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Crisis del coronavirus

El virus pone un examen del siglo XXI a un Estado anclado en el XX por la falta de reformas de la Administración pública

  • El Gobierno prepara una Ley de Función Pública para “racionalizar la administración” justo en medio del desafío histórico del coronavirus
  • Los especialistas detectan descoordinación, selección arcaica de personal, politización directiva, áreas de opacidad y déficit de evaluación 
  • Predomina una cultura burocrática que antepone cumplir la ley a resolver problemas: “Si un funcionario tuviera una idea muy buena sobre el IMV, tendría más opciones de ser amonestado que recompensado” 
  • Proliferan las ideas y propuestas en el ámbito académico: menos oposiciones, más mérito, organismos de coordinación, recorte a los cargos de confianza...
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Publicada el 09/11/2020 a las 06:00
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Presidentes

Una reunión de la Conferencia de Presidentes.

EFE

Hay grandes palabras, palabras mayores y reforma de la Administración pública. Eso ya son palabras gigantescas. Es una tarea pendiente de dimensión inabarcable, tanto que su enunciado genera a estas alturas más escepticismo que ilusiones. Suscitado el debate, bajo la presión que sobre las instituciones ejerce el covid-19, abundan los juicios críticos de gran dureza sobre el funcionamiento de papá Estado, descrito a grandes rasgos como un señor serio y cumplidor, sí, pero atrapado por la rutina y de actitud circunspecta, más burócrata que gestor. Un oficinista formalito, aseado, puntual, preocupado ante todo por no meter la pata. “Si hoy un funcionario tuviera una idea muy buena sobre cómo gestionar de forma nueva y original el Ingreso Mínimo Vital, tendría más posibilidades de ser amonestado que de ser recompensado”, ilustra Víctor Lapuente, catedrático de Ciencia Política. Ahora, en plena pandemia, una crisis que está enseñando los costurones del Estado, las deficiencias de su diseño y los vicios de su funcionamiento, la reforma largamente postergada de la administración aparece en la mesa. Y es el Gobierno el que la sitúa ahí, en respuesta a un extendido consenso sobre su urgencia. El siglo XXI aún espera a la administración española y su tan anunciada reforma.

Como dice la expresión anglosajona, el diablo está en los detalles. ¿Qué reformar? El Gobierno no da excesivos detalles. "Necesitamos modernizar nuestra administración pública. Necesitamos aligerar nuestros procedimientos, sin que falte un ápice de rigor, de rendimiento de cuentas, de control y de transparencia. Necesitamos de una coordinación mucho más eficiente en la Administración General del Estado (AGE) y en relación con las otras administraciones”, afirmó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo (PSOE), durante la presentación oficial a primeros de octubre del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sus palabras echaron combustible a las expectativas en torno a la reforma de la administración, que entra dentro de ese catálogo de señores Godot del debate público español tan mencionados como ignotos, del que también formaría parte el “cambio de modelo productivo”.

¿Sólo intenciones, entonces? De momento, sí. Pero ya son muchas intenciones y un puñado ha adquirido forma de compromisos oficiales, situados por el Gobierno en la cabecera de la agenda. El acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos recoge toda una hoja de ruta “hacia una administración digital, más abierta y eficiente”. Lo cierto es que hay más medidas que concreción en el acuerdo. Más contante es el plan normativo del Gobierno, cuyo apartado para el Ministerio de Política Territorial y Función Pública de Carolina Darias incluye una nueva Ley de Función Pública cuyo objetivo es “impulsar la racionalización de la AGE y mejorar la calidad de los servicios públicos”. La norma, que según fuentes oficiales podría llegar al Consejo de Ministros a finales de 2020 o principios de 2021 en un escenario “óptimo”, abordará entre otras cuestiones “la figura del personal directivo, la evaluación del desempeño y el desarrollo de la carrera del empleado público”, como recoge el plan normativo.

