La Audiencia Nacional ha retomado este miércoles el juicio del caso Kitchen, centrado en la supuesta operación parapolicial para evitar que información comprometedora para el PP pudiera incorporarse al sumario de Gürtel. Y lo ha hecho con la declaración de Andrés Gómez Gordo, antaño asesor del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Durante su comparecencia, el comisario, que solo ha respondido a las preguntas de su abogada, ha reconocido que facilitó la captación como confidente de Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas. Pero ha negado haber tenido conocimiento de la operación. Una versión que ha generado dudas al tribunal. "¿Por qué dedica esa cadena de mensajes a hablar de algo que le es ajeno?", le ha preguntado la presidenta, Teresa Palacios, en relación a las comunicaciones mantenidas con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Gómez Gordo, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión, ha comenzado su declaración como acusado haciendo un repaso de su trayectoria profesional en aquel periodo de tiempo. Así, ha explicado que estuvo desde octubre de 2011 hasta marzo de 2015 como asesor del Ejecutivo castellanomanchego. Y que luego reingresó al Cuerpo Nacional de Policía. Estuvo destinado en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), donde fue jefe del área de vigilancias. "Excepto cuatro meses que estuve en atribución temporal de funciones en la Dirección Adjunta Operativa (DAO)", ha completado Gómez Gordo, a quien siempre se ha considerado comisario de cabecera de la ex secretaria general del PP –sus compañeros, de hecho, se referían a él como Cospedín–.

Durante la hora que ha durado la comparecencia, el nombre de Cospedal ha quedado al margen. Solo ha salido a flote en una ocasión. Y Gómez Gordo ha levantado una suerte de cortafuegos alrededor de la exministra de Defensa y su exmarido Ignacio López del Hierro. "¿Le pidieron ellos que facilitara la presentación [de Ríos con el comisario José Manuel Villarejo] o lo comentó con ellos?", le ha preguntado la letrada. "Para nada", ha contestado el acusado, quien también ha querido dejar claro que durante su etapa en la UDEF nunca tuvo "acceso a nada de la Gürtel". Durante su comparecencia como testigo en el juicio, Manuel Morocho, antaño investigador principal de ese caso de corrupción, dijo que sus informes eran analizados, entre otros, por Gómez Gordo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción resalta el papel clave del acusado en la captación del topo en la familia Bárcenas. Y durante su declaración, el entonces inspector ha reconocido haber facilitado esa gestión. Así, ha relatado que Ríos, con quien había coincidido durante la etapa en la que ambos trabajaron para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se puso en contacto con él después de que el comisario jubilado Enrique García Castaño, quien fuera máximo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –quien no se sienta en el banquillo de los acusados por un problema de salud–, hubiera intentado captarle. "Me dice que le han tocado, que no sabe de dónde son y que le han dejado una tarjeta", ha explicado Gómez Gordo.

Tras eso, el acusado ha contado que llamó al número de teléfono y se identificó como inspector jefe. Unos días después, ha continuado, recibió una llamada en la que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, a quien ha asegurado que entonces no conocía, le citaba a una reunión en un hotel de la capital. Allí, le dijo que era "seguridad del Estado" y que les ayudase, a lo que él respondió que si todo eso era "oficial" que le citara en "un sitio oficial". Al acabar el encuentro, Gómez Gordo se puso en contacto con el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, a quien conocía, y le contó todo. El jefe policial, tras escucharle, le citó en la Dirección Adjunta Operativa. Y allí, oficialmente, se le pidió que facilitara la presentación de Ríos a Villarejo.

El exchófer, quien ha declarado tras él y para el que Anticorrupción pide 12 años, ha confirmado que García Castaño, a quien conocían en el Cuerpo como El Gordo, intentó captarle y que pidió ayuda a Gómez Gordo después de que "algunos compañeros" no pudieran "comprobar" quién era la persona que le había abordado. "En ningún momento se identificó como policía, pensaba que era prensa o un detective privado", ha resaltado. Algo que, ha querido poner de manifiesto el fiscal Anticorrupción, entra en contradicción con lo dicho por el acusado en fase de instrucción, donde declaró que habló con "compañeros" de Fuencarral-El Pardo que habían estado en Policía Judicial y que le dijeron que la persona que le había tocado –en el argot policial– era un comisario principal.

Aquella presentación, han sostenido ambos acusados, se produjo en las inmediaciones de un aparcamiento público. Ríos acudió con su coche. Y a Villarejo lo llevó Gómez Gordo, quien se retiró para que ambos hablaran. En aquel primer encuentro, el exchófer ha explicado que el comisario le advirtió que se podía meter en problemas con algunas gestiones que estaba realizando para la familia Bárcenas y le informó de que se "había abierto" una "línea de investigación" orientada hacia la mujer del extesorero "para intentar saber de dónde venía el dinero y dónde estaban los testaferros". ¿El encargo? Que no "obstaculizara" los seguimientos y que "facilitara los lugares a los que llevaba a la señora", las "personas con las que se reunía", los "números de teléfono que pudiera tener de prepago" o las "matrículas de los vehículos que usábamos".

En aquella primera cita, según ha resaltado, Villarejo le dijo que consultaría en qué categoría de confidente podría encajar. Algo que se concretó en una segunda reunión en un centro comercial, en la que Ríos ya accedió a colaborar. "Me manifestó que habían aceptado que iba a ser colaborador con cargo a los fondos reservados y se calculó una cuantía de 2.000 euros", ha señalado. Del mismo modo, el comisario jubilado le informó que se le iban a facilitar unos "teléfonos ilocalizables" –conocidos en el argot policial como canutos– y que los utilizara para comunicarse con él cuando hubiera "cualquier tipo de problema o sospecha". "Al principio, me veía con Villarejo dos o tres veces por semana. Luego, las visitas se fueron espaciando", ha completado.

Ríos ha asegurado que nunca le pidieron "discos duros" ni "ningún tipo de material" relacionado con el extesorero. Y que "jamás" tuvo acceso a dispositivos de Bárcenas. De hecho, ha negado haber facilitado a García Castaño los teléfonos del extesorero cuyo contenido fue volcado en un restaurante de la capital por miembros de la Unidad Central de Apoyo Operativo. Dicha extracción ha sido confirmada durante el juicio por dos agentes, los cuales relataron que los dispositivos les fueron entregados por El Gordo, quien acudió a la cita junto con otra persona. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción identifica a Ríos como el acompañante. Él, sin embargo, rechaza todo. "Yo no fui a ese Vips", ha insistido ante el tribunal.

Gómez Gordo ha afirmado que nunca fue informado de la Operación Kitchen ni del interés que había por el exchófer de Bárcenas. "Nadie me dijo ni me explicó nada", ha resaltado, si bien ha dicho que tampoco había que ser un "lumbreras" para imaginarlo, dado que por aquel entonces el extesorero era "el delincuente uno". Ríos, del mismo modo, trató de dejar al comisario al margen. "Solamente traté con él los últimos tres meses durante este tema", ha resaltado el exchófer, un periodo de tiempo en el que estaba "latente" y solo tenía por "misión" vigilar un par de coches de gran cilindrada que tenía el extesorero. "Jamás le di ningún tipo de comunicación de los sitios a los que iba la señora", ha insistido Ríos.

El comisario ha reconocido que, efectivamente, se encargó de abonar durante tres meses al colaborador los pagos con cargo a los fondos reservados. "Lo hice porque me lo ordenó el director adjunto operativo", ha aseverado. También ha confirmado que fue él mismo quien se encargó de registrar la operación en Gati, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras. Lo hizo en 2015, pese a que el grueso de las vigilancias a la familia Bárcenas se desarrollaron en el verano de 2013.

La desvinculación total de Gómez Gordo ha generado algunas dudas a la presidenta del tribunal. "¿Por qué dedica esa cadena de mensajes a hablar de algo que le es ajeno?", ha lanzado la magistrada Teresa Palacios en relación a unos mensajes intercambiados con el ex secretario de Estado de Seguridad en julio de 2015 en los que este último preguntaba si Bárcenas estaba tan enfadado como para "tener intención de hacer daño", algo a lo que responde el comisario tras ponerse en contacto con Ríos. "Fíjese qué importancia le da usted que cuelga y habla con el señor Ríos", insiste la presidenta del tribunal. "Joe, es el secretario de Estado, le quiero contestar a la pregunta", ha intentado zanjar.

Este tipo de apuntes por parte de Palacios se han repetido en más ocasiones. Por ejemplo, cuando le ha preguntado por qué ese interés que ponía en las noticias que salían sobre la Kitchen o por qué en los mensajes se refería al exchófer como El Coci. "Todo el mundo le llamaba El Coci. Villarejo, los que estábamos en la DAO", ha contestado él. "¿Los acusados casualmente?", ha insistido la magistrada. "Puede ser", ha respondido el Gómez Gordo, quien ha querido culminar así su comparecencia: "Lo único que he hecho ha sido presentar al conductor porque me lo han ordenado, subir la nota a Gati porque me lo han ordenado y hacer los pagos porque me lo han ordenado. [...] Intentar medrar no es delito ninguno, intentar complacer [al secretario de Estado] yo creo que no es delito ninguno".

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se ha desvinculado este miércoles por completo de la operación Kitchen, de la que, según ha asegurado, se enteró por los medios a finales de 2015 o comienzos de 2016, más de dos años después de que se llevaran a cabo los seguimientos sobre la familia Bárcenas. El exdirigente conservador se sentó frente al tribunal justo después de que lo hiciera Francisco Martínez, su ex número dos, quien evitó comprometer a su exjefe. Y de esta manera, en una comparecencia que apenas se alargó una hora, Fernández Díaz desplegó con comodidad su estrategia de defensa, que pasó por negar que él enviara a Martínez los mensajes que le comprometen y por alegar desconocimiento total y absoluto sobre el operativo policial que se juzga en la Audiencia Nacional, algo que, sin embargo, entra en contradicción con lo poco que sobre él ha dicho su ex número dos.

Dos eran los elementos que salpicaban al exdirigente conservador en Kitchen y que lo situaban como conocedor de la operación. Por un lado, el testimonio que dio en fase de instrucción Martínez, el ex secretario de Estado de Seguridad. Y, por otro, los mensajes que éste protocolizó ante notario en junio y octubre de 2019, cuando la investigación judicial estaba bajo secreto. En la primera tanda, destacaba uno fechado el 13 de julio de 2013: "Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Y en la segunda, otro del 18 de octubre de ese año en el que se señalaba que la "operación" se había hecho "con éxito": "Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe".

Las fechas de envío de los mensajes, que fueron remitidos desde un número que pertenecía por aquel entonces al Ministerio del Interior, son clave. La primera vigilancia a la familia Bárcenas por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la que existe constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013. Y el volcado de los dispositivos electrónicos de Bárcenas, confirmado por dos agentes durante el juicio, se produjo a mediados de octubre. Durante toda la fase de instrucción, Fernández Díaz negó que él hubiera mandado nada, mientras Martínez insistía en la autoría del exministro.

Pero durante su declaración de este miércoles, y siguiendo la línea de defensa conjunta desplegada durante todo el juicio, tanto Martínez como su abogado han evitado hacer alusión alguna a estos mensajes, y eso que ambos han dedicado buena parte del interrogatorio a aclarar una buena cantidad de WhatsApp intercambiados por el ex secretario de Estado de Seguridad. Un silencio que ha dejado vía libre al exministro para desvincularse de los mismos. "¿Usted reconoce este mensaje? ¿Usted remitió este mensaje a don Francisco Martínez a través de mensajería instantánea a teléfono móvil suyo?", le ha preguntado su abogado. "No, claro que no", ha respondido Fernández Díaz, quien ha insistido una y otra vez que él "entre el año 2013 y el año 2015" no supo nada de la operación alrededor del extesorero del PP.

Esa afirmación del exministro, lo de que se enteró de la Kitchen por los medios de comunicación, entra en manifiesta contradicción con lo poco que ha dicho sobre él Martínez. En concreto, con lo de que el 13 de julio de 2013 le llamó el exministro para que se enterara de si alguien cercano a la familia Bárcenas "estaba colaborando" con la Policía Nacional, algo que confirmó a través del ex director adjunto operativo Eugenio Pino y trasladó a su jefe. Tanto Fernández Díaz como Martínez han respondido solo a las preguntas de sus abogados, por lo que el fiscal ha pedido que se incorporen sus declaraciones en fase de instrucción, a las que el abogado de Podemos ha pedido también que se sume el tenso careo que se registró entre ambos.

"Hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba –en referencia al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy– ni por abajo –en referencia a Pino–, ni por la derecha ni por la izquierda. Nadie me habló de esa operación", ha insistido hasta en dos ocasiones. Del mismo modo, ha negado todos y cada uno de los hechos que se le imputan. "En absoluto", ha repetido cuando su abogado le ha preguntado si había ordenado vigilancias a la familia Bárcenas, la entrada en el taller de restauración de su mujer o el volcado de los dispositivos del extesorero. "Son cuestiones operativas, de ninguna manera el ministro se interesa por esto", ha dicho al ser preguntado específicamente por lo último.

También ha negado que hubiera mandado espiar a Bárcenas dentro de la prisión de Soto del Real. O haber maniobrado para boicotear las investigaciones de Manuel Morocho, quien fuera inspector jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) e investigador principal de Gürtel. El agente relató durante su declaración como testigo que el acusado José Luis Olivera, exjefe de la UDEF y el CITCO, le ofreció por aquellas fechas un retiro dorado en Lisboa y que, en el marco de aquella conversación, recibió una llamada a la que respondió con un "sí, ministro, estoy con él". "Esa información es falsa. Esa llamada yo no la he hecho en mi vida", ha afirmado Fernández Díaz.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide 15 años de cárcel para el exministro, define la Kitchen en su escrito de acusación como una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" en poder de Bárcenas que pudieran "resultar incriminatorias" para la formación conservadora y sus máximos dirigentes en Gürtel. Fernández Díaz, sin embargo, ha dicho que nadie en aquellas fechas dentro del partido le mostró "inquietud o preocupación" sobre eso. Y ha querido dejar claro que su nombre ni siquiera salía en los papeles de Bárcenas, por lo que a él ese tema ni le "interesaba" ni le "preocupaba".

