último, que también ha declarado como testigo, ha señalado que no se reunían únicamente a petición del mando policial sino que a veces era la propia Cospedal la que pedía que se concertaran esas citas.

Cospedal ha asegurado de igual manera que todas las reuniones con Villarejo se produjeron de forma presencial en su despacho en la sede nacional del PP y que solo una vez se vieron en una cafetería de la calle José Ortega y Gasset de Madrid. Su director de gabinete, sin embargo, la ha vuelto a contradecir en este punto al asegurar que también se veían en el Ministerio de Defensa mientras la dirigente popular fue su titular.

Mucho ruido y pocas nueces. La comparecencia de este jueves en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no ha servido para profundizar en la supuesta conexión política de la operación parapolicial para hacerse con documentación comprometedora para el PP en Gürtel que pudiera tener en su poder el extesorero Luis Bárcenas. El exlíder conservador no se salió ni un milímetro del guion. Con una declaración medida, repleta en algunos puntos de lagunas mentales, negó todo lo que implicaba a su partido. Y solo admitió lo que está acreditado. Media hora en la que Rajoy, con el silencio de Anticorrupción y de las defensas de la cúpula de Interior, se escabulló de la Kitchen y lanzó un salvavidas a su exministro del Interior y ex secretario de Estado de Seguridad.

El interrogatorio no fue, precisamente, fluido. Las interrupciones fueron continuas por parte de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. La magistrada dejó claro desde el minuto cero que no iba a permitir que los abogados se salieran del perímetro marcado por los escritos de acusación. Y fiscalizó, una a una y con ojo clínico, todas las preguntas que se lanzaban. "Le ruego que reconduzcamos el interrogatorio a los hechos que aquí se enjuician", pedía una y otra vez Palacios. "Protesto", se quejaba la abogada del PSOE, que veía cómo la presidenta rechazaba algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, con la caja B del partido pese a que la Kitchen versa, precisamente, sobre las maniobras para destruir documentos comprometedores para la formación que pudiera tener Bárcenas en su poder.

Dos tercios del interrogatorio han corrido a cargo de la letrada socialista. Y el restante, del abogado de Podemos, del comisario jubilado José Manuel Villarejo y de las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ni una sola pregunta planteó la Abogacía del Estado. Y tampoco el fiscal Anticorrupción, César de Rivas, quien, sin embargo, sí levantó la mano en un momento dado para indicar que una cuestión que estaba lanzando la abogada del PSOE resultaba improcedente. El Ministerio Público es consciente de los límites marcados por el tribunal. Y ha decidido no salirse ni un milímetro de los mismos.

Anticorrupción siempre criticó que el instructor, el magistrado Manuel García-Castellón, circunscribiera la Kitchen al ámbito del Ministerio del Interior y no ahondara en la llamada "conexión política". "Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja", criticaba en uno de sus escritos, en los que incluso llegaba a hacer alusión a la existencia de "elementos que confluirían" en una "posible responsabilidad" del entonces presidente del Gobierno. Una sospecha que el fiscal también plasmó en su escrito de acusación cuando dijo que no podía descartarse "la intervención" en la operación de "otras personas de diferentes instancias".

El exministro del Interior también llegó a apuntar en su día, aunque de forma implícita, al PP. "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", lanzaba su abogado en el recurso que interpuso en julio de 2021 contra el auto de procesamiento de García-Castellón, el mismo que cerró la puerta a la rama política. Un escrito en el que, además, recordaba que al exministro del Interior "no le afectaba ni perjudicaba" el "resultado" de la investigación judicial sobre los papeles de Bárcenas, pieza separada de la Gürtel.

Misma dirección a la que también señaló su ex número dos en un mensaje de WhatsApp que en marzo de 2019 remitió al entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea: "Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Por eso me he metido en este lío. Por eso y por nada más. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy". Uno y otro eran, por tanto, quienes podían poner en más apuros a su exjefe. Sin embargo, los abogados de ambos se han limitado a lanzar media docena de preguntas completamente inofensivas orientadas, más bien, a apuntalar determinados aspectos de su defensa en relación al reparto de fondos reservados o el conocimiento de operaciones policiales.

Con su testimonio, de hecho, Rajoy ha lanzado un salvavidas a sus antiguos mandos, tanto en el Ministerio del Interior como en la Policía Nacional. "En todo este tema no ha habido una operación política", lanzó. Más bien, continuó, se trataba de una "operación policial" cuyo "objetivo fundamental" era "coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros". Esa es, precisamente, la tesis que han mantenido en todo momento las defensas. "Y estoy convencido de que se ajustó a la legalidad", ha completado. Y eso que, según ha dicho, él se enteró de la existencia de la Kitchen mucho tiempo después, cuando "un policía lo dijo" en el Congreso de los Diputados.

Una tesis, la de la legalidad de la Kitchen, que por el momento se tambalea. En primer lugar, porque en el momento de ponerse en marcha –verano de 2013– ya se había localizado buena parte del dinero de Bárcenas en Suiza –ocurrió en enero de ese mismo año–. Y en segundo lugar, porque no se ha encontrado ni rastro, en palabras del investigador principal del caso, "de que la información que se obtenía" se trasladase "ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora". Una sospecha que también genera el hecho de no se hubiera hecho constar la existencia de la operación en el sistema interno policial hasta 2015, cuando la misma ya había concluido.

Las preguntas formuladas por los abogados de Fernández Díaz y Martínez sirvieron, además, para que Rajoy dibujase una cúpula de Interior completamente ajena al reparto de fondos reservados, operativos policiales y confidentes. Dijo que, como titular de ese departamento a comienzos de siglo, nunca se ocupó del dinero opaco. Y que, sobre este tema, el secretario de Estado de Seguridad solo firmaba "grandes partidas": "50 para Policía Nacional y 50 para Guardia Civil. A partir de ahí, no hacía más". "Ni el ministro ni el secretario de Estado ni el presidente están en las operaciones policiales", apuntó en otro momento. En los 90, el Supremo condenó a todo un exministro del Interior –José Barrionuevo– y a un ex secretario de Seguridad, Rafael Vera, por conocer, aprobar y dar el dinero necesario para el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey.

Rajoy, durante su declaración, se esforzó por cortar todos los hilos que pudieran terminar conectándole a la trama. Dijo que no se adoptaron medidas para destruir pruebas que pudieran implicar al PP en Gürtel, que no se interesó por el posible daño que ese caso pudiera tener para el partido, que no se presionó al extesorero o que nunca metió en una trituradora una hoja de la caja B de la formación política. De hecho, puso en duda la existencia de las grabaciones que dijo tener Bárcenas y que le implicaban en esa "contabilidad extracontable". Lo tenía fácil. Sólo el extesorero las ha escuchado. Y el pendrive donde las guardaba, desapareció del taller de su mujer. "No creo que las tuviera, porque si las tuviera las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos", señaló el expresidente.

El testimonio de Rajoy, del mismo modo, también ha evidenciado momentos de amnesia selectiva. Por ejemplo, cuando se le ha ido preguntando por distintos mensajes que envió a Bárcenas en la primavera de 2013. Reconoció el SMS de "Luis, sé fuerte" porque "en los últimos quince años se ha publicado casi todos los días". Sin embargo, renegó de otro enviado en febrero de 2012, cuando la Gürtel ya salpicaba a Bárcenas, con aquel "hacemos lo que podemos". "¿Lo envió usted?", le preguntaron. "No", se limitó a responder.

