Ni por edad y formación ni por talante debería haber sido César Alierta la persona destinada a dirigir con éxito una compañía tecnológica, convirtiéndola en una multinacional y adaptándola al reto digital. Pero el financiero zaragozano, que acaba de fallecer a los 78 años, llevó a una Telefónica recién salida del monopolio público hasta la máxima capitalización bursátil y el récord histórico de beneficios tras lanzarla a la expansión internacional y situarla como uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. Además, capitaneó con mano firme el barco durante 16 años bregando con habilidad tanto con gobiernos del PP y PSOE.

Pese a que lo suyo eran las finanzas –fue director general de Mercado de Capitales en el Banco Urquijo durante 15 años y fundó la sociedad de valores Beta Capital–, se estrenó a lo grande en la gestión empresarial con Tabacalera, que privatizó y fusionó con la francesa Seita para tansformarlas en Altadis. Nombrado para ese puesto por José María Aznar en 1996, fue también la persona elegida cuatro años más tarde para enderezar Telefónica tras el escandaloso paso de Juan de Villalonga por la compañía, que había dejado de ser pública sólo un año antes.

Y lo consiguió, mediante una mezcla de intuición, talante y una ambición innegable pero, sobre todo, gracias al uso inteligente del poder. Dentro de la empresa y fuera de ella, según coinciden las fuentes consultadas. “No tenía un estilo de gestión, no existe un aliertismo de gestión”, explican. Por el contrario, las claves de su éxito en Telefónica y de su longevidad al frente de ella –sólo sus dos primeros presidentes duraron más que él– fueron su capacidad para las relaciones –“se hacía querer”, repiten– y su habilísimo manejo del poder. Dentro de Telefónica lo monopolizó, dando –y quitando– atribuciones a quienes, a diferencia de él, conocían el campo tecnológico, azuzando así una competencia interna por el éxito que redundaba en beneficio de la organización, detallan fuentes próximas al empresario.

“En Telefónica había ideas, mercado y capital, y Alierta respetó y potenció esos equipos; Alierta dejó hacer”, explica Mariano Guindal, periodista económico autor de El declive de los dioses, sobre los grandes empresarios de la Transición. El zaragozano, por tanto, se dedicó a las “fusiones y las compras, que era lo que sabía hacer, no a la digitalización”, precisa Guindal.

Todo ello estaba al servicio de un objetivo: convertir a Telefónica en una gran compañía. Mientras el mundo pasaba de analógico a digital, Alierta compraba las filiales de la estadounidense Bellsouth en América Latina, la brasileña Vivo, la checa Cesky Telecom y la británica O2, que le permitió acceder también a los mercados alemán e irlandés. Fue con Alierta cuando Telefónica alcanzó su récord de capitalización bursátil, casi 107.000 millones de euros, en octubre de 2007. Ahora sólo suma 21.400 millones, aunque lejos de los mínimos, por debajo de 16.000 millones, en que se hundió en septiembre de 2020. También explotaron con Alierta los beneficios: los 10.167 millones de euros conseguidos en 2010 no han sido aún superados. En 2022 ganó sólo 2.011 millones. A falta de conocerse cómo ha cerrado 2023, hasta el tercer trimestre suma 1.262 millones en ganancias. En el lado negativo, al irse, en 2016, dejó una deuda enorme, de 53.116 millones de euros que, a día de hoy, su sucesor, José María Álvarez Pallete, ha recortado hasta dejarla en menos de la mitad –26.687 millones–.

“El hombre poderoso”, tituló una periodista alemana el reportaje sobre César Alierta que la llevó hace años a Madrid y Zaragoza, la ciudad natal del expresidente de Telefónica. “Es tan poderoso que hasta el jefe de Estado chino le visita”, abría el suyo el diario Die Welt en mayo de 2008 para presentar a los lectores alemanes al empresario español que quería “conquistar” Europa.

Mariano Guindal dice que era “influyente” por su poder sobre los medios de comunicación. Telefónica fue durante años el primer anunciante de España. En 2008, aún con la economía en pleno auge, Telefónica se gastaba 173,8 millones de euros en publicidad, lo que representaba el 2,6% de la inversión, según Infoadex, y una lluvia fundamental de ingresos para periódicos y televisiones. Pero su influencia iba mucho más allá de los medios de comunicación. “Supo mantener los equilibrios mediáticos y también los políticos”, resume Guindal. Para ello, Alierta se dedicó sin disimulo al fichaje de políticos, tanto de PP como de PSOE. La lista es jugosa. “Fue muy hábil, jugando a dos barajas, mimaba a unos y a otros”, admite el periodista.

Del PSOE: el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, el exsecretario de las Juventudes Socialistas Javier de Paz, la mujer de Eduardo Madina, Paloma Villa, y Carlos Escó, marido de la exlíder socialista en Aragón Eva Almunia.

Del PP: el exvicepresidente Rodrigo Rato, los exministros Eduardo Zaplana y Manuel Pizarro; Iván Rojas, marido de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Vanesa Arriola Villalobos, hija del asesor de Aznar Pedro Arriola y la exministra Celia Villalobos; la expresidenta de Navarra (UPN) Yolanda Barcina, el ex secretario de Estado Alfredo Timermans... También contrató a Iñaki Urdangarín y al exjefe de la Casa Real Fernando Almansa.

Según Guindal, “llevarse bien con todos” le permitía a Alierta “sobrevivir”. Conseguía que “[los políticos] le dejaran en paz”, remacha. Y que la regulación se hiciera “a medida de Telefónica”. Fuentes próximas al expresidente, sin embargo, niegan que la compañía obtuviera ningún trato de favor en ese aspecto, sino más bien al contrario. Con el tiempo, perdió inevitablemente su posición de dominio en el mercado. “Perdió todo lo que tenía que perder”, concluyen. Las puertas giratorias con la política podían tener “cierto efecto externo”, admiten las fuentes, pero Alierta las consideraba más bien “un peaje que tenía que pagar”, sobre todo tratándose de una “empresa regulada”.

Una buena muestra de esta dualidad es la enmienda que lleva el nombre de la empresa y que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para frenar el escándalo que siguió al anuncio de un ERE de 6.500 despidos sólo meses después de haber publicado los mayores beneficios de su historia. Tampoco era el primero. Telefónica se había acostumbrado a ofrecer condiciones de lujo a quienes querían prejubilarse, pero el coste para las arcas públicas –para el Inem de entonces– de esos retiros anticipados era millonario.

Así que ahora las empresas con beneficios que despidan a trabajadores mayores de 50 años deben hacer una aportación al Tesoro equivalente al importe de las prestaciones públicas que recibirán sus exempleados hasta la jubilación. En los últimos 20 años, Telefónica ha recortado en un 65% su plantilla a base de ERE y bajas incentivadas: ha pasado de 60.000 a poco más de 20.000 trabajadores en España. El ERE que acaba de presentar este año, para 3.241 empleados, le costará a la empresa 1.300 millones de euros.

El expresidente de Telefónica, que nunca ocultó su afinidad con el PP, llegó a confesarse “socialdemócrata” en alguna ocasión. Lo cuenta el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, en su libro Al fondo a la izquierda: En un restaurante, en 2016, le contó que había insistido durante “mucho tiempo” a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, en que debía “subir el salario mínimo un 20% y aprobar una renta básica para los hogares sin ingresos”. “Mi receta es muy clara: crecimiento y solidaridad. Ésa es la clave de lo que necesita Europa, hasta a [Angela] Merkel se lo he dicho. Y los números salen. Les hice los numericos y se los mandé a Rajoy y a Álvaro Nadal [jefe de la Oficina Económica del Gobierno]. Ni puñetero caso. Y la gente, con razón, cada vez más encabronada”, se explayó.

Solidaridad con los de abajo e impuestos a los de arriba. “A quienes más ganamos, a quienes ganamos millones, deberían gravarnos hasta un 65% en la renta personal. Y sin demagogias, ¿eh?”, defendió entonces. César Alierta dejó la presidencia de Telefónica ese mismo año, con un plan de pensiones de 54,2 millones de euros.

Sólo unos meses después, en 2017, se disolvió el Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby de las 15 mayores empresas españolas que presidió César Alierta desde su nacimiento en 2011. La iniciativa corrió a cargo de Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y el propio Alierta, pero fue éste quien se puso al frente del grupo. El foro se presentó con el objetivo de impulsar la recuperación económica y la marca España, en los meses previos al rescate europeo de la banca española y mientras la CEOE sufría una tremenda crisis por culpa de los negocios y fraudes de Gerardo Díaz Ferrán.

Querían que se les considerara un think tank, un laboratorio de ideas, pero la foto de los empresarios más poderosos de España –Florentino Pérez (ACS), Francisco González (BBVA), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Antonio Brufau (Repsol), Pablo Isla (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), entre otros– proyectaba más bien la imagen de un grupo de presión. El apoyo de esta superélite económica a los sucesivos recortes del Gobierno aquellos años de austeridad tampoco dejaba margen para el equívoco. “Fue fruto de una visión patriótica, pero también interesada: lo que es bueno para el país también será bueno para mi empresa”, interpretan fuentes cercanas a Alierta.

El expresidente de Telefónica contaba además con una agenda de contactos internacionales “restringida pero profunda”, destacan las mismas fuentes. Tomaba cafés con Angela Merkel, que ha enviado un mensaje de condolencia al saber de la muerte de Alierta, y tenía una buena relación personal con el presidente brasileño, Lula da Silva, y con el papa Francisco, e incluso con competidores como el ex consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, y el principal accionista de Vivendi, Vincent Bolleré.

César Alierta pertenecía a la misma generación de empresarios de, por ejemplo, Francisco González, el expresidente del BBVA. Ambos proceden del mundo de las finanzas –González también fundó su propia sociedad de valores– y de los círculos de amistad políticos del PP –a González y a Alierta los nombró Rodrigo Rato al frente de Argentaria y Tabacalera–, triunfaron en la vida empresarial gracias a las privatizaciones de grandes compañías públicas y llevaron el timón de la expansión internacional y digitalización de Telefónica y BBVA mientras aprovechaban los vientos de los distintos gobiernos. Se fueron casi al mismo tiempo: González en 2018 –tiene un año más que Alierta–.

Además, compartieron problemas judiciales. El zaragozano pasó por los tribunales en el llamado caso Tabacalera, cuando se le acusó –también a su sobrino– de información privilegiada: junto con su mujer habían ganado 1,86 millones de euros al comprar acciones de la empresa poco antes que de que ésta adquiriera en 1997 una compañía estadounidense, una operación que multiplicó el valor de las acciones de la española. En 2010 fue absuelto finalmente por el Tribunal Supremo, que declaró prescrito el supuesto delito. Francisco González, en cambio, sigue aún pendiente de que la Audiencia Nacional decida sobre su responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo por el BBVA. La misma camada y trayectorias paralelas.

Pero a Alierta y a González les separaba una diferencia fundamental: el carácter. Según las fuentes consultadas, González es una persona de difícil trato. Hasta José María Aznar reconoció en una entrevista a El País Semanal que el banquero de Chantada (Lugo) “no es demasiado simpático”. Todo lo contrario que el “nacionalista aragonés” –como lo califica Mariano Guindal– Alierta. “Era tímido, pero cercano, tenía una capacidad de relacionarse muy curiosa”, le describen las fuentes. Siempre fue “César, no le gustaba que le llamaran presidente”, recalcan, pero nunca hubo dudas sobre quién ejercía el poder absoluto en la empresa y cuánto poder tenía Telefónica en España.

