El Congreso deroga la prórroga de los alquileres con la mayoría que suman PP, Vox y Junts
El pleno del Congreso ha derogado este martes, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, el decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta.
El decreto ley ha decaído por 166 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), 177 en contra (los grupos de la izquierda más CC) y cinco abstenciones (PNV), después de que la presidenta de la cámara baja, Francina Armengol, desalojara del hemiciclo a un grupo de inquilinas afectadas que proferían gritos de protesta.
Tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado en los pasillos de la cámara baja que el Gobierno va a llevar este decreto al Congreso "las veces que hagan falta".
"Vamos a insistir hasta que sea realidad", ha prometido el ministro, que se ha mostrado convencido de que la derecha no ha dado "un solo argumento real para votar en contra" y que lo ha hecho por "tacticismo" y "cerrazón ideológica", lo que, en su opinión "va a pagar muy caro".
El debate celebrado este martes en el pleno del Congreso sobre el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler ha vuelto a evidenciar la fractura ideológica que existe en política de vivienda y la tensión entre el modelo intervencionista de la izquierda y el liberal o de mercado de la derecha.
El decreto ley que el Congreso ha derogado, y que había impulsado Sumar dentro del Gobierno, permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta.
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La medida afecta a algo más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de inquilinos, la mitad de ellos concentrados en Madrid, Cataluña y Andalucía, según datos del Ejecutivo.
Prácticamente todos los grupos parlamentarios, a excepción de Sumar, coinciden en que la derogación abre un escenario de "inseguridad jurídica" para arrendadores y arrendatarios.
Algunos juristas coinciden en que la medida puede abrir una oleada de litigios sobre si las prórrogas solicitadas durante la vigencia del decreto siguen siendo válidas o se consideran nulas, ya que no hay doctrina al respecto.
