“Queremos tener nuestras propias herramientas para mejorar y modernizar el cuerpo”, es la clave que defienden desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP) para defender la que durante una década ha sido su lucha: permitir a los agentes de la Policía Nacional la sindicación libre total. Fue en 2016 cuando tres agentes destinados a la zona de Levante, Manuel Soler, Carolina Yáñez y Luis Miguel Lorente Moreno, crearon esta organización para perseguir ese objetivo, que esta semana ha vivido uno de sus mayores impulsos, con la presentación de una proposición de ley para permitir que los agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase, como Comisiones Obreras o UGT.

“Vimos que nadie tocaba este tema desde hace tiempo y era la forma de conseguir un avance real del cuerpo”, relata Soler, actual portavoz del sindicato, en conversación con infoLibre, que llevaba años siendo parte del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), pero en el que veía una “deriva reaccionaria muy peligrosa”.

La fecha de su creación no fue escogida al azar, ya que solo había pasado un año desde la creación de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que firmó el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta normativa fue la que, basándose en el quinto punto del artículo 1 de la Ley de Libertad Sindical que recoge que “el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica”, limitó a los policías nacionales solo poder afiliarse a sindicatos formados exclusivamente por miembros del cuerpo.

Como primera acción pública, el SRP envió en 2021 una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que le exponían sus reivindicaciones y como se estaba vulnerando la Constitución con esa ley, concretamente a su artículo 28, que establece que “todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”.

También hacían mención a que desde la publicación de la Ley 9/1987, las policías locales y municipales adquirieron este derecho, incluyendo a Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra. La respuesta desde Interior nunca llegó y el SRP puso en marcha una “estrategia” conjunta. infoLibre ha contactado con este Ministerio para conocer su posición actual sobre el tema y no han querido hacer ningún comentario.

A partir de 2024, la lucha se centró principalmente en conseguir convencer a los sindicatos de clase mayoritarios de España, Comisiones Obreras y UGT, para que apoyaran este objetivo. “La primera vez que nos reunimos con ellos, nos dijeron que era una reivindicación que tenían, pero que nunca habían llegado a cerrar”, explica Soler. De esta manera se empezaron a llevar a cabo una serie de reuniones casi constantes este último año y medio que consiguieron su objetivo en junio de este año.

Concretamente el día 5, ambos sindicatos hicieron un llamamiento “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”. Fue la primera vez que realizaban un comunicado de este tipo de forma pública y el antecedente a la proposición presentada esta semana por el grupo parlamentario Sumar.

Mientras desde el SRP iban consiguiendo estos avances, el resto de sindicatos policiales mantuvieron su oposición a esta idea. “Los sindicatos respondieron reivindicando la equiparación de sueldos con las policías autonómicas, pero esto solo es un parche, ya que la lucha real está en conseguir la igualdad de derechos, que es lo que realmente importa”, defiende Soler, que denuncia la “deriva reaccionaria” que se está viviendo en los sindicatos policiales, “siempre buscando quién dice la mayor barbaridad”.

Desde su organización ponen el foco en el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que representa a los altos cargos dentro del cuerpo, y del que denuncian que lleva desde 1986 ejerciendo un “monopolio” para evitar que “el resto de escalas alcancen lo que otros cuerpos policiales tienen”. Este es el sindicato que más se ha opuesto y se opone a esta medida. “Nosotros quedamos exceptuados, nos regimos por nuestra propia normativa, y dentro de la Policía los sindicatos son exclusivamente formados por miembros del cuerpo”, señala a este periódico su presidente, Daniel López.

En el caso de JUPOL, su respuesta se basa en que este debate solo “pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de la Policía Nacional”, mientras que el SUP mantiene una posición más moderada, mostrando su respeto a “cualquier iniciativa que pretenda ampliar derechos y, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”. Desde el SRP están seguros que en el momento en el que se les ponga en la mesa esta reivindicación, estos dos sindicatos no se van a poder negar porque sería ir en contra de “muchos beneficios”.

Teniendo el apoyo de los sindicatos de clase, el SRP decidió este año abrir una nueva vía con la que defender su objetivo y no fue otra que la judicial. Tras la negativa por parte de la Dirección de la Policía Nacional a dos agentes de poder afiliarse a diferentes sindicatos externos, presentaron dos denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Valencia a principios de junio de este año.

Se trata concretamente de dos recursos administrativos que se basan en la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, el principio de igualdad y convenios internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso de Madrid, el proceso ya se encuentra en tramitación, pero en Valencia está todavía pendiente de ser aceptada. 

El abogado que representa a la organización, Adría Paños, confirma a infoLibre que en el segundo caso, el proceso se ha alargado simplemente porque el TSJ de Valencia tuvo que preguntar si era competente para decidir sobre esta cuestión, “lo que supone 20 días más”. Con todo esto, el letrado es optimista y defiende que para finales de julio o principios de agosto pueden llegar noticias sobre los procesos.

En el caso de que los tribunales se pronuncien favorablemente sobre este tema, supondría un impulso en la tramitación de la ley que plantea Sumar. Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida, ha sido la persona que ha presentado esta propuesta en el Congreso de los Diputados, que lo ha descrito como “un paso histórico”.

En la rueda de prensa que ha dado Santiago este martes para anunciar esta medida ha aprovechado para agradecer a “todos los agentes que llevan años luchando por este objetivo”, entre los que ha destacado al SRP. Los miembros de este sindicato han podido escuchar sus palabras en directo, acompañados de sindicalistas de la Guardia Civil, policías locales e incluso el presidente del sindicato de policía europeo Eurocop, Roberto García. Todos han mostrado su “satisfacción y felicidad” con esta noticia.

De hecho, el texto registrado por Sumar ha sido elaborado con la colaboración de este sindicato, que ha trasladado durante los últimos años buena parte de las reivindicaciones que ahora recoge la proposición. Entre sus principales medidas figuran permitir que los policías nacionales puedan afiliarse a sindicatos interprofesionales o de clase, reconocer la negociación colectiva en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, crear una mesa sectorial específica para la Policía Nacional, reforzar la protección de los representantes sindicales frente a represalias y permitir acciones reivindicativas no uniformadas siempre que no alteren el normal funcionamiento del servicio. La propuesta mantiene, en todo caso, la prohibición del derecho de huelga.

De esta manera, la decisión está ahora en manos de los diputados del Congreso, que tendrán que decidir sobre esta propuesta. Desde el SRP en pocos impedimentos en conseguir poner un punto y final favorable a su lucha, ya que cuentan con el apoyo de los diputados de Sumar, según ha confirmado Enrique Santiago, y tampoco dudan del apoyo del PSOE. “En la última reunión que tuvimos con ellos había siete representantes del partido a los que pudimos explicar punto por punto lo que significaría aprobar esta ley y salieron muy satisfechos”, celebra Soler.

En cuanto al resto de grupos, todavía tienen que reunirse con ellos, por lo que van a comenzar una ronda de contactos en las próximas semanas. No dudan de que los partidos que pertenecen al Gobierno de coalición se vayan a sumar a esta iniciativa, pero la incertidumbre nace en los partidos de la oposición.

“Con Vox ni nos planteamos reunirnos, porque sabemos que su respuesta, al ser una iniciativa de la mano de Sumar, va a ser negativa”, asegura el portavoz del SRP. Con el PP si van a buscar un acercamiento, porque mantienen esperanzas de por lo menos conseguir una abstención. “Ahora mismo el PP está hablando sobre que hay que olvidarse de los problemas con Cataluña de 2021, porque están en el pasado. Nosotros pedimos esa misma aplicación con la ley de 2015, que se olviden del pasado y se centren en el presente”, defiende Soler. Con todo esto, desde el sindicato ya están mirando a finales de año, como fecha tope para que el Congreso vote sobre esta propuesta y pueda significar el final de una lucha que ya se alarga durante una década.

El diputado de Sumar y parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado este martes una proposición de ley que podría cambiar completamente la composición de la Policía Nacional, al poner sobre la mesa del Congreso el planteamiento de que estos agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase y no solo a los propios del cuerpo, como tienen permitido hasta ahora.

La propuesta plantea modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/2015, el que limita a los agentes de la Policía Nacional a solo poder afiliarse a sindicatos internos. De esta manera, el texto defiende que los sindicatos corporativos actuales (SUP, CEP, JUPOL, UFP, etc.) no desaparecerían, sino que convivirían con los sindicatos de clase, mediante una "conjugación mixta" entre sindicatos corporativos e interprofesionales.

“Vamos a dar un paso histórico para conseguir el reconocimiento que durante años un grupo de agentes por el reconocimiento que viene recogido en la Constitución”, ha explicado el diputado y ha añadido que “hay que acabar con las restricciones sindicales dentro de la Policía”.

De esta manera Santiago hace un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para apoyar esta medida. “A los agentes se les llena la cabeza con medidas demagógicas, como la equiparación salarial, ya que no se trata de hacer propuestas que se basen en lo que decida un alcalde. Esto significa dar a los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad la herramienta para que conquisten sus derechos”, ha explicado.

La proposición de ley persigue seis objetivos esenciales: reconocer plenamente la libertad sindical de los policías nacionales; poner fin a la desigualdad con otros cuerpos policiales locales y autonómicos; establecer un marco regulativo claro; fortalecer la calidad democrática; regular un sistema electoral sindical, actualizando y eliminando las distinciones actuales; y se añade una última para mejorar el ámbito de representación profesional dentro de la Guardia Civil.

Junto a Santiago, le han acompañado en el Congreso un grupo de policías, principalmente miembros del Sindicato Reformista de Policía (SRP), guardias civiles y representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para celebrar esta decisión. 

Hace ya unas semanas, los dos principales sindicatos de España hicieron un “llamamiento” público “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”, que se ha empezado a materializar a partir de este martes.