El que fuera presidente ejecutivo de Telefónica desde julio del año 2000 hasta abril de 2016, César Alierta, ha fallecido este mediodía en Zaragoza, confirmaron a Europa Press en fuentes conocedoras del deceso.

Las mismas fuentes indicaron que Alierta permanecía en un centro hospitalario de la capital aragonesa desde las pasadas navidades aquejado de problemas respiratorios. En los últimos años había atravesado diversos problemas de salud.

Durante su etapa como primer ejecutivo del grupo de telecomunicaciones, Alierta presidió también el Consejo Empresarial para la Competitividad, que tenía como principal objetivo defender la imagen de la economía y las empresas españolas en el exterior.

César Alierta, que en mayo de este año habría cumplido 79 años, comenzó su andadura profesional en el Banco Urquijo y a mediados de 1985 fundó Beta Capital. En junio de 1996 fue nombrado por José María Aznar presidente de la entonces empresa pública Tabacalera.

A lo largo de su carrera ha recibido multitud de reconocimientos, como el premio 'Empresario Español Global' que le otorgó la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en 2005, o la 'Medalla de Oro' de la 'Americas Society' en 2010 por su contribución al crecimiento y el desarrollo de América Latina, con lo que se convirtió en el primer español y en la primera persona nacida fuera del continente Americano en recibe este galardón.

Durante la presidencia de César Alierta, Telefónica pasó de ser un actor destacado en el sector de las telecomunicaciones en España y Latinoamérica a convertirse en un líder en los principales mercados de la apuesta estratégica de la compañía, es decir, Brasil, Alemania, España e Hispanoamérica.

Durante su mandato, Alierta tomó decisiones estratégicas que "convirtió en tendencia" en el sector de las 'telecos', como la amortización de las licencias del sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS) o la creación de Telefónica Digital, división que en julio del año pasado se fusión con Telefónica I+D para crear Telefónica Innovación Digital.

En 2012 designó a José María Álvarez-Pallete como consejero delegado de Telefónica con vistas a que le sucediese como presidente de la operadora, lo cual sucedió finalmente el 8 de abril de 2016.

"Tras asumir a nivel global el día a día de las operaciones desde su posición como consejero delegado de la compañía, Alierta ha considerado a Álvarez-Pallete como el directivo mejor preparado para favorecer el relevo y posicionar una vez más a Telefónica en la vanguardia, esta vez del sector digital", señalaba en 2016 la empresa.

A pesar de dar un paso a un lado, Alierta continuó vinculado a la operadora como presidente de la Fundación Telefónica, cargo que ocupó hasta 2022, año en el que Álvarez-Pallete le sustituyó, aunque siguió ligado a la organización como patrono de la misma.

En 2016, el mismo año en el que dio paso a José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica, Alierta también dejó su puesto en el consejo de administración de IAG, 'holding' de aerolíneas del que llegó a ser el segundo mayor accionista individual.

De hecho, fue uno de los seis consejeros que en 2010 representó a Iberia en la integración de la aerolínea con British Airways para formar IAG.

Entonces, el consejo de administración del grupo resultante contaba con seis vocales por parte de Iberia y ocho por parte de British Airways.

Así, Alierta formó parte del 'grupo español' del primer consejo de administración de IAG, en el que también estuvo el entonces presidente de Caja Madrid y ya exministro y exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y el que en aquel momento era consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez-Lozano, entre otros.

En ese sentido, Alierta fue presidente de la Comisión de Retribuciones y vocal de la de Comisión de Nombramientos de IAG.

Alierta también fue el máximo accionista del equipo de fútbol de su ciudad natal, el Real Zaragoza, entre 2019 y 2022, cuando vendió el 51% de las acciones que poseía del equipo al actual grupo inversor liderado por los hermanos Mas Santos y en el que participan, entre otros, el fundador de Amber Capital y presidente de Prisa, Joseph Oughourlian.

De hecho, durante varias temporadas Telefónica ha sido patrocinador del Real Zaragoza y el logotipo de la compañía aparecía en la camiseta del equipo.

Por otro lado, en junio de 1996 Alierta fue nombrado por José María Aznar presidente de la entonces empresa pública Tabacalera. Durante el mandato del directivo zaragozano se realizó el proceso de privatización de la entidad y se fusionó con la firma francesa Seita para formar Altadis.

Su mandato en Tabacalera también estuvo acompañado de polémica debido a un supuesto caso de utilización de información privilegiada.

No obstante, en 2009 la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Alierta y a su sobrino Luis Plácer de la acusación de utilización de información privilegiada por el 'caso Tabacalera' al aceptar la prescripción del delito.

"Debemos absolver y absolvemos a César Alierta y Luis Plácer, por haber prescrito, del delito de uso de información privilegiada de los artículos 285 y 286 del Código Penal por el que venían siendo acusados, así como del resto de pretensiones deducidas en su contra", según el fallo de la sentencia.

En concreto, el fiscal del caso acusó a Alierta y Plácer de "utilizar información privilegiada para no soportar los riesgos que tienen los demás inversores" y de beneficiarse de su posición para obtener 1,86 millones de euros con la compraventa de acciones de Tabacalera en 1997.

Adelantamos un extracto del libro Al fondo a la izquierda, escrito por Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, sobre el terremoto político español de los últimos años, especialmente en el espectro político progresista.

El libro, publicado por Planeta y que ya está en las librerías, es un relato personal “que no gustará a nadie” según reza en el subtítulo de portada, e incluye conversaciones mantenidas por el autor con los principales protagonistas políticos en el periodo que abarcan los hechos.

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Vísperas del estallidoVísperasdelestallido

La incomunicación dentro del partido es marmórea durante esas semanas de septiembre. Esta vez no hay comisión negociadora que se reúna, ni se cruzan tampoco llamadas desde territorios a Ferraz y viceversa para sopesar posibilidades. Nadie se fía de nadie. Lo cual no quiere decir que nada se mueva. Pasados dos meses sabremos, a través de El Mundo, que, a mediados de septiembre, Pedro Sánchez visita en la sede de Telefónica a su nuevo presidente, José María Álvarez-Pallete, para expresarle su preocupación por la «hostilidad manifiesta» contra él por parte del Grupo Prisa, en cuyo accionariado la compañía de telecomunicaciones tiene una participación relevante. Se queja el secretario general del PSOE, y así lo confirmará él mismo en su día ante Évole, de que el antecesor de Pallete y actual número uno de la Fundación Telefónica, César Alierta, ha tomado partido por Susana Díaz y apoya a Juan Luis Cebrián en las duras críticas de El País a Sánchez y en la línea editorial que defiende un gobierno conservador a toda costa.

Álvarez-Pallete, que al parecer pensaba que se trataba de una visita de cortesía, le asegura que no tiene nada contra él y que no piensa ejercer ningún papel que interfiera en medios de comunicación para influir a favor o en contra de ningún candidato; que su cometido es «netamente empresarial». Minutos después de irse Sánchez, el presidente de Telefónica informa a Alierta, que sigue siendo consejero y con el que mantiene una estrecha relación, aunque sus estilos y dinámicas de trabajo sean muy diferentes.

Cuando sólo faltan tres días para las elecciones vascas y gallegas, se filtra que Pedro Sánchez tiene previsto reunir el siguiente lunes a la Comisión Permanente de la Ejecutiva (donde los críticos están en minoría) para convocar un Comité Federal el 1 de octubre, en el que se da por supuesto que pedirá autorización para intentar formar gobierno. El«no es no» a Rajoy ha protagonizado la campaña en Euskadi y en Galicia. Será la tercera cita electoral en nueve meses para Sánchez, que ha impuesto además sus criterios en las listas, especialmente las gallegas, y las encuestas pintan un escenario negro para el PSE y para el PSdeG. Susana Díaz, Fernández Vara y el resto de los barones críticos, que en plena campaña denuncian ataques organizados desde Ferraz contra quienes discrepan de la línea oficial, interpretan de inmediato la pretensión de Sánchez como una maniobra para disfrazar un mal resultado y volver a ganar tiempo.

Arden los teléfonos y, desde Sevilla, empieza a sondearse discretamente la posibilidad de forzar la caída del secretario general a través de una fórmula contemplada en el artículo 36 de los Estatutos: que dimitan la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva, lo que obligará al Comité Federal a convocar un congreso extraordinario para elegir una nueva dirección.21

El 25-S se confirman los peores augurios para los socia- listas. Las victorias de Alberto Núñez Feijóo en Galicia y de Íñigo Urkullu en Euskadi confirman aquella sentencia del maquiavélico Giulio Andreotti: «El poder desgasta [sobre todo] a quien no lo tiene». EL PSE cae de los 16 a los 9 esca- ños y es superado por Podemos en el País Vasco. En Galicia también hay sorpasso en votos, y la lista de Sánchez se queda en tercera posición, aunque empate en escaños con En Marea, la confluencia de Podemos con la decisiva contribución de la Anova de Xosé Manuel Beiras. El exsocio de Sánchez en el «abrazo», Ciudadanos, ni siquiera logra entrar en ninguno de los dos parlamentos.

El lunes por la mañana, Sánchez pone en marcha el plan que en parte se ha filtrado el jueves anterior. La Comisión Permanente de la Ejecutiva convoca para el siguiente sábado el Comité Federal, ante el que propondrá que el congreso del partido se celebre a principios de diciembre, precedido de unas primarias a la Secretaría General para las que fija la fecha del 23 de octubre. Si se ratificara ese calendario, Sánchez dispondría de una semana para intentar negociar un gobierno alternativo al de Rajoy, puesto que el plazo hábil para un nuevo intento de investidura finaliza con el mes: el 31 de octubre. Y él proclama que está dispuesto a intentarlo porque está convencido de que las bases y el electorado prefieren esa opción a la de repetir elecciones o que el PSOE se abstenga para que gobierne Rajoy.

Inmediatamente circulan dos posibles deducciones: o Pedro Sánchez tiene más avanzada de lo que se cree la posibilidad de ese gobierno alternativo con Podemos y nacionalistas o su prioridad es liquidar urgentemente su enfrentamiento con Susana Díaz y, si gana, volver a las urnas en diciembre, aunque sea a costa de un nuevo descalabro electoral.

Para contrastar la primera hipótesis, hago una llamada a Pablo Iglesias, cuyo apoyo sería imprescindible para que el plan de Sánchez fraguase. Su respuesta es muy clara:

—Mira, todo esto me parece una tomadura de pelo. Pedro y yo hemos hablado una sola vez por teléfono en estas se- manas, y él mismo canceló la reunión que íbamos a mantener los dos. ¿Negociar un gobierno a partir del 23 de octubre? No se lo cree nadie. Pedro va a terceras elecciones porque está convencido de que Podemos pierde otro millón de vo- tos. Pero no le van a dejar hacerlo.

Respecto a las fuerzas independentistas, desde infoLibre intentamos también comprobar si había habido nuevos contactos más allá de los que el propio Sánchez sostuvo en el Congreso con Francesc Homs y Joan Tardà tras la investidura fallida de Rajoy. Todas las fuentes consultadas lo niegan. Lo más cercano a una gestión en esa línea habría sido una conversación entre Miquel Iceta, del PSC, y Xavier Domènech, de En Comú Podem, en la que se comenta la posibilidad de sondear a los grupos independentistas su disposición a no plantear el referéndum como condición im- prescindible para una investidura de Sánchez. La «desconexión» entre PSOE y Podemos en Madrid deja en el aire la ejecución de esa gestión en Barcelona.

