José Manuel Villarejo, cabeza visible de la llamada policía patriótica, preso preventivo desde noviembre de 2017 e imputado en el caso Kitchen, que ya ha desatado una nueva tempestad en el PP por el espionaje a Luis Bárcenas, cobra al año entre 3.500 y 5.000 euros en pluses por dos medallas que ninguna norma legal permite retirarle si no hay una condena firme. Pero, ahora, un extenso precepto de la futura Ley de Memoria augura cambios. El anteproyecto aprobado el martes por el Gobierno abre la puerta a privar de condecoraciones a agentes que, aun no habiendo participado de la represión franquista, hayan realizado actos "manifiestamente incompatibles" con la Orden del Mérito Policial. Es decir, con la distinción que de manera especial premia a un miembro del Cuerpo.

Así consta en la disposición adicional tercera del anteproyecto. Fuentes cercanas al Gobierno han confirmado a infoLibre que el alcance de ese artículo no se limita a la opción de revocar incluso con carácter póstumo los premios de que se beneficiaron policías como el torturador ya fallecido Billy el Niño. Lo que en su segundo inciso dice el citado artículo es lo siguiente: "Las recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley al amparo de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales (...) podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes de la concesión, había realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso en la Orden del Mérito Policial o en la Orden del Mérito de la Guardia Civil, así como cuando, con posterioridad al ingreso en dichas órdenes, hubiese realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con su permanencia en ellas". ¿Significa lo anterior que alguien condecorado en 2009 y en 2012 como José Manuel Villarejo puede quedarse sin medallas pensionadas? Sí, responden de manera tajante fuentes que conocen de primera mano el anteproyecto.

Sin sentencia firme que implique una pena de inhabilitación absoluta, con la legislación vigente, resulta imposible privar de medallas a Villarejo. O a cualquier policía de aquellos para los que no de manera abierta pero sí demoledora acuñó el PSOE en 2018 el adjetivo "indignos". El Código Penal estipula en uno de sus artículos –el 42– que la inhabilitación especial para empleo o cargo público también produce produce la privación "de los honores que le sean anejos". Pero la inhabilitación implica que exista una sentencia. Y la norma de 1969, que regula las condecoraciones policiales y que nunca se derogó tras el fin de la dictadura, impide revocar condecoraciones incluso si se convierten en piedra de escándalo antes de un juicio.

Ahora, si sale adelante en los términos marcados por el anteproyecto aprobado el martes, la Ley de Memoria señalará qué conduciría a borrar del mapa una condecoración:  "Los actos o conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso o la permanencia en las mencionadas órdenes podrán resultar de sentencia penal firme, de diligencias judiciales, de la Fiscalía o policiales, de la imposición de sanción disciplinaria firme o de cualquier otro medio de prueba admisible en derecho". El texto define con precisión quién y cómo abordará el proceso de revocación de recompensas. Dar ese paso "exigirá la tramitación de un procedimiento contradictorio que sólo podrá iniciarse de oficio y a iniciativa del Ministerio del Interior, y se instruirá y resolverá por los órganos competentes para tramitar los procedimientos de concesión".

El remate con que concluye la disposición adicional tercera no deja títere con cabeza en las consecuencias materiales de una eventual caída del medallero: "La revocación determinará pérdida de los derechos anejos correspondientes, incluso los económicos, y producirá efectos a partir de la notificación de la resolución que la declare".

Concedida su primera cruz al mérito policial con distintivo rojo por el Gobierno del PSOE en 2009 y la segunda, por el del PP en 2013, las dos condecoraciones que completan los ingresos públicos de Villarejo podrían desaparecer de un plumazo. También las restantes de una larga serie de premios y recompensas, estas carentes de dotación económica. Y podrían igualmente esfumarse las que recayeron sobre otros policías que, sostiene la Fiscalía, participaron junto con Villarejo en un operativo policial y parapolicial supuestamente destinado a evitar que el extesorero del PP conservase documentos de la caja B incriminatorios para altos dirigentes del partido. Según publicó El País, siete antiguos mandos de la policía patrióticase reparten cada año en pluses 16.000 euros en pluses. Todos esos pluses, salvo el vinculado a la primera medalla de Villarejo, se derivan de condecoraciones otorgadas entre 2012 y 2016 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. 

Los datos que permiten cifrar entre 3.500 y 5.000 euros los pluses percibidos cada año por Villarejo son los de un decreto de 1995. En pesetas, ese decreto ya fijaba la cuantía a pagar en función de la condecoración recibida (al cambio, 150 euros al mes por cada cruz de distintivo rojo) y los trienios (47,45 euros mensuales por cada uno) que tuviese acumulados el beneficiario de la recompensa. En el caso de Villarejo, este medio ha calculado 10 trienios. Porque entre su ingreso en el Cuerpo (1972) y su "jubilación voluntaria" (2016) el policía se tomó diez años de excedencia. Fue en en ese periodo cuando creó un auténtico emporio patrimonial y empresarial que, con Cenyt SL como mascarón de proa, le llevó a hacer seguimientos, vigilancias, espionaje y operaciones de supuesta extorsión para distintos clientes. 

Ahora bien, fuentes policiales ajenas al circuito oficial aseguran que otros policías ya jubilados y que se encontraban en la misma situación que Villarejo -el grupo A1, la misma estancia o aproximada en el  Cuerpo y dos cruces al mérito policial con distintivo rojo– cobran hasta casi 5.000 euros al año como plus. La cruz con distintivo rojo premia a quienes han sido heridos en acto de servicio "o por causa de él". O a quienes han protagonizado "hechos distinguidos y extraordinarios con patente riesgo o peligro personal". O a quienes han participado en un "hecho abnegado" o que "manifieste alto valor en circunstancias de peligro para su persona, con utilidad para el servicio o prestigio para el Cuerpo". También, a quienes hayan prestado "tres o más servicios en los que medie agresión con armas, aun sin resultar herido".

¿Cuáles de esos argumentos se tradujeron en cruces con distintivo rojo, la segunda medalla en relevancia tras la de plata? No se sabe. Las razones por las que el Ministerio del Interior condecora a un agente permanecen sellados. Distintas fuentes sindicales que prefieren no ser identificadas coinciden en que con las medallas el ministerio suplementa los salarios. Una de esas fuentes asegura que los Presupuestos del Estado prevén nada menos que seis millones de euros para condecoraciones, extremo que no ha podido verificar este periódico.

El entorno de Villarejo entiende que las condecoraciones al antaño poderoso comisario son inamovibles porque su situación procesal nada tiene que ver "con los motivos de su concesión". Y que a Villarejo "le asiste el derecho a la presunción de inocencia pese a que hasta el presidente del Gobierno, la anterior ministra de Justicia y actual fiscal general del Estado o el ministro del Interior ya lo han condenado públicamente". Lo premiaron –remarcan estas fuentes– tanto el PSOE como el PP. Un certificado oficial a lista de galardones incluye 17 felicitaciones públicas –13 de ellas con recompensa económica puntual de cuantía que infoLibre ignora– y otras tres medallas concedidas en 2012 que no implican el cobro de pluses.

El Juzgado de lo Social número 34 de Madrid ha rechazado dar 24 horas a la Dirección General de la Policía para que provea a los agentes del Cuerpo en todo territorio nacional de material de protección individual en la lucha contra la pandemia del coronavirus, tal y como solicitó el Sindicato Unificado de la Policía (SUP). El magistrado Antonio Seoane García rechaza de plano las medidas cautelarísmas presentadas por el sindicato el pasado 28 de marzo al entender que no concurre la urgencia para adoptarlas. "La urgencia no ha de considerarse con razón a la gravedad del problema o del riesgo de exposición. Las medidas cautelares no tienen como finalidad el salvamento de la Humanidad o el Universo, ya nos gustaría, sino el mucho más modesto de asegurar anticipadamente lo resuelto en un procedimiento judicial", explica el juez en su auto dictado este lunes.

El titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid considera que está acreditado la "gravedad de la crisis sanitaria, la insuficiencia de los medios de protección, el carácter de servicio esencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el actual estado de alarma, la exposición incidental de los policías a los riesgos biológicos y su consideración del colectivo 'expuesto al riesgo' y el riesgo grave e inminente que la crisis representa para ellos".

Sin embargo, entiende que "no hay razones de urgencia" para acordar estas medidas cuando "hay posibilidad de obtener una pronta resolución sobre el fondo del procedimiento principal". Según recuerda en su auto, con la declaración del estado de alarma, los juzgados han visto suspendidas todas sus actuaciones no esenciales, por lo que se puede proceder al señalamiento de juicio y dictar sentencia en los plazos que marca la ley y que "en otras situaciones no podríamos cumplimentar por la sobresaturación que padecemos desde 2008".

Reproche a las intenciones de algunos sindicatos

Aún así, el magistrado va más allá y reprocha que el SUP directamente haya reclamado que un juzgado ordene a la Dirección General de la Policía que provea con "carácter urgente e inmediato", en un plazo de 24 horas, de equipos de protección contra el Covid-19, sin presentar una denuncia en la que se exponga los hechos que considera que infringe las normas o vulnera derechos de los agentes. Simplemente se apoya en resoluciones de otros juzgados que sí han aceptado las cautelarísimas solicitadas por otros colectivos profesionales.