¿Es viable legislar eficazmente sobre materias tan amplias y sometidas a inercias históricas? En un reciente artículo sobre evaluación de políticas públicas en infoLibre, Hugo Cuello, especialista en evaluación con experiencia internacional en los sectores público y privado, y Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, coincidían en la incontrolable propensión española a querer arreglarlo todo a base de leyes que se quedan en impecables declaraciones sobre el papel. Lapuente coincide. Más que legal, afirma, hay un problema “cultural”. “Existe un dominio de la ley sobre la gestión. En todo el mundo, el funcionario tiene la obligación de seguir la ley y de actuar de forma imparcial. Pero también de ser eficaz. En nuestra tradición administrativa el principio de cumplimiento de la ley se impone sobre el de eficacia. Los administradores pasan más tiempo tratando de cumplir normas que de solucionar problemas”, señala Lapuente. ¿Cambios legales? Sí, pero dejando claro que no serán recetas mágicas. Lo importante, indica, es “no seguir cavando”, como tratan de hacer –indica– comunidades como el País Vasco y Cataluña, que están introduciendo progresivas reformas modernizadoras.

En la administración hay funcionarios muy innovadores. Pero hay un problema de incentivos perversos”, señala Lapuente. A su juicio, se premia “no incumplir la norma”. En tiempos normales, puede valer. Ahora no. “Cumplir las normas te garantiza un funcionamiento mínimo normal. Pero si hay que responder a algo tan brutal como esta pandemia, que requiere equipos multidisciplinares, coordinación continua, una gestión eficaz de muchos datos.... pues el sistema chirría”, señala. La pandemia ha desnudado las carencias, como detallan Lapuente, Francisco Longo y Elosía del Pino en un artículo en Agenda Pública que contrasta la “excelente” respuesta de sanitarios, docentes, trabajadores sociales, militares o policías, con los fallos de “sistema”: “escasa anticipación, trabas burocráticas y déficits de agilidad que han afectado a la compra de mascarillas, la fabricación de ventiladores o gestión de las ayudas; problemas de gestión de datos que reflejan déficits de personal cualificado en este campo, mientras las profesiones jurídicas y las categorías de cualificación técnica media y media baja siguen siendo muy abundantes”. A ello se suma la descoordinación en una administración “más acostumbrada a hacer cosas que a conseguir que pasen cosas” y a la que “le resulta más fácil remar que llevar el timón”. “Muchos de estos problemas no son nuevos –añaden los autores–. Reflejan, por una parte, la lentitud con que los cambios suelen llegar, más allá de la superficie, a la administración pública. Por otra parte, son carencias que derivan del escaso interés que la política viene prestando a las reformas de la administración, más allá de los debates ideológicos y retóricos entre una derecha atea, que parece no creer en la capacidad del sector público para evolucionar y reformarse, y una izquierda beata, que lo contempla como si fuera moralmente superior e infalible”.

Ni ateo ni beato en su análisis, el profesor de Ciencia Política Juan Rodríguez Teruel se muestra partidario de tocar el BOE. “Las referencias a la necesidad de cambio cultural me suscitan escepticismo. Son muy fáciles de manipular”, señala. Toca legislar. Eso sí, sin subir las expectativas a la luna por los cuatro trazos adelantados por el Gobierno. “No creo que haya que esperar grandes transformaciones. La idea lleva 40 años circulando, desde [Joaquín] Almunia, que hizo el primer draft [borrador] de reformas. Más de tres décadas y se ha cambiado poco. Sí ha habido más cambios en la administración autonómica, sobre todo para incrementar la transparencia, ofrecer garantías al ciudadano... Pero los principales nodos, los más problemáticos, no se han tocado”, explica ¿Qué nodos? Hay cuatro principales que surgen en todos los análisis.

1. Coordinación: salir del “que cada palo aguante su vela”

Al decir “la administración”, a menudo acude a la mente un bloque uniforme. Para disipar esta idea es conveniente la lectura de Las Administraciones españolas (Tecnos, 2018), del catedrático de Derecho Administrativo Miguel Sánchez Morón, que hace un recorrido por el bosque de la cosa pública española, hecho de la Administración General del Estado, sí, pero también de comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, cabildos, consejos insulares, entidades locales autónomas, mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas, comarcas, comunidades de villa y tierra en Castilla y León, cuadrillas en Álava... “Al inicio de la Transición […], la Administración del Estado tenía a su servicio mas del 85% de los empleados públicos del país. Ahora en cambio, el porcentaje […] no llega al 21%”, anota Sánchez Morón.

Los “pactos autonómicos” de 1981, que alumbraron la Loapa, dieron el pistoletazo de salida a un proceso de descentralización que ha sido citado durante más de 30 años en el listado de logros históricos de la joven democracia española. Ahora el modelo está en crisis en fondo y forma. Y el coronavirus ha destapado múltiples fallos y lagunas. En palabras de Joan Romero, catedrático de Geografía Humana y director de la Cátedra Prospect de la Universidad de Valencia: "Hemos vivido un momento histórico que ha puesto a prueba la arquitectura institucional española desvelando importantes deficiencias. El test de estrés ha demostrado una fatiga de materiales".