Casi dos meses después de su arranque en la Audiencia Nacional, el juicio de la operación Kitchen ha entrado este miércoles en su fase final con las declaraciones de los acusados. El primero ha sido el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien solo ha respondido a las preguntas de su abogado. A lo largo de dos horas, el ex número dos del Ministerio del Interior ha calificado como "denominación periodística" la Kitchen, supuesta operación parapolicial para evitar que información comprometedora para el PP pudiera terminar aportada al caso Gürtel. Y ha negado haber encargado localizar los "discos duros" del extesorero Luis Bárcenas. Es más, ha dicho que no había preocupación por ellos. Ni suya ni de su jefe, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a quien ha evitado poner en la picota.

Al ex secretario de Estado de Seguridad le arrastraron a la causa, fundamentalmente, las declaraciones en fase de instrucción de Enrique García Castaño, quien fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, que es la que realizó el grueso de los seguimientos a la familia Bárcenas. El Gordo, así le llamaban, aseguró al instructor que fue Martínez quien le encargó buscar los discos duros del extesorero con la "contabilidad" del PP, sobre los que existía preocupación. Y que a él le entregó en su despacho un "pendrive" con el contenido de un volcado que se hizo de varios dispositivos del extesorero, un dispositivo que le dio junto con un ordenador.

Martínez ha negado tajantemente haber dado tal orden a García Castaño: "Radicalmente no. Además, creo que eso de los discos duros de Bárcenas es una leyenda mediática. [...] No solo es falso, sino que es una fantasía", ha resaltado frente al tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios. Es más, ha dicho que "jamás" percibió "interés o preocupación" por "discos duros y contabilidades". "Y, por supuesto, jamás del ministro", ha completado. Y lo mismo respecto a las famosas grabaciones que Bárcenas asegura que tenía sobre, entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. "Lo que yo percibía era que eso no se creía e, incluso, hasta se bromeaba con ello. Nadie me transmitió jamás ninguna preocupación por haber sido grabado por Bárcenas. Y, desde luego, nunca me la transmitió el ministro", ha aseverado.

La relación entre Martínez y Fernández Díaz lleva años muerta. Sin embargo, ambos han remado en la misma dirección durante el juicio. Una línea de defensa conjunta que se ha mantenido hasta el final. Durante su comparecencia, el ex secretario de Estado ha evitado en todo momento referirse a las comunicaciones que protocolizó en 2019 ante notario, unos mensajes que él dijo que le mandó su jefe y que evidenciarían que el mismo estaba al tanto de toda la operación policial sobre el entorno de Bárcenas. Aquellas comunicaciones, que en fase de juicio ha decidido guardar en un cajón, son, precisamente, las que más persiguen a Fernández Díaz en la causa. Y las que en fase de instrucción provocaron un tenso careo entre jefe y subordinado.

El ex secretario de Estado, sin salirse un milímetro de la línea de defensa marcada, ha vestido la Kitchen como una suerte de operación de inteligencia legal orientada a "descubrir" si el extesorero conservador disponía de más fondos en el extranjero y de si había "más personas" implicadas "a modo de testaferros". En este sentido, ha dicho que entiende que toda la información recopilada de "interés" era trasladada a la Policía Judicial, que era donde, a través de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se investigaba Gürtel. Ahora bien, ha dejado claro que no era su cometido saber si ese intercambio de datos se estaba produciendo. No obstante, ha resaltado: "Presumo que todos actuaban dentro de sus funciones y dentro de la legalidad, y no tenía ninguna razón para cuestionarlo".

Ha dicho que se enteró por su jefe el 13 julio de 2013 de que alguien cercano a Bárcenas estaba colaborando con la Policía Nacional, algo que confirmó a través del ex director adjunto operativo Eugenio Pino y traslado al ministro del Interior. Pero poco más. "Yo no tenía ni la más remota idea de esto", ha lanzado Martínez. Y ha querido dejar claro que él nunca ordenó "investigaciones sobre nada". De esta manera, ha negado que mandara registrar el local de Rosalía Iglesias, sobre el que también existía "una leyenda mediática". O que García Castaño le informara sobre el resultado de esa entrada, que según reconoció en sede judicial realizó él mismo.

También ha rechazado que diera orden de clonar los teléfonos del extesorero, cuyo volcado ha sido confirmado por dos agentes de la UCAO. Y, por supuesto, que recibiera el contenido de los mismos. Efectivamente, ha dicho, García Castaño y sus colaboradores acudieron en su día a la Secretaría de Estado de Seguridad con un ordenador que pusieron a su disposición. Ahora bien, ha señalado que el contenido del mismo no tenía absolutamente nada que ver con la Kitchen. "Tenía información de un asunto secreto del ámbito internacional. Como estaba en varios idiomas, me habilitaron una herramienta", ha resaltado.

Del mismo modo, ha negado que él ordenara que se pagara a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y colaborador policial que facilitó la Kitchen, con cargo a los fondos reservados. Al fin y al cabo, ha explicado, él solo daba luz verde a las cifras globales que luego se repartían entre Policía y Guardia Civil. "La cantidad que se le pagaba era la que el manipulador del confidente consideraba que era la adecuada. En eso no solo ni entraba ni podía entrar, es que lo desconocía absolutamente", ha dicho el ex secretario de Estado, quien ha señalado que "nunca" escuchó ni a El Gordo ni al comisario jubilado José Manuel Villarejo "hablar de nada ilegal".

El juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional encara ya la recta final. Tras mes y medio escuchando testimonios, revisando documentos y repasando declaraciones judiciales y audios, los diez acusados deberán sentarse ahora frente al tribunal para dar su versión del supuesto operativo parapolicial sobre el extesorero Luis Bárcenas articulado con el fin de evitar que información comprometedora para el PP acabara en el caso Gürtel. El primero en hacerlo será el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Y luego, quien fuera su jefe, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Ambos llevan enfrentados entre sí desde hace años. Pero durante el juicio han mantenido prietas las filas. Una estrategia defensiva común que las acusaciones dan por hecho que se mantendrá en esta última fase de la vista oral. "Todos de la mano", lanzan.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno de Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias, que se extendieron fundamentalmente entre julio y octubre de 2013, están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes policiales elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado durante el juicio que formaran parte de, como dice la Fiscalía Anticorrupción, una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" que pudieran "resultar incriminatorias" para la formación conservadora y sus máximos dirigentes en Gürtel. Según el relato que han ido hilvanando, fue una "operación policial justificada y totalmente legal" para buscar cuentas bancarias en el extranjero que pudiera tener Bárcenas.

Una tesis que, sin embargo, ha sido puesta en entredicho por algunos testimonios recogidos en el juicio. Enrique Barón, quien fuera durante aquella época el mandamás de la Comisaría General de Información –en la que se encuadraba la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que hizo el grueso de seguimientos–, aseguró que nunca recibió ninguna solicitud de apoyo para actuar sobre el entorno de los Bárcenas ni de la Comisaría General de Policía Judicial ni de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que jerárquicamente se ubica bajo la primera y que era la que llevaba la investigación del caso Gürtel.

Un testimonio al que se suma el de Manuel Morocho, inspector jefe del Grupo XXI de la UDEF e investigador principal de la trama corrupta, quien aseguró que nunca le "llegó" ninguna "nota informativa de inteligencia" procedente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que entonces lideraba el comisario Eugenio Pino, ni nunca pidió apoyo a la UCAO para sus pesquisas. De hecho, aseguró que él se enteró de esa operación en 2015 –dos años después de llevarse a cabo–, cuando la cúpula policial registró la Kitchen en GATI, el fichero de inteligencia que realiza cruces entre investigaciones. Un movimiento con el que se buscaba, sostiene Anticorrupción, "enmascarar" el espionaje.

Algo de oxígeno dio a los acusados José Santiago Sánchez Aparicio, quien fuera comisario general de Policía Judicial y, por tanto, máximo responsable de la UDEF y de Morocho. En su declaración como testigo, dijo que cuando tomó posesión del cargo, Pino le informó sobre una operación de inteligencia sobre el entorno de Bárcenas. Él preguntó a sus subordinados si tenían constancia de ello, pero la respuesta fue negativa. Fue entonces cuando se reunió con el director adjunto operativo y el jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, quien le explicó que se había iniciado dicha "línea de investigación" pero que, al final, no se había desarrollado.

Un problema de salud libró García Castaño de sentarse en el banquillo de los acusados. Pero lo que dijo en fase de instrucción ha marcado las últimas sesiones del juicio. Sus declaraciones, reproducidas ante el tribunal de la Kitchen, ponen el foco, fundamentalmente, sobre el ex secretario de Estado de Seguridad. De hecho, fueron las mismas las que acabaron provocando la imputación de Martínez. Y cuentan con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que las utilizaba en su escrito de acusación –en el que, además, tenían en cuenta la "colaboración tardía" del comisario jubilado–.

Según la declaración de El Gordo, a él le hicieron varios encargos. Uno de ellos, que partió de Pino, estaba orientado a conseguir información sobre el patrimonio en el extranjero que pudiera tener Bárcenas. Pero luego Martínez introdujo un "plus" del que, aseguró durante sus comparecencias ante el instructor, también tuvo conocimiento el ex director adjunto operativo. El ex número dos de Interior le dijo que existía "preocupación" por unos "discos duros" que se habría llevado el extesorero con la "contabilidad". "Y todo lo que hacía en el partido: pagos en A, en B, donaciones...", concretó. "Estaba muy interesado", añadió.

García Castaño, quien llegó a decir que el objetivo del operativo era ocultar documentos comprometedores para el PP, también reconoció haber accedido al taller de restauración de la esposa de Bárcenas. Y haber hecho un volcado de varios dispositivos del extesorero que le facilitó su chófer, el topo en la operación. Una información que, afirmó, hizo llegar a Martínez: "El pendrive se lo entregué al secretario de Estado". Se lo dio, dijo, en su despacho, junto con un ordenador comprado con cargo a los fondos reservados para que no utilizara el oficial.

Dos de los agentes con los que García Castaño fue a ver a Martínez ya han declarado durante el juicio. Durante su comparecencia como testigos, confirmaron que acudieron a la Secretaría de Estado con el comisario. Y que manejaron un ordenador. Ahora bien, aseguraron que la visita nada tenía que ver con el volcado de los teléfonos. "Fuimos por un tema que no tiene nada que ver en absoluto con el que estamos hablando", resaltó uno de ellos. "La información que contenía dentro [del equipo] no provenía de los volcados que se realizaron, con toda certeza", aseveraron.

A Martínez también le persiguen los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo reproducidos a lo largo de la pasada semana en Sala. En uno de ellos, el primero habla de unos "recibos", no sabe si firmados por Bárcenas o por Mariano Rajoy, "cosas" que es "interesante tener", como "el ordenador ese que tienen". "Cuando vea mañana o pasado al Gordo le preguntaré si ya ha hecho lo de la entrada", se escucha a Villarejo, algo que puede guardar relación con el registro reconocido del taller de restauración de la mujer del extesorero. En los audios, Martínez también pregunta "quién paga" al "cocinero", que es como se referían al confidente.

Otra de las grabaciones reproducidas en la Sala recogía una reunión del 16 de diciembre de 2012 entre Fernández Díaz, Pino y Villarejo en la que se abordaba la posibilidad de presentar varias denuncias contra dirigentes independentistas y de la que el exministro no quería que se supiera absolutamente nada: "Yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido". "Con el fiscal jefe del Estado se ha hablado", llega a decir en aquel encuentro, una cita que recuerda mucho a aquel "la fiscalía te lo afina" que pronunció en otro encuentro con quien fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Dos son los elementos que salpican al exdirigente conservador en Kitchen y que lo sitúan como conocedor de la operación. Por un lado, el testimonio que dio en fase de instrucción el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Y, por otro, los mensajes que éste protocolizó ante notario en junio y octubre de 2019, cuando la investigación judicial estaba bajo secreto. En la primera tanda, destacaba uno fechado el 13 de julio de 2013: "Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Y en la segunda, otro del 18 de octubre de ese año en el que se señalaba que la "operación" se había hecho "con éxito": "Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe".

Las fechas son clave. La primera vigilancia a la familia Bárcenas de la que existe constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013. Y el volcado de los dispositivos electrónicos de Bárcenas, confirmado por dos agentes durante el juicio, se produjo a mediados de octubre. Los mensajes, según comprobaron los dos notarios que dieron fe de los mismos, fueron enviados desde un número que Martínez tenía guardado en su terminal con el nombre de "Jorge Fernández Díaz". Pero el exministro siempre ha negado su existencia.

Tiene, en este sentido, algunos elementos a su favor. Por ejemplo, el "borrado" de los mensajes que llevó a cabo Martínez tras documentarlos ante notario impidió a la Policía acceder a los mismos, algo que tampoco pudo hacerse a través de los dispositivos del exministro –no disponía del teléfono que usaba por aquellas fechas–. Durante su declaración como testigos, los dos notarios reconocieron que solo dejaron constancia de lo que vieron y de lo que les dijo Martínez, pero no aseguraban que el teléfono desde el que procedían los mensajes fuera el del exministro del Interior. Los investigadores, no obstante, sí comprobaron durante la instrucción que el titular de aquella línea telefónica era en 2013 el Ministerio del Interior y, a partir de julio de 2019, Jorge Fernández Díaz.

Aquellos mensajes provocaron un tenso careo durante la fase de investigación. Un enfrentamiento que, sin embargo, no ha aflorado durante el juicio de Kitchen. Los acusados han mantenido hasta el último minuto prietas las filas. Y buena prueba de ello es el silencio del abogado de Martínez durante el interrogatorio al perito propuesto por la defensa de Fernández Díaz para sembrar dudas sobre dichos mensajes. "Hay elevados indicios de que algo no cuadra y de algún tipo de manipulación", dijo el testigo de parte. El ex secretario de Estado, además, ha renunciado a su propio perito informático durante el juicio, dejando vía libre a la estrategia de defensa de su exjefe.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra acapara la atención política y mediática desde hace una semana. La Audiencia Nacional lo citó inicialmente como investigado por delitos de tráfico de influencias y otros conexos, aunque su declaración, prevista en principio para el 2 de junio, ha sido aplazada ahora al 17 y 18 de junio a petición de la defensa del expresidente. Aunque Zapatero aseguró que daría una rueda de prensa para explicarse, esto no ocurrirá, previsiblemente, hasta que declare.

En la oposición buscan estirar el caso al máximo y arrastrar al Gobierno por el camino. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que Zapatero "no era un jubilado haciendo negocios", sino que "tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno". Y aunque la moción de censura sobrevuela sobre el PP, su portavoz nacional, Borja Sémper, situó la presión sobre los socios parlamentarios del Ejecutivo y trató de desplazar la conversación. “El foco político e informativo hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova”, apuntó el lunes tras el comité de dirección del partido, a lo que añadió que la clave no está "en lo que Feijóo va a hacer". 

