Al día siguiente de la muerte en directo del streamer conocido como Jean Pormanove, el caso ya ha adquirido un cariz político en Francia. La ministra de Transformación Digital, Clara Chappaz, ha denunciado en X un “horror absoluto” y la fiscalía de Niza ha anunciado la apertura de una investigación y solicitado la autopsia del cadáver de Raphaël Graven, su verdadero nombre. La ministra también precisó que ha presentado una denuncia del portal Pharos, dedicado a contenidos ilícitos, y que ha remitido el caso a la autoridad de comunicación audiovisual y digital (Arcom).

Esta diligencia podría haber llegado antes.

A finales de 2024, cuando Mediapart reveló un auténtico negocio de maltrato en la plataforma Kick France, la ministra no reaccionó a nuestra solicitud. El miércoles 20 de agosto, tras la publicación de este artículo, la ministra respondió por escrito a nuestras nuevas solicitudes (ver el despiece al final del texto) .

Raphaël Graven, a lo largo de sus livestreams, llevaba meses sufriendo acoso, violencia y humillaciones por parte de otros dos hombres, conocidos con los apodos de Safine y Naruto. Al igual que Coudoux, un hombre discapacitado bajo tutela, que era golpeado regularmente o golpeaba a su vez a Pormanove (JP). Detrás de sus pantallas, los espectadores (viewers) pedían más, regocijándose o compadeciéndose de la suerte de los dos hombres mientras financiaban este espectáculo con donaciones.

Independientemente de las conclusiones de la justicia sobre las causas de la muerte de Raphaël Graven, ya se plantea una pregunta a las autoridades públicas: ¿cómo es posible que, tras nuestras revelaciones, la apertura de una investigación judicial y la reanudación de las retransmisiones en directo del canal, no se haya hecho nada?

“¡Ya es demasiado tarde!”, reacciona la Liga de Derechos Humanos (LDH), que había denunciado ante la Arcom en febrero “la moderación permisiva de Kick” y “actos de violencia que podrían constituir delitos penales”.

Una denuncia que ha quedado “sin respuesta”, lamenta Nathalie Tehio, presidenta de la LDH, contactada por Mediapart. “Era preocupante porque nos parecía un asunto extremadamente grave”, añade, estimando que sólo la Arcom tenía los medios para actuar. “Podrían haber intervenido sobre el hecho mismo de la difusión. Pero, evidentemente, no han hecho nada”, lamenta.

Contactada la Arcom, no nos precisó qué medidas se habían tomado tras la denuncia de la LDH. Solo indicó que había “tomado conocimiento del fallecimiento de Raphaël Graven” y afirmó que en el pasado “se había puesto en contacto con la Oficina de Lucha contra la Ciberdelincuencia (Ofac) para verificar si esta había solicitado en algún momento anterior la retirada de contenidos de Kick.com”. La autoridad reguladora confirma que ha remitido el caso a las instancias europeas, reconociendo así su impotencia para regular la plataforma desde el territorio nacional.

En Francia, la fiscalía de Niza abrió una investigación preliminar el 16 de diciembre contra los dos streamers Safine y Naruto con los tres cargos siguientes: “Provocación pública a través de un medio de comunicación electrónico al odio o a la violencia contra una persona o un grupo de personas por motivos de discapacidad, violencia voluntaria en reunión contra personas vulnerables [...] y difusión de grabaciones de imágenes relacionadas con la comisión de delitos de atentados voluntarios contra la integridad de la persona”.

Ambos fueron detenidos el 8 de enero y posteriormente puestos en libertad. Esta investigación judicial, anterior a la muerte de Raphaël Graven, sigue en curso. La fiscalía de Niza no ha respondido a nuestras preguntas sobre las medidas adoptadas desde la apertura de esta investigación preliminar hace ocho meses para limitar la difusión y la producción de esos contenidos.

Kick France, por su parte, nunca respondió a nuestras múltiples solicitudes de entrevista tras nuestra primera investigación, limitándose a hacer declaraciones muy generales. Tras la muerte de JP, la empresa nos envió rápidamente estas pocas líneas, en las que decía estar “profundamente apenada por la pérdida de Jean Pormanove” y concluía: “Actualmente estamos examinando las circunstancias con carácter urgente y colaborando con las partes interesadas para investigar la situación. Las directrices comunitarias de Kick están diseñadas para proteger a los creadores, y seguimos comprometidos con el cumplimiento de estas normas en toda nuestra plataforma”.

Tras nuestra investigación a mediados de diciembre, Kick prohibió durante una semana el canal en cuestión. Bajo la amenaza de un procedimiento judicial y con su material informático incautado por la justicia, el equipo de streamers se instaló durante un tiempo en la isla de Malta para producir y difundir contenidos en otra plataforma, pero regresó rápidamente a Francia... y a Kick. Y el canal volvió a su línea editorial inicial: la humillación.

La muerte del streamer JP en directo era, por cierto, un “tema” del que los propios streamers hablaban habitualmente, cuestionándose su responsabilidad en caso de fallecimiento de su víctima. “La gente va a arremeter contra nosotros”, dice Naruto en un vídeo fechado el 26 de julio de 2025, durante una conversación surrealista con su compinche Safine.

— “Imagínate, nos estamos riendo y todo y…”, dice este último.

— “La va a palmar”, responde Naruto.

— “En directo, estamos jodidos”.

Los dos streamers piden entonces a JP y a otros dos participantes en la retransmisión en directo, entre ellos Coudoux, que declaren ante la cámara que, si mueren “en directo”, será bajo su entera responsabilidad. Todos lo hacen, incluido JP, que en un primer momento se muestra reacio. “Si me pasa algo en directo... bueno... es mi responsabilidad... Pero ahora no”, dice el que momentos antes había precisado: “No tengo ganas de cascarla”.

Mediapart ha podido consultar varios cientos de extractos de vídeo del canal solo durante el mes de agosto de 2025. Los miembros de Le Lokal TV se lanzaron a un maratón de varios días en directo, salpicado de numerosas pruebas cuyas víctimas solían ser siempre las mismas. En ellos se ve cada día a Raphaël Graven siendo golpeado y humillado en numerosas ocasiones, al igual que Coudoux, por otros miembros, que se ríen a carcajadas. Los streamers también organizan con frecuencia concursos en los que Coudoux y JP tienen que pegarse.

El 10 de agosto, Coudoux y JP son filmados travestidos en la calle con carteles que dicen “mamadas gratis” y “felación y garganta profunda”. Al día siguiente, se muestra a JP limpiando los excrementos de uno de los miembros de Le Lokal en el baño. Unos días más tarde, vuelve a ser filmado en la calle con un cartel que dice “JP, eres feo, donar 1 euro”. Uno de los que graba las imágenes le pregunta: “¿Qué se siente al ser un sintecho?”.

El lunes por la noche, en una publicación en Instagram en la que se confirmaba la muerte de Raphaël Graven, Naruto dijo que “siempre había temido el día [en que tendría que escribir] estas palabras” y pidió a sus seguidores que “respetaran la memoria” del fallecido y no difundieran el vídeo “de su último soplo de vida mientras dormía”. A partir de ahí, Naruto ha bloqueado sus cuentas en las redes sociales y se declara víctima de ciberacoso.

En un comunicado, su abogado anuncia que en los próximos días presentará una denuncia “ante la unidad de lucha contra el odio en Internet de la fiscalía de París”, denunciando comportamientos que constituyen delitos penales “además de inmorales” cuando su cliente está “atravesando un periodo de duelo”. Naruto no ha respondido a las preguntas que le ha enviado Mediapart.

¿Quién puede controlar este tipo de contenidos, sobre todo cuando se difunden durante meses, durante horas, provocando cientos de miles de visitas, en directo y en diferido en redes sociales, y que también son vistos por menores? La pregunta, a la luz de la tragedia que se ha producido ante las cámaras, da vértigo. Y en más de un sentido.

El régimen jurídico que regula la responsabilidad de los alojamientos de contenidos, como Kick, deriva de la ley para la confianza en la economía digital de 2004, según la cual el proveedor de alojamiento tiene la obligación de moderar, o incluso prohibir, cualquier contenido contrario a la ley que le sea señalado. Esa moderación, que debe realizarse a posteriori, “en un plazo razonable”, se concibió para evitar que Internet se convirtiera en un lugar de censura.

El Ejecutivo ha realizado varios intentos, con mayor o menor éxito, para ampliar los límites de este marco. Otro texto, aprobado en 2024, otorga mayor libertad a la Administración para censurar directamente contenidos problemáticos que puedan estar relacionados con el terrorismo, la pornografía infantil o actos de tortura o barbarie. Pero numerosas asociaciones, entre ellas La Quadrature du Net, han criticado esas disposiciones, que hacen caso omiso de las instancias judiciales y que suponen por tanto un grave riesgo de debilitamiento de las libertades fundamentales.

“No estamos en contra de cerrar páginas web que difundan contenidos problemáticos, es incluso deseable, si es la autoridad judicial la que se encarga de ello”, recuerda Bastien Le Querrec, de La Quadrature du Net. “En el caso de Kick, se puede exigir responsabilidad penal a una plataforma: si un servicio digital está diseñado para permitir la proliferación de determinados contenidos ilícitos, el derecho penal ya permite sancionarlo.”