En la Sala de Vistas de la Audiencia Nacional en la sede de San Fernando de Henares ha sobrevolado un informe policial que, sin embargo, no se ha exhibido. Se trata del que elaboró la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sobre tres conversaciones entre la que fuera número dos del PP, María Dolores de Cospedal, y el comisario Villarejo. La ex secretaria general del PP, inculpada inicialmente y luego exculpada en la causa, ha rechazado que acudiera a Villarejo para destruir los papeles de Bárcenas, en los que se contenía la contabilidad B del partido. Ha negado, incluso, que hablara en alguna ocasión con el comisario por teléfono, el medio por el que se produjeron las conversaciones más comprometedoras entre ambos, según el informe policial.

Antes de iniciar su declaración como testigo, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha informado de que, dado que el caso se archivó provisionalmente para ella (y por tanto podría volver a reabrirse si aparecieran nuevos indicios en su contra) si se le planteara alguna pregunta que ella considerara incriminatoria, podría dejar de contestarla. Pero Cospedal ha asegurado que iba a responder a todo lo que se le planteara. En caso de que el instructor volviera a imputarla, sus respuestas de hoy en el juicio de Kitchen –sean falsas o veraces– no podrán ser usadas contra ella debido a que los imputados y acusados, a diferencia de los testigos, no están obligados a responder a todas las preguntas que se les planteen ni a decir verdad.

La entonces número dos del PP ha asegurado a preguntas del PSOE que conoció a Villarejo en 2009 y que fue su entonces marido, Ignacio López del Hierro, quien se lo presentó. El motivo de que lo recibiera, ha declarado, era que el comisario, que se presentó como "policía en excedencia", tenía interés en conocerla. Cospedal ha corregido declaraciones anteriores en las que afirmó haber hablado con él cuatro veces para elevarlas a "ocho o nueve ocasiones". La testigo ha justificado que lo recibiera inicialmente porque estaba "recién condecorado por el ministro del Interior y parecía muy bien considerado en su cuerpo".

La ex secretaria general, expresidenta de Castilla-La Mancha y exministra de Defensa, ha afirmado que todos esos encuentros se produjeron en su despacho salvo uno, que ha situado en una cafetería de la calle de José Ortega y Gasset de Madrid, y que esos encuentros siempre se producían a iniciativa del comisario, que se ponía en contacto con su jefe de gabinete o su secretaria para confirmar las visitas a la sede del PP de Génova. Y ha negado haber hablado por teléfono con Villarejo "ni por fijo ni por móvil", una afirmación con una importancia central, porque contradice el informe policial de Asuntos Internos.

De las tres conversaciones de las que da constancia ese documento policial, dos de ellas, que se produjeron 20 de enero de 2013 y el 26 de abril de ese mismo año, se mantuvieron a través de un teléfono fijo. En la primera, que se produjo solo dos días después de que El Mundo publicara la existencia de los sobresueldos y a solo 10 días de que El País publicara los papeles en los que se recogían (31 de enero), la dirigente popular le pregunta por "la libretita" donde estarían recogidos esos pagos y le dice que "sería mejor logralo parar". Villarejo le responde que hará "todo lo posible".

En la llamada del 26 de abril, según el informe, Cospedal transmitió a Villarejo que no le había llamado antes porque "no tenía un fijo a mano", es decir, que evitaba conversar con él a través del móvil. En la charla telefónica, Cospedal transmitió al alto cargo policial que el exministro del Interior y ahora acusado Jorge Fernández Díaz, le había entregado a ella antes que al instructor del caso de la caja B del PP, Pablo Ruz, un informe de la UDEF. Durante las investigaciones penales, la policía judicial solo está sometida a las órdenes del juez. En su interrogatorio, Cospedal ha negado que hablara de estos temas con el exministro acusado con el que, ha dicho, solo charlaba "de la actividad del partido en Cataluña".

En estas conversaciones telefónicas que Cospedal ha negado ante el tribunal, Villarejo le habría informado adicionalmente sobre sus gestiones para obstaculizar el caso de los 'papeles de Bárcenas'. Como sus conversaciones y las de su compañero José Luis Olivera (también acusado en el juicio), con Manuel Morocho, el policía encargado de la investigación. El objeto, según Asuntos Internos, habría sido eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de uno de los informes elaborados por Morocho, que ha confirmado públicamente las presiones a las que fue sometido.

Cospedal ha dado una versión alternativa de sus encuentros con el comisario. "Era una persona que tenía unas magníficas relaciones con la prensa", ha afirmado. "En aquel entonces se estaban produciendo una serie de filtraciones sobre [la exalcaldesa de Valencia] Rita Barberá y dice que puede ayudarme". Cospedal, sostiene, quería enterarse de la procedencia de esas filtraciones. "También teníamos la sospecha de que el PP, que entonces estaba en la oposición, estaba siendo espiado o seguido o observado por alguien que tenía que ver con Interior", ha añadido.

Pero la ex número dos del partido ha negado que Villarejo le informara sobre Gürtel. "No tenía por qué hacerlo y no creo que tuviera capacidad de hacerlo", ha declarado. También ha rechazado que el cargo policial hubiera elaborado algún informe sobre la evolución del caso Gürtel o que le solicitara a ella o al partido algún tipo de pago porque "no tenía por qué", ha dicho. Además, ha asegurado que no conocía a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que los cargos policiales implicados en Kitchen captaron para espiarle. Andrés Gómez Gordo, quien fuera el responsable de seguridad del Gobierno castellanomanchego durante la presidencia de Cospedal, fue quien pagó al espía con cargo a los fondos reservados, según su propia declaración en la instrucción.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha impedido que se mostrara en la Sala el informe policial de Asuntos Internos sobre Cospedal o que se escucharan sus conversaciones con el comisario, como solicitaba la letrada de la acusación popular del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción, pese a que no descarta en su escrito de acusación la implicación del PP en el caso y se opuso a que la ex secretaria general del partido quedara fuera del juicio, no ha planteado ninguna pregunta. Tampoco lo ha hecho la Abogacía del Estado.

Si alguien pensaba que el juicio de la Kitchen discurriría solo por cuestiones de carácter operativo y policial, la declaración en sede judicial de Luis Bárcenas dejó meridianamente claro que no será así. El extesorero del PP vinculó esta semana a sus antiguos compañeros con la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora que pudiera aportar a la investigación de Gürtel. Cuando el interrogatorio de su abogada tocaba a su fin, levantó el dedo y señaló a la cúpula conservadora: "Esta operación se inicia por los responsables del partido". Una rama política sobre la que este jueves se indagará con el interrogatorio como testigo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

El instructor de la causa, el magistrado Manuel García-Castellón, circunscribió en exclusiva la operación Kitchen a la cúpula del Ministerio del Interior que lideró Jorge Fernández Díaz, a quien se asignó la X de la trama. Una conclusión que, sin embargo, consideraba precipitada la Fiscalía Anticorrupción, que siempre se quejó de las reticencias del magistrado a la hora de ahondar en la "conexión política". "Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja", criticaba en el recurso de apelación contra el auto de procesamiento que dejó fuera del banquillo a Cospedal. Un escrito en el que, además, mencionaba que existían "elementos que confluirían" en una "posible responsabilidad" del presidente del Gobierno.