Todo apunta, por tanto, a la batalla interna como motivación primera del movimiento de Pedro Sánchez, aunque resulte inevitable relacionarlo con la cuestión de la investidura, puesto que su calendario le condiciona. Lo que tantas veces ha repetido el líder del PSOE, «España primero, después el partido», quedaría ya para el registro de esa «maldita hemeroteca» que desvela sus numerosas contradicciones. Pero Sánchez niega en la SER el martes por la mañana que esté haciendo «tacticismo». Al contrario, reta a Díaz y a los barones a pronunciarse abiertamente sobre la abstención. «Ya va siendo hora de que pongamos las cartas encima de la mesa.» Y, lo que termina de sublevar a los aludidos, dice que no tiene intención de dimitir pase lo que pase en el comité del sábado.

El editorial de El País de ese 27 de septiembre acusa a Sánchez de «tramposo» y «marrullero» y denuncia que lo que pretende es «secuestrar» al partido para mantenerse en el cargo. Los sucesivos editoriales y las portadas de práctica- mente todo el abanico del kiosco de papel resultarán de una ayuda imprescindible para vestir a Pedro Sánchez con el tra- je de héroe de la militancia que planta cara a las élites del PSOE y al establishment de los poderes económicos y empresariales.

El miércoles 28 amanece con unas explosivas declaraciones de Felipe González en la Cadena SER. Ha habido que grabarlas de madrugada porque el expresidente se encuentra en Santiago de Chile tras haber asistido en Colombia a la ceremonia de firma de los acuerdos de paz, y la autoridad competente en la SER considera que lo que va a decir González no puede esperar. «Me siento frustrado, como si me hubieran engañado […] el 29 de junio Pedro Sánchez me explicó que pasaba a la oposición […] que votaría contra la investidura del Gobierno del PP, pero que en segunda votación pa- saría a la abstención para no impedir la formación de gobier- no.» Añade que «las terceras elecciones serían un disparate, nos podrían llevar a una crisis del sistema» y advierte que «un gobierno Frankenstein [como bautizó Rubalcaba a un ejecutivo apoyado por Podemos y fuerzas independentistas] no es bueno ni es posible».

A esas alturas está claro que el objetivo de derrocar a Sánchez de la Secretaría General une en el PSOE a nombres que durante años han estado enfrentados o absolutamente distanciados. González y Zapatero; Rubalcaba y Carme Chacón; Susana Díaz y Edu Madina; Fernández Vara y Ximo Puig…

Pocas horas después de emitirse la entrevista de González, el amplio sector crítico anuncia que diecisiete miembros de la Comisión Ejecutiva Federal presentan la dimisión. Durante los últimos días, la propia Susana Díaz y Máximo Díaz-Cano han ido llamando uno por uno a todos aquellos nombres que consideran dispuestos a dar un paso contra Sánchez. También Zapatero y Rubalcaba han hecho gestiones en la misma línea. Si no se han presentado las dimisiones la víspera es porque hasta el último momento intentan, con ayuda de Ximo Puig, convencer también a Carmen Montón, consejera del gobierno valenciano, que se resiste y finalmente decide no firmar.

Era importante esa firma por lo siguiente. La Ejecutiva estaba formada originalmente por 38 miembros. Dos habían renunciado anteriormente por otras causas y el tercero era Pedro Zerolo, concejal de Madrid querido y respetado por todo el partido, que falleció en junio de 2015. Por tanto, el órgano se compone ahora de 35 miembros. Si Montón hubiera aceptado, la presentación de 18 firmas no dejaría la menor duda de que se trataba de la mitad más uno de la Ejecutiva. Los críticos sostienen que los Estatutos se refieren a la composición original de la dirección, por lo que aducen que de 38 miembros se han producido veinte vacantes (diecisiete dimisionarios más las tres bajas anteriores), y en cumplimiento de los Estatutos, el Comité Federal deberá convocar un congreso extraordinario para elegir nueva dirección. Sánchez y los suyos se aferran en principio a que 17 no es la mi- tad más uno de 35. Pero, lo que es más importante, alegan que, en cualquier caso, los Estatutos no dicen que el órgano quede extinguido tras las dimisiones, ni que haya que nombrar una gestora, sino simplemente convocar el congreso.

El choque de legitimidades está servido. Y el encargado de llevar físicamente las firmas de las dimisiones a la sede de la calle Ferraz es Antonio Pradas. Un detalle muy significativo, porque se trata del mismo diputado andaluz que dos años antes había entregado los avales de Pedro Sánchez para las primarias en las que éste derrotó a Madina gracias al apo-yo decisivo de Susana Díaz y de los socialistas andaluces.

El expresidente de Telefónica César Alierta, el presidente de Inditex, Pablo Isla, y el expresidente de Cortefiel Gonzalo Hinojosa han presentado este jueves su renuncia voluntaria al consejo de administración de Telefónica, que les ha agradecido sus muchos años de trabajo y los servicios prestados, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operadora ha aprovechado estas tres renuncias para recudir a 17 el número de miembros del consejo de administración, de acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno y las tendencias internacionales.

Asimismo, ha acordado nombrar consejeros por cooptación, y a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno a Carmen García de Andrés, directora general de la Fundación Tomillo, y a Francisco José Riberas Mera, presidente de Gestamp, con el carácter de consejeros independientes.

El consejo ha acordado también someter a la aprobación de la próxima junta general de accionistas la reelección como consejeros de su actual presidente, José María Álvarez-Pallete, y de Ignacio Moreno Martínez, así como la ratificación de los dos nuevos consejeros independientes.

Por último, ha acordado nombrar miembro de la Comisión de Auditoría y Control a la consejera independiente Carmen García de Andrés y miembros de la Comisión de Nombramientos a José Javier Echenique Landiríbar y a Luiz Fernando Furlán, todos ellos consejeros independientes.

Isla dice adiós tras 15 años como consejero

De este modo, Pablo Isla pone fin a su etapa en la operadora, en la que entró como consejero independiente el 12 de abril de 2002, fecha en la que César Alierta ya presidía la compañía.

El máximo ejecutivo del grupo gallego consideraba inadecuado desde el punto de vista de gobierno corporativo continuar como consejero en Telefónica tras quince años en la compañía.

Según la normativa que regula la gobernanza de las empresas cotizadas, un miembro del consejo de administración que lleva ese número de años no puede mantener la calificación de independiente y ser defensor neutral de los intereses de los accionistas.

Curiosamente, el nombre del presidente de Inditex llegó a sonar hace unos años como posible sucesor de Alierta, aunque Isla tildaba siempre esa posibilidad de "absolutamente ridícula".

El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), compuesto por 15 grandes compañías y el Instituto de Empresa Familiar (IEF), ha acordado este miércoles proceder al cese de su actividad al considerar que se han cumplido los objetivos para los que se creó dicha asociación hace seis años.

Según explica el CEC en un comunicado, los miembros de este think tank han celebrado este miércoles su última sesión, que ha servido para analizar las perspectivas económicas de España y hacer un balance positivo de los seis años de su actividad y su contribución, desde el terreno de las ideas, a la mejora de la imagen internacional del país y su recuperación económica.

"Seis años después y consolidada la recuperación económica podemos sentirnos satisfechos del trabajo realizado y de haber cumplido los objetivos que motivaron la creación del CEC", ha afirmado el expresidente de Telefónica y presidente de lobby, César Alierta, cuyo mandato concluía este mes de febrero.

Asimismo, ha agradecido la contribución de todas las empresas que componen el CEC, de su equipo directivo, especialmente de su director general, Fernando Casado, y la labor de los impulsores, con un recuerdo especial a Isidoro Álvarez, Emilio Botín, José Manuel Lara y Leopoldo Rodés.

El CEC, cuyas empresas suman una facturación conjunta equivalente al 35% del PIB español, se constituyó en febrero de 2011, en plena crisis, como un think tank para aportar propuestas que mejoraran la competitividad, ayudaran a la recuperación económica y fortalecieran la confianza internacional en España.

El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) se reúne este martes para echar el cierre tras cinco años, una breve existencia para el órgano que nació como el superlobby de las mayores empresas españolas. En realidad, el CEC lleva ya un año con ventilación asistida, desde que suspendió la reunión prevista después de las elecciones del 20 de diciembre. La salida de su principal impulsor, César Alierta, de la presidencia de Telefónica, y la muerte de dos miembros destacados como Emilio Botín (Banco Santander) e Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) han terminado por dejar sin fuelle el grupo de los 17 más poderosos empresarios de España.

Aunque no son éstas las únicas razones del declive de un consejo que se fotografió al completo tanto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los jardines de La Moncloa, como con el rey Juan Carlos, en toda una muestra de fortaleza. El CEC no era un lobby al uso. “Su objetivo no era defender intereses sectoriales, actuando en un área, cuanto más concreta más efectiva, como hacen Seopan [el lobby de las grandes contructoras] o la patronal bancaria, por ejemplo”, explica Manuel Villoria Mendieta. catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparency International. Por el contrario, “sus fines eran estrictamente políticos”, apunta Juan Hernández Vigueras, miembro de la asociación ATTAC y autor de Los lobbies financieros.

“El CEC nació para crear un clima de opinión, para influir en la política económicainfluir en la política económica”, precisa Iván Medina, profesor de la Universidad de Valencia y uno de los autores de Los grupos de interés en España junto al catedrático Joaquim María Molins, de la Universidad Autónoma de Barcelona. El Consejo Empresarial de la Competitividad no es un think tank –a pesar de que así se presenta en su página web– como sí puede definirse el Círculo de Empresarios, ni una patronal al uso como la CEOE. Sobre el germen del Instituto de Empresa Familiar (IEF), nacido en 1992 e integrado por un centenar de compañías líderes en sus respectivos sectores, el CEC apareció en un momento marcado por la recesión económica, las movilizaciones sociales, la amenaza del rescate europeo y la crisis de imagen de la CEOE, embarrada con el encarcelamiento de su expresidente, Gerardo Díaz Ferrán.

Además, “frente a la CEOE, que siempre ha desarrollado una política más pactista, el CEC quería ser el interlocutor válido de las grandes empresas en política económica”, destaca Iván Medina, “querían tener una voz concreta y diferente a la de la patronal”. De ahí surgió el informe España 2018, que planteaba cómo reducir la tasa de paro al 12% ese año, haciendo reformas institucionales, aumentando el tamaño de las empresas, adelantando la reforma de las pensiones, ampliando la flexibilidad laboral, recortando aún más el gasto público o privatizando empresas públicas. Se trata de uno de los seis informes elaborados por el CEC desde 2011.

Personalismo e intereses enfrentados

No es su única obra. También ayudaron al Gobierno a vender en el extranjero la imagen de una España triunfadora que se sobreponía a la mayor crisis económica de los últimos 40 años. “El Ejecutivo”, precisa Iván Medina, “utilizaba a los campeones nacionales para publicitar la Marca España, para que explicaran al mundo que España era competitiva”. España emprende y exporta o España, un país de oportunidades tituló el CEC sus informes de 2013. Acciona, ACS, Ferrovial, Mango, Inditex, Mercadona, Iberdrola, Grupo Planeta, BBVA, Santander, Repsol… ofrecían la cara de éxito de una economía que superó los 6,2 millones de parados en 2013.