Un argumento con el que coincidió el expresidente socialista Felipe González, que reclamó elecciones aunque también dijo que no veía a Zapatero “con capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que apuntan los informes de la UDEF. Sobre una posible moción de censura del PP, el expresidente socialista fue todavía más directo que Sémper y afirmó que sería poco "inteligente" por lo que respecta a los conservadores porque “se dejaría de hablar de esto" para "hablar de la moción de censura". Además, también ironizó con quienes dicen que trabaja para el PP: “Ya habrían ganado”, apuntó.

Así, mientras el “foco” público gira alrededor de Plus Ultra tras la publicación de los informes de la UDEF y parte del sumario, quedan en segundo plano otros frentes judiciales, territoriales e institucionales que afectan de lleno al Partido Popular y a Vox. Una situación que, según apuntan fuentes de la dirección del PP, van a tratar de estirar al máximo posible para “tensionar” tanto al Gobierno como a los socios parlamentarios.

Uno de los frentes más relevantes está también en la Audiencia Nacional y es el juicio de la operación Kitchen. Este miércoles está previsto que la vista entre en una fase decisiva con la declaración de los acusados, que empezará con Francisco Martínez, exnúmero dos de Interior, y seguirá después con el exministro Jorge Fernández Díaz. El proceso investiga la presunta trama parapolicial urdida durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sustraer documentación que pudiera comprometer al PP. En el juicio están acusados, además de Fernández Díaz y Martínez, el exDAO Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Aunque el PP ha tratado de desentenderse del caso señalando que se juzgan hechos “casi del siglo pasado”, no es una pieza menor ni una trama sin consecuencias políticas, ya que se juzga la última vez que el PP gobernó en el Estado. En los últimos días se han reproducido audios de Villarejo en los que se aludía a pagos mensuales a Rajoy y a la captación del chófer de Bárcenas como confidente. El expresidente del Gobierno declaró hace apenas un mes como testigo y se desvinculó por completo del operativo. Entró al enfrentamiento directo con el viejo contable de la formación, a quien acusó de mentir y negó haber destruido en una trituradora, como Bárcenas señaló en sede judicial, una hoja de la caja B del partido.

Tampoco ocupa el centro de la actualidad nacional la declaración de Francisco Granados, durante años mano derecha de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El exconsejero y ex secretario general del PP madrileño declaró la pasada semana en su segundo juicio por la Púnica, centrado en la contratación presuntamente irregular de Waiter Music para festejos en municipios gobernados por el PP entre 2004 y 2013. Granados negó los amaños, pero la Fiscalía pide para él seis años de prisión por tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración y malversación. 

A su declaración en el juicio de la pieza de la Púnica se suma ahora otra novedad. La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra él y otras 40 personas, además de 79 empresas, en la pieza ocho del caso, centrada en supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en adjudicaciones de suelo público de la Comunidad de Madrid a través de Arpegio y en infraestructuras de Mintra. La Fiscalía Anticorrupción pide para Granados 42 años de cárcel por esta pieza, en la que también serán juzgados empresarios como David Marjaliza y Javier López Madrid. Los hechos investigados son constitutivos, según el auto, de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental. 

La otra cuestión que ha quedado en segundo plano son los pactos entre el Partido Popular y Vox. Este martes la formación ultra ha anunciado un acuerdo en la Comunitat Valenciana con el Consell de Juanfran Pérez Llorca, sustituto de Carlos Mazón, para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. La clave del pacto es la inclusión de la llamada "prioridad nacional" en ayudas sociales y vivienda, además de rebajas fiscales y medidas de acceso a la vivienda, que sigue la estela de los pactos ya aprobados en Extremadura y Aragón para investir a María Guardiola y Jorge Azcón. La aprobación definitiva de las cuentas se prevé para el mes de julio.

El presidente valenciano lidia, además, con la primera gran huelga indefinida de la educación pública valenciana desde 1988. Desde hace dos semanas miles de docentes están en huelga y han protagonizado multitudinarias manifestaciones, pese a la merma económica que les comporta. Entre sus reivindicaciones, demandan aumentos salariales, reducción de ratios, menos burocracia, defensa del valenciano y mejoras en infraestructuras. 

El acuerdo valenciano se suma al pulso abierto en Castilla y León, donde Vox afirma que las negociaciones con el PP "van bien" y prevé un pacto "en breve" para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. En Andalucía, en cambio, Juanma Moreno se resiste a abrir la negociación con la extrema derecha tras perder la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 17 de mayo, mientras los de Abascal le acusan de "bloqueo" por no contactar con su candidato. Lo cierto es que al andaluz le gustaría replicar el modelo de pactos que se da en la Unión Europea entre socialistas y populares, pero Génova ha cerrado por completo esa vía, al igual que el PSOE de María Jesús Montero.

Hay, además, otras cuestiones que golpean directamente a Vox. En Alcalá de Henares, su portavoz municipal y segundo teniente de alcalde, Víctor Acosta, ha sido denunciado por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, amenazas y revelación de secretos. La formación de Abascal ha pedido prudencia y defiende la presunción de inocencia, mientras sus servicios jurídicos estudian la denuncia. La querella presentada recoge las quejas de dos funcionarios del Ayuntamiento, donde el político acusado cogobierna junto al PP de la alcaldesa Judith Piquet.

En Aragón, el diputado de Vox David Arranz provocó una nueva polémica en la comisión de Educación de las Cortes autonómicas al afirmar que le gustaría ver "mucho cerdo en los comedores escolares", en el contexto de la supresión del programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí prevista en el pacto con el PP, y también tachó de "suicidio social" la acogida de migrantes.

La quinta semana del juicio de Kitchen –cuarta con testificales– ha transitado entre servicios secretos, guerras policiales, enemistades manifiestas y oposiciones bajo sospecha. Han sido tres sesiones intensas. Con testigos que, en algún caso, resultaban de gran relevancia. Y para muestra, una de esas frases cuchicheadas entre togas que acabó captada por uno de los micrófonos de la Sala: "Esta prueba tenía una importancia vital. Muy bien". En total, más de ocho horas de declaraciones en las que los acusados han tratado de atar sus defensas antes de afrontar sus respectivos interrogatorios, que el calendario prevé que desarrollen en las próximas semanas.

Antonio García Cabrera, abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha jugado un papel principal en estas últimas sesiones del juicio. Al fin y al cabo, una parte nada desdeñable de los testigos que han ido desfilando por la Audiencia Nacional lo hacían a petición suya. Los interrogatorios planteados por el letrado han ido orientados, en buena medida, a buscar lagunas e irregularidades en el origen del procedimiento que permitan invalidar Tándem y, por conexión, también su séptima pieza separada: Kitchen. Algo que, hasta el momento, no ha sucedido. Por ahora, la Audiencia Nacional ha avalado la investigación y las pruebas recabadas, si bien hay recursos pendientes de resolver en el Tribunal Supremo.

Por un lado, el letrado ha intentado convencer al tribunal de que tras la caída de Villarejo hay una suerte de complot de los aparatos estatales con origen en uno de los organismos más herméticos: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De ahí que pidiera llamar como testigo a quien fuera durante una década su director, Félix Sanz Roldán. García Cabrera se esforzó por evidenciar la enemistad entre general y comisario. Pero el exjefe de los espías no se lo puso fácil. Negó "enemistad manifiesta" con Villarejo. O que pidiera hasta en tres ocasiones al entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que lo cesara. También rechazó haber dicho que si el Estado no acababa con Villarejo este último sería quien acabaría con el Estado: "Nunca he tenido la sensación de que fuera tal su capacidad".

García Cabrera sostiene que Tándem está contaminado desde la raíz. ¿Por qué? Porque la denuncia anónima ante la Fiscalía Anticorrupción que provocó el inicio del caso fue interpuesta por David Rodríguez Vidal, un viejo colaborador del CNI, quien unos meses antes había compartido parte de esa información que luego envió bajo un seudónimo con mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o con el fiscal Ignacio Stampa, que sería quien llevaría luego el caso Villarejo. "¿Usted exhibió esa documentación?", preguntó el abogado sobre aquella reunión. "Conforme iba explicando, enseñaba las fotocopias", respondió. Con esto sobre la mesa, la defensa de Villarejo sostiene que todo se preparó por "medios espurios".

El abogado, por otra parte, también ha intentado encontrar flecos sueltos tanto en los registros realizados en las viviendas del comisario jubilado, donde se halló buena parte del material sobre el que se apoya la macrocausa, como en el análisis de los efectos incautados. A sus preguntas se han sometido varios policías. Y todos ellos han negado irregularidades. Así, han explicado que se les dio orden de buscar información sobre los negocios de Villarejo relacionados con Guinea Ecuatorial y sobre otros "proyectos" que tuvieran una "estructura similar". Y en cuanto al análisis documental, una de las agentes explicó que si en alguna carpeta se encontraban "aspectos personales", la misma "se dejaba de lado".

A lo largo de la quinta semana de juicio han desfilado por la Audiencia Nacional un buen número de agentes de la Unidad de Asuntos Internos. Muchos de ellos a petición de la defensa de Marcelino Martín Blas. En las primeras sesiones del juicio, quien fuera comisario jefe de este departamento, que al igual que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información protagonizó seguimientos sobre el entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas, se vio señalado por el ya jubilado inspector jefe Jesús Vicente Galán, quien estuvo al frente del área de Vigilancias y Seguimientos de la unidad. Durante su declaración como testigo, sostuvo que fue Martín Blas quien le dio orden de "dar protección" a la mujer de Bárcenas pero sin "ser detectados", lo que le resultó contradictorio.

Cuando compareció frente al tribunal, la situación de Galán era bastante especial. Como había estado investigado y el procedimiento contra él estaba sobreseído provisionalmente, su obligación de decir la verdad se veía –en palabras de la presidenta del tribunal– "algo más difuminada". Esta semana, Antonio Alberca, abogado de Martín Blas, ha tratado de poner en cuestión ese testimonio. Y lo ha hecho a través de varios exmiembros de Asuntos Internos que han puesto de relieve la "mala relación" entre comisario e inspector jefe, que han llegado a vincular con la negativa del primero de proponer al segundo para una condecoración policial. "Estaba rencoroso", se ha llegado a escuchar en la sala.

El testimonio más demoledor fue el de una agente de Asuntos Internos que participó en la comisión judicial que se creó para investigar el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como pequeño Nicolás. La policía contó que Galán "malmetía contra Marcelino". "Le menospreciaba a nivel profesional y físico", expuso, al tiempo que aclaró que luego cuando le tenía delante solo le faltaba "hacerle una reverencia". Del mismo modo, explicó que Galán se esforzaba por sonsacarles en todo momento información sobre la investigación que estaban realizando. "Nos hacía sentir muy incómodos", dijo. E, incluso, que intentó que la agente dejara el caso. "Vete a una embajada", llegó a decirle en una conversación en la que, según la testigo, dejó entrever que sabía a qué colegio iba su hija pequeña.

Cuando los micrófonos de la sala captaron aquella frase que evidenciaba la relevancia de las testificales –"esta prueba tenía una importancia vital"–, acababa de comparecer ante el tribunal José Santiago Sánchez Aparicio, quien fuera comisario general de Policía Judicial. Su testimonio había sido solicitado, entre otros, por el abogado del ex director adjunto operativo Eugenio Pino, cuya principal línea de defensa, al igual que la de la gran mayoría de acusados, se centra en vestir el espionaje al entorno de Bárcenas como un operativo policial completamente legal orientado a encontrar el dinero que el extesorero del PP pudiera tener en el extranjero.

Lo que pudiera decir Sánchez Aparicio resultaba relevante porque, al fin y al cabo, había estado al frente de la Comisaría General de Policía Judicial, que es donde se entronca la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que había investigado el caso Gürtel. El comisario jubilado explicó que, cuando tomó posesión del cargo, Pino le informó de la existencia de una operación de inteligencia sobre el entorno de Bárcenas. Él preguntó a sus subordinados si tenían constancia de ello, pero la respuesta fue negativa. Fue entonces cuando se reunió con Pino y el jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, quien le explicó que se había iniciado dicha "línea de investigación" pero que, al final, no se había desarrollado.

Las acusaciones defienden que detrás de los seguimientos y vigilancias se escondía toda una operación parapolicial para evitar que información comprometedora que pudiera tener Bárcenas acabara en el caso Gürtel. Y buena prueba de ello, sostienen, es el hermetismo con el que se desarrolló el operativo, sin que nadie informase al juez instructor ni al fiscal ni al investigador principal sobre la existencia de una operación de inteligencia de este tipo. "Había una operación policial sin contar con autorización judicial", dijo la pasada semana durante el juicio Manuel Morocho, quien fuera inspector jefe del Grupo XXI de la UDEF e investigador de Gürtel.

Aquel testimonio fue demoledor, por cuanto relató presiones de todo tipo por parte de sus superiores para boicotear las pesquisas sobre la trama corrupta. Por eso, las defensas han tratado esta semana de desacreditarlo a través de la testifical de Sánchez Aparicio, quien fuera su superior. "¿Morocho reportó ser víctima de presiones en la elaboración de su trabajo?", preguntó el abogado de Pino. "No", respondió el comisario jubilado. "En sus reuniones con el instructor de Gürtel, ¿le reportó que Morocho estaba siendo víctima de presiones?", continuó el letrado. "No, en ninguna", zanjó Sánchez Aparicio, quien también quiso dejar claro durante su declaración que el investigador "es un profesional como la copa de un pino".

Si la operación Kitchen pudo llevarse a cabo fue, precisamente, gracias a la captación de Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero conservador. Por sus servicios, el confidente cobró más de 50.000 euros con cargo a los fondos reservados. Y Anticorrupción también cree que se le pudo premiar con una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía, al que consiguió ingresar en 2017. La defensa de Ríos, sin embargo, trata de acreditar que aprobó la oposición de forma limpia. Y, para ello, ha llevado esta semana como testigo a dos exresponsables de aquellas oposiciones, que han negado que se filtrara el examen o que se les indicara que había que facilitar el aprobado de Ríos.

El expresidente de España y expresidente del partido condenado por corrupción M. Rajoy, el Asturiano, el Barbas o como usted quiera llamarlo, ha hablado después de hacer un impúdico paripé ante el juez de la Kitchen como sólo le está permitido hacer a presuntos delincuentes relacionados con la derecha del PP. Ha hablado, ¡cómo no!, para denigrar al presidente del Gobierno que lo desalojó de la Moncloa por corrupción. El lector del Marca, notable figurante en los papeles de Bárcenas, promotor de la Ley Mordaza y defectivo orador (por no mentar el ADN franquista de su partido) ha hablado de dictaduras.