Sin embargo, esta medida no es algo nuevo y viene de una lucha de años liderada por el Sindicato Reformista de Policía (SRP), sin representación actual en el Consejo de la Policía Nacional. Esta organización defiende que el resto de policías locales y municipales tienen este derecho desde la publicación de la Ley 9/1987, que les incluye dentro del régimen general de empleados públicos. También disfrutan de este derecho los diferentes cuerpos autonómicos como son los Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

Su principal defensa está en el artículo 28 de la Constitución: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. En este momento solo se pueden afiliar a sindicatos internos de la Policía por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, firmada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Esto, según explica el portavoz del SRP, Manuel Soler, a infoLibre, hace que “el cambio de modelo sindical en el cuerpo Nacional de Policía, por su condición de instituto de carácter civil, no es un problema jurídico, sino un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena”, en un cuerpo que tiene naturaleza civil, por lo que este paso llevado a cabo por Izquierda Unida puede volverse un antes y después en esta lucha.

En paralelo a la vía política, el SRP tiene también abierta otra línea en los tribunales con la presentación de dos denuncias por parte de dos agentes pidieron afiliarse a diferentes sindicatos y les fue denegado. La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la segunda en el TSJ de Valencia, que está pendiente de ser aceptada.

“Fortalecer la calidad democrática de la institución policial”. Este es el principal argumento por el que desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP), actualmente sin representación en el Consejo, lleva años luchando para que los agentes de la Policía Nacional puedan afiliarse a sindicatos externos al cuerpo. Desde los casos de agresiones sexuales que han afectado a la cúpula de la Policía hasta las polémicas por las actuaciones de algunos agentes en diferentes manifestaciones, desde esta organización consideran imprescindible este paso para conseguir una Policía Nacional al “servicio de la sociedad”.

Esta semana se ha vivido un paso clave en esta lucha, gracias al apoyo público por parte de Comisiones Obreras y UGT a esta reivindicación. “Hacemos un llamamiento al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”, explican en un comunicado conjunto.

La razón por la que desde la Policía Nacional no se les permite sindicarse viene del artículo 1 de la Ley de Libertad Sindical, que en su punto quinto recoge que “el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica”, que en el caso de los nacionales les limita a solo poder afiliarse a sindicatos formados exclusivamente por miembros del cuerpo, según marca la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, firmada  durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, la visión del SRP es diferente. El primer argumento a favor es que el resto de policías locales y municipales tienen este derecho desde la publicación de la Ley 9/1987, que les incluye dentro del régimen general de empleados públicos. También disfrutan de este derecho los diferentes cuerpos autonómicos como son los Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

El principal punto a favor está en el artículo 28 de la Constitución: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. 

Esto, según explica el portavoz del SRP, Manuel Soler, a infoLibre, hace que “el cambio de modelo sindical en el cuerpo Nacional de Policía, por su condición de instituto de carácter civil, no es un problema jurídico, sino un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena”, en un cuerpo que tiene naturaleza civil, a diferencia de la Guardia Civil, que sigue bajo el régimen militar.

Por esta razón, el SRP tiene ahora mismo dos líneas abiertas para conseguir su objetivo. Dos demandas judiciales después de que dos agentes pidieron afiliarse a diferentes sindicatos y les fue denegado. La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá que pronunciarse a favor o en contra de la libre sindicación, mientras que la segunda está todavía pendiente de ser aceptada en el TSJ de Valencia. Por otra parte, se está impulsando una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados que se encuentra en tramitación.

De conseguirse, una de las mayores ventajas que plantean desde este sindicato, es que los representantes de los policías podrían sentarse en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y compartir las luchas por subidas salariales o más derechos junto al resto de funcionarios públicos.

Sin embargo, el hecho de que esta lucha se esté haciendo pública, ya está despertando los primeros rechazos dentro de los sindicatos que actualmente se encuentran en el Consejo de la Policía. JUPOL, uno de los mayoritarios, con actualmente cuatro representantes, denuncia que este debate solo “pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de la Policía Nacional”.

“Desde nuestra organización no podemos evitar pensar que detrás de este tipo de planteamientos existe también una clara intención política de ejercer un mayor control sobre las organizaciones sindicales policiales independientes, limitando la capacidad reivindicativa de los sindicatos profesionales que durante años han denunciado públicamente el abandono institucional que sufre la Policía Nacional”, describen desde el sindicato.

Por su parte el SUP, también con cuatro representantes en el Consejo, con una posición más moderada, muestra su respeto a “cualquier iniciativa que pretenda ampliar derechos y, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”. 

“No obstante, creemos que el actual modelo de representación de la Policía Nacional responde a la singularidad de nuestra función y ha permitido que los policías estén representados por organizaciones especializadas que conocen de primera mano los problemas profesionales del colectivo”, explica su portavoz, Ana Alarcón, a infoLibre.

Añade que “el debate no debe centrarse únicamente en quién puede afiliarse a qué organización, sino en garantizar que la representación de los policías siga siendo eficaz, independiente y centrada en los intereses profesionales de los agentes”.

Desde el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que tiene dos representantes en el Consejo, consideran que este tema “abre muchos interrogantes”. “La ley orgánica de libertad sindical lo dice bien clarito: nosotros quedamos exceptuados, nos regimos por nuestra propia normativa, y dentro de la Policía los sindicatos son exclusivamente formados por miembros del cuerpo”, señala a este periódico su presidente, Daniel López. 

“¿Qué pasará con nuestro Consejo de Policía, ese mini parlamento que tenemos dentro del cuerpo donde los sindicatos ejercemos un papel importante? ¿Va a venir alguien de Comisiones o de UGT? ¿Esos consejeros tienen que ser policías o no?”, plantea. “Si se nos permite afiliarnos a sindicatos de clase, ¿tendrá la Policía Nacional derecho a huelga? Es decir, ¿habremos conseguido al final ese derecho que a día de hoy lo tenemos restringido?”, añade. En cuanto al CEP, con dos representantes en el Consejo, no quieren, por el momento, hacer comentarios sobre el tema.

“Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación. Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas”. Es el mensaje que ha dejado uno de los principales sindicatos de la Policía Nacional, la Unión Federal de Policía (UFP), tras la publicación del vídeo en el que se puede ver como una de las manifestantes, una profesora jubilada de 68 años, es empujada por la espalda por uno de los agentes mientras se encontraba en la calzada, lo que provoca su caída contra el suelo.

Una línea de apoyo que también han seguido desde otro de los sindicatos, la Confederación Española de Policía (CEP). “El derecho a manifestarse no es absoluto. Es mentira lo de que está por encima de cualquier otra circunstancia. La seguridad es para todos. Y sobre todo si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico”, han escrito en una publicación en redes sociales. Ambos mensajes, se han escrito como respuesta a las palabras de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en las que aseguraba que van a “investigar lo ocurrido”. 

“Tú no vas a investigar nada”, arremeten desde las dos organizaciones contra la representante socialista. Aunque los dos sindicatos con más representación dentro del Consejo de la Policía, JUPOL y el SUP, han mantenido en esta ocasión una posición más equidistante, toda la situación no ha hecho más que avivar la indignación de la sociedad. No solo se ha visto como un agente puede llegar a realizar este tipo de acciones sin grandes represalias, sino que recibe el apoyo de los sindicatos que les representan. 

Desde el Ministerio del Interior no se han querido pronunciar sobre lo ocurrido y han asegurado a este periódico que “no tienen nada que decir”, en respuesta a si van a realizar valoraciones de las palabras de estos sindicatos y si podrían tener alguna consecuencia. Lo que sí se ha conocido, es que desde la Dirección de la Policía Nacional se ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente al agente.

“Esto no puede quedar en una simple sanción”, denuncia Manuel Soler, portavoz del Sindicato Reformista de la Policía (SRP), que aunque actualmente no tiene representación en el Consejo, ha sido el único que se ha posicionado de una forma clara mostrando su rechazo a lo ocurrido en Valencia.

“Los sindicatos de Policía están sufriendo una pandemia ideológica hacia la ultraderecha para conseguir aglutinar al máximo de representantes a través de decir la burrada más fuerte”, explica. Una situación que está llevando a que “miles de agentes” que están en contra de estas actuaciones “no puedan alzar la voz”.

“Se está amparando una agresión brutal”, asegura Soler, que defiende que esta es una situación que “se tiene que cortar de raíz”. “Esto es gravísimo, porque no se puede despreciar e insultar a un cargo público de esa manera”, añade. “La población está preocupada y nosotros más”. Desde el SRP también quieren mandar un mensaje a la mujer agredida para expresar “su solidaridad” y que en este momento están estudiando para desplazarse y apoyar “a las personas que se están manifestando en Valencia”.

En esta misma línea se ha pronunciado la plataforma de Policías Antifascistas, nacida a principios de este año justamente para defender los Derechos Humanos y frenar “los continuos intentos de apropiación por parte del aparato de la extrema derecha” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España.

“Nosotros lo consideramos una actuación desproporcionada y es normal que desde el activismo se entienda que desde la Policía van con más contundencia contra determinados grupos”, explica en conversación con infoLibre uno de sus representantes, Adrián Rodríguez.

Denuncia que “hay una falta de contundencia por parte de los sindicatos en una situación claramente de desproporción, que lo único que hace es distanciar a los activistas con la Policía”. “Entendemos que el agente, ya sea en el juicio o en su expediente, tendrá que defenderse de la manera que mejor vea, pero es difícil entender que un sindicato defienda a priori esta actuación viendo las imágenes”, añade. 