Sin embargo, el lobby del ÍBEX pecaba de “personalista”, a juicio de Juan Hernández Vigueras. César Alierta fue su principal impulsor y su único presidente. Pese a que, en teoría, el cargo debía ser rotatorio cada dos años. Con el abandono del aragonés, en plena incertidumbre política por la falta de Gobierno, y el escaso interés que su sucesor, José María Álvarez-Pallete, o Ana Botín y Dimas Gimeno, la nueva generación al frente de Santander y El Corte Inglés, parecen mostrar por el CEC, el lobby estaba tocado.

Y si a un posible problema de perdurabilidad se le añade la que Hernández Vigueras considera una “contradicción interna insuperable”, los intereses contrapuestos de grandes bancos y grandes compañías, el CEC “no podía durar mucho”, opina. Tampoco ayuda a su supervivencia el hecho de que el lobby no sea un órgano “institucionalizado”, carente de estructura y personal como sí tiene la CEOE, coinciden Hernández Vigueras y Medina. “Su actividad se limitaba a reuniones de amiguetes poderosos”, resume el asesor de ATTAC.

Misión cumplida

Juan Hernández Vigueras recalca que el Consejo Español de la Competitividad nació “en una coyuntura determinada y se acaba cuando ya está encauzada la política económica que querían”. “Ya no es la época de discutir la política económica, sino de la negociación colectiva, por ejemplo… ¿qué espacio tiene ahora el CEC?”, se pregunta Iván Medina. El momento político actual, responde a continuación, no da pie a “necesitar a los campeones nacionales” y la CEOE ha recuperado parte de su “prestigio” desde que Juan Rosell introdujo en la patronal “cierta transparencia, menor dependencia de las subvenciones o más oferta de servicios a los empresarios”.

De forma que, cumplida su misión –“aportar propuestas que mejoren la competitividad, ayuden a la recuperación económica y fortalezcan la confianza internacional en España”–, queda en manos del Instituto de Empresa Familiar casi en exclusiva el papel de lobby de las más pujantes empresas nacionales. Allí también se sientan miembros del CEC como Inditex, Ferrovial, Mango, Acciona y Mercadona. No hay que olvidar que el Instituto figura como miembro del CEC con tres representantes –Osborne, Prensa Ibérica y Barceló–. Además, a diferencia del Consejo Empresarial para la Competitividad, el IEF sí tiene una estructura permanente, su propio gabinete de estudios e incluso una red de 37 cátedras, en las que 200 profesores universitarios forman a más de 2.000 alumnos al año.

No es que el modelo de la CEC sea un invento español. Existe en otros países, recuerda Iván Medina. En el Reino Unido es el Institute of Directors (IoD), y desde hace mucho tiempo: fue creado en 1903. Pero el profesor de la Universidad de Valencia también cree que las empresas españolas no tienen necesidad de representación adicional: patronales, cámaras de comercio, círculos de empresarios, foros empresariales, el Instituto de Empresa Familiar… “Todos ellos tienen sus propios gabinetes de estudios y mesas donde negocian con los sindicatos, son órganos suficientes”, concluye.

– Compró una casa cuando tenía 21 años con una entrada de unos 60.000 euros que le prestaron su padre, su madre y su abuela.

– Que siguió pagando luego todas y cada una de las cuotas hasta que la casa se construyó y se escrituró.

– Que el mismo día en que el piso se escrituró, Espinar lo puso a la venta.

– Que lo vendió y obtuvo con la transacción un beneficio neto –al bolsillo, quitando impuestos y gastos– de unos 20.000 euros.

– Que el piso, construido sobre suelo público en Alcobendas, era de una cooperativa de Comisiones Obreras, que reservaba un 15% de la promoción para designaciones a dedo. Espinar no tuvo que pasar, como el 85% de los solicitantes, por el proceso de sorteo habitual en estos casos.

Estos hechos, por sí solos, sorprenden cuando los protagoniza un político que antes ha sido azote de los especuladores, y que se presenta ante la opinión pública, con el resto de su partido, como un representante de la gente frente a los privilegios de la casta. Ramón Espinar, que no vivía en Alcobendas ni estaba censado allí, obtuvo un piso de esos que el sindicato se reserva para dárselos a quien le viene en gana. No puedo afirmar que fuera porque su padre era un político importante del PSOE madrileño, consejero de Caja Madrid, la entidad que financiaba la operación, y amigo del alcalde del municipio. No podemos afirmar que fuera por eso, pero como no nos ha dado ninguna otra causa para estar en ese privilegiado 15%, Espinar nos deja con la duda.

Tampoco podemos afirmar que sea verdad o mentira que exista una conspiración del Ibex35, el PSOE y el PP, el Grupo Prisa en general, Juan Luis Cebrián y la Cadena Ser en particular, Felipe González, César Alierta y Susana Díaz, contra el pobre Espinar, un simple chavalín estudiante que, como no podía pagarse el piso, lo vendió para inscribirse en un master y comprarse un ordenador portátil nuevo, porque el otro iba muy mal. No podemos afirmar cómo iba el viejo ordenador de Espinar. No tenemos pruebas.

Pero sí puedo afirmar taxativamente que Ramón Espinar mintió ayer a la gente a la que dice representar. Mintió cuando dijo que no podía vender por otro precio. Es falso de toda falsedad y lo sabe muy bien. Si no podía pagar su piso, pudo desistir de la compra dejando paso a otro comprador tan menesteroso como él, o quizá más. Si Espinar hubiera optado por esa solución, se le habría devuelto el dinero aportado íntegro. Pudo también vender al precio mínimo, puesto que la norma pone un precio máximo para la venta, pero no uno mínimo. Él aplicó el máximo, sacándole 20.000 eurillos a la operación, para el máster y para el ordenador.

Espinar mintió. Punto. Está desolado. Es víctima de una conspiración, como lo son todos esos beatíficos representantes del pueblo llano que dirigen Podemos. De acuerdo. Se ha activado la máquina del fango para derrocarlos. Vale. Pero Espinar mintió. Se embolsó 20.000 del ala, especulando con un bien en gran parte financiado con dinero público. Lo hizo con muy buena intención, supongamos. Y el Ibex35, todo él, es malísimo... Pero este miércoles Ramón Espinar nos metió un par de trolas. Y eso no está bien.

1.- Es cierto que desde el poder económico, financiero y mediático se ha hecho lo posible y lo imposible para evitar que cuajara siquiera el intento de un gobierno progresista en España. Menos aún si precisaba el apoyo o el consentimiento de fuerzas nacionalistas. Invitamos a los nuevos lectores y socios de infoLibre a repasar lo que venimos publicando desde la primavera de 2014, cuando en estas mismas páginas empezamos a desvelar los movimientos que se producían en esos ámbitos tras observar demoscópicamente que era más que probable el fin del bipartidismo y la fragmentación parlamentaria en las (todavía por celebrar entonces) elecciones generales.

2.- Es innegable que el diario El País ha jugado un papel esencialEl País en la estrategia dirigida a lograr un gobierno sujeto o facilitado por PP, PSOE y Ciudadanos (el orden de factores resultaba secundario), triángulo en el que grandes empresarios y banqueros españoles consideran que descansa la garantía de lo que el mundo del dinero exige: estabilidad y certidumbre. A la prensa tradicionalmente conservadora o al propio Partido Popular no hace falta insistirles en esa prioridad porque está en sus genes y razón de ser (sin olvidar tampoco el volumen de ingresos publicitarios de origen institucional). La posición (y la evolución) de la cabecera más influyente desde 1976 en el espacio progresista de la opinión pública puede constatarse repasando sus editoriales, los artículos de su presidente, Juan Luis Cebrián, las tribunas de Felipe González y los análisis de una serie de firmas convocadas para arropar esa misma estrategia o bien surgidas 'motu proprio' para mayor alegría de sus ideólogos. Desde muchísimo antes del 20D, al PSOE ya se le colocaba ante dos opciones: la Gran Coalición o la abstención.

3.- Pedro Sánchez tiene un problema de credibilidad evidente. No tanto por negar en su día la existencia de esas “presiones” económicas y mediáticas (podría aducir que resistió cuanto pudo y ahora se siente liberado, harto y dispuesto a dar la batalla que antes no se atrevió a dar) sino porque hubo etapas en las que además actuó como cómplice de lo que hoy denuncia. Cuando el entonces secretario general del PSOE fulminó a Tomás Gómez como líder del PSM (también elegido por las bases), este último denunció que fue liquidado con la inestimable ayuda del diario El País, que publicó una encuesta extraterrestre para justificar la actuación de Sánchez y que explicitó insinuaciones de corrupción que hasta el momento no se han demostrado. Incluso Gómez explicó que había mantenido una reunión con directivos del citado periódico que le habrían advertido de que sufriría “las consecuencias” si se le ocurría pactar con Podemos tras las inminentes elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015. Es incontestable que Sánchez aplicó a Gómez la medicina que ahora le han aplicado a él.

4.- Por veraces y sólidas que hayan sido las presiones del mundo empresarial, financiero y mediático sobre Sánchez, no excusan el hecho de que durante su mandato el PSOE ha ido cosechando peores resultados en cada cita electoral. Tiene razón cuando dice que la caída de voto tiene un origen anterior a él. Los 11 millones de votos de la segunda legislatura de Zapatero en 2008 se reparten ahora casi a partes iguales entre PSOE y Podemos. No es Sánchez el único responsable, pero pilotaba un equipo que se ha mostrado incapaz de leer el significado del 15-M y la ruptura generacional y de perfil electoral que separa a PP y PSOE de los nuevos partidos. Hay un reto común a todas las formaciones socialdemócratas en Europa, lo cual no puede ocultar los problemas concretos irresueltos por el socialismo español ni su incapacidad para frenar la fuga de votos hacia Podemos. (La dirigencia del PSOE debería revisionar unas cuantas veces la conversación de Évole con cuatro militantes socialistas previa a esa entrevista con Sánchez que tanto ruido ha desatado: todos admitían que sus hijos ya no les votan).

5.- Culpar al resto del mundo (sean barones o baronesas, banqueros, Aliertas, Cebrianes o Podemos) de la imposibilidad de un gobierno progresista tendría muchísimo más fundamento si Pedro Sánchez lo hubiera intentado con algunos pasos concretos. Pese a los límites que le impuso el Comité Federal del pasado 28 de diciembre (no negociar con independentistas ni apoyar al PP), nadie le puso una pistola para convertir el pacto con Ciudadanos en condición previa e indispensable para la suma de cualquier otro apoyo. Esa cerrazón sólo habría tenido sentido si garantizaba al PSOE gobernar, pero no era así, como se demostró al sufrir el rechazo total de Podemos (aunque este no fuera acertado). Más recientemente, tras el “no es no” a Rajoy, nada ni nadie impedía a Sánchez haber convocado un Comité Federal al que proponer una nueva hoja de ruta: conversaciones a fondo para intentar un acuerdo con Podemos que colocara la presión para la abstención o el apoyo (con o sin condiciones) sobre Ciudadanos o los grupos nacionalistas. Si esa propuesta hubiera sido rechazada, Sánchez se habría cargado de razones para dimitir o para convocar primarias y congreso del partido. Sin ese paso, todos los datos indican que Sánchez tenía la prioridad de continuar en la secretaría general a toda costa, pasara lo que pasara con la gobernabilidad o las terceras elecciones.

