Este viernes terminó el plazo de consulta pública que el Ministerio de Economía lanzó para recoger las opiniones sobre la creación de una cuenta de ahorro e inversión promovida desde lo público. El objetivo de esta medida es mover el dinero de los ciudadanos que tienen fondos de baja remuneración —1,2 billones en España— hacia otros productos financieros más rentables, pero sin un riesgo demasiado alto.

Hace unas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba también la creación de un fondo soberano llamado España Crece, que estará dotado de 10.500 millones del Plan de Recuperación y buscará también atraer capital privado. A la vez, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ponía el foco en los influencers que dan consejos de inversión en redes, los denominados finfluencers. “Promocionar un servicio o un producto financiero no es como promocionar zapatos”, advertía el director de la entidad, Carlos San Basilio. No hay que olvidar que estos consejos pueden tener consecuencias muy graves para quien pone todos sus ahorros en la misma cesta.

Por ello, tanto Europa como España empiezan a mirar hacia la inversión y las finanzas —campos áridos y poco conocidos para muchos mortales— como una de las patas para promocionar el mercado interno de la Unión Europea, tal como se ha pedido desde organismos como la OCDE o en el famoso informe de Enrico Letta y Mario Draghi. Sin embargo, el camino a recorrer parece largo. “En esta estrategia se combinan varias circunstancias. En primer lugar, se ha acumulado un volumen de ahorro no solo en las rentas altas, sino también en las medianas, y los gobiernos están tratando de canalizarlo, de forma que eso derive en un aumento de la actividad productiva”, explica Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada. En corto, que ese dinero que está “quieto” genere valor más allá del puramente especulativo y ayude a despegar a empresas, a financiar la economía con ahorro a largo plazo o a impulsar determinados sectores europeos.

En el documento publicado por el Ministerio de Economía señalan que el objetivo de productos como la cuenta remunerada es que entidades y brókeres ofrezcan un paquete de varios instrumentos de inversión con reglas simples, costes previsibles y un tratamiento sencillo para pequeños inversores. En cuanto al fondo soberano, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntaba que sería un instrumento destinado a “entrar en el capital de las empresas que así lo deseen” y lo ejemplificaba con las pymes y startups. “Tenemos un gran ecosistema de startups, pero necesitan financiación y escala, y ahora mismo les cuesta conseguirla dentro de la UE”, concluía.

En opinión de Torres, la intención es buena, aunque el resultado podría no ser tan evidente. “Yo creo que lo que pueda tener de bueno el movilizar el ahorro está muy limitado, porque en nuestras economías el sistema financiero no está orientado prioritariamente a financiar la actividad productiva”, y apunta a que promover instituciones o bancos “que estuvieran directamente comprometidos con la actividad productiva, como mejorar infraestructuras, servicios públicos o financiación para jóvenes” sería más eficaz.

Los pasos de España se enmarcan dentro del plan europeo denominado Unión de Ahorros e Inversiones, que busca crear mecanismos para que los ciudadanos de la unión inviertan sus ahorros en sectores estratégicos para Europa. De hecho, según Bruselas, 10.000 millones de euros ahorrados por los hogares están en depósitos donde no producen rendimientos. Y en el fondo de la idea, aparece de nuevo la incertidumbre geopolítica como motivación: “La Unión de Ahorros facilitaría la financiación en ámbitos como la descarbonización, la innovación tecnológica y la mejora de la seguridad, todos ellos esenciales para mantener la competitividad de Europa en el mundo”, señala el documento publicado por el Consejo de Europa. Y es que muchos pequeños ahorros juntos son el objetivo de las nuevas políticas europeas que quieren apelar a un mercado interno de 450 millones de ciudadanos.

En la jerga financiera, se denomina dumb money (dinero tonto, en inglés) al capital de pequeños inversores individuales que entran puntualmente en el mercado motivados por consejos, tendencias o redes sociales. Pero lo cierto es que la coordinación a través de foros y redes terminó por dejar patente su importancia y desmentir ese apelativo de “dinero tonto”. Por eso, controlar a quienes dan consejos de inversión se ha convertido en otro de los objetivos de las políticas financieras.

La palabra finfluencer seguramente no les diga nada, pero si les hablo de creadores de contenido dedicados a dar consejos sobre inversión, tal vez se hayan tropezado con alguno mientras paseaban por las redes sociales. Hay para todos los gustos: desde cuentas de divulgación, a otras de dudosa fiabilidad. Hay perfiles que tan pronto asesoran sobre una rutina de gimnasio, como te hablan de emprendimiento; hay coleccionistas de bolsos Hermès; prescriptores que te enseñan a invertir en 30 días o cuentas que te recomiendan una app para comprar criptomonedas de forma “supersencilla”.

El problema es distinguir quién es quién en este mar de consejeros y por eso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha empezado a vigilarlos de cerca y pretende hacerles responsables de sus consejos de inversión. También, por el riesgo que suponen para los pequeños inversores aficionados. De esta forma, el regulador prevé sanciones de hasta 500.000 euros por abuso de mercado en función de si es falsa la información que se da, de si la recomendación se hace es por conflictos de interés no declarados o por publicidad encubierta.

“Los riesgos de seguir los consejos de los prescriptores son altísimos y más cuando se trata de criptomonedas, porque son un producto sin respaldo”, explica Verónica Rodríguez, de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). “Hay que sospechar de cualquier promesa de inversión que te ofrezca una rentabilidad notablemente superior a la media del mercado, por encima del 5% o 6%, y a corto plazo”, explica. Además, puntualiza que no es imposible obtenerlas, pero suelen ser productos de alto riesgo, más recomendados para expertos que para particulares que se juegan sus ahorros.

Muchos seguramente piensen que lo que narra Asufín no les puede pasar o que las finanzas son cosas más serias, que suelen pasar por la oficina de un banco o un gestor. Pero resulta que hace no mucho, en 2021, un youtuber sentado en su casa hizo perder 1.200 millones de dólares en apenas 24 horas a varios fondos de cobertura de Wall Street. Se llama Keith Gill y su perfil en redes, Roaring kitty (gatito que ruge), consiguió que miles de pequeños inversores se organizaran a través de foros como Reddit para comprar masivamente acciones de GameStop, una empresa que los grandes fondos daban por perdida y contra la que habían apostado en corto.

El directo de Keith Gill provocó una subida histórica en el precio de la acción, hizo perder unos miles de millones a los fondos que apostaban a la baja y dejó claro que Internet tenía mucho que decir en el sistema financiero moderno. Pero no todos los influencers tienen alma de Robin Hood, ni sus consejos son desinteresados o sus intereses públicos.

Otra cosa que dejó patente este episodio, que incluso inspiró la película Dumb Money (2023), es que muchos pequeños inversores coordinados y juntos —dueños del citado “dinero tonto”— podían jugar un papel relevante en el mercado.

Por cierto, el fondo de inversión en cuestión terminó liquidando sus activos y cerrando en 2022 y también mucha de la gente que durante un momento se pensó millonaria terminó perdiendo su dinero. Porque, como concluye Rodríguez, “esa es la principal premisa que no podemos olvidar cuando se habla de inversiones”.

La política está hecha de parches. No existe, ni con revoluciones ni con reformas, un momento que lo cambie todo, porque no existe algo parecido a un evento definitivo en el que se alcance el fin de la política: no puede existir la Ciudad de Dios de San Agustín, una República perfecta, una Nación purificada o un libre mercado armonioso en la Tierra. La política, por definición, excluye la posibilidad de que todo se haya logrado de manera definitiva y para siempre; esto es, excluye la posibilidad de que algo se llene por completo. Es una dialéctica eterna que nunca alcanza una síntesis y siempre permanece abierta.

Esa imposibilidad de un final que acabe con el agonismo y el antagonismo —es decir, con la disputa y con el conflicto— es lo que deja abierta la puerta a una transformación, a un avance o un retroceso. Esto no significa que los horizontes no existan y las aspiraciones carezcan de sentido. Al contrario, los horizontes proyectados son la gasolina que mueve a la política. La paradoja reside en la imposibilidad de alcanzar ese horizonte de un modo concluyente, pero es esa aproximación asintótica hacia el horizonte lo que hace posible la política: esa distancia infinita permite su construcción y avance cotidiano.

¿Cuál es la verdad de la política? El conflicto infinito entre las partes que componen una sociedad. De ahí que la democracia nunca pueda ser plena; eso es una aberración. Se avanza o se retrocede, pero nunca se alcanza su plenitud. La política, como el deseo, nunca se puede satisfacer y colmar del todo, porque siempre queda un resto. De lo contrario, el deseo dejaría de existir. El deseo existe porque se desea lo que falta, lo que no se alcanza, y se mueve eternamente por conseguir lo posible, intentando lo imposible una y otra vez.

Parches, conflicto, deseo y horizontes. ¿Qué tiene que ver todo esto con la universalidad de las políticas públicas? Que los parches se inscriben en un horizonte deseable dentro de un conflicto de fuerzas. El derecho se sustenta sobre la capacidad de hacerlo real, es decir, sobre la fuerza que lo impulsa.

Un derecho es algo que obtienes por el mero hecho de existir y una ayuda se da a cambio de cumplir unas condiciones: si eres padre o madre, permiso de maternidad y paternidad; si eres mayor de edad, puedes votar; si alcanzas determinada edad, accedes a la jubilación… Que algo sea universal no quiere decir que, necesariamente, sea para todo el mundo: si no tienes hijos, no tienes el permiso; si no tienes 18 años, no puedes votar; si no alcanzas una edad, no te puedes jubilar. Que la prestación para las gafas tenga un límite de edad no lo hace menos universal, porque incluye a todas las personas dentro de un límite de 16 años.

¿Qué se critica? ¿Que solo se garantice la prestación hasta los 16 años o que se garantice a cualquiera que tenga 16 años? La primera objeción se resuelve ahondando y ampliando a más grupos de edad la misma lógica de la universalidad. Un siguiente paso sería apuntar hacia otro objetivo: que exista un proveedor público de gafas y, así, ampliar la libertad de elección ciudadana. Otro paso, en la misma senda, sería ampliar la cartera de servicios ofrecida por el servicio público: dentista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo…, y, a partir de ahí, combinarlo con una renta básica incondicional, vivienda barata y segura, menos tiempo de trabajo… Ese sería un enfoque ambicioso que marca un horizonte deseable para ir sumando nuevos parches a la ecuación.

La segunda crítica, la de que se garantice a cualquiera acceder al derecho, lo que hace es poner en cuestión el propio horizonte. La crítica la plantean, seguramente motivados por razones diferentes, tanto neoliberales como algunas personas que se autodenominan de izquierdas. Ambos cuestionan la propia universalidad y consideran que deben establecerse ayudas solo para quienes “de verdad lo necesitan”.

Los primeros consideran una aberración la universalidad porque implica obligar a quien no quiere a asumir el coste de otros. Si el mercado lo puede proveer, aunque sea más caro, ¿para qué tiene que hacerlo el Estado? En todo caso, si alguien no puede acceder por la vía del mercado, que se le ofrezca una ayuda temporal y controlada. Es el modelo neoliberal para denigrar lo público y retroceder de la condición de ciudadanía a un modelo de beneficencia.

Los segundos también opinan lo mismo: les parece una aberración la universalidad porque implica obligar a quien no quiere a asumir el coste de otros, solo que, en este caso, se considera que es el obrero quien le paga el derecho al millonario. Lo que debe hacerse, según esta visión, es asignar una ayuda por renta, para que la obtenga quien de verdad lo necesita. Pero la universalidad funciona a la inversa: se trata de que los más ricos —tanto más cuanto más ricos— financien el derecho de aquella población que no se lo puede permitir. Si alguien gana 1.000, recibe 10 y paga 100, no se le está regalando nada. Si esa fiscalidad no opera así, entonces lo que habrá que adecuar es la fiscalidad, no poner en duda la implementación de un derecho universal.

La universalidad es la mejor forma de hacer llegar un derecho a quien más lo necesita porque se eliminan todas las trabas condicionantes. Es la mejor forma de evitar que se estigmatice a los más pobres, y es la mejor forma de evitar agravios entre quienes se ven excluidos por no ser suficientemente pobres. Lo contrario no es un derecho, es una ayuda, y se requiere que se demuestre que uno es pobre y merecedor de ella, lo cual suele dejar fuera a los más pobres que ni siquiera hacen la declaración de la renta y se ven obligados a entrar en un laberinto burocrático que, además, tiene un coste económico de control añadido.

Un derecho puede ser un servicio o una prestación: puede ser tener acceso al pediatra o puede ser implementar una prestación económica por hijo a cargo, o una renta básica universal. Que sea o no monetario no determina si es o no un derecho universal. Lo que sí importa es intensificar la ambición y el deseo por avanzar hacia ese horizonte que acelere la implantación de parches. 

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM y actualmente diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

El preacuerdo alcanzado entre ERC y el PSC para sacar adelante la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat pivota en torno a varios pilares y uno de ellos es la financiación singular para Cataluña y la soberanía fiscal. Si, de un lado, en el documento armado por ambas formaciones, que tienen que validar las bases del primero, se apunta a que Cataluña pase a recaudar, liquidar e inspeccionar la totalidad de los impuestos soportados por la comunidad, como sucede en las comunidades de Régimen Foral, País Vasco y Navarra; de otro, se garantiza que seguirá siendo solidaria. 

En el preacuerdo se fija que la aportación catalana a los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos y se recoge que la Generalitat deberá “contribuir a la solidaridad con las otras comunidades autónomas, a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares”, siempre que lleven a cabo un “esfuerzo fiscal” igualmente “similar”. Si bien pretenden que ese aporte “sea conocido y reconocido” y que tenga un límite: la “ordinalidad”.