Acusa a China de apoyar a Rusia frente a Ucrania, motivo por el cual considera que hay que alejarse de China y acercarse a EEUU, soslayando la excelente sintonía entre Trump y Putin y el maltrato a Zelenski en la Casa Blanca. También acusa al país asiático de “no cortarse nada al apoyar a las dictaduras latinoamericanas”, obviando el largo historial del imperialismo yanqui como inductor de golpes de estado en Sudamérica para poner los gobiernos en manos de dictadores como Batista o Pinochet y títeres afines como Milei o Machado. El propio presidente Trump tiene los tintes y los modos de un dictador criminal.

En un ejercicio de desnorte ideológico y lingüístico, del que es consumado maestro, opina que el lugar de España y de Europa “debe seguir siendo con las democracias”, donde incluye a los EEUU de Trump, el Israel genocida, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait porque “si no, ¿con quién vamos a estar, con las dictaduras?”. Metido en faena, 'el Asturiano' ha defendido a la OTAN como instrumento de defensa de Europa, en el caso de que sea atacada, si el atacante no es norteamericano, es decir, soviético o moro. 

Para rematar, el Barbas ha planteado, como reto para Europa, evitar guerras y proteger las democracias ante “enemigos muy serios” como el populismo de “extrema derecha, izquierda y de extrema necedad”. Mucha necedad se ha de tener para no sentir un escalofrío en el cogote cuando se escucha esto al mismo tiempo que Guardiola, Azcón y el propio Feijóo asumen y defienden como propio el discurso de la prioridad nazional que proponen vividores provocadores como Abascal y aplauden populismos como el de Ayuso.

Hay que ser de una pasta especial para ejercer el contorsionismo político de la manera que lo hace el registrador Rajoy sin despeinarse. Hay que tener muy controlada por la puerta de atrás a la Justicia para declarar en la Audiencia Nacional como lo han hecho Mariano, María Dolores, Soraya y toda la patulea de granujas implicados en la Kitchen. Debe de ser poseedor de un altísimo grado de cinismo para hablar de dictaduras quien ha utilizado su paso por la Moncloa para llevar a cabo ilegales prácticas parapoliciales propias de Mafias y Gestapos.

Hay que ser M. Rajoy para minimizar su relación con Bárcenas después del “Luis, sé fuerte” y “hacemos lo que podemos”. Un Rajoy sabedor de que parte de la judicatura puede hacer y hace (Aznar dixit) y otra parte no menos significativa no oculta su militancia ideológica con la venia del Tribunal Supremo y del CGPJ. La Justicia es un arma cargada de pasado en un sistema político sin más programa que la dictadura del dinero ni más horizonte que sembrar odio y enfrentar a unos pobres con otros mucho más pobres.

En la línea de Rajoy y del PP, no extraña que Aldama apunte, sin pruebas, a Pedro Sánchez y la financiación del PSOE: la Justicia valorará y el PP recompensará su declaración.

______________

Verónica Barcina es socia de infoLibre.

La fase de testificales de Kitchen encara ya su recta final. Después de tres frenéticas semanas navegando entre números de carné profesional y políticos que no recuerdan nada –un clásico en este tipo de procedimientos–, la vista oral se adentra ahora en un momento clave para las defensas. Una parte importante de las testificales previstas para las próximas sesiones han sido propuestas, precisamente, por los abogados de la decena de acusados. Tras el terremoto provocado por la comparecencia del investigador principal de la Gürtel, el juicio se retomará el próximo lunes con todas las miradas puestas sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un foco que ha colocado sobre ambos organismos, fundamentalmente, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pieza central de todas las tramas policiales.

Frente al tribunal que juzga la supuesta operación parapolicial sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno está previsto que se sienten, por el lado de la unidad de élite del Instituto Armado, Manuel Sánchez Corbí, ex coronel jefe de la misma y fichaje estrella de Acciona, y Francisco de Borja, quien fuera agente del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO. Y, en la esfera del servicio de inteligencia, quien fuera durante una década su director, Félix Sanz Roldán, y el exagente David Rodríguez Vidal, que está en el origen de la caída de Villarejo. La sombra de sospecha en torno al CNI ha planeado desde el principio en la investigación de la Kitchen, si bien nunca se llegó a explotar esa línea de investigación.

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, quien durante años tuvo a los espías bajo su control, dijo esta semana que no le constaba que el CNI hubiese vigilado al entorno de Bárcenas. Pero la testifical propuesta por el abogado del comisario jubilado, quien siempre ha tenido a Sanz Roldán como su némesis, va por otros derroteros. En su escrito de defensa, relata que la UCO recibió en su día una información de Vidal que derivó en una reunión con el fiscal jefe Anticorrupción y el fiscal que acabó haciéndose cargo del caso Tándem. Y que, pese a participar en un momento inicial de las pesquisas, "no informó en ningún momento" de que había tenido a su "disposición" los "documentos" que luego se aportaron de "forma anónima" e, incluso, que "conocía la identidad del denunciante".

El comisario jubilado, en resumen, va directamente a la raíz de todo. Así, sostiene que los movimientos relatados contaminan Tándem. Y, por ende, también Kitchen. Algo parecido a lo que apunta también el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. En su escrito de defensa, el ex número dos del Ministerio del Interior sostiene que "existen poderosos indicios que permiten suponer" que la "causa real de entrada" en los inmuebles de Villarejo de la que deriva la macrocausa "pudo ser el interés de determinados organismos del Estado en acceder a información" que pudiera custodiar el comisario jubilado en los mismos.

"El Juez Central de Instrucción autorizante de la primera causa fue engañado por la Fiscalía Anticorrupción, al presentarse como notitia criminis una supuesta denuncia anónima que no era tal, privando a las defensas de la primera causa de impugnar la legalidad de las diligencias y de la entrada en los inmuebles y, por contagio, para las siguientes piezas separadas", completa el escrito de Martínez. Una causa de nulidad que, sin embargo, no apreció la Audiencia Nacional cuando impuso la primera sentencia contra Villarejo, donde quedó avalada la génesis del procedimiento judicial.

La última versión del calendario remitido por el tribunal también incluye en la lista de testigos del próximo lunes al empresario Javier Pérez Dolset o a Agustín Linares. Este último, ex director general operativo de la Policía Nacional, aparece en una de las múltiples grabaciones filtradas en los últimos años. La cinta versa sobre una reunión en la que participa el policía jubilado por invitación de Eugenio Pino, director adjunto operativo y uno de los acusados en Kitchen, quien le llama porque le considera "padre putativo" de Villarejo, que está que trina porque le investiga Asuntos Internos, dirigido entonces por Marcelino Martín-Blas, a quien sugieren puentear. Es precisamente este comisario retirado, también sentado en el banquillo de los acusados, quien pide la testifical de Linares.

También está previsto que a lo largo de la semana presten declaración en el juicio, en este caso a petición de la defensa del exchófer de Bárcenas, varios miembros del tribunal calificador de las oposiciones que le dieron acceso al Cuerpo Nacional de Policía. En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que, además de los pagos con cargo a los fondos reservados –más de 50.000 euros–, Sergio Ríos obtuvo como contraprestación por su labor como informante en la Kitchen una plaza de policía.

Las sesiones celebradas hasta el momento han permitido a las acusaciones martillear la coartada de las defensas y apuntalar su tesis en torno a la existencia de una operación parapolicial de carácter ilegal que buscaba hacerse con información comprometedora para el PP que su extesorero pudiera introducir en la investigación del caso Gürtel. También han servido para dibujar, a través del testimonio del principal investigador de esa trama corrupta, una suerte de cúpula policial al servicio de la formación conservadora, con trabas a la investigación y continuas filtraciones. Y para comprobar que, aunque piense que no están en el banquillo todos los que fueron, Anticorrupción no está dispuesta a abordar en el juicio la posible rama política de la Kitchen. Esa parte quedó fuera del perímetro marcado por el tribunal. Y el fiscal no piensa salirse un milímetro de esos límites.

Cualquier pensamiento independiente, sea conservador o progresista, estará observando con gran inquietud que una parte de los poderes del Estado —el judicial— muy importante e imprescindible en una democracia, da la sensación o parece querer entorpecer, por no decir perjudicar, anular o destruir a otra parte, al poder ejecutivo y su presidente al frente, al que quieren sentar en el banquillo. Esto es el pensar de muchos ciudadanos. Desde el mismo día que Rajoy fue expulsado por el parlamento democráticamente elegido, venimos asistiendo a un acoso y derribo por una oposición que no acepta las reglas democráticas, o más grave, las malutiliza sólo para destruir al adversario y sentarse en el poder. En vez de alternativas, se erige en un ventilador de bulos o mentiras que han sido creadas por una prensa afín y bien pagada, con el único objetivo de destruir y no para construir una alternativa. Alimentan, o mejor dicho, institucionalizan la corrupción. ¿Acaso habrá mayor corrupción que la de aquellos diputados con un discurso que se limita al insulto, en vez de elaborar con inteligencia y conocimiento alternativas y programas que fuesen útiles a los ciudadanos que les pagan el escaño?

Al oírlos a veces me recuerdan a aquellos malos estudiantes que copiaban para aprobar. Pero lo que pasa ya ha pasado, Goebbels creó una propaganda para anular la inteligencia crítica del ciudadano. El miedo, relatos falsos, confusión y miedo, era el objetivo. Hay un ambiente de sospecha generalizada de que la justicia no es igual para todos. Varios ejemplos aseveran esta preocupante sospecha: el desarrollo y sentencia contra el fiscal general, la pertinaz persecución a la mujer del presidente del Gobierno, los fallecimientos de ancianos en las residencias de Madrid y la pasividad de la justicia, la gran tragedia de la dana en Valencia en donde el sospechoso aún ocupa un puesto oficial..., y ahora la Gürtel y la Kitchen en donde los testigos con responsabilidad y mando no se acuerdan de nada. ¿Para qué decir la verdad si no me va pasar nada?

Se está cumpliendo a rajatabla aquella fatídica frase que se perpetuará en la historia negra de la política: "El que pueda hacer que haga". Los líderes de la maldad que infiltran, contaminan y dictan el pensamiento conservador, aquí como en el mundo, saben que no pasa nada. Les arropa el poder que los mueve como marionetas. El poder por el poder siempre ha preferido marionetas o mediocres sin escrúpulos para poderlos mover a su antojo. Los valores que deben regir al ser humano en caída libre. Se asesina a niños y mujeres en Gaza, y la Europa de la democracia y el humanismo muda o tibia sin actuar, que es peor. Se rapta a un presidente de un país soberano, se le encadena y se le juzga por los mismos que lo raptaron en contra de las leyes internacionales, y no pasa nada. Se invade y se bombardea a civiles en Irán con falacias, y tampoco pasa nada. Pero ya viene de antes, no pasó nada cuando dejaron a Libia como tierra sin Estado, o tras la invasión y destrucción de Irak ajusticiando con brutalidad a su presidente para vergüenza de los que se autoproclaman defensores de la justicia. Esa inestabilidad de los países de Oriente medio, incluyendo a Siria, ha empujado a millares, por no decir millones, de refugiados que escapaban para morir en el Mediterráneo, quizá la mayor tumba de inocentes. No los han dejado entrar —¡oh, paradoja!— aquellos que crearon las guerras en sus países. Pero tampoco pasa nada tras la guerra ilegal contra Irán, promovida por el sionismo y su aliado, los EEUU, del encarecimiento de la vida.

Las repercusiones negativas deberían pagarlas aquellos ciudadanos —¿súbditos?— que están a favor de las guerras. Lo peor es que continúa el silencio a excepción de algunas voces que protestan reclamando una dignidad perdida ante los que se autoproclaman líderes de la democracia, pero que siguen sin hacer nada. Pero lo preocupante es que aquellos que quieren destruir lo conseguido, con esfuerzo y sacrificios, pueden ser elegidos por los mismos a los que les quieren quitar el pan, las medicinas o la libertad. El mundo al revés. Pero ya también ha ocurrido cuando millones de europeos, y no sólo alemanes, vitoreaban a Hitler y sus secuaces.

__________________

Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

Para sorpresa de nadie, la votación del decreto del alquiler salió mal. Obtuvo 166 votos a favor, 177 en contra y cinco abstenciones, por lo que no logró convalidarse. El rechazo salió adelante por los votos de PP, Vox y Junts. La consecuencia práctica es que deja de estar vigente la prórroga automática de hasta dos años y también cae el tope del 2% para las actualizaciones de renta previstas en ese decreto.

Las redes no han tardado en hacerse eco de la noticia y la indignación ha dominado la conversación entre los usuarios. "Por lo visto, 'Prioridad Nacional' significa que un español no pueda pagar el alquiler porque un fondo buitre extranjero le sube un 50%", por @BenderOfuscado, "Si veis que el primer día del mes hay pocos diputados en el Congreso es porque han ido a cobrar el alquiler a sus inquilinos", ironiza @chemapizca, “El rentismo no es un trabajo, es parasitar sueldos ajenos violando el derecho de tener una vivienda digna", valora @hannibal.bsky.social, ‪”Parece que al PP, VOX y JUNTS no les caen bien sus inquilinos”, critica @bobestropajo.bsky.social‬.

Esta semana ha estado bien servida en lo referente a juicios y declaraciones en tribunales. Por un lado, el inspector Morocho afirmaba que la Kitchen no se hizo para ayudar a la investigación y que "fue sin autorización judicial"; por otro, Víctor de Aldama, en el Tribunal Supremo, señalaba sin pruebas a Sánchez como jefe de la trama del caso mascarillas, y aseguraba que sus pagos financiaban al PSOE. La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría también pasó por los juzgados y, a pesar del interés que despertaba su testimonio, pasó sin pena ni gloria por la sala, duró un cuarto de hora. Y apenas aportó información.

Las redes, una vez más, han sacado punta a todo lo que se ha cocido en los juzgados: "Caso Kitchen: el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría, que suplió al presidente Rajoy durante la moción de censura, declara que no le consta conocer al tesorero Bárcenas", postea @TheObjectivo junto a una foto de la mesa en la que estuvo declarando la expresidenta con un bolso colocado encima. "Criticáis a la UCO porque lleva 300 días sin el informe sobre el novio de Ayuso, pero es que había dado prioridad a lo de Ábalos y Koldo, por lo que sea", ironiza @CarlWinslou, “Contratar a Aldama como cuentacuentos para mis hijos pequeños me proporcionaría mucho tiempo libre”, apunta @wilma78.bsky.social.