6.- Que Pedro Sánchez se muestre ahora dispuesto a admitir que “España es una nación de naciones” y a negociar con los independentistas el reconocimiento de Cataluña como nación es tan importante que no merecía ser despachado tan tarde y en minuto y medio de entrevista. Precisamente la posición independentista de 19 diputados en el Congreso (que representan a 1,3 millones de ciudadanos) es absolutamente clave para explicar el bloqueo político del último año. La propuesta de un nuevo modelo de Estado capaz de cautivar a un electorado progresista en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, en Euskadi o en Galicia es probablemente el reto más serio que tiene España además de la lucha contra la galopante desigualdad. (El PP sigue anclado en el "no es no" y en su exclusiva lectura constitucional que tanto ha ayudado a engordar el independentismo). Alguien que aspira seriamente al liderazgo político en una etapa tan compleja debe demostrar una mayor profundidad, coherencia y seriedad en asuntos capitales. No se trata de decir a cada cual y en cada momento lo que uno cree que el otro quiere escuchar. Sea el otro un periodista, un empresario, la militancia de tu partido o la ciudadanía misma.

7.- Los errores, incapacidades y contradicciones de Sánchez no justifican los errores, incapacidades y contradicciones de los compañeros y compañeras de partido que le obligaron a dimitir el pasado 1 de octubre en un Comité Federal que todos coinciden en calificar de bochornoso. Responder con medidas disciplinarias o amenazar con la ruptura con el PSC a quienes reivindican, más allá de sus obligaciones estatutarias, la coherencia de haber votado este sábado en el Congreso exactamente lo que el PSOE se comprometió a hacer en campaña electoral sólo puede favorecer un mayor distanciamiento de militancia y electorado respecto a los cuadros del partido.

8.- Fuera de la dirigencia (incluso dentro de ella cuando se habla en privado), nadie niega que vencer electoralmente a la derecha exige un entendimiento o colaboración entre PSOE y Podemos o viceversa. Era así en el último año y así seguirá siendo en el futuro. Y ambos deberían asumirlo si no quieren contribuir al mantenimiento de políticas conservadoras durante un largo e indefinido periodo de tiempo.

9.- La denuncia de Sánchez sobre las presiones de poderes económicos, financieros y mediáticos ha sido recibida desde el PSOE hacia la derecha con una negación rotunda o con una displicencia digna de mejor causa. En realidad es toda la llamada “clase política” la que debería denunciar esas presiones (que son obvias y estridentes) si quiere recuperar la credibilidad perdida y la confianza de los ciudadanos. Ese es el mejor camino para frenar populismos de cualquier signo y para fortalecer una democracia muy debilitada, más aún cuando la solución dada al bloqueo puede suponer la impunidad política de quienes aún no han asumido responsabilidades por el cenagal de la corrupción.

Cerrar los ojos a la realidad no la convierte en ficción. El País (periódico) es libre de no publicar prácticamente una línea sobre la entrevista de Évole a Sánchez, ni antes ni después de producirse. Pero el país (ciudadanía) es mayor de edad, y merece políticos y medios que le muestren un mayor respeto.

P.D. Este miércoles, tres días después de las declaraciones de Sánchez, El País ha dedicado un editorial a esa noticia que había ignorado, y lo ha justificado en que el martes otro periódico, El Mundo, reveló que Pedro Sánchez visitó al actual presidente de Telefónica para pedirle que "presionara a su favor sobre la línea editorial de EL PaísEL País, de cuya empresa la compañía posee un 13% de las acciones". El editorial acusa ahora a Sánchez de "ignorar el papel de un periódico en una democracia", niega haberle presionado para que no intentara formar gobierno alternativo al PP y concluye felicitándose por "lo acertado" de su línea editorial.

El presidente de Fundación Telefónica afirmó ayer, ante 400 líderes religiosos de todo el mundo, que "la tecnología tiene el potencial para reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de más de 50 millones de niños en el mundo que no tienen acceso a ningún tipo de educación y que se la merecen". "La educación es la clave para el progreso de la sociedad, el instrumento más poderoso para reducir la desigualdad", afirmó Alierta.

Estas palabras fueron el preludio de la presentación, a nivel global, de ProFuturo, el gran proyecto de educación digital auspiciado por Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa, en el encuentro interreligioso Sed de paz: religiones y culturas en diálogo en la ciudad de Asís (Italia). Según expuso Alierta, "la revolución digital que estamos viviendo va a ser más importante que la revolución industrial, ya que nunca antes una generación ha experimentado el cambio de nivel que estamos presenciando".

El presidente de Fundación Telefónica recordó que gracias al esfuerzo de estos últimos años "a finales de 2015, ya conseguimos llevar la educación a 2 millones de niños y niñas en zonas de América Latina y África", y recalcó que el reto de ProFuturo es "llegar a educar al menos a 10 millones de niños y niñas en situación de riesgo en sólo 5 años".

César Alierta recordó ante los 3.000 asistentes, 400 de ellos líderes mundiales de todas las religiones, cómo pudo comprobar durante los años que fue presidente de Telefónica "el enorme impacto que tiene la educación en la vida de la gente". "La educación tiene el poder de transformar, de marcar la diferencia", subrayó.

"Hoy en día, –aseguró– es posible ofrecer a todos los niños la misma experiencia en educación. El objetivo de ProFuturo es aprovechar la tecnología para cerrar la brecha de la educación". ProFuturo seguirá aumentando su alcance geográfico y pondrá especial atención en los refugiados.

El presidente de Fundación Telefónica e impulsor de ProFuturo junto a la mano de Fundación Bancaria la Caixa y su presidente, Isidro Fainé, recordó que este es un programa abierto a terceros. "Necesitamos el apoyo de más colaboradores en todo el mundo, por eso estamos hoy presentando esta iniciativa, abierta a quien quiera unirse a ella, sea cual sea su convicción religiosa", apeló.

"Estamos convencidos de que tenemos una oportunidad única para valernos de la tecnología y acelerar el desarrollo y el bienestar social a través de la educación digital", concluyó Alierta.

El consejo de administración de Telefónica ha elegido por unanimidad al hasta ahora consejero delegado de la empresa, José María Álvarez-Pallete, como nuevo presidente ejecutivo de la compañía en sustitución de César Alierta, y ha propuesto el nombramiento de cuatro nuevos consejeros independientes.

En un comunicado, la empresa informa de que Fernando de Almansa, Carlos Colomer, Santiago Fernández-Valbuena y Alfonso Ferrari, "vocales con amplia trayectoria en el máximo órgano de gestión", presentaron su renuncia voluntaria.

En consecuencia, Telefónica ha propuesto como nuevos consejeros independientes al físico, Ignacio Cirac; al vicepresidente del Banco Sabadell, Javier Echenique; a la consejera delegado del Grupo Iberostar, Sabina Fluxà, y al consejero delegado de Siemenes, Peter Löscher.

Durante su primera intervención como presidente del Consejo, Álvarez-Pallete ratificó la estrategia de crecimiento de Telefónica y los objetivos comerciales y financieros anunciados al mercado el pasado mes de febrero.

Estos incluyen un "compromiso expreso" con los accionistas a través de una atractiva política de retribución, que en 2016 incluye el reparto de un dividendo de 0,75 euros por acción.

César Alierta anunció su intención de abandonar el cargo el pasado martes 29 de marzo tras casi 16 años al frente de la compañía y propuso entonces al consejero delegado del grupo, José María Álvarez-Pallete, como sustituto, al considerarlo "el directivo más preparado para afrontar con éxito los retos que impone la revolución digital".

Pese a abandonar la presidencia, Alierta seguirá formando parte del consejo de administración de Telefónica, cargo que ocupa desde cuatro años antes de acceder a la presidencia, y centrará también sus aportaciones en temas sociales y de progreso, como es la Educación Digital y la presidencia ejecutiva de Fundación Telefónica.

El directivo, de 71 años, se marcha de la operadora con varios ases bajo la manga. El principal, un pago único de 35,5 millones de euros que pactó el año pasado al sustituir el blindaje que tenía en su contrato por esa aportación extraordinaria. Además, seguirá formando parte del consejo de administración de la compañía y pasará a ocupar la presidencia ejecutiva de la Fundación Telefónica, tal y como comunicó la firma a través de un comunicado. Lo sustituirá José María Álvarez-Pallete, actual consejero delegado y su mano derecha hasta el momento, que tiene 53 años. 

La marcha de Alierta contribuye a abonar un proceso de cambio generacional que sigue sin ser mayoritario en las empresas del Ibex 35. De hecho, la mitad de las compañías del selectivo –un total de 18– tiene presidentes en edad de jubilación, es decir, que superan los 65 años o que alcanzarán esa edad durante este 2016. El más longevo es Juan Miguel Villar Mir, que a sus 84 años sigue al frente del grupo constructor OHL.

El empresario no ha manifestado por el momento la intención de dar el relevo en la primera línea de la gestión de la empresa. No obstante, sí ha asegurado en alguna ocasión que la sucesión estaría garantizada con su hijo Juan Villar Mir de Fuentes. Además, este año, por vez primera en la historia, Villar Mir cedió a su hijo y al consejero delegado de OHL, Josep Piqué, la presentación a analistas de los resultados de cierre de 2015, que hasta ahora venía realizando él personalmente.

Del consejo de administración de OHL también forma parte el yerno de Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid, que está implicado en dos asuntos judiciales trascendentes: la presunta financiación ilegal del PP de Madrid y el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. En 2014 –la constructora todavía no ha publicado los datos de 2015– López Madrid recibió 54.000 euros por sus actividades como miembro de ese órgano. 

Los más longevos del selectivo 

También superan los 80 años el presidente ejecutivo de Técnicas Reunidas, José Lladó Fernández-Urrutia, que en 2015 cobró 665.000 euros y que parece no pensar todavía en el relevo. Y el de Gas Natural, Salvador Gabarró Serra, que fue remunerado con 1,1 millones de euros. 

Se da la coincidencia, además, de que a más peso en el Ibex, más lejos la edad de jubilación. Así, además de las citadas, empresas como Caixabank (Isidro Fainé, 74 años); Mediaset (Alejandro Echebarría, 74 años); Red Eléctrica Española (José Folgado Blanco, 72 años) o BBVA (Francisco González, 72 años). El BBVA, por ejemplo, retrasó la edad de jubilación de todos los miembros de su consejo desde 70 a 75 años. Así que su presidente, Francisco González, podrá serlo hasta el año 2020. El más veterano del sector bancario, Isidro Fainé, tendrá que decidir a mediados de este año si sigue presidiendo el banco o prefiere presidir la Fundación La Caixa.

A punto de cumplir los 67 años también se encuentran el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, que lleva desde 1999 en la presidencia de la entidad. Por detrás de Oliú, en el sector bancario, se sitúan José Ignacio Goirigolzarri (62 años), presidente de la nacionalizada Bankia desde mayo de 2012, y la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín (55 años), que asumió el cargo tras fallecer su padre, Emilio Botín, en septiembre de 2014 a los 79 años, edad en la que continuaba dirigiendo la entidad cántabra sin pensar en ese momento en la jubilación.

Como ahora ocurrirá en Telefónica, el relevo generacional llegó a empresas como Inditex hace un lustro, cuando Amancio Ortega, que en la actualidad tiene 80 años, dejó la primera línea ejecutiva al ceder la presidencia de Inditex a Pablo Isla, con 52 años de edad. No obstante, preside la sociedad Pontegadea, primer accionista del gigante textil, que tiene en Marta Ortega, hija de la segunda fortuna del mundo, su apuesta de futuro para tomar las riendas de la compañía, según informa Europa Press. 