Rajoy comparecerá este jueves por tercera vez en la Audiencia Nacional. Antes, lo hizo en la pieza principal de la Gürtel y en la de papeles de Bárcenas. El exlíder del Ejecutivo y del PP nunca ha figurado como investigado en Kitchen, donde los indicios contra él son indirectos y a través de terceras personas. De hecho, García-Castellón ni siquiera le llamó a declarar como testigo en el procedimiento. Pero su nombre ha sobrevolado la causa en todo momento. De hecho, el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que dio impulso a esta pieza separada del caso Tándem ya hablaba de que alguien llamado El Asturiano tendría conocimiento de la operación.

Aquel documento recogía, entre otras, la grabación de una conversación en la que el comisario retirado José Manuel Villarejo contaba a quien fuera comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera algunos detalles de la operación: "Y luego la charla a Paco [el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez] explicativa y Paco: espérate que voy a hablar con El Asturiano". En un primer momento, Asuntos Internos no fue capaz de identificar a quien se escondía tras ese mote. Pero a medida que prosiguió la investigación, lo tuvo claro. "Es Mariano Rajoy", dijo el investigador principal de la Kitchen la pasada semana en sede judicial.

Villarejo, durante la instrucción, llegó a asegurar ante el juez que intercambió algunos mensajes con Rajoy relacionados con el operativo. E, incluso, aportó un número de teléfono. Se confirmó que dicho contacto fue registrado por el PP y que estuvo dado de alta durante un periodo coincidente con el tiempo que el conservador ocupó La Moncloa. Anticorrupción pidió que se reclamara al partido el nombre de la persona o personas que hubieran tenido ese móvil corporativo, pero el instructor lo rechazó y cerró las pesquisas: "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro".

La declaración como testigo de Bárcenas colocó a Rajoy como uno de los posibles beneficiarios de la operación. Al fin y al cabo, el extesorero aseguró que tuvo en el pasado una grabación que demostraba que el exlíder de la formación conservadora tenía conocimiento de la caja B del partido. La misma, completó, estuvo almacenada en un pendrive que desapareció del taller de su esposa. Aunque las defensas en el juicio trataron de sembrar dudas sobre el relato, lo cierto es que las cintas de Villarejo muestran cómo los comisarios de Kitchen estaban convencidos de la existencia de esos audios.

Una vez finalice su comparecencia, será la ex secretaria general del PP quien se siente ante el tribunal, que lidera la magistrada Teresa Palacios. A diferencia de Rajoy, María Dolores de Cospedal sí que estuvo investigada en este procedimiento. En su caso, con indicios directos. Pero al final, se libró del banquillo. Se decretó el sobreseimiento provisional de la causa contra ella. Y eso le da ahora margen para escabullirse de las preguntas que puedan resultar incriminatorias para ella y que puedan motivar una reapertura del procedimiento en su contra.

Unos límites sobre una situación excepcional que la presidenta del tribunal se encargaba de explicar este jueves a quien fuera marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro: "Usted tiene todo el derecho de a preguntas que puedan ser relativas a usted e incriminatorias decidir no contestarlas. Ahora, si le preguntan por hechos de otros que usted no tenga nada que ver o que, aunque fuera relacionado con usted, no tiene inconveniente de decirlo, puede manifestarse. Pero aquello que pueda suponer una reapertura del procedimiento respecto a usted con el dato suministrado por usted, eso está amparado de no efectuarlo".

El instructor dio carpetazo a la investigación contra el entonces matrimonio apenas un mes después de imputarlo. Lo hizo al entender que atribuirles una participación intelectual en la trama contra Bárcenas no era más que el "resultado de una inferencia voluntarista sin indicio alguno".García-Castellón calificaba, en aquella resolución, como "dudosa" la fiabilidad de los audios filtrados sobre la reunión de 2009 de Cospedal con Villarejo, al tiempo que resaltaba que no existían indicios para afirmar que buscase recopilar información sobre el caso Gürtel.

En aquel encuentro, que se celebró el 21 de julio de 2009 en la sede nacional del PP y que fue la continuación de otros que previamente había mantenido su marido con el comisario, se habló, entre otras cosas, del pendrive intervenido al que fuera contable de Francisco Correa. "O sea, que hay de todo", deslizó la política. "Hay mucha chicha", respondió el policía, que aseguró que habían hecho "todo lo posible" por "romper el USB".

La investigación conectó en un primer momento el nombre de la exdirigente conservadora con el proceso de captación de Sergio Ríos. Al fin y al cabo, según decía el propio Villarejo en sus grabaciones, la misma había sido posible gracias a la intermediación del comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera director general de Documentación y Análisis durante la etapa de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha y que coincidió con el exchófer en la época en la que ambos trabajaban para el exconsejero madrileño Francisco Granados.

Y luego llegaron las agendas del comisario jubilado. Y ahí el nombre de la ex secretaria general aflora en varias ocasiones. "Llamó para vernos. La parienta María Dolores de Cospedal quiere datos para tomar decisiones", reza una anotación del 26 de enero de 2009. "Me envía a José L. Orti –en referencia a José Luis Ortiz, jefe de Gabinete de la política– con 100 y promete 50 más el lunes", se lee en otra del 6 de diciembre de 2012. "Muy preocupada con los 5 pago de 200 [sic]. Me pide que le mantenga informada", apunta un año después. Y el 15 de septiembre de 2014 insiste en que "Cospe" promete "pagar la deuda de 100" y pide "un análisis de Ezquerra [sic]".

Tanto las acusaciones como Anticorrupción intentaron que el archivo fuera revocado y que Cospedal volviera a ser investigada. Sobre todo, tras la publicación de unos audios en el diario El País en los que se la escuchaba decir a Villarejo que había que parar lo de la "libretita" de Bárcenas. García-Castellón lo rechazó, alegando que no podían sustentarse las acusaciones "sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Una decisión que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó.

Sergio Ríos Esgueva es una de las piezas clave dentro de la Kitchen. Al fin y al cabo, de él dependía, en buena medida, el éxito de la supuesta operación parapolicial para robar a Luis Bárcenas información comprometedora que pudiera tener del PP. Como conductor y recadero del extesorero, conocía cada reunión mantenida, cada movimiento de documentación, cada escondite. Era, en palabras de Rosalía Iglesias, esposa del contable, "uno más de la familia". El topo perfecto para una misión que buscaba proteger del caso Gürtel a la formación conservadora. Un PP con el que, precisamente, el chófer había estado estrechamente conectado en el pasado.

Ríos Esgueva, nacido en Ceuta en 1975, aterrizó en casa de los Bárcenas en febrero de 2013. Lo hizo en un momento especialmente turbulento. El diario El País acababa de publicar los papeles del extesorero, que se encontraba ya bajo la lupa judicial, sobre la caja B del PP. Y el partido había retirado al exsenador, según explicó él mismo este lunes en el juicio de Kitchen, el "conductor que le tenía asignado". Es entonces cuando el extesorero descuelga el teléfono y acaba contratando a Ríos, un exmilitar con un pasado también turbulento. Fue, según publican varios medios, portero de un prostíbulo. Y las bases de datos policiales, tal y como consta en un informe de Asuntos Internos, recogen una detención a comienzos de siglo por tenencia de armas.