Por ello, el juez Seoane García sospecha que los jueces de lo Social están concentrando los servicios esenciales "en atender solicitudes apodícticas, imposibles e inútiles para que determinados sindicatos den satisfacción a su electorado real o posible, para utilizarlos como arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación". Y es que el magistrado afirma que "sorprende" que el "goteo" de medidas cautelares solicitadas estén siendo presentadas por sindicatos con cuotas minoritarias en sus respectivos cuerpos funcionariales, defensores de los "intereses corporativos" o "con opciones ideológicas, igualmente legítimas, en clara oposición al color del Gobierno".

La ley de prevención de riesgos laborales no se puede aplicar

Así, el juez señala que todas las alegaciones relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales no tienen sentido en una "pandemia imprevista e imprevisible" pues dicha norma "no es de aplicación al supuesto que nos ocupa de emergencia sanitaria bajo un estado de alarma". Explica que las normas de prevención de riesgos laborales son la vía de protección ordinaria de la salud de los trabajadores en sus empresas y trabajos ordinarios, pero en la situación actual existen unos riesgos profesionales "inexistentes habitualmente, impredecibles frente a los cuales no fue posible su evaluación en los Planes de Prevención de las Empresas".

Por ello, asevera que al igual que en una situación de estado de guerra "no es imaginable" que los sindicatos acudan a los tribunales para pedir que "se construyan refugios antiaéreos u hospitales de campaña o que se proporcionen balas a los soldados para evitar más muertes", tampoco lo es en un estado de alarma por una crisis sanitaria, en el que "los servicios esenciales están publificados". Por tanto son "las autoridades gestoras de la crisis las que deben proveer a dotar de equipos de protección, siempre en la medida de sus posibilidades", apostilla.

Así, el magistrado no cree que hacer un requerimiento a la Dirección General de la Policía "aporte nada al requerimiento moral que cada día se estarán efectuando los mandos policiales" porque, "entre otras cosas ellos también están expuestos y serían beneficiarios". Misma situación ve en el caso de exigir a los responsables políticos que consigan material de protección y que lo distribuyan entre los distintos colectivos que realizan servicios esenciales "porque es público que alguno de ellos y sus familias se han contagiado".

Por otro lado, el magistrado lamenta que el sindicato haya olvidado que "el problema de faltas de equipos de protección no es exclusivo de la Policía sino que afecta con carácter general a todos los empleados públicos que desempeñan servicios esenciales". "Hay personal más gravemente expuesto" y "ante la carencia de material para todos el Gobierno de la Nación debe priorizar servicios, territorios, grupos sociales", ha subrayado.

Utilidad de los requisistos laborales

Así se pregunta "qué utilidad tendría el pronunciamiento judicial" si ante tal situación de escasez "no es posible reconocer el derecho a todos los integrantes de todos los cuerpos o trabajadores que prestan servicios esenciales" y lo soliciten. "La respuesta es obvia: ninguna", contesta y argumenta que si atiende a las demandas de todos los grupos daría lugar a pronunciamientos "sin considerar las circunstancias concretas ni los derechos de otros trabajadores quizás más necesitados".

Además admite que los requerimientos judiciales tampoco es una "medida útil" porque si no hay equipos de protección, tampoco un juez "los va a proporcionar, ni los funcionarios judiciales se van a poner a elaborarlos domésticamente". Por último, el titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid hace una exposición sobre la competencia para estudiar estos casos y niega que sean los juzgados de lo Social ordinarios los que deban hacerlo.

En primer lugar porque entiende que lo que hacen los demandantes es impugnar resoluciones administrativas del Gobierno o imponer al Gobierno decisiones administrativas "por la puerta de atrás", por lo que considera que la "competencia real" es de los tribunales de lo contencioso-administrativo. Aún así, en caso de que pertenezca a la jurisdicción de lo Social por encontrarse ante un "conflicto colectivo", si la demanda afecta a todo el territorio nacional, como ocurre en el caso de las medidas solicitadas por el SUP, "la competencia sería de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que sería además la que debería pronunciarse sobre las medidas cautelares o cautelarísimas"

El Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Jusapol para regular por ley la equiparación salarial entre funcionarios de los distintos cuerpos policiales que operan en España, con el rechazo de Esquerra Republicana (ERC), PNV, PDeCAT y Bildu.

Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos ya habían avanzado su apoyo a esta iniciativa de Jusapol (Justicia Salarial Policial), la plataforma que agrupa a policías y guardias civiles para pedir la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos, lo que en la práctica supone subir sus retribuciones.

Pero estaba por ver qué harían el PP y PSOE, que venían manifestando sus dudas ante esta propuesta y poniendo en valor el acuerdo que en su día firmaron los sindicatos policiales, las asociaciones de guardias civiles representativas y del Gobierno de Mariano Rajoy, algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respetado.

Finalmente los dos partidos mayoritarios han acabado respaldando que el Congreso inicie la tramitación de esa propuesta, presentada en su día en la Cámara por el presidente de Jusapol, Natan Espinosa, por respeto a las 550.000 firmas ciudadanas que la avalan.

Cuando Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, decidió en 1982 pedir la excedencia del Cuerpo Superior de Policía para dar el salto a la empresa privada de la mano de la firma Hispavinsa, ligada a la multinacional del automóvil Talbot, probablemente nunca llegó a imaginar que, tres décadas después, su nombre volvería a marcar de nuevo la agenda política y mediática española. Primero fue la conocida como querella argentina, donde apareció como investigado por varios delitos de torturas cometidos durante el franquismo. Luego, se pusieron bajo la lupa las cuatro condecoraciones al Mérito Policial –dos Medallas de Plata y dos Cruces con distintivo rojo– que cuelgan sobre su viejo uniforme, distintivos que le reportan un plus acumulado del 50% sobre su pensión vitalicia. Y la semana pasada, su nombre volvió a saltar a los titulares tras ser cazado en el acto de celebración del patrón de la Policía Nacional en una comisaría de Ciudad Lineal en Madrid, una invitación que ha provocado la apertura de un expediente al jefe de dicho destino policial.

A pesar de las brutales técnicas de interrogatorio que el viejo policía empleó sin ningún reparo durante su etapa como hombre fuerte de la Brigada Político-Social –culatazos con el arma, palizas o simulaciones de ahogamiento a los detenidos– y de las constantes polémicas que protagonizó en la Transición y los primeros compases democráticos, una parte importante de sus colegas de profesión jamás le dieron la espalda. Algunos de sus compañeros en la Brigada Especial Operativa consideraban, tal y como consta en un reportaje del diario El País, que a González Pacheco se le endosaba “todo” lo que sucedía: “En cuanto un detenido sale a la calle, dice que ha sido torturado por González Pacheco. Yo sé de unos que lo acusaron y sé también que él ni los llegó a ver”. Y la máxima expresión de este respaldo sin fisuras pudo verse, por ejemplo, en julio de 1979, cuando le organizaron un acto en un céntrico hotel de Madrid para darle todo su apoyo en uno de los momentos más delicados de su carrera policial.

Contra “la incomprensión y la inquina”

Fue en el verano de ese año cuando la estrella de González Pacheco comenzó a apagarse lentamente. El policía, convertido en uno de los hombres fuertes de la Brigada Central de Información a raíz de la liberación del teniente general Villaescusa y del expresidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y Urquijo, tuvo que prestar declaración ante el juez para aclarar su presunta amistad con José Fernández Cerrá, uno de los condenados por el asesinato a sangre fría de cuatro abogados laboralistas y un administrativo en el número 55 de la calle Atocha de Madrid. Tras lograr esquivar las dos primeras citaciones, González Pacheco acudió a los juzgados el 8 de junio. “Visiblemente nervioso”, como señalaron las crónicas de la época, el expolicía declaró, en contradicción con lo que señalaban los acusados, que no conocía ni era amigo de ninguno de ellos y que tampoco se había reunido con los investigados, a pesar de que la acusación había presentado datos concretos de dichos encuentros.

Ante las contradicciones existentes, que giraban alrededor de la supuesta amistad entre el agente y el acusado y de los posibles contactos mantenidos en la Dirección General de Seguridad, González Pacheco fue sometido a mediados de julio a un careo con Fernández Cerrá y Gloria Herguedas, otra de las imputadas en el caso. El expolicía, que por aquel entonces ya había sido condecorado en dos ocasiones, llegó al hospital penitenciario de la cárcel de Carabanchel, el lugar designado para practicar la diligencia, acompañado de varios de sus colegas de brigada. De nuevo, el exagente de la Político-Social negó cualquier relación de amistad con Fernández Cerrá, mientras el acusado seguía insistiendo en ella.

Durante esos dos intensos meses, sus compañeros se volcaron decididamente con González Pacheco. Así, el 3 de julio de 1979, un centenar de funcionarios del Cuerpo Superior de Policía ofrecieron a Billy el Niño una cena-homenaje que fue calificada de “acto íntimo y corporativo”, en un hotel del centro de Madrid para mostrar su solidaridad con los compañeros “que actúan abnegadamente” pero que sufren “la incomprensión y la inquina”, según publicó la agencia EFE un día después. Al término del encuentro, señalaba el teletipo, González Pacheco afirmó que no sentía “otra preocupación que ser un buen policía” e impedir que “estén en la calle los delincuentes, terroristas y asesinos”. Y, por supuesto, aseveró que no pensaba dimitir “porque se le ataque o injurie”. Una posición que mantuvo unos días después en una entrevista en la revista Tribuna Policial, una amable conversación con la que se intentó blanquear su imagen.