También ha habido relevo reciente en la multinacional Grifols, que basa su negocio en los derivados sanguíneos. Y todo ocurrió en unos meses. En junio de 2015 falleció a los 96 años el doctor Víctor Grifols Lucas, fundador junto a su padre de la compañía. En octubre, el centro de operaciones se trasladó a Irlanda. Y a mediados de diciembre Víctor Grifols Roura (1950), su presidente, renunció al cargo en favor de su hijo Víctor Grifols Deu (1976) y de su hermano Raimon (1964).

Otro ejemplo de sucesión en marcha es la de Red Eléctrica Corporación. El pasado julio, la compañía nombró a Juan Lasala como nuevo consejero delegado, al tiempo que separó los cargos de presidente del consejo de administración y de primer ejecutivo de la compañía. La idea es que el actual presidente, José Folgado Blanco, mantenga  sus facultades ejecutivas hasta la junta de accionistas de este año para dirigir y tutelar el traspaso.

Entre los que siguen en activo a pesar de que superan la edad de jubilación también está el presidente de ACS, Florentino Pérez, de 69 años de edad, que en mayo de 2014 se dio "uno o dos años" de plazo para empezar a ceder parte del poder casi omnímodo que mantiene en la constructora casi desde su fundación. Todo apunta a que será durante este 2016 cuando el actual primer ejecutivo de la filial alemana Hochtief y el de la australiana Cimic, Marcelino Fernández Verdes, se convertirá en consejero delegado del grupo de construcción y servicios, un cargo que actualmente no existe en la empresa. 

Las 'promesas' del Ibex

En el otro extremo de la tabla, el presidente de Merlin Properties, Ismael Clemente, el de Aena, José Manuel Vargas, o la de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, aparecen como los más jóvenes del selectivo al aproximarse a los 46 años. 

Por su parte, el presidente más joven de los bancos del Ibex 35 es el del Popular, Ángel Ron, que tiene 53 años y que lleva ya una década en la presidencia del consejo de administración. Dentro de la generación de Ron se encuentran también el presidente de Abertis, Francisco Reynés, con 53 años; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, también con 53 años; o el consejero delegado de Dia, Ricardo Currás, con 54 años.

Telefónica aprobó en 2014 la sustitución del blindaje que figuraba en el contrato del presidente de la compañía, César Alierta, que este martes anunció su intención de abandonar el cargo tras 16 años al frente de la compañía, por una aportación única de 35,5 millones de euros al plan de previsión social para directivos. El plan de pensiones del presidente de la compañía tenía en 2014 acumulados un total de 13,3 millones de euros.

Esta decisión, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, se enmarcó en la política de la compañía de ir reduciendo los blindajes que mantenían los principales directivos, de acuerdo con las prácticas adoptadas en anteriores etapas de la gestión de la empresa, informa Europa Press.

Con este fin, y siguiendo las recomendaciones en materia de buen gobierno corporativo, el 1 de enero de 2006 Telefónica aprobó un plan de previsión social para directivos que ponía fin a la consignación "generalizada" de blindajes en los contratos de alta dirección.

Renuncia a la indemnización

En el marco de esta estrategia corporativa, el máximo órgano de gobierno de la compañía aprobó en 2014 la dotación de la citada partida extraordinaria al plan de previsión social de Alierta tras la renuncia de éste a la cláusula indemnizatoria de su contrato.

Esta aportación extraordinaria se cifró en 35,5 millones de euros, importe igual a la suma de todas las obligaciones contractuales que mantenía la compañía con su presidente.

De esa manera, Telefónica no debería dotar así ninguna otra cantidad anual adicional al plan de previsión de Alierta, plan que entonces tenía consolidado un importe de 13,3 millones de euros.

Retribución en 2015

En el año 2015, César Alierta percibió una retribución total de 8,69 millones de euros, un 29,12% más que en el ejercicio precedente, tras recibir 312.251 acciones por la aplicación del plan de retribución variable a medio y largo plazo, del que no se benefició en los tres años anteriores.

Alierta recibió 6,5 millones de euros en concepto de salario, lo que supone un 3% menos que los 6,7 millones recibidos en 2014, según el informe de retribuciones de los consejeros de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estos 6,5 millones de euros se desglosaron principalmente en un salario fijo de 2,2 millones y un variable a corto plazo –sujeto a desempeño y a la consecución de objetivos– de 4 millones de euros.

El presidente ejecutivo de Telefónica, César Alierta, ha anunciado su intención de abandonar el cargo tras casi 16 años al frente de la empresa y ha propuesto al consejero delegado del grupo, José María Álvarez-Pallete, como sustituto, según ha informado la compañía en un comunicado.

El consejo de administración de Telefónica estudiará en su próxima reunión del 8 de abril el nombramiento de José María Álvarez-Pallete como nuevo presidente ejecutivo de la compañía, propuesto por Alierta al considerarlo "el directivo más preparado para afrontar con éxito los retos que impone la revolución digital".

Alierta designó en 2012 a José María Álvarez-Pallete, nacido en Madrid en 1963 y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Libre de Bruselas, como consejero delegado, iniciando así un proceso que concluirá el próximo 8 de abril con su nombramiento como presidente ejecutivo.

Con tan sólo 35 años, José María Álvarez Pallete se incorporó en 1999 a Telefónica como director general de Finanzas de Telefónica Internacional procedente de Cemex, tras lo cual meses más tarde pasó a ocupar la Dirección General de Finanzas Corporativas.

Con la llegada de Alierta en el año 2000, fue confirmado en su puesto y, posteriormente, en el 2002 fue designado presidente de Telefónica Internacional y luego presidente de Telefónica Latinoamérica, cargo que ocupó hasta su nombramiento como presidente ejecutivo de Telefónica Europa en 2011. Un año después Pallete, miembro del consejo de administración desde julio de 2006, accedió al cargo de consejero delegado.

"Con estas credenciales y tras asumir a nivel global el día a día de las operaciones desde su posición como consejero delegado de la compañía, Alierta ha considerado a Álvarez-Pallete como el directivo mejor preparado para favorecer el relevo y posicionar una vez más a Telefónica en la vanguardia, esta vez del sector digital", remarca el grupo.

Alierta seguirá en Telefónica

Tras abandonar la presidencia ejecutiva, Alierta seguirá formando parte del consejo de administración de Telefónica, cargo que ocupa desde cuatro años antes de acceder a la presidencia, y centrará también sus aportaciones en temas sociales y de progreso, como es la Educación Digital y la presidencia ejecutiva de Fundación Telefónica.

La compañía destaca que durante la presidencia de Alierta, Telefónica ha pasado de ser "un actor destacado" en el sector de las telecomunicaciones en España y Latinoamérica, a convertirse en un "líder" en los principales mercados que han supuesto su apuesta estratégica: Brasil, Alemania, España e Hispanoamérica.

"Durante su mandato, Alierta ha situado a Telefónica a la vanguardia de las telecomunicaciones mundiales, adelantándose a la competencia en la toma de decisiones estratégicas que convirtió en tendencia, como la amortización de las licencias UMTS o la creación de Telefónica Digital", subraya.

Telefónica repunta al 1,3% tras conocerse la noticia

Los títulos de Telefónica subían un 1,3%, hasta los 9,84 euros, después de que la compañía anunciara que José María Álvarez-Pallete sustituirá a César Alierta en la presidencia. Antes de conocerse la noticia, las acciones de la empresa telefónica subían un 0,6% en un momento en el que el Ibex cotizaba en negativo lastrado por los bancos.

Telefónica obtuvo un beneficio atribuible de 4.577 millones de euros en los nueve primeros meses de 2015, lo que supone un 69,6% más respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los resultados consolidados de Telefónica incluyen los resultados del operador brasileño GVT y de Canal+ desde el 1 de mayo de 2015 y de la alemana E-Plus desde el cuarto trimestre de 2014.

Además, la firma ya descuenta los resultados de Telefónica Irlanda, que vendió a Hutchison, desde el tercer trimestre de 2014.

Los ingresos de la multinacional española se situaron en los 35.337 millones de euros hasta septiembre, lo que representa un 11,9% más en términos reportados y un 4,2% más en términos orgánicos que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía destacó que por primera vez en los últimos siete años los ingresos del negocio en España vuelven a crecer en el tercer trimestre.

Por su parte, el beneficio bruto antes de amortizaciones en los nueve primeros meses del año se situó en los 11.013 millones de euros, un 5,7% más en términos reportados y un 3,5% más en términos orgánicos, mientras que el beneficio operativo fue de 4.657 millones de euros, un 9,6% menos en términos reportados y un 2,6% más en términos orgánicos.

La compañía reiteró sus compromisos para el conjunto del año y su política de dividendos para 2015 y 2016. El pasado mes de julio, con motivo de sus resultados semestrales, la compañía revisó al alza la previsión de crecimiento de ingresos para el conjunto del año, con un objetivo de crecimiento superior al 9,5% frente al 7% anterior tras aportar las nuevas fechas de consolidación de GVT y Canal+.

El presidente de Telefónica, César Alierta, destacó en la comunicación de resultados al mercado que los resultados del tercer trimestre reflejan una nueva aceleración en las cifras de crecimiento orgánico así como el mejor comportamiento del negocio en España que vuelve al crecimiento interanual de ingresos tras siete años de "intensa" transformación y que presenta una mejora generalizada de la actividad comercial en "prácticamente todos los servicios".

Mariano Rajoy tiene desencantados a grandes empresarios y banqueros y anda desquiciado con las televisiones críticas. El núcleo esencial del IBEX-35, con las principales empresas y bancos a la cabeza, no disimula una “profunda decepción” con Rajoy y su Gobierno, a los que acusa de no haber sabido escuchar a la calle y de no haber sido capaces de transmitir siquiera la “necesidad de unas reformas” que, a juicio del Consejo Empresarial de la Competitividad, eran imprescindibles y positivas. Rajoy, por su parte, culpa del desastre electoral del PP el 24-M a la “parcialidad” de los dos grandes grupos de televisión privada, Mediaset y Atresmedia, aunque muy especialmente a La Sexta, perteneciente al segundo. La estrategia diseñada desde Moncloa para condicionar a las cadenas tras la pérdida de canales, con la apertura de un concurso para la concesión de otros seis en los próximos meses, se ha venido abajo. La capacidad de presión sobre las mismas se difumina tras el acuerdo millonario al que han llegado en los últimos días las cadenas para la retirada en el Supremo de un recurso que estaba a punto de costarles el cierre de ocho canales más.

La semana que concluye ha dejado percibir en tres escenarios distintos el peso decisivo que tanto la presión del poder económico como la tensión con las televisiones van a tener en la estrategia política para las generales de otoño.

1.- Consejo Empresarial de la Competitividad

El martes, 16, pasadas las doce del mediodía, fueron llegando a la sede central de Telefónica quince de los 18 miembros del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC). Sólo faltaron tres: Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, Francisco González, del BBVA, y Antonio Brufau, de Repsol. Era la primera cita tras las elecciones de mayo del lobby que reúne a quienes manejan el máximo poder económico-financiero en España. La opacidad sobre el contenido que se trata en las reuniones del CEC ayuda a que alguien filtre que se habló “mucho de fútbol” o que lo principal era “la reelección de César Alierta” (presidente de Telefónica) para continuar llevando las riendas del consejo. En realidad esos dos asuntos “no ocuparon más de diez minutos”, explica un portavoz de uno de los grandes bancos representados. “Se habló a fondo de la situación política, como no podía ser de otra manera”, añade la misma fuente.