¿Qué es ese principio? “Según éste, tiene que haber una correspondencia, una relación directa, entre lo que recauda cada comunidad en términos per cápita y lo que recibe del sistema de financiación en términos per cápita, esto es, por habitante ajustado. Las más ricas, que recaudan más, deberían recibir más financiación del sistema autonómico”, explica Diego Martínez López, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). ERC y el PSC defienden en concreto que las contribuciones de las comunidades por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, “deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben” y si esto no se logra en 2025 “requerirá medidas compensatorias”. 

La ordinalidad es un concepto que “ya aparece en el Estatut catalán, pero allí está mal definido en términos de Producto Interior Bruto (PIB), lo que es un disparate”, apunta Martínez López. Asegura que este elemento que ahora invocan ERC y PSC “no se cumple en la actualidad”. “Si el sistema se hubiera quedado en el fondo de garantía y de suficiencia -une-, sí estaba diseñado para respetarlo. Pero como luego se añadieron en la negociación política otros dos fondos adicionales, el de cooperación y el de competitividad, eso rompió cualquier criterio de ordinalidad”. El catedrático señala que en estos momentos "el sistema de financiación no tiene ningún criterio explícito de reparto. Se parece a, como dice Ángel de la Fuente, tirar el dinero encima del mapa y donde caiga ahí se queda”, desliza.

El propio De la Fuente, director ejecutivo de Fedea, confirma a infoLibre que “la ordinalidad no se da en el sistema de financiación autonómico actual”, pese a ser “muy razonable”. “No parece lógico –sostiene– que comunidades que aportan menos adelanten a otras que aportan más y terminen estando mejor financiadas en relación con sus necesidades –por habitante ajustado–". “Si la vecina de enfrente gana un 20% menos que nosotros en bruto y después de pagar el IRPF acaba con un 20% más, seguramente no nos parecería bien”, ejemplifica.

En cualquier caso, a su juicio, “no tiene sentido” el planteamiento de que la aportación catalana futura “haya de generar que eso se cumpla”, ya que “habría que mirarlo en conjunto y que se aplique para todos”. Cree que la ordinalidad “es marginal” en la propuesta de ERC y PSC y que “el núcleo de la cuestión es que se quieren quedar con más del que consideran su dinero”. “El acuerdo busca reducir la aportación catalana al sistema y eso plantea problemas”, remata.

Martínez López comparte que “Cataluña pide la ordinalidad no para garantizar la solidaridad, sino para reducirla”. Y suma: “En el preacuerdo parece que se da una de cal y otra de arena: queremos el concierto económico vasco o navarro, recaudar todos los impuestos; pero metemos un poco de solidaridad, aunque no demasiada, e introducimos la ordinalidad. Es un paso para adelante y otro para atrás y como no sabemos las cantidades de las que estamos hablando, desconocemos cuál será el resultado neto. No obstante, se supone que su implicación con la solidaridad del país será inferior, porque, si no, para qué este viaje”, se pregunta. 

Los partidos artífices del acuerdo político aseveran que Cataluña “aporta al sistema de financiación más de lo que recibe”, debido a que “cuenta con un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios". El catedrático de la Pablo de Olavide afirma que en el ámbito estricto del sistema de financiación autonómica, esto no es así y “la única comunidad que aporta más es Madrid”. Es más, indica que “el Estado haría negocio con la salida de Cataluña” en el sentido de que “no va a tener que pagar 1.550 millones de euros”, aunque, “es cierto que perderá por otro lado, como por lo que se puedan llevar en impuestos”, finaliza. 

Por su parte, Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid, se adentra en el asunto para aportar que “sólo en el sistema australiano todas las comunidades reciben lo mismo por habitante. Ni siquiera en el alemán, que tiene un grado de nivelación más elevado que el español, pasa”, expone. En su opinión, “si se quiere llegar ahí, a un modelo que a todos les dé los mismos euros por habitante ajustado”, ello “no sería incompatible con respetar la ordinalidad”, entendida ésta como que “el orden de las comunidades de mayor a menor capacidad fiscal se mantenga al colocarlas por recursos del sistema por habitante ajustado, disponibles para financiar competencias homogéneas de gasto”.

Pero, “en el caso español, se ha diseñado un sistema que beneficia a unas comunidades más que a otras”, de ahí que ese precepto “no se cumpla”, constata, en línea con lo comentado por el resto de expertos. En ese punto anota que acaba de publicar un artículo ligado a los relatos que se han esgrimido para justificar la ruptura de la ordinalidad, junto a Julio López-Laborda y Andoni Montes-Nebreda, en el que concluyen que “la sobrefinanciación respecto a la media de algunas comunidades no ha contribuido a la convergencia regional”.

Con todo, Onrubia comprende el revuelo que ha causado lo anunciado por ERC en las demás regiones del Régimen común. “Es como si en el IRPF, Amancio Ortega acaba pagando menos tipo medio que yo, no tendría justificación”, dice, para engarzar: “Y si se pretende que lo que él deje de pagar lo cubra el resto, no van a ser los neozelandeses los que lo hagan. Se va a tener que cambiar el patrón de redistribución entre los que tienen menos renta que Amancio Ortega, entre las comunidades que tienen menos renta que Cataluña”, avisa. “Ya País Vasco y Navarra no contribuyen a la solidaridad, si sacas a otra comunidad del sistema de financiación común, va a haber menos capacidad de reducir las desigualdades. Esto es así. Todo ello sin perjuicio de la más que dudosa constitucionalidad, por razones de igualdad y solidaridad, que supondría, por mucho que se pretenda vestir como una singularidad justificada”, abrocha.  

Las fuentes consultadas, incluidas otras del ámbito político, coinciden en la “dificultad” de que lo recogido en el documento del PSC y ERC “salga adelante” y en que, de lograrse, “Cataluña pueda gestionar" lo que implica ya en 2025 "con los medios que tiene, como el personal de Hacienda”. "Se está jugando a ganar tiempo en un escenario político muy complejo", lanzan.

“No existe tal cosa como un buen impuesto”, dicen que dijo el primer ministro británico Winston Churchill. A nadie le gusta pagar impuestos, ese mal necesario –también lo dijo Churchill– que no sólo es la fuente principal de ingresos de los Estados sino además materia habitual de violenta controversia política. Véase si no cómo, en un último intento desesperado por evitar la derrota que anticipaban todas las encuestas, Rishi Sunak recurría al miedo a los impuestos que los laboristas supuestamente iban a subir en cuanto entraran en Downing Street.

Tras aumentar en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y recortarse desde la década de los 80 con el ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en EEUU y Reino Unido, las políticas de austeridad utilizadas como cura para la Gran Recesión pusieron de nuevo la política fiscal en el centro del debate político. A los recortes en el Estado del Bienestar desde 2008 les sucedió una lluvia europea de fondos públicos para sostener la economía tras el parón del covid. Y las llamadas de los organizaciones internacionales para tapar los agujeros que los paraísos fiscales perforan en las maltrechas arcas de los Estados y para aplicar tipos impositivos mínimos tanto a las multinacionales como a los milmillionarios.

Un estudio de dos investigadores de las universidades de Viena y Zurich, Björn Bremer y Reto Bürgisser, confirman que, en efecto, los impuestos no son muy populares: hasta un 65% de los europeos apoyan las bajadas fiscales. Al menos los españoles, alemanes, británicos e italianos. Una encuesta a 1.200 contribuyentes de esos cuatro países en 2018 arrojó una respuesta que no sorprende a nadie. Pero Bremer y Bürgisser fueron un poco más allá en sus preguntas. Primero, quisieron saber si estaban a favor de que les bajaran el impuesto sobre la renta, el tipo máximo a los que más ingresan y el IVA. Después indagaron si creían que el Gobierno debería reducir esos impuestos aunque esa medida implicara un recorte del gasto público o un aumento de la deuda pública.

La respuesta fue que el apoyo a una rebaja de impuestos, cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias y se les enfrenta a lo que los autores llaman “disyuntivas fiscales”, disminuye de forma significativa. Hasta 15 puntos porcentuales.

En el caso de los españoles, pasa del 65% inicial al 54% si la rebaja fiscal en el IRPF se traduce en un recorte del gasto público, al 45% si resulta en un aumento de la deuda pública y cae hasta el 40% si va a suponer un alza del IVA. Cuando se les plantea un recorte del IVA, el 70% inicial que se muestra a favor cae hasta el 45% si va a suponer menos gasto público y al 49% si aumenta la deuda del Estado.

Porque subir los impuestos es una medida antipática, pero el Estado del bienestar incluye beneficios también muy valorados por la ciudadanía. Incluso en Estados Unidos, recuerdan los autores, las encuestas señalan que los ciudadanos se muestran “orgullosos de cumplir con sus obligaciones fiscales, que perciben como un deber moral y una responsabilidad cívica”, y en Reino Unido respaldan aumentos de su factura fiscal de hasta un 7% para sostener el gasto gubernamental. En otro estudio, Bremer y Bürgisser subrayan que los ciudadanos quieren que los gobiernos “proporcionen una red de seguridad a las personas cuando enferman, envejecen o se quedan sin empleo”, también que las apoyen para conseguir una mejor educación y un puesto de trabajo si pierden el suyo. Esa “inversión social”, dicen, atrae a “una amplia coalición de votantes de clase media con un buen nivel educativo”, además de estar muy bien valorada.

Y, para hacer todo eso, son necesarios los impuestos.

En los cuatro países analizados, el 63% apoya que se baje el IRPF, y aún más, el 67%, que se reduzca el IVA. Pero sólo un 20% quiere que se recorte el tipo máximo de la renta; el respaldo a que paguen menos impuestos los más ricos se ve como un cambio regresivo y es mínimo. Ahí no hay grandes diferencias entre unos países y otros. Sí son un poco más pronunciadas respecto al IRPF y al IVA. Los italianos son los que más apoyan los recortes fiscales: un 83% está a favor de que se baje el impuesto sobre la renta y un 80% el IVA. Los británicos, que tienen impuestos relativamente más bajos que el resto, son los menos entusiastas de las reducciones, sólo el 48% se muestra a favor de que se recorte el IRPF y el 58% de que se suavice el IVA. Si aumentara la deuda pública, sólo el 42% de los alemanes aceptaría una bajada del IRPF y únicamente el 40% la del IVA.

Es decir, cuando se les pregunta a todos ellos si les parecerían bien esas mermas de la factura fiscal aun cuando implicaran un recorte del gasto público, un aumento de la deuda del Estado o una subida de otros impuestos, el respaldo ciudadano cae por debajo del 50% en todos los países. En el caso del Reino Unido, apenas supera el 30% si la bajada del IRPF o del IVA se convierte en más deuda pública o tiene que compensarse con la subida de otro impuesto.

Bremer y Bürgisser también han analizado el papel que tienen el interés propio y la ideología en la escala de prioridades fiscales de los europeos. Y concluyen que la segunda predomina sobre el interés material, al menos entre los contribuyentes de izquierdas.

Aun así, destacan que los individuos con más ingresos son “ligeramente más partidarios” de las rebajas fiscales “regresivas” que los menos pudientes. Y los contribuyentes de derechas y los de ingresos más bajos –tanto de derechas como de izquierdas– son menos partidarios de rebajas en el IRPF si la contrapartida es una subida del IVA –un impuesto indirecto cuyo aumento se considera regresivo pues se aplica a todos los consumidores independientemente de su renta– o un aumento de la deuda pública. En Italia, Alemania y Reino Unido a los ciudadanos más pobres no les importa que les suban el IRPF si les bajan el IVA, pero en España no quieren ni oír hablar de más impuestos sobre la renta por mucho IVA que les perdonen.

Cruzando ideología y renta personal, los autores han descubierto también que los encuestados de izquierda con altos ingresos son más partidarios de subir los impuestos –o al menos de no recortarlos– que los encuestados de izquierda más pobres.

A juicio de Bremer y Bürgisser, estas sorpresas se explican por cómo los ciudadanos perciben subjetivamente los efectos distributivos de los impuestos y en qué medida están alineados con sus efectos distributivos objetivos. “El apoyo a impuestos más bajos es condicional y no absoluto”, concluyen.

A su juicio, estudiar cómo interpretan los contribuyentes los efectos distributivos de los impuestos, así como las disyuntivas fiscales, servirán para conseguir los recursos necesarios con los que abordar el cambio climático y las desigualdades, el próximo –y costoso– reto.

 “CriteriaCaixa invierte en compañías líderes y en sectores identificados como de mayor atractivo por su crecimiento, nivel moderado de riesgo, precio y rentabilidad, con una adecuada política de dividendos, priorizando activos líquidos que aseguren una entrada de ingresos recurrentes”. Es la declaración de intenciones accesible a todos en la página web del brazo inversor de la Fundación Bancaria la Caixa, que se ha convertido en los últimos días en accionista de referencia en Telefónica, primera operadora de telecomunicaciones del país, dejando clara su intención de elevar su participación al 10%, la misma que tendrá el Gobierno a través de la SEPI; de la mayor inmobiliaria nacional, Colonial, con la compra del 17%; y en el segundo mayor accionista del grupo líder en infraestructuras, ACS, donde ha desembarcado con casi el 10%, en concreto el 9,4. Antes ya había aprovechado la salida a bolsa de Puig, firma de cosmética centenaria, para hacerse con algo más del 3%, y se prepara para reforzar su posición en Naturgy, donde ya posee el 26,71%, en el marco de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que tiene previsto lanzar el grupo emiratí Taqa, según algunas fuentes.