Su "función principal" era la de conductor, pero también hacía "tareas de carácter administrativo" –desde cobrar cheques a llevar documentación de un sitio a otro–. Un puesto para el que, en definitiva, la familia Bárcenas necesitaba a alguien de "absoluta confianza". El nombre de Ríos se lo facilitó al extesorero una persona de dentro de la formación conservadora. En resumen, un "jefe de Seguridad" del PP recomienda al entonces enemigo público número uno del partido que contrate como "chico para todo" a una persona que "había hecho trabajos" previamente para la formación. Bárcenas no dijo en ningún momento a lo largo del extenso interrogatorio el nombre de ese responsable de Seguridad, un departamento cuyo director era, por aquel entonces y según consta en resoluciones judiciales, el cuñado de Bárcenas.

El informe de la Unidad de Asuntos Internos que dio origen a Kitchen, pieza separada dentro de la macrocausa Tándem, ya hacía alusión a esa conexión laboral del chófer con la formación conservadora. En el mismo se recogían detalles de los papeles relacionados con la supuesta operación parapolicial que habían sido intervenidos en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los acusados en este procedimiento. Entre otros, se mencionaba, por ejemplo, un documento denominado "CURRI CHEF SERGIO JAVIER RÍOS ESGUEVA" que, según resaltaba el informe policial, se correspondía con el currículo del conductor y que recogía, dentro del apartado "experiencia laboral", una mención al "servicio de seguridad del Partido Popular".

La lealtad de Ríos hacia la familia Bárcenas duró apenas unos meses. En el verano de 2013, el chófer ya estaba controlado por la brigada política. Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, hubo un "primer intento infructuoso" de captarle por parte de Enrique García Castaño, entonces comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, la que se encargó de la mayor parte de los seguimientos que se hicieron sobre el entorno del extesorero. Una captación que, finalmente, se produjo con la intermediación del excomisario Andrés Gómez Gordo, que también se sienta en el banquillo de los acusados. Y de la que se encargó el propio Villarejo, según apuntó en las primeras sesiones de juicio el investigador principal de la Kitchen.

En la causa consta, precisamente, una grabación en la que el comisario retirado reconoce ese papel de captador al empresario Adrián de la Joya y al excomisario José Luis Olivera, que también integra la lista de acusados: "Primero va El Gordo –así llamaban a García Castaño– a captarlo… Oye, tú que has sido milico no sé y no sé cuántos, todo por la patria y no sé qué..., y el otro se asusta y se acojona: no quiero saber nada de usted. El Gordo claro, utiliza la técnica esa que tiene [sic] ellos de captación brusca, que se llama… Ummm, ¿sabes? Yo lo que hago es que digo: A ver este tío dónde está..., este tío ha sido el escolta de Granados, ha sido no sé qué... ¿A quién conoce?..., a éste y a éste... Y a quién tal... Cospedín. Y me voy a Cospedín", se escucha decir a Villarejo.

Cospedín es Gómez Gordo. Y le llamaban así por la estrecha relación que tenía con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que cuando se convirtió en presidenta de Castilla-La Mancha se lo llevó como director general de Documentación y Análisis. Ríos le conocía, recoge Anticorrupción en su escrito, de haber coincidido con él en "eventos" de la Comunidad de Madrid. El exchófer, en concreto, trabajó años atrás para el exconsejero madrileño Francisco Granados. Y Gómez Gordo ocupó también varios puestos vinculados al Ejecutivo regional. Entre octubre de 2007 y octubre de 2009 fue director de Seguridad del fallido Campus de la Justicia. Y durante el año siguiente, ejerció como "personal eventual de confianza" de la Comunidad de Madrid. En concreto, como asesor de Granados.

En diciembre de 2018, el arrepentido David Marjaliza, uno de los principales imputados en la Operación Púnica, declaró ante el juez que fue Granados quien le pidió que localizara a Ríos porque el comisario José Villarejo lo necesitaba para “interceptar” documentación en poder de Luis Bárcenas. Al parecer, Ríos era amigo del conductor del empresario. Una afirmación que provocó el enfado del abogado del exconsejero madrileño, que lo negó tajantemente.

Es un ejemplo de esas cosas y actitudes que mi madre llamaba “del género tonto”, pero sirve para explicar por dónde va la cosa: hace cuatro días, mientras se celebra en Barcelona una cumbre de presidentes, en Madrid el líder de la oposición monta un sarao con María Corina Machado y la define como la auténtica vencedora de las últimas elecciones en Venezuela: “Porque tú las ganaste”, le dice. Eso será en Feijóolandia, porque en el mundo real esa mujer, gemela política suya que tampoco ha logrado el poder y lo persigue a cualquier precio —aunque sea el de hacer el ridículo entregándole su discutible Nobel de la Paz a Trump—, ni ganó ni perdió, porque lo cierto es que no se presentó, no la dejó Maduro El Extraído, y el candidato fue Edmundo González. ¿El jefe del PP lo sabe y miente o lo ignora y falta a la verdad? Me parece a mí que aquí huele más a embustes que a despistes, que una mitad de ellos tiene como fin  justificar su abrazo con el oso de la ultraderecha y la otra esconder sus casos de corrupción de ayer y de hoy.

Uno de esos asuntos turbios, la trama Kitchen, está siendo juzgado ahora y por eso, a modo de cortina de humo, la portavoz de los antiguos conservadores, que no podrán volver a llamarse así hasta que no se suelten de la mano de la extrema derecha, le pregunta a Pedro Sánchez, que es presidente porque puede, si está pensando usar al ejército contra sus adversarios. Es un brindis al sol de un cinismo escandaloso, ya que fue su partido el que usó la policía, a algunos dóciles jueces y el ministerio del Interior para espiar a sus rivales, fabricar pruebas falsas o robarlas, para así poderlas destruir como al famoso ordenador comprometedor de su tesorero, que apagaron pulsando la secuencia control-martillazo. Unos artistas. 

En las sesiones del proceso, el entonces señor de La Moncloa, Mariano Rajoy —que debía de dormir con su esposa en el colchón de Zapatero y señora y puede que ni cambiase las sábanas, para ahorrar, ya que Feijóo acusa a Sánchez de haber comprado otro colchón en cuanto llegó al palacio—, se ha ido transformando en un ser etéreo, que existe al borde de lo inmaterial y a estas alturas ya no es nadie, ni el barbas, ni el asturiano, ni siquiera M. Rajoy, así que ese personaje debemos adjudicárselo el reino de lo invisible y la ciencia-ficción, que rima con García Castellón, que archivó, por lo que sea, doscientas setenta y cinco causas contra el PP.

Feijóo, al que dentro de poco va a haber que añadirle en el apellido una tercera o, porque necesitará más aros por los que hacer pasar a tanta gente que vota contra sus intereses al hacerlo por formaciones que van a limitar sus derechos y sus libertades, se está poniendo hasta a la derecha de Ayuso, que considera —no se sabe si por convicción o para hacerse ver y marcar las distancias— que en Extremadura se han pasado un poco y María Guardiola, máxima estrella del donde-dije-digo-digo-Diego nacional, se lo ha vendido todo al diablo, ha firmado desde la limitación al mínimo de la atención sanitaria a los inmigrantes hasta la loa a una cruz de los caídos franquista. El verdadero problema de Extremadura, la región que presenta la menor densidad de población de España y la más profunda despoblación rural, no son los inmigrantes que vienen, sino las personas que se van. Pero eso ya lo saben y no les importa. Y tengan por seguro que ellos no van a ir allí a sembrar nada. Ni tampoco en ninguna otra parte.