Otra noticia que ha hecho las delicias de las redes ha sido el anuncio de la carrera que estudiará Leonor. La Casa Real hacía público que la princesa de Asturias cursará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. "Doña Leonor estudiará Ciencias Políticas para ganar todas las elecciones, a joderse", bromea @DonMitxel_I.

Nuevo salseo en la cúpula de Vox. La filtración de unos mensajes de un grupo de WhatsApp del Comité Ejecutivo Nacional, en los que se habría decidido apartar a Javier Ortega Smith de la cúpula del partido en apenas unos minutos y sin un debate real, ha dado rienda suelta a la mofa entre los usuarios de redes sociales. Según esas conversaciones, publicadas por El Mundo, Ignacio Garriga planteó su cese, Santiago Abascal lo formalizó y la dirección lo aprobó por WhatsApp, pese al voto en contra del propio Ortega Smith.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Cuenta que hubo una época en la que la confianza en sus superiores era nula. Un tiempo en el que intentaban quitarle de en medio enterrándole en trabajo o dándole la patada hacia arriba. Un periodo en el que, con tono despectivo, se le calificaba por los pasillos como "la bestia negra del PP". Pero este miércoles, Manuel Morocho, antaño inspector jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) e investigador principal de la Gürtel, ha sido en la Audiencia Nacional el encargado de tirar la última palada de tierra sobre la principal línea de defensa de los acusados en Kitchen. El agente 81.067 ha negado con contundencia que las vigilancias sobre el entorno del extesorero Luis Bárcenas contasen con autorización judicial. Y ya, de paso, ha dibujado toda una trama policial al servicio de la formación conservadora.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado que formaran parte de, como dice la Fiscalía Anticorrupción, una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" que pudieran "resultar incriminatorias" para el PP y sus máximos dirigentes en Gürtel y que pudiera tener Luis Bárcenas. Fue, más bien, según sus argumentos, una "operación policial, justificada y totalmente legal" para encontrar cuentas bancarias que el extesorero pudiera tener en el extranjero.

Pero dos inspectores jefes se han encargado durante el juicio de poner en cuestión esa tesis. El primero fue Gonzalo Fraga, el investigador principal de la Kitchen. "No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora", dijo el agente de Asuntos Internos, que fue quien abrió la ronda de testificales. Algo que ahora se ha encargado de apuntalar, precisamente, el investigador principal de aquella causa de corrupción. "Había una operación policial que no contaba con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno", ha resonado este miércoles en la sede central de la Audiencia Nacional.

Son varios los elementos expuestos que apuntan en esa dirección. Es el caso, por ejemplo, de la "opacidad evidente", en palabras del propio Fraga, sobre los trabajos que se estaban desarrollando, fundamentalmente, desde la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información. Algo que no se hizo aflorar en las bases de datos hasta casi dos años después. La Kitchen no se introdujo hasta mediados de 2015 en GATI, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras.

La Fiscalía Anticorrupción considera que con ese movimiento los acusados buscaban "enmascarar la operación policial". Es decir, legalizarla. Morocho ha explicado que el "protocolo" de 1995 que regula el funcionamiento de GATI "dice taxativamente" que la investigación debe registrarse cuando se inicia –y eso es, precisamente, lo que ellos hicieron en 2007 cuando empezaron a investigar Gürtel– y, a partir de ahí, se va "alimentando" con nuevos datos de los que se vaya disponiendo. Pero en este caso se hizo tiempo después. Y eso impidió que se realizaran los cruces y que el inspector jefe tuviera conocimiento de estas pesquisas realizadas bajo el paraguas de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que no es una unidad investigadora, hasta agosto de 2015.

"Cuando se recibió la información el procedimiento estaba ya cerrado", ha explicado Morocho. En mayo de ese año, se había dictado auto de apertura de juicio oral en Papeles de Bárcenas, pieza separada de Gürtel. Y nadie antes le había informado ni de la existencia de un topo en el entorno de los Bárcenas ni de la posible existencia de fondos en las Antillas Holandesas o Cracovia. Nunca, "como responsable de la unidad de auxilio judicial", le "llegó" ninguna "nota informativa de inteligencia" sobre este tema procedente de la Dirección Adjunta Operativa, que entonces tenía como cara visible al comisario Eugenio Pino. Y él nunca, como investigador principal en Gürtel, pidió el apoyo de la UCAO o de Instituciones Penitenciarias para hacer indagaciones respecto a Bárcenas o su entorno.

"Yo hice un oficio cuando comenzó Gürtel solicitando que se me comunicara a mí expresamente, además de al comisario general o al jefe de unidad, si había cruce con alguna investigación secreta respecto de alguno de los encartados, y eso a mí no se me ha comunicado", ha apuntado el inspector. Aunque las defensas sostienen que con la operación se buscaba el dinero en el exterior de Bárcenas, lo cierto es que la primera vigilancia de la que se tiene constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013, cuando las autoridades suizas ya habían aflorado los 47 millones vinculados al extesorero en la Confederación Helvética.

La extensa comparecencia del agente 81.067 ha permitido, además, dibujar una suerte de trama policial al servicio total del PP. Durante buena parte del interrogatorio, el inspector ha relatado las continuas trabas impuestas por la cadena de mando durante la investigación de Gürtel. Así, ha mencionado las presiones para que no mencionara en sus informes al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como perceptor de sobresueldos. O al empresario Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, como uno de los donantes de la formación conservadora.

Todas esas "imposiciones", ha explicado a preguntas del abogado de Podemos, se las hacían sus superiores analizando solo "el informe final", no toda la documentación con la que él había trabajado y que le llevaba a las conclusiones que se plasmaban en el mismo. Es más, ha deslizado que a sus jefes solo parecía interesarles "cuántas veces" se mencionaba "al PP" en los documentos que elaboraban o si aparecía "algún cargo" de la formación conservadora. Una cadena de mando en la que, ha reconocido el inspector, no confiaba: "No estaban avalando la investigación que nosotros estábamos haciendo".

"Se pretendía que vulnerara la neutralidad que debo tener en una investigación", ha lanzado Morocho. Es más, ha explicado que él tenía que moverse "con inteligencia" porque había "mucho interés" en tumbar el procedimiento: "Maniobras que podían torpedear o dar armas para pedir la nulidad de alguna de las pruebas". Además, y siguiendo con los palos en las ruedas, ha relatado que sus superiores tardaban en visar los informes que él elaboraba, lo que retrasaba durante meses el envío de los mismos al juez instructor. Entre otros, ha puesto como ejemplo uno relativo a los regalos de la trama que salpicaba al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y la exministra Ana Mato (entonces marido y mujer), que estuvo más de un año en el aire. Y se presentó porque así lo exigió el magistrado ante el riesgo de prescripción de los delitos.

"Se demoraban tanto tiempo porque se escrutaban desde diferentes ángulos", ha señalado Morocho. De hecho, y en este sentido, ha apuntado hacia otro de los acusados: Andrés Gómez Gordo. Así, ha contado que un día se le "escapó" a quien era su jefe en la UDEF que los documentos eran analizados, entre otros, por dicho inspector jefe, quien había trabajado para Cospedal en Castilla-La Mancha como director general de Documentación y Análisis. 

Durante su declaración, el investigador de la Gürtel, que ha tardado más de tres lustros en ser juzgada en su totalidad, ha deslizado que el PP tenía acceso a los informes de la investigación. Unas filtraciones sobre las que puso el acento el propio juez instructor en una de sus resoluciones.

Sobre el informe que afectaba al matrimonio Sepúlveda-Mato, Morocho ha resaltado que el comisario José Luis Olivera le pidió una copia. De hecho, ha dicho que siempre estuvo interesado en tener acceso al contenido de lo que ellos hacían. "Me dijo que sería conveniente que le participase los informes y me dio un correo personal, pero yo no le remití nada", ha explicado al tribunal. Es más, el inspector ha llegado a relatar cómo en una ocasión el propio Olivera le llegó a reconocer que le había facilitado a la ex secretaria general del PP un fax intervenido a Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, que iba dirigido a Luis Bárcenas. "Me dice: ya me he encargado yo de que ese documento lo tenga Cospedal en su caja de seguridad. Me quedé estupefacto", ha contado.

El agente ha dibujado, de principio a fin, el mismo "panorama desolador" –en palabras del magistrado Manuel García-Castellón– que describió en la fase de instrucción, donde el cierre precipitado de las pesquisas apenas permitió profundizar en la conexión política de la Kitchen. Un periodo en el que se intentaron "quitar de en medio" al policía que se estaba enfrentando a una de las grandes tramas de corrupción de la historia reciente. A golpe de "hostilidad manifiesta", como cuando el comisario Enrique García Castaño, antaño jefe de la UCAO, le dijo: "¿Y tú qué haces aquí? Deberías estar muerto". A base de enterrarle en trabajo. O de trasladarle de manera forzada durante unos meses a la DAO, donde el inspector José Ángel Fuentes Gago, miembro de la mal llamada brigada patriótica y también acusado en Kitchen, le llegó a pedir que revisara el famoso informe Pisa contra Podemos.

A los delitos también se les pasa el arroz, se les va el santo al cielo, se les marcha un tren que no volverá a pasar. La Justicia es ciega, pero debería andarse con ojo, porque se le escapan los caracoles, sobre todo cuando los investigados son ricos y poderosos, es decir que tienen abogados capaces de convertir la ley en la trampa y lograr que dos más dos sea igual a lo que le convenga a su cliente. La Audiencia Nacional exonera a Jordi Pujol del juicio contra él y su familia por la fortuna que tenían oculta y cuya procedencia no se ha llegado aún a esclarecer, debido a su deterioro cognitivo, fácil de entender a sus noventa y cinco años de edad. Se fue de rositas. ¿Les parece poco? Pues el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tampoco va a procesar a Mazón.

La antigua cúpula del Partido Popular tampoco parece que vaya a pagar ningún precio por haber usado el Ministerio del Interior, a la policía y probablemente al CNI para que intentasen destruir las pruebas que tenía contra ella el tesorero de su partido. Visto el resultado, no debieron de reclutar tampoco a los más listos. Y eso que lo intentaron todo, desde mandarle a casa a un ladrón disfrazado de cura hasta destruir su ordenador a martillazos, y como no funcionó, tiraron de las fuerzas de seguridad para que les sacasen las castañas del fuego. Pero algún juez muy colega no se vio capaz de establecer relación alguna entre el presidente Mariano Rajoy y M. Rajoy, o sea que si es blanco y en botella debe de ser un bidón de petróleo.

Así que ni el jefe del Gobierno de entonces, ni sus vicepresidentas, ni sus colaboradores más cercanos tuvieron nada que ver con ese asunto, o no se puede demostrar que lo tuvieran, o las grabaciones e indicios que parecen probarlo a las claras no les parecen suficientes a quienes les investigan, aunque, la verdad, durante el proceso algún miembro del tribunal ha parecido más su guardaespaldas que su jueza… Así que más de lo mismo para los máximos responsables políticos de aquel Ejecutivo tramposo: quedarán impunes, se han lavado las manos y se marcharán por donde han venido.

Y mientras, los relojes que van tan lentos hacia la derecha, lo hacen muy deprisa hacia la izquierda: si comparas los delitos de los que se acusaba al fiscal general del Estado con los que implica el lodazal de la Kitchen, y ves lo fino que han hilado en unas cosas y lo ciegos que parecen a la hora de vigilar otras, y cada vez que oyes eso del respeto por la Justicia… te tienes que reír. Lo contrario sería echarte a llorar y no merece la pena, que esto son cuatro días y ninguno vuelve.

Una veintena de personas han declarado esta semana en la Audiencia Nacional en relación con la llamada operación Kitchen. Han sido cuatro sesiones intensas en las que, por vez primera, el foco ha salido del Ministerio del Interior, que el instructor fijó como "centro nuclear" de la trama, para colocarse sobre la rama política, en referencia a la posible conexión del PP con el supuesto operativo parapolicial para evitar que información comprometedora que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas acabase en la investigación de Gürtel. Una batería de interrogatorios que, además, han dado algo de oxígeno a la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que por el momento no ha salido muy dañado de las primeras semanas de juicio.

Dos son los elementos que salpican al exdirigente conservador en la causa. Por un lado, el testimonio que dio en fase de instrucción del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Por otro, los mensajes que el exnúmero dos de Interior protocolizó ante notario. Es, básicamente, lo que le sitúa como conocedor de la Kitchen. Y lo que llevó en su día al instructor a concluir: "En una fecha que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013, Jorge Fernández Díaz [...] con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez [...] a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Luis Bárcenas con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación [...] denominada papeles de Bárcenas".

Los mensajes en cuestión, todos ellos recibidos por el ex secretario de Estado de Seguridad, fueron protocolizados ante dos notarios distintos en los meses de junio y octubre de 2019, en un momento en el que la investigación judicial se encontraba bajo secreto. En la primera tanda, destacaba uno fechado el 13 de julio de 2013 en el que se hacía mención al exchófer del tesorero, el topo alrededor del cual giró toda la operación: "Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Y otro del 2 de agosto de ese mismo año en el que se daba respuesta a un mensaje de Martínez relacionado con un contacto: "Lo tendré al acabar el Consejo, así hemos quedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info".

Y en la segunda, se recogía un mensaje fechado el 18 de octubre de 2013: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica. Es decir, que no sería información para el J a efectos publicación..: eso es lo que ha dicho, insisto y es muy probable que esa fuera la intención..). // Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información... veremos. Te informo".

Las fechas son clave. La primera vigilancia a la familia Bárcenas por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información de la que existe constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013, 12 días después del mensaje que arrancaba con aquel "Chófer B.". Y el de "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo" fue enviado, precisamente, un día después de que el comisario jubilado José Manuel Villarejo apuntase en su agenda, junto a la palabra "Big" –es como se refería a Enrique García Castaño, comisario jefe de la UCAO– lo siguiente: "Relación cocinero-copiando Tfnos [sic]". Dos agentes confirmaron la pasada semana en el juicio que clonaron a mediados de octubre de 2013 dispositivos electrónicos de Bárcenas.