Dentro de su cartera contaba ya, además, con más del 99% de Saba Infraestructuras, operador de aparcamientos de referencia a nivel internacional; o el 15% de Aigües de Barcelona, el ente responsable del ciclo integral del agua en la capital catalana, entre otras participaciones.

“Da la sensación de que hace algo más de tres meses salió de compras y aún no ha vuelto, por lo que es previsible que haya más. Aunque estas operaciones no se cierran de un día para otro y se han llevado con discreción hasta estar seguros de poder aprovechar oportunidades”, mantienen analistas del mercado. Y añaden que, a que hayan podido hacerlo, a pesar de que haya supuesto “casi 5.800 millones de euros en inversiones, no todo en aportaciones dinerarias”, ha contribuido el que “no tuviera que endeudarse en exceso, dados los históricos resultados de CaixaBank en 2023 -Criteria es propietaria de casi el 32% de esa entidad bancaria que ganó 4.816 millones el pasado año, un 53,9% más, y distribuyó un dividendo de 2.890- y de otras empresas de las que ya formaba parte como Naturgy o Telefónica. Contaban con casi 1.000 millones de recursos”, mantienen. De hecho, la propia Criteria obtuvo en 2023 un beneficio neto consolidado de 1.910 millones, un 59% más que en 2022, gracias a esa buena marcha de sus participadas. El holding se nutrió de dividendos récord de 1.114 millones, un 34% más que el ejercicio anterior.

La nueva ronda de adquisiciones se ha producido después de que Ángel Simón asumiera el cargo de consejero delegado el pasado enero, en sustitución de Marcelino Armenter, y con la renovación de Isidro Fainé como presidente hasta 2028. En estos meses, Criteria ha relanzado su rol de grupo inversor español de primer nivel con su entrada en empresas, muchas de ellas señaladas por el Gobierno como estratégicas para el país, si bien fuentes de éste indican que se trata de una entidad “independiente” que toma sus propias decisiones. ¿Qué hay detrás de su ofensiva, tiene que ver con el sentido de Estado?

“Es una estrategia razonable dentro de un entorno de mercado donde había abundancia de liquidez y menos oportunidades de inversión, pero que, cuando los tipos subieron y el mercado se ‘normalizó', había que movilizar”, sostiene Francisco Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad de Granada. Constata que “Criteria está invirtiendo en empresas normalmente estratégicas” y lo contextualiza: “El proceso que hubo en España de liberalización se llevó más lejos que en otros países, perdiendo la posición de empresas españolas en otras empresas españolas o la del propio Gobierno”. De ahí que piense que el que se estén llevando a cabo movimientos desde “las propias empresas privadas o corporaciones financieras como Criteria, que es el brazo financiero de la fundación La Caixa”, sea “una buena noticia”. “Además -hilvana- está creando un holding bastante importante y genera una influencia empresarial también, porque está tomando la primera o la segunda posición de inversión” en las entidades en las que aterriza.

Preguntado sobre si cree que opera en línea con el Gobierno, Rodríguez responde que, si no lo hace tal cual, “ayudan”, porque las empresas “se quedan entre capital español. Hay un circuito interno de capital y de inversión bastante interesante y los intereses de todos pueden estar muchos más alineados que con grupos inversores extranjeros. Al final, todo lo que pase aquí le pasa a uno y a otro, al inversor y al invertido”. Anota, asimismo, que en el caso de Criteria, está adquiriendo participaciones “en empresas, que siendo estratégicas, están diversificadas, no todas están en los mismos sectores, y están funcionando bien en bolsa”. Salvo Puig, que se ha estrenado este mes de mayo, las compañías hacia donde ha apuntado Criteria formaban parte ya del selectivo y tienen una posición consolidada en sus respectivas áreas de actividad.

En opinión del catedrático de Economía, en definitiva, “es una buena noticia que el capital venga de ahí y no de fuera, como hemos estado viendo los últimos años y en los intentos recientes”, incide, en alusión a los países árabes o a China.

Otras fuentes destacan un aspecto más, a su juicio positivo, vinculado a las recientes operaciones del ente: su incursión en las empresas a las que llega o en las que redobla esfuerzos supone que éstas cuenten con “accionistas estables”, en lugar de otros “cortoplacistas o que sólo busquen valor”.

Desde el ámbito financiero colocan la lupa en que está realizando “una rotación de cartera”. “En los últimos años, Criteria había desinvertido en empresas como Abertis o en Repsol, tenían caja y la están usando e invirtiéndola en empresas de infraestructuras como ACS o en Colonial, que normalmente tienen unos retornos más estables”. A juicio de estas fuentes, buscan “rentabilidad de retornos, de dividendos, sobre todo”.

Para Ignacio Cantos-Figuerola, socio director de atl Capital, en la trastienda de la estrategia de Criteria hay “una vuelta a sus orígenes”. Se explica: “Históricamente La Caixa ha tenido bastantes participaciones en empresas, muchas asociadas con Cataluña, pero algunas como Telefónica más nacional. Cuando llegó en 2008 la crisis financiera, los reguladores en todo el mundo hacen que los bancos en su mayoría tengan que deshacerse de sus participaciones industriales porque eran otro factor de riesgo. Les trasladan que representaban un consumo de capital importante, por lo que no eran muy convenientes. Ahí entidades como Santander, BBVA o Caixa, eliminan, quedándose sólo con algunas”. En la actualidad, “que ya los colchones de capital están perfectamente dotados, es más, casi todos los bancos en general tienen exceso de capital, Criteria puede volver a centrarse en su vocación inversora”, añade.

En relación al caso concreto de Telefónica desliza que “puede haber un poco cierta rabieta de ‘yo he sido siempre el máximo accionista individual, y ahora vas a llegar tú, Estado, y me vas a quitar'". "Va a comprar hasta el 10 -el porcentaje que tiene SEPI-, pero supongo -enlaza- que eso incluirá el 3% que tiene de manera directa CaixaBank, que se sumará al 5% que tiene Criteria y que ésta comprará hasta completar”.  

En cuanto a ACS, pone el foco en que ésta "es la dueña de Abertis, que es una de las participaciones tradicionales que ha tenido Criteria. Salió cuando la compraron la italiana Atlantia, que ahora se llama Mundys, y ACS, con lo que es una forma de volver a entrar". Engarza que "el Gobierno nunca ha señalado a ACS como empresa estratégica", por lo que no sería esto, o al menos no sólo esto, lo que estaría marcando la actividad inversora de la entidad comandada por Fainé y Simón. En ese sentido, indica que es probable que el Ejecutivo que capitanea Pedro Sánchez, quiera "la oferta competidora en Talgo que se ha dicho que a lo mejor podrían lanzar", sobre la que entiende que "estudiarán la operación" y no descarta que la materialicen. "Si la ven", matiza. "Pueden hacerlo porque el capital está bien dotado y ya no tienen problemas con el consumo de capital que supongan estas participaciones industriales, que lo suponen", recalca.

De momento, lo que ha dejado claro Criteria es su intención de continuar consolidando un modelo de inversiones basado en construir una cartera centrada en sectores estratégicos de la economía como la banca, la energía, las telecomunicaciones y el agua, en el que asumirán cada vez más peso la construcción y las infraestructuras, a la luz de lo aportado por todas las fuentes sondeadas.

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La información ha pasado bastante desapercibida. Sin embargo, es un paso decisivo en la mercantilización del ecosistema, que se ha convertido en un horizonte para los promotores del crecimiento verde. El 21 de febrero, el Gobierno británico publicó su respuesta a la consulta sobre el sistema de Ganancia Neta de Biodiversidad (BNG). Esta respuesta sienta las bases para el lanzamiento, de aquí a noviembre, del primer mercado regulado de compensación de la biodiversidad.

En concreto, para esa fecha, todos los nuevos edificios industriales y comerciales de más de 25 metros cuadrados en Inglaterra y Gales tendrán que compensar su impacto sobre la biodiversidad en un 110% para obtener el permiso de obras. En otras palabras, la idea de los legisladores británicos es que, cuanto más construyamos, más reconstruiremos la biodiversidad.

Esta obligación puede aplicarse de tres maneras distintas. La empresa que desee construir tendrá que pagar a un "promotor" para que cree hábitats que compensen la biodiversidad. Otra posibilidad es comprar un "crédito de compensación" del Estado, o adquirirlos a través de "bancos de hábitats", intermediarios o plataformas comerciales. 

Este es el núcleo del proyecto: la compensación de biodiversidad dará lugar a un mercado de certificados que, a diferencia del mercado de compensación de carbono, no será "voluntario" sino obligatorio. Un operador del mercado, Natural England, se encargará de hacer cumplir esta normativa, posiblemente con sanciones.

El objetivo es muy sencillo: al garantizar una fuerte demanda, la obligación dará liquidez al mercado. "El caso de la compensación de carbono demuestra que la organización voluntaria de los mercados no funciona, no hay suficiente demanda", explica Frédéric Hache, de la ONG Green Finance Observatory. Este nuevo mercado representa, pues, un verdadero avance: el Gobierno británico va a crear ex nihilo una nueva clase de activos financieros.

Por supuesto, no todas las empresas querrán compensar por sí mismas la biodiversidad, por razones de coste y tiempo, por lo que muchas preferirán recurrir al mercado, que se nutrirá de varias maneras.

En primer lugar, los promotores encargados de "compensar" podrán superar ese nivel del 110% y obtener así créditos. En segundo lugar, los propietarios de solares podrán crear proyectos de compensación en sus terrenos. Estos proyectos también podrán emitir créditos que podrán acumularse y luego comercializarse. Para apoyar el inicio de este comercio, el Gobierno ha anunciado que los créditos del Estado se venderán a un precio superior al del mercado, para animar a los constructores a recurrir al comercio privado, lo que debería fomentar la liquidez y la demanda.

Además, Londres ha anunciado su intención de crear otros dos mercados de compensación: uno para "permisos de contaminación fluvial" y otro para "mitigación del riesgo de inundaciones". Estos dos mercados, cuya fecha de lanzamiento aún no se ha anunciado, se combinarán con el mercado BNG. Así, con una sola acción, por ejemplo plantar árboles cerca de un río, un propietario puede esperar tres tipos diferentes de créditos y, por tanto, tres fuentes de ingresos.

Sobre el papel, este proyecto puede parecer positivo, ya que obliga a "compensar" los daños causados por la construcción a la biodiversidad. De hecho, es uno de los proyectos defendidos por la COP Biodiversité de Montreal, que se celebró en diciembre de 2022 con el apoyo de varias ONG, como WWF. Pero las cosas no son tan sencillas.

Porque no hay nada más difícil que "compensar" la biodiversidad. No todos los ecosistemas que se destruyen pueden "reproducirse" de forma idéntica. Es algo que escapa en gran medida al conocimiento humano actual. Los proyectos de compensación "de igual a igual" suelen ser poco convincentes. Necesitan mucho tiempo y a menudo fracasan.

Para sortear el obstáculo, uno de esos trucos semánticos que tanto le gusta utilizar al neoliberalismo consiste en "mejorar" la situación proponiendo un "igual por igual o mejor" (like for like or better). En otras palabras, el proyecto de "compensación" puede llegar a ser "mejor", es decir, diferente en su naturaleza pero superior en su cuantificación. Pero la naturaleza no funciona así: no se puede compensar la destrucción de un hábitat construyendo otro totalmente distinto.

Ese es el segundo problema de este proyecto. Un mercado funciona sobre la base de un sistema de intercambios. Para ello, los créditos deben ser "equivalentes", estandarizados. Si sólo se hicieran mercados para hábitats específicos, estarían demasiado fragmentados para tener liquidez y, por tanto, ser rentables. No funcionarían. Por tanto, la destrucción y la compensación tienen que agruparse en categorías amplias en las que, por supuesto, se pierde la realidad de la destrucción. Este es el fenómeno de abstracción de las realidades concretas que encontramos en cualquier mercado. En el caso de la ecología, esto se traduce en desastres.

Por el momento, el Gobierno de Rishi Sunak, primer ministro británico, no ha dado detalles sobre las categorías de las futuras compensaciones por biodiversidad. Frédéric Hache cree, sin embargo, que "en el mejor de los casos, deberíamos tener dos o tres categorías", teniendo en cuenta, por ejemplo, el tipo de hábitat o el tipo de superficie. Pero la estandarización que exige el mercado obligará a tomar atajos.

Las consecuencias de esta lógica son aún más graves de lo que parece. Porque el sistema que se ha establecido no pretende frenar la destrucción de hábitats, lo que exigiría una normativa estricta y alternativas económicas. Al contrario, permite que continúe la destrucción y, en cierto modo, la fomenta para que el futuro mercado funcione a la perfección.

La prioridad concedida a la compensación permite así favorecer los métodos más baratos y, por tanto, "compensar menos" para obtener beneficios sustanciales en los mercados. Pero entonces se olvida la realidad de la destrucción. Existe así el riesgo de que este mercado haga del "110%" un mero señuelo. Recordemos que, en el caso de la compensación del carbono, a menudo bastaba con replantar árboles baratos, sin tener en cuenta los hábitats de biodiversidad existentes.

También hay otros efectos perniciosos. En primer lugar, hay que situar esta decisión británica en el contexto del anuncio de la cumbre One Forest organizada en Libreville (Gabón) por Emmanuel Macron. Al término de esta cumbre, se decidió que "los Estados comprometidos emitirían 'certificados de biodiversidad', que podrán ser adquiridos por Estados soberanos o actores privados como contribución positiva a la protección de la naturaleza". 

