La brecha de género entre los altos cargos de la Administración General del Estado se ha recortado 20 puntos en los últimos seis años, al pasar el peso de hombres y mujeres del 70% y 30% en 2019 a 60% y 40% en 2025, respectivamente, informa EFE.

Así lo ha explicado este viernes la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en la clausura del acto '8m: mujeres y responsabilidad pública', donde ha destacado que así se cumple lo establecido en la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

En un comunicado, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública explica que los datos provienen de la Oficina de Conflicto de Intereses, que incluye en la estadística los niveles de ministra, secretarias de Estado, subsecretarias; secretarias generales, secretarias generales técnicas y directoras generales.

"Teniendo solo en cuenta la paridad en los cargos de ministros/as y secretarios/as de Estado, el avance es más notable, puesto que ya en 2019 las mujeres superaron a los hombres y desde entonces la paridad se ha mantenido muy estable", añade la nota.

Sánchez Naranjo ha asegurado que el progreso de las mujeres en la responsabilidad pública "no es una concesión" y ha añadido que "la promoción de la igualdad en la Administración es una garantía para fortalecer nuestra democracia".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación, tal y como adelantó infoLibre este domingo, una medida con la que el Gobierno quiere que se conozca cuánto dinero invierten en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, según informa EFE.

Esta regulación, que ha llevado al Consejo de Ministros el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, se incluye en el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una de las 31 reformas planteadas por el Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024 por el Gobierno. Según ha subrayado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este anteproyecto permitirá adaptar la actuación de las administraciones públicas "al momento actual, con un mayor protagonismo de los medios digitales". 

"El objetivo es incrementar la transparencia, la objetividad y la no discriminación en la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación", ha subrayado Saiz. Con esta medida se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que entró en vigor el pasado 8 de agosto y que es directamente aplicable en los 27 estados miembros de la Unión Europea.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz también ha concretado que toda la documentación relacionada con la intentona golpista del 23F hasta ahora clasificada y "que se ha encontrado" será de acceso libre mañana miércoles a mediodía desde la página web de Moncloa.

Se trata de 153 "unidades documentales", ha revelado la ministra, cuya desclasificación acordada este martes por el Gobierno, 45 años después de aquellos acontecimientos históricos, permitirá su libre consulta por parte de investigadores, historiadores, periodistas y cualquier ciudadano interesado.

Su difusión, ya "no supone un riesgo real y presente" y por eso el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez ha optado por permitir su conocimiento porque, en palabras del propio presidente "la memoria no puede estar bajo llave", ha recordado Saiz. 

El Gobierno ha dado luz verde a una modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos con el objetivo de que no quede ningún resquicio legal que permita los espectáculos cómico-taurinos que denigren a personas con discapacidad, y más concretamente a personas con enanismo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que añade un apartado 4 al artículo 90 del citado reglamento, con la siguiente redacción: "En todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impulsado esta modificación normativa para reforzar la prohibición establecida desde 2023 a través de la Ley General de la Discapacidad. "Nunca más se puede consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello", ha aseverado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa.

El ministerio recuerda también que ofrece el programa Pisadas con dignidad de reinserción laboral para las personas con discapacidad que se han visto obligadas a trabajar en estos espectáculos.

Pese a la prohibición, de forma esporádica se han programado espectáculos de este tipo, en la mayoría de los casos prohibidos por las autoridades. En febrero de 2025, un juzgado de Málaga