Tras un inicio puramente técnico con las llamadas cuestiones previas, el juicio de Kitchen coge por fin vuelo con la primera tanda de testimonios. Por la Audiencia Nacional han desfilado a lo largo de esta segunda semana más de una veintena de comparecientes. Agentes y altos mandos policiales, en su mayoría, que han acabado por dibujar una operación repleta de sombras que se alejaba por completo de lo común. Una misión de la que ha intentado desvincularse el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, cuyo abogado se ha esforzado por sembrar dudas en torno a la principal prueba de cargo en su contra. Y por la que la próxima semana serán interrogados el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

La Fiscalía Anticorrupción describe en su escrito de acusación una operación parapolicial para “impedir” que información comprometedora para el PP que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas acabase aportada al caso Gürtel. Se denominaba Kitchen por el parecido con un cocinero que alguno de los acusados veía en su gran colaborador: Sergio Ríos, exchófer del excontable conservador. Y se llevó a cabo, en gran medida, a través de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, si bien también participaron, en alguna ocasión, policías del grupo especial de seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos.

Más de una decena de estos agentes ya se han sentado como testigos ante el tribunal, que preside la magistrada Teresa Palacios. Todos ellos han confirmado los seguimientos a la familia Bárcenas y a su entorno por orden de sus superiores más directos. Los de Asuntos Internos, de Jesús Vicente Galán, ya jubilado. Los de la UCAO, del ahora comisario José Francisco González. Ambos han comparecido también esta semana como testigos, si bien su obligación de decir la verdad se veía “algo más difuminada”, en palabras de la magistrada, por la condición de investigados que habían tenido en un procedimiento que, para ellos, aún está sobreseído provisionalmente.

Uno y otro han apuntado hacia arriba en la cadena de mando. Galán ha señalado al entonces comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas: “Me dijo que Rosalía Iglesias –esposa de Bárcenas– estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin que fuéramos detectados”. Una orden que le resultó contradictoria dado que es “imposible” proteger “a distancia”. Una de las agentes de la unidad que participó en esos operativos dijo, sin embargo, que a ella “nunca” le habían transmitido “que había que dar protección a nadie”. “En otras declaraciones dijo que jamás había recibido una orden de Martín Blas para vigilar el entorno de Rosalía”, contraatacó el abogado del excomisario. “No lo recuerdo”, zanjó Galán.

González, por su parte, indicó que el encargo lo recibió de Enrique García Castaño, ex comisario jefe de la UCAO: “Me dijo que el DAO –el director adjunto operativo, que por entonces era Eugenio Pino– había ordenado el seguimiento. Bárcenas había entrado en prisión, Rosalía seguía en libertad aunque estaba investigada en esa causa y nos dijo que no se llegaba al dinero y que quería los seguimientos para ver si se encontraba el dinero que estaba en el exterior y los posibles testaferros”. La misma directriz que él trasladó a sus subordinados, según fueron explicando varios de los agentes que participaron en el operativo.

Los policías que realizaron dichos seguimientos, por tanto, estaban convencidos de que se estaba apoyando de manera operativa la investigación contra el extesorero. Al fin y al cabo, fueron explicando, no es raro que echen una mano de vez en cuando unidades investigadoras de fuera de la Comisaría General de Información. De ahí que no les extrañase que cuando perdían al “objetivo”, en relación a la mujer de Bárcenas, recibiesen en unos pocos minutos y tras una llamada la posición. “Pensábamos que el teléfono del chófer estaba intervenido”, contó en sede judicial uno de esos agentes. 

“Cuando han hecho labores de apoyo para otra unidad, como la de Policía Judicial, ¿han tenido contacto directo con ella?”, preguntó el fiscal César de Rivas. “No, siempre se hacía a través de García Castaño, que de alguna manera monopolizaba el trabajo”, respondió González. El excomisario, conocido en la Policía como El Gordo, es una de las piezas centrales del caso Kitchen. De hecho, en fase de instrucción llegó a decir que desde la cúpula del Ministerio del Interior se le encargó descubrir si Bárcenas se había “llevado discos duros” en los que apareciera la financiación del PP. Pese a ello, no se sienta en el banquillo debido a su mal estado de salud.

Una tesis, la de la posible operación policial legal, que se encargaron de ir enterrando otros testigos. “No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora –la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)–”, señaló en su larga comparecencia, de más de doce horas, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha investigado esta pieza separada del llamado caso Tándem. “No recibí ninguna solicitud de apoyo ni de la UDEF ni de la Comisaría General de Policía Judicial para actuar sobre el entorno de Rosalía Iglesias”, dijo, por su parte, Enrique Barón, en aquella época comisario general de Información –es decir, el superior jerárquico de García Castaño–.

Durante su comparecencia, el mandamás de la Comisaría General en la que se encuadraba la UCAO vino a explicar que lo normal era que se le informase del resultado de las operaciones que se llevaban a cabo: “Existía un método de control interno en el que yo supervisaba”. Una situación fuera de lo normal que también salió a flote cuando se le mostraron algunos recibís firmados por García Castaño relacionados con los pagos con cargo a los fondos reservados que se habrían hecho a Ríos. “No tiene nada que ver con la Comisaría General”, apuntó, al tiempo que dijo que quien debería dar explicaciones era El Gordo o quien le dio ese dinero.

Barón, no obstante, dio algo de oxígeno a los acusados cuando señaló que el uso que se hizo de efectivos policiales “ni fue en detrimento ni perjudicó los servicios” de Información. Así, explicó que los 70 agentes usados en el dispositivo estaban “libres de servicio”, en labores de “formación o actualización”. En su escrito de acusación, Anticorrupción hace mención, precisamente, a la “detracción” de estos policías cuando hace alusión al perjuicio económico de la Kitchen –al menos, 57.943 euros, entre los pagos de fondos reservados y la compra de una pistola para el exchófer–.

Las testificales de esta semana han servido también a la defensa del exministro del Interior para intentar tumbar la principal prueba de cargo que existe en su contra. Se trata, en concreto, de unos mensajes telefónicos que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez llevó ante notario para evidenciar el supuesto conocimiento que su superior tenía de la supuesta operación parapolicial. SMS que Fernández Díaz niega haber enviado.

“La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 Iphone y 1 Ipad)”, rezaba uno de ellos. En teoría, el mismo habría sido remitido por el exministro del Interior. Sin embargo, en su comparecencia ante el tribunal, el notario que se encargó de protocolizar dicho mensaje señaló que no puede asegurar al cien por ciento que el mismo hubiera sido enviado por el exministro. La vinculación (a Fernández Díaz) es por manifestación (de Martínez). No hay prueba”, consiguió arrancarle el abogado de Fernández Díaz.

El extitular de Interior ha quedado finalmente dibujado como la X del caso Kitchen. Una investigación que, sin embargo, ha llegado a salpicar al expresidente del Gobierno y a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El primero, al que los acusados se referían como ‘El Asturiano’ –según el investigador principal– nunca llegó a estar imputado en la causa. La segunda, sí, aunque finalmente quedó fuera del banquillo. La próxima semana, serán ellos quienes deberán sentarse frente al tribunal. Y algunas acusaciones estarán dispuestas a exprimir al máximo a ambos testigos.

Si las defensas tenían pensado vestir Kitchen como una suerte de operación policial legal alrededor del extesorero del PP Luis Bárcenas, el principal investigador de esta carpeta dentro del llamado caso Tándem les ha complicado el trabajo. El inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos Gonzalo Fraga se ha encargado este lunes de apuntalar, uno a uno, todos los indicios recogidos durante años alrededor de los acusados. En una extensa comparecencia, que se ha alargado durante horas y que ha salpicado también al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el agente 111.470 ha puesto en duda el carácter normal de las pesquisas y seguimientos realizados al entorno de Bárcenas: "No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora".