Reino Unido anunció inmediatamente su adhesión. Y podemos entender la lógica: África podría convertirse en la retaguardia para la emisión de certificados baratos que "ecologizarían" la destrucción de ecosistemas en los países occidentales. Con consecuencias preocupantes: la gestión industrializada de los bosques primarios, mantener a los países africanos como "emisores de certificados" y, finalmente, el inicio de una forma de "neocolonialismo verde", como señala Frédéric Hache.

Hay que añadir otro elemento que la experiencia de la compensación de carbono ya ha puesto de manifiesto. Las operaciones de "compensación" utilizan evidentemente terreno agrícola. Es la lógica de toda la operación: para permitir un aumento de la urbanización del suelo, hay que utilizar otras tierras para compensar. Pero eso ejerce aún más presión sobre las tierras agrícolas. Hay que producir más en menos superficie, es decir, hay que aumentar los rendimientos e industrializar aún más la agricultura.

La lógica de la compensación no tiene mucho sentido desde el punto de vista medioambiental. "Se trata ante todo de preservar el statu quo, es decir, conservar el modo de vida actual dando la ilusión de que se protege la biodiversidad", resume Frédéric Hache, según el cual la iniciativa británica se basa en otra prioridad: dar un nuevo impulso al sistema financiero londinense.

Al lanzar este mercado, cuyo funcionamiento está "garantizado" por una nueva clase de activos financieros e instituciones ad hoc, los británicos quieren beneficiarse de una prima por ser los primeros, lo que les permitirá dominar el mercado y sacar provecho de los sustanciosos beneficios que siempre acompañan al nacimiento de un nuevo mercado. La ecología es sólo un pretexto, lo que cuenta es hacer de Londres el futuro centro neurálgico de la compensación verde.

Una vez lanzado y establecido su funcionamiento, evidentemente será posible extender esa lógica y hacer también obligatorio el mercado de compensación de carbono, haciendo olvidar el fiasco del pasado. La cifra que todos los dirigentes y financieros tienen en mente es la del Foro Económico Mundial: los "servicios ecológicos", es decir, la mercantilización de la naturaleza, representarían un maná de 10 billones de dólares. Todo un sueño.

En el actual contexto británico, el gobierno de Rishi Sunak busca la manera de reactivar un crecimiento estructuralmente débil. Los conservadores, incapaces de comprender que la extrema financiarización de la economía británica es una de las causas del problema, intentan reactivar la City, muy afectada por el Brexit, con un "Big Bang 2.0", una nueva desregulación financiera. Este anuncio de la puesta en marcha de compensaciones de biodiversidad se enmarca en la reactivación del proyecto "Singapur-on-Thames" (Singapur en el Támesis), del que se viene hablando desde 2016.

Pero no se equivoquen. El competidor de Londres en este terreno financiero del continente no es otro que París. Desde 2017, una de las obsesiones de Emmanuel Macron ha sido convertir París en el centro financiero alternativo tras el Brexit. La cumbre de Libreville ha demostrado que Francia también está activa en este terreno, y el paso dado por el Reino Unido podría acelerar el movimiento.

Pero, en conjunto, este fenómeno de mercantilización de la naturaleza muestra la profunda crisis que atraviesa el capitalismo contemporáneo, sometido a una triple dificultad: económica con el agotamiento de las ganancias por productividad, social con la creciente presión sobre los trabajadores, y medioambiental con la aceleración de los daños vinculados a su actividad. Incapaz de responder fuera de su motor central, la ley del valor, el capitalismo sólo puede optar por huir hacia adelante pensando en una "adaptación" más del sistema a la crisis. Pero eso es negarse a tomar conciencia del carácter profundamente sistémico de la crisis.

A partir de ahora, la solución capitalista toma inevitablemente la forma de un agravamiento del desastre en curso. Este episodio de los mercados de compensación de biodiversidad nos lo ha recordado una vez más.

Traducción de Miguel López

Recientemente el Banco de España ha vuelto a hacer una radical propuesta para reformar los costes del despido en línea con las que hizo durante la burbuja inmobiliaria, cuando, según el banco, los problemas de la economía española tenían como principal artífice el mal funcionamiento del mercado de trabajo. A la postre se comprobó que el banco lo sabía todo sobre el mercado de trabajo y nada de lo que sucedía en el sistema financiero, su área de competencia. Recuérdese que el banco negó hasta los posos la burbuja inmobiliaria. Un caso agudo de ceguera premeditada, resultado de que entonces, como desgraciadamente ahora, no nos encontramos ante un organismo independiente de los intereses privados sino capturado por las entidades que debe supervisar. El retiro natural de un exgobernador y de algunos de sus altos funcionarios distinguidos por sus servicios suele ser un sillón en una de esas entidades.

Pero el banco tampoco conoce cómo funciona el mercado de trabajo y tiene un alto récord de malas ideas acerca de cómo regularlo que, sin embargo, suelen terminar en el BOE. Recuérdese, por ejemplo, que el banco predicaba antes y durante la crisis inmobiliaria que las condiciones de trabajo negociadas en los convenios sectoriales eran barreras de entrada para las PYMES, o que servían para hundirlas o evitar que crecieran, pues eran fijadas por las grandes empresas en connivencia con los sindicatos con el fin de eliminar la competencia. Esa idea tuvo un amplio recorrido en la reforma de 2012 con la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector y la supresión de la ultractividad de los convenios colectivos. Sin embargo, resultó falsa pues no hubo un boom de convenios de empresa como predecía el banco. Las PYMES no corrieron a negociar un convenio propio huyendo del sectorial. El motivo es que el argumento de que el convenio sectorial las asfixiaba era una ocurrencia no respaldada por la evidencia empírica. A mayor abundamiento, cuando el gobierno del PP realizó la Encuesta Anual Laboral para evaluar los resultados de su reforma laboral, el grado de satisfacción de las PYMES con su convenio sectorial resultó no solo alto sino también superior al declarado por las empresas con convenio propio.

Ahora el banco propone la mochila austriaca, acumular anticipadamente la indemnización por despido en una cuenta individual. La justifica, entre otras cosas, porque permitiría igualar el reparto de las indemnizaciones entre todas las personas trabajadoras a lo largo de su vida laboral mientras que ahora se concentran entre los despedidos; y porque incentivaría la movilidad de aquellos trabajadores estables que acumulan muchos derechos indemnizatorios. El primer argumento es difícil de adjetivar; si se extendiese a otras áreas del gasto público, los que no enferman o no estudian a lo largo de su vida deberían igualmente ser compensados frente a los que sí hacen uso de la sanidad o la educación universal. El segundo, ojalá fuera el problema acuciante de nuestro mercado de trabajo; significaría que, como en Austria, el empleo es mayoritariamente estable y nos podríamos dar al lujo de preguntarnos por qué los estables no cambian más a menudo de empleo. Una propuesta que plantea predotar una indemnización por despido como la mochila, en un mercado que ajusta fundamentalmente vía despidos como el español no es seria, pues no busca resolver su principal problema, la inestabilidad en el empleo. Además ignora, sorprendentemente, la reciente gestión diferencial y exitosa de la crisis a través de los ERTES, que han demostrado que es más conveniente gastar dinero en mantener plantillas que los ajustes vía despidos, como ya saben desde hace años en Alemania. Si a esto se suma que para su puesta en marcha la mochila requiere recortar a la mitad la indemnización por despido y 6.000 millones procedentes de los fondos europeos, no es aventurado calificarla de quimera. De hecho, la mochila austriaca forma parte del sueño liberal de transformar el trabajo asalariado en autónomo y la protección colectiva en cuentas individuales efectivas o nocionales, con el fin de avanzar hacia un mundo donde la sociedad no exista, como predicaba Margaret Thatcher.

Todo lo anterior tendría una importancia relativa si no fuera porque, nuevamente, el Banco de España ha descuidado al sector financiero, que vuelve a estar en un momento crítico y con él toda la economía española. Los bancos españoles son los menos solventes de toda la Eurozona, según datos de la Autoridad Bancaria Europea y, al mismo tiempo, son de los que más ganan, con un 7% de rentabilidad sobre recursos propios en 2019, por encima de la media y de los bancos de las grandes economías europeas. Los bancos españoles han repartido dividendos por encima de lo prudente durante la etapa de crecimiento iniciada en 2014 y como resultado cuentan ahora con un magro colchón de capital para hacer frente al inminente aumento de la morosidad generado, no solo por la crisis, sino también por el elevado volumen de empresas zombis que mantenían en sus carteras antes de la pandemia. Como consecuencia de esta imprudente política auspiciada por el supervisor, no se puede descartar a corto plazo un recorte apreciable del crédito bancario a familias y empresas, lo que podría estrangular la recuperación. Y todo esto a pesar de las presiones del Banco de España y las concesiones del Ministerio de Economía para que con los créditos avalados por el ICO los bancos pudieran trasladar el riesgo de las empresas zombis al contribuyente, como ya ocurrió con la SAREB y los activos inmobiliarios tóxicos. Entre 20.000 y 40.000 millones habría costado este nuevo rescate bancario encubierto que aflorará en los próximos años con la ejecución de los avales.

Es urgente solucionar definitivamente el descontrol del Banco de España y el sistema financiero si no queremos que esto termine conduciéndonos a una sociedad donde ganen predicamento las soluciones autoritarias de extrema derecha. Para ello se requiere que los bancos funcionen con un mínimo de capital del 30%, que el negocio bancario opere a través de entidades pequeñas de ámbito local apegadas a lo que ocurre en el territorio, que el sueldo de sus directivos no pueda superar diez veces el salario mínimo, que los objetivos del supervisor sean la solvencia, la competencia bancaria y evitar la exclusión financiera en lugar de, como ocurre ahora, la rentabilidad, y que se amplíen las incompatibilidades de la alta dirección del Banco de España.

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Carlos Martín Urriza es director del Gabinete Económico de CCOO

El dato es el nuevo fetiche de la política. Se nombra casi con más devoción que el dinero. El plan del Gobierno para los fondos euros acude al dato una y otra vez. "Gestión de datos". "Uso intensivo del dato". "Economía del dato". "Gobierno del dato". "Big data". Todo ello conectado, por supuesto, con la transformación digital.  De modo que el futuro es el dato. Quizás. El presente, no. En España siguen faltando datos. Le faltan al Estado, que se mueve a oscuras o entre tinieblas en espacios cruciales. Pero también le faltan a la opinión pública y los investigadores. Viviendas vacías, plataformas digitales, educación, sanidad, residencias de mayores... Apenas hay área que escape a una ausencia, escasez, obsolescencia o falta de detalle del dato oficial, déficit con graves implicaciones políticas. Y ello mientras ahí fuera, en el mundo de la economía, se acelera una revolución tecnológica liderada por empresas que tienen su fuente de poder, precisamente, en los datos.

"Tenemos un problema como país, pero es especialmente grave en el sector público”, afirma Francisco Longo, profesor del Centro de Gobernanza Pública de Esade. A su juicio, es un problema hecho a su vez de múltiples problemas: “déficit de diseño de nuestros sistemas de datos”, “insuficiencias manifiestas en digitalización”, “problemas de gobernanza multinivel y coordinación interterritorial”, “falta de interoperabilidad [compatibilidad entre sistemas]”, “falta de transparencia", "cultura de la patrimonialización del dato”, “ausencia de estrategia transversal del dato”. ¿Resultado? “Las Administraciones, que básicamente son grandes acumuladores de datos, no les dan un uso adecuado ni eficiente. Un porcentaje altísimo de los fallos ocurridos en pandemia se han producido por fallos de gobernanza multinivel relacionados con los datos, que todos hemos podido ver”, responde. Y añade: “No hay una estrategia de datos asumida por nuestro sistema público, ni por supuesto conectada con las comunidades científica y empresarial”.

La concreción de todos estos problemas se despliega hacia fuera y hacia dentro. Es decir, por un lado es un lastre para quien quiere saber, sea académico, periodista... Pero no sólo eso: es que es la propia Administración, son los propios gobiernos los que ignoran, señala Longo, datos claves para hacer frente a los retos y problemas. Los datos están –deben estar– en el seno de la Administración, pero no están adecuadamente trabajados y pulidos, continúa el profesor. ¿Ejemplo? “Mira, en mi campo, cuando intento saber el número de trabajadores del sector público, me tengo que conformar con moverme en una banda entre 2,6 y 3 millones”. Longo relata sus dificultades para moverse entre los diferentes registros públicos existentes, ninguno de los cuales le parece “cien por cien fiable” ni adecuadamente integrado con el resto. El ejemplo es un problema en sí, pero a la vez es síntoma de un problema general.

Hugo Cuello, especialista en análisis y evaluación de políticas públicas, afirma que la ineficiencia del uso de datos afecta “a todas las áreas en España”. No obstante, para rebajar dramatismo, recalca que no es un mal exclusivo de nuestro país. “He trabajado en Estados Unidos, en proyectos que pretendían ayudar a empresas de minorías vulnerables, y ¡no sabían ni cuántas había!”, explica. Eso no le quita gravedad al problema. “A los gobiernos les faltan datos descriptivos de lo que está pasando. Sin eso, no se puede ver la escala del problema, por lo que a su vez es imposible diseñar y no digamos evaluar correctamente las políticas.

¿Una razón? “La eterna dificultad –responde– de aunar bases de datos. Las Administraciones son muy celosas”.

No está actualizado, no está territorializado, no hay dato

Las quejas de los investigadores se extienden por varios planos. A pesar de que las administraciones son inmensas acumuladoras de datos, a la hora de la verdad es frecuente que: 1) No estén actualizados. 2) No estén a escala autonómica, provincial o local, quedándose en un número general grueso. 3) Directamente no estén. Es decir, que no haya.