“No puede ser una defensa ciega a un compañero por simplemente ser policía. Es tan fácil como pedir disculpas, porque todos podemos tener un día peor o cometer errores”, asegura. Sobre las palabras que han dirigido a Bernabé, defiende que “un sindicato se supone que está para defender los derechos de sus trabajadores, por lo que hacer un señalamiento tan claro contra un cargo político es otra ida de mano más”.

El sindicato policial Jupol, mayoritario en el cuerpo, y la Unidad de Gestión de las Fuerzas Armadas y Seguridad (UGFAS) de la Federación Española de Kárate han alcanzado un acuerdo para formación de sus afiliados en medidas de autoprotección y desarrollo de habilidades operativas. Con este pacto, Jupol se desmarca del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y de la asociación de militares ATME, que han llegado a acuerdos similares con la empresa de desalojos extrajudiciales e ideología ultra Desokupa.

De hecho, en un comunicado de prensa, el sindicato mayoritario asegura que estos cursos se impartirán con personal "altamente cualificado y profesional y siguiendo las normativas existentes y los criterios formativos de la Policía Nacional, algo que choca frontalmente con otras formaciones ofertadas por distintas organizaciones que carecen de cualquier tipo de profesionalidad y homologación".

Los Ministerios de Interior y de Defensa, respectivamente, han manifestado su oposición a los acuerdos con Desokupa, si bien en ambos casos estas organizaciones se han negado a romperlos.

En el caso de ATME, la asociación ha puesto en manos de su gabinete jurídico el requerimiento del Ministerio de Defensa de anulación de dicho convenio, al considerarlo una "ilegítima injerencia" en sus cuestiones internas. En cuanto al SUP, la Dirección General de la Policía abrió en septiembre un expediente informativo y el Ministerio del Interior solicitó un informe para conocer si su convenio con Desokupa puede afectar a las subvenciones públicas.

Para Jupol, los acuerdos con este tipo de empresas suponen "un grave perjuicio para los policías nacionales que recibirán una formación no homologada y no baremable", y sostiene que tampoco cubrirán las necesidades reales en autoprotección policial de los policías nacionales ante las cada vez "más habituales" agresiones que sufren en su trabajo.

El acuerdo que han alcanzado, explica el sindicato, servirá para mejorar la formación de los policías afiliados a Jupol a través de cursos homologados de combate cuerpo a cuerpo e intervención operativa, manejo de armas tácticas y entrenamiento en estrés. Todo ello, en clases que serán impartidas por profesores titulados de la Federación Española de Kárate y siguiendo los criterios establecidos en la normativa policial.

Desde el sindicato Jupol destacan la importancia de la formación continua en materias policiales y para ello han decidido buscar "a los mejores profesionales para impartir este tipo de formaciones". Asimismo, la organización valora también el "esfuerzo que se está haciendo en los últimos tiempos desde la División de Formación en formar a los policías, especialmente a los agentes de las unidades de seguridad ciudadana, en técnicas de autoprotección e intervención policial (TAIP)", si bien considera que estos cursos son muy demandados y por eso han visto necesario ofrecerlos a través de este convenio.

Esta semana hemos verbalizado una pregunta tabú: ¿Tiene sesgo ideológico la Policía? La lanzó Pablo Iglesias al debate público refiriéndose a los antidisturbios aunque ya andábamos dándole vueltas hace tiempo. La cuestión apunta a tres escenarios simultáneos. Las cargas contra los trabajadores de Cádiz, esa polémica tanqueta militar en barrios residenciales, los pelotazos de goma en cada jornada de huelga del metal; la constatación de que los antidisturbios cargan a menudo del mismo lado; y la convocatoria de una manifestación policial contra el Gobierno por la ‘Ley mordaza’.

Tenía intención en esta columna de hacer un ‘democracia para policías’ sobre por qué la reforma de la ley nos devuelve las garantías del Estado de Derecho, por qué es bueno grabar actuaciones policiales, cómo la ley nació con Rajoy para reprimir un ciclo de protestas o por qué el exceso de antidisturbios en este otoño caliente no soluciona nada. Para sorpresa propia, cada guardia civil y policía a los que preguntaba por sus argumentos saltaba enseguida a un tema más capital, más peligroso, más oculto. Como si la noticia estuviera detrás de los comunicados y las declaraciones. Como si necesitaran que otros contaran lo que no pueden.

Lo observamos desde fuera y lo confirman desde dentro. Hay una corriente radicalizada dentro de la Policía y la Guardia Civil, organizada en torno al Jusapol, Jupol y Jucil, cuyo fin no es mejorar las condiciones laborales de los agentes sino crear una corriente contra el Gobierno, caldear la calle, permear y polarizar desde dentro las instituciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una fuerza que está arrastrando al resto de asociaciones y sindicatos policiales. No es solo una observación periodística, o una inquietud del ministerio del Interior, es lo que trasladan off the record numerosos agentes. Lo ultra está calando en sectores policiales y los primeros preocupados son ellos.

Hablan de una estrategia de comunicación pero también interna, perfectamente diseñada, que va socavando la neutralidad política a la que se deben. Que les coloca en manifestaciones con los líderes del PP y VOX a sabiendas del daño que causa al deber de objetividad y despolitización de los agentes. Por lo pronto, si fuera por el resto de colectivos, la manifestación bajo la plataforma y el lema “No a la España insegura” no se habría convocado en este momento. La ley mordaza ni siquiera ha llegado al Congreso. Y precisamente por el afán legítimo de barrer para casa, los sindicatos policiales tradicionales tienden a negociar las enmiendas en la mesa del ministro del Interior antes de echarse a la calle. 

Creen además que no será la única manifestación, sino la primera de una hoja de ruta dirigida al resto de la legislatura. Las movilizaciones son contra Fernando Grande-Marlaska y Pedro Sánchez y, tal vez por eso, numerosos colectivos policiales aseguran que el Gobierno les tiene miedo a la hora de frenar ciertas actuaciones irregulares: mienten en los medios, difunden bulos, insultan y amedrentan a otros policías que no comulgan con ellos.  A muchos de sus agentes les han sancionado por extralimitarse en declaraciones en público, llevar uniforme a una protesta o nimiedades que les han costado un expediente. Sin embargo, desde la colonización de VOX a la asociación-movimiento Jusapol, ven cómo estos mismos agentes vulneran el reglamento y no pasa nada. No les aplican el código militar, pero tampoco reciben la amonestación que tendría cualquier ciudadano.

Todavía recuerdan cómo Jusapol convocó un ‘Rodea el congreso’ que acabó en asalto. Rompieron un cordón policial, lanzaron botes de humo, quemaron un arsenal de petardos y bengalas en las escalinatas de los leones, persiguieron a diputados que tuvieron que salir por la puerta de atrás abucheados por unos agentes enmascarados con caretas de anonymous y arroparon al líder de VOX Javier Ortega-Smith en medio de un espectáculo policial dantesco. Ni una sanción, ni una recriminación a la directiva de Jusapol por organizar aquel desmadre. Y esto, a pesar de que miembros históricos de los sindicatos recriminaron a la Dirección General que permitieran actuaciones más propias del vandalismo. Se anunciaron expedientes, nunca llegaron.

La preocupación interna es real y afecta al día a día. Hay agentes que cuentan cómo antes nunca hablaban de política (la neutralidad es una máxima deontológica pero saltársela también es falta muy grave en el reglamento). Ahora, en las patrullas de servicio o las guardias escuchan conversaciones que reproducen los mensajes y la agresividad de los chats y discursos de Jucil, Jupol o VOX. Un lenguaje radicalizado que va del “atentan contra nosotros, quieren una policía bananera, nos venden, nos engañan” y que se traslada a algo más grave: la reproducción de expresiones xenófobas o misóginas durante el servicio.

La pregunta lógica es por qué desde los colectivos y sindicatos policiales no lo denuncian en público. La respuesta es fácil: para no desangrarse en afiliaciones. Las dos mayoritarias, AUGC y SUP, perdieron miles de afiliados cuando los brazos de Jucil y Jupol se presentaron al Consejo y arrasaron en las elecciones internas. Por eso tantos agentes apuntan a la responsabilidad de Fernando Grande-Marlaska y reprochan que no haya recibido a los sindicatos en dos años, porque el ministro es el único que puede poner remedio a los excesos.

El relato es inquietante y la solución no es fácil. Cómo detectar y erradicar la posible  radicalización de agentes de la policía es un escenario nuevo. Hay quienes incluso reflexionan sobre qué está fallando en la admisión y entrada al cuerpo, sobre cómo pueden pasar las pruebas psicológicas jóvenes de marcado perfil ultra. Pero tienen razón, si está ocurriendo, el ministerio del Interior es quien tiene que afrontar un reto inédito hasta ahora. 

La manifestación ‘No a una España insegura’, con todas las estadísticas de seguridad en contra, podrá parecer un éxito aunque no lo sea. El PP ha entrado en una dinámica del todo vale capaz de jugar con la estabilidad del país por rédito electoral en su competición con VOX. Perdida toda esperanza de moderación a corto plazo de la derecha, el día de después de la manifestación alguien tendrá que abordar lo que tantos agentes cuentan off the record y está ocurriendo a la vista de todos. Cualquier mínimo desliz ultra dentro de la policía, cualquiera que lo aliente, supone una amenaza para todos. Y de poco servirá derogar la ley mordaza si esta corriente existe.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudirá a la manifestación convocada el próximo 27 de noviembre en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como Ley Mordaza, según han confirmado fuentes del Gobierno regional.

Con su asistencia al acto, la presidenta regional quiere además mostrar su apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado ante una reforma de la ley que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que desde los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil ven como una amenaza al principio de autoridad de estos Cuerpos, según informa Europa Press.

Ayuso se ha reunido este viernes en la Real Casa de Correos con representantes de sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y de la Guardia Civil para mostrar su "reconocimiento y apoyo" a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha asegurado que los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana planteados por el Gobierno central "socavan el Estado de Derecho, la protección del más débil y el principio de autoridad".