Martínez acudió al notario por primera vez dos días después de que su exjefe saliese públicamente a desvincularse de la operación con aquel "me estoy enterando ahora", unas declaraciones que irritaron a su exnúmero dos: "Está haciendo lo mismo que con las grabaciones. Pero esta vez sí se va a arrepentir. Ni se imagina la que le espera" –dijo a quien fuera director de comunicación del Ministerio del Interior–. Los mensajes, según comprobaron ambos notarios, fueron enviados desde un número que Martínez tenía guardado en su terminal con el nombre de "Jorge Fernández Díaz". Y dada la importancia que los mismos tienen en el caso, la estrategia del exministro ha pasado en todo momento por negar su existencia, presentando en instrucción un peritaje que cuestiona su "autenticidad e integridad".

Tiene, en este sentido, elementos que juegan a su favor. Por ejemplo, el "borrado" de los mensajes que llevó a cabo Martínez tras su documentación ante notario, lo que impidió a la Policía acceder a los mismos. La investigación trató entonces de cubrir esa laguna a través del móvil de Fernández Díaz. Tras su declaración como investigado, se revisó, con su permiso, su dispositivo, sin que se hallaran mensajes cruzados entre ambos. La explicación era sencilla: había cambiado de terminal hacía unos meses. El juez pidió entonces que entregase el anterior y, sobre todo, el que utilizaba en 2013. El exministro, sin embargo, dijo que no disponía de aquel que usaba en el momento de los hechos. Solo entregó, por tanto, el que acababa de cambiar, un teléfono en el que no había un mensaje con su exnúmero dos.

"La única constancia de estos mensajes es impresa a través de las actas notariales, pues los mensajes no han sido aportados por el Sr. Martínez ni localizados en ningún terminal", rezaba el escrito de defensa del exministro de cara al juicio. Una vista oral en la que ya han comparecido, de hecho, los dos fedatarios. El abogado de Fernández Díaz se empleó a fondo en ambos casos. Y consiguió lo que estaba buscando: que los notarios reconocieran que dejaron constancia de lo que vieron y de lo que le dijeron, pero nada más. "¿Usted puede dar fe de cuál es el origen del mensaje?", preguntó a uno de ellos, que respondió con un "No". "Yo nunca puedo acreditar esa procedencia", lanzó esta misma semana el segundo.

Queda, sin embargo, algún fleco alrededor de esta cuestión. Aunque ambos notarios señalasen que ellos no podían certificar que el móvil desde el que se enviaron dichos mensajes fuera el del exministro, lo cierto es que los investigadores sí comprobaron durante la fase de instrucción los datos de titularidad de esa línea móvil. "Se ha comprobado cómo en el año 2013 su titular es el Ministerio del Interior (de 31.12.2011 a 01.10.2015) y a partir del 05.07.2019 Jorge Fernández Díaz", recoge la Unidad de Asuntos Internos en un informe. La defensa de Martínez reclamó hasta el último momento que se oficiase a la compañía telefónica para que informara sobre llamadas, mensajes SMS y consumo de datos entre julio y octubre de 2013 de ese número. Pero la instrucción se cerró sin dicha diligencia.

Pero no son solo los mensajes lo que incrimina a Fernández Díaz. También está el testimonio de su exnúmero dos, quien le señaló directamente. Ante el instructor, dio la misma versión que ya había ofrecido en entrevistas previas. "Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito", dijo a El País. Una versión que habrá que ver si sigue manteniendo. Jefe y subordinado están, desde hace años, enfrentados, si bien hasta el momento las defensas parecen estar trabajando de forma coordinada en el juicio.

Al rescate de uno y otro salieron esta semana sus antiguos compañeros de partido y de Gobierno. "En todo este tema no ha habido una operación política", lanzó durante su declaración el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Más bien, continuó, se trataba de una "operación policial" cuyo "objetivo fundamental" era "coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros". "Y estoy convencido de que se ajustó a la legalidad", completó el exlíder del Ejecutivo. Esa es, precisamente, la tesis que mantienen las defensas. Una versión que, sin embargo, se tambalea, dado que la información que se iba recabando ni se incorporaba al sistema interno policial ni se facilitaba a juez, fiscales o investigadores de la Gürtel.

Fernández Díaz y Martínez son, de hecho, quienes podrían hacer escalar el caso en el organigrama. Y, de hecho, la defensa del primero ya vino a insinuar en alguno de sus escritos que igual había que empezar a mirar más hacia el PP en la búsqueda del origen de la Kitchen. Pero los letrados de ambos evitaron poner en aprietos al expresidente. Y se limitaron a plantear algunas preguntas inofensivas para apuntalar su defensa. Y él, a cambio, les lanzó un salvavidas vendiendo una imagen de una cúpula del Ministerio del Interior que ni maneja fondos reservados –ambos están acusados, precisamente, de malversación– ni se entera de las operaciones policiales ni conoce a los confidentes.

Rajoy, como en la canción de Sabina, lo niega todo, incluso la verdad. Lo cual no es ninguna sorpresa. Pero merece la pena explorar un poco lo que esconde esa natural desgana, esa retranca del personaje que al parecer produce cierta empatía aunque le sirva a la persona para esquivar responsabilidades gravísimas. Porque entre gracieta y gracieta conviene no olvidar que, bajo la presidencia de Rajoy, todo un ministerio del Interior dedicó (presuntamente, de momento) recursos y esfuerzos a eliminar cualquier prueba que Luis Bárcenas pudiera emplear para salpicar a dirigentes del Partido Popular y del Ejecutivo en las múltiples irregularidades ya sentenciadas por el Supremo en el caso Gürtel. Como tampoco olvidamos que en esos mismos años, y bajo la misma presidencia del Gobierno, en el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se dedicaban (presuntamente, de momento) a legislar al dictado de empresas privadas a cambio de mordidas millonarias. Todo graciosísimo. Muy típico de gobiernos de repúblicas bananeras donde política y mafia se dan la mano.

Lo que Mariano Rajoy hizo el jueves durante la media hora que pasó por la Audiencia Nacional fue defender a su amigo y subordinado durante muchos años Jorge Fernández Díaz y al número dos de este, su secretario de Estado en Interior, Francisco Martínez. Y, de paso, defenderse a sí mismo aunque formalmente nunca haya sido acusado. Por eso sostiene Rajoy que la Kitchen “no fue una operación política”, sino “una operación policial” cuyo objetivo fundamental era “coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros”. Y, por supuesto, todo “se ajustó a la legalidad” (ver aquí). Y los elefantes vuelan y los caballitos ladran. A estas alturas es más que evidente quién era el beneficiario de toda la Operación Kitchen: se llama Partido Popular y se apellida Rajoy, Cospedal, etcétera, etcétera. La pregunta es quién ordenó ponerla en marcha y la mantuvo, utilizando hasta setenta agentes de policía para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del partido. 

El pasado lunes, en la misma sala del juicio, Bárcenas señaló directamente a Rajoy al contar cómo la trama hizo desaparecer un audio en el que se escuchaba al también presidente del PP meter en la trituradora la última página de la “contabilidad extracontable” (o sea, ilegal, en negro) en presencia del tesorero que él mismo había nombrado (ver aquí). Rajoy asegura que eso es “absolutamente falso”. Y es la palabra de uno contra la del otro, puesto que ya se encargó precisamente la Kitchen de destruir cualquier prueba documental (o no, quién sabe si en las profundas alcantarillas de Villarejo existe alguna copia) que pudiera aclarar el enigma.

Pero lean: “Es claro que el origen de la Operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio”. Esto escribía, negro sobre blanco, la defensa del exministro Fernández Díaz en julio de 2021. Por entonces los principales acusados iban lanzando dardos para que en las alturas del PP tuvieran claro que no se iban a “comer el marrón” de unos cuantos años de cárcel por unas prácticas mafiosas cuyo único interés era de partido, no policial. De hecho, no se conoce que durante todo ese periodo la trama llevara ninguna de sus pesquisas o acciones a la autoridad judicial correspondiente. 

Y además, a Rajoy le traiciona la cronología. El mensaje de “Luis, sé fuerte” lo envía el 18 de enero de 2013, dos días después de conocerse que Luis Bárcenas oculta una fortuna millonaria en Suiza. Dice ahora que la Kitchen, que se puso en marcha en verano del mismo año, perseguía la recuperación del dinero de Bárcenas, cosa que, a la luz de ese mensaje enviado, tenía sin dormir a Rajoy, más ocupado por esas fechas en recortar servicios públicos y subir impuestos.

Por último, sostiene Rajoy –también en su día responsable de Interior–, que ni los ministros ni los secretarios de Estado ni, por supuesto, los presidentes “están en las operaciones policiales” ni en “los fondos reservados”. Ahora va a resultar que Rajoy defiende la inocencia de José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el Supremo en los años noventa por una operación parapolicial ilegal realizada con dinero público.

La amnesia selectiva de Rajoy, casi tan aguda como la de María Dolores de Cospedal, y las clamorosas mentiras de ambos fueron celebradas por las defensas de Fernández Díaz y Francisco Martínez con unas pocas preguntas cómplices. Y, si cabe aún más llamativo, el silencio de la fiscalía y de la abogacía del Estado. Siempre hay una explicación técnico-jurídica o procesal que lo justifica todo. Y en este caso todo está condicionado, como ya hemos advertido alguna otra vez, por la instrucción del juez Manuel García-Castellón, que se esforzó muchísimo en delimitar toda la investigación de la Kitchen al ministerio del Interior, evitando explorar a fondo la vertiente política que conducía a las alturas del PP y del Gobierno. Incluso se han dejado fuera de este juicio de la Kitchen audios que todos hemos escuchado y que ponen en evidencia la declaración que este mismo jueves hizo Cospedal. “Yo a Villarejo le hacía preguntas, no encargos”, aseveró tan pancha, y añadió además que nunca había hablado por teléfono, “ni fijo ni móvil”, con el comisario, como si no hubiera escuchado media España su voz indicándole que lo de “la libretita” donde Bárcenas apuntaba sus pagos “sería mejor lograrlo parar”. Pero resulta que Cospedal puede mentir sin consecuencias, precisamente por su estatus peculiar de testigo que fue imputada con un archivo provisional de la causa (ver aquí).

Por mucho que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, justifique su actitud en los interrogatorios de estos días como consecuencia de que sólo cabe en este juicio lo que figura en los escritos de acusación, se agradecería un mínimo esfuerzo por lo que debería ser el objetivo prioritario de una causa judicial: conocer los hechos presuntamente delictivos, identificar a sus responsables y, por último, castigarlos si se demuestra su culpabilidad. Ni la retranca de Rajoy ni el sonriente cuajo de Cospedal, tan cómodos ambos con la permanente asistencia de Palacios cortando todo intento de evidenciar que es imposible juzgar la Kitchen sin conectarla con la Gürtel, ayudan en absoluto a otorgar alguna credibilidad al teatro judicial emitido en directo. Y respecto al fiscal y la abogacía del Estado, resulta asombrosa su renuncia a poner en aprieto alguno a Rajoy o a Cospedal mientras hay que leer tropecientas columnas en la prensa diestra denunciando la permanente “injerencia” del Gobierno en la acción de la justicia. A la vista está la eficacia de las “presiones” del malévolo Bolaños: Begoña Gómez, camino del banquillo con una petición de cárcel que casi dobla a la de Fernández Díaz; el hermano de Sánchez, también pendiente de juicio oral; el ex fiscal general, condenado sin prueba alguna; la Kitchen, juzgándose como si hubiera sido una ocurrencia de Villarejo y de otro policía cuya salud mental le impide declarar; y Ábalos y Koldo al borde de la trena (sobran los motivos) mientras el ínclito Aldama se pasea tan campante y el novio de Ayuso sigue comprando áticos en Chamberí. ¿Lo de Montoro? Pasito a pasito, con mucha calma y gracias al esfuerzo muy personal de una fiscal rigurosa y un juez de provincias sin apenas recursos.

Claro que debería decretarse una “prioridad nacional”: garantizar, de verdad, una justicia igual para todos.

El juicio de la operación Kitchen ha dominado la conversación en redes esta semana. Las declaraciones de Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal han hecho las delicias de los usuarios de X y Bluesky, recibiendo el absoluto protagonismo las palabras del extesorero y del expresidente del Gobierno.

Así, como resumen: Bárcenas ha dicho abiertamente que encargó a un preso que destruyera un audio del expresidente popular sobre la 'caja B' del PP. Rajoy, por su parte, ha negado la mayor desvinculándose de la Kitchen y apuntando a Bárcenas: "No creo que tuviera grabaciones, porque si las tuviera, las habría dado a conocer como hizo con otros muchos documentos". Las redes han estado muy activas comentando cada una de las declaraciones con ese punto de acidez e ironía que las caracteriza. "Por fin podrá descansar tranquilo Miguel Ríos", se mofa @Ruldia, "Es preocupante lo de la amnesia que le entra a esta gente, cuando pisa un juzgado. A ver si va a ser algún virus o algo que sólo actúa allí dentro", ironiza @Hanky_solo, "Me gusta más escuchar cantar a Bárcenas que a su hijo", se cachondea @DaniBordas.

Ione Belarra sacaba punta al juicio poniendo en la mesa la hipótesis de Riemann, un problema matemático tan complicado que sigue siendo estudiado para resolverlo. Lo compara con el hecho de que "tenemos la magnífica noticia de que, por fin, la justicia española, en su ámbito, resolvió la hipótesis de Riemann: quién es M. Rajoy. Por primera vez sabemos, gracias al señor Bárcenas, que M. Rajoy es Mariano Rajoy. Esto, que era un problema irresoluble (...), por fin lo sabemos", ironizaba.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, se lo advirtió al inicio de su declaración. María Dolores de Cospedal ha comparecido ante la sección cuarta de la Audiencia Nacional sin la obligación de responder a todas las preguntas que tiene cualquier otro testigo llamado a declarar. Cospedal tenía el privilegio de no responder a cualquier pregunta que considerara que podría incriminarla.

Ese especial estatus procesal, derivado de su inicial imputación en el caso Kitchen y su posterior archivo provisional, en teoría no le permite mentir. Pero incumplir la obligación de todo testigo de no hacerlo no conllevaría ninguna consecuencia para ella. En caso de que volviera a ser objeto de acusación, el contenido de su testimonio de este jueves no podría ser utilizado contra ella, por el derecho fundamental a no declarar contra uno mismo. Tampoco podría actuarse contra ella por un hipotético delito de falso testimonio.