Los asistentes

A la cena-homenaje acudieron pesos pesados del estamento policial. Allí estaba el comisario general de Información, Manuel Ballesteros, el mismo que pocos meses después depuraría a Billy el Niño de la lucha antiterrorista con el objetivo de mejorar la imagen de la brigada. Fallecido en 2008, Ballesteros comenzó en la Político-Social, pero su ascenso meteórico se produjo durante la Transición. En 1979, se hizo cargo de Información en sustitución del temido Roberto Conesa, un puesto que ocupó hasta 1981, cuando presentó su dimisión después de que se decretara prisión preventiva para cinco policías que participaron en los interrogatorios Joxe Arregi, muerto como consecuencia de los malos tratos sufridos en comisaría. A pesar de ello, y de haber sido acusado de torturas durante la dictadura, Ballesteros siguió ocupando puestos relevantes durante su carrera policial: jefe de Contraterrorismo, de Operaciones Especiales o director del Gabinete de Información de Interior.

Al acto también asistió el jefe de la Brigada Operativa, que por aquel entonces era Manuel Gómez Sandoval. Crecido también en el seno de la Político-Social, este policía, fallecido en 1986, comenzó su andadura como jefe del grupo de estudiantes, encargado de reprimir los movimientos universitarios, según consta en un amplio reportaje del diario El País. Como Billy el Niño, Gómez Sandoval fue condecorado en 1977 por el ministro Rodolfo Martín Villa con la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y no tardó en hacerse un nombre en la Brigada Central de Información, de la que fue removido para entrar a formar parte de la denominada Brigada Antigolpe. Sobre Gómez Sandoval pesa también la sombra de la tortura. En junio de 2017, un exmiembro de la Liga Comunista Revolucionaria lo incluyó, junto a González Pacheco y otro viejo agente de la Político-Social, en una querella interpuesta por torturas sufridas durante la dictadura.

Por último, acudió a la cita el entonces presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo Superior de Policía (Apfcsp), Carlos Cabrerizo Rica. Legalizado en 1978, y controlado desde un primer momento por antiguos agentes muy vinculados a la Político-Social, el colectivo se fue haciendo fuerte poco a poco, aglutinando a gran parte de los comisarios principales, comisarios, subcomisarios e inspectores de primera, segunda y tercera. Desde el primer momento, Cabrerizo destacó como su presidente nacional. Sin embargo, la crisis abierta a finales de ese año tras el fracaso en el intento de negociar reivindicaciones profesionales terminó provocando su salida de la presidencia del sindicato. Tras esto, poco más se ha sabido sobre su trayectoria. Lo último, que en 1983 fue relevado de su cargo como comisario jefe de San Sebastián y enviado a Marbella como consecuencia del tratamiento dado a los secuestros de Orbegozo y Echevarría.

La Medalla de Plata al Mérito Policial, un distintivo que lleva anejo un plus sobre la pensión vitalicia y que se concede a todos aquellos agentes que hayan tenido una actuación “ejemplar y extraordinaria”, no es la única distinción que el Gobierno de la UCD puso en el uniforme del expolicía de la Brigada Político-Social Antonio González Pacheco tras la muerte del dictador Francisco Franco. El viejo agente, conocido como Billy el Niño por sus brutales técnicas de interrogatorio e investigado por torturas en el marco de la conocida como querella argentina, tiene una segunda condecoración al mérito policial que le fue concedida justo antes de pedir una excedencia en el Cuerpo Superior de Policía y dar el salto a la empresa privada, según consta en un reportaje de Interviú recuperado por infoLibre a través de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional. Esta segunda medalla, como la que se le concedió en 1977, también lleva anejo un plus sobre la pensión vitalicia del expolicía. Según se citaba en la información, la insignia sería de Oro.

Este diario se puso en contacto hace diez días con la Policía para conocer más detalles de esta segunda condecoración. Fuentes policiales no aportaron, a cierre de la edición, ningún dato adicional sobre la medalla. Este lunes, desde el Ministerio del Interior confirmaron al programa Al Rojo Vivo de La Sexta que, efectivamente, en la pechera de González Pacheco también luce la Medalla de Oro al Mérito Policial. Pero una hora después, y citando fuentes de la Policía, el programa de La Sexta afirmó que eran cuatro las condecoraciones concedidas a González Pacheco: dos medallas de plata (1977 y 1981) y dos cruces al mérito policial con distintivo rojo (1972 y 1980). Todas ellas pensionadas.

A sólo tres meses de que los socialistas cosechasen su primer triunfo en las urnas, González Pacheco decidió dejar de lado el sector público. En septiembre de 1982, el entonces policía pidió la excedencia y fue contratado como jefe de seguridad por la empresa Hispavinsa, ligada a la multinacional del automóvil Talbot. El fichaje indignó, y mucho, a los trabajadores de la fábrica, que iniciaron nada más conocerse la noticia una campaña para que la empresa rescindiese el contrato con el viejo conocido de la Político-Social. Esta tormenta, que Billy el Niño trató de capear asegurando a los delegados obreros que su trabajo no entraría en conflicto con los intereses sindicales de los trabajadores, fue recogida el 22 de diciembre de 1982 por la revista Interviú. La historia, que llevaba por título “González Pacheco: de la Policía a la empresa”, estaba firmado por los periodistas Iñaqui Gavilán y Teodoro Ardiles.

El reportaje recoge las reticencias del comité de empresa, que mostraba sus temores a que Billy el Niño confeccionase “listas negras” de obreros e impulsase la puesta en marcha de un “sindicato amarillo”, así como la negativa de Hispavinsa de dar marcha atrás en el fichaje de “un gran profesional”. La historia se completa, además, con dos despieces. En el primero, se reproduce una pequeña conversación con el expolicía en una cafetería de Madrid. En el segundo, se repasa su trayectoria en el Cuerpo. Las denuncias por malos tratos en 1973 y 1974. Su ascenso estelar como segundo del comisario Roberto Conesa en la Brigada Especial Operativa (Antiterrorismo). Su caída en desgracia desde 1979 acorralado por los escándalos. Y su salida: “El ministro Juan José Rosón le otorga la Medalla de Oro al Mérito Policial, tras diez años de dedicación”, recoge Interviú.

Recorte de la revista 'Interviú' que recoge la segunda condecoración de Billy el Niño.

Las condecoraciones policiales se rigen por la Ley 5/1964, una norma que establece cuatro tipos de insignias al Mérito Policial: Medalla de Oro, Medalla de Plata, Cruz con distintivo rojo y Cruz con distintivo blanco, que son concedidas en función del cumplimiento de determinados requisitos. De ellas, las tres primeras llevan aparejados incrementos en la pensión. Emolumentos que, según se establece en el artículo 8 y 9 de la citada ley, serán “proporcionales al sueldo del empleo que disfrute el funcionario en el momento de su concesión, o del que vayan alcanzando en lo sucesivo”, tendrán “carácter vitalicio” y “serán acumulables para el caso de concederse dos o más condecoraciones”. En el caso de la Medalla de Oro, máxima condecoración policial a la que puede aspirar un agente durante su trayectoria, el plus que lleva anejo es del 20%.

Bajo revisión la medalla de 1977

No era la primera vez que el Ejecutivo de UCD premiaba los servicios de este expolicía de la Político-Social, al que entonces sus compañeros definían como el hombre “que más sabe de los Grapo (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre)”. Cuatro años antes, el 13 de junio de 1977, el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le concedió la Medalla de Plata al Mérito Policial, un distintivo que, como el de Oro, está reservado a todos aquellos agentes muertos o heridos de gravedad, así como a aquellos policías que hayan realizado algún servicio de “trascendental importancia” o que hayan tenido “una actuación ejemplar y extraordinaria”. Esta condecoración, además del reconocimiento público, lleva anejo un plus del 15% sobre su pensión vitalicia. Un incremento del que, según reveló hace dos semanas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), sigue disfrutando a día de hoy.

La concesión de esta medalla fue uno de los últimos asuntos sobre los que se tuvo que pronunciar el exministro Juan Ignacio Zoido antes de que triunfase la moción de censura contra el Ejecutivo de Rajoy. Preguntado en el Congreso de los Diputados por el portavoz de Unidos Podemos, el extitular de Interior aseguró que su Ejecutivo no había valorado la retirada de este distintivo a González Pacheco porque nadie había “solicitado oficialmente” la revocación, un extremo que desmintió posteriormente la ARMH aportando la carta que a comienzos de mayo había enviado a Interior. Además, durante su comparecencia en la Cámara baja, Zoido aseguró también que no se tenía constancia de que esa condecoración se le hubiera retirado a nadie. Sí que existe un precedente, sin embargo, de revocación de medalla en las filas de la Guardia Civil.

Con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, la decisión sobre esta retirada, que ya se ha solicitado desde Unidos Podemos, está en manos de Fernando Grande-Marlaska. El pasado jueves, fuentes de Interior confirmaron a este diario que el nuevo ministro ya ha solicitado el expediente y toda la información disponible sobre la concesión de esta medalla a González Pacheco con la intención de comprobar si legalmente puede retirar dicha distinción y el plus que lleva anejo al expolicía de la Político-Social. Toda esta información sobre los méritos del expolicía para ser condecorado en 1977 ya había sido solicitada por la ARMH. Desde la Dirección General de la Policía se rechazó la petición de la asociación memorialista alegando que la revelación de dichos datos pondría a Billy el Niño “en un estado constante de inseguridad y ansiedad”.