El agente estaba llamado a comparecer a petición, entre otros, del Ministerio Fiscal. Y el fiscal Anticorrupción, César González Rivas, se ha empleado a fondo. Al final, algo más de dos horas de interrogatorio han permitido al investigador hacer una exhaustiva radiografía de lo que fue Kitchen, operación parapolicial –describe el Ministerio Público y las acusaciones– para hacerse con información comprometedora para el PP en el marco del caso Gürtel que pudiera tener Bárcenas en su poder. Una investigación que, como ha acreditado, se conoce al milímetro. Ni una duda con las fechas. Tampoco con la identificación de los informes. O con el contenido de las agendas intervenidas al comisario retirado José Manuel Villarejo. "Tiene una memoria prodigiosa", le ha llegado a decir la abogada del extesorero.

Para tratar de atar el carácter ilícito de la operación, el fiscal ha mostrado al inspector jefe, por ejemplo, el Parte Informativo Investiga que elaboró y firmó el entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo exponiendo una serie de datos sobre Bárcenas. Se trata de un documento normalizado que es requerido formalmente para dar de alta una investigación policial en la base de datos de inteligencia policial Gati pero que, sin embargo, no se elaboró hasta finales de mayo de 2015, cuando ya estaba concluido el trabajo del operativo que se encuentra bajo la lupa. De esta manera, sostiene el Ministerio Público, "crearon la apariencia de que algunas de las informaciones" que habían conseguido de Bárcenas y su entorno –relaciones, vehículos o sociedades– habían sido compartidas con la unidad policial investigadora de la Gürtel.

"No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora", ha dejado claro el inspector jefe de Asuntos Internos, quien ha destacado también que Kitchen se desarrolló sin dejar "reflejo" alguno en la base de datos que está diseñada, precisamente, para grabar las investigaciones policiales y generar cruces entre las mismas. "No ha habido una voluntad de generar un cruce cuando realmente se estaba investigando, que era en el año 2013 y 2014, porque había una opacidad evidente en lo que se estaba desarrollando", ha apuntado ante la atenta mirada del tribunal, cuyos miembros no paraban de tomar nota.

Del mismo modo, se ha puesto el foco sobre la unidad que figuraba como investigadora en el parte: la Dirección Adjunta Operativa (DAO). "¿Actúa, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, como unidad operativa en investigaciones?", ha preguntado el fiscal. "Yo nunca me he cruzado con la DAO. Me he cruzado con la UDEF, con la UDYCO, con unidades investigadoras, pero no con la DAO", ha respondido. Al inspector jefe también se le ha preguntado si es normal que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependiente de la Comisaría General de Información y encargada de los seguimientos sobre el entorno del extesorero, participe en investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, como la Gürtel. "La Comisaría General de Policía Judicial tiene en sus distintas unidades, como la UDYCO o la UDEF, secciones de apoyo operativo, con grupos de vigilancia y seguimientos", ha explicado.

Fraga también ha señalado que el "carácter ilícito" de la Kitchen lo explicitaba "de manera muchas veces evidente" Villarejo, que fue el encargado de captar y controlar en la supuesta operación parapolicial al chófer del extesorero –el también encausado Sergio Ríos– y de entregarle en una primera etapa los pagos mensuales de 2.000 euros de los fondos reservados –abonos de los que luego se encargaría Gómez Gordo–. Así, se ha referido, por ejemplo, a una grabación de una conversación entre Villarejo, la presentadora Ana Rosa Quintana y las parejas de ambos. "Se han perdido papeles, se han perdido cajas y se han perdido muchas cosas (...) operaciones de decir, oye, en tal sitio hay papeles de Bárcenas, hay que ir a romperlos", se le escucha decir a Villarejo en la cinta.

Esa conversación ha salido en diferentes ocasiones durante el interrogatorio al inspector jefe de Asuntos Internos. Una de ellas, en relación al mote de El Asturiano. Fue la prueba definitiva que les permitió concluir que con dicho sobrenombre, utilizado por los miembros de la brigada política en algunas conversaciones, hacía referencia al expresidente del Gobierno. "La persona a quien llaman El Asturiano es Mariano Rajoy", ha aseverado. En las próximas semanas, las acusaciones podrán tratar de acorralar al exlíder de la formación conservadora frente al tribunal. Al fin y al cabo, está llamado a declarar como testigo, con obligación de decir la verdad, el próximo 23 de abril.

Rajoy ha sido, en esta causa, el gran elefante en la habitación. Es cierto que al expresidente nunca se le citó como investigado. Sin embargo, su nombre ha sobrevolado el procedimiento de principio a fin. Durante la instrucción, Villarejo llegó a asegurar ante el juez que intercambió algunos mensajes con Rajoy, contactos que versaban sobre dudas que el entonces líder del Ejecutivo trasladaba al policía en relación con el operativo. Y llegó a entregar al magistrado un número de teléfono que habría pertenecido al dirigente conservador. De hecho, se confirmó incluso que el contacto fue registrado por el PP y estuvo dado de alta durante un periodo coincidente con el tiempo que Rajoy ocupó La Moncloa. Sin embargo, se dio carpetazo a la investigación. Y se hizo a pesar de que los investigadores de la policía aún aguardaban algunos datos solicitados a las compañías telefónicas.

El inspector jefe de Asuntos Internos también ha deslizado que los tentáculos de la Kitchen llegaban, incluso, a la cárcel en la que se encontraba internado Bárcenas. "Hay un control real de todo lo que sucede en prisión", ha señalado. Y a modo de prueba, el supuesto encargo que el extesorero hizo a un interno con conocimientos informáticos para que, como explica Anticorrupción en su escrito de acusación, borrase archivos de audio con conversaciones que decía haber mantenido con Rajoy y con el exdirigente del PP Javier Arenas "relativas a fondos manejados por el Partido Popular de procedencia ilícita". "Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada", rezaba un manuscrito que Instituciones Penitenciarias habría intervenido a dicho interno, de nombre Isidro.

Al tomarle declaración, Bárcenas explicó que él había dado orden a su mujer de que facilitase un dinero en el exterior al chófer para que se lo diera a un tercero vinculado a Isidro. "En los diarios de Villarejo, todo esto está narrado con pelos y señales desde enero de 2014 –aunque el manuscrito no se interviene hasta marzo–. Se ve, en las anotaciones sobre Ríos, que le habrían encargado llamar a un número, el cual pertenecía a la hermana de Isidro", ha explicado el inspector de Asuntos Internos. Es más, a preguntas de la abogada de Bárcenas, ha precisado que ya desde enero de 2014 varios policías de la UCAO, unidad bajo la batuta del comisario Enrique García Castaño –que no se sentará en el banquillo de los acusados por problemas médicos–, habían realizado consultas en bases de datos policiales sobre este interno o sobre el número de teléfono de su hermana.

La testifical, para la que el agente se ha apoyado en las agendas del comisario jubilado o en los diferentes audios intervenidos, también ha servido para hablar de la pistola que se compró al chófer del extesorero. O de su ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, que Villarejo consideraba fundamental para tenerlo "trincado" para que nunca les delatase si todo se destapaba. "Se pidieron los expedientes o la documentación relativa a esa oposición, pero ya no está disponible, fue destruida conforme a la normativa por el paso del tiempo", ha resaltado. Y, por supuesto, para ratificar que el material incautado en los registros, base de la causa y que las defensas han intentado anular como prueba, mantuvo en todo momento la cadena de custodia.