En ocasiones ese déficit deja a las administraciones inermes, o con las capacidades disminuidas, ante problemas que están transformando la sociedad a una velocidad de vértigo. El Ministerio de Trabajo desconoce el número de trabajadores en plataformas digitales que hay en España, un fenómeno en auge que está alterando el statu quo del mercado del trabajo. El departamento de Yolanda Díez prepara una ley que pretende encarar la situación de los “falsos autónomos” que trabajan para grandes plataformas, pero le falta ese dato para dimensionar el problema. Así lo constata Digital Future Society, una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y el Mobile World Capital Barcelona, en su informe El trabajo en plataformas digitales en España: ¿qué sabemos?: “No existen estadísticas oficiales sobre el trabajo en plataformas en España”.

Así estamos: todos hablando de un problema del que no tenemos el datoel dato.

La investigación Vergüenza: El escándalo de las residencias (Planeta, 2021), del periodista de infoLibre Manuel Rico, ha puesto de relieve cómo un área tan sumamente sensible del Estado del bienestar era un auténtico solar informativo y estadístico. Faltan datos fiables sobre ocupación, número y tipo de habitaciones... El Imserso ofrece cifras de la titularidad de los centros, pero no de la gestión, lo cual deja gran parte de la fotografía fuera, ya que hay nada menos que 754 residencias privatizadas.

Déficits y carencias

Lucas Gortazar, investigador y analista de políticas educativas, también se da cabezazos contra los datos. Con la lectura aún fresca del informe sobre el uso de los fondos europeos [ver aquí y aquí], reflexiona: “Está claro que hay un buen olfato de lo que hay que decir. Se resalta la importancia del dato, se utiliza la retórica... Pero luego existe una desconexión enorme entre toda esa prospectiva futurista y el baño de realidad que te das cuando ves cómo funcionan las cosas”.

Gortazar hace una salvedad de entrada: “Ojo, en España hay instituciones y profesionales sólidos, y también buenos registros”. Entonces, ¿qué pasa? Cita cuatro problemas: 1) Ausencia de un “uso estratégico de los datos”. “Se invierte poco en I+D+i pública. No hay perfiles técnicos trabajando de manera centralizada uniendo piezas para hacer puzles, de forma que podamos mirar al futuro, hacernos preguntas y tratar de responderlas", explica. 2) Los servicios de estadística, en los distintos niveles de la Administración, tienen “papeles muy subsidiarios”. “En calidad no envidian nada a nadie, pero se invierte poco en ellos”, según Gortazar. 3) Falta de “interoperabilidad”interoperabilidad. Este palabro, del que la RAE no se ha dado aún por enterada, es de uso frecuente en el mundillo datos. Hace referencia a la capacidad de los sistemas de información de compartir datos, de modo que abarca cuestiones que son tanto tecnológicas como culturales. La gestión de los datos durante la pandemia ha ofrecido un ejemplo valioso de estos problemas, además de desvelar un deterioro de las costuras del Estado autonómico ante el exigente test de estrés a su coordinación. 4) Un problema generacional. “Las élites políticas del país son analógicas”, dice Gortazar.

“Que Glovo tenga más datos que el Estado sobre un área, y que la empresa tenga que ser la proveedora de datos, no es un fallo del mercado, es un fallo del Estado. Es llamativo que tengas a un ayuntamiento dependiendo de una plataforma, sea Glovo o Airbnb, para saber lo que pasa en la ciudad. ¿Qué creo que falta? Que los gobiernos sienten a la mesa a los diferentes agentes, aprovechen su capacidad para ordenar la sociedad”. Un ejemplo: una cesión de datos anonimizada de una empresa como Uber. Pero, claro, la información es poder. Si pueden evitarlo, las empresas no sueltan prenda.

En su campo concreto, el educativo, Gortazar ve serias carencias. La primera sería puramente política: falta de reflejos. “No puede ser, por ejemplo, que aún no hayamos hecho evaluaciones de diagnóstico de la pérdida de aprendizaje durante la pandemia. Estamos en la mayor crisis educativa de este siglo y no hemos tomado la temperatura al asunto”, explica. La segunda es el ritmo: lentitud en la publicación de los grandes números. Gortazar: “No podemos saber un año y medio después cuánta gente ha repetido curso”.

El Ministerio de Educación es un emisor constante y fiable de información estadística. Las series no se interrumpen y permiten hacer seguimientos y comparaciones. Bien hasta ahí. ¿Los problemas? La lentitud a la que aludía Gortazar. De alumnado matriculado, el último dato publicado es un avance del curso pasado. De resultados académicos, de 2018-2019. Igual que de formación profesional. El último informe de Datos y cifras, de septiembre de 2020, tiene la distribución de alumnado por tipo de financiación de centro –público, concertado o privado– actualizada a 2018-2019, igual que la tasa de alumno repetidor. El porcentaje de alumnado con necesidades especiales, también del 18-19. El gasto por alumno en instituciones educativas públicas es de 2017. La Estadística de Gasto Público Educativo tiene límites. El gasto por ciclo, que llega hasta 2019, ofrece los datos de Infantil sin desagregar el periodo de 0 a 3 años. El Ministerio así lo reconoce y remite, para verlo desglosado, a Eurostat. Pero allí es de 2017. La educación 0-3 no es baladí. El Gobierno le otorga un carácter estratégico por su capacidad para combatir la desigualdad y favorecer la conciliación. Con la pandemia, numerosos estudios alertan del riesgo de que se agrave la brecha en las guarderías. No estaría de más que el ministerio supiera cuánto gasta cada comunidad autónoma.

El problema de los retrasos está lejos de ser exclusivo de la educación. La última estadística sanitaria de gasto púbico del ministerio, publicada en marzo de 2021, está cerrada con datos anteriores a la pandemia. La última Encuesta Nacional de Inmigrantes es con datos de 2007. Es lógico, lo admiten todos los investigadores, que haya áreas de las que la información no se actualice cada año. Pero también es unánime la certeza de que se están desaprovechando las posibilidades de la revolución tecnológica.

Turismo y vivienda

El turismo y la vivienda son dos pilares de la economía, a pesar de lo cual hay carencias importantes. No obstante, hay que anotar algo: las cosas van mejorando. Eso sí, poquito a poco, y todavía con limitaciones.

Daniel Sorando, sociólogo especialista en urbanismo y vivienda, es de los que ve el vaso medio vacío. “La situación sigue siendo un escándalo”, dice. Veamos. No sería exagerado decir que el fenómeno de las viviendas de uso turístico ha marcado la pasada década en España. Y no hay visos de que vaya a remitir. El boom de Airbnb es un hecho de época. Pues bien, el primer estudio sobre viviendas turísticas del Instituto Nacional de Estadística es de agosto de 2020.

Se trata de una estadística experimental y estimativa. La técnica utilizada es la del web scraping, que mediante programas de software extrae los datos de tres plataformas. Es la técnica que utilizan webs como Inside Airbnb o Datahippo. De hecho, la falta de información ha jugado a favor de Airbnb a la hora de minimizar los efectos de los intentos de algunos ayuntamientos, especialmente Barcelona, de controlar su actividad. “Se recurre al web scraping porque los registros oficiales no tienen calidad. Esto es tremendo. El Estado debería estar coordinado para tener esos datos, ordenarlos y presentarlos. ¿Qué pasa? No existe un incentivo fuerte para las plataformas que las lleve a inscribir las viviendas, porque no hay inspección. Finalmente, el Estado acaba haciendo lo que llevan años haciendo webs privadas”, afirma Daniel Sorando, autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades (Los Libros de la Catarata, 2016).

Antonio Ibáñez, consultor en vivienda y urbanismo, ve el vaso medio lleno. Destaca el inconformismo del INE al recurrir al web scraping, partiendo de la constatación de que la información de los registros autonómicos se deja fuera una buena parte de la fotografía. Del Ministerio de Transporte, Movilidad Urbana y Agenda Urbana valora también el índice de alquiler de vivienda, que en teoría debería valer para establecer limitaciones a los precios en las zonas más caras y saturadas. “Hacienda ha colaborado con sus datos, y eso es muy importante”, señala. Las palabras “Hacienda” y “Agencia Tributaria” aparecen en todas las conversaciones como ejemplo de lo que sí es manejar bien y rápido la información. “¡Ay, si todo funcionara como Hacienda con los datos!”, es un suspiro que bien podría sintetizar el anhelo de la profesión académica española. Otras instituciones consideradas sólidas, criticadas pero en general reconocidas, son el INE, el Banco de España y el CIS.

Sorando e Ibáñez coinciden en algo: la estadística de viviendas vacías que hay no sirve. Y no es que sea un tema menor. Llevamos desde la Gran Recesión hablando del problema de las viviendas vacías. “Ni casas sin gente, ni gente sin casa”, se lee en los carteles en las manifestaciones contra los desahucios. Pero, ¿cuántas hay?

Ningún experto en la materia lo sabe. Y, lo que es más grave, el Estado no lo sabe. En primer lugar, hay un problema terminológico. La vivienda vacía no está definida en una ley estatal, aunque sí en normas autonómicas. Pero es que, además, la última estadística es con datos de 2011 publicados en 2013. “Lo peor no es que esté desfasada, es que se basa en la impresión de los agentes censales", afirma Sorando, que cree que el dato que se viene repitiendo en base a aquella estadística del INE, 3,4 millones de viviendas vacías, está inflado. “Todo el mundo admite que está mal. Se atribuyó a los agentes censales casi una capacidad paranormal para determinar qué vivienda estaba vacía”, señala Ibáñez. El INE también está al tanto del fallo. El proyecto técnico del censo de población y vivienda cambia el sistema. Se calculará en base al consumo eléctrico. Ibáñez anticipa desafíos: “¿Cuál es el límite de consumos a partir del cual consideraremos que una vivienda no tiene uso?”. Si se establece una fiscalidad extra para viviendas vacías, es posible que haya incentivos para dejar una luz encendida aunque no haya nadie. Nadie ha dicho que esto sea fácil.

Ibáñez, que trabaja habitualmente con administraciones locales, señala que es tan grave como frecuente que los ayuntamientos no sepan cuántas viviendas protegidas y libres hay. La información de la que dispone el ministerio no desagrega por provincias. Este problema, el de la escala, es típico. “Hay unas lagunas tremendas”, afirma el consultor en turismo Iñaki Gaztelumendi, que lamenta no poder hacer zoom a escala local con los datos de gasto turístico del INE. Las administraciones, explica, vuelven a depender de empresas privadas. “Hay destinos de primer nivel en la provincia Girona, en la Costa Brava, que no tienen datos de demanda. Muchos ayuntamientos tiran con lo que recaban en sus oficinas de turismo, que no es una muestra representativa”, señala.

¿Qué ocurre? En busca de datos de calidad, muchas veces los ayuntamientos se ven abocados a recurrir a empresas especializadas en datos, como Transparent o Airdna.

'Cultura Excel'

“La Administración pública es básicamente un ente de gestión de la información. Esa es su principal tarea, y no la hace correctamente. Hasta los años 50, era una institución básicamente jurídica, pero entonces pasó a ser gestora. Y hoy la gestión es información. A pesar de eso, no hay gobernanza de datos. Hay que invertir en profesionales y en unidades específicas”, afirma Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, que destaca el ejemplo de la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento de Barcelona. “El Estado tiene dentro la información, muchas veces está en algún sitio, pero no sale. Y eso afecta hacia fuera y hacia dentro. ¿Por qué? La Administración en España sigue siendo muy feudal, está muy extendida la cultura Excel, cada uno con su hoja de cálculo. Cuando acudo a Transparencia a pedir un dato, veo la reacción de auténtico miedo. No es que tengan que ocultar, es que hay que hacer mucha arqueología para sacar la información. No hay sistematización”, señala Ramió.

“¿Tú sabes cuántos consejeros autonómicos hay en España? ¡Ese dato no existe!”, se lamenta Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política, que se ve abocado a mirar decreto de nombramiento a decreto de nombramiento. Lo que viene a denunciar es la falta de integración y coordinación de datos que ya existen y que sería útil conocer para las propias administraciones y para los investigadores. Pero los datos no son reunidos, coordinados, expuestos. No son conocidos. Lleva, afirma, “diez años” intentando saber para sus investigaciones cuántos consejeros ha habido a lo largo del periodo democrático. Pone más ejemplos: saber cuántos políticos hay, incluyendo asesores con sueldo público. Le salieron unos 125.000. “Tuve que hacer arqueología, tirando de las más diversas fuentes”.

En cuanto a la financiación de partidos, entra en juego la opacidad interesada, dice. Es harina de otro costal. Pero todo forma parte, dice, de una misma cultura que no da su justo valor a la información, su exposición y su utilización para hacer políticas atinadas. “Cuando te vas a datos de actividad social, de realidades sociales complejas y cambiantes, todo se complica aún más”, señala. Rodríguez Teruel afirma que, a diferencia de los anglosajones, con una cultura más dada a “contarlo todo y hacer estadísticas de todo” –se observa en el deporte, dice–, en España “el impuesto de la renta generalizado sólo llegó ya después del franquismo”. Nos queda recorrido en la cultura del dato. La idea de que hay que medirlo todo no termina de calar. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en un informe sobre subvenciones de 2019, detectó que de 1.396 líneas, el 36% no tienen indicadores sobre si funcionaron o no. De modo que no se generan datos nuevos. Eso genera una espiral negativa: ni se evalúan las políticas ni, en lo que se refiere a los datos, se puede incorporar nada para afinar el diseño del siguiente proyecto.