Sale una y otra vez una palabra: descoordinación. “Todo funciona por unidades administrativas. Va desde el ministro hasta el último escalafón. Vale, hay decisiones que se pueden gestionar verticalmente. Pero cuando toca impulsar acciones complejas que implican a muchas unidades, como ocurre ahora, hace falta coordinación. Y nos falta. No sólo entre administraciones, sino en el seno de los propios gobiernos, donde la coordinación sectorial es muy complicada”, señala Rodríguez Teruel, que sugiere la creación de “organismos intersectoriales que no estén a nivel de ministerios” para ayudar a la coordinación. “Esto sí sería un avance, pero la administración no lo favorece. Se acaba favoreciendo una lógica que podríamos llamar: 'Que cada palo aguante su vela'”.

La politóloga Sandra León señala las múltiples disfunciones ocurridas con los datos durante la crisis sanitaria como la demostración de uno de los males endémicos: “Las administraciones públicas se relacionan poco entre sí”. Como ocurre en todos los análisis, la detección de una carencia lleva a la detección de otra. El problema de los datos muestra el problema de la insuficiente digitalización, que a su vez empuja a preguntarse por la formación de los funcionarios para emplear herramientas tecnológicas. En un artículo publicado por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade), Miguel Almunia y Pedro Rey-Biel se atreven con una propuesta para la gestión de datos, que incluye la creación de consorcio entre entidades (INE, Agencia Tributaria, Seguridad Social, Banco de España, Airef, autonomías) y la contratación de especialistas. ¿Contratación de trabajadores públicos, dicen? Siguiente desafío.

2. Personal: dejar atrás la memoria y el tocho

Modelos arcaicos de aprendizaje memorístico”, describe Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Así se entra básicamente a trabajar como funcionario. Si la crítica a la descoordinación genera consenso, aún más unánime lo es contra la pauta general de acceso a la función pública. Sandra León cita sin dudar entre las asignaturas pendientes la “renovación de la selección de los servidores públicos, reforzando los conocimientos prácticos y la capacidad analítica”. Y recuerda: “Si quieres digitalizar, necesitas empleados públicos que sepan hacerlo”. Sánchez Morón, autor de Las Administraciones españolas, también reclama una “actualización” del sistema de acceso. “El modelo de oposiciones es demasiado formalista. Las pruebas deben ser de tipo más práctico, no tan centradas en la obligación de memorizar”, señala el catedrático. Aunque en general se muestra escéptico sobre el alcance de las reformas que impulsará el Gobierno, sí observa que en este punto –el acceso– está bastante ya extendida la idea de que son necesarios cambios. Se verá.

Hasta ahora, expone Rodríguez Teruel, apenas los ha habido. “Se han producido reformas pequeñas en la selección de algunos cuerpos, sobre todo con la potenciación de los TAC [técnicos de administración civil]. Por lo demás, muy poco. El reclutamiento en los grandes cuerpos sigue con el modelo básicamente igual que hace 40 o 60 años, mediante pruebas que valoran conocimientos detallados”, señala. ¿Tiene sentido que, desde 1990 con la Logse, esté cada vez más asumido en el diseño escolar el aprendizaje por proyectos, el “aprender a aprender” como base del crecimiento, y que en las oposiciones mantengamos el culto al memorión y los tochos?

“El empleo público sigue adoleciendo de una regulación exageradamente uniforme que no se corresponde con la pluralidad de su composición y con el carácter diverso de las funciones y tareas [...]. Este marco uniforme está compuesto, además, por procedimientos y prácticas que introducen una considerable rigidez en los mecanismos de gestión de las personas, lo cual lleva consigo importantes restricciones a la calidad de la gestión, la adaptación a los cambios, las mejoras de eficiencia y la capacidad de innovación”, diagnostican Lapuente y sus colegas en su artículo. Aparece en el texto una expresión: “gestión de la diferencia”. O más claramente: “mérito”.

Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, autor de un blog de referencia sobre la cosa pública, ha puesto sobre la mesa una propuesta: una definición restrictiva de ámbitos de gestión puramente “funcionarizados”, limitándose a los que están en contacto directo con la política y deben blindarse de la discrecionalidad y el clientelismo. El resto, laboralizarlo bajo la premisa del “mérito” y en evaluación continua.

3. Directivos: profesionalizar vs politizar

La propuesta de Ramió: profesionalizar lo público. ¿La tendencia? La contraria. Politizarlo. Especialmente en el nivel directivo. “El nivel de politización es muy elevado. Hay mucha promoción por filiación política”, señala Víctor Lapuente. A su juicio, la falta de respeto político a la función técnica de los servidores públicos queda al descubierto con la pandemia, citando el caso de los ceses en Madrid. La colonización partidista de la alta dirección técnica contribuye a lo que Lapuente llama “sistema perverso de incentivos”, en el que pesa demasiado la adhesión al cargo público. Lapuente defiende un régimen jurídico específico de la dirección pública profesional, que la preserve de las turbulencias propias de los ciclos político-electorales, y marcos claros para incentivar la eficiencia.

Sánchez Morón coincide al señalar que España tiene la tarea pendiente de "concretar una regulación específica de la dirección pública profesional”, en los niveles por debajo del ministro. “A diferencia del resto de países de Europa occidental, eso falta en nuestro derecho. Aquí se han hecho parcheos políticos. Los gobernantes siempre han preferido gente de su confianza. Lo intentó Jordi Sevilla, pero ningún Gobierno ha querido”, señala. Apunta contra el actual Gobierno por su elevado número de puestos “de confianza”. “Tengo muchas dudas de que vaya a impulsar una profesionalización”, concluye. Rodríguez Teruel señala al espacio de decisión desde la subdirección general para abajo. “En vez de tender a la profesionalización para elegir profesionales formados con rol dirigente, aquí predomina la confianza política para los altos cargos”, lamenta.

4. Transparencia: el antídoto de la desconfianza

España presenta un riesgo añadido, la extrema fragmentación del modelo de “administración paralela”, que ha hecho fortuna en España en la estela del new public management de raíz thatcheriana, respuesta liberal-conservadora a las burocracias tradicionales. La idea teórica era asemejar lo máximo posible la gestión pública a la privada. En la práctica, se ha ido generando una estructura atomizada donde los requisitos de acceso, los controles y la fiscalización se relajan, al tiempo que se rebaja el rigor presupuestario, explica Sánchez Morón en su ensayo. Su descripción de la administración paralela resulta más inquietante dado que han proliferado miles de terminales sin sujeción plena al Estatuto Básico del Empleado Público, lo que supone un "factor de debilidad institucional".

Sociedades mercantiles, organismos autónomos, fundaciones, consorcios, entes públicos, entidades empresariales, instituciones sin ánimo de lucro, comunidades de usuarios, agencias y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se expanden por todos los recovecos de la institucionalidad española, desplegando estructuras con mayor discrecionalidad y promiscuidad entre la esfera política y la técnica. En abril de 2019, había más de 5.000 entes que cabía considerar “administración paralela”, un término sujeto a interpretaciones discrepantes, según un análisis realizado por este periódico. Uno de los grandes problemas del desarrollo de una ingente Administración instrumental es la deficiencia del aparato de control que conforman los parlamentos, el Tribunal de Cuentas, los defensores del pueblo y las oficinas contra el fraude y la corrupción, como detalla el ensayo de Sánchez Morón, que llama la atención sobre la mayor permeabilidad a la corrupción de los entes instrumentales. En Andalucía, las agencias han tenido un papel destacado en los principales casos de corrupción durante la etapa del PSOE. La Agencia IDEA pagaba las ayudas sociolaborales en cuestión por el caso ERE. La sociedad mercantil Invercaria da nombre a un caso de supuesta malversación vinculada a inversiones públicas con criterios indebidos. El acceso arbitrario y el uso indebido de tarjetas de crédito han puesto en el punto de mira a la extinta fundación Faffe. En Madrid es conocido el caso del Canal de Isabel II de Madrid, implicada en uno de los principales casos de corrupción descubierto en los últimos años (Lezo).

La administración paralela no es –evidentemente– el único foco de corrupción, fenómeno hermanado con el clientelismo y el derroche. Uno de los remedios es la transparencia. ¿Qué tiene previsto el Gobierno? PSOE y Unidas Podemos, en su acuerdo, prevén “una reforma de la Ley de Transparencia”. El plan normativo recoge la aprobación de un “reglamento de transparencia, acceso a la información y buen gobierno” que ya estaba previsto en la ley, de 2013. No ha habido prisas.