Los partidos que forman el gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han registrado un conjunto de enmiendas pactadas a la proposición de ley del PNV para derogar la denominada Ley Mordaza, aprobada por el PP en 2015, en las que, entre otras cuestiones, se propone la obligación de los agentes de avisar "de manera verbal claramente audible" antes de intervenir para disolver concentraciones.

Además, se ahonda en que los protocolos de uso de la fuerza y utilización de material antidisturbios, que es el "último recurso" en caso de registrarse incidentes en manifestaciones, deben emplear los medios "menos lesivos" que causen "lesiones irreversibles", aunque no se hace mención específica a las pelotas de goma.

Unas medidas que han sido acogidas con beligerancia por parte de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que creen que esta reforma "destruirá el principio de autoridad que sustenta la paz social". Tras una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, JUPOL, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, ha anunciado la convocatoria de una "gran manifestación en unión con todos los cuerpos policiales de España" en contra de la reforma, que se ha fijado para el próximo día 27.

Un rechazo que también comparten AUGC y SUP, organizaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han emitido un comunicado conjunto anunciando un "frente común" contra la reforma, mientras que la CEP ha rechazado la tramitación "a espaldas" de los policías de las enmiendas.

Policías nacionales y guardias civiles se han manifestado este sábado en Madrid, convocados por la plataforma Jusapol, para reivindicar una equiparación "real" de sus salarios respecto a los que reciben los cuerpos policiales autonómicos y pedir al Gobierno "que deje de reírse" de las 140.000 familias de las que dependen estos policías. Los asistentes a la protesta, equipados con banderas españolas, además de alguna autonómica, han desplegado pancartas en las que denunciaban que el acuerdo alcanzado en marzo del año pasado para lograr la equiparación deja fuera a 13.481 compañeros. A la manifestación también han acudido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, o el de Vox, Javier Ortega Smith, mientras que Podemos les ha dicho que no puede asistir pero que "se compromete con su reivindicación".

Según ha explicado el presidente de Jusapol, Natan Espinosa, en declaraciones a los medios, el Gobierno "ha incumplido" el acuerdo, por lo que ha anunciado que la plataforma seguirá convocando movilizaciones en todo el territorio nacional. Además, considera que el acuerdo, que supone el pago de 807 millones de euros a los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil en un periodo de tres años, es "insuficiente" y piden elevarlo en 700 millones más, hasta los 1.500 millones de euros.

A diferencia de los sindicatos representativos de la Policía -que celebra elecciones este mes de junio- y asociaciones de la Guardia Civil, Jusapol sostiene su rechazo a este acuerdo. De hecho, la asociación ya ha avanzado que pedirá el voto mayoritario a sus compañeros en las próximas elecciones.

Coincidiendo con esta manifestación, Interior ha recordado que el acuerdo de equiparación salarial que se está aplicando desde 2018 permite a policías y guardias civiles disfrutar de una subida en la nómina porcentualmente mayor a la de cualquier empleado público. Según explican a Europa Press fuentes de Interior, el Ministerio mantiene su compromiso con el acuerdo suscrito en marzo de 2018 para destinar en tres años (hasta 2020) un total de 807 millones de euros en la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con respecto a otros cuerpos autonómicos, tomando de referencia los Mossos d'Esquadra.

Esta mejora salarial supone, según Interior, una subida media de 4.759 euros anuales respecto a 2017 (+14,23%) para agentes de la Policía Nacional y de 5.491 (+17,58%) para los de la Guardia Civil. "Es una subida porcentualmente mayor que la de cualquier empleado público (+4% en el mismo periodo), lo que supone el 9,6% del presupuesto del Ministerio del Interior, lo cual es un esfuerzo considerable", subrayan. "El nuevo equipo llevó a cabo en tiempo récord todos los trámites necesarios para hacer efectiva la mejora salarial prometida por el PP, que no había iniciado el proceso para su materialización", recuerdan desde el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, que relevó a Juan Ignacio Zoido (PP) en junio de 2018.

Por su parte, Espinosa ha dicho que se trata de la tercera vez que un Gobierno del PSOE incumple los acuerdos alcanzados para la equiparación salarial. En concreto, un primer acuerdo en 1992 y un segundo en 2005, en los que ambos gobiernos socialistas no habrían cumplido sus promesas con la policía. En esta última ocasión, Jusapol critica que el Gobierno haya consultado al Consejo de Estado sobre si se puede tramitar la ley acordada el pasado año. "Es muy fuerte que le pregunte cuando se trata de una ley impulsada con 550.000 firmas", ha declarado Espinosa. En este sentido, el presidente de la asociación se ha preguntado "qué más hace falta" para que les den la igualdad. "Si quieren tener a dos comunidades, la vasca y la catalana, por encima del resto de los españoles, que lo digan", ha añadido.

Las tres derechas, en la manifestación

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido con la Guardia Civil y la Policía Nacional a equiparar el sueldo de estos dos cuerpos con el del resto de policías autonómicas en un plazo de dos años si llega a ser presidente del Gobierno. En declaraciones a los medios durante su participación en la manifestación convocada por la plataforma Jusapol para reivindicar la equiparación salarial, Rivera ha echado en cara a Sánchez que "no haya cumplido" con el compromiso al que llegaron ambas formaciones políticas para que la Guardia Civil y Policía Nacional cobrasen "al menos" lo mismo que los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha apoyado a la Policía Nacional y Guardia Civil en su reivindicación por la equiparación salarial con las policías autonómicas, en la madrileña plaza de la Puerta del Sol, diciendo que le gusta más así que "llena de perroflautas". "Ni la lluvia, ni el frío, ni la nieve, ni los socialistas, ni los comunistas, ni todos estos fenómenos adversos van a impedir que el PP esté siempre con la Policía y la Guardia Civil, gente que se juega la vida para protegernos; me gusta ver la Puerta del Sol llena de ellos para reivindicar mejoras; me gusta más así que llena de perroflautas", ha dicho García Egea.

"Una vez más Vox está para apoyar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su justa reivindicación de una equiparación real. Pero el 28 de abril, Vox va a darles la razón, ya que promoveremos una ley de retribución justa y que se disuelvan las policías autonómicas e integrarlas en la Policía Nacional y Guardia Civil", ha dicho el número dos de la formación de extrema derecha, Ortega Smith.

El grupo parlamentario de EH Bildu y varias organizaciones de policías nacionales y guardias civiles han protagonizado este jueves un cruce de reproches y gestos despectivos en la Cámara vasca, después de que el representante de la coalición soberanista Julen Arzuaga haya comparado el comportamiento de estos colectivos con el de los "nazis", mientras que éstos han denunciado que, "aunque mude de piel, la serpiente sigue siéndolo".

Este enfrentamiento, que ha acabado con la expulsión de un parlamentario de EH Bildu del pleno, se ha producido en el transcurso del debate sobre el proyecto de ley para el reconocimiento de las víctimas de abusos cometidos por las fuerzas policiales. A raíz de lo ocurrido, se han suscitado numerosas protestas y reproches entre los distintos grupos parlamentarios, de forma que el representante de EH Bildu Josu Estarrona ha acabado siendo expulsado del pleno por la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria (PNV), que también ha ordenado que se retiren del acta los "insultos" proferidos por el representante de la formación soberanista.

Además, el grupo del PP ha abandonado momentáneamente el hemiciclo en protesta por la actitud de EH Bildu, aunque minutos después ha regresado al salón de plenos.

La polémica se ha iniciado al comienzo de la intervención del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga en el debate sobre la ley de abusos policiales, que ha sido seguido desde la tribuna de invitados por diversos colectivos, entre ellos, asociaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como organismos que representan a víctimas de la violencia policial.

Aunque no ha quedado claro si el desencadenante de la trifulca han sido las propias palabras de Arzuaga o si éstas han supuesto una reacción a los supuestos gestos despectivos que le dirigían algunos representantes de las asociaciones policiales, lo cierto es que el parlamentario de EH Bildu ha expresado su "desprecio absoluto" a "las organizaciones corporativas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que están haciendo un 'lobby' infecto para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado".

Arzuaga ha denunciado que estas organizaciones "están buscando la total impunidad y encubrimiento para el terrorismo y para las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpretrado". "Para mí, ustedes son nazis que protestaban porque hubo un juicio en Núremberg. Para mí, ustedes son los franquistas que luchan para que no haya reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Es indignante, inaceptable y asqueroso", ha manifestado.

Ante estas afirmaciones, los miembros de los colectivos de las FSE que asistían al debate se han levantado y han dado la espalda al hemiciclo en señal de protesta, aunque poco después han vuelto a sentarse.

Parlamentarios de EH Bildu han explicado posteriormente que los representantes de estos colectivos de las FSE, entre los que se encontraba Jusapol, les han dirigido palabras y gestos ofensivos. En concreto, han asegurado que les han mostrado "peinetas" y que les han llamado "miserables".

No obstante, el representante de Jusapol Chema Cid ha negado que él o el resto de representantes de las FSE que han asistido al pleno hayan realizado "gestos o comentarios" ofensivos contra EH Bildu, cuya actitud ha atribuido al "odio y el rencor" que les profesa la coalición. Respecto a la supuesta peineta, ha asegurado que lo que en realidad han hecho es un gesto que representa la 'J' de Jusapol, una señal que, según afirman, realizan en todos sus actos.

Carmen Sedano, de este mismo colectivo en Euskadi, ha mostrado su "indignación" por lo ocurrido, y ha denunciado que, "aunque la serpiente mude de piel, sigue siendo serpiente". Además, ha acusado a EH Bildu de recurrir a la "violencia verbal" para "señalar al que piensa diferente".