Palacios, la presidenta, le advirtió de que se le había comunicado desde la Audiencia que podría comparecer en el juicio con abogado. Cospedal aseguró, sin embargo, que no había recibido a esa comunicación, pero confirmó que estaba en disposición de declarar y que iba a responder a todo lo que se le preguntara. Y lo hizo, en muchas ocasiones en contra del contenido de los informes policiales en los que consta que mantuvo conversaciones telefónicas con el comisario jubilado José Manuel Villarejo –cuyos audios han sido ampliamente publicados por varios medios– para tratar de frenar las consecuencias del escándalo de los papeles de Bárcenas, que demostraron la existencia de una contabilidad B en el partido.

Varios jueces penalistas consultados por infoLibre explican que la situación procesal en la que ha intervenido Cospedal le permitiría una doble impunidad. Por un lado, sobre los hechos por los que inicialmente estuvo imputada y de los que finalmente el instructor del caso, Manuel García-Castellón, la eximió. Por otro, de las posibles falsedades que pudiera proferir durante su declaración en caso de que se demuestre su falta de veracidad. Más que un derecho, explican los expertos consultados, lo que Cospedal ha ejercido hoy en el juicio del caso Kitchen podría considerarse "un privilegio". "En teoría no puede mentir, solo puede no contestar. Pero si miente, no tendrá ninguna consecuencia para ella", señala uno de ellos.

Algunos de los pasajes del testimonio prestado por la exdirigente del PP y exministra de Defensa tienen difícil encaje en la realidad. Como cuando aseguró que nunca había hablado con Villarejo por teléfono, "ni fijo, ni móvil". Un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía recogió dos conversaciones con el comisario mantenidas con ella, precisamente, a través de un teléfono fijo. En la primera, del 20 de enero de 2013 –es decir, dos días después de que se publicaran los sobresueldos a cargos del partido–, Cospedal habla con Villarejo de la existencia de "una libretita" en la que estarían apuntados esos pagos y le dice que "sería mejor lograrlo parar". El comisario le responde que hará "todo lo posible".

Pese a esas conversaciones, Cospedal ha asegurado ante el tribunal sin ningún sonrojo que nunca habló con Villarejo del caso Gürtel. En los audios, sin embargo, el comisario aparece informando a la ex secretaria general del PP sobre sus gestiones para obstaculizar el caso de la contabilidad B del partido. Como en sus conversaciones y las de su compañero José Luis Olivera (también acusado en el juicio), con Manuel Morocho, el policía encargado de la investigación. El objeto, según Asuntos Internos, habría sido eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de uno de los informes elaborados por Morocho.

También ha negado la exministra ningún tipo de gestión al respecto con el principal acusado en el juicio, su compañero en el Gobierno y exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La ex número dos del partido ha asegurado que solo hablaban de la actuación de la formación en Cataluña. Sin embargo, en los audios recogidos por Asuntos Internos, Cospedal aparece explicando a Villarejo que Fernández Díaz le facilitó uno de los informes redactados por Morocho durante la investigación judicial un día antes de que se lo enviaran al instructor del caso Gürtel, el juez Pablo Ruz. En caso de ser cierto ese dato, podría tener consecuencias penales, ya que la Policía, cuando actúa a las órdenes de un juzgado, solo responde ante el juez.

Otra de las manifestaciones de Cospedal que casa mal con los hechos investigados conocidos hasta ahora ha aparecido cuando ha asegurado que solo se reunía con Villarejo porque era el comisario el que estaba interesado en verla a ella, y no al contrario, y que era él quien contactaba con su secretaria o con su jefe de gabinete para arreglar los encuentros. Este último, que también ha declarado como testigo, ha señalado que no se reunían únicamente a petición del mando policial sino que a veces era la propia Cospedal la que pedía que se concertaran esas citas.

Cospedal ha asegurado de igual manera que todas las reuniones con Villarejo se produjeron de forma presencial en su despacho en la sede nacional del PP y que solo una vez se vieron en una cafetería de la calle José Ortega y Gasset de Madrid. Su director de gabinete, sin embargo, la ha vuelto a contradecir en este punto al asegurar que también se veían en el Ministerio de Defensa mientras la dirigente popular fue su titular.

Mucho ruido y pocas nueces. La comparecencia de este jueves en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no ha servido para profundizar en la supuesta conexión política de la operación parapolicial para hacerse con documentación comprometedora para el PP en Gürtel que pudiera tener en su poder el extesorero Luis Bárcenas. El exlíder conservador no se salió ni un milímetro del guion. Con una declaración medida, repleta en algunos puntos de lagunas mentales, negó todo lo que implicaba a su partido. Y solo admitió lo que está acreditado. Media hora en la que Rajoy, con el silencio de Anticorrupción y de las defensas de la cúpula de Interior, se escabulló de la Kitchen y lanzó un salvavidas a su exministro del Interior y ex secretario de Estado de Seguridad.

El interrogatorio no fue, precisamente, fluido. Las interrupciones fueron continuas por parte de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. La magistrada dejó claro desde el minuto cero que no iba a permitir que los abogados se salieran del perímetro marcado por los escritos de acusación. Y fiscalizó, una a una y con ojo clínico, todas las preguntas que se lanzaban. "Le ruego que reconduzcamos el interrogatorio a los hechos que aquí se enjuician", pedía una y otra vez Palacios. "Protesto", se quejaba la abogada del PSOE, que veía cómo la presidenta rechazaba algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, con la caja B del partido pese a que la Kitchen versa, precisamente, sobre las maniobras para destruir documentos comprometedores para la formación que pudiera tener Bárcenas en su poder.

Dos tercios del interrogatorio han corrido a cargo de la letrada socialista. Y el restante, del abogado de Podemos, del comisario jubilado José Manuel Villarejo y de las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ni una sola pregunta planteó la Abogacía del Estado. Y tampoco el fiscal Anticorrupción, César de Rivas, quien, sin embargo, sí levantó la mano en un momento dado para indicar que una cuestión que estaba lanzando la abogada del PSOE resultaba improcedente. El Ministerio Público es consciente de los límites marcados por el tribunal. Y ha decidido no salirse ni un milímetro de los mismos.

Anticorrupción siempre criticó que el instructor, el magistrado Manuel García-Castellón, circunscribiera la Kitchen al ámbito del Ministerio del Interior y no ahondara en la llamada "conexión política". "Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja", criticaba en uno de sus escritos, en los que incluso llegaba a hacer alusión a la existencia de "elementos que confluirían" en una "posible responsabilidad" del entonces presidente del Gobierno. Una sospecha que el fiscal también plasmó en su escrito de acusación cuando dijo que no podía descartarse "la intervención" en la operación de "otras personas de diferentes instancias".

El exministro del Interior también llegó a apuntar en su día, aunque de forma implícita, al PP. "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", lanzaba su abogado en el recurso que interpuso en julio de 2021 contra el auto de procesamiento de García-Castellón, el mismo que cerró la puerta a la rama política. Un escrito en el que, además, recordaba que al exministro del Interior "no le afectaba ni perjudicaba" el "resultado" de la investigación judicial sobre los papeles de Bárcenas, pieza separada de la Gürtel.

Misma dirección a la que también señaló su ex número dos en un mensaje de WhatsApp que en marzo de 2019 remitió al entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea: "Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Por eso me he metido en este lío. Por eso y por nada más. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy". Uno y otro eran, por tanto, quienes podían poner en más apuros a su exjefe. Sin embargo, los abogados de ambos se han limitado a lanzar media docena de preguntas completamente inofensivas orientadas, más bien, a apuntalar determinados aspectos de su defensa en relación al reparto de fondos reservados o el conocimiento de operaciones policiales.

Con su testimonio, de hecho, Rajoy ha lanzado un salvavidas a sus antiguos mandos, tanto en el Ministerio del Interior como en la Policía Nacional. "En todo este tema no ha habido una operación política", lanzó. Más bien, continuó, se trataba de una "operación policial" cuyo "objetivo fundamental" era "coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros". Esa es, precisamente, la tesis que han mantenido en todo momento las defensas. "Y estoy convencido de que se ajustó a la legalidad", ha completado. Y eso que, según ha dicho, él se enteró de la existencia de la Kitchen mucho tiempo después, cuando "un policía lo dijo" en el Congreso de los Diputados.

Una tesis, la de la legalidad de la Kitchen, que por el momento se tambalea. En primer lugar, porque en el momento de ponerse en marcha –verano de 2013– ya se había localizado buena parte del dinero de Bárcenas en Suiza –ocurrió en enero de ese mismo año–. Y en segundo lugar, porque no se ha encontrado ni rastro, en palabras del investigador principal del caso, "de que la información que se obtenía" se trasladase "ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora". Una sospecha que también genera el hecho de no se hubiera hecho constar la existencia de la operación en el sistema interno policial hasta 2015, cuando la misma ya había concluido.

Las preguntas formuladas por los abogados de Fernández Díaz y Martínez sirvieron, además, para que Rajoy dibujase una cúpula de Interior completamente ajena al reparto de fondos reservados, operativos policiales y confidentes. Dijo que, como titular de ese departamento a comienzos de siglo, nunca se ocupó del dinero opaco. Y que, sobre este tema, el secretario de Estado de Seguridad solo firmaba "grandes partidas": "50 para Policía Nacional y 50 para Guardia Civil. A partir de ahí, no hacía más". "Ni el ministro ni el secretario de Estado ni el presidente están en las operaciones policiales", apuntó en otro momento. En los 90, el Supremo condenó a todo un exministro del Interior –José Barrionuevo– y a un ex secretario de Seguridad, Rafael Vera, por conocer, aprobar y dar el dinero necesario para el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey.

Rajoy, durante su declaración, se esforzó por cortar todos los hilos que pudieran terminar conectándole a la trama. Dijo que no se adoptaron medidas para destruir pruebas que pudieran implicar al PP en Gürtel, que no se interesó por el posible daño que ese caso pudiera tener para el partido, que no se presionó al extesorero o que nunca metió en una trituradora una hoja de la caja B de la formación política. De hecho, puso en duda la existencia de las grabaciones que dijo tener Bárcenas y que le implicaban en esa "contabilidad extracontable". Lo tenía fácil. Sólo el extesorero las ha escuchado. Y el pendrive donde las guardaba, desapareció del taller de su mujer. "No creo que las tuviera, porque si las tuviera las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos", señaló el expresidente.

El testimonio de Rajoy, del mismo modo, también ha evidenciado momentos de amnesia selectiva. Por ejemplo, cuando se le ha ido preguntando por distintos mensajes que envió a Bárcenas en la primavera de 2013. Reconoció el SMS de "Luis, sé fuerte" porque "en los últimos quince años se ha publicado casi todos los días". Sin embargo, renegó de otro enviado en febrero de 2012, cuando la Gürtel ya salpicaba a Bárcenas, con aquel "hacemos lo que podemos". "¿Lo envió usted?", le preguntaron. "No", se limitó a responder.

En la Sala de Vistas de la Audiencia Nacional en la sede de San Fernando de Henares ha sobrevolado un informe policial que, sin embargo, no se ha exhibido. Se trata del que elaboró la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sobre tres conversaciones entre la que fuera número dos del PP, María Dolores de Cospedal, y el comisario Villarejo. La ex secretaria general del PP, inculpada inicialmente y luego exculpada en la causa, ha rechazado que acudiera a Villarejo para destruir los papeles de Bárcenas, en los que se contenía la contabilidad B del partido. Ha negado, incluso, que hablara en alguna ocasión con el comisario por teléfono, el medio por el que se produjeron las conversaciones más comprometedoras entre ambos, según el informe policial.

Antes de iniciar su declaración como testigo, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha informado de que, dado que el caso se archivó provisionalmente para ella (y por tanto podría volver a reabrirse si aparecieran nuevos indicios en su contra) si se le planteara alguna pregunta que ella considerara incriminatoria, podría dejar de contestarla. Pero Cospedal ha asegurado que iba a responder a todo lo que se le planteara. En caso de que el instructor volviera a imputarla, sus respuestas de hoy en el juicio de Kitchen –sean falsas o veraces– no podrán ser usadas contra ella debido a que los imputados y acusados, a diferencia de los testigos, no están obligados a responder a todas las preguntas que se les planteen ni a decir verdad.

La entonces número dos del PP ha asegurado a preguntas del PSOE que conoció a Villarejo en 2009 y que fue su entonces marido, Ignacio López del Hierro, quien se lo presentó. El motivo de que lo recibiera, ha declarado, era que el comisario, que se presentó como "policía en excedencia", tenía interés en conocerla. Cospedal ha corregido declaraciones anteriores en las que afirmó haber hablado con él cuatro veces para elevarlas a "ocho o nueve ocasiones". La testigo ha justificado que lo recibiera inicialmente porque estaba "recién condecorado por el ministro del Interior y parecía muy bien considerado en su cuerpo".

La ex secretaria general, expresidenta de Castilla-La Mancha y exministra de Defensa, ha afirmado que todos esos encuentros se produjeron en su despacho salvo uno, que ha situado en una cafetería de la calle de José Ortega y Gasset de Madrid, y que esos encuentros siempre se producían a iniciativa del comisario, que se ponía en contacto con su jefe de gabinete o su secretaria para confirmar las visitas a la sede del PP de Génova. Y ha negado haber hablado por teléfono con Villarejo "ni por fijo ni por móvil", una afirmación con una importancia central, porque contradice el informe policial de Asuntos Internos.

De las tres conversaciones de las que da constancia ese documento policial, dos de ellas, que se produjeron 20 de enero de 2013 y el 26 de abril de ese mismo año, se mantuvieron a través de un teléfono fijo. En la primera, que se produjo solo dos días después de que El Mundo publicara la existencia de los sobresueldos y a solo 10 días de que El País publicara los papeles en los que se recogían (31 de enero), la dirigente popular le pregunta por "la libretita" donde estarían recogidos esos pagos y le dice que "sería mejor logralo parar". Villarejo le responde que hará "todo lo posible".

En la llamada del 26 de abril, según el informe, Cospedal transmitió a Villarejo que no le había llamado antes porque "no tenía un fijo a mano", es decir, que evitaba conversar con él a través del móvil. En la charla telefónica, Cospedal transmitió al alto cargo policial que el exministro del Interior y ahora acusado Jorge Fernández Díaz, le había entregado a ella antes que al instructor del caso de la caja B del PP, Pablo Ruz, un informe de la UDEF. Durante las investigaciones penales, la policía judicial solo está sometida a las órdenes del juez. En su interrogatorio, Cospedal ha negado que hablara de estos temas con el exministro acusado con el que, ha dicho, solo charlaba "de la actividad del partido en Cataluña".