Y cita el ejemplo de Coco, una web de debate conocida por su falta de moderación y control y descrita por varias asociaciones como “un foco de depredadores” sexuales, cerrada en junio de 2024 por la justicia francesa tras un proceso penal. “Pero eso requiere investigaciones a fondo, quizá más medios para actuar con rapidez y magistrados y policías mejor formados en esas cuestiones. Pero el tiempo de la justicia no es el de Internet y la viralidad, lo cual es difícil de entender para las víctimas”.

En cuanto al tema de la “dignidad humana”, principio jurídico consagrado desde la famosa sentencia del Consejo de Estado francés de 1995 a favor de dos municipios que prohibieron lanzar enanos, es difícil saber si los representantes del Estado podrían y deberían haberlo invocado en este caso. Preguntada sobre este punto y sobre las medidas que ha podido adoptar desde enero y nuestras revelaciones, la prefectura de Alpes Marítimos no nos ha respondido.

En cuanto a la responsabilidad de quienes miran esos canales, agita directamente las aguas de la comunidad, hasta ahora muy unida, en torno al canal creado por Naruto y Safine. Una comunidad que hasta ahora había atacado, a veces violentamente, a los detractores. Así, unas semanas antes de la publicación de nuestra investigación en 2024, algunos fans del canal, informados de la inminente publicación del artículo, habían bombardeado con mensajes y amenazado a la redacción de Mediapart. Tras su publicación, nuestra investigación fue analizada, ridiculizada y cuestionada en múltiples ocasiones y, hasta hace poco, se convirtió en parte integrante del livestream y de los diferentes canales de debate sobre el tema.

El martes, en el foro Discord de los espectadores del canal Jean Pormanove, los espectadores se estuvieron moviendo durante todo el día entre mensajes de condolencia y la responsabilidad de los demás miembros del colectivo, así como sobre la suya propia. A título individual, algunos intentan hacer enmienda... y exculparse.

Sylvain (nombre ficticio), espectador que vive en el norte de Francia, conoció a Jean Pormanove en 2019, primero en YouTube, lo siguió en Twitch y luego en Kick. “Entonces lo veía menos, pero cuando empezaron los últimos retos, los coto-challenges [coto por Cotorep, institución de inserción de personas con discapacidad, ndr], me gustaba verlo, no para hacer donaciones, sino porque me entretenía”. Hasta el punto de pasar últimamente dos o tres horas al día, hasta su muerte y el cierre repentino del canal. “Dejamos que las cosas fueran demasiado lejos y me siento culpable por haber asistido a eso”, asegura el joven.

Otro, que se define como un “espectador en la sombra”, insiste a Mediapart en que quería a JP casi como a “un hermano” y habría querido “atravesar la pantalla para sacarlo de allí”, consciente del “control y la manipulación” que se ejercía sobre el hombre de 46 años. Pero se quedó al otro lado de su ordenador, esperando con avidez esos momentos en los que Raphaël Graven, alias JP, se rebelaba, “perdía los estribos”: “Ahí es donde me parecía más divertido”.

Traducción de Miguel López

Thomas había perdido el manual de instrucciones de su lavavajillas. En noviembre de 2024, mientras buscaba por Internet, este francés de 37 años, residente en Aveyron, se topó con un anuncio de una web que le ofrecía enviarle el documento por 50 céntimos. Seis meses después, se dio cuenta de que la web le había cobrado cada mes, hasta un total de 180 euros, por una “suscripción” que él afirma no haber contratado nunca. “Tuve que bloquear mi tarjeta y nunca recibí el manual”, explica.

Thomas ha sido víctima de un sistema bien montado de estafas en Internet, facilitadas durante años por el gigante francés de pagos con tarjeta bancaria Worldline, pero también por otra empresa llamada PayXpert, controlada desde hace dos años por el gran banco francés Société Générale.

Así lo revela una nueva entrega de la investigación de la serie Dirty Payments, realizada por Mediapart, infoLibre y otros diecinueve medios internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC), y basada en documentos y datos confidenciales obtenidos por la EIC y nuestro socio Der Spiegel.

Controlada por un holding registrado en Londres, PayXpert, creada en 2009, tiene oficinas en varios países, entre ellos Francia. Su director general y cofundador, el francés Nicolas Riegert, lleva 20 años trabajando en el sector de los pagos.

El 30 de septiembre de 2022, Société Générale anunció su intención de tomar el control de PayXpert para convertirse en “un actor de referencia en el ámbito de la aceptación de pagos en Europa”. La operación se cerró en agosto de 2023 con la adquisición del 60% de la empresa por 34 millones de euros.

Pero Société Générale se guardó muy bien de decir que PayXpert tenía como clientes a decenas de empresas especializadas en estafas por Internet. Algunas de ellas practican la “trampa de la suscripción”, una técnica que consiste en hacer creer a los internautas que pagan una sola vez por un servicio (como la compra del manual de instrucciones de un lavavajillas), ocultándoles que se están suscribiendo a algo que les costará varias decenas de euros al mes.

Para llevar a cabo este tipo de estafas, las webs sospechosas utilizan técnicas sofisticadas (ver el último apartado) para atraer a las víctimas a páginas web que suelen ofrecer el mismo tipo de servicio: venta de libros electrónicos para aprender idiomas, geolocalización de teléfonos, convertidores de documentos a formato PDF o incluso suministro de cartas prerredactadas para cancelar suscripciones a operadores de telecomunicaciones o canales de televisión de pago.

Estos comerciantes electrónicos fraudulentos necesitan proveedores para gestionar sus pagos con tarjeta bancaria. Ahí es donde entra en escena PayXpert. No tiene licencia en Europa, por lo que no tiene derecho a iniciar ni gestionar transacciones. PayXpert es un “facilitador de pagos”, es decir, un intermediario entre los comerciantes electrónicos y las empresas de pago con licencia. Se trata, en particular, de convencerlos para que acepten a los clientes de PayXpert.

A finales de la década de 2010, la empresa de Nicolas Riegert trabajaba, entre otros, con Wirecard, una empresa de pagos alemana con licencia que quebró en junio de 2020 tras descubrirse un gigantesco fraude contable.

En abril de 2020, Wirecard inició una investigación interna sobre los diecinueve clientes que le había aportado PayXpert, sospechando de actividades dudosas. Los resultados fueron catastróficos. La mayoría de las empresas operaban páginas web que practicaban la “trampa de la suscripción”, atrayendo a las víctimas mediante anuncios engañosos (“Has ganado un iPhone, paga 1,95 euros por el envío”). La auditoría añadió que algunos clientes de PayXpert también recurrían al phishing (o suplantación de identidad), es decir, envíaban mensajes “suplantando la identidad de marcas conocidas”.

“Algunas webs son totalmente idénticas, tanto en su estructura como en el coste de las suscripciones ofrecidas”, constataba la empresa alemana, añadiendo que algunas no disponían de menciones legales que permitieran identificar a la empresa que explota la página.

Varias de las empresas que PayXpert aportó a Wirecard están vinculadas a Label Platform, un grupo con sede en Ucrania que parece operar numerosas webs comerciales basadas en la técnica de las trampas de suscripción, a través de empresas ficticias dirigidas por testaferros, según una investigación de la serie Dirty Payments realizada por varios de nuestros medios de comunicación asociados, entre ellos el periódico portugués Expresso.

Niels, un jubilado francés, afirmó a Mediapart haber perdido 400 euros a causa de una de las webs de Label Platform, que ofrece un método para aprender idiomas. “Me encontré esta web en la que solo se indicaba que la prueba costaba menos de dos euros. Al cabo de seis meses, me di cuenta de que me habían cobrado 69,90 euros al mes.” Su dinero acabó, a través de PayXpert, en las arcas de una empresa eslovena. Preguntada por el EIC, Label Platform negó cualquier irregularidad, afirmando que “las estafas por suscripción son una ficción”.

Sin embargo, durante su investigación interna, Wirecard examinó los porcentajes de chargeback, el procedimiento que permite a los clientes obtener un reembolso directo de sus bancos cuando consideran que han sido estafados. En el caso de los diecinueve comerciantes electrónicos aportados por PayXpert, ese porcentaje era muy elevado: más del 15 % del importe de las transacciones de media, e incluso más del 30 % en algunas de las webs vinculadas a Label Platform.

PayXpert “trabaja de forma más que sucia”, escribe indignado un directivo de Wirecard en un correo electrónico de abril de 2020. La empresa de pagos decide inmediatamente denunciar a PayXpert ante la Financial Intelligence Unit (FIU), la agencia alemana de lucha contra el blanqueo de capitales. “No podemos descartar que nuestro cliente haya cometido actos ilegales”, indica la denuncia.

Al mismo tiempo, Wirecard también solicitó explicaciones a PayXpert. Pero la empresa dirigida por el francés Nicolas Riegert no las tuvo en cuenta: transfirió nueve de los comerciantes electrónicos considerados poco fiables por Wirecard (seis de ellos vinculados a Label Platform) a otra empresa de pagos alemana, PayOne, filial del gigante francés Worldline.

Nicolas Riegert no respondió a las preguntas que le envió Mediapart.

En total, PayXpert ha aportado a PayOne al menos 25 empresas de comercio electrónico que explotan en total cerca de 100 páginas web sospechosas. Según datos confidenciales de 2023, PayOne ha operado más de 6 millones de euros en transacciones con tarjeta bancaria para esas empresas en los últimos doce meses.