5. Evaluación: ¿funciona lo que hacemos?

La evaluación es el corolario de todos los discursos sobre la reforma. Si no sabemos si lo que hacemos funciona, ¿cómo sabemos si seguir o cambiar? España adolece de escasez de instrumentos evaluadores, un déficit capital en la era covid. “Los ingentes recursos, internos y externos, que habrá que invertir en la recuperación y en la atención a los más vulnerables corren el riesgo de perderse, llegar tarde o no ser debidamente aprovechados si no se ponen al día los circuitos y mecanismos de nuestro sector público. Piénsese en la aplicación efectiva del Ingreso Mínimo Vital o en la gestión de los proyectos que deberá financiar el fondo europeo de reconstrucción, en un país al que los datos de la Comisión Europea sitúan en el furgón de cola en cuanto al nivel de ejecución de los fondos estructurales ”, señalan Lapuente, Longo y Del Pino.

Sánchez Morón aclara que el panorama no es homogéneo. Destaca la evaluación del desempeño en organismos como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, así como en la Guardia Civil. No obstante, la tónica es la contraria. “La evaluación estaba prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero sigue pendiente”, señala el catedrático, que cree que este es uno de los aspectos que tiene ahora más a mano acometer el Ministerio Política Territorial y Función Pública.

El departamento de Carolina Darias no aclara cuál será el alcance exacto de las reformas previstas en el plan normativo. Cualquiera que sea la reforma tendrá que desplegarse en un entorno infernal. La crisis sanitaria apareja una económica, que previsiblemente desencadenará competencia por los recursos entre administraciones y dentro de las mismas. Y con los problemas políticos ahí presentes. Está pendiente no sólo el territorial, sino también la financiación autonómica. Como ha escrito José Tudela, secretario General de la Fundación Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, el covid-19 se encontró al sistema en una doble crisis, "una de funcionalidad del modelo, que puede calificarse como ordinaria [...]; y una crisis extraordinaria", la derivada del procés. Se había generado un círculo vicioso ya antes del covid-19. "La crisis de integración [es decir, la catalana] contaminaba cualquier opción de diagnóstico y resolución de la crisis funcional". Y llegó la pandemia, que ha subido al funcionamiento del Estado en una noria frenética: de la recentralización puntual del primer estado de alarma al federalismo improvisado del segundo. Todo es volatilidad y la inestabilidad parece la nueva cualidad de lo estable. A priori no parece el momento óptimo para una reforma de la administración pública, reducto formalista del antiguo mundo. O quizás es el único momento posible.

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20 Comentarios
  • Samste Samste 10/11/20 09:20

    Hoy dia no se puede llevar a cabo ningun cambio sin contar con el apoyo de los cuerpos de élite de funcionarios, A1, Inspectores de la AEAT, Jueces, Notarios, Interventores...porque estos Cuerpos, además de cobrar más, se las ingeniaron para acaparar la última instancia, la firma final, pueden "paralizar" o digamos torpedear, poner palos en las ruedas, a todos los procesos si quieren.

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  • Iñaki Alonso Iñaki Alonso 09/11/20 22:24

    Enhorabuena, señor Munárriz. Interesantísimo artículo. Gracias

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  • luzin luzin 09/11/20 17:48

    Con los inspectores educativos ya lo hacen, ahora serán a dedo ... con la Universidad ya lo hicieron, ahora Begoña lleva una cátedra... los verbos modernizar, flexibilizar, agilizar ... ya savemos a donde nos llevan: más control partidista, más parasitación, más corrupción, menos control ... ahora ya no habrá que memorizar en oposiciones obsoletas es hora de las entrevistas y la flexibilidad ...