En estas conversaciones telefónicas que Cospedal ha negado ante el tribunal, Villarejo le habría informado adicionalmente sobre sus gestiones para obstaculizar el caso de los 'papeles de Bárcenas'. Como sus conversaciones y las de su compañero José Luis Olivera (también acusado en el juicio), con Manuel Morocho, el policía encargado de la investigación. El objeto, según Asuntos Internos, habría sido eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de uno de los informes elaborados por Morocho, que ha confirmado públicamente las presiones a las que fue sometido.

Cospedal ha dado una versión alternativa de sus encuentros con el comisario. "Era una persona que tenía unas magníficas relaciones con la prensa", ha afirmado. "En aquel entonces se estaban produciendo una serie de filtraciones sobre [la exalcaldesa de Valencia] Rita Barberá y dice que puede ayudarme". Cospedal, sostiene, quería enterarse de la procedencia de esas filtraciones. "También teníamos la sospecha de que el PP, que entonces estaba en la oposición, estaba siendo espiado o seguido o observado por alguien que tenía que ver con Interior", ha añadido.

Pero la ex número dos del partido ha negado que Villarejo le informara sobre Gürtel. "No tenía por qué hacerlo y no creo que tuviera capacidad de hacerlo", ha declarado. También ha rechazado que el cargo policial hubiera elaborado algún informe sobre la evolución del caso Gürtel o que le solicitara a ella o al partido algún tipo de pago porque "no tenía por qué", ha dicho. Además, ha asegurado que no conocía a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que los cargos policiales implicados en Kitchen captaron para espiarle. Andrés Gómez Gordo, quien fuera el responsable de seguridad del Gobierno castellanomanchego durante la presidencia de Cospedal, fue quien pagó al espía con cargo a los fondos reservados, según su propia declaración en la instrucción.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha impedido que se mostrara en la Sala el informe policial de Asuntos Internos sobre Cospedal o que se escucharan sus conversaciones con el comisario, como solicitaba la letrada de la acusación popular del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción, pese a que no descarta en su escrito de acusación la implicación del PP en el caso y se opuso a que la ex secretaria general del partido quedara fuera del juicio, no ha planteado ninguna pregunta. Tampoco lo ha hecho la Abogacía del Estado.

Si alguien pensaba que el juicio de la Kitchen discurriría solo por cuestiones de carácter operativo y policial, la declaración en sede judicial de Luis Bárcenas dejó meridianamente claro que no será así. El extesorero del PP vinculó esta semana a sus antiguos compañeros con la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora que pudiera aportar a la investigación de Gürtel. Cuando el interrogatorio de su abogada tocaba a su fin, levantó el dedo y señaló a la cúpula conservadora: "Esta operación se inicia por los responsables del partido". Una rama política sobre la que este jueves se indagará con el interrogatorio como testigo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

El instructor de la causa, el magistrado Manuel García-Castellón, circunscribió en exclusiva la operación Kitchen a la cúpula del Ministerio del Interior que lideró Jorge Fernández Díaz, a quien se asignó la X de la trama. Una conclusión que, sin embargo, consideraba precipitada la Fiscalía Anticorrupción, que siempre se quejó de las reticencias del magistrado a la hora de ahondar en la "conexión política". "Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja", criticaba en el recurso de apelación contra el auto de procesamiento que dejó fuera del banquillo a Cospedal. Un escrito en el que, además, mencionaba que existían "elementos que confluirían" en una "posible responsabilidad" del presidente del Gobierno.

Rajoy comparecerá este jueves por tercera vez en la Audiencia Nacional. Antes, lo hizo en la pieza principal de la Gürtel y en la de papeles de Bárcenas. El exlíder del Ejecutivo y del PP nunca ha figurado como investigado en Kitchen, donde los indicios contra él son indirectos y a través de terceras personas. De hecho, García-Castellón ni siquiera le llamó a declarar como testigo en el procedimiento. Pero su nombre ha sobrevolado la causa en todo momento. De hecho, el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que dio impulso a esta pieza separada del caso Tándem ya hablaba de que alguien llamado El Asturiano tendría conocimiento de la operación.

Aquel documento recogía, entre otras, la grabación de una conversación en la que el comisario retirado José Manuel Villarejo contaba a quien fuera comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera algunos detalles de la operación: "Y luego la charla a Paco [el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez] explicativa y Paco: espérate que voy a hablar con El Asturiano". En un primer momento, Asuntos Internos no fue capaz de identificar a quien se escondía tras ese mote. Pero a medida que prosiguió la investigación, lo tuvo claro. "Es Mariano Rajoy", dijo el investigador principal de la Kitchen la pasada semana en sede judicial.

Villarejo, durante la instrucción, llegó a asegurar ante el juez que intercambió algunos mensajes con Rajoy relacionados con el operativo. E, incluso, aportó un número de teléfono. Se confirmó que dicho contacto fue registrado por el PP y que estuvo dado de alta durante un periodo coincidente con el tiempo que el conservador ocupó La Moncloa. Anticorrupción pidió que se reclamara al partido el nombre de la persona o personas que hubieran tenido ese móvil corporativo, pero el instructor lo rechazó y cerró las pesquisas: "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro".

La declaración como testigo de Bárcenas colocó a Rajoy como uno de los posibles beneficiarios de la operación. Al fin y al cabo, el extesorero aseguró que tuvo en el pasado una grabación que demostraba que el exlíder de la formación conservadora tenía conocimiento de la caja B del partido. La misma, completó, estuvo almacenada en un pendrive que desapareció del taller de su esposa. Aunque las defensas en el juicio trataron de sembrar dudas sobre el relato, lo cierto es que las cintas de Villarejo muestran cómo los comisarios de Kitchen estaban convencidos de la existencia de esos audios.

Una vez finalice su comparecencia, será la ex secretaria general del PP quien se siente ante el tribunal, que lidera la magistrada Teresa Palacios. A diferencia de Rajoy, María Dolores de Cospedal sí que estuvo investigada en este procedimiento. En su caso, con indicios directos. Pero al final, se libró del banquillo. Se decretó el sobreseimiento provisional de la causa contra ella. Y eso le da ahora margen para escabullirse de las preguntas que puedan resultar incriminatorias para ella y que puedan motivar una reapertura del procedimiento en su contra.

Unos límites sobre una situación excepcional que la presidenta del tribunal se encargaba de explicar este jueves a quien fuera marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro: "Usted tiene todo el derecho de a preguntas que puedan ser relativas a usted e incriminatorias decidir no contestarlas. Ahora, si le preguntan por hechos de otros que usted no tenga nada que ver o que, aunque fuera relacionado con usted, no tiene inconveniente de decirlo, puede manifestarse. Pero aquello que pueda suponer una reapertura del procedimiento respecto a usted con el dato suministrado por usted, eso está amparado de no efectuarlo".

El instructor dio carpetazo a la investigación contra el entonces matrimonio apenas un mes después de imputarlo. Lo hizo al entender que atribuirles una participación intelectual en la trama contra Bárcenas no era más que el "resultado de una inferencia voluntarista sin indicio alguno".García-Castellón calificaba, en aquella resolución, como "dudosa" la fiabilidad de los audios filtrados sobre la reunión de 2009 de Cospedal con Villarejo, al tiempo que resaltaba que no existían indicios para afirmar que buscase recopilar información sobre el caso Gürtel.

En aquel encuentro, que se celebró el 21 de julio de 2009 en la sede nacional del PP y que fue la continuación de otros que previamente había mantenido su marido con el comisario, se habló, entre otras cosas, del pendrive intervenido al que fuera contable de Francisco Correa. "O sea, que hay de todo", deslizó la política. "Hay mucha chicha", respondió el policía, que aseguró que habían hecho "todo lo posible" por "romper el USB".

La investigación conectó en un primer momento el nombre de la exdirigente conservadora con el proceso de captación de Sergio Ríos. Al fin y al cabo, según decía el propio Villarejo en sus grabaciones, la misma había sido posible gracias a la intermediación del comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera director general de Documentación y Análisis durante la etapa de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha y que coincidió con el exchófer en la época en la que ambos trabajaban para el exconsejero madrileño Francisco Granados.

Y luego llegaron las agendas del comisario jubilado. Y ahí el nombre de la ex secretaria general aflora en varias ocasiones. "Llamó para vernos. La parienta María Dolores de Cospedal quiere datos para tomar decisiones", reza una anotación del 26 de enero de 2009. "Me envía a José L. Orti –en referencia a José Luis Ortiz, jefe de Gabinete de la política– con 100 y promete 50 más el lunes", se lee en otra del 6 de diciembre de 2012. "Muy preocupada con los 5 pago de 200 [sic]. Me pide que le mantenga informada", apunta un año después. Y el 15 de septiembre de 2014 insiste en que "Cospe" promete "pagar la deuda de 100" y pide "un análisis de Ezquerra [sic]".

Tanto las acusaciones como Anticorrupción intentaron que el archivo fuera revocado y que Cospedal volviera a ser investigada. Sobre todo, tras la publicación de unos audios en el diario El País en los que se la escuchaba decir a Villarejo que había que parar lo de la "libretita" de Bárcenas. García-Castellón lo rechazó, alegando que no podían sustentarse las acusaciones "sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Una decisión que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó.

Sergio Ríos Esgueva es una de las piezas clave dentro de la Kitchen. Al fin y al cabo, de él dependía, en buena medida, el éxito de la supuesta operación parapolicial para robar a Luis Bárcenas información comprometedora que pudiera tener del PP. Como conductor y recadero del extesorero, conocía cada reunión mantenida, cada movimiento de documentación, cada escondite. Era, en palabras de Rosalía Iglesias, esposa del contable, "uno más de la familia". El topo perfecto para una misión que buscaba proteger del caso Gürtel a la formación conservadora. Un PP con el que, precisamente, el chófer había estado estrechamente conectado en el pasado.

Ríos Esgueva, nacido en Ceuta en 1975, aterrizó en casa de los Bárcenas en febrero de 2013. Lo hizo en un momento especialmente turbulento. El diario El País acababa de publicar los papeles del extesorero, que se encontraba ya bajo la lupa judicial, sobre la caja B del PP. Y el partido había retirado al exsenador, según explicó él mismo este lunes en el juicio de Kitchen, el "conductor que le tenía asignado". Es entonces cuando el extesorero descuelga el teléfono y acaba contratando a Ríos, un exmilitar con un pasado también turbulento. Fue, según publican varios medios, portero de un prostíbulo. Y las bases de datos policiales, tal y como consta en un informe de Asuntos Internos, recogen una detención a comienzos de siglo por tenencia de armas.

Su "función principal" era la de conductor, pero también hacía "tareas de carácter administrativo" –desde cobrar cheques a llevar documentación de un sitio a otro–. Un puesto para el que, en definitiva, la familia Bárcenas necesitaba a alguien de "absoluta confianza". El nombre de Ríos se lo facilitó al extesorero una persona de dentro de la formación conservadora. En resumen, un "jefe de Seguridad" del PP recomienda al entonces enemigo público número uno del partido que contrate como "chico para todo" a una persona que "había hecho trabajos" previamente para la formación. Bárcenas no dijo en ningún momento a lo largo del extenso interrogatorio el nombre de ese responsable de Seguridad, un departamento cuyo director era, por aquel entonces y según consta en resoluciones judiciales, el cuñado de Bárcenas.

El informe de la Unidad de Asuntos Internos que dio origen a Kitchen, pieza separada dentro de la macrocausa Tándem, ya hacía alusión a esa conexión laboral del chófer con la formación conservadora. En el mismo se recogían detalles de los papeles relacionados con la supuesta operación parapolicial que habían sido intervenidos en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los acusados en este procedimiento. Entre otros, se mencionaba, por ejemplo, un documento denominado "CURRI CHEF SERGIO JAVIER RÍOS ESGUEVA" que, según resaltaba el informe policial, se correspondía con el currículo del conductor y que recogía, dentro del apartado "experiencia laboral", una mención al "servicio de seguridad del Partido Popular".

La lealtad de Ríos hacia la familia Bárcenas duró apenas unos meses. En el verano de 2013, el chófer ya estaba controlado por la brigada política. Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, hubo un "primer intento infructuoso" de captarle por parte de Enrique García Castaño, entonces comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, la que se encargó de la mayor parte de los seguimientos que se hicieron sobre el entorno del extesorero. Una captación que, finalmente, se produjo con la intermediación del excomisario Andrés Gómez Gordo, que también se sienta en el banquillo de los acusados. Y de la que se encargó el propio Villarejo, según apuntó en las primeras sesiones de juicio el investigador principal de la Kitchen.

En la causa consta, precisamente, una grabación en la que el comisario retirado reconoce ese papel de captador al empresario Adrián de la Joya y al excomisario José Luis Olivera, que también integra la lista de acusados: "Primero va El Gordo –así llamaban a García Castaño– a captarlo… Oye, tú que has sido milico no sé y no sé cuántos, todo por la patria y no sé qué..., y el otro se asusta y se acojona: no quiero saber nada de usted. El Gordo claro, utiliza la técnica esa que tiene [sic] ellos de captación brusca, que se llama… Ummm, ¿sabes? Yo lo que hago es que digo: A ver este tío dónde está..., este tío ha sido el escolta de Granados, ha sido no sé qué... ¿A quién conoce?..., a éste y a éste... Y a quién tal... Cospedín. Y me voy a Cospedín", se escucha decir a Villarejo.

Cospedín es Gómez Gordo. Y le llamaban así por la estrecha relación que tenía con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que cuando se convirtió en presidenta de Castilla-La Mancha se lo llevó como director general de Documentación y Análisis. Ríos le conocía, recoge Anticorrupción en su escrito, de haber coincidido con él en "eventos" de la Comunidad de Madrid. El exchófer, en concreto, trabajó años atrás para el exconsejero madrileño Francisco Granados. Y Gómez Gordo ocupó también varios puestos vinculados al Ejecutivo regional. Entre octubre de 2007 y octubre de 2009 fue director de Seguridad del fallido Campus de la Justicia. Y durante el año siguiente, ejerció como "personal eventual de confianza" de la Comunidad de Madrid. En concreto, como asesor de Granados.

En diciembre de 2018, el arrepentido David Marjaliza, uno de los principales imputados en la Operación Púnica, declaró ante el juez que fue Granados quien le pidió que localizara a Ríos porque el comisario José Villarejo lo necesitaba para “interceptar” documentación en poder de Luis Bárcenas. Al parecer, Ríos era amigo del conductor del empresario. Una afirmación que provocó el enfado del abogado del exconsejero madrileño, que lo negó tajantemente.