Hay que decir que esos clientes eran muy rentables: la filial alemana de Worldline cobraba una comisión del 8% por cada pago, cuando esa tasa rara vez supera el 5% para los comerciantes electrónicos con actividades legítimas.

Al ser consultado al respecto, el grupo Worldline se negó a responder, alegando que una empresa que cotiza en bolsa “no puede comentar la situación de sus clientes, pasados o actuales”.

En julio de 2023, el regulador alemán, el BaFin, sancionó a PayOne por incumplimiento de sus obligaciones en materia de lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales (ver nuestra investigación aquí). La filial alemana de Worldline se vio obligada a prescindir de más de 450 clientes considerados como los más indeseables por el BaFin, entre los que se encontraban las veinticinco empresas aportadas por PayXpert.

Según documentos internos, estos comerciantes electrónicos fueron expulsados por PayOne el 23 de julio de 2023, es decir, solo once días antes de que Société Générale completara la adquisición del 60% de PayXpert.

Pero el proceso de adquisición había comenzado casi un año antes y, normalmente, incluye verificaciones exhaustivas, las due diligences, realizadas por el comprador.

¿Había detectado Société Générale que PayXpert trabajaba con empresas dedicadas al fraude online? Y, sobre todo, ¿siguen siendo en la actualidad esos comerciantes electrónicos dudosos clientes de PayXpert?

Preguntada por Mediapart, la entidad bancaria se ha negado a responder sobre el fondo, pero afirma actuar “de conformidad con la normativa” en “todas sus actividades”. La Société Générale precisa que “PayXpert Services […] cumple las normas de conformidad del banco” y que no “comenta ninguna situación particular de un cliente” debido al “secreto bancario”.

Las estafas de suscripción son una lacra para los internautas. Desde el 1 de enero de 2025, la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) francesa ha recibido cerca de 2.900 denuncias de víctimas en su plataforma Signal Conso. “Estamos en pleno apogeo, no deja de aumentar”, confirma Anthony Le Gros, cofundador de Signal-Arnaques, la primera plataforma comunitaria de denuncia de estafas en Francia.

Pero, ¿cómo es posible suscribirse a algo sin querer? Los estafadores comienzan comprando anuncios en Google o en las redes sociales. Las víctimas son dirigidas a un interfaz que les ofrece una compra única o una “prueba gratuita”, y en la que la oferta de suscripción está oculta o es difícil de leer. Se trata de los dark patterns, que podríamos traducir como “interfaces deshonestos”. “Es lo contrario de la ergonomía, aplicado al engaño”, explica Anthony Le Gros.

La estafa, a veces, va aún más lejos. Dependiendo de si el usuario llega a web directamente o a través de un anuncio, la interfaz de la página cambia. En el anuncio es casi invisible la mención de la suscripción. “Las condiciones están escritas en blanco sobre un fondo amarillo, por ejemplo, o en la parte inferior derecha, donde el consumidor mira menos, sobre todo en un móvil”, explica Anthony Le Gros. Luego, cuando las víctimas vuelven a la web, se dan cuenta de que las condiciones de suscripción están claramente indicadas y “se sienten como tontos”.

La investigación Dirty Payments, llevada a cabo por 21 medios de comunicación internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos y datos confidenciales obtenidos por la EIC y Der Spiegel, revela un vasto escándalo financiero a escala europea que expone de forma inédita las fallas estructurales y la ley del silencio que imperan en el sector de los pagos.

Durante diez años, el grupo francés Worldline, número dos europeo en pagos, ha operado con total impunidad miles de millones de euros en transacciones fraudulentas o contrarias a la ética, en nombre de los peores actores del comercio electrónico: estafadores online, casinos ilegales, grupos pornográficos controvertidos, páginas web de prostitución.

Además de Mediapart, los medios de comunicación que han participado en la operación Dirty Payments son NRC (Países Bajos), Le Soir y De Standaard (Bélgica), Der Spiegel (Alemania), Reporters United (Grecia), VG (Noruega), Politiken (Dinamarca), Expresso (Portugal), infoLibre (España), todos ellos miembros del EIC, así como TBIJ e ITV News (Reino Unido), SRF y Die Wochenzeitung (Suiza), Dagens Nyheter (Suecia), Snoop.ro (Rumanía), TVN24 (Polonia), 24.hu (Hungría), HlídacíPes.org (República Checa), Drop Site News (Estados Unidos) y Toronto Star (Canadá).

Coordinación: Stefan Candea (EIC) y Yann Philippin (Mediapart)

Análisis de datos: Yann Philippin (Mediapart), Konstantina Maltepioti (Reporters United), Christoph Winterbach (Der Spiegel) y Rik Wassens (NRC)

Diseño gráfico: Lynne Brouwer (NRC), Elsa Hundertmark (Der Spiegel) y Simon Toupet (Mediapart)

Traducción de Miguel López

La empresa de ciberseguridad RootedCON ha presentado este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión judicial que, a petición de LaLiga y Telefónica, permite el bloqueo de webs que comparten servidor con otras páginas desde las que se emiten contenidos de Primera y Segunda División de forma ilegal, según informa EFE. "No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este atropello", aseguran.

RootedCON ha dado este paso después que el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona desestimara el pasado 26 de marzo su recurso y el de la estadounidense Cloudflare, otra compañía dedicada a ofrecer servicios de protección digital, contra la sentencia dictada en diciembre de 2024 que ordenaba inutilizar en tiempo real direcciones IP (número que identifica un dispositivo conectado a internet) empleadas para la distribución ilícita de partidos.

En el caso de Cloudflare, es la principal proveedora mundial de herramientas de ciberseguridad a webs de empresas, pero también ejerce de servidor para quienes roban el contenido audiovisual a las plataformas que tienen los derechos, a los que dota de un anonimato que complica su persecución legal, según LaLiga.

Al bloquear esas webs, también se ven afectadas otras que comparten servidor y cuya actividad es lícita. Según RootedCON, la sentencia del juzgado barcelonés "restringe el acceso a usuarios legítimos" y está "adoptada sin garantías, sin transparencia y sin valorar los derechos fundamentales afectados", por lo que supone "un grave precedente en una democracia" y "una grave anomalía en un Estado democrático", alega esta empresa en un comunicado.

En el recurso de amparo, se pide al TC medidas cautelares para "frenar el constante acoso que sufren tanto empresas como usuarios" en España. "Como organización que lleva quince años impulsando la libertad, la innovación y el pensamiento crítico en el ámbito de la ciberseguridad, no podía quedarse de brazos cruzados", se añade.

La sentencia del juzgado de lo Mercantil era firme, por lo que la única vía que le quedaba a la compañía cibernética, organizadora de uno de los congresos de este ámbito más importantes de España, era pedir amparo al TC. El recurso de RootedCON remarca que la Constitución ampara "los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y las libertades de expresión e información" y que la negativa del juez a tener en cuenta estos argumentos "deja en evidencia una preocupante deriva autoritaria en el uso de medidas judiciales para censurar y criminalizar el acceso a internet bajo pretextos difusos y generalistas".

LaLiga consideró la sentencia un respaldo a sus iniciativas y las de Telefónica para combatir el fraude y la piratería audiovisual en España.

RootedCON emplaza a la entidad que dirige Javier Tebas, a los operadores implicados y al poder judicial a reflexionar sobre "el grave impacto de este tipo de decisiones, que se asemejan más a prácticas propias de regímenes autoritarios del siglo pasado que a las de una democracia moderna y con futuro".

También exige al Congreso de los Diputados plantear "un debate público y técnico sobre los límites del control en la red", en línea con una propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

"Esto es inconstitucional. Es como si se cerrara un edificio entero porque en uno de los pisos se trafica". Así resume Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial, la impotencia que llevan sufriendo en este medio de análisis internacional durante los últimos dos meses. Con cada partido de LaLiga, da igual que sea sábado, domingo o entre semana, su web se apaga impidiendo que los usuarios accedan a sus informaciones y que sus propios empleados puedan entrar al sistema para trabajar durante horas. 

Lo que le está pasando a El Orden Mundial no es una anomalía. Decenas de webs totalmente legales y legítimas llevan desde principios de febrero sufriendo estos bloqueos por la lucha contra el fraude y la piratería audiovisual de LaLiga para proteger sus derechos audiovisuales. En el sitio ¿Hay ahora fútbol? es posible monitorizar el estado de los cortes y se puede comprobar cómo durante el fin de semana son notables desde las 16 horas hasta medianoche. "Hay un silencio absoluto por parte de las autoridades porque es LaLiga. Estamos luchando contra un Goliat dopado", asegura Saldaña.

La entidad presidida por Javier Tebas cuenta con una orden judicial que le permite solicitar a las operadoras de telefonía cuando hay fútbol estos "bloqueos dinámicos y temporales" de rangos de IPs que hacen retransmisiones ilegales de partidos y que están vinculadas al servidor Cloudflare, uno de los principales proveedores a nivel mundial. Fuentes de LaLiga consultadas por infoLibre señalan que "a día de hoy, no hemos recibido tampoco ninguna reclamación formal". 

