Balance de daños de los primeros testigos en 'Kitchen' a la espera de Rajoy y Cospedal

Tras un inicio puramente técnico con las llamadas cuestiones previas, el juicio de Kitchen coge por fin vuelo con la primera tanda de testimonios. Por la Audiencia Nacional han desfilado a lo largo de esta segunda semana más de una veintena de comparecientes. Agentes y altos mandos policiales, en su mayoría, que han acabado por dibujar una operación repleta de sombras que se alejaba por completo de lo común. Una misión de la que ha intentado desvincularse el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, cuyo abogado se ha esforzado por sembrar dudas en torno a la principal prueba de cargo en su contra. Y por la que la próxima semana serán interrogados el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

La Fiscalía Anticorrupción describe en su escrito de acusación una operación parapolicial para “impedir” que información comprometedora para el PP que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas acabase aportada al caso Gürtel. Se denominaba Kitchen por el parecido con un cocinero que alguno de los acusados veía en su gran colaborador: Sergio Ríos, exchófer del excontable conservador. Y se llevó a cabo, en gran medida, a través de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, si bien también participaron, en alguna ocasión, policías del grupo especial de seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos.

Más de una decena de estos agentes ya se han sentado como testigos ante el tribunal, que preside la magistrada Teresa Palacios. Todos ellos han confirmado los seguimientos a la familia Bárcenas y a su entorno por orden de sus superiores más directos. Los de Asuntos Internos, de Jesús Vicente Galán, ya jubilado. Los de la UCAO, del ahora comisario José Francisco González. Ambos han comparecido también esta semana como testigos, si bien su obligación de decir la verdad se veía “algo más difuminada”, en palabras de la magistrada, por la condición de investigados que habían tenido en un procedimiento que, para ellos, aún está sobreseído provisionalmente.

Uno y otro han apuntado hacia arriba en la cadena de mando. Galán ha señalado al entonces comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas: “Me dijo que Rosalía Iglesias –esposa de Bárcenas– estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin que fuéramos detectados”. Una orden que le resultó contradictoria dado que es “imposible” proteger “a distancia”. Una de las agentes de la unidad que participó en esos operativos dijo, sin embargo, que a ella “nunca” le habían transmitido “que había que dar protección a nadie”. “En otras declaraciones dijo que jamás había recibido una orden de Martín Blas para vigilar el entorno de Rosalía”, contraatacó el abogado del excomisario. “No lo recuerdo”, zanjó Galán.

González, por su parte, indicó que el encargo lo recibió de Enrique García Castaño, ex comisario jefe de la UCAO: “Me dijo que el DAO –el director adjunto operativo, que por entonces era Eugenio Pino– había ordenado el seguimiento. Bárcenas había entrado en prisión, Rosalía seguía en libertad aunque estaba investigada en esa causa y nos dijo que no se llegaba al dinero y que quería los seguimientos para ver si se encontraba el dinero que estaba en el exterior y los posibles testaferros”. La misma directriz que él trasladó a sus subordinados, según fueron explicando varios de los agentes que participaron en el operativo.

Los policías que realizaron dichos seguimientos, por tanto, estaban convencidos de que se estaba apoyando de manera operativa la investigación contra el extesorero. Al fin y al cabo, fueron explicando, no es raro que echen una mano de vez en cuando unidades investigadoras de fuera de la Comisaría General de Información. De ahí que no les extrañase que cuando perdían al “objetivo”, en relación a la mujer de Bárcenas, recibiesen en unos pocos minutos y tras una llamada la posición. “Pensábamos que el teléfono del chófer estaba intervenido”, contó en sede judicial uno de esos agentes. 

Una ayuda de la UDEF que nadie pidió

“Cuando han hecho labores de apoyo para otra unidad, como la de Policía Judicial, ¿han tenido contacto directo con ella?”, preguntó el fiscal César de Rivas. “No, siempre se hacía a través de García Castaño, que de alguna manera monopolizaba el trabajo”, respondió González. El excomisario, conocido en la Policía como El Gordo, es una de las piezas centrales del caso Kitchen. De hecho, en fase de instrucción llegó a decir que desde la cúpula del Ministerio del Interior se le encargó descubrir si Bárcenas se había “llevado discos duros” en los que apareciera la financiación del PP. Pese a ello, no se sienta en el banquillo debido a su mal estado de salud.

Una tesis, la de la posible operación policial legal, que se encargaron de ir enterrando otros testigos. “No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora –la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)–”, señaló en su larga comparecencia, de más de doce horas, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha investigado esta pieza separada del llamado caso Tándem. “No recibí ninguna solicitud de apoyo ni de la UDEF ni de la Comisaría General de Policía Judicial para actuar sobre el entorno de Rosalía Iglesias”, dijo, por su parte, Enrique Barón, en aquella época comisario general de Información –es decir, el superior jerárquico de García Castaño–.

Durante su comparecencia, el mandamás de la Comisaría General en la que se encuadraba la UCAO vino a explicar que lo normal era que se le informase del resultado de las operaciones que se llevaban a cabo: “Existía un método de control interno en el que yo supervisaba”. Una situación fuera de lo normal que también salió a flote cuando se le mostraron algunos recibís firmados por García Castaño relacionados con los pagos con cargo a los fondos reservados que se habrían hecho a Ríos. “No tiene nada que ver con la Comisaría General”, apuntó, al tiempo que dijo que quien debería dar explicaciones era El Gordo o quien le dio ese dinero.

Barón, no obstante, dio algo de oxígeno a los acusados cuando señaló que el uso que se hizo de efectivos policiales “ni fue en detrimento ni perjudicó los servicios” de Información. Así, explicó que los 70 agentes usados en el dispositivo estaban “libres de servicio”, en labores de “formación o actualización”. En su escrito de acusación, Anticorrupción hace mención, precisamente, a la “detracción” de estos policías cuando hace alusión al perjuicio económico de la Kitchen –al menos, 57.943 euros, entre los pagos de fondos reservados y la compra de una pistola para el exchófer–.

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Las testificales de esta semana han servido también a la defensa del exministro del Interior para intentar tumbar la principal prueba de cargo que existe en su contra. Se trata, en concreto, de unos mensajes telefónicos que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez llevó ante notario para evidenciar el supuesto conocimiento que su superior tenía de la supuesta operación parapolicial. SMS que Fernández Díaz niega haber enviado.

“La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 Iphone y 1 Ipad)”, rezaba uno de ellos. En teoría, el mismo habría sido remitido por el exministro del Interior. Sin embargo, en su comparecencia ante el tribunal, el notario que se encargó de protocolizar dicho mensaje señaló que no puede asegurar al cien por ciento que el mismo hubiera sido enviado por el exministro. La vinculación (a Fernández Díaz) es por manifestación (de Martínez). No hay prueba”, consiguió arrancarle el abogado de Fernández Díaz.

El extitular de Interior ha quedado finalmente dibujado como la X del caso Kitchen. Una investigación que, sin embargo, ha llegado a salpicar al expresidente del Gobierno y a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El primero, al que los acusados se referían como ‘El Asturiano’ –según el investigador principal– nunca llegó a estar imputado en la causa. La segunda, sí, aunque finalmente quedó fuera del banquillo. La próxima semana, serán ellos quienes deberán sentarse frente al tribunal. Y algunas acusaciones estarán dispuestas a exprimir al máximo a ambos testigos.