Los otros condecorados

Antonio González Pacheco fue uno de los hombres fuertes de la extinta Brigada Político-Social durante el franquismo y la Transición. Su paso por las dependencias de la Dirección General de Seguridad estuvo marcado por sus brutales técnicas de interrogatorio. Culatazos con el arma, palizas y simulaciones de ahogamiento a los detenidos, entre otras prácticas, que han desembocado en los últimos años en un aluvión de querellas por tortura en España –hasta la fecha, nunca ha sido condenado en nuestro país por estos hechos–. Señalado e imputado en el marco de la causa que instruye en Argentina la jueza María Servini, Billy el Niño nunca fue castigado por estos hechos. En su expediente, sólo constan un par de máculas: dos multas leves que le fueron impuestas en 1973 y 1974 por malos tratos y coacciones al profesor de la Complutense Enrique Aguilar Benítez de Lugo y al periodista Francisco Lobatón.

Muerto el dictador, comenzó el ascenso estelar de González Pacheco en el Cuerpo. Se convirtió en la mano derecha del comisario Roberto Conesa –también señalado por las víctimas de torturas– en la Brigada Central de Información. En concreto, se hizo cargo del conocido como grupo anti-Grapo, definido en los medios de la época como “uno de los más duros durante los años de la más fuerte represión franquista” y tristemente famoso por “la relación de algunos de sus miembros con personas de la extrema derecha”. De su etapa como uno de los hombres fuertes de Información, destaca el papel jugado en la liberación en 1976 del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, y del teniente general Emilio Villaescusa.

A partir de 1979, comenzó su caída libre. Tuvo que presentarse a declarar hasta en dos ocasiones durante el juicio por la matanza de los abogados laboralistas de la calle Atocha para aclarar los supuestos vínculos que mantenía con alguno de los acusados. Meses después, fue relevado de su puesto de mando en la Brigada Antiterrorista y, en febrero de 1981, el Partido Comunista lo incluyó en una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno sobre las posibles conexiones de sectores de la Policía con comandos terroristas de extrema derecha. Dos meses después, en abril de ese mismo año, fue apartado de Antiterrorismo y recolocado en la Brigada Central de la Policía Judicial, un movimiento  que los medios de la época encuadraron “dentro de una política de nueva imagen puesta en marcha por los responsables del Ministerio del Interior”.

Sin embargo, Billy el Niño no es el único expolicía investigado en la querella argentina que puede lucir galones, tal y como publicó infoLibre. Actualmente, permanecen imputados y vivos en la causa 4591/2010, además de González Pacheco, otros ocho viejos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: el ex guardia civil Jesús Muñecas, el excapitán de Policía Jesús Quintana Saracíbar y los exagentes Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres y Benjamín Solsona Cortés. Al menos cuatro de ellos también han sido condecorados, en diferentes grados, durante su trayectoria en la Policía. Y, en tres de estos casos, los distintivos que les han sido otorgados llevan anejo un plus en la pensión vitalicia que reciben.

La Dirección General de la Policía ha comunicado este lunes la convocatoria de la plaza de comisario general de la Policía Judicial, puesto que ha quedado vacante tras la jubilación de José Santiago Sánchez Aparicio. El Ministerio de Interior ya hizo lo propio la semana pasada con el puesto de responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF), según ha informado Europa Press.

Ambos son puestos de especial relevancia en la lucha contra la corrupción, tarea que asume directamente el jefe de la UDEF, dependiente en última instancia de la Comisaría General de Policía Judicial. Sirva de ejemplo la labor de Sánchez Aparicio como responsable de la investigación interna sobre las grabaciones de la conversación entre el ministro de Interior, Fernández Díaz, y el director de la Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

Al puesto de comisario de la Policía Judicial se podrán presentar los comisarios principales (excepto los suspendidos de funciones o en situación de segunda actividad) desde este 20 de septiembre y con un plazo de siete días hábiles, según consta en la Orden General de la Dirección General. El cargo tendrá un complemento salarial de unos 31.800 euros.

El concurso por libre designación para la convocatoria de la plaza respalda así el "principio de celeridad". En el caso del jefe de la UDEF, el plazo será de 15 días, y contará con una remuneración extra de unos 26.200 euros.

Mientras tanto, la asignación de otros puestos de máxima relevancia, como el de director adjunto Operativo (DAO), se mantienen en la incertidumbre debido al bloqueo político y las jubilaciones de altos mandos.

Según explicaron a Europa Press ciertas fuentes policiales, el actual DAO, Antonio Rodríguez Martín, cuenta con el "pleno apoyo" del Ministerio de Interior. "Al frente del DAO está un comisario principal con la mayor antigüedad y que tiene plenas capacidades para seguir ejerciendo en su puesto", han subrayado.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, afirmó durante un acto celebrado el pasado 29 de julio que se estaba estudiando "qué se podía hacer" de cara a acabar con esta provisionalidad si el Gobierno continuaba ejerciendo en funciones tras el verano.

En la orden anunciada por la Dirección General de Policía también se ha anunciado la convocatoria del comisario general de Extranjería y Fronteras, un proceso de libre designación para comisarios principales, abierto durante un plazo de siete días y con un complemento fijado en unos 31.800 euros.

"Tengo un buen contacto ahora que se ha ofrecido a ayudarme, al sindicato y a mí, a darme información...¿te suena E. Barón?", preguntó Bernad a su interlocutor en la llamada. Pero el periodista, que en un principio no sabía a quién se refería, dijo: "¿Cómo?". "E. Barón", repitió Bernad, que completó: "Comisario principal de Información. Estuve el otro día reunido", confesó el secretario general de Manos Limpias en referencia al comisario general de Información, Enrique Barón Castaño.

Un portavoz de la Policía confirmó a infoLibre que Barón coincidió con Bernad, aunque negó que se ofreciera a suministrar información a Manos Limpias: "Fue un encuentro, no una reunión, que tuvo que ser en marzo de 2016, se conocieron de manera casual en una cafetería, en dónde el comisario había llevado a un amigo suyo, que es el que conocía a Bernad, y que fue el que les presentó". Bernad, según este portavoz, se encontraba con otras dos personas, uno de ellas un abogado y el otro un empresario. "Fue una coincidencia y estuvieron un rato corto y mantuvieron una conversación irrelevante. Ni antes de ese momento ni después ha vuelto a tener una relación con nadie de Manos Limpias. Además, en esa época no se sabía que estaba siendo investigado", completó el portavoz policial.

Granados le propuso

Con anterioridad, Barón fue director de Seguridad de la Comunidad de Madrid en sustitución de Sergio Gamón. En la comisión de investigación de la corrupción que se sigue en la Asamblea de Madrid, uno de los guardias civiles que asesoraban a Francisco Granados llegó a acusar a Barón de ser el que "filtró" el caso de los espías a la prensa. "Con la llegada de Enrique Barón, la Dirección General alcanzó un nivel que con el señor Gamón no tenía. Se establecieron contactos con determinadas personas que los medios identificaron como procedentes de las cloacas", llegó a declarar el ex guardia civil José Oreja.

Sin embargo, el propio Barón, en su comparecencia en la Asamblea negó haber tenido conocimiento de los seguimientos a políticos del PP por parte del personal de su dirección en su etapa en la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre. "Si yo hubiera visto cualquier actividad ilegal siendo director general, pese a quien pese y me cueste lo que me cueste, yo no me voy a prensa, me voy al fiscal o al juzgado", subrayó. Barón reconoció también que fue el entonces consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Granados, quien le propuso para el cargo.

"Escrito comisario UDEF"

Pero la alusión al comisario general de Información no es la única referencia de Bernad a los agentes de la Policía. En otra conversación, grabada el 8 de abril pasado, Bernad habla con una de sus secretarias. Y la empleada le explica que en el correo electrónico del pseudosindicato habían recibido un mensaje de uno de sus abogados: "Un email de Pedro Muñoz, que dice: estimada Isabel, para su presentación ante el TS [Tribunal Supremo]".

"¿Cuál es, qué es lo que ha presentado"?, preguntó de nuevo Bernad a su secretaria, que leyó el mensaje: "Escrito comisario UDEF". "Sácamelo", completó el secretario general de Manos Limpias.

El abogado Pedro Muñoz, explica en otras conversaciones Bernad, era la persona a la que Manos Limpias había encomendado las denuncias y querellas contra Podemos y sus dirigentes, que como son diputados en el Congresos están aforados en el Tribunal Supremo.

Precisamente, el pasado 15 de julio se conoció que el Tribunal Supremo archivó la séptima denuncia presentada contra Podemos y su líder Pablo Iglesias por el supuesto pago de más de 272.000 dólares del Gobierno venezolano por su labor de asesoramiento, al considerar que los hechos denunciados, a través de un artículo periodístico, no eran constitutivos de delito.

Informe PISA

Manos Limpias fue la responsable de varias de estas querellas, y la primera de ellas la interpuso en febrero de 2015 contra Pablo Iglesias ante el Supremo, ya que el ahora diputado electo en el Congreso era entonces eurodiputado en Bruselas, por lo que estaba aforado ante ese órgano judicial.

En una de estas querellas, Manos Limpias incluyó el informe de la Udef, denominado informe PISA [del acrónimo Pablo Iglesias Sociedad Anónima], pese a lo que fue archivada en abril de 2016. El documento fue incorporado a la nueva querella sin membrete policial y sin firma.

Según informó el diario digital El Español, el entonces jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, llamó a los magistrados de la Sala del Tribunal Supremo que tenía que decidir sobre la admisión o no de la querella presentada por Manos Limpias contra Podemos para defender el documento, que incluía ente los elementos de financiación de Podemos una beca de la fundación de El Corte Inglés, tal y como desveló infoLibre. Pocos días después, el comisario Vázquez fue nombrado jefe superior de la Policía en Galicia.

El comisario Vázquez se puso "a disposición" de los magistrados y se ofreció a explicarles y aportarles todos los pormenores y documentos relacionados con la investigación de las finanzas de Podemos y el denominado informe PISA. Finalmente, fue el propio Vázquez quien remitió en febrero el informe PISA al Tribunal de Cuentas, órgano que ya había fiscalizado las cuentas de Podemos.