"Estos bloqueos son una buena idea contra la piratería, el problema es cómo se está ejecutando. Se puede hacer a cañonazos o de forma selectiva. Como el juez no decide cómo, lo están haciendo a cañonazos", explica Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas, para la que la idea puede ser "aceptable" en el sentido de "proteger el dinero de una empresa privada": "Pero esto no es admisible en un estado democrático como España porque se afectan a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de información o de empresa". 

"LaLiga tiene una política judicial más agresiva que la que tuvo la SGAE, que se convirtió en el objetivo número uno de los internautas", admite Carlos Sánchez Almeida, abogado director de Bufet Almeida y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Por que estos bloqueos recuerdan a todo lo que ocurrió en la época de la pirateria de cine y series tras la aprobación de la Ley Sinde, que modificó la ley de Propiedad Intelectual para permitir a los titulares de derechos de autor demandar el cierre de páginas web que faciliten la distribución ilegal de sus obras. 

Tal y como detalla Xataka, lo que está ocurriendo ahora es que entre estas IPs que se apagan hay algunas que no están dedicadas a un único servicio, es decir, se comparten entre decenas, cientos e incluso miles de ellos. Si el proveedor de internet no realiza un bloqueo selectivo, también se afecta a otros servicios que son totalmente legítimos. Y no pueden hacerlo porque Cloudflare anonimiza los datos de sus clientes. Fuentes de LaLiga defienden que no se trata de un movimiento "masivo e indiscriminado" sino que "algunos proveedores se niegan a colaborar y prefieren perjudicar a sus usuarios legales y legítimos mientras se lucran de la piratería y otras actividades ilegales". Los usan como "un escudo digital". La entidad que preside Tebas recuerda que esta plataforma ya ha sido sentenciada en Francia, Italia y Alemania por no colaborar en la lucha contra la piratería.

No obstante, el efecto dominó ha provocado que patrocinadores de clubes, como Kelme, la web de soporte de Samsung o la RAE hayan vivido puntualmente alguno de estos bloqueos desde el pasado febrero. Otros como El Orden Mundial, Only Tenis o plataformas de eCommerce lo sufren partido tras partido y juegue quien juegue. Y, cuando afectan a un medio, tal y como recuerda Tejerina, "hablamos ya de un derecho fundamental como el de la libertad de información". 

"Nos afecta al tráfico web y a la conversión de suscriptores. Tampoco podemos acceder a nuestro espacio de trabajo", reconoce Saldaña en conversación con infoLibre. Una lista de afectados por estos bloqueos con decenas de empresas y negocios valoran ya en casi 200.000 euros las pérdidas económicas. 

Desde El Orden Mundial aún no ponen una cifra exacta a las pérdidas que le supone esta situación aunque ya han notado que durante el último mes han bajado las suscripciones debido a que "el fin de semana es cuando más se producen" y el bloqueo de la web en determinadas horas estos días supone "un obstáculo para que cualquier persona pueda acceder con normalidad". "Es desesperante. El pasado sábado tenía que trabajar y no pude desde las 18 hasta las 21", relata Saldaña. 

"Todos aquellos que están en Cloudflare y no tienen nada que con retransmisiones piratas de fútbol son víctimas de una medida judicial excesiva y de un abuso de derecho que se ha perpetrado por un contubernio entre la parte demandada y la demandante", explica Sánchez Almeida porque las operadoras "no han defendido los derechos de sus clientes". 

¿Qué soluciones tienen? LaLiga ha puesto un buzón de comunicación a disposición de las empresas legales que se vean afectadas. Por su parte, El Orden Mundial ya tiene sobre la mesa buscar un servicio alternativo a Cloudflare porque desde la plataforma no les ofrecen alternativas y pagar tampoco les asegura que no les bloqueen: "Todo el mundo nos está diciendo que la situación es complicada y que se puede prolongar en el tiempo". 

Además, El Orden Mundial también se plantea sumarse a la demanda colectiva que se está preparando porque todo hace pensar que los bloqueos continuarán en las cuatro jornadas que restan esta temporada, quizás incluso de forma más intensa en la de este mismo domingo con el clásico entre Barcelona y Real Madrid que se juega a partir de las 16.15 horas. Asimismo, la sentencia en la que se apoya LaLiga se extiende hasta el curso 2026/27. El problema aquí es que estas empresas para poder reclamar tienen que contratar un abogado y, según Tejerina, supone unos gastos de "unos 2.000 euros" que no todas se pueden permitir.

También, tal y como adelanta Tejerina, se está preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Tiene la relevancia suficiente para que la corte de garantías no se lo pueda quitar de encima sin entrar en el fondo", indica esta abogada. 

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La lucha de LaLiga contra estas prácticas piratas vienen de lejos. En palabras del propio Tebas en un Desayuno Deportivo de Europa Press el pasado febrero, "la piratería es el mayor competidor que tenemos". En concreto, afirmó que en España "el 30% paga menos o gratis" por ver un partido: "Si esto sigue así en cuatro o cinco años el fútbol español estará en la ruina, no es ser valientes, es ser coherentes y responsables". Fuentes de la LaLiga estiman que las pérdidas económicas derivadas de la piratería oscilan entre los 600 y 700 millones de euros anuales.

Así, en 2019, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso al ente una multa de 250.000 euros por espiar a los bares con su app para analizar si retransmitían partidos sin pagar, aunque finalmente el Supremo absolvió al ente en 2024. En 2021, logró una orden para bloquear dominios pertenecientes a varios proveedores de IPTV y cardsharing, un método para compartir el acceso a servicios de pago. En 2024, la Audiencia Nacional hizo un amago de cerrar Telegram, por compartir contenido con copyright, incluyendo el fútbol, aunque finalmente dio marcha atrás porque calificó esta decisión de "excesiva y no proporcional".

Ahora, después de identificar que muchas plataformas "piratas" utilizaban los servicios de Cloudflare para ocultar su identidad y evadir sus medidas antipiratería, presentó una demanda junto a Telefónica y logró una orden en diciembre de 2024 para solicitar a operadoras como Movistar, O2, DIGI y MásOrange bloqueos temporales de IPs. "Telefónica y Movistar se autodemandan y esto es un abuso de derechos porque se allanan (que se refiere a la conformidad o aceptación de una parte ante la petición de la parte contraria, que en este caso es la misma empresa) y el juez no entra en el fondo del procedimiento", explica Tejerina. 

"Intentar eliminar Telegram sin entender cómo funciona es lo que hace ambos casos tan parecidos. La idea es buena, pero la ejecución es torpe", reconoce Tejerina. "Bloquear contenido sin revisar lo que bloquean lo que hace es demostrar a todo el mundo es que se te olvida que tu objetivo son los malos y el resto te da igual", detalla esta experta que apunta que los que piratean el fútbol van a seguir creando contenido pirata porque pueden "recurrir a otros métodos" ya que "la tecnológica no se crea ni se destruye, se transforma". En cambio,  "están dejando a gente normal sin servicio para sus clientes o sin poder informar"  

Esta sentencia fue respaldada este mismo marzo por el juzgado de lo mercantil nº6 de Barcelona que desestimó las solicitudes de nulidad de actuaciones presentadas por Cloudflare y RootedCON al ratificar, según fuentes de LaLiga, "la validez del procedimiento seguido, descartando que exista un procedimiento de bloqueos masivos ni indiscriminados, declarando expresamente que no existe merma de garantías"."Al haber un allanamiento previo, el juez concluye que no existen daños y vuelve a no entrar en el fondo del asunto", apostilla Tejerina. 

En esta línea de ofensiva contra Cloudflare, esta misma semana, LaLiga ha anunciado que una alianza con Twitch, Vercel, Scaleway y Gcoreque, varios de los competidores del servidor, para trabajar en su estrategia antipiratería y desactivar las transmisiones piratas de partidos bloqueando de forma específica estos dominios. 

¿Qué base legal respalda estas sentencias? Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que ninguna. Sánchez Almeida recuerda que "el fútbol carece de propiedad intelectual" por lo que "los artículos que se han invocado no pueden ser aplicados a acontecimientos deportivos". En este caso, tal y como señala Tejerina, tendría que tratarse de "los derechos de retransmisión" pero "LaLiga los tienen cedidos".

La sentencia de diciembre de 2024 se basa en el artículo 270.2 del Código Penal que penaliza "la facilitación, distribución o puesta a disposición de listas clasificadas de obras protegidas por derechos de autor sin autorización". Sin embargo, en 2022, una sentencia del Tribunal Supremo estableció que la emisión de un partido de fútbol no encaja en la noción de "obra o prestación literaria, artística o científica" porque "es un espectáculo deportivo, no artístico". "Es una sentencia desgraciada de un juzgado de lo mercantil", indica Sánchez Almeida que apunta que LaLiga tiene "un derecho civil a cobrar por las entradas o por las retransmisiones, pero no es un derecho fundamental". 

Todos estos bloqueos, ¿vulneran derechos fundamentales como el acceso a la información o la libertad de expresión? "Sí, pero no llegan al nivel de la censura previa o a impedir a alguien un derecho, esto son delitos. Pero, en este caso, lo que han hecho es pactar sin considerar los derechos de los usuarios, que son los grandes perjudicados", sostiene Sánchez Almeida. 

Ofelia Tejerina considera que estos bloqueos abren la puerta a una censura técnica porque "si no controlan a donde disparan", es decir, a que webs afecta, su finalidad legítima se "distorsiona" porque al final solo "protegen los negocios privados de una empresa": "Nunca se ha usado este método en delitos como la pederastia o el terrorismo".