La demógrafa y socióloga María Sánchez-Domínguez presenta un panorama de claroscuros. “En demografía usamos variables independientes. Si estudias la fecundidad, o los matrimonios, necesitas conocer muchos determinantes sociales y económicos. Uno de nuestros problemas es la escasez de datos actualizados. Pero más grave aún, o tan grave, es que muchas veces no tenemos los datos vinculados”, explica. ¿Datos vinculados? Se refiere a cruces de datos. Hay grandes contenedores, como el CIS y el INE, pero no se relacionan lo suficiente, a su juicio. “Ahora mismo no sabemos en España cuántas personas viven juntas sin estar casadas. Nos podemos acercar escudriñando los censos, pero hay que hacer una tarea muy creativa”, señala Sánchez-Domínguez, que hace comentario aparte de los ayuntamientos, que adolecen de estructuras de información “muy arcaicas”.

Sánchez-Domínguez expresa esperanza en un acuerdo que ha generado una expectativa positiva generalizada: el alcanzado esta semana por el INE, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Banco de España para la integración de sus datos, lo cual repercutirá en la calidad de la información de la que dispondrá el propio Estado y la comunidad científica. Todavía es un proyecto en fase preliminar, pero supone al menos la aceptación de que existe un déficit y una voluntad de resolverlo. No es mal dato.

El ITF, impuesto a las transacciones financieras, es una de las iniciativas que volvieron a cobrar fuerza después de la crisis. El sector financiero fue uno de los grandes beneficiarios de los procesos de liberalización acelerada de los mercados de capitales, generando un crecimiento exponencial de los intercambios financieros, la gran mayoría de ellas sin estar asociadas a intercambios comerciales reales. Sin embargo, la actividad financiera ha logrado mantenerse infra-gravada. De ahí nació la idea de diseñarlo de forma conjunta en el marco de la UE o al menos en los países de la eurozona. A falta de unanimidad, se activó un proceso de cooperación reforzada entre 10 países europeos para aplicarlo de forma coordinada que aún sigue en pie. Pero la falta de consensos ha hecho que los distintos gobiernos se pierdan en tecnicismos y el proceso se ralentice casi de forma indefinida.

Recuperar y lograr que este impuesto se implemente en este momento, a los diez años s de la crisis, es además de simbólico una cuestión de equidad tributaria. Su objetivo es recaudar más de un sector que ha estado en el origen de muchas de las turbulencias económicas que seguimos arrastrando, y gravar operaciones que hoy en día quedan casi libres de tributación. El diseño que hoy presenta el gobierno tiene un perímetro de aplicación reducido frente a las opciones que se han venido barajando. Tan sólo se aplicará a la venta de acciones emitidas en España por empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros, menos de 100 empresas.

Es un diseño que dejará fuera las acciones más especulativas y arriesgadas, en especial todo el mercado de derivados financieros. Es cierto que esta es una carencia que lo presenta como un modelo de mínimos. Por eso el gobierno debería considerarlo como una primera fase en el camino hacia una aprobación más amplia en el futuro, mientras defiende con igual compromiso el avance hacia un ITF europeo lo más ambicioso posible. España debe de seguir apostando por desbloquear los nudos técnicos y las tensiones políticas en lo que podría convertirse en el primer impuesto puramente europeo.

En cuanto al impuesto sobre determinados servicios digitales, también sigue la senda de países como Francia, Italia o Australia entre otros que ya han empezado a aplicarlo de manera unilateral. Es un diseño muy inspirado en la propuesta anunciada por la propia Comisión Europea hace unos meses. La venta de datos, “el petróleo del siglo XXI”, y la intermediación en determinados servicios de publicidad online eran como un espejismo tributario que permite en la práctica tipos efectivos absurdamente bajos. La Comisión Europea denunciaba que el tipo efectivo del sector tecnológico podía estar rondando el 9%, por debajo de la mitad que el resto de sectores de actividad. Aprovechando un sinfín de ajustes y desajustes entre los distintos sistemas fiscales, es como si los beneficios generados por estas actividades se perdieran en un limbo (fiscal). Y así, una empresa como Google logra trasladar artificialmente unos 23.000 millones de dólares sólo a las Islas Bermudas,  al tiempo que sigue canalizando gran parte de su actividad a través de otros paraísos fiscales europeos como Holanda o Irlanda. Los desajustes son abrumadores. En Irlanda, Google declaraba recientemente unos ingresos entorno a los 22.000 millones de euros con menos de 5 millones de usuarios. En España, en cambio, la empresa cuenta con cerca de 35 millones de usuarios, declara unos 1.000 millones de euros de actividad pero menos de 100 millones de euros de beneficios.

El arte (virtual) de no pagar casi impuestos tiene mucho que ver con las incongruencias del sistema fiscal internacional. Diseñado hace ya casi cien años cuando poco tenía que ver la realidad de los negocios con la era digital, se ha quedado totalmente obsoleto y desfasado. Es como si en la era Spotify, quisiéramos seguir usando un gramófono. En estos últimos cinco años se ha producido una efervescencia de reformas en cuanto a la fiscalidad internacional. Pero hasta ahora, todas las reformas han estado mirando al pasado, a parchear un sistema que no se sostenía, en lugar de mirar al presente y que se adapten a la realidad de los negocios del siglo XXI.

Ante este fracaso en cierta medida del consenso internacional, éste es en realidad un impuesto compensatorio ante los agujeros que aún quedan en el sistema fiscal internacional, y que permite que grandes empresas tecnológicas puedan escapar prácticamente al fisco, a pesar de tener una posición dominante en el mercado.

Un impuesto compensatorio que también debería ser concebido sólo como un impuesto temporal hasta que se logren reformas en el marco tributario internacional mas transformadoras, renovadas y justas para el conjunto de la ciudadanía. Sin ruido de fondo, son dos medidas para avanzar hacia una mayor equidad fiscal y en la vía de reducir la desigualdad, aunque su diseño aún pueda mejorarse y ajustarse mejor a las nuevas realidades empresariales. ______________

Susana Ruiz es responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón.

El ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, ha anunciado este lunes que devolverá un año de su sueldo por su responsabilidad en la manipulación de documentos para eliminar su nombre, el del primer ministro, Shinzo Abe, y el de la primera dama, Akie Abe, tras una controvertida compra de terrenos por parte de una guardería en medio de un escándalo de corrupción.

Así ha reconocido que "los funcionarios nunca deben falsificar documentos administrativos o presentar esos documentos falsificados ante el Parlamento" y ha vuelto a pedir disculpas por lo ocurrido.

Las declaraciones del ministro, que se ha vuelto a negar a dimitir, han tenido lugar poco después de que el Ministerio de Finanzas desvelara que 20 de sus miembros harán frente a medidas disciplinarias por sus responsabilidad en el escándalo.

El informe determina que las falsificaciones fueron ordenadas por el entonces jefe de la Oficina Financiera, Nobuhisa Sagawa, quien defendió en reiteradas ocasiones el acuerdo con la guardería Moritomo Gakuen, según ha recogido la cadena de televisión local NHK.

En el centro del escándalo están unos terrenos comprados en 2016 por la guardería Moritomo Gakuen, en la prefectura de Osaka y vinculada a Abe, su esposa, y otros destacados políticos del país que apoyan su línea conservadora de enseñanza.

Los terrenos fueron vendidos a la guardería por un precio inferior a su valor de mercado, lo que desencadenó acusaciones de favoritismo debido a que Akie Abe era una de las personas que entregaba donaciones al centro.

Tras ello, el Ministerio de Finanzas presentó en 2017 los documentos de la venta, si bien surgieron denuncias sobre que habían sido manipulados, lo que finalmente ha sido confirmado este lunes.

La popularidad del Gobierno de Japón ha caído diez puntos hasta el 39 por ciento en medio de las crecientes sospechas en torno al caso, según un sondeo de opinión divulgado el viernes por la agencia de noticias nipona Jiji. Es la primera vez que la popularidad del equipo de Abe se sitúa por debajo del nivel de rechazo, en un 40,4 por ciento.

El primer ministro del país se ofreció a presentar su dimisión en caso de que se demuestre cualquier lazo que le vincule con la controvertida compra de los terrenos, si bien por el momento no se ha pronunciado al respecto.

Respecto a la huelga feminista convocada para el próximo jueves se le han visto las entretelas de sus prejuicios no sólo al PP sino también a Ciudadanos y a sus febriles plataformas mediáticas. Unos y otras vienen a escandalizarse porque se trata de una huelga “ideológica” en la que se percibe “más comunismo que feminismo”. Podrían firmar un manifiesto en esta línea desde Inés Arrimadas a Rafael Hernando pasando por buena parte del arco parlamentario conservador y el que forman decenas de directores y columnistas a su mayor gloria. No merece el asunto gastar mucho tiempo ni espacio: basta invitarles a repasar el diccionario para que se enteren de que feminismo significa lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los órdenes. Y por supuesto que esa lucha tiene una carga ideológica. ¿Acaso hay alguna lucha que no la tenga? Despreciar principios éticos y secuestrar la política como pura gestión de recursos (como si la distribución de los mismos no partiera a su vez de una ideología concreta) es precisamente el rasgo más definitorio del neoliberalismo. (Lean en cuanto puedan La superioridad moral de la izquierda, nuevo y lúcido ensayo de Ignacio Sánchez-Cuenca. Así se escandalizarán todavía más).

Pero es el asunto de las pensiones el que está dejando en cueros la solvencia del proyecto político conservador y su prepotencia en el convencimiento de que, a pesar de todos los obstáculos, nadie logrará desbancar al PP (o en el peor de los casos a la suma PP+Cs) como mejor garante de una gestión supuestamente rigurosa y estable de la economía. Esa fortaleza (indiscutible a la vista de los resultados electorales desde 2011) puede quebrarse rápidamente por donde Rajoy se creía más sólido. Los principales estudios postelectorales coinciden en que PP y PSOE, por este orden, siguen recibiendo gran parte de sus apoyos entre las personas mayores de 55 años, y ese mismo pronóstico ofrecen las encuestas hacia el futuro. Lo ha contado más de una vez mi compañera Yolanda González en infoLibre: Rajoy confía en que, pese al hundimiento del bipartidismo, el PP puede mantener la altísima fidelidad de voto de la gente mayor (poco aficionada además a la abstención) y de la España vacía, esos territorios muy despoblados pero claves en el dibujo final del Parlamento. De hecho el presidente del Gobierno dedica a menudo los fines de semana a protagonizar 'bolos' organizados con esa perspectiva. Con obtener un voto más que Ciudadanos, le valdría al PP para garantizarse su continuidad en el poder si la suma parlamentaria da mayoría, como últimamente apuntan las encuestas.

Y en esto llegó el 22-F o lo que podría significar el embrión de un 15-M de los pensionistas, que se echaron a la calle en noventa ciudades para exigir pensiones dignas para ellos y garantías para sus hijos y nietos. Aquí radica además la clave del posible éxito cívico del movimiento y de su trascendencia política: si los abuelos logran sumar a su iniciativa a las siguientes generaciones, ya pueden temblar el Gobierno, el PP y todos aquellos partidos que se muestren incapaces de mirar por encima de la pared de la siguiente cita electoral.

El miedo y el engaño

La reacción a la indignación de los jubilados vino primero por el cauce ya muy horadado del discurso del miedo. Al día siguiente de las manifestaciones se hizo público uno de esos informes que presuntamente demuestran que es inviable asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. Concretamente, El Mundo afirmaba en portada: “Empleo calcula que España debe crecer 30 años al 4,2% para subir siempre las pensiones con el IPC”. Pero resulta que ni el documento enviado por Empleo a la Comisión Permanente del Pacto de Toledo dice tal cosa ni es para nada inviable ligar el aumento de las pensiones al del IPC, como ocurría antes de la última reforma decretada por el PP y como siguen haciendo, por cierto, la mayoría de los países de Europa y de la OCDE. (Para descubrir dónde está la trampa o el error de la información alarmista citada, pinchen aquí y lean a Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis).

Por esa misma vía del alarmismo circula la insistencia de Mariano Rajoy y de todos sus ministros y portavoces en “recomendar a los españoles que vayan ahorrando” para su jubilación, incluso para la educación en el futuro. Sería risible si la cosa no fuera para llorar. Porque la inmensa mayoría de los salarios en España no permiten ahorro alguno y porque los fondos privados de pensiones, sólo accesibles a partir de una determinada renta, no ofrecen una rentabilidad especialmente atractiva.

Precisamente el viernes pasado se celebró un debate sobre el presente y el futuro de las pensiones en el Centro Cultural Galileo de Madrid a iniciativa del Observatorio de la Sostenibilidad. Por resumir algunas conclusiones claras, ofrecidas por economistas, sindicalistas o especialistas en Seguridad Social, lo cierto es que, de seguir adelante la aplicación de la reforma impuesta desde el PP, una pensión actual de 1.000 euros quedará reducida en 2050 a 400 euros. ¿Es acaso una maldición inevitable que nos ha caído a los españoles o la consecuencia de una determinada ideología aplicada a todo lo público?

Derechos e ideología

Para empezar, las pensiones no son ni sostenibles ni insostenibles: son un derecho, y si estamos de acuerdo en este mimbre básico del Estado del bienestar, lo exigible es que la política actúe para garantizar el ejercicio de ese derecho. Porque los datos aportados en ese mismo debate y en múltiples informes económicos y demográficos (que no suelen citar los grandes medios de masas) indican que España gasta menos que muchos otros países homologables en su sistema público de pensiones, y que en el punto álgido de “gasto” de la generación del baby-boom y del mínimo de cotizantes en proporción al de jubilados (que se calcula hacia 2050) se necesitará dedicar a las pensiones unos tres puntos más de PIB que en la actualidad. Los cálculos más pesimistas elevan ese “coste” en esa fecha al 15% del PIB real.