María José Landaburu aporta a su análisis de la actualidad su especialidad en el mundo económico, y especialmente el del trabajo. Esta doctora en Derecho y colaboradora de infoLibre se define como feminista y participa desde hace años en diversas tertulias informativas. Allí tiene un observatorio destacado para apreciar el creciente y peligroso acoso al que se están viendo sometidos diferentes comunicadores progresistas por parte de agentes de la derecha y la ultraderecha.

“Está claramente descompensado. En los medios de comunicación, las grandes cabeceras son empresas con intereses económicos muy importantes y en manos de grandes oligopolios. Eso, naturalmente, se traduce en posiciones claras no solamente de opinión, sino de intervención. Y la intervención de la derecha en este país es muy relevante en todos los poderes del Estado, y los medios de comunicación son uno de ellos. El judicial también. Se habla mucho de las redes sociales, de los bulos. Pero la desinformación trasciende esos elementos y está también en los grandes medios de comunicación. Ahora hay que investigar para saber si te están mintiendo o no, si te están contaminando o no. Horas de televisión con absurdeces, con quién ha sido novia o novio de un ministro, persiguiendo a los periodistas por la calle que intentan o que intentamos mantener un cierto rigor o que tenemos, por qué no decirlo, una posición política distinta. Si te sales de lo estrictamente establecido, te juegas persecuciones. Estamos viéndolo con compañeros y compañeras a las puertas de sus casas, con ataques hasta con violencia, por supuesto verbal, pero llega a ser física. Todo esto creo que merece también una reflexión profunda”.

“Lo que quieren es sacarte de la carretera. Y nos sacan. Estás en un programa y de repente desapareces porque has tenido tu criterio, que puede ser erróneo, pero una posición claramente progresista, de defensa de procesos de avance y de una sociedad distinta. Y si te atreves a dar un paso más y a hablar con libertad, estás fuera. Han echado a mucha gente. Mucha gente se cansa. Yo veo también gente que se doblega. Y es que ni siquiera la puedes culpar. Gente que se va a su casa, que dice: “No me merece la pena, no quiero que mis hijos tengan que leer estas cosas que ponen de mí en las redes sociales o que me acusen de cualquier tipo de cosa o que te afecte a tu vida personal, familiar o profesional. Es muy complicado porque te enfrentas a poderes robustos y sin escrúpulos”.

“No creo que exista crispación en general, creo que hay una derecha que va con todo, que se ha quitado la careta, que ya no tiene escrúpulos para autodenominarse fascista y para actuar como fascistas, como escuadrillas, como matones. Y los demás nos defendemos como podemos. A mi juicio, poco. Hay que quitarse también la vergüenza y el miedo, y señalar las cosas por su nombre y decir que hay determinados comportamientos que no se pueden permitir. No se pueden permitir en una tribuna de un Parlamento, no se pueden permitir en un estadio de fútbol y no se pueden permitir en un plató de televisión. Y a eso lo llamamos polarización. No. Es fascismo que arremete, y los demás no podemos permanecer impasibles, sino que tenemos que tener también una actitud de rebelión proactiva, de unidad y de esfuerzo colectivo”.

“Es terrible que la juventud, que es quien más tiene problemas para acceder a un salario digno, a una vivienda, para poder generar su proyecto de vida, sea cautivada por los cantos de sirena de quienes apuestan por desregularizar el mercado de trabajo, por no garantizar ninguno de los derechos que ha costado tanto alcanzar; los cantos de sirena de aquellos que están del lado de los grandes tenedores, de los grandes poderes económicos. No van a desarrollar ni una política en defensa de quienes lo necesitan y, en concreto, de los jóvenes. Vivimos en el mundo del relato, de la confusión, de las noticias falsas, del análisis superficial. Los derechos, las normas que nos permiten vivir con cierta tranquilidad, se contraponen a la libertad, y es justo lo contrario. Tú no puedes ser libre si no tienes los mínimos. Garantizar la posibilidad de educarte, la sanidad, el bienestar básico. Es una dicotomía falsa que ellos venden. Es como el Madrid de las cañitas. Dejamos morir a miles de ancianos, pero oye, qué frescas están las cañas. Por supuesto, no es toda la juventud, ni siquiera mayoritaria. Hay que explicar lo que suponen las posiciones de Vox de no pagar impuestos. Eso que suena tan bien. La consecuencia es que perdemos todos, la mayoría social trabajadora. Gente que necesitamos un sistema fuerte que permita que nuestras hijas e hijos puedan formarse o que tengamos una asistencia sanitaria. Regularizar supone que no te puedan echar cuando y como quieran, que te no puedan humillar, que no te paguen lo que quieran”.

“Es obvio que ni el tratamiento mediático ni judicial es el mismo para unos casos y otros. Corrupción va a existir, como existe el delito; forma parte de la naturaleza humana, de los funcionamientos sociales. Lo que tenemos que hacer es establecer los controles suficientes para evitar que sea sistémica. Las instituciones tienen que reaccionar. Cualquier estructura de poder tiene que establecer controles, responder con contundencia y no mirar la corrupción propia con una cierta capacidad de entender y la corrupción ajena con dureza. Dicho esto, no es lo mismo corromper la democracia –en concreto capturar el Estado para tus propios beneficios, que es lo que supusieron la Gürtel y la Kitchen con el Partido Popular– que te salgan unos golfos y te roben. Mal en los dos casos, pero son delitos distintos que tienen que ser valorados de esta manera”. 

“Los efectos de este conflicto –económicos, sociales, humanitarios– son imprevisibles porque están impulsados por un genocida que es Netanyahu, y que no tiene ningún escrúpulo, y por Trump, que seguramente es la incertidumbre personificada. El daño económico es evidente a nivel internacional porque la energía es el eje del desarrollo y del funcionamiento de absolutamente todo. Como país estamos mejor que otros porque tenemos dos cosas. Primero, la enorme suerte de tener energías renovables propias. Y en segundo lugar porque se ha desarrollado un esfuerzo muy relevante en los últimos años para que estas energías conformen ya el 60% del consumo eléctrico. Eso nos sitúa en mejor posición que otros que tienen más dependencia de los combustibles fósiles. Aun así, evidentemente el impacto afecta a todo, afecta al transporte y con ello al consumo, a la inflación. Y esto es evidente que nos va a impactar. Pero ante una situación como esta se pueden adoptar dos caminos. Lo que se hizo con la guerra de Irak, que es mirar en otra dirección y dejar caer sobre los más débiles las consecuencias. Y lo que se ha hecho en esta ocasión: aprobar un paquete de medidas para apoyar a la producción, el transporte y sobre todo el consumo de las familias, porque la subida de los precios sin duda se va a producir. Por tanto, estamos preparados. Seguramente si esto escala o si se mantiene en el tiempo, habrá que reforzar las medidas”.