La querella contra Errejón

Asimismo, Bernad reconoció en su declaración tras ser detenido que una parte de la personación de la querella contra el diputado y secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, la pagó el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, también en la cárcel y que según la Fiscalía Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz podría ser el máximo responsable de la red corrupta.

A la pregunta de su abogado sobre para qué había abonado Luis Pineda parte de una fianza de Manos Limpias, Bernad especificó que se trataba "de la querella de Íñigo Errejón". "En algún momento, en el que me faltaba algo de una fianza nos ha echado una mano", dijo Bernad, que especificó que Pineda le ha llegado a "echar una mano de 1.500 o 2.000 euros".

Denuncia a Zapata

Asimismo, Ausbanc también sufragó la multa al pseudosindicato tras ser condenado por una "denuncia maliciosa" contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por tuits que había difundido años antes. 

Las acciones legales contra Podemos también fueron objeto de atención en una conversación mantenida entre Bernad y una persona identificada con el nombre de Javier: "A lo mejor conseguimos que la Sala Segunda [del Tribunal Supremo] impute a Podemos".

En la misma conversación con Javier, minutos después, Bernad explica lo que él considera "la clave" para conseguir que la formación morada fuera investigada: "ABC ha vendido una moto, porque la documentación que ha aportado en el reportaje ya la tenían en el Supremo porque nos la dio a nosotros un diputado de la oposición y nos archivaron esa querella. La que no van a poder archivar es la del régimen iraní con el informe de la UDEF. Y puede ser un bombazo".

Podemos, acusación

La formación de Pablo Iglesias ejerce la acusación popular del caso Ausbanc después de presentar un escrito en el que reclamaba al juez Pedraz que investigara quién "contrataba" las querellas contra el partido.

Con su personación, Podemos pretende, "dado su protagonismo político incluso en sede parlamentaria, aclarar quién contrataba la interposición de dichas querellas y decidía contra quiénes habían de dirigirse y con qué otros actores pudieran estar en coordinación para alcanzar y maximizar sus propósitos delictivos", explica el documento, que fue adelantado por infoLibre.

Las grabaciones difundidas por el diario Público de las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el hasta este miércoles director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso han provocado una importante reacción entre las formaciones políticas afectadas.

En concreto, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Catalunya SíQueEsPot, el PSC y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) han presentado o anunciado la interposición de tres denuncias y dos querellas contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y contra el exdirector de Antifraude. El exalcalde de Barcelona de CiU Xavier Trias apuntó también la posibilidad de querellarse contra el titular de Interior.

Estas formaciones políticas acusan al ministro de "conspirar", en palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, contra las formaciones soberanistas. Además, el PSC ha presentado una querella contra De Alfonso por haber acusado a los socialistas de ser los autores de la filtración.

Por su parte, Fernández Díaz se ha defendido asegurando que ha sido "víctima de una conspiración" por la que, en realidad, deberían dar explicaciones quienes difunden esas cintas "ilegales", en referencia al diario Público.

La querella anunciada por CDC ante el Tribunal Supremo, una de las formaciones políticas objeto del supuesto acoso del ministro Fernández Díaz, le atribuirá los delitos de injurias y calumnias, revelación de secretos y atentado contra la autoridad en Cataluña. Este partido no descarta extender la acción judicial, prevista para la próxima semana, al director de Antifrau y otras que aparecen en las grabaciones.

Cooperador necesario

A su vez, el grupo parlamentario de SíQueEsPot ha registrado una denuncia ante la Fiscalía contra Fernández Díaz y contra De Alfonso, que cesó este miércoles en su cargo de director de la Oficina Antifrau de Catalunya, tras la publicación de sus conversaciones.

En el escrito, el grupo parlamentario considera que el ministro ha incurrido en delitos de "prevaricación mediata o, si es el caso, de partícipe a título de extraneus", es decir, que respondería de los hechos como inductor o cooperador necesario o bien como simple cómplice.

Sobre De Alfonso, SíQueEsPot considera que ha podido incurrir en un delito de prevaricación administrativa si el director cursó instrucciones o dictó resoluciones de inicio, impulso, paralización o concatenación de actuaciones con el fin de perjudicar a una persona, en lugar de hacerlo para perseguir el fraude.

Instrucciones del ministro

Asimismo, el grupo parlamentario SíQueEsPot cree que De Alfonso debería ser objeto de investigación por el mencionado delito de prevaricación administrativa si aceptó las instrucciones de otra autoridad -el ministro- contraviniendo la ley de la oficina antifraude catalana que aclara que su director "no recibe instrucción de ninguna autoridad en el ejercicio de sus acciones".

También Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado una denuncia en la Fiscalía en la que acusa a los protagonistas de las grabaciones de haber cometido delitos contra la Administración Pública y concretamente en la realización de actos arbitrarios de funcionarios públicos y divulgación de informaciones secretas por un funcionario.

Finalmente, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una investigación y se ha dirigido a la Defensora del Pueblo, al Congreso de los Diputados y al Parlament catalán para que exijan responsabilidades al Gobierno español. También anunció, tal y como adelanta el diario La Vanguardia, que llevará los hechos a la Fiscalía del Tribunal Supremo, órgano judicial ante el que está aforado el ministro.

Malversación de fondos

En una rueda de prensa, el Síndic de Greuges identificó la posible comisión de varios delitos en el caso, como malversación de fondos, pero reconoció que corresponde a las autoridades judiciales determinar la existencia de dichos delitos.

Por su parte, el PSC presentó este martes en un juzgado del municipio de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) una querella por presuntas calumnias contra el director de la Oficina Antifrau de Catalunya alegando que apuntó al partido como responsable de la "filtración" de sus conversaciones con el ministro.

El partido considera que "sin ninguna prueba concluyó y relacionó" que la investigación de la oficina antifraude catalana sobre presunta financiación ilegal del PSC pudo llevar a éste a filtrar las conversaciones.

El exjefe de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Marcelino Martín-Blas ha negado este miércoles ante el juez que investiga el caso del pequeño Nicolas, Arturo Zamarriego, estar enfrentado con el también comisario José Manuel Villarejo, de quién pidió su detención al considerarle uno de los responsables de la grabación de una reunión celebrada en el despacho del propio Martín-Blas.

Durante más de dos horas Martín-Blas ha respondido, en calidad de testigo, a las preguntas de las defensas y del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que trata de esclarecer la grabación de una reunión en la que varios agentes de Asuntos Internos y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hablan de los seguimientos a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás.

En la grabación de la reunión, cuyo contenido fue adelantado por la web Información Sensible –vinculada a Villarejo– y que fue desvelada de forma íntegra por infoLibre, el comisario Martín-Blas llega a asegurar: "Vamos a aguantar a ver si le localizamos otro teléfono. Vamos a intentar nosotros la intervención, casi seguro que nos la deniegan y nosotros llegará un momento que ya no podamos más", en relación a Gómez Iglesias, más conocido por el apodo de pequeño Nicolás.

No fabricaron pruebas

Sin embargo, Martín-Blas negó que en esa reunión llegaran a hablar de fabricar pruebas falsas contra Gómez Iglesias. Además, el testigo aludió a la Ley de Secretos Oficiales que ampara al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para no explicar el contenido del encuentro entre agentes policiales y del espionaje español.

El comisario explicó también que la investigación sobre las presuntas ilegalidades del pequeño Nicolásla inició el CNI, y que la Policía fue requerida por este departamento para colaborar en las pesquisas.

Aplicación en el móvil

La grabación de la reunión de Asuntos Internos, que según el informe de la comisión judicial encargada por el juez a Martín-Blas, apunta a que ésta se produjo a través de una aplicación instalada en su móvil, razón por la que se solicita la imputación en la causa del ya ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y del comisario José Manuel Villarejo.

Asimismo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso presentado por los abogados de Francisco Nicolás Gómez Nicolás, que solicitaban al juez que apartara del caso al inspector que redactó ese informe, Marcelino Martín-Blas, que declarara la nulidad de sus actuaciones y pidiera a la Guardia Civil que se encargara de analizar la autenticidad de la grabación.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, firmó este miércoles el nombramiento de los comisarios principales Manuel Vázquez López y José Javier Cuasante López como nuevos jefes superiores de la Policía Nacional en Galicia y en la Comunidad Valenciana, respectivamente, según informó la Policía por medio de un comunicado.

El comisario principal Manuel Vázquez era el actual jefe de la Unidad contra de la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), punta de la lanza de la Policía Nacional en la investigación contra la corrupción. Por su despacho han pasado las principales investigaciones en torno a la corrupción política. Ha investigado a cargos del PP por el caso Gürtel, a la familia Pujol o el fraude en los cursos de formación que afecta a la Junta de Andalucía, entre otros. En la actualidad, esta unidad investiga también un informe sobre una presunta financiación de Podemos con fondos procedentes de Irán que por el momento no ha sido judicializado.

Fuentes cercanas a este mando policial indicaron a Europa Press que su deseo era volver a Galicia, su tierra natal, y en la que nunca había ejercido sus labores policiales. Él mismo había solicitado el destino concedido ahora por el ministro del Interior.

Manuel Vázquez es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ascendió a la categoría de Comisario Principal en 2012, año en que asumió el puesto al frente de la UDEF dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial.