Para Eduardo Saldaña, que se pregunta qué tipo de jurisprudencia se crea con estos bloqueos, asegura que el principal riesgo que existe es que estas decisiones se normalicen. "Es una violación de los derechos digitales", defiende el codirector de El Orden Mundial que además recuerda que, a pesar de esta ofensiva, lo cierto es que en redes sociales se sigue viendo cómo la gente sigue consumiendo fútbol en retransmisiones piratas: "No está funcionando". "No podemos permitir que una organización como LaLiga tenga tantísima impunidad", concluye. 

Comienzan a hacerse públicos los frutos del último gran cambio del misterioso y secreto algoritmo de Facebook. Esta modificación realizada por la red social por antonomasia en el año 2018 prioriza las publicaciones de familiares y amigos frente a los post de páginas de medios de comunicación, empresas y marcas. Ahora, más de tres años después, en su primer informe sobre lo más visto, y que recoge lo que ven los usuarios en el muro, queda claro que esta estrategia de darle mayor importancia a este contenido de proximidad está funcionando. La mayoría de lo que se encuentran las personas en la plataforma, el 57% del total, se corresponden con textos, fotos o vídeos que comparten familiares o amigos.

Este primer informe de Facebook sobre lo más visto en la plataforma explica que "lo que ve la mayoría de las personas no es necesariamente el contenido que también obtiene la mayor participación". La red social argumenta que, debido a la "naturaleza personalizada del muro", la "mayoría de lo que la gente ve en Facebook está personalizado de forma única para ellos". El documento, aclara la tecnológica, no incluye ni anuncios ni elementos que las personas vieron fuera del muro, como en Watch o Marketplace.

Según los datos de este informe, que a partir de ahora será trimestral y que en esta primera edición recoge datos de usuarios de EEUU entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de junio de 2021, tras las publicaciones de amigos y familiares, la segunda fuente de contenido son los grupos con el 19,3%, y la tercera son las páginas que la persona sigue con el 14,3%. El 9,5% restante se corresponde con lo que la red social denomina "post no conectados", es decir, que no fueron generados ni por amigos, ni por páginas que siguen, ni por los grupos a los que se unieron.

Visualizaciones de publicaciones durante el segundo trimestre de 2021, desglosadas por fuente del contenido.

La gran mayoría de lo que se ve en el muro, el 87,1%, no incluía ningún enlace a una página fuera de Facebook. Es decir, solo el 12,9% contenido enlaces. "Como reflejo de la amplia variedad de lo que la gente ve en Facebook, los enlaces más populares en el segundo trimestre de 2021 fueron desde noticias sobre el covid-19 de fuentes autorizadas hasta sitios web para pequeñas empresas", explica el informe.

Asimismo, dentro de este porcentaje, los medios de comunicación representan solo el 0,31% de las visualizaciones en el feed de la plataformafeed . Queda claro, con estos datos, que las noticias no es el contenido favorito de los usuarios de Facebook. Según este documento, las publicaciones y páginas con más éxito en la red social están centradas en mascotas, cocina, familia y contenido viral.

Solo 5 medios entre las 20 webs con más visitas

Además, entre los veinte dominios principales que recoge el documento de Facebook solo se encuentran cinco de medios, es decir una cuarta parte. Se trata de ABC News, el Daily Mail, NBC News, la CNN y la CBS. Los sitios webs restantes eran de servicios de transmisión de video, sitios de comercio electrónico y otros sitios web que no son de noticias. Los cinco más vistos, por ejemplo, se correspondían a YouTube, Amazon, Unicef, Go Fund Me (una web de recaudación de fondos) y Twitter.

Este cambio de algoritmo que prioriza a amigos y familiares se produjo, según explicó en su momento Mark Zuckerberg, debido a los "comentarios de nuestra comunidad de que el contenido público –publicaciones de empresas, marcas y medios– está llenando los momentos personales que nos llevan a conectar más entre nosotros". "Hemos creado Facebook para ayudar a las personas a permanecer conectadas y acercarnos más a los que nos importan. Es por eso que siempre hemos puesto a amigos y familia en el centro de la experiencia", apuntó el líder del imperio tecnológico que asumía con esta modificación un cambio total de paradigma: dejar de centrarse en ayudar a los usuarios a buscar temas relevantes para hacer en "ayudar a tener interacciones sociales más significativas".

El consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg ha asegurado en una conferencia celebrada este miércoles en el marco del Festival de Ideas de Aspen recogido por Europa Press, que Internet y las redes sociales deberían contar con la regulación del gobierno en aspectos como la violación de datos y la manipulación informativa, para que estos temas no estuvieran exclusivamente en manos privadas. Zuckerberg ha defendido que tienen que ser los legisladores quienes regulen en Internet cuestiones como la libertad de expresión, la seguridad de los contenidos, la privacidad, la dignidad y decencia humana. "Si como sociedad tuviéramos que rescribir las reglas de Internet desde cero, no querríamos que las compañías privadas tomaran muchas de estas decisiones por su cuenta", ha defendido el consejero delegado de Facebook.

Decidir, por ejemplo, "qué constituye discurso político o un anuncio aceptable", ha añadido, no cree que la sociedad quiera que en estos temas "las compañías deban tener la última palabra". Por parte de Facebook y de cara a próximos comicios como las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, Zuckerberg ha asegurado que llevan años trabajando y mejorando para atajar los problemas que han surgido de propaganda, noticias falsas y desinformación.

Como ha explicado, su estrategia combina sistemas "realmente sofisticados" de inteligencia artificial -para detectar los contenidos y las redes que los distribuyen antes de que puedan hacerlo-, y más de 30.000 empleados que analizan los contenidos.

Facebook también ha actualizado sus políticas, por las que ahora exige a los legisladores y candidatos que quieran publicar propaganda validar su identidad. Los anuncios políticos, además, se almacenan en un archivo durante siete años, donde se pueden revisar, para cumplir con la transparencia. Y respecto a la injerencia extranjera, como ocurrió con la distribución masiva de desinformación por parte del Gobierno ruso en el marco de las elecciones presidenciales de 2016, el directivo ha señalado que ante este tipo de actividad, ellos solo pueden protegerse lo mejor posible -han desarrollado herramientas sofisticadas para identificar y combatir este tipo de acciones también sofisticadas-, pero que corresponde al gobierno estadounidense actuar para ponerle freno.

El problema de los contenidos falsos

Zuckerberg ha explicado que hay dos grandes tipos de contenidos sobre los que actúan: el spam, que eliminan, y los contenidos falsos, que analizan primero antes de realizar alguna acción sobre ellos. Esto se debe a que, como ha señalado, no creen que "sea algo contra las normas contar algo que es falso a tus amigos", pero ha asegurado que tampoco quieren que se difunda.

Para evitar la difusión de contenidos incorrectos o falsos, la compañía trabaja con comprobadores de datos, que determinan la veracidad de la publicación, y con marcadores que indican aquellos contenidos que son incorrectos. Con ello se busca evitar la difusión de manera masiva, lo que se complementa con contenido relacionado más exacto en cuanto a información.

Una categoría diferente la conforman los contenidos deepfakedeepfake, que emplean tecnología de inteligencia artificial para simular en vídeos que una persona dice algo que en realidad no ha dicho, y que preocupan por su gran realismo y su capacidad para manipular a los medios de comunicación. El caso más claro en la plataforma se refiere a un supuesto vídeo de la presidenta de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Al respecto, Zuckerberg ha reconocido que cometieron un error en la gestión de este vídeo; los sistemas enfocados a la desinformación no detectaron que se trataba de un vídeo falso y acabó con una distribución mayor de la que habrían querido. Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad de tener políticas diferenciadas para los contenidos falsos y los contenidos 'deepfake'.

'Romper' Facebook

Otro tema que se ha tratado durante la ponencia ha sido la idea que algunos políticos e incluso el cofundador de Facebook, Chris Hughes, han compartido de Facebook debe "romperse" como solución para evitar que la compañía acabe siendo un monopolio. Zuckerberg ha asegurado asegura es precisamente el tamaño y la capacidad económica de Facebook lo que hace que la compañía esté preparada para combatir los problemas que se han mencionado a lo largo de la ponencia -desinformación, interferencias en las elecciones, etc.-. "Si rompes Facebook en un montón de pedazos, seguirías teniendo esos mismos problemas", ha señalado, a lo que ha añadido que "estarías menos preparado para tratar con ellos".

La mitad de las empresas españolas consulta las redes sociales de los candidatos antes de tomar la decisión de contratarlos y una de cada cinco reconoce que, tras dicha consulta, descartó a algún aspirante, según un estudio realizado por el portal de empleo InfoJobs y que recoge Europa Press. Las empresas de 10 a 49 empleados son las que declaran consultar en mayor medida las redes sociales de los candidatos a un empleo, con un 53,9%, mientras que en las empresas de más de 50 empleados esta práctica es menos frecuente (42%).

Facebook es la red social más consultada por las empresas. Un 84% de ellas revisan los perfiles sociales de los candidatos en esta red para obtener información. En segunda posición se sitúa LinkedIn, consultada por un 79% de las empresas que revisan las redes sociales en los procesos de selección, mientras que Instagram ha desbancado a Twitter en la tercera posición y ya es utilizada por un 49% de las empresas, 16 puntos más que hace un año. Twitter, por su parte, es utilizada por el 36% de las empresas, con un descenso muy notable respecto a la encuesta del año pasado.