Al igual que los representantes de Jusapol, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, también ha comparecido ante los medios de comunicación para denunciar la actitud de EH Bildu en el debate. Alonso ha mostrado su "reprobación y repulsa" a la forma de actuar de la coalición soberanista, y ha asegurado que "en el Parlamento Vasco ha vuelto a resonar la voz de ETA". El dirigente del PP ha denunciado que ésta es "la misma voz que señalaba para la muerte a policías nacionales, guardias civiles, ertzainas y policías locales". El líder del Partido Popular de Euskadi ha asegurado que "no se puede llegar a acuerdos con quien no ha asumido el más mínimo requisito moral de condena del terrorismo".

"Nunca negociamos con Bildu"

En este punto, ha acusado al PSOE de "mendigar" el apoyo de EH Bildu para aprobar sus decretos ley en el Congreso de los Diputados, y ha reclamado a los partidos constitucionales que "asuman el compromiso de no pactar con EH Bildu en el futuro".

Ante estas afirmaciones, varios periodistas han recordado a Alonso que el PP vasco ha aprobado algunas iniciativas en el Parlamento autonómico con el apoyo de EH Bildu, y que en la actualidad está en fase una proposición no de ley sobre superficies comerciales firmada por el Partido Popular junto a la coalición soberanista y Elkarrekin Podemos. "Nosotros no negociamos con ellos nunca", se ha limitado a contestar.

Seis Oficiales de la Policía Judicial (OPJ), es decir, la totalidad del servicio de su comisaría parisina, interrumpieron, en febrero y durante más de un mes, su actividad para protestar contras las instrucciones "liberticidas" impuestas por su jerarquía, especialmente durante las manifestaciones de los chalecos amarillos. Alternándose, se han ido dando de baja laboral. Algunos continúan estándolo.

Hasta ahora, las instrucciones se dieron oralmente. Sin embargo, un correo electrónico con fecha del sábado 9 de marzo de 2019 del Estado Mayor del Distrito del Este de París, el más importante de la capital, estipula, siguiendo las indicaciones de la Prefectura de Policía de París, que tras "las eventuales detenciones de chalecos amarillos que [les] serán atribuidas por el Estado Mayor, [...] [las personas] deberán ser puestas sistemáticamente en custodia policial".

Sylvain (nombre ficticio), de 38 años, OPJ en el este de París, explica: "Durante los fines de semana, somos solicitados como comisaría de descongestión para ocuparnos de los arrestos de chalecos amarillos".

Su servicio, la Brigada de Tratamiento Judicial en Tiempo Real (BTJTR), está dedicado a casos de flagrante delito. "En la jerga, la recepción concierne a cualquier detenido", precisa. "Después, en función de los hechos, los despachamos si es necesario a los servicios especializados y conservamos los casos de flagrante delito. Cuando una persona es arrestada y llevada a nuestra comisaría, debemos decidir si la ponemos bajo custodia policial o no". 

En teoría, la custodia está prevista cuando hay razones para pensar que una persona "cometió o intentó cometer un crimen o un delito". Debe estar justificada por uno de los seis motivos previstos por la ley.

Sin embargo, desde el inicio de las manifestaciones de los chalecos amarillos, critica el oficial, "las consignas son las siguientes: poner sistemáticamente a los chalecos amarillos bajo custodia policial. Se trata, a menudo, de arrestos preventivos. Es decir, en términos de derecho no se respeta nada. En el email que recibimos, está escrito negro sobre blanco que el Estado Mayor ordena que la custodia policial sea sistemática. Es completamente ilegal".

Contactada por Mediapart, la Prefectura de París ha rechazado responder a nuestras preguntas sobre estas instrucciones.

Sylvain relata el caso de un manifestante venido de la provincia y detenido a la salida del tren, con una simple máscara en papel de color blanco, o de otro con una simple pancarta. "¡Fueron arrestados por llevar armas prohibidas! Se trataba de una máscara de bricolaje en papel o de una pancarta. Es muy inquietante para las libertades públicas. La otra razón de los arrestos generalizados es 'participar a sabiendas en un grupo, incluso si está formado de manera temporal, con el propósito de prepararse, caracterizado por uno o más hechos materiales, para una violencia voluntaria contra personas o para la destrucción o degradación de bienes".

Introducida en 2010 bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy para detener de manera preventiva a los "revienta-manifestaciones", esta infracción puede acarrear una pena de un año de prisión y 15.000 euros de multa. "Cuando detenemos a la persona no ha cometido ninguna infracción, todo es potencial, preventivo. Para mí, es abusivo", critica Sylvain. "Nos hemos convertido en una máquina de encerrar en una celda".

Informó a sus superiores de que no detendría sistemáticamente a las personas que no tenían que serlo. "La respuesta que me fue dada, oralmente, por supuesto fue: 'Os he dado las instrucciones. Incluso si no hay infracción, los ponen bajo custodia'. Estas instrucciones proceden de la Prefectura de París y de más arriba, del Ministerio del Interior".

La revelación de estos "abusos" se produce tras la difusión de la nota del 12 de enero de Remy Heitz, fiscal de la República de París. Bajo el título Guardia chalecos amarillos, directivas dirigidas a los fiscales apuntaban a reprimir el movimiento. Se solicitó mantener bajo custodia policial a las personas cuyos casos habían sido sobreseídos, y esto hasta el sábado por la noche, o incluso el domingo por la mañana, para impedir que los detenidos se manifestaran. "Un ataque muy serio a una libertad fundamental", comentó Laurence Roques, presidente del Sindicato des Abogados de Francia.

Las instrucciones de la Prefectura de Policía de París que solicitan la detención sistemática siguen la misma lógica y la complementan: detenemos, ponemos bajo custodia policial a todos los casos y mantenemos en detención provisional a las personas detenidas, incluso cuando definitivamente no tenemos nada que reprocharlas.

Al elegir convertirse en policía, Sylvain esperaba "hacer justicia, el sueño de un niño", ironiza, sin saber ahora si continuará en esta dirección. "No quiero ser utilizado como una herramienta por el gobierno para servir a una política que va en contra de las libertades fundamentales, especialmente la de manifestación".

No es el único que ha rechazado aplicar estas directivas. Al no ser escuchado por sus superiores, Thomas (nombre ficticio), de 34 años, se tuvo que dar de baja por agotamiento profesional, incapaz de seguir teniendo que "violar la ley, cuando está ahí para que se cumpla".

Según él, en "temas sensibles" como los chalecos amarillos, "el poder judicial se ha convertido en la caja de herramientas de la política. Si nos negamos a obedecer, como OPJ, somos el fusible que salta por negligencia grave. Como resultado, estamos obligados a aceptar instrucciones ilegales hasta el burn out o la depresión".

La mayor tensión

Thomas recuerda los primeros fines de semana protagonizados por las manifestaciones de los chalecos amarillos. "Fueron los más tensos. Las personas que nos traían a comisaría eran padres de familia que, como el 90% de los chalecos amarillos, vinieron a París simplemente para manifestarse. No conocían sus derechos y no podían ni darse cuenta de que su puesta bajo custodia policial era abusiva. Tras su detención, la mayoría no ha recibido ninguna sanción".

El 8 de diciembre, por ejemplo, más de la mitad de las 820 personas puestas bajo custodia policial ha sido objeto de un sobreseimiento. Y de las 264 presentadas ante un juez, 160 han recibido una simple amonestación de recordatorio de la ley, lo que no se inscribe en su historial de antecedentes. "Ese día —precisa Thomas—, tuvimos que amontonar a la gente. Si bien nuestra comisaría cuenta con 16 plazas en las celdas, metimos a más de 30 personas. Y de estas 30, 25 fueron objeto de un sobreseimiento".

« Este es un obstáculo para los derechos fundamentales: los arrestos preventivos van acompañados de custodias policiales abusivas. Podríamos decir que los chalecos amarillos son la gota de agua que hace desbordar el vaso… », continúa Thomas*. Desde hace un año y medio, los efectivos se han ido reduciendo. De los 17 OPJ iniciales del servicio, solo quedan seis.

"Hay una desafección por lo que hacemos. Debemos responder constantemente a una política de cifras, de exhibición, que sirva a los intereses de los comisarios. Eventualmente pueden terminar en el cuerpo prefectoral. Tienen primas que pueden aumentar al final del mes en función de los resultados".

Todos los policías tienen una parte de indemnización en su salario. Para los comisarios, se trata del IRP, la indemnización de responsabilidad y rendimiento, que tiene una parte variable, que puede incrementarse entre un 20% y un 40%, dependiendo en particular de la carga de trabajo, de la puesta en marcha de proyectos o de los objetivos anuales a alcanzar.

La política de las cifras no tiene nada de novedoso. Sólo sus objetivos varían. "Por ejemplo, tenemos 'operaciones de cigarrillos', en ciertos barrios de París, para detener a los vendedores ambulantes. ¿Con qué interés? No nos ocupamos de los organizadores del tráfico. Basta con decir que no sirve para nada, solamente para inflar las estadísticas. El comisario puede estar orgulloso de haber registrado 1.000 puestas bajo custodia policial en el mes".

Para Thomas estas operaciones no contribuyen a reforzar el mantenimiento del orden público, sino a debilitarlo. Describe el día en que "un loco, armado con un cuchillo, hirió a un transeúnte. Necesitábamos enviar refuerzos al instante para controlarlo. Sin embargo, el personal estaba movilizado para detener a vendedores ambulantes. El Estado Mayor del distrito nos dijo que no se moverían, ya que se trataba de una prioridad".