Antes estuvo destinado en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y en la Comisaría General de Información entre 1975 y 1997. Tras su ascenso a comisario fue nombrado jefe de la Brigada Operativa de San Sebastián. Posteriormente ocupó diferentes puestos en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estando al frente de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial entre febrero de 2007 y julio de 2012.

Por su parte, el nuevo jefe Superior de Policía de Valencia, José Javier Cuasante López, pertenece a la XXXIX Promoción de la Academia General Militar (1979) y a la I Promoción de Oficiales del Cuerpo de Policía Nacional (1984). Ascendió a la categoría de comisario principal en 2014, estando al frente de la Comisaría de Alicante hasta su actual nombramiento como Jefe Superior de la Comunidad Valenciana.

Desde 1984, José Javier Cuasante, ocupó diversos puestos de responsabilidad en Asturias, Granollers, Barcelona y en la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, hasta su ascenso a la categoría de comisario en el año 1999. Entonces fue nombrado jefe de la Comisaría de Lorca (Murcia) y posteriormente de la Comisaría alicantina de Elche.

El Ministerio del Interior ha cesado al jefe superior de Policía de Cataluña, Agustín Castro Abad, y ha nombrado en su lugar al comisario principal Sebastián Trapote Gutiérrez, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado.

Trapote, que estuvo a cargo de la Policía en Girona durante más de una década, ejercía desde 2012 en Barcelona como responsable de la UCOT (Unidad de Coordinación Territorial) del Cuerpo Nacional de Policía, un cargo inmediatamente inferior a la Jefatura Superior.

El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, presidirá su toma de posesión el próximo lunes a las 12:30 horas en la Delegación del Gobierno, en un acto al que asistirá delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, según ha informado Interior y recoge Europa Press.

El BOE publica también este viernes el relevo en la Jefatura Superior de Justicia de Canarias, donde José María Moreno Moreno relevará a José Solano San Miguel. Además, Ignacio José Díaz Salazar ha sido nombrado nuevo jefe superior de Policía de Asturias.

La misma versión se recoge en una nota policial interna, sin firma, que ofrece todo tipo de detalles de la investigación realizada por la Policía en torno al inmueble del presidente madrileño en la localidad de Estepona (Málaga). Este periódico también ha tenido acceso a dicho informe. 

A preguntas de infoLibre, un portavoz de la Dirección General de la Policía admitió que Ignacio Cosidó quedó a comer con Fornet, pero negó de forma tajante que hablasen sobre el ático.

Ignacio González ha defendido siempre que alquiló la vivienda en 2008 a una sociedad del testaferro profesional Rudy Valner –llamada Coast Investors– y que finalmente se la compró en 2012. Las investigaciones policiales y judiciales están encaminadas a saber si en realidad González y su mujer, Lourdes Cavero, son los dueños del inmueble desde 2008 y a conocer el origen del dinero para la adquisición del ático de lujo.

La nota policial interna

Una nota policial interna titulada "Análisis sobre corrupción", que tiene fecha de 20 de diciembre de 2013, confirma la existencia de esta reunión: "El actual director general de la Policía, en comida celebrada el 28 de abril de 2012 con responsables del SUP, pidió que retiraran las denuncias y dejaran de apoyar al comisario expedientado y a cambio no actuaría contra el inspector actuante", en referencia a los agentes que desarrollaron las pesquisas en Estepona. Uno de ellos era el comisario Agapito Hermes de Dios. Este mando fue objeto de un expediente y fue trasladado a Madrid.

En dicho documento policial sin membrete –del que infoLibre reproduce las dos páginas en las que se hace referencia a los problemas generados dentro de la Policía por la investigación al presidente madrileño– se explican otros episodios del caso del ático y se llega a asegurar: "Cuando trascendió públicamente la existencia de tal investigación, el comisario de Marbella [Agapito Hermes de Dios] fue llamado a Madrid y conminado a elaborar un informe de lo actuado".

La nota especifica que el informe fue corregido de forma importante y concreta los cambios. Así, este dossier policial decía en su primera versión: "Por ahora no se habían encontrado pruebas sobre el verdadero propietario que se escondía detrás de Coast Investors, siendo por tanto necesario que se judicializara la investigación para solicitar. entre otras acciones, comisiones rogatorias". Pero la nueva versión del informe cambia la idea de solicitar apoyo judicial por liquidar el casoapoyo judicial: "No se había encontrado nada que señale responsabilidad penal alguna entre los investigados".

En la nota policial interna se explica que, además de corregir el sentido de dichas conclusiones, el comisario de Marbella fue apartado de su puesto y sometido a expediente disciplinario: "Acusado de negligencia en la custodia de documentos oficiales y sancionado con falta grave y 10 días de haberes". El documento destaca también la "fulminante" destitución del comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla.

"El SUP presentó una serie de denuncias, que de una u otra manera dieron lugar a nuevas investigaciones policiales que se aportaron al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, que actualmente entiende de la causa", resalta el dossier anónimo. Fue en este contexto cuando Fornet y Cosidó mantuvieron un discreto encuentro en Madrid.

La versión de Fornet

"Me reuní con el director general de la Policía en un reservado de un restaurante. Y yo comenté el contenido de aquella reunión en el sindicato", recuerda el expresidente del SUP en declaraciones a este periódico. Fornet resalta que un político del PP intermedió para que se celebrara el encuentro con Cosidó, pues previamente ambos habían tenido "una bronca por los nombramientos" policiales.

"El comisario provincial de Málaga, que ahora está en Granada de jefe superior, me dijo que [el caso del ático] era un tema que no iba a ningún lado –afirma Fornet–. Y Cosidó, en la reunión que tuvimos en abril de 2012, me dijo que lo único que podía pasar era que se entorpecieran las relaciones entre la Dirección General de la Policía y el SUP. Que el ático no era un tema sindical, por lo que me pidieron que dejara las denuncias y escritos internos (el día 11 dos medios de comunicación ya se hacían eco de que Interior consideraba ilegal las pesquisas policiales y el 12 de abril Ignacio González acusaba al Gobierno socialista de la investigación)".

Pero el SUP, siempre según la versión de Fornet, decidió seguir adelante: "Decidimos mantener las denuncias en los medios de comunicación y en circulares internas, y Cosidó me dijo que parte de las cosas que habíamos denunciado en las circulares internas no se podían afirmar públicamente".

Fornet aporta a infoLibre más datos sobre la reunión, que asegura que se produjo el 12 de abril y no el 24 de ese mes como sostiene la nota policial interna: "En aquella comida, Cosidó me insinuó que la información abierta no iba a llegar a expediente para los policías y se iba a cerrar. Pero nosotros lo que queríamos era que se aclarara el tema del ático. En la conversación Cosidó daba por hecho que la investigación no había sido ilegal, aunque sí dijo que no se había registrado".

El expresidente del SUP explica que en aquellas fechas el diario El Mundo publicó la primera información sobre el ático de lujo de Estepona: "La investigación se inició en julio de 2011, y se paraliza en enero de 2012. Más o menos en febrero lo sacó El Mundo. En febrero llamaron a los compañeros de Marbella y yo fui a ver al comisario de Málaga. Me dijo que lo mejor era que no hiciéramos nada. Le contesté que los compañeros de Marbella cumplían con su obligación al investigar. A Cosidó le dije que íbamos a denunciar el tema".

De hecho, el sumario que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) incluye la denuncia presentada por el SUP ante la Fiscalía Anticorrupción el 24 de abril de 2012, incluyendo numerosos datos que se reflejan en el mencionado informe policial interno. Anticorrupción contestó el 10 de mayo, archivando la causa, aunque el MInisterio Público especificó que el contenido de la denuncia firmada por Sánchez Fornet podía servir "para una investigación policial".

En el sumario también se incluyen dos informes oficiales realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, de 8 y 18 de junio de 2012, en los que se apunta la necesidad de continuar la investigación. "Cabría señalar que se aprecian algunos aspectos que inducen a pensar que en la operación de compraventa pudiera estar tratándose de ocultar la identidad de las personas que adquirieron el inmueble, así como el origen de los fondos utilizados", se indica en el segundo de esos informes.  

La versión de Cosidó

Este diario se ha puesto en contacto con un portavoz de la Dirección General de la Policía, que confirmó el encuentro con Fornet: "Cosidó ha comido una vez, pero no recuerda la fecha concreta. Sí fue aquel año, en 2012".

El portavoz fue muy categórico desmintiendo las palabras del exdirigente del SUP: "En ningún caso el señor Cosidó pidió a Sánchez Fornet que cesaran las actuaciones o investigacionesSánchez Fornet que se estaban realizando sobre el ático de Estepona".

Asimismo, el portavoz de la Policía rechazó que en la reunión se abordara el tema del inmueble del presidente: "El señor Cosidó no ha hablado con el señor Fornet del ático de Esteponaático de Estepona".

Por último, destacó que "no se puede hablar de nota policia interna porque ese documento no está registrado".

Así lo ha explicado este lunes el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien ha argumentado que este tipo de detalles podrán ser considerados como un indicio o un indicador a tener en cuenta. "Son muchísimos indicadores", ha dicho el 'numero dos' de Interior, quien ha glosado en rueda de prensa alguno de los criterios recogidos en este documento de uso interno de las fuerzas de seguridad.

Se tendrán en cuenta también la "percepción de la víctima o si ésta pertenecía a un grupo minoritario, la discriminación y odio por asociación, las expresiones o comentarios racistas, xenófobos, homófobos y cualquier otro comentario vejatorio contra cualquier persona o por su ideología".