“No creo que nadie, ni siquiera en su entorno más cercano, pueda tener una opinión sobre él especialmente positiva. Es un incendiario. No me parece en absoluto estúpido. Sus ejes de actuación son netamente para su beneficio personal y el de su entorno más próximo. Ni siquiera de sus ciudadanos, por supuesto, ni de sus votantes, ni de nada. En beneficio exclusivo suyo. Todo adornado con una visión del mundo chiquitita que mira por su único agujero y un desprecio absoluto por los derechos humanos, por la vida, por el equilibrio, por la solidaridad, por todo esto. Él es el eje del universo. Y con eso tenemos que jugar, porque es el presidente de los Estados Unidos, porque tiene aliados peligrosísimos y porque no tiene ningún escrúpulo para hacer todo el daño posible. Hay quien piensa que la forma de relacionarse con él es el vasallaje. Yo creo que este país ha hecho bien plantando cara, porque no creo que funcione nunca con los tiranos ponerte a sus pies y a su disposición. Lo único que funciona es plantar cara, hacer ver las contradicciones y no dejarte someter. Y ahí es donde tenemos que liderar también el conjunto de la Unión Europea. Para lo único bueno que va a servir, en mi opinión, el mandato de este señor es para alertar a Europa de que es necesario ese proyecto de unidad, de cesión de soberanía con un objetivo de vivir mejor, de estar más seguros, de tener mejor nivel económico y mejor desarrollo. Merece la pena y tiene que hacerse con independencia de las fluctuaciones que pueda tener el eje Atlántico”.

“Pedro Sánchez se ha perfilado como un líder político internacional del lado correcto, de lo que hasta hace apenas unos años era indiscutible: los derechos humanos, las reglas que nos hemos dado para el respeto de las minorías, las normas básicas que nos permiten desarrollarnos. Eso representa Pedro Sánchez ahora en el conjunto del mundo. Basta leer las cabeceras de los periódicos internacionales, hablar con la gente o ver el tratamiento que se le está dando. A nivel internacional se ha perfilado como probablemente el líder más importante en este momento, en términos de plantar cara, de pedir recuperar los cauces de colaboración y desarrollo. Probablemente la historia en el futuro lo verá con más claridad y lo analizará de esta manera, sobre todo en un momento donde el otro lado del espejo es tan tenebroso. Leer lo que está haciendo Pedro Sánchez y el Gobierno en el marco internacional y criticarlo, como está haciendo el PP, solo en clave de confrontación política interna, no solo no desgasta la figura de Pedro Sánchez, sino que los coloca a ellos en una situación claramente debilitada. Creo que es un error político y que la gente lo ve. La gente ve dónde hay un liderazgo y dónde hay ganas de desgastar”.

“Los datos en términos de empleo son espectaculares. Nunca hemos alcanzado los 22 millones y medio de personas ocupadas. Son cifras que hablan de una fortaleza económica importante. Ahora, lo que tenemos que pensar, la gran transformación de nuestro mercado laboral, es no tanto el número de personas trabajando, sino la calidad del trabajo. Es relevante ir eliminando la temporalidad no deseada. Hay muchos contratos precarios por el número de horas trabajadas que no alcanzan para la subsistencia. Todavía estamos muy por debajo, en términos salariales, en relación con el coste de la vida, no solo con la inflación, sino fundamentalmente con el coste de la vivienda, que es un eje básico para la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Hemos reducido el paro juvenil casi la mitad en la última década, pero estamos en unas cifras aún lejos de las óptimas. Un 23% de paro juvenil habla mal de la calidad del empleo. En el futuro, con los desarrollos tecnológicos, tendremos que adaptar el empleo y eso va a suponer que trabajemos menos, pero que trabajemos mejor y que distribuyamos, por supuesto la riqueza, las horas de trabajo, pero también los salarios y la riqueza derivada del desarrollo económico. Ese es el gran reto y es ahí donde tenemos que enfocar nuestra visión de futuro”. 

“Hay países más desarrollados en términos de estado del bienestar que apuestan por reducción de la jornada laboral y por garantizar salarios mínimos bajo la directriz de la Carta Social Europea, que es el 60% del salario medio. Nosotros estamos ya muy cerca, pero todavía no hemos alcanzado ese mandato, que es de mínimos. A veces nuestra mirada sobre el mundo se centra sobre nuestro entorno, que somos países desarrollados, pero abunda la pobreza laboral en términos prácticamente de esclavitud, por supuesto en África, pero también en América Latina, o en China. Todavía somos privilegiados en un entorno mundial donde el trabajo sigue siendo absolutamente precario”.

“Primero, siempre son más relevantes, más jugosos desde el punto de vista periodístico, los dramas, los desastres, cuando las cosas van mal. Forma también parte del compromiso periodístico con la verdad y con el análisis de lo que pasa. Eso es así. Por otro lado, no hay ningún interés en muchas de las cabeceras o en muchos de los medios de comunicación en los éxitos que son del Gobierno. Pero no solo lo son del Gobierno, son éxitos de país, son éxitos en cuanto al funcionamiento empresarial, el funcionamiento del trabajo autónomo, el desarrollo del trabajo, la formación, el esfuerzo colectivo... Y no hay ningún interés en que salga. Porque este Gobierno tiene una confrontación mediática evidente desde el primer día en que se puso en funcionamiento, con lo cual no me sorprende nada. Lo que me sorprendería es que hubiera tertulias hablando de lo que con otro Gobierno se titularía: “Milagro económico”, sin ninguna duda”.

Estos días se celebran dos juicios de los que tenemos información constante gracias al “carrusel judicial” que ofrecen los medios con minuto, resultado y si era puta o no.

El caso Mascarillas juzga una trama de corrupción vinculada a contratos públicos de mascarillas, con presuntas comisiones y colocaciones irregulares en empresas públicas. Implica al exministro socialista Ábalos, a su escudero Koldo y al fantasma de Aldama, para quienes la Fiscalía —“cuándo serás mía”, que diría Héctor de Miguel— pide 24, 29 y 7 años de cárcel por presuntas mordidas en contratos millonarios.

El caso Kitchen juzga una operación parapolicial para espiar a Bárcenas y robarle información comprometedora usando policías, fondos reservados y recursos del Ministerio del Interior al margen del control judicial. La Fiscalía pide 15 años de prisión para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y otros 15 para Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior del PP. Un exministro que estos días se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional y ante el escritorio de su casa escribiendo artículos para el diario ABC. “Huevos gordos”, que diría Emilio Delgado.

A la vista de estas peticiones de sentencia, puede afirmarse que la “gravedad penal” del caso Mascarillas es mayor que la del caso Kitchen.

Pero miremos la cuestión desde otro ángulo. El caso Mascarillas afecta a la opacidad en la contratación pública y al desvío de dinero público para pegarse la vida padre en un momento especialmente dramático, como fue la pandemia.

El caso Kitchen afecta a la integridad del Estado de derecho: presunto uso ilegal de dinero público contra un ciudadano nada ejemplar –y padre de un figurante de la última de Torrente– para blindar a un tal M. Rajoy.

Puede decirse que la “gravedad judicial” del caso Kitchen es mucho más alta. Se acusa a la cúpula del ministerio que garantiza la seguridad a los españoles y españolas de emplear un dispositivo ilegal —con intento de secuestro incluido— utilizando policías nacionales y fondos reservados. Demoledor, pero en línea con el modus operandi del PP.

Así que, queridos tertulianos de la nueva Brunete mediática, lo siento, pero no. No hay empate. El argumentista de Génova no solo ha vuelto a hiperventilar, sino que ha vuelto a consumir bebidas energéticas en horario de trabajo que le han dado alas. Parecidas a las que tenía Marcelo, el ángel de la guarda que ayudaba al exministro Fernández Díaz a buscar aparcamiento. Pero que no guardó bien el pendrive de Villarejo. Mecachis.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.