Este uso de las fuerzas del orden plantea no solo la cuestión de la seguridad pública, sino también la de la legalidad de los procedimientos. Como no hay suficientes OPJ, "hoy en día, se ha convertido en algo habitual que los asistentes de la policía judicial [APJ] escriban las actas por nosotros, aunque no tengan el derecho de hacerlo, especialmente cuando se trata de puestas bajo custodia. Solo tengo que firmar el procedimiento pero, por falta de tiempo, solo verifico el formulario y no el fondo del documento. Me convierto en un testaferro, con los riesgos que esto representa. Es como si se tratara de una falsificación".

Thomas especifica que, en caso de extensión de la custodia policial, si el APJ "discutió con la persona arrestada, y si [él] fue malintencionado, puede prolongar bajo un falso pretexto la custodia. Por mi parte, firmaré, en este caso, un procedimiento abusivo".

"Lo más duro —relata el policía— es la pérdida de sentido de nuestro trabajo. Somos capitaneados por incompetentes que no conocen el oficio y gestionan a la personas como si se tratasen de palomas. En nuestro servicio, un compañero está de baja por depresión, no se encontraba a sí mismo en las órdenes que recibía, otros se deshacen en lágrimas, cada mañana, al venir al trabajo".

El médico laboral de la Prefectura de Policía de París se ha opuesto a que dos oficiales de este servicio (de un total de seis) retomen su actividad, juzgando que su estado es demasiado frágil.

Los sindicatos Alliance y Unité-SGP-FO han reaccionado en denunciando el burn out de los OPJ. Exigen el reclutamiento de oficiales adicionales y la disminución de la capacidad de la custodia policial. "Folletos, es todo lo que saben hacer —estima Thomas—. No entienden que son las órdenes, la política en materia de mantenimiento del orden, lo que debe cambiar para que los OPJ puedan recuperar su misión original. Pero el sindicalismo policial es un sindicalismo de esquiroles. Mantienen un consenso perpetuo con la jerarquía, a cambio del avance de sus carreras. En mi opinión, se trata de corrupción".

Sylvain y Thomas, que han preferido hablar guardando el anonimato, saben que sus testimonios se traducirán en una investigación interna para encontrar a aquellos que han "osado desafiar a la jerarquía!. Recuerdan el destino de Alexandre Langlois, secretario general de Vigi, sindicato de policía minoritario, llevado ante el Consejo Disciplinario el 20 de febrero, por denunciar la "deriva autoritaria" del Gobierno durante las manifestaciones de los chalecos amarillos.

"Pero después de hablar con todos nuestros colegas —explica Sylvain—, decidimos hacerlo para que la verdad sea escuchada. El deber de reserva permite cubrir órdenes y actos ilegales de la policía". Ha habido precedentes. Para protestar contra el exceso de la carga laboral, fruto en particular de la política de las cifras, los servicios de los oficiales de la policía judicial han cesado, hace un año, su actividad en otras dos comisarías parisinas. "Pero esto no ha cambiado nada", lamenta Sylvain. ___________Traducción de Irene Casado

Puedes leer el artículo completo en francés aquí:

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Los sindicatos representativos de la Policía Nacional SUP, CEP, UFP y SPP han llevado este miércoles a la Comisión de Interior del Congreso su rechazo frontal a la "surrealista" instrucción 13/2018 de 17 de octubre de la Secretaría de Estado de Seguridad que modifica la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como ley mordaza. Además, critican las propuestas en este sentido promovidas por PNV, Podemos, ERC y Bildu, así como la 'ley de abusos policiales' del Gobierno vasco que "blanquea" a ETA.

Las organizaciones sindicales, en nombre de los 50.000 policías que representan, fijan su oposición frontal a la propuesta de reforma de la ley mordaza por medio de unas enmiendas que consideran que "dificulta gravemente la eficacia y la labor de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como garantizar esa seguridad ciudadana objeto de protección". Son especialmente críticos con la instrucción dictada el 17 de octubre por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, lo que llevó a Interior a explicar que estaban dispuestos a matizar esta orden, debido al malestar generado.

"Los matices introducidos suponen un subterfugio", ha defendido en el Congreso Ramón Cosío, representante del SUP y portavoz de la unidad de acción, en referencia a la modificación de la sanción prevista para las tomas de fotografías y vídeos de agentes que participan en la calle en un dispositivo policial.

Alegan perjuicio en las investigaciones o las vidas personales de los agentes

La instrucción dictada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska pasaba a exigir que se acreditara el peligro explícito que suponía para un policía ser fotografiado mientras prestaba un servicio en la calle. Según los sindicatos, esto requiere de una "labor de prospectiva casi adivinatoria en plena calle", en una intervención en la que normalmente hay "tensión y riesgos inherentes". "Se nos antoja cuando menos surrealista", defienden. Según estas organizaciones, lo anterior "podría interferir negativamente en el desarrollo de futuras investigaciones" y es en la práctica la "abolición por la vía de los hechos" de una ley como la de Seguridad Ciudadana que aprobó el PP en 2015 con su mayoría absoluta, contando con el rechazo del PSOE y de otros partidos de izquierda y nacionalistas. Los sindicatos dicen actuar "alejados de cualquier ideología o partidismo".

En un contexto de Nivel 4 (Alto) de alerta antiterrorista, los policías señalan que su "sentimiento de malestar y desamparo" aumenta cuando a la instrucción del Ministerio del Interior se añade la enmienda del PNV que propone suprimir el apartado 23 del artículo 36 de la ley, lo que "dejaría completamente abandonados a los policías frente al mal uso de sus imágenes y datos personales o profesionales por parte de terceras personas". Recuerdan que en Europa los policías han sido objeto de ataques terroristas como el ocurrido en París en junio de 2016, en el que un actor solitario acabó con la vida de un policía y de su mujer en el domicilio de la pareja, así como el ataque que sufrieron dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas en Alsasua (Navarra).

Se oponen a las propuestas del PNV, Unidos Podemos, ERC y Bildu 

Del PNV critican su propuesta de modificación del apartado que regula el derecho de reunión, ya que entienden los sindicatos que "entorpece los dispositivos policiales" en casos en los que pueden confluir en un mismo lugar manifestaciones de extrema derecha y de antisistemas. Unidos Podemos, ERC y Bildu son igualmente censurados por su propuesta para modificar lo referente a resistencia y desobediencia a un agente de la autoridad. "Una masa o turba de manifestantes podría impedir el ejercicio de una resolución judicial", alegan.

Tampoco comparten la propuesta del partido liderado por Pablo Iglesias para que los menores de 18 años no puedan ser sancionados al "no ser congruente con la ley de responsabilidad penal del menor" e impedir la posible "corrección de las autoridades con la supervisión de la Fiscalía Especial de Menores".

Algo similar ocurre con la intención de Podemos de revisar las devoluciones en caliente en Ceuta o Melilla. SUP, CEP, UFP y SPP están de acuerdo en que "se formalice un expediente de devolución con todas las garantías", pero con más medios y recursos para los policías, de modo que puedan "repeler ataques violentos y organizados que se producen en un gran número de casos".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado este lunes que existe una "arbitrariedad"arbitrariedad en la concesión de las condecoraciones por mérito policial, porque, a su juicio, no se cumplen "las condiciones necesarias" para su entrega, según ha explicado el colectivo en un comunicado.

Con este escrito, el SUP reitera, "un año más", esta demanda. En concreto, porque considera que se está infringiendo la ley que regula la entrega de estas condecoraciones. "La arbitrariedad ha sido de nuevo la tónica dominante", junto con "la falta de transparencia y de objetividad", ha señalado el sindicato.

En su opinión, durante los últimos años, ha existido una "utilización torticera" que ha premiado "en demasiadas ocasiones" a mandos policiales y a asesores, "en detrimento del personal operativo" que "sí cumple con los requisitos exigidos para su concesión", ha explicado.

Por este motivo, el SUP ha informado de que, como "señal de protesta", no asistirá a los actos centrales previstos con motivo del día del patrón de la Policía Nacional, que tendrán lugar en Almería el 27 de septiembre.

Los sindicatos policiales representativos han apremiado al Ministerio del Interior para que desarrollen el marco normativo que permita la dotación de defensas extensibles y de pistolas eléctricas. Esta misma semana los Mossos d'Esquadra han anunciado que habían comenzado a usar este tipo de armas siguiendo lo que es ya "una práctica policial ordinaria", informa Europa Press.

Los sindicatos SUP, CEP, UFP y SPP han remitido un escrito con fecha de 19 de junio a la nueva secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, en el que recuerdan diferentes reuniones técnicas en las que se abordó esta cuestión.

Citan una reunión de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del pasado 5 de junio en el que reclamaron que se diera a conocer las gestiones para implementar este tipo de armas y también que la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil había licitado a finales de 2017 la adquisición de defensas extensibles con funda, anunciando la formalización del contrato en el BOE del 12 de abril de 2018.

Los policías aluden en su escrito el uso extendido de este tipo de armas recordando las recientes adquisiciones de ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife de pistolas eléctricas para sus agentes locales. El director general de los Mossos, Andreu Martínez, destacó el lunes que la policía catalana es pionera en España y que la implantación de la pistola eléctrica tipo Taser permite equipararles con otras policías europeas: "Nos estamos situando en lo que es una práctica policial ordinaria, de países democráticos y avanzados".

Las asociaciones de la Guardia Civil llevaron al Consejo del Instituto Armado en marzo de 2017 una petición para la dotación de la pistola eléctrica al entender que ayudaría a "reducir el riesgo de sufrir lesiones u ocasionarlas" frente a la tradicional arma de fuego.