"Las empresas recurren a redes sociales tanto de carácter profesional como a las de uso más personal para completar información de los candidatos. En cada una de ellas pueden encontrar datos de diferente índole que les ayuden a formarse una idea más completa del profesional", ha subrayado la responsable de Comunicación de InfoJobs, Judith Monmany.

Del total de empresas que consultan las redes sociales de los candidatos, el 22% reconoce haber descartado a un perfil que inicialmente les había gustado tras ver la información publicada en sus perfiles sociales.

Según este estudio, las mentiras o incoherencias entre lo comentado en la entrevista y la información encontrada en las redes sociales es el principal motivo de descarte de candidatos (55%), seguido de las fotos publicadas por el aspirante (44,5% de las empresas) y las faltas de ortografía graves (43%).

Tras estas tres causas principales se encuentran las faltas de respeto hacia otros usuarios (37%), la publicación de opiniones radicales acerca de temas religiosos, racistas o de orientación sexual (32%) o sobre cuestiones políticas (26%) y exponer comentarios negativos sobre jefes, compañeros o empresas en las que ha trabajado el candidato (25,5%).

La plataforma Xnet ha afirmado que, con la aprobación en el Parlamento Europeo del texto final de la directiva de copyright, "la Unión Europea ha perdido la oportunidad histórica de desarrollar legislaciones de derechos de autor adaptadas a Internet y al siglo XXI".

"Lo que se ha votado es un texto tecnófobo, hecho a medida de los monopolios del copyright y que además no garantiza el derecho de los autores a vivir dignamente de su trabajo", ha defendido la plataforma de activistas, que actúa en defensa de los derechos digitales, la renovación democrática y la lucha contra la corrupción. En este sentido, Xnet ha advertido de que esta nueva Directiva "solo servirá para recortar libertades y censurar a destajo, bajo la perspectiva delirante de que todo lo que no produce moneda contante y sonante para las majors –no para los autores– debe ser prohibido y eliminado".

Asimismo, considera que es "una tragedia para los trabajadores del mundo de la cultura que, por otra parte, una vez más, han sido frívolamente incapaces –salvo contadas, valientes y loables excepciones– de informarse de qué va realmente el asunto". "Han tragado pasivamente con la versión de sus amos y, con victimismo y gula, han sido el altavoz principal para la propaganda liberticida sin siquiera haberse enterado de que todo esto no beneficiará sus derechos, pero sí va de eliminar los de todos", ha subrayado.

En este contexto, ha anunciado que seguirá "luchando ahora y durante la transposición de la normativa en España para preservar un Internet libre, herramienta de democracia y de futuro con o sin ayuda de 'los artistas' o la 'izquierda parlamentaria', pero no sin constatar con amargura el peligroso futuro para la libertad de expresión y de información y nuestras libertades todas en el nuevo contexto de la era digital, donde una y otra vez se mata a la herramienta y al mensajero para preservar un statu quo que no debe perdurar".

Luz verde de la Eurocámara

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la reforma de las reglas que protegen los derechos de autor en la Unión Europea, cuyos cambios para adaptar la directiva del copyright a la era digital han enfrentado a quienes pedían más garantías para los creadores con grandes plataformas como Google y Youtube e internautas que aseguran que servirá como arma de censura.

El respaldo de la Eurocámara –con 348 votos a favor, 274 en contra y abstenciones– es el penúltimo paso para que se confirme la reforma, a falta de que también den su visto bueno los Veintiocho en decisión del Consejo.

La reforma prevé la obligación para las grandes plataformas como Google, Youtube o Facebook de vigilar y filtrar los contenidos que los internautas compartan en sus espacios, para detectar si se están publicando obras protegidas por derechos de autor sin el permiso de sus creadores.

Así, las páginas deberán hacer todo lo posible por encontrar al autor y pedirle su permiso o retirar el contenido, con el objetivo de asegurar que los creadores son justamente remunerados por sus obras.

Aunque los contenidos satíricos como los populares meme quedan exentos de esta exigencia, los críticos con la reforma alertan de que este artículo permitirá ejercer la censura o establecer filtros que influyan en lo que es publicado o no.

La otra gran novedad es que los editores de prensa podrán reclamar compensaciones a los agregadores de noticias por usar sus contenidos, una suerte de tasa Google similar a la que llevó a Google News a retirarse de España, aunque menos restrictiva.

Estas dos condiciones son los artículos más polémicos de la reforma (13 y 11, respectivamente), durante cuya tramitación los eurodiputados han denunciado fuertes presiones por parte de lobbies interesados y campañas masivas de envío de mensajes e incluso amenazas. "Es un gran paso adelante. Acaba con la fragmentación y es un paso clave para completar el Mercado Único Digital. Por primera vez, la Unión Europea tiene reglas comunes claras sobre la explotación del patrimonio cultural, datos y textos", ha celebrado el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Agenda Digital, Andrus Ansip, en un tuit difundido tras conocer el resultado de la votación.

El presidente del Parlamento europeo, el conservador Antonio Tajani, también ha aplaudido el acuerdo, porque, ha dicho, es prueba de que la institución "defiende la creatividad y los empleos".primir

Los nuevos amos de la economía mundial, empresas como Google, Facebook, Apple, Microsoft y Amazon, tienen en vilo a la Comisión Europea. No sólo porque suponen un drástico cambio de paradigma en todos los órdenes, al alcanzar insólitos beneficios y el liderazgo de las bolsas con estructuras de plantilla insignificantes en comparación con las industrias tradicionales y con escaso esfuerzo fiscal. También porque –sobre la base de su fabulosa expansión– amenazan con convertirse en poderes incontrolables, imparables, cuyo alcance definitivo no se adivina. Las autoridades europeas han abierto numerosos frentes a la vez para combatir el fenómeno: medidas antitrust, nuevos impuestos, cambios en la política de protección de datos, normas para garantizar la equidad y la transparencia en el trato de los peces gordos a los pequeños... La gran pregunta ahora es si serán efectivas las medidas comunitarias.

Matilde Mas, catedrática de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Valencia y directora de Proyectos Internacionales del Instituto Valenciano de Actividades Económicas (IVIE), cree que hay que ser cautelosos a la hora de pronosticar los efectos que la ofensiva europea puede tener sobre la actividad de los nuevos gigantes. "Es todo muy incipiente", señala. Pero ya hay algunas certidumbres. Y la primera es que los manuales clásicos de lucha contra los monopolios hay que tirarlos a la basura. "La aproximación tradicional" a los monopolios y los oligopolios era "trocearlos para quitarles poder", señala Mas. Este enfoque carece de sentido con los campeones tecnológicos, que han hecho de su gran tamaño precisamente el argumento para defender su carácter beneficioso no sólo para sí mismas, sino para todo el tejido asociado, al aprovecharse de "redes más tupidas" y estructuras más eficientes, explica la catedrática. La otra fórmula de lucha contra los monopolios, la regulación de precios, tampoco funciona, precisamente "porque el precio no es explícito, es implícito", explica Mas. "Al usar Facebook o Google, para ti es gratis. Es la información la que tiene un precio en el mercado. Y el que tiene la información tiene el poder", explica.

Al control y uso de la información se dedica el Reglamento de Protección de Datos, que entra en vigor el 25 de mayo. Aunque afecta a todas las administraciones y empresas al margen de su tamaño y actividad, el sector tecnológico será previsiblemente el más afectado. Los gigantes no se libran, porque el reglamento concierne a las empresas que operan en Europa, al margen de la ubicación de su sede física o fiscal. Se ha elegido además un reglamento, no una directiva, por lo que no requiere trasposiciones nacionales. El objetivo de la norma es dar la vuelta al concepto de garantía de protección de datos, obligando a cualquier agente que maneje información a garantizar su correcto uso. "El reglamento supone una revolución. Lo que antes eran obligaciones [de las empresas], ahora son derechos [de los usuarios]", señala Iñaki González-Pol, letrado del Defensor del Pueblo Andaluz y experto en protección de datos. "Se establece una responsabilidad proactiva. Las empresas tienen que adoptar todas las medidas técnicas y organizativas para garantizar el cumplimiento del reglamento y acreditar que las han implementado", añade.

  Cambio de reglas

El reglamento –continúa González-Pol– supone el fin de la cultura del "consentimiento tácito", según la cual a priori se dan los datos, salvo negativa expresa. "Vamos a un modelo de consentimiento individualizado. Es decir, se puede especificar, por poner un ejemplo, que se consiente la instalación de la linterna en el móvil, pero eso no tiene que aparejar que con la aplicación tengas todos mis datos de geolocalización y acceso a mi agenda de contactos y mis fotografías. A partir de ahora se va a discernir cuál es el mínimo necesario para la prestación del servicio y qué es lo accesorio, que necesita un consentimiento aparte", explica González-Pol.

El experto en protección de datos tiene claro que empresas como Facebook, Twitter o Google van a ver seriamente afectada su actividad con el consentimiento individualizado. "Ahora cuando empiezas a ser usuario prácticamente te entregas a Facebook, ahora la privacidad tiene que estar concebida desde el inicio", señala. No obstante, el propio González-Pol cree que el reglamento contiene en sí mismo una válvula de escape que introduce elementos de incertidumbre sobre el impacto real de la medida. Es el artículo 96, que señala que siguen en vigor "los acuerdos internacionales que impliquen la transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales" anteriores a 2016, cuando se aprobó el reglamento.