Asimismo, se tendrá en cuenta la "propaganda, estandartes, banderas de carácter extremista o radical o que el incidente haya ocurrido dentro o en el entorno de un determinado lugar como un cementerio o lugar de culto o un establecimiento de un grupo minoritario". También "la relación del sospechoso con grupos ultras violentos, de manera particular en el ámbito deportivo, la aparente gratuidad de una agresión o la enemistad histórica".

"El discurso del odio genera violencia física", esa es la premisa de la que parte Interior para poner en marcha esta iniciativa, según palabras de Martínez, quien ha insistido, por ejemplo, en que la muerte del ultra del Deportivo de La Coruña el pasado 30 de noviembre en Madrid tras una reyerta entre radicales "es consecuencia del discurso del odio propagado con gran intensidad entre distintas generaciones". A su juicio este es el germen incluso de "prácticas tan abominables como el terrorismo o el genocidio".

Para ponerle freno ponen en marcha este protocolo de actuación contra los considerados delitos del odio, es decir, "todas aquellas infracciones penales o administrativas contra las personas por razones de su raza, etnia, religión, edad discapacidad orientación sexual o cualquier otro factor como las diferencias ideológicas".

Bajo esos parámetros, a lo largo del año 2013, se registraron un total de 1.172. La mayoría de ellos, 452 casos, fueron por la orientación sexual de la víctima, seguido por cuestiones racistas, 381 casos, y agresiones contra personas discapacitadas, 290 casos. En esos más de mil delitos de odio también hay agresiones por cuestiones religiosas, contra las personas sin recursos (mendigos) y delitos de antisemitismo.

Interior cree que hay más casos que no se conocen, muchas veces las víctimas no denuncian por miedo a represalias o por miedo a revelar su orientación sexual o religiosa. "Nuestra máxima prioridad es sacar a la luz todos los delitos de odio que se producen en España y ayudar a aquellas víctimas para que se sientan protegidas y denuncien", ha argumentado Martínez.

El protocolo también prestará atención a Internet, herramienta de la que se valen muchos grupos violentos para difundir su discurso del odio y se ha referido en concreto a las actividades del Estado Islámico (DAESH).

Preguntado acerca de si este nuevo protocolo también abordará los cánticos ofensivos en los campos de fútbol, el secretario de Estado ha explicado que ese tipo de actitudes en los recintos deportivos ya están reguladas por la Ley contra la Violencia en el Deporte.

En ese sentido, Martínez ha insistido en que lo necesario es que sean las actas de los coordinadores de seguridad de los estadios las que recojan esos cánticos a efectos de una posible sanción. "Ya se hacía, pero ahora la idea es que se haga con más esfuerzo y más precisión", ha zanjado.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado un recurso contra la decisión de la jueza de Estepona Mariana Peregrina en la que pide que se deje sin efecto la imputación de la vicepresidenta de la patronal madrileña, Lourdes Cavero, que es la mujer del presidente de la Comunidad, Ignacio González. Además, rechaza la decisión de la jueza de enviar el caso a la Audiencia Nacional, según consta en un escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

El sindicato policial, que es el que tiene un mayor número de afiliados, también se opone a que el propio González tenga acceso a la documentación del caso, "pues no está imputado". El SUP se refiere también a la decisión del presidente madrileño de solicitar toda la documentación del caso: "No se entiende cómo este señor hace suya dicha operación inmobiliaria ofendiéndose porque sea objeto de investigación […] sin que hasta el momento se le haya imputado delito alguno que justifique su presencia en las diligencias previas. No consta dato alguno que le implique una relación directa con la entidad Coast Investors en la operación de inversión de ésta en el año 2008 que es objeto de investigación", puntualiza el sindicato en el recurso.

La jueza Mariana Peregrina investiga la compra de la empresa de EEUU Coast Investors de un ático de lujo al empresario vasco Francisco Javier Villate. Esta operación inmobiliaria se cerró en 2008, el mismo año en el que González y su esposa acordaron el alquiler del inmueble.

La firma de EEUU no regularizó su situación hasta diciembre de 2012. Es decir, no pagó ningún tipo de impuesto o de tasa pese a recibir 2.000 euros mensuales del presidente madrileño. Precisamente, un día después de que Coast Investors regularizara su situación con Hacienda, González y su mujer compraron el inmueble de lujo, según especificó el dirigente del PP a los medios de comunicación.

La circular de la Guardia Civil fue destapada por la diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas. Invocando una orden del director adjunto de Operaciones, es decir, el número dos del Cuerpo, ese escrito daba instrucciones precisas a todas las unidades del Instituto Armado en Canarias –fue allí donde Oramas localizó una copia- para que cada miércoles informasen sobre los planes en marcha que afectasen al siguiente capítulo : “Posibles implicaciones de cargos públicos, de personas [sic] y de registros de sedes oficiales”.

¿Para qué quiere la cúpula de la Guardia Civil saber si los agentes de, por ejemplo, un pueblo de 2.000 habitantes planean registrar el Ayuntamiento y detener al alcalde? O, dicho de otro modo, ¿por qué se interesa la dirección del Cuerpo de forma expresa por la identidad de los políticos y cargos públicos sujetos a investigación?

Cuando la diputada Oramas lanzó su pregunta al director de la Guardia Civil el 12 de diciembre de 2012 en la comisión de Interior del Congreso, el mando supremo de la Benemérita se salió por la tangente. “Las conocen para saber qué operaciones se van a explotar durante la semana. ¿Qué tiene de extraño eso?” Ese fue el argumento central en la exposición de Arsenio Fernández Mesa. Pero en ningún momento explicó el porqué de una orden relativa solo a políticos y no, por ejemplo, a ciudadanos con cualquier otra ocupación.

Entonces, y atrapado por una circular que firmaba el entonces teniente coronel de operaciones de la comandancia de Las Palmas, el Gobierno reconoció el carácter general de la orden. Es todo lo contrario de lo que ocurrió ayer viernes, cuando la Dirección General de la Policía catalogó como iniciativa personal la del comisario jefe José Ramón Murillo, que ordenó el martes a los 200 agentes bajo su mando en el distrito madrileño de Arganzuela no hacer “la mínima gestión” si el denunciado es una “autoridad”. Según la Policía, Murillo insiste en que su circular se refería solo a los diplomáticos “para evitar conflictos con otros países”. No se entiende por qué su escrito contenía una mención expresa a “cualquier autoridad política, diplomática o institucional (española o extranjera”, tanto si comparecía en las dependencias policiales como denunciante o como denunciado”. El distrito de Arganzuela no es territorio de embajadas. Las legaciones diplomáticas se reparten por zonas altas de la ciudad como son los distritos de Salamanca, Chamberí, Chamartín y un área –Arturo Soria- del de Ciudad Lineal.

Así que, oficialmente, la circular del comisario Murillo que en apenas tres párrafos dejaba en papel mojado el artículo 14 de la Constitución, aquel que proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley. Pero la circular de la Guardia Civil que la parlamentaria Ana Oramas mostró en diciembre durante la comparecencia del director general del Instituto Armado, siembra dudas. Básicamente, sobre si el comisario José Ramón Murillo decidió acuñar un reglamento propio de actuación o si, por el contrario, se limitó a poner en papel lo que, sin estar escrito, se había convertido en una práctica habitual.

Alfredo Perdiguero, líder del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE) y que ya el jueves criticó con dureza lo sucedido en la comisaría de Arganzuela, niega tajante que la circular del comisario Murillo responda a una orden de carácter general impartida a todos los distritos desde la cúpula de Interior. “He hablado con muchos compañeros y ninguno conocía nada parecido”, asegura Perdiguero, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía.

InfoLibre no ha encontrado a quien, con nombre y apellidos, confirme la existencia de una directriz específica sobre cómo lidiar con un político relacionado con un delito. Sí es cierto que, con petición expresa de reserva de identidad, fuentes policiales de carácter extraoficial sostienen que, aun sin constar en ningún papel, la Policía toma cautelas especiales cuando tiene ante sí y como supuesto autor de un delito a un cargo público que al no ser parlamentario o miembro de un Gobierno autonómico o del central carezca de aforamiento. Es decir, un político que, a diferencia de los aforados, pueda ser detenido e investigado por un juez ordinario de instrucción. Los aforados solo pueden ser imputados y/o encarcelados por el Tribunal Superior de su comunidad si se trata de cargos autonómicos o por el Supremo si su escaño o puesto de designación tiene rango estatal.

Los policías que dan por cierta la instrucción de milimetrar cada paso si en un delito interviene un político como denunciante o como investigado sostienen que las cautelas se han extremado en los últimos meses, después de que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, se presentara en marzo en la comisaría madrileña del distrito de Salamanca para denunciar el robo de los ordenadores que usaba en la sede central del PP. La Policía estuvo entonces a punto de inspeccionar el cuartel general del partido, en la céntrica calle Génova y donde Bárcenas había seguido teniendo despacho después de que, en abril de 2010, cesara formalmente como tesorero.

¿Y en la Guardia Civil? Ayer, este periódico pidió a un dirigente asociativo –la Benemérita, como Instituto Armado, permite asociaciones pero no sindicatos- su opinión sobre el asunto. Su contestación fue rápida: enviar la circular que en diciembre de 2012 llevó a la diputada canaria Ana Oramas a calificar su contenido como de “una gravedad importantísima”.