La Dirección General de la Guardia Civil aseguró entonces que estaba realizando un estudio de mercado para valorar la conveniencia o no de adquirir estas armas eléctricas. El pasado 21 de noviembre, ante el anuncio de que los Mossos se sumarían a la Ertzaintza en el uso de la Taser, fuentes de Interior consultadas por Europa Press explicaron que el Ministerio dirigido por entonces por Juan Ignacio Zoido mantenía en estudio su uso, aunque sus técnicos y expertos en seguridad se decantaban mayoritariamente por no hacer extensivo este elemento de defensa entre los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Dudas de los técnicos sobre su peligro

Los sindicatos policiales son partidarios del uso de la pistola eléctrica para los agentes más expuestos a peligro. Así lo reclamaron ya el pasado 25 de julio, cuando miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en la frontera de Melilla redujeron a un individuo que les amenazaba con un cuchillo. Con tal fin, le arrojaron a la cabeza una barrera de plástico para señalizar el tráfico.

La imagen se hizo viral después de que la publicara en redes sociales el Ministerio del Interior. El extitular de la cartera Juan Ignacio Zoido se comprometió a estudiar cualquier mejora en la dotación de medios, y máxime cuando se mantiene el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista ante la amenaza yihadista.

Los técnicos de Interior son reacios a usar el dispositivo eléctrico por su peligrosidad, ante el temor, como dicen sus detractores, de que un mal empleo pueda conllevar graves daños físicos e incluso la muerte de la persona reducida por una descarga. Sus partidarios aseguran que la Taser no es letal, su uso es cada vez más extendido y que, además, constituye una alternativa al empleo del arma de fuego reglamentaria.

Los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil lanzaron este viernes un ultimátum al Ministerio de Interior para que cumpla su promesa de equiparación salarial y le advierten de que si en el plazo de una semana no hay avances sobre este tema romperán con las negociaciones, informa Europa Press.

Doce organizaciones representativas de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP y SPP) y de la Guardia Civil (AUGC, UO, AEGC, SES, APROGC, UniónGC, APC-GC e IGC) censuraron así la falta de cumplimiento del Ministerio del Interior en relación a la partida comprometida de hasta 1.500 millones de euros repartida durante los próximos tres años anunciada el pasado día 16 de enero.

"Una mentira" con la que el departamento de Juan Ignacio Zoido maniobra para "ganar tiempo", en opinión de los sindicatos de ambos cuerpos, que acusan al Ministerio de seguir "escurriendo el bulto". "Habrá que pensar que, en realidad, jamás ha tenido idea de cómo abordar la equiparación y que, a día de hoy, sigue dándole vueltas a cómo hacerlo", subrayan.

Este viernes tuvo lugar la segunda reunión de la Mesa Técnica de equiparación salarial, presidida por los mandos de ambos cuerpos y en ausencia, según los sindicatos, "de cualquier responsable de Interior".

En este sentido, exigieron que este tipo de reuniones cuenten con presencia de personas "con capacidad de decisión" en la Secretaría de Estado de Seguridad y que Interior cumpla con los compromisos adquiridos. "Todo lo que no sean 1.5000 millones de euros en tres años, empezando en 2018, para la equiparación salarial, incluyendo a todas las situaciones administrativas, no va a contar con nuestra firma", subrayan.

Ante esta situación, reclamaron a Interior que aclare si mantiene su compromiso con la equiparación salarial e hicieron un llamamiento al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al PP a dejar de "engañarles" y apoyarles "realmente" presionando para que esta cantidad sea una realidad.

"El plazo es tajante: o la semana que viene hay cambios o se han roto todas las negociaciones, nos levantamos de las Mesas Técnicas y seguiremos respaldando las movilizaciones previas", amenazan los sindicatos, que advierten de que si no se resuelve el problema en el margen de tiempo establecido "será, sin duda, un golpe definitivo en la línea de flotación política" del presidente Rajoy.

Según las centrales sindicales, la intención del Ministerio es actuar sobre los complementos específicos singulares de Policía y Guardia Civil y productividades y dejar fuera de la mejora salarial a los efectivos de segunda actividad y reserva.

"No vamos a tragar con eso", alertan, ya que esta mejora supondría "unas cuantías ridículas que jamás llegarían a eliminar la desigualdad de salarios existente" y se incumpliría la promesa de la equiparación.

El detenido por los Mossos d'Esquadra por presuntamente estar implicado en los pinchazos a una cincuentena de camiones en la autopista AP-7 el 1 y 5 de diciembre es agente de este cuerpo, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El mosso llevaba desde septiembre sin estar de servicio y pasará este miércoles a disposición judicial, según la edición digital de La Vanguardia.

La División de Asuntos Internos (DAI) de la policía catalana ha abierto un expediente a este mosso, de 51 años y vecino de Montmeló (Barcelona), y ha adoptado como medida cautelar la suspensión de funciones.

Según informó este martes la policía catalana en un comunicado, los investigadores de la Unidad Operativa de Movilidad determinaron que este hombre es el presunto autor de los sabotajes en esta autopista y le atribuyen delitos contra la seguridad del tráfico y daños.

Los investigadores concluyen que el detenido, que actuó solo, cometió los hechos de manera intencionada y premeditada, causando daños a unos cincuenta camiones, principalmente pinchazos en las ruedas.

La investigación continúa abierta para aclarar los motivos por los que actuó este individuo.

El primer caso ocurrió el pasado 1 de diciembre cuando varios objetos metálicos que aparecieron en la calzada pincharon las ruedas a 13 camiones, lo que causó complicaciones en esta arteria viaria.

Esta acción fue sobre las cuatro de la madrugada de ese día y afectó entre el kilómetro 136 y 149 en sentido sur.

El segundo, con 30 camiones afectados, ocurrió el día 5 y ya se abrió una investigación al sospechar de que podía tratarse un sabotaje.

Recibieron un aviso sobre las 1.00 horas por que una treintena de camiones habían sufrido pinchazos en las ruedas en dicha autopista a su paso por la provincia de Barcelona, en las comarcas del Vallès Oriental y el Vallès Occidental.

La presencia de los camiones en el arcén, todos en sentido sur, generó complicaciones viarias a lo largo de la madrugada y la mañana en municipios como Montmeló, Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat del Vallès, llegando a acumulares seis kilómetros de retenciones.

La concejala de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de València, Anaïs Menguzzato, ha pedido este jueves que se retiren los carteles con imágenes "muy desafortunadas y machistas" que el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha publicado para anunciar una cena este viernes, ha informado Europa Press.

Menguzzato ha destacado que "en la Policía Local de València no cabe este tipo de manifestaciones" y ha considerado que estos agentes "deben dar ejemplo en su lucha por la igualdad". En este sentido, ha dicho que "afortunadamente" esto es "lo que hace la mayoría" pero ha lamentado que "uno de los sindicatos haya mostrado en sus carteles imágenes que son muy desafortunadas y machistas".

En los carteles se puede observar a profesionales del mundo del espectáculo en actitud sensual simulando un bombero rodeado de dos mujeres y un halo de fuego, y otro de una actriz simulando una policía con actitud provocativa y frases como "Intenta apagar este fuego" o "Esta vez te cachearán a ti".

La responsable municipal ha solicitado la "retirada" de los carteles y ha instado al SPPLB a "disculparse, en general, con las mujeres" y, "especialmente, con las mujeres policía, que son profesionales y no el entretenimiento de nadie como se las representa en esas imágenes".

Anaïs Menguzzato ha subrayado el "compromiso" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, conformado por Compromís, PSPV y València en Comú, y el suyo "en la lucha contra el machismo y la violencia de género".

La edil ha agregado que la Comisión de Igualdad de la ciudad será también la que "estudie las medidas oportunas que considere" adoptar frente a los carteles emitidos por el citado sindicato.

El sindicato se disculpa

El Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha considerado este jueves "desafortunados" los carteles que anuncian una cena para este viernes a la que se apuntaron "algunos miembros" de su organización y ha pedido "perdón" a las mujeres aunque también se considera "víctima" de la situación porque la publicidad provenía del propio local.

"Nuestras más sinceras disculpas", han trasladado, según han señalado en declaraciones a Europa Press, y después de que la concejala de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de València, Anaïs Menguzzato, haya pedido su retirada por considerar que son "machistas".

Ante esta polémica, el secretario del sindicato, Jesús Santos, ha manifestado que estos carteles "se han sacado de contexto" aunque los ha calificado de "desafortunados" y ha asegurado que muestran una imagen "degradante" de la Policía.

Respecto a que están sacados de contexto, Santos ha explicado en primer lugar que se trata de una cena que organiza un establecimiento con un espectáculo abierto a todo el mundo y que se ofrece también a miembros del sindicato con descuentos tras un acuerdo mutuo con el local para su programación comercial y de ocio. "No la organiza el sindicato ni es exclusiva para el sindicato. Es una actividad lúdica con carácter general donde se apunta el que quiere", ha insistido.

La empresa, ha agregado, cogió las siglas del sindicato y las puso junto a las imágenes del cartel. "Aquí somos víctimas también de la situación", ha manifestado. De hecho, ha aseverado que el cartel que ellos colgaron en la página web del sindicato no tiene nada que ver con el que se ha publicitado —es un cartel en el que se observa, junto al logo del SPPLB, a una cantante del espectáculo junto un micrófono de época al lado de una presentación de un plato gastronómico—.

Sin embargo, la entidad cometió un "fallo", ha reconocido Santos, y es que cuando la empresa les remitió el cartel con estas mujeres, desde el sindicato se metió en una lista de correos electrónicos personales y privados y "a partir de ahí se lió", porque no se filtró por quien normalmente lo hace. Santos ha explicado que a la mercantil no le dieron el consentimiento "expreso" de que utilizaran sus siglas para promocionar el espectáculo, pero "se comete el error de mandarlo a la relación de correos", ha lamentado.

Así, respecto a la petición de la edil de que retiren los carteles, ha manifestado que ellos no pueden hacerlo porque no los han puesto y, además, porque ya no están. "No están colgados en la web ni nada de eso", ha insistido.