Además está por ver cuál es la diligencia de las autoridades de control para garantizar el cumplimiento de un reglamento que, al margen del llamativo establecimiento de multas de hasta el 4% del negocio del infractor, ahonda en la liberalización del llamado "negocio del dato", sostén de la actividad publicitaria de los nuevos gigantes. Es decir, si los amos del tráfico de salvan los escollos reglamentarios, podrían llegar a salir reforzados del envite. Un profesional del sector tecnológico pone en duda además la colaboración, a la hora de detectar incumplimientos, de las autoridades de países que se benefician fiscalmente de la búsqueda de espacios poco exigentes tributariamente por parte de estas empresas, como por ejemplo Irlanda.

Queda pues pendiente de comprobación la efectividad real de la medidas de protección de datos, que llegan envueltas en una retórica de advertencia explícita. La comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, ha afirmado que a partir del 25 de mayo casos similares a la filtración masiva de datos de Facebook saldrían "muy caros". La Comisión ha adoptado una pose de dureza ante unas empresas que, como en el caso de Amazon, han puesto en alerta al comercio tradicional.

  Peces grandes y pequeños

Se trata de lanzar un mensaje de firmeza y al mismo tiempo de socavar su posición dominante. Ahí hay que inscribir la reciente propuesta por parte de la Comisión de un reglamento para garantizar la "equidad y la transparencia" de las plataformas en línea en su relación con las empresas medianas y pequeñas y con los propios usuarios. En el punto de mira están My Business de Google, Amazon Marketplace, Ebay y Fnac Marketplace, tiendas de aplicaciones como Google Play, App Store de Apple y Microsoft Store, redes sociales para empresas como Facebook Pages e Instagram para fabricantes y artistas, motores de búsqueda como Google, Seznam.cz, Yahoo!, DuckDuckGo y Bing... El objetivo es que los que dominan el medio –internet– no controlen por ello las normas.

"Las plataformas en línea ofrecen acceso a los mercados de consumo transfronterizos y se han convertido en la interfaz de acceso para millones de empresas, grandes y pequeñas, en sectores que van desde la venta minorista en línea, servicios profesionales y desarrollo de aplicaciones hasta transporte y hospitalidad. Sin embargo, la posición actual de las plataformas en línea como intermediarios de las relaciones comerciales con los clientes les permite incurrir en prácticas comerciales desleales que pueden causar un daño económico significativo a las empresas que las utilizan", señala la Comisión. La medida persigue que las empresas conozcan las reglas que afectan a su posición en las clasificaciones elaboradas por las plataformas, ahora con criterios no siempre claros. Los intermediadores deberán hacer que sus términos y condiciones estándar sean más transparentes y de fácil acceso. La suspensión o cancelación de la cuenta de una empresa deberán estar debidamente justificada.

En resumen, la UE incide en un intento de restar preeminencia a la posición de los agentes intermediadores, especialmente los grandes, que tienen la sartén por el mango ya que las empresas tradicionales deben pasar por su aro para comercializar y hacer visibles sus productos y servicios, sin un mínimo control sobre las reglas del juego y en una situación de total desventaja.

  Árbitro y jugador

La acelerada configuración de un mercado nuevo y en continua expansión, en el que los abogados y ejecutivos de las empresas parecen más rápidos y diligentes que las burocracias públicas, está propiciando la aparición de situaciones en las que los gigantes parecen ser al mismo tiempo árbitros y jugadores.

La Comisión Europea ha reaccionado en ocasiones a manotazos. En junio de 2017 impuso a Google una multa récord de 2.420 millones de euros por abuso de posición dominante como motor de búsqueda por dar una ventaja ilegal a su propio servicio de compras. Poco antes la Comisión había impuesto una multa de 110 millones de euros a Facebook por haber proporcionado datos "incorrectos o engañosos" sobre la compra de Whatsapp.

  Empresas escurridizas

La cuestión fiscal es crucial en el intento de las autoridades europeas de poner bajo control la actividad de los nuevos amos de la economía. Mientras proliferan las iniciativas de diversos Estados miembros, Bruselas propuso en marzo establecer un tributo del 3% sobre los ingresos –no sobre los beneficios– de aquellas empresas que facturen más de 750 millones de euros. La Comisión persigue un bocado de los ingresos por espacios publicitarios en Internet –Facebook, Twitter, Google–, intermediación digital –Airbnb, Uber, Deliveroo– y venta de datos. La UE pretende recaudar 5.000 millones de euros al año, en un intento de garantizar la tributación equitativa en el seno del club comunitario. La Comisión calcula que las grandes empresas de la economía digital pagan un tipo efectivo del 9,5%, lejos del 23,2% del resto de compañías. En 2016 Bruselas obligó a Apple a un tipo efectivo del 9,5%, lejos del 23,2% del resto de compañíasBruselas obligó a Appledevolver 13.000 millones por ayudas fiscales ilegales en Irlanda.

"El problema fiscal siempre se ha conocido, pero sólo levantó ampollas cuando en 2015 Irlanda sacó sus datos y se vio que el PIB había aumentado un 26%. Claro, aquello saltó a la prensa y se activaron todas las alarmas", explica Matilde Mas, catedrática de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Valencia. El problema es que los nuevos colosos digitales tienen una gran cantidad de capital intangible y les basta un cambio de asiento contable para hacerse indetectables. "Acaban localizándose donde mejor les interesa. Ahora la Comisión está negociando una tasa común a las empresas tecnológicas, pero ahí no se van a poner de acuerdo, porque hay países como Irlanda u Holanda que se benefician de la actual situación. Por la vía de los beneficios, van a ser difíciles de coger. Es técnicamente complejo. Hay un problema metodológico en la definición de su residencia, por sus pocos empleados y su capital intangible. Por eso han ido a la vía de las ventas", señala Mas, que ve "muy optimista" al Gobierno de España vinculando el pago de las pensiones a impuestos a las empresas tecnológicas, que tienen "muy buenos abogados" para afrontar leyes y sortear coacciones, especialmente si llegan de los Estados y no de la UE, con una pegada mucho más poderosa.

  Beneficios globales, reglas locales

El impuesto del 3% sobre los ingresos debería estar sólo vigente, según la hoja de ruta comunitaria, hasta que Bruselas consiga aprobar la reforma del impuesto de sociedades, que es la verdadera estación fiscal de destino. José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cree que lo que hace excepcionales a los nuevos gallos digitales no es la voluntad de elusión de obligaciones impositivas a gran escala, que es marca común a cualquier multinacional. "Esto pasa siempre y con todas. Tributan allí donde la fiscalidad es más baja. La única forma de afrontarlo es de forma transnacional. El impuesto de sociedades debe pensarse a nivel global. Pero esto está muy lejos aún, aunque deberemos dirigirnos hacia eso porque cada vez hay más factor capital y menos factor trabajo", señala.

Lo que hace diferentes a estas empresas, lo que eriza a las autoridades comunitarias, es el comercio electrónico y su impacto en los canales tradicionales, opina Conde-Ruiz. Los esfuerzos de la UE son, a juicio del también profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Complutense de Madrid, "un intento de frenar o al menos de ralentizar un tipo de negocio digital que quieren que venga un poco más despacio", en referencia al fenómeno Amazon y similares.

Una de las dimensiones del fenómeno menos abordadas por la CE es la laboral. Su posición oficial es que los "nuevos modelos de negocio" de la economía de plataformas, con empresas tipo Uber que trabajan con autónomos, "pueden aportar una importante contribución al crecimiento y el empleo en la Unión Europea". Así que en lo relativo a los derechos de los trabajadores de momento hay manga ancha, aunque Bruselas apela a la "responsabilidad" y prepara una directiva que ofrezca alguna certidumbre a los eslabones más precarios de las nuevas cadenas laborales.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha animado a visitar las webs que han replicado a la del referéndum del 1 de octubre, que fue bloqueada por orden judicial, a través de proxys que permiten alterar la localización desde la que se realiza la conexión a Internet, informa Europa Press.

En un mensaje de Twitter recogido por Europa Press, ha invitado a sortear el bloqueo de páginas con servidores fuera de España, como 'www.ref1oct.eu', a las que varias teleoperadoras han impedido el acceso desde territorio español pero que se pueden consultar desde otros países.

Un proxy es un servidor informático intermediario que regula el acceso a Internet e intercede entre el cliente y el servidor original.

La Generalitat, además, ha puesto en marcha este fin de semana una cuenta de Twitter sobre el referéndum convocado para el domingo 1 de octubre, cuya ley ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC).

El perfil, '@ref1oct', cuenta con miles de seguidores a pocas horas de su puesta en funcionamiento y, por el momento, se ha centrado en retuitear mensajes de otros perfiles, como el del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y del perfil de la CUP en esa red social.

Tras meses de quejas diarias contra los medios de comunicación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso más en el control de la información de su persona.

Según informa Buzzfeed, el presidente republicano ha lanzado un servicio de noticias en forma de programa de televisión digital a través de Facebook.

Lara Trump (Yunaska de apellido de soltera), la esposa de su hijo Eric, es la encargada de presentarlo.