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  • KAESAR64 KAESAR64 09/11/20 12:53

    señor Angel Munárriz debo felicitarle por este fantástico, como diria una persona... articulo, currado y repleto de verdades, que este virus o marea, al bajar, ha dejado al descubierto todas sus verguenzas. Lo se porque en este periodo de mi vida, herencias y otros papeleos, dejan a las claras, al menos para mi, lo anquilosada y inútil que se ha vuelto la administración publica, y alguna de la privada, aunque menos, tratar al ciudadano como un presunto estafador, que siempre tiene la intención de estafar a la administración, algo que debería estar totalmente de nuestra parte, dándonos la presunción de inocencia, debería ser lo normal, para eso la pagamos, pero en realidad no es así, aparte de la des-coordinación manifiesta. Bueno y así podríamos seguir pero por ahora es suficiente, espero que esto cambie, aunque desconfio bastante, y que la administración de justicia en pleno siglo XXI se vean esos tochos de papel es demencial, quizás a alguien le interese que la justicia sea lenta y inoperante, quizás, pero eso no ocurre con hacienda totalmente informatizada y al dia, porque será ?yo ahí lo dejo. Lo dicho, muchas felicidades .

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  • Grobledam Grobledam 09/11/20 11:41

    La Administración y sus trabajadores son Sector Público. Es evidente que cualquier sistema es mejorable y nada hay que decir a estudios y propuestas serios, fundamentados y objetivos para mejorar el Sector Público español; aunque habrá que pensar en hacer diecisiete reformas de su padre y de su madre cada una, porque plantear -como en el artículo- una Reforma global y conjunta, sin modificar el Estado de las Autonomías, es de risa.
    Este es el segundo artículo en esta semana que Infolibre publica sobre el tema y, al igual que el otro, ataca -sin fundamento- al Sector Publico y a sus trabajadores. Lo hace con los tópicos y vaguedades propios del cuñadismo.
    Me temo que, sin descartar una necesaria reforma del Sector Público en el sentido de potenciarlo, reforzarlo y racionalizar la intrusión de la política y los políticos en el mismo, hay muchos otros temas en los que Infolibre podía centrar su objetivo, lo solía y lo suele hacer. Por ello me extraña está intromisión.
    Ayer vi un reportaje de Gonzo en Salvados que analizaba la actuación del Sector Público y sus trabajadores y también la del Sector privado y Políticos en general sobre el tema Cobid (todavía sigue pendiente la auditoría imparcial prometida por el Gobierno). Los testimonios desgarradores de profesionales que estuvieron en primera linea, la documentación, los ejemplos reales como el del abandonado hospital Puerta de Hierro que nos cuesta mantener 800 millones y que están dejando caer en ruina mientras construyen -con amiguetes- hospitales nuevos sin plantillas, medios, máquinas, ni razón de ser, etc. hacen de ese reportaje un modelo de análisis que está en el polo opuesto al libelo que nos trae hoy aquí el Señor Munarriz y que alaban la corte de palmeros cuñadisimos con argumentos de barra de bar de este foro.
    Es verdad que mi comentario carece de una crítica razonada a los argumentos que expone el articulista, pero ello exigiría otro artículo al menos de la misma extensión. Espero que Infolibre no tardé en publicarlo. Expertos en el tema los hay y con argumentos más fundamentados y mejor trabados.....Espero ese artículo, por continuar en la tradición de periodismo objetivo y contrastado de este medio

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    • Pepe Luis Pepe Luis 09/11/20 16:32

      Buenas tardes, como define de libelo el artículo del Sr. Munarriz., si esta' escribiendo valientemente lo que otros periodistas no se atreven a escribir , que hace falta en España una administración del estado del siglo XXI , que la que tenemos esta' viciada totalmente y con resultados de gestión totalmente negativos en todos los sentidos, obsoleta ,pereza y grandes resistencias a mejorar , hay muchas cosas que mejorar en esta España , primero pensar y cambiar de mentalidad , sin enchufismos en ningún sector público ni privado , salud.

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  • Jsra Jsra 09/11/20 11:15

    Os cuento lo que pasa en un organismo autónomo con implantación nacional y unos 700 empleados. Hace 30 años tenía una estructura orgánica de una dirección general, cuatro subdirecciones y de estos colgaban las jefaturas de servicio directamente. Ahora hay las mismas subdirecciones, pero entre estas y las jefaturas de servicio han colocado subdirecciones adjuntas, jefaturas de área y algún vocal asesor, practicamente ninguno de estos niveles intermedios tienen capacidad de decisión y están alejados del trabajo diario. Conlleva que la toma decisiones está muy alejada de la realidad. Si a esto le unimos que difícilmente están en el puesto más de dos o tres años, hace que sencillamente no se tomen decisiones. De modo que si se la dirección y las subdirecciones o los adjuntos o las jefaturas de àrea quedan vacantes no pasa nada mientras quede alguien para firmar, ero si se va un auxiliar de hunde la subdirección.
    Otro apartado evaluación de los puestos de trabajo y de los procedimientos.
    Movilidad de personal, no tiene sentido que, en el mes de marzo, se contraten a empresas para grabar ERTEs en un momento que había igual un 30% de personal en su casa sin hacer nada.
    Por último igual que hay cuerpo de funcionarios, los Interventores, encargados del control del gasto público, podría haber un cuerpo independiente de inspectores de servicio.
    En fin, la ministra tiene tajo, pero es muy difícil que pueda apretar a los altos cuerpos de la administración.
    Por ùltimo solo un apunte, estos altos cuerpos de la administración no mueven tanto por cuestiones políticas como por amiguismo, cuando a uno le va bien tira de los compañeros de oposición, si los tiempos cambian será al revés.