Intervinieron sobre el diagnóstico político once de los presentes, entre ellos el propio Alierta, así como Isidre Fainé, presidente de La Caixa, José Manuel Entrecanales, de Acciona, Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola, o Rafael del Pino, de Ferrovial. Colaboradores de confianza de cuatro de los empresarios asistentes niegan que se dedicara mucho tiempo a hablar de Podemos, como también se ha publicado, o de los supuestos riesgos que un ascenso de la formación de Pablo Iglesias puede acarrear para la “estabilidad” que constantemente reclaman empresarios y banqueros. Uno de ellos expresó preocupación por los acuerdos del PSOE con Podemos y criticó al dirigente socialista Pedro Sánchez por “escorarse hacia el radicalismo con tal de tocar poder territorial”.

Sobre Podemos y las plataformas que gobiernan alcaldías principales como las de Madrid o Barcelona, “la verdad es que lo que preocupa en el CEC es la seguridad jurídica”, en palabras de una de las fuentes consultadas. “Habrá que comprobar en estos próximos meses si se respetan los contratos firmados en los grandes ayuntamientos y no se empiezan a denunciar, lo cual sí provocaría no sólo tensiones sino desconfianza y hasta huida de inversión extranjera”, añade.

Todos reconocen el punto de coincidencia que se produjo en la reunión del CEC: “Hay un desencanto evidente con Rajoy y su Gobierno”, dice uno de los portavoces del núcleo duro del IBEX. “No han sabido conectar con la calle, entender el cabreo generalizado, y es obvio que no tienen credibilidad ni tampoco habilidad para vender las reformas realizadas, que eran necesarias y urgentes”.

Con un tono más duro o más suave, esa conclusión fue reiterada por varios de los asistentes. Aún faltaban dos días para conocer los cambios decididos por Rajoy en la cúpula del PP, pero el presidente del Gobierno había insistido en un mismo mensaje en sus últimos contactos con el empresariado, incluso en algunas comparecencias públicas. Ha reconocido un “problema de comunicación” y se ha quejado repetidamente de las críticas que recibe el PP en cadenas de televisión como La Sexta y Cuatro. En la reunión del CEC del martes pasado, hubo un amago para hablar del asunto. Lo protagonizó Juan Roig, presidente de Mercadona, dirigiéndose a José Crehueras, presidente de Atresmedia como sucesor del fallecido José Manuel Lara. Al parecer, Alierta cortó el incipiente reproche: “Dejad tranquilo a Pepe” (Crehueras, sentado precisamente junto a Roig).

2.- Acusaciones en el Congreso

Las tensiones entre el Gobierno y los dos grandes grupos privados de televisión han sido constantes desde 2012, y los intentos de presión para “suavizar” la línea editorial de programas informativos de éxito en La Sexta y Cuatro, también. Arreciaron tras la muerte de José Manuel Lara a finales de enero pasado, pero ha sido el propio Rajoy quien ha situado esa tensión en primer plano tras la debacle del PP el 24-M. “Nos ha hecho daño la corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones”, afirmó el presidente ante el Círculo de Economía reunido en Sitges el día 30 de mayo.

Esas palabras de Rajoy protagonizaron la sesión de control parlamentario al Gobierno el miércoles 17, sólo unas horas después de la citada reunión del CEC. El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, preguntó a la vicepresidenta por el concurso de seis nuevas licencias de televisión digital convocado por el Gobierno con un plazo de resolución de seis meses. Tras la primera respuesta de Soraya Sáenz de Santamaría en defensa de ese concurso,  negando que se trate de una forma de presión para condicionar a las televisiones, Hernando recordó las palabras de Rajoy sobre “el martilleo” y acusó al Gobierno de tener “aversión a la libertad de información” y de “poner una pistola en el pecho a las televisiones” con el concurso en marcha. Dejó entonces la vicepresidenta una sospecha en el aire, al sugerir a Hernando: “Hable usted con su anterior jefe [Alfredo Pérez Rubalcaba] a ver lo que opina de esa cuestión; no le vendría nada mal que le refrescara las conversaciones que en algún momento tuvo conmigo”.

Sobre esa misteriosa alusión, desde Vicepresidencia del Gobierno no se ha querido dar ningún otro detalle. Preguntado por infoLibre, Rubalcaba se muestra contundente: “Jamás he hablado con Soraya sobre televisiones, así que no sé a qué se puede referir”. Un alto ejecutivo de Atresmedia comenta que tras la muerte de Lara hubo gestiones entre PSOE y PP para intentar presionar para una “rebaja de la crítica en determinados programas de La Sexta”, y sitúa a Rubalcaba como protagonista de iniciativas en esa línea, manteniendo contactos con empresarios y banqueros del Consejo de la Competitividad e intentando convencer a Pedro Sánchez de que era conveniente acordar con el Gobierno “cierta paz mediática en este año electoral”.

Rubalcaba asegura que en el último año, tras su retirada de la secretaría general del PSOE, no ha mantenido “ningún contacto con empresarios del IBEX” y que tampoco conoce “a Crehueras ni a Lara hijo” [José Lara, consejero delegado del Grupo Planeta]. Señalado desde siempre por su estrecha relación con Juan Luis Cebrián y el Grupo Prisa, esos contactos con el Gobierno y algunos de los acreedores de Prisa convertidos ya en accionistas de la empresa editora de El País tendrían de paso como objetivo que Cebrián obtuviera los dos canales a los que aspira de los seis incluidos en el nuevo concurso.

“Que no me metan en esto, porque estoy fuera”, responde Rubalcaba, quien sin embargo relata algo que hablaba con Rajoy sobre las televisiones ya en 2012: “Rajoy se quejaba a menudo del trato que le daba La Sexta, y yo le decía: 'Pero tú de qué te quejas, ¿acaso te trata a ti mal Antena 3? Más motivos tengo yo, que me machaca La Sexta siendo supuestamente de izquierda”.

El relato de Rubalcaba desmiente, por otra parte, la leyenda que ahora se pretende filtrar desde Moncloa de que Rajoy ni siquiera sabía hasta hace unos días lo que es El Intermedio, y más bien corrobora lo que transmiten directivos tanto de Atresmedia como de Mediaset: la presión a través de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y su equipo ha sido permanente durante la legislatura, y muy especialmente con la aparición de Podemos y Ciudadanos en el paisaje político y televisivo. Cuentan que, aunque Rajoy no lo siga, su mujer, Elvira (Viri) Fernández, ve a menudo El Intermedio y traslada sus quejas en Moncloa.

3.- El negocio de las licencias

Las protestas y reproches desde Moncloa a Lara primero y después a Crehueras por la línea informativa y editorial de La Sexta han chocado siempre con la defensa de los profesionales de la cadena, respaldados además por los datos de audiencia registrados, en contraposición con el constante descenso de RTVE, al servicio de las directrices del Gobierno como viene denunciando el Consejo de Informativos, que incluso ha llevado al Parlamento Europeo esa denuncia de manipulación de la televisión pública.

A la vista de la escasa o nula eficacia de las constantes presiones, el Gobierno decidió hace meses un cambio de estrategia aprovechando el proceso judicial seguido en el Tribunal Supremo sobre la concesión de licencias de televisión digital en la anterior legislatura. El asunto es complejo técnica y jurídicamente, pero fundamental en términos de intereses económicos y empresariales, y clave en la actual tensión política.

En diciembre de 2013, el Tribunal Supremo dictaminó el cierre de nueve canales de TDT tras la denuncia presentada por Infraestructuras y Gestión 2002, una curiosa empresa dedicada al negocio audiovisual de apuestas y líneas eróticas, entre otras cosas. La sentencia obligó, en mayo de 2014, a Atresmedia a clausurar tres canales, dos a Mediaset, dos a Veo TV (Unidad Editorial, o sea El Mundo) y otros dos a Net TV (Vocento).

Nuevas demandas de la misma y de algunas otras empresas supuestamente perjudicadas por no haber existido concurso previo en las concesiones de TDT han prosperado en el Supremo, que este próximo martes, 23 de junio, tenía previsto aplicar la doctrina de la sentencia anterior y decretar el cierre de otros ocho canales (cuatro de Mediaset, dos de Atresmedia, uno de Vocento y otro de Unidad Editorial). A la vista de una sentencia “cantada” que supondría pérdidas millonarias al sector, el Gobierno abrió en abril un concurso para la concesión de seis nuevas licencias de televisión (tres en alta definición y tres estándar) con un plazo de seis meses hasta la adjudicación. Era una forma evidente de tener a las televisiones pendientes de una decisión gubernamental en vísperas de elecciones generales. Ya que la presión política directa no funcionaba suficientemente, ahora se trataba de tocar el músculo del negocio.

Pero las televisiones afectadas han rematado precisamente este jueves una jugada que afloja el nudo con el que el Gobierno de Rajoy las apretaba. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), organización que congrega a las cadenas privadas, ha llegado a un acuerdo con los denunciantes para que retiren el recurso en el Supremo a cambio de un verdadero dineral. Uno de los principales representantes de UTECA ha reconocido a infoLibre que la cifra pactada se acerca a los veinte millones de euros, que pagarán las cuatro empresas de forma proporcional al número de canales que se arriesgaban a perder.

El Gobierno lo tiene muy difícil para esquivar las consecuencias de esta jugada,  pese al empeño en estudiar todas las posibilidades para que se mantenga lo previsto. La misma fuente explica que la retirada del recurso es imparable, puesto que “el Abogado del Estado no puede ir contra los intereses del propio Estado, así que no se entendería que pretendiera mantener la causa viva en el Supremo si los impugnantes se retiran”. Las televisiones han preferido pagar una fortuna (al menos una fortuna para el resto de los mortales) antes que quedar condicionadas por las decisiones que se le antojen al Gobierno de aquí a noviembre. Todas aspiran en cualquier caso a más canales, especialmente cuando cabe la posibilidad de llegar después a acuerdos de cesión, explotación, alquiler… con terceros. En el sector dan por hecho que 13TV, ahora en régimen de “alquiler” de una licencia de Unidad Editorial, obtendrá una propia en el concurso abierto. 

Ese mismo jueves anunciaba Rajoy los cambios en la dirección del PP, donde la principal novedad consiste en que él mismo se pone al frente del partido y se rodea de nombres de confianza con una nueva estrategia de comunicación. “Vamos a estar en todas las tertulias. Os váis a cansar de vernos”, anunciaban el viernes desde la sede del PP en la calle Génova, según informa Yolanda González.

Un alto directivo de Mediaset apunta otro elemento en la nueva situación. “Hasta ahora desde Moncloa acusaban a La Sexta y a Cuatro de dar más voz a Podemos y Ciudadanos, sin estar representados en las instituciones, que al PP. Después del 24-M, los llamados emergentes están en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, así que desde el PP tienen que fajarse y dejar de culpar al mensajero”.

Una de las fuentes conocedoras del Consejo de la Competitividad consultadas para esta crónica reconoce que “si Rajoy pretendía solucionar sus problemas silenciando algunas cadenas, lo tiene hoy más complicado, por su propia debilidad y porque aquí se trata tanto o más de negocio que de ideología”. 