Las personas mayores son (somos) mayores, pero no tontos, o bien los tontos no lo serán por el hecho de ser mayores. Así que la siguiente reacción del Gobierno a la movilización de los pensionistas ha sido aún más ofensiva a la inteligencia. Que el ministro Montoro anuncie (otra vez) deducciones fiscales que sólo beneficiarán a una minoría a la que pertenecen, por supuesto, quienes más alta pensión cobran es puro populismo, y es una utilización de la técnica del engaño en un sentido además doble: por un lado se aparenta un beneficio para todos los pensionistas y por otro se liga a los cuidados de dependencia, lo que en realidad viene a ser finiquitar por completo los objetivos de la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno de Zapatero, al desviar esos cuidados a la iniciativa privada y, como mucho, ofrecer que el gasto de cada cual (quien se lo pueda permitir) desgrave ante Hacienda.

Por su parte, Ciudadanos, como es costumbre, va adaptando su discurso a lo que le indica la brújula de las encuestas electorales y del momento político. Le ha costado mucho, pero este mismo miércoles, por boca de su portavoz económico, ha decidido apoyar la reivindicación de PSOE y Unidos Podemos de ligar la subida de las pensiones al IPC, y dejar solo al PP en esta batalla (y en todas las que consideren los de Rivera que les pueden permitir arañar votos en el centro-derecha o en el centro-izquierda).

Pues claro que se trata, entre otras cosas, de ideología. Cuando la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones elabora y hace circular por los centros de mayores y por todo tipo de asociaciones cívicas un documento de 23 páginas que recoge sus propuestas está trasladando una posición ideológica, aunque no se ligue a siglas concretas de partido alguno. “¡Que No Nos ROBEN LAS PENSIONES PÚBLICAS!”, concluye ese manifiesto (literalmente, con las mayúsculas incluidas). Claro que se trata de una cuestión ideológica, puesto que defender un sistema público de pensiones digno, sólido y justo significa apostar por valores como la solidaridad intergeneracional y la justicia social frente a un sistema que defiende el “sálvese quien pueda” adornado con algunos gestos que tienen más que ver con la beneficencia que con la solidaridad.

Y no se trata sólo de las pensiones. Seguimos a la espera de conocer cuál es el modelo de país que nos propone, a los mayores y a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres de este país, una derecha vieja y nueva que hasta el momento lo que ha demostrado es una habilidad extrema a la hora de trasladar recursos públicos a manos privadas. Y también seguimos a la espera (como se demostró en el debate citado más arriba) de que una izquierda dividida responda a la clamorosa necesidad de unir fuerzas en objetivos concretos, como por ejemplo el conjunto de reformas necesario para lograr un sistema fiscal realmente progresivo que garantice un reparto más justo de las cargas y unos ingresos sólidos para mantener un Estado del bienestar que incluye, además de las pensiones, la educación, la sanidad y la dependencia. Lo cual no es ni sostenible ni insostenible. Se trata de derechos, como lo es el de la igualdad entre mujeres y hombres, y con esa prioridad asoma de nuevo y demuestra su fuerza la sociedad civil. Y la ideología.

Ciudadanos plantea eliminar el Senado, fortalecer al Estado frente a las comunidades autónomas, acabar con el Concierto vasco y el Convenio navarro y garantizar que el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no dependa de la "discrecionalidad política del Gobierno".

Estas son algunas de las propuestas que figuran en el documento Regeneración democrática e institucional presentado este sábado en Cádiz por el presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera; concretamente, en el apartado dedicado a conseguir una organización territorial del Estado "leal, eficaz y ciudadana".

Tal y como había adelantado la formación naranja, su principal objetivo es cerrar el modelo autonómico y clarificar la distribución de competencias entre los distintos niveles de la Administración Pública, así como establecer una financiación territorial "equitativa, transparente y eficaz" que garantice la igualdad básica de los españoles independientemente de dónde residan.

Estas son las propuestas de Ciudadanos sobre la organización territorial del Estado:

GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES

Ciudadanos quiere suprimir además el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), establecer una serie de incompatibilidades para ser fiscal general o miembro del Tribunal Constitucional (TC), eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados y fijar un plazo perentorio para que el TC se pronuncie sobre los distintos asuntos que se le plantean. El objetivo es conseguir una Justicia "rápida, eficaz y con garantías", nombrar a los jueces y magistrados según su mérito y su capacidad, despolitizar el Tribunal Constitucional reforzando la independencia de sus miembros y tener una Fiscalía General del Estado "independiente, profesional y al servicio de la legalidad".

Estas son las medidas concretas sobre el poder judicial contenidas en la propuesta de Ciudadanos:

REFORMA ELECTORAL A LA ALEMANA  Y FIN DEL AFORAMIENTO

Ciudadanos propone también reformar la ley electoral española siguiendo el modelo alemán –eligiendo diputados simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales–, acabar con el aforamiento de todos los representantes públicos y garantizar presupuesto para el cumplimiento de una serie de derechos sociales reconocidos en la Constitución. Con ese fin, plantean también facilitar las consultas en el ámbito local y la presentación de iniciativas legislativas populares, potenciar las comisiones de investigación en los parlamentos, suprimir la figura del decreto ley y prohibir el indulto en casos de corrupción y violencia de género.

Estas son las medidas concretas que plantea:

Los organismos autónomos de la Administración o mejor, los responsables de los organismos autónomos de la Administración, también lloran. Lo hacen en forma de comunicados, pero no deja de ser llanto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es un ejemplo. El organismo, creado en 2013, se ha quejado porque ha tenido que aplazar el informe preceptivo que está obligado a realizar antes del 15 de abril sobre los planes de control del Gobierno de la deuda y el gasto público (Programa de Estabilidad). La causa es que el Ejecutivo le ignora. Ni el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Hacienda han proporcionado al organismo la información necesaria para que dictamine sobre el Programa de Estabilidad actualizado antes de su envío a Bruselas el 30 de abril.

La ley por la que se creó el organismo (Ley Orgánica 6/2013) establece que antes del 15 de abril de cada año, AIRef debe informar del proyecto de Programa de Estabilidad y valorar los compromisos que garanticen el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. El de 2015, según fuentes del organismo, iba a ser el primero realizado sobre un Programa de Estabilidad. No ha podido ser. Sencillamente, según el comunicado, no dispone de información completa. 

Sólo borradores

"Tienen borradores [del Programa de Estabilidad]", sostienen fuentes del Ministerio de Economía, "pero no están cerrados". AIReF no los considera suficientes. Fuentes del organismo aseguran que esperan tener toda la información de los ministerios antes del 21 de abril para poder informar sobre el programa antes de que se envíe a la Comisión Europea a finales de mes.

Nadie lo da por seguro. El Gobierno tiene sus prioridades, sostienen fuentes ministeriales, y que AIReF cumpla su calendario no es una de ellas. Tanto la Autoridad Fiscal Independiente como los ministerios coinciden en que si los plazos son ajustados, habrá que cambiar la norma que los fija (artículo 16 de la Ley Orgánica). Según AIReF ya hay conversaciones al respecto, pero ni el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Hacienda las confirman.

La displicencia del Gobierno con la AIReF a la hora de someter a examen sus previsiones contrasta con los argumentos que empleó cuando anunció su creación en 2013. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que AIReF gozaría de "plena autonomía e independencia" "plena autonomía y que tendría como principal objetivo garantizar el principio de estabilidad presupuestaria que marca el artículo 135 de la Constitución.

Hijo del artículo 135

Porque ese fue su origen. Aunque fue aprobado hace dos años, AIReF es un organismo autónomo hijo de la reforma constitucional y del artículo 135 que dio prioridad al pago de la deuda pública sobre el resto de obligaciones del Estado en 2011. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, más vehemente en la palabra que Sáenz de Santamaría, calificó el organismo que preside José Luis Escrivá (exdirector del servicio de estudios del BBVA) como "uno de los más avanzados del mundo".

Los halagos públicos no han servido, sin embargo, ni para facilitar la labor fiscalizadora de AIReF ni para pasar por alto algunas de las decisiones del incómodo Escrivá. Una de esas decisiones, muy criticada, fue la reforma  de la nueva sede del organismo, 1.275 metros cuadrados en la madrileña calle de José Abascal. El coste de la reforma previsto es de un 8,5% de los 4,484 millones que maneja el organismo como presupuesto para 2015.

Ni un ser humano puede vivir sólo de pan, ni una economía sana sólo del turismo (11% del producto interior bruto de España). Lo ideal es el equilibrio y la diversificación de las actividades de producción e ingresos. España está lejos de la meta. En tres sectores fundamentales y estratégicos para las economías desarrolladas como son la energía, la alta tecnología y las finanzas, el país encabeza las listas de dependencia entre las economías avanzadas. Dependencia equivale a debilidad, una cuestión peliaguda de la que se ha hecho eco incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI).

DepEndencia energética

España es la decimotercera economía del mundo, la cuarta economía de la zona euro. Pero tiene un gran problema. Según datos de Eurostat, la agencia estadística europea, depende en un 73,3% del exterior para atender sus necesidades de energía. El porcentaje, 20 puntos por encima de la media de la UE, podría ser mayor incluso si la crisis no hubiera reducido la demanda a niveles de 2005.

Para satisfacer la demanda energética, el país tiene que recurrir a las importaciones. España compra en el exterior prácticamente todo el petróleo y el gas que consume. Sólo reduce mínimamente la factura con carbón nacional -muy contaminante- y energías renovables. Éstas han sido frenadas por la reforma energética aprobada por el Gobierno, aunque en 2013, según datos de Cesce, cubrieron el 42% de la demanda eléctrica.

La dependencia energética, en un sistema aislado, pesa como una losa sobre las cuentas del Estadocuentas del Estado y desequilibra la balanza comercial. Cada dólar arriba o abajo en el precio del barril de petróleo varía la cuenta a favor o en contra en 600 millones de dólares. El pasado año, la factura de las importaciones de combustibles fósiles se situó en 57.000 millones y este año, en junio, con una leve mejoría de la economía, la factura acumulada rondaba los 28.000 millones. Entre las grandes economías de la UE, sólo Italia, con una dependencia por encima del 80%, muestra una posición aún más delicada que España.

TECNOLOGÍA E I+D

Para las economías desarrolladas, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) es fundamental. Es la clave para producir bienes con alto valor añadido y, aún más importante, es la clave para venderlos. España también tiene un problema en este apartado estratégico. Además, es un problema que crece.

En 2014, la inversión en I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) contemplada en los presupuestos del Estado ascendió a 6.146 millones. En 2015, serán 6.395 millones de euros. Son cantidades insuficientes, que no acortan la brecha con los países más desarrollados.

Según el último informe de la Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC), España mantuvo el tipo en la carrera por la investigación, tanto en porcentaje del PIB como en gasto hasta el año 2008. Superaba incluso al grupo que COTEC denomina los Cincolos Cinco(los países más poblados de la UE: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia).

La tendencia se rompió en 2009. COTEC destaca que, en los años sucesivos, el gasto siguió reduciéndose "de modo que en 2012 el gasto en I+D español era un 4,2 % inferior al de 2008, mientras que en el conjunto de los CINCO ha seguido creciendo, un 16,4 % en total entre 2008 y 2012".

El resultado es muy malo. La distancia que separaba a España de las regiones de referencia se ha ensanchado. COTEC explica en su informe que si en 2010 el esfuerzo en I+D español estaba a 0,94 puntos porcentuales del promedio de la OCDE y a 0,51 del promedio de la UE-28, en 2012 -últimos datos disponibles- esas distancias son ya de 1,10 y 0,67 puntos, respectivamente.

Una de las consecuencias es que España vende pocos productos tecnológicamente avanzados en el exterior e importa muchos. Otro roto en la balanza comercial. El INE, con números del último ejercicio disponible (2012), estimó en 148.899 millones el volumen de negocio de las empresas manufactureras de alta y media-alta tecnología.

Si se centra la mirada sólo en el comercio exterior y la alta tecnología, el desfase en el año entre exportaciones e importaciones se situó en 8.476 millones de euros. Es una cifra muy inferior a la de años anteriores (en 2008, la brecha superó los 20.000 millones), pero la mejora se explica por la caída de compras que provocó el deterioro de la demanda interna.

CAMPEONES EN DEUDA EXTERNA 

España debe al exterior 1,4 billones de dólares (1,1 billones de euros), según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sólo EE UU debe más (5,4 billones de dólares). Pero hay una gran diferencia. Mientras la deuda externa estadounidense representa el 34% de lo que su economía produce en un año, la española supone el 103%. 

La dependencia del exterior para financiar el funcionamiento del país cuesta caro. En los presupuestos de 2015, solo la partida para pagar intereses de la deuda pública asciende a 35.490 millones de euros. Son 97 millones al día.

En conjunto (deuda pública más deuda privada), España debe 4,4 billones, más de cuatro veces su PIB. La mayor parte es deuda privada, obligaciones contraídas por bancos y sociedades no financieras. Pero lo preocupante, como ha señalado el FMI, es la elevada dependencia del exterior para financiar esa carga. Malo.

El déficit público sumó 24.418 millones hasta mayo y se situó en el 2,35% del PIB, tras reducirse un 4% respecto al saldo registrado durante un año antes, mientras que el déficit del Estado sumó 26.190 millones hasta junio y se situó en el 2,52% del PIB, un 19% menos que en el primer semestre de 2013.