La nuera comienza con ironía -"Apuesto a que no habéis oído todos los logros conseguidos por el presidente esta semana porque hay muchas noticias falsas por ahí"- para continuar hablando del salario del magnate como presidente, la apertura de una fábrica de Foxconn en Wisconsin y el crecimiento económico.

El presidente Trump ya había acuñado como uno de sus lemas ese "fake news" -"noticias falsas", en mayúsculas en sus redes sociales- para descalificar la información en su contra cuando lo ha considerado apropiado, con lo que este canal lleva más allá esta premisa. 

La Casa Blanca no se ha pronunciado ante las preguntas sobre la producción de este canal ni sobre si puede considerarse a la nuera del magnate como un miembro más del gabinete de comunicación presidencial. Lara Trump ha trabajado como productora en Inside Edition y ha hecho contantes apariciones apoyando la campaña del entonces futuro presidente.

En cualquier caso, los votantes tienen una nueva herramienta para evitar las noticias que rodean a la Casa Blanca. Una estrategia que tendrá que mostrar su efectividad, pero que concuerda con la línea de Donald Trump. 

Los Veintiocho y el Parlamento Europeo cerraron la pasada noche un acuerdo político para asignar 120 millones de euros en dos años a la iniciativa Wifi4EU, con la que la Unión Europea quiere instalar conexiones wifi gratuitas en espacios públicos de hasta 8.000 lugares del territorio comunitario, incluidos plazas, parques, museos, bibliotecas y centros de salud.

El objetivo es instalar las conexiones de alta velocidad en "entre 6.000 y 8.000 municipios" en el conjunto de la Unión Europea, por lo que el reparto de subvenciones deberá hacerse de manera "geográficamente equilibrada".

Con ello, el bloque quiere llevar el wifi a áreas en donde no existe todavía una oferta privada o pública similar de conexión inalámbrica de alta calidad.

La Comisión Europea, promotora de esta iniciativa, estima que con este despliegue se podrán asegurar entre 40 y 50 millones de conexiones al día.

El presupuesto de 120 millones de euros deberá desembolsarse de aquí a 2019 y servirá para costear el material y las tareas de instalación de los puntos de acceso a internet, aunque está por decidir de qué partida del presupuesto comunitario saldrá.

Las entidades que se acojan a esta subvención, sin embargo, deberán costear la suscripción a internet y el mantenimiento del material. El plazo para solicitar las ayudas se abrirá una vez el sistema esté finalizado.

También se animará a las autoridades locales a crear y promover sus propios servicios digitales en ámbitos como la administración, la sanidad y el turismo electrónicos.

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la Agenda Digital, Andrus Ansip, ha celebrado el acuerdo logrado la pasada noche entre las instituciones de la UE porque servirá para "mejorar la conectividad especialmente en lugares en donde el acceso a internet está limitado".

"Fomentará el uso de servicios digitales y reducirá la brecha digital", ha destacado, por su parte, la presidencia de turno de la UE y mediadora en las negociaciones, que hasta finales de este mes ocupa Malta.

Wikipedia, la enciclopedia en línea, cumple este viernes quince años desde su puesta en marcha, con presencia en las aulas de universidades de todo el mundo, como Columbia, Harvard, Yale o MIT, según certifica el grupo de investigación Open Science and Innovation (OSI) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que, recientemente, ha publicado la primera guía para promover el uso de la Wikipedia en las aulas universitarias.

Según informaron este viernes en un comunicado, la iniciativa nació a raíz de una investigación sobre el uso del contenido abierto en las universidades, actitudes y prácticas de las universidades relacionadas con Wikipedia, impulsada por OSI y la UOC, dentro del programa de investigación de excelencia RecerCaixa.

Asimismo, señalaron que, para la elaboración de esta publicación, el equipo de investigadores ha revisado, desde el 2012, las prácticas docentes universitarias más relevantes que se llevaron a cabo en ámbito internacional. A partir del análisis de más de cincuenta experiencias, la guía presenta dieciocho ejemplos detallados y una serie de recomendaciones para los profesores que quieran profundizar en el diseño de sus prácticas docentes o iniciarse en este tipo de ejercicios echando mano de la Wikipedia.

Wikipedia es una enciclopedia libre, publicada en varios idiomas y editada de forma colaborativa. Además, es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en donaciones.

De este modo, los más de 37 millones de artículos que contiene en unos 280 idiomas han sido redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo. Fue creada el 15 de enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, y en la actualidad cuenta con más de 20 millones de usuarios, según apunta el organismo.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha asegurado que el supuesto correo electrónico enviado por parte de un trabajador de la Junta de Comunidades que dirigía el socialista José María Barreda a Cuadrifolio es "un montaje cutre", ya que el dominio que aparece publicado por el diario El Mundo este miércoles pertenece a un ciudadano de Ohio (EEUU).

Así lo ha asegurado la portavoz y vicesecretaria del PSOE en la región, Cristina Maestre, quien ha explicado que el dominio de la Junta es 'jccm.es', por lo que cree que "quien está encabezando esta trama contra el PSOE es por un motivo de preocupación porque sabe que se les acaba el tiempo y se inventan montajes".

"Cualquier ciudadano puede comprobar cómo el dominio '.com' es de un señor de EEUU que vive en Ohio y que en 1999 compró el dominio para su empresa Jccm Consulting. Es más, nos hemos puesto en contacto con este señor –llamado James Madden– y nos ha dicho que ni vende ni ha vendido el dominio, por lo que muy difícil puede ser que nadie mande un correo a nadie desde este dominio", ha afirmado.

Para el PSOE se trata de un delito "gravísimo" de suplantación de identidad, por lo que este mismo miércoles pondrán este correo en conocimiento de la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil y, además, pondrán un requerimiento notarial al Gobierno de Castilla-La Mancha ya que consideran que "alguien tendrá que explicar cómo es posible esto".

Intuye que el Gobierno de Castilla La-Mancha podría estar detrás

La portavoz del PSOE castellano-manchego también ha asegurado que en su partido "intuyen" que el Gobierno regional podría estar detrás de esta información, puesto que en la información del periódico nacional se dice que hay más correos a Cuadrifolio en la Consejería de Hacienda.

"Es que es blanco y en botella. Si la información dice que hay más correos en Hacienda, será porque el Gobierno de Cospedal ha confirmado que existen más correos. Intuimos que alguien está suplantando la identidad de la Junta, que alguna cabeza pensante del Gobierno está organizando este montaje. No acuso porque no tengo pruebas, pero lo intuyo", ha aseverado.

Asimismo, ha destacado que el propio perfil de Twitter de la presidenta regional "está alimentado las especulaciones" pues "está dedicado a trasladar y esparcir la basura y este montaje que está impulsando y que puede estar muy cercana a ella". Por ello, exigen a la Administración regional que dé explicaciones "hoy mismo de cómo puede ser que de un domino que no le pertenece a la Junta tengan correos".

Por último, Maestre ha asegurado que su partido no va a permitir "ni una sola calumnia ni difamación" de nadie y menos de miembros del PP que, según ha indicado, "no son nadie para dar ejemplo". "No nos va a temblar la mano porque estamos en posesión de la verdad y la honradez y podemos mirar a los ojos a los ciudadanos", ha afirmado.

Tras la aprobación del proyecto, el paso siguiente será habilitar el dominio en un proceso que se demorará hasta finales de año o principios del 2014. Luego se abrirá la convocatoria para la solicitud de identificadores con el .gal, para lo que en un primer momento tendrán preferencia las instituciones que trabajan a favor de la cultura y lengua gallegas.

También se ha aprobado el .eus para el euskera, que fue promovida por PuntuEus, creada en 2008, y que está integrada por más de medio centenar de organizaciones de diferentes ámbitos, como la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia o la Universidad del País Vasco. Después de un año de estudio, la Icann ha dado luz verde al dominio .eus para que sea usado por la comunidad de la lengua y la cultura vasca, según informa en un comunicado la organización PuntuEus.

Algunos daban por muerto, literalmente, a David Bowie tras diez años de silencio musical. Apenas alguna colaboración esporádica del británico con algunas bandas despejaban los recurrentes rumores sobre su desaparición de la escena. Y, a decir de la crítica en Reino Unido de su nuevo disco (The Next Day), el icono glam viene a tapar muchas bocas. No sólo aquellas que lo daban por muerto biológicamente, sino las que lo consideraban acabado artísticamente.

The Independent llega a afirmar que la vuelta de Bowie "puede ser el mejor álbum de regreso en toda la historia del rock". Pues se trata de eso, de un regreso, también artístico. Las nuevas 14 canciones son una mirada a su pasado musical, con canciones que remiten a trabajos previos, como Lodger (1979) o Scary Monsters (1980). El Daily Telegraph afirma que es “atrevido, precioso”, un recorrido que Bowie hace “a través de sus propios mitos”. O como lo define The Guardian,"The Next Day muestra por todas partes lo que puede definirse como una lista de las obsesiones de Bowie”.

“Un disco que remueve conciencias, raro y repleto de grandes canciones. Escucharlo te hace desear que no se trate de una excepción y que su vuelta sea algo definitivo”, concluye The Independent. The Next Day sale a la venta el próximo 12 de marzo, aunque el artista, quizá en otra vuelta de tuerca que muestra su regreso, lo ha filtrado a iTunes, donde se puede escuchar en streaming.