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    • JCFR JCFR 09/11/20 11:21

      El cáncer del "amiguismo" en la Administración tiene mas metastasis cuanto más relevante es el cuerpo a ingresar. Jueces, Notarios, TAC, ...

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  • Pointer56 Pointer56 09/11/20 10:57

    Gracias por su artículo Sr. Munárriz. Me gusta InfoLibre entre otras cosas porque trae a la palestra temas interesantes que se salen del guión mediático habitual, como este. Sobre el fondo del artículo, muchos recordamos al primer gobierno del PSOE liderado por el inefable Sr. González y sus promesas de reformar la administración, el funcionariado, la modernización de la justicia..., ¡todo ello papel mojado!. Aquella si que pudo haber sido una buena oportunidad, pero ahora, 40 años después, con todos los interese creados, me temo que va a ser que no de nuevo. ¿Alguien cree que con la cantidad de politicos mediocres que hay en todas las administraciones y con la cantidad de funcionarios -de todo rango- burócratas y mediocres igualmente va a ser posible cambiar algo sin que haya una reacción bloqueante, como ya pasó?¿Piensa alguien que van a admitir que se les ponga objetivos cuantificables y que se mida luego por su cumplimiento, premiando o castigando según ello...? Esto también debería incluir que las promesas electorales pasaran automáticamente a endosar el cuadro de objetivos medibles del gobierno electo y rendir cuentas por ello al final del mandato, con el consiguiente premio o castigo, pero no el de las urnas, ese no es objetivo para lo que nos ocupa ahora (todos sabemos la cantidad de variables que entran en las urnas). En fin, hechos son amores y no buenas razones. Veremos...

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  • JCFR JCFR 09/11/20 10:51

    Para seleccionar a los Empleados Públicos más capaces se tendrá que resolver en esta España de Comunidades Autónomas/Reinos de Taifas , el gran cáncer que siempre hemos tenido : "Las recomendaciones y el ser hijo de ...." para formar parte de la administración.

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  • mig47 mig47 09/11/20 10:20

    L Ley de la funcion publica, solo ha servido para crear puestos para colocar a funcionarios, que son los que menos funcionan. Debe eliminarse toda preferencia, incluso, en muchos casos la exclusividad para ocupar determinados puestos de libre disposicion. Deberia, a ser posible, eliminar o, al menos, limitar el ejercicio de la politica a los funcionarios, que si analizamos la situacion actual de nuestros representantes, son, en un 90% funcionarios, asi nos va. Pero la reforma de la administracion, que viene pregonandose desde Caton, deberia abarcar al conjunto de ella, es decir, Sistema judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad, la inviolabilidad e inamobilidad de losfuncionarios, aplicando el mismo sistema para todas las personas en todos los sectores. En definitiva que los derechos y deberes sean recogidos, sin diferenciacion, en el nuevo Estatuto de los Trabajadores, si es que hay voluntad de hacerlo, cosa que dudo. Pues entonces seguiremos igual,si no peor todavia.

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  • AngelHito AngelHito 09/11/20 09:44

    Gracias a esas mentes pensantes, tan escasas en este país, que han recogido en este artículo uno de los grandes problemas que encorsetan el avance de nuestra democracia. Sin embargo, se quedará en eso, en un gran artículo, que dará mucho que hablar y pocos resultados, pues todo intento con acabar con "lo atado y bien atado" será una iniciativa recogida en un nuevo libro a colocar en la estantería del olvido.
    Yo tengo esperanza de que en el siglo XXII hayamos llegado a la mentalidad europea de finales del siglo XX.

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