Fuentes oficiales de la Dirección General de Policía aseguran que el comisario jefe del distrito madrileño de Arganzuela, José Ramón Murillo, fue convocado esta mañana por el jefe superior de Madrid, quien le ordenó rectificar de inmediato su circular. La orden de Murillo dice literalmente que, en caso de que comparezca en comisaría algún político "involucrado en una infracción penal", ningún agente realizará la más "mínima gestión" -ni leerle sus derechos ni detenerlo- hasta recibir instrucciones de un superior. Anoche, portavoces oficiales de la cúpula policial aseguraron que Murillo se había justificado aduciendo que la circular solo se refiere a los diplomáticos para evitar "conflictos con otros países". "Si la circular hacía alusión solo a los diplomáticos, tendrá que redactarla en esos términos", precisan los portavoces del Cuerpo. En realidad, y como recalcan los sindicatos, cualquier policía sabe desde la Academia que los diplomáticos gozan de inmunidad. Trnasmitir instrucciones escritas en esa dirección resulta, por tanto, innecesario. El distrito madrileño de Arganzuela no comprende ninguna zona de embajadas, que se concentran en los de Salamanca, Chamberí y Chamartín.

Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, como el Sindicato Independiente (SIPE), que ayer denunció los hechos, reclaman medidas drásticas: el SUP exige la destitución inmediata del comisario. El SIPE, que se le sancione con la suspensión prevista prevista en el régimen disciplinario interno, que oscila entre cinco días y tres meses.

"Aquí se está aplicando lo de que perro no come carne de perro", espeta con endado el portavoz del SIPE, Alfredo Perdiguero, convencido de que la circular "desprestigia al Cuerpo" al establecer distinciones entre los ciudadanos y debe por tanto reportar una sanción a los dos mandos que la firman, Murillo y su número dos, José Zamorano. El castigo previsto, sostiene Perdiguero, es una suspensión para el cargo de entre cinco días y tres meses. 

El SUP llega aún más lejos. "Este señor no puede seguir ni un minuto más al frente de una comisaría", dice el portavoz del sindicato mayoritario, José María Benito, en referencia al comisario Murillo. Para el autor de la peculiar circular "no existe el Estado de Derecho sino ciudadanos de primera y de segunda según a qué casta pertenezcan", añade Benito. "La Dirección General tiene que destituirlo de inmdiato", es su apostilla.

Dirigido a los jefes de sección de la comisaría, el escrito dice lo siguiente: El texto dice lo siguiente: "Para conocimiento y obligado cumplimiento se significa que cuando se persone en esta dependencia cualquier autoridad política, diplomática o institucional (española o extranjera; denunciante o denunciado) se dará aviso y comunicación inmediata al jefe de la dependencia por el conducto reglamentario”.

A renglón seguido, la orden introduce el criterio de discriminación positiva a favor cargos públicos e institucionales y diplomáticos de cualquier nacionalidad: “Si cualquiera de esas personalidades se encontraran involucradas en una infracción penal, se abstendrán de actuar (detener, informar de los derechos, realizar la mínima gestión, etc.) hasta que reciban las instrucciones de un superior”.

El comisario jefe del distrito madrileño de Arganzuela ha ordenado por escrito a los casi 200 agentes bajo su mando que den un trato especial a cualquier “autoridad” española o extranjera que, involucrada en un delito, se persone en esas dependencias policiales. La directriz llega siete meses después de que la Policía estuviera a punto de registrar la sede del PP tras una denuncia policial de su extesorero, Luis Bárcenas, quien alegó que el partido le había robado sus ordenadores.

Fuentes oficiales del Cuerpo recalcaron anoche que tanto la Jefatura Superior de Madrid como la Dirección General de la Policía ignoraban la existencia de la circular hasta que infoLibre se la comunicó. Y que, una vez desvelado su contenido, se están "analizando los hechos". 

La circular, una copia de la cual obra en poder de este diario, aparece redactada en papel con membrete oficial del Ministerio del Interior y de la Comisaría de Distrito de Arganzuela. Fechada el pasado día 24 y dirigida "para su conocimiento y difusión" a los jefes de sección, así como a los de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, "especialmente a la ODAC" (Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano), va firmada por el número dos de la comisaría, José Zamorano. Y muestra el visto bueno del comisario jefe, José Ramón Murillo.

El texto dice lo siguiente: "Para conocimiento y obligado cumplimiento se significa que cuando se persone en esta dependencia cualquier autoridad política, diplomática o institucional (española o extranjera; denunciante o denunciado) se dará aviso y comunicación inmediata al jefe de la dependencia por el conducto reglamentario”.

A renglón seguido, la orden introduce el criterio de discriminación positiva a favor cargos públicos e institucionales y diplomáticos de cualquier nacionalidad: “Si cualquiera de esas personalidades se encontraran involucradas en una infracción penal, se abstendrán de actuar (detener, informar de los derechos, realizar la mínima gestión, etc.) hasta que reciban las instrucciones de un superior”.

Los portavoces oficiales de la Policía, a quienes infoLibre pidió conocer la versión del comisario José Ramón Murillo aseguran que, una vez localizado, este ofreció la siguiente versión: la circular se refería en realidad "a los diplomáticos". Y la orden nació con el objetivo de "evitar conflictos con otros países". Cuando este diario recordó a sus interlocutores que la circular habla expresamente de políticos españoles a los que prohíbe detener sin comunicación previa a los superiores del agente que esté interviniendo, la respuesta fue escueta: el comisario Murillo dice la orden se refiere a los diplomáticos.

"Escándalo entre los policías"

Desde otro ámbito, el portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, confirmó que la circular "ha causado escándalo" entre los casi 200 agentes en que cifra la plantilla del distrito de Arganzuela y "entre todos los policías que la han visto". "La ley es igual para todos. ¿Qué es eso de exigir distinciones?", se interrogó con enfado.

Otras fuentes conocedoras del Cuerpo y ajenas al SIPE sostienen que, aunque no consta ninguna otra instrucción escrita de esas características, las comisarías tienen ya orden de avisar de inmediato a sus superiores si cualquier político se presenta para interponer una denuncia o como denunciado.

Según esas fuentes, la directriz se habría producido después de que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, acudiera en marzo a la comisaría del distrito madrileño de Salamanca a denunciar el robo de los ordenadores que utilizaba en la sede central del partido, en la calle Génova. Tras esa denuncia, y según publicó el diario El País, la Policía se dirigió a la sede del PP para inspeccionarla pero el plan quedó finalmente abortado. Según el citado rotativo, el PP prohibió el paso a la Policía tras comprobar que los agentes no llevaban orden judicial. La denuncia de Bárcenas fue archivada.

El juez que investiga si el PP se financió ilegalmente con donaciones de empresarios con contratos públicos ordenó luego al PP entregar esos ordenadores, que el PP conservó tras pleitear con Bárcenas en un juzgado civil. El partido respondió a la orden con un escrito en el que admitía haber borrado el contenido de los dos ordenadores en plena investigación. Según el extesorero, uno de ellos almacenaba la copia informática de la contabilidad B del partido.

El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, ha manifestado que el cuerpo de agentes "actuará para proteger los derechos y las libertades de todos" y también en el caso de los representantes políticos que han visto cómo se concentraban miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) frente a sus domicilios, informa Europa Press. 

En este particular, Ignacio Cosidó ha apuntado que "los representantes políticos tienen que actuar en libertad, que es la libertad que garantiza la democracia" y que dentro de este sistema democrático "no tiene cabida ningún tipo de actitud de violencia o coacción". El director general de la Policía ha remarcado "el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación" pero que esto no puede "degenerar" en actitudes "violentas" que "lesionan derechos y libertades de otros".

Ignacio Cosidó ha realizado estas declaraciones durante su visita a la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Salamanca. 

La consejera de Seguridad en Euskadi, Estefanía Beltrán de Heredia, se reúne este miércoles con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, donde le planteará la necesidad de “adecuar” las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE) en el territorio vaco, tras el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA.

El encuentro se celebrará al mediodía en la sede del citado Ministerio y supondrá una primera “toma de contacto” desde la llegada del PNV al Ejecutivo vasco. Durante la reunión, la responsable autonómica en materia de seguridad aprovechará la cita para sugerir la necesidad de convocar la Junta de Seguridad, en el que están representados ambos organismos, para estudiar estas cuestiones, según ha informado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad.

Cooperación entre las FSE y la Ertzaintza

Beltrán de Heredia trasladará a Fernández Díaz la disposición que tiene el Ejecutivo vasco a trabajar por la “cooperación y coordinación” entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza, así como amoldar a estos distintos cuerpos policiales a una nueva situación, desde el punto de vista de la seguridad. Además, la responsable autonómica le hará llegar algunas cuestiones relacionadas con la “vulneración” de algunas de las competencias de la Ertzaintza como Policía "integral".

Desde su llegada al cargo, Beltrán de Heredia ha apostado por replegar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por el territorio, tras el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, situación que calificó de “esperanzadora”. Ejemplo de ello fue el pasado 20 de febrero, fecha en la que la consejera, durante su intervención en el Parlamento Vasco, anunció su intención de plantear al ministro del Interior la necesidad de convocar la Junta de Seguridad para "abordar la adecuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado al momento y las competencias que tienen en Euskadi".

Como recoge el Estatuto de Autonomía vasco, entre las competencias de las FSE en el territorio están la vigilancia de puertos, aeropuertos y costas, control de entrada y salida del territorio nacional, extradición, inmigración, pasaportes y DNI o armas y explosivos.

Esta propuesta no sólo responde a cuestiones de competencia, sino que atiende también a razones económicas, como subrayó la representante del Ejecutivo autonómico, ya que el actual despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuestan cerca de 500 millones de euros anuales. Además, durante la reunión, Beltrán de Heredia, pedirá que la Ertzaintza participe en todos los foros de seguridad de la Unión Europea, incluido el Acuerdo de Schengen sobre el control de las fronteras.