La asamblea general ordinaria y extraordinaria del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), celebrada este martes en Madrid, ha aprobado el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2014 y ha reelegido, por unanimidad, a su actual presidente, César Alierta, presidente de Telefónica, para un nuevo mandato de dos años, informaron a Europa Press fuentes del think tank que aglutina a 17 grandes empresas y al Instituto de Empresa Familiar.

Alierta preside el CEC desde su constitución en febrero de 2011, cuando las grandes empresas españolas decidieron unirse en este organismo para, según sus objetivos fundacionales, mejorar la competitividad, impulsar la recuperación económica y fortalecer la confianza internacional en España.

Tras la asamblea, el CEC ha desarrollado su reunión mensual, en la que se anunció la creación del Consejo Iberoamericano para la Competitividad y Productividad, que celebrará su reunión constituyente el próximo 6 de julio en México, bajo la presidencia del mandatario de este país, Enrique Peña Nieto.

El nuevo Consejo Iberoamericano, al que se han unido una quincena de empresas españolas, contará con la presencia de grandes conglomerados empresariales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Panamá, Portugal, Uruguay y Venezuela, entre otros países del área de influencia.

Ya en el ámbito de la economía española, el asunto estrella de la reunión del CEC ha sido la presentación del primer informe sobre la contribución de las empresas miembros del think tank a la consolidación del denominado ecosistema emprendedor en España.

Entre las principales conclusiones de dicho informe, cabe destacar que estas iniciativas han impulsado la creación de casi 21.000 empleos, y un impacto superior a los 1.600 millones en términos de PIB, gracias a una inversión directa de 653 millones durante el pasado año 2014.

Aumento de la inversión directa

La inversión en estas políticas va en aumento, con una estimación superior a 700 millones de inversión directa para 2015, que atraerá otros 1.300 millones en recursos ajenos, según las proyecciones realizadas.

El informe destaca también que las empresas del CEC contrataron en 2014 con unos 320.000 proveedores nacionales, lo que supone el 74% de sus suministros y un gasto cercano a 72.000 millones de euros. Alrededor del 60% de esta partida proviene de pequeñas y medianas empresas.

Más de 2.200 profesionales de estas empresas se dedican, total o parcialmente, a actividades para fomentar el emprendimiento.

Además de César Alierta, del CEC forman parte Isak Andic (Mango), Ana Botín (Banco Santander), Antonio Brufau (Repsol), José Manuel Entrecanales (Acciona), Isidro Fainé (La Caixa), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Francisco González (BBVA), Antonio Huertas (Mapfre), Pablo Isla (Inditex), José Creuheras (Grupo Planeta), Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), así como Fernando Casado, director general de la organización y representante del Instituto de Empresa Familiar (IEF).

El presidente de Telefónica, César Alierta, afirmó este viernes durante la junta de accionistas que prefiere tener un teléfono que es una "carraca" a tener un smartphone y "perder la libertad" porque los Over The Top (OTT) -las grandes compañías de Internet- tienen sus datos.

"Los que chillan ahí fueran hablan de libertad. Yo no he perdido la libertad, eso sí, tengo un smartphone que es una carraca. La gente que tiene un smartphone no tiene libertad porque se conocen su vida y lo más importante para mí es la libertad", explicó.

El directivo volvió a arremeter contra los Over The Top y se atrevió a llamarlos por su nombre: Google, Apple y Facebook, que no invierten ni crean empleo pero controlan los datos de los ciudadanos, según dijo.

Alierta señaló que mientras los operadores invirtieron en 2014 75.000 millones de euros, dieron trabajo a 3 millones de personas y pagaron impuestos, los gigantes de Internet invirtieron 90 millones, emplearon a 40.000 personas y llegan a los mismos clientes que las compañías de telecomunicaciones gratuitamente. "Eso no tiene ni pies, ni cabeza", indicó.

El directivo consideró que si hace 10 años la operadoras hubieran "grabado conversaciones" se habría generado un "escándalo espectacular". "No invierten un euro y conocen la vida de todas la personas y las administraciones públicas", ha advertido.

Para el directivo, el lenguaje que más se habla hoy en día es el de Android (en referencia al sistema operativo de Google) y el iOS (Apple). "No solo hay un duopolio en el mundo, sino que no garantiza la diversidad", añadió Alierta, para quien esto se va a solucionar "pronto", este mismo año, porque Europa y Latinoamérica no se pueden permitir perder la competitividad.

Concepto "obsoleto" de neutralidad en la red

El presidente de Telefónica aprovechó también para criticar en un discurso distribuido a los accionistas a aquellos "agentes" que defienden de "manera interesada" el concepto "obsoleto" de la neutralidad de la red.

En este sentido, Alierta explicó que la competencia en el ecosistema digital ha cambiado y, por tanto, es "imprescindible" que la regulación se adapte para reflejar la realidad de la nueva economía digital, teniendo en cuenta toda la cadena de valor de Internet.

"Telefónica apuesta por la neutralidad digital, es decir, la neutralidad extremo a extremo en todo el ecosistema digital", manifestó el directivo en el discurso que se dio por leído en una junta interrumpida en varias ocasiones por una veintena de instaladores que increparon a los consejeros con gritos como "vuestro beneficio, nuestro sacrificio".

Así, el presidente de Telefónica instó a los reguladores a que se adapten a la nueva economía digital y apliquen las "mismas reglas de juego" a todos los agentes del ecosistema digital para evitar la discriminación y garantizando un equilibrio bajo el principio "mismos servicios, mismas reglas".

Para el directivo, esto permitirá dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos, con la mejor experiencia de Internet, la "portabilidad" de la vida digital, para que puedan usar sus datos, información y aplicaciones de forma independiente del dispositivo o plataforma, y la confianza digital. "Todo ello mediante una experiencia de Internet segura, transparente y privada".

Los 40.000 trabajadores de las contratas y subcontratas de asistencia técnica de Telefónica en toda España están convocados a la huelga indefinida a partir del próximo martes. En Madrid dejaron de trabajar el pasado día 28. Son el paradigma de la precarización precarización de las relaciones laborales extendida en España en los últimos años. Sólo en Madrid son ocho las contratas que se reparten los trabajos de instalación de líneas y averías de Telefónica. Éstas, a su vez, subcontratan esas tareas con otras empresas más pequeñas que, en muchos casos, vuelven a subcontratar. Suman cientos en todo el país. El último escalón son los autónomos que terminan preparando las instalaciones de fibra óptica o cobre en los domicilios.

Todos ellos viven del contrato bucle de cliente que Telefónica renovará el próximo mes de mayo y se prolongará durante tres años. Un contrato que rebaja en un 30% los baremos por trabajo respecto del anterior, en vigor durante el último cuatrienio. Y ése ya incluía un recorte del 5% anual sobre los baremos iniciales; es decir, en cuatro años las tareas perdieron un 20% de su precio. Así, en un lustro su trabajo habrá perdido la mitad de su valor.

Para el próximo contrato, una instalación de fibra óptica, que antes se baremaba con 15 puntos –cada punto tiene un precio, ocho euros, por ejemplo–, pasa a sólo 5,5 puntos. Instalar la línea de otra operadora baja de cuatro a sólo 0,45 puntos. Lo explica Francisco Amaro, miembro del comité de huelga.

A destajo por 600 euros

Con la rebaja continua de los baremos, a las empresas no les compensa tener a los instaladores en plantilla, así que subcontratan las tareas u optan por los autónomos. Amaro dice que hay técnicos con contratos de apenas dos o cuatro horas, el resto de la jornada se les paga en negro. También los hay trabajando sin contrato. Rozan los 900 euros mensuales, que a partir de ahora no superarán los 600, por jornadas de más de 10 horas diarias –a destajo, aseguran–, incluidos fines de semana, utilizando su propio vehículo y sus propias herramientas u ordenadores.

Este sistema de trabajo no es nuevo, sino que se introdujo paulatinamente desde que empezó a desmontarse el monopolio público que era Telefónica. La creación en los años 90 de la filial Sintel, luego privatizada y finalmente quebrada de forma fraudulenta, fue el primer paso. Llegó a tener 4.000 trabajadores, hasta que optó por las subcontratas.

Ahora Telefónica desvía estos trabajos a empresas grandes, como Cobra –una filial de ACS, la compañía de Florentino Pérez– o Elecnor. También a otras menores como Comfica, Abentel, Cotronic o Itete. Muchas de ellas, menos aún las que se sitúan en el tercer o incluso cuarto escalón de las subcontratas, carecen de comités de empresa o, si los tienen, representan a plantillas mínimas, puesto que el grueso de los trabajadores son autónomos. Falsos autónomos, precisan los sindicatos. Tal es así que los 40.000 técnicos de  todo el país se reparten al 50% entre subcontratados y personal de plantilla.

Repliegue en la instalación de fibra óptica

Aun así, los convocantes de la huelga –los minoritarios CGT, AST, Cobas– cifran en un 90% el seguimiento de los paros en Madrid. UGT y CCOO, los sindicatos mayoritarios en Telefónica, decidieron apoyar en la última reunión del comité intercentros a estos trabajadores, pese a que no son empleados de la compañía. Aunque culpan de la situación a la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de obligar a Telefónica a compartir su red de fibra óptica con sus competidores a un precio regulado.

La norma aún está en fase de alegaciones, pero la compañía que preside César Alierta ya ha decidido recortar un 35% el despliegue de su nueva red de fibra para este año, como medida cautelar. Lo que supondrá que casi dos millones de domicilios y un centenar de municipios se quedarán de momento sin esa infraestructura ultrarrápida. Según CCOO, si la iniciativa de la CNMC sale adelante, se pondrá en peligro “miles de empleos”, tanto en la operadora como en las contratas. En eso coincide con el PP, que en una inusual moción parlamentaria, ha salido en defensa de Telefónica, pide al Gobierno que interceda ante la CNMC para que retire su propuesta y cifra en 10.000 los empleos indirectos de las subcontratas en riesgo de desaparecer.

El caso es que el resto de los operadores en el mercado ya han denunciado a Telefónica ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) porque la compañía de Alierta está obligada a darles servicio y, con los instaladores en huelga, no lo hace, desvela Francisco Amaro. Telefónica no ha contestado a la solicitud de infoLibre para que explicara su punto de vista en el conflicto.

El presidente de Telefónica, César Alierta, recibió una remuneración total de 5,7 millones de euros en el ejercicio 2014, lo que supone una disminución del 8% respecto a los 6,2 millones de euros percibidos el año anterior, según ha explicado la compañía en el informe anual a directivos remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta cantidad se compone principalmente de un salario fijo de 2,2 millones pagado en mensualidades durante el año 2013 y un variable a corto plazo, sujeto a desempeño y a la consecución de objetivos, de 3 millones de euros.

Por su parte, la remuneración de José María Álvarez-Pallete, el consejero delegado, se situó en 4,9 millones, compuesto por un salario fijo de 1,9 y un variable de 2,9 millones.

En conjunto, incluyendo los salarios fijos y variables de los consejeros ejecutivos de Telefónica, la remuneración total de los consejeros se situó en 25,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,2% respecto al año anterior. En concreto, la retribución total percibida por los consejeros, en su condición de tales, fue de 3,48 millones de euros en 2014, ligeramente inferior a los 3,5 millones de 2013, por asignación fija y dietas, lo que supone la congelación de esta partida.

Por su parte, la remuneración total de la alta dirección de la compañía, excluidos los ejecutivos pertenecientes al consejo, sumó un total de 10,5 millones de euros.