El saldo agregado en los cinco primeros meses del año contempla un déficit de la Administración Central de 23.625 millones –el 2,27% del PIB–, un déficit de 6.220 millones de las comunidades autónomas –el 0,60% del PIB–, y un superávit del 0,52% del PIB de la Seguridad Social, hasta los 5.437 millones.

El Senado de Estados Unidos ha confirmado este lunes a Janet Yellen como la primera presidenta de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) en sus cien años de historia, sustituyendo a Ben Bernanke en el cargo. Su candidatura ha logrado un amplio apoyo en la cámara alta, con 56 votos a favor y 26 en contra, según informa Europa Press.

Yellen, de 67 años, era la 'número dos' del Banco Central de Estados Unidos y se convertirá en una de las pocas mujeres que dirigen bancos centrales a nivel global, tal y como ha detallado la cadena estadounidense NBC. Bernanke termina su segundo mandato de cuatro años el 31 de enero, y Yellen asumirá el 1 de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció oficialmente el pasado 8 de octubre la nominación de Yellen como sucesora de Bernanke al frente de este organismo y, tras su aprobación, se convierte en una de las mujeres más poderosas del mundo como máxima responsable de la política monetaria del país.

Yellen aparecía como la principal candidata a suceder a Bernanke, después de que Lawrence Summers –exasesor económico de Obama– decidiera renunciar a una posible nominación al constatar la oposición de la mayoría demócrata en el Senado, lo que prácticamente bloqueaba toda opción de acceder al cargo.

Yellen tiene como prioridad generar empleo, aunque tendrá que asumir la difícil tarea de revertir paulatinamente el programa de estímulo económico que la Reserva Federal ha aplicado en los últimos años para combatir la crisis.

La funcionaria es doctorada en Economía por la Universidad de Yale y cuenta con una amplia experiencia académica en la Universidad de California (Berkeley). Asimismo, presidió durante dos años el Consejo de Asesores Económicos del expresidente Bill Clinton.

El Gobierno presenta los Presupuestos Generales del Estado para 2014 y España da otro paso en el abandono de un Estado de Bienestar que nunca llegó a completar. En contra de la idea de país que gasta a manos llenas y Estado inflado, los datos de Eurostat señalan que, en 2012, España todavía estaba lejos de la media de la UE en gasto público. La cuentas que va a presentar el Ejecutivo serán las quintas elaboradas con la máxima de austeridad y contención del gasto e inversión públicas.

El porcentaje de gasto público respecto a la riqueza producida creció hasta el 48% en 2012 (desde el 45,9% anterior) por el mayor desempleo y el pago de intereses de la deuda (38.000 millones anuales). Pero pese a crecer, el gasto en protección social se resintió. Lo dicen los números que maneja la oficina estadística europea, Eurostat. En vivienda, salud y protección social, España está lejos de sus vecinos y socios en la UE. Eurostat sólo tiene datos completos del ejercicio 2011, pero los recortes aprobados desde esa fecha contribuirán a aumentar la distancia.

Las estadísticas sobre España no avalan la idea gruesa de que es un estado hipertrofiado, con un sector público exagerado y un gasto público insostenible. El gasto público en España en relación al PIB se situó el pasado año en el 48%. El porcentaje es dos puntos inferior a la media de los países de la eurozona (50%) y se sitúa también por debajo del gasto medio en la UE de 27 socios (49,3%). Alemania, Francia e Italia situaban en 2011 su gasto público respecto al PIB en el 45%, el 56% y el 50% respectivamente.

Para analizar la situación relativa del país en comparación con los vecinos, lo ideal es observar cómo distribuye (en porcentaje) el gasto por grandes partidas en relación al gasto público total. Con los datos de Eurostat de 2011, los últimos disponibles, el resultado es llamativo:

España está todavía muy lejos de la media de la UE por el gasto público que dedica a protección social.

En porcentaje del PIB, dedica a este apartado, que incluye prestaciones de desempleo, un 17% frente al 19,6% de la UE-27 y un 20,2% de los países de la eurozona.

Frente a los vecinos

En porcentaje sobre gasto público (no sobre el PIB total), España tampoco sale favorecida frente a sus vecinos. Dedica un 37,2% del total  a protección social frente al 43,3% de Alemania, el 42,58% de Francia o el 41,08% de Italia.

Lo había advertido Eurostat ya en el año 2010, cuando todavía estaba por arreciar la crisis: el gasto social por habitante de España -eliminando las diferencias de nivel de precios entre los países- se situaba ese año al nivel de Grecia y 13 puntos por debajo del promedio comunitario.

España era y sigue siendo, de acuerdo con este estudio, el Estado miembro que dedica una mayor proporción del gasto social (el 14,1% del total, frente al 6% de media) a las prestaciones por desempleo, ya que es el país con una tasa de paro más alta. En gasto social se incluyen otras partidas, además de la concreta de "protecciòn social" que detalla Eurostat en sus estudios.

España pierde en la comparación con las economías más desarrolladas (siempre en porcentaje sobre el total del gasto público) en los gastos de vivienda (dedica el 1,31% del total del gasto frente al 3,40% de Francia o el 1,40% de Italia); salud (14,16% del gasto total frente al 15,5% de Alemania, el 14,6% de Francia o el 14,8% de Italia) y el ya comentado de protección social.

En Educación, sin embargo, empata: supera a Alemania y a Italia por el porcentaje del gasto total que dedica a este fin (10,46% frente al 9,3% y el 8,4% respectivamente) pero pierde frente a Francia, que dedica a la Educación casi el 11% de su gasto público.

Destina más, mucho más que el resto, a otros fines llamativos. Seguridad por ejemplo. A este apartado, que para Eurostat comprende Policía, Prisiones, servicios contra incendios y jueces, España dedica un 4,7% del gasto público frente al 3,6% de Alemania, el 3% de Francia o el 4% de Italia.

Ocio y religión

Llamativo es, también el apartado de Ocio, Cultura y Religión. Bajo este apartado, la agencia estadística europea agrupa los servicios recreativos y deportivos y los servicios comunitarios religiosos entre otros. Pues bien, a esos fines España dedica un 3,27% del gasto público. Alemania (1,78%); Fracia (2,5%) o Italia (1,20%) están muy alejados de esa cifra.

En Defensa, por el contrario, España está en línea e incluso por debajo del gasto de sus vecinos, al menos para la estadística de 2011: el área militar supuso un 2,4% del gasto, en línea con el gasto alemán, por debajo del francés (3,2%) y aún lejos, también del italiano (3%).

El objetivo, ahora, es lograr el equilibrio entre la reducción del déficit y un crecimiento que apenas empieza a despuntar, según ha confirmado (sin datos precisos) el Banco de España. En palabras del programa de Estabilidad 2013-2016 enviado a Bruselas por el Gobierno, se trata de "minimizar las reducciones de déficit en aquellos agentes cuyo saldo tiene una mayor sensibilidad cíclica". En otras palabras, ni tocar lo que reverdece. Pero sujetando el gasto porque la trokika vigila. De cerca.

Una misión de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a Madrid este lunes para realizar, junto a representantes del Gobierno y del sector privado, su cuarta evaluación de los progresos en la reforma del sector bancario español, confirmó la institución internacional.

"El próximo lunes 16 de septiembre, un equipo de técnicos del FMI iniciará en Madrid las conversaciones con representantes del Gobierno y del sector privado en el marco del cuarto informe independiente de seguimiento de la reforma del sector bancario de España", indicó Angela Gaviria, portavoz del FMI para la región europea, según recoge Europa Press.

La misión de expertos de la institución dirigida por Christine Lagarde espera publicar las conclusiones preliminares de su evaluación el próximo 30 de septiembre, mientras que el informe definitivo podría publicarse a principios de noviembre.

"El informe de seguimiento forma parte de la asistencia técnica prestada por el personal del FMI y acordada con las autoridades españolas y sus socios europeos en julio de 2012", agregó la portavoz del Fondo.

En su tercer informe sobre el rescate de la banca española, los técnicos del FMI destacaron los "progresos importantes" en la reforma del sector, aunque indidieron en que deberían considerarse "más medidas para mejorar las condiciones del crédito y apoyar la recuperación.

Los inspectores de la CE y el BCE llegarán el 23 de septiembre

La misión del FMI se adelanta así una semana a la llegada de los inspectores de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE), que regresarán a Madrid el próximo 23 de septiembre para verificar si España cumple las condiciones exigidas por el Eurogrupo a cambio del rescate bancario y para examinar la situación de la banca.

En este caso también se trata de la cuarta visita a España desde que el Eurogrupo aprobó en julio de 2012 un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para salvar al sector bancario y de la penúltima misión antes de que concluya el programa el próximo mes de diciembre.

En su último informe publicado el pasado julio, los inspectores concluyeron que "en estos momentos no hay motivos para considerar más desembolsos" a cargo del rescate, más allá de los 41.300 millones de euros que ya se han utilizado. Además, constataron que el cumplimiento de las condiciones exigidas a España en materia de reforma del sector financiero "está prácticamente completado".

Las comunidades autónomas registraron un déficit de 1.277 millones en los dos primeros meses del año, lo que supone el 0,12% del PIB, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La cifra fue resultado de unos ingresos de 21.421 millones de euros y unos gastos de 222.698 millones. En enero, el déficit ascendió a 563 millones, el 0,05% del PIB.

Cataluña y Murcia, con los mayores déficit 

Por comunidades autónomas, siete regiones registraron superávit hasta febrero: Navarra (+0,51%), La Rioja (+0,31%), Asturias (+0,27%), Cantabria (+0,19%), Castilla-La Mancha (+0,07%), País Vasco (+0,03%) y Comunidad Valenciana (+0,01%).

El resto, registraron déficit. Las regiones con mayores saldos negativos en sus cuentas fueron Cataluña (-0,34%) y Murcia (-0,34%), las únicas que superaron la media nacional.

A continuación se situaron Andalucía (-0,18%), Comunidad de Madrid (-0,16%), Galicia (-0,11%), Castilla y León (-0,11%), Baleares (-0,08%), Canarias (-0,08%), Aragón (-0,07%) y Extremadura (-0,05%).

En los dos primeros meses del año, el Estado registró un déficit de 23.561 millones, el 2,22%, aunque la cifra se modera a 22.122 millones al tener en cuenta la capacidad de financiación de 1.439 millones. En porcentaje de PIB, el déficit de la Administración central se queda en el 2,08%.

Por su parte, la Seguridad Social presentó hasta febrero un superávit de 3.239 millones de euros, el equivalente al 0,30% del PIB. La cifra fue consecuencia de unos ingresos de 27.160 millones y unos gastos de 23.921 millones.

¿El 6%?

A falta de tener la cifra de las entidades locales, el déficit público se habría situado en el 1,9% en los dos primeros meses del año, cifra que se obtiene al sumar los porcentajes de la Administración central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas.

El objetivo para el conjunto del ejercicio es el 4,5%, aunque el Gobierno presentará una nueva cifra el próximo día 26 en el marco del programa de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años.

La nueva cifra, que en estos momentos se negocia con Bruselas, estará en el entorno del 6%, lo que implicaría un ajuste de unos 10.000 millones este año, tal y como señalan diferentes fuentes del Gobierno.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha exigido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) "mayores competencias" que permitan una mayor protección a los inversores ante el alto número de quejas, reclamaciones y sentencias judiciales que evidencian el ineficaz control en las preferentes, informa Europa Press.

Según consta en el comunicado de prensa de 2012 remitido por la institución que encabeza Becerril, el control preventivo ejercido por la CNMV no ha resultado eficaz ante la avalancha de denuncias por parte de los inversores. Para la Defensora del Pueblo, este hecho es un claro ejemplo de que el sistema de control y supervisión no ha funcionado "como debiera" y recomienda al organismo promover un acuerdo entre inversores y las entidades financieras.

Además, el informe anual del organismo recalca que el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, ha puesto límites a la comercialización de estos productos financieros a clientes minoristas al considerar que son "altamente complejos" y "desaconsejados" para este tipo de inversores.

El reprobable comportamiento de las cajas

El Alto Comisionado señala además que algunos bancos han tenido un comportamiento "absolutamente censurable" con sus clientes, al venderles productos financieros sin informarles del alto riesgo y de la complejidad que corrían al contratarlos. Para evitar que se repitan estas situaciones, Becerril ha pedido al Banco de España y a la CNMV que las cajas informen con mayor claridad y transparencia, mediante "claras advertencias" sobre el riesgo de los diversos productos financieros.

Incluso aconseja al Banco de España que modifique la ley que regula los horarios para ingresar este tipo de operaciones, ya que los considera "muy restrictivos". Según explica, el cliente debería poder hacerlo mientras permanezca abierta la sucursal.

Horarios

"La opinión del Banco de España es que no existe disposición legal que establezca un determinado horario como obligatorio para que las entidades de crédito admitan ingresos y realicen pagos a sus clientes o a terceros por cuenta de aquellos; ni tampoco dicha actuación incide en la posible infracción de normativa de disciplina bancaria", recuerda la Defensora del Pueblo. En este sentido, Becerril señala que los bancos "se obligan a efectuar, por cuenta de su cliente, los cobros y los pagos que éste le ordene" y considera que al limitar el horario, las sucursales "podrían estar incumpliendo esta obligación".

Para mejorar esa claridad, Becerril recomienda que, al tratarse de una limitación sustancial "debería constar en las condiciones del contrato las limitaciones del horario" y no sólo avisando al público con carteles informativos en las diferentes oficinas.

Por su parte, el Banco de España ha trasladado esta recomendación a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad (órgano encargado para habilitar esta media), pero el Ministerio de Economía aún no ha respondido a la propuesta, según el informe del Alto Comisionado.