También ha puntualizado que este cartel, con las mismas imágenes pero sin las siglas del sindicato, ya se estaba difundiendo desde hace más de un mes en marquesinas de la EMT y en anuncios de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y "nadie dijo nada". "Ya era una imagen degradante de la Policía hace meses, es la misma fotografía", ha advertido.

El sindicato también ha remitido un comunicado interno entre sus afiliados en el que explica los hechos. En él, ha afirmado que cuando tuvo conocimiento de la difusión de estos carteles, ordenó la paralización por considerarlos "inapropiados" a la imagen del sindicato como organización y del colectivo al que de forma mayoritaria representa y con especial énfasis hacia sus compañeras.

"Inaceptable" y "tufo asqueroso"

Los sindicatos CCOO, UGT, STAS-IV y CSIF ha lamentado en un comunicado conjunto recogido por Europa Press que la "cosificación" de la mujer como "reclamo" de una cena sindical de policías locales y bomberos es "inaceptable" y destila un "tufo asqueroso".

Han indicado que dada la "indignación" por parte de todo aquél que ha visto los carteles y ante la reclamación de Menguzzato, SPPLB "se ha asustado y reculado". "Ahora —han agregado— todo son explicaciones y justificar lo que no tiene justificación. Además, intentan de forma torpe darle la vuelta a esta actitud machista, acusándonos a los que hemos denunciado estos carteles de hipócritas".

"No son nuestros sindicatos los que las hemos humillado, ni vejado, ni cosificado. Está clara la concepción que tienen de la mujer aquéllos que manejan los hilos de esta organización", han subrayado.

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han anunciado este miércoles que presentan un conflicto colectivo, con apoyo por primera vez de las asociaciones de la Guardia Civil, para forzar al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a concretar sus planes para conseguir la equiparación salarial con policías autonómicos.

En una rueda de prensa conjunta en Madrid, todas las organizaciones representativas han amenazado a Interior con lo que se conoce como trabajo a reglamento, es decir, una huelga de celo con la que podrían llevar a colapsar la Administración y las dependencias policiales al hacer cumplir escrupulosamente con sus protocolos de actuación.

Si Zoido no concreta antes de mediados del próximo mes de enero la propuesta, previa convocatoria de sendos plenos del Consejo de la Policía y la Guardia Civil, los sindicatos y asociaciones estudiarán "medidas de presión" entre las que figuran manifestaciones y concentraciones.

En su hoja de ruta barajan trabajar a reglamento, con lo que se exigiría la documentación a cada ciudadano en todos los controles de aeropuertos y pasos fronterizos, lo que provocaría inevitables colas. Esta situación se replicaría en las oficinas de expedición del DNI o por parte de los agentes encargados de las sanciones y multas de Tráfico.

Las organizaciones sindicales han criticado el "silencio" de Zoido después de remitirle el 19 de septiembre una propuesta de equiparación salarial que han cuantificado en un total de 3.000 millones de euros en el plazo de tres años: 500 millones en 2018, 1.000 millones en 2019 y 1.500 millones en 2020. Por este motivo, le piden volver a reunirse con él de forma urgente.

"Todo lo que no sea esto es retórica política y poner en riesgo la seguridad pública de todos los españoles", han avisado los portavoces José Antonio Calleja y Alberto Moya, en representación de los cinco sindicatos policiales y ocho asociaciones de guardias civiles, además de la plataforma Jusapol.

No hacen falta presupuestos

Las organizaciones consideran que ha llegado el momento de concretar cifras y plazos, y han contradicho al ministro Zoido con que sea obligatorio para la equiparación salarial que primero haya presupuestos generales del Estado ya que, según ellos, se puede acometer vía real decreto.

Entre otras cuestiones, han criticado al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por compararles en el Senado "de manera equivocada y frívola" con otros colectivos como los médicos, a pesar de que "nada tienen que ver" con ellos teniendo en cuenta la peligrosidad o disponibilidad con la que desempeñan sus trabajos los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Alberto Moya ha recordado que la Policía y, sobre todo, la Guardia Civil tienen "restringidos o prohibidos" sus derechos sindicales y que, por ejemplo, no pueden convocar huelgas como otros funcionarios. "Hemos sido los grandes olvidados de la democracia, por eso nuestros gobernantes tienen que ser especialmente garantes", ha reclamado.

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han criticado, al igual que las asociaciones de la Guardia Civil, las palabras en el Senado del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en las que aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado cobran de media más que otras policías europeas y que otros funcionarios en España.

"Es intolerable la falta de rigor, de seriedad y de respeto", sostienen los sindicatos SUP, CEP, UFP, SPP y ASP, que piden a Nieto una "rectificación inmediata". Según ellos, sus palabras del jueves en la Comisión de Interior en el Senado demuestran que "aún no conoce la esencia de la labor policial".

Los cinco sindicatos policiales se suman a la petición en el mismo sentido de las ocho asociaciones de la Guardia Civil que, el pasado viernes, reclamaron directamente la dimisión de Nieto por "el desprecio manifiesto hacia el colectivo".

Los sindicatos consideran que Nieto recurrió a "falsedades" ante el "clamor popular" que pide poner fin a la brecha salarial con los Mossos d'Esquadra y otras policías autonómicas. Según ellos, el secretario de Estado ha recurrido a una "campaña de desprestigio" que busca el enfrentamiento con otros sectores de la Administración.

"Comparar el sueldo de los policías con el de los médicos", como hizo Nieto en el Senado, es para los sindicatos "un acto inadmisible de simplismo, impropio de un responsable político serio". "Más le valdría darse una vuelta por muchas de nuestras dependencias, probablemente no quiera volver", señalan.

Las organizaciones representativas en el Consejo de la Policía Nacional advierten de que, si no hay una rectificación del número dos de Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior, "quedaría inhabilitado como interlocutor válido para el necesario diálogo" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Que tomen nota de ello el Ministerio del Interior y el presidente del Gobierno", señalan los sindicatos, molestos después de que el secretario de Estado dijera en el Senado que, aunque no es partidario de la brecha salarial, en la actualidad los sueldos de policías y guardias civiles están por encima de la media de otros trabajadores públicos en España y también de la media de policías europeas.

El Colectivo Profesional de la Policía Municipal de Madrid (CPPM) ha acusado este jueves al Área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, que dirige Javier Barbero, de "afán justiciero" y de hacer "rehenes" a los tres agentes expedientados por sus insultos y difamaciones a la alcaldesa, Manuela Carmena, y a otras personas y colectivos vertidos en un chat policial, ha informado Europa Press.

"Algunos medios de comunicación, organizaciones, redes sociales y políticos han conseguido quitar el uniforme a tres personas que escribieron comentarios que nadie puede apoyar en un chat donde se producían conversaciones privadas, sin tener constancia de que en algún momento estos comentarios iban a ser de dominio público", señalan.

El sindicato ha sostenido que de esta forma "ha sido vulnerado el derecho a la privacidad" de todos los componentes de ese chat. "Desde que escribieron en ese chat hace ya meses y hasta ahora, los afectados han seguido trabajando en la calle y no ha habido queja alguna ni nada que se le parezca, y mucho menos delitos imputables", ha indicado.

El Colectivo ha asegurado que el Área de Salud, Seguridad y Emergencias "parece que siempre quiere tener rehenes en forma de suspendidos o expedientados como anteriormente fueron los compañeros que participaron en una legitima protesta contra una decisión que les perjudicaba en sus condiciones laborales".

"En este afán justiciero y con la inestimable colaboración de los medios y su sindicato afín, han sido capaces en tiempo récord de juzgar y condenar cautelarmente a tres funcionarios que hicieron comentarios que no son aceptables, pero debemos preguntarnos si la presunción de inocencia y la condena exprés con perdida inmediata de funciones es una pena proporcional y ajustada a derecho", se preguntan.

"Por el camino, para intentar obtener réditos a costa de lo que sea, a muchos no les ha importado manchar la imagen de un cuerpo que está a años luz en dignidad y altura moral de todos los que han insultado y difamado a los policías municipales de Madrid. Esto ha ocurrido desde la ignorancia más absoluta en unos casos y desde el odio a lo que representamos en otros", ha añadido el sindicato.

CPPM espera que "los que han dictado sentencia se apliquen la misma medicina y cesen de sus responsabilidades por las barbaridades que expresan a diario en sus tuits públicos, sin imaginarnos lo que puedan llegar a escribir en sus grupos y chat privados".

El secretario general de la Unión Federal de la Policía (UFP), Víctor Duque, fue detenido y puesto a disposición judicial en el marco de una investigación por una denuncia por acoso de su expareja sentimental, que le culpa de incluir su teléfono móvil en una web de prostitución, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El abogado de Víctor Duque ha explicado que su cliente ha quedado en libertad sin cargos tras recibir hace una semana una citación en calidad de investigado para comparecer, el pasado viernes, en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en la calle Manuel Tovar, en Madrid.

La denuncia, según el letrado, se basó en un informe pericial de un ordenador que usaron el secretario general de UFP, tercer sindicato con mayor representación en el Consejo de la Policía Nacional, y su expareja, que también es policía nacional.

La mujer acusa a Víctor Duque de haber incluido, sin su consentimiento, su teléfono móvil en una web de prostitución utilizando este ordenador. "En el informe pericial no se aclaraba nada y dejaba en condicional la responsabilidad en este presunto caso de acoso por la incursión del teléfono en una página web utilizando un ordenador que usaban los dos", ha asegurado la defensa.

El abogado de Víctor Duque subraya que no hay ninguna denuncia por agresión y sostiene que el asunto ha quedado "absolutamente zanjado" tras la comparecencia del viernes, en la que el juez desatendió la petición de la denunciante de dictar una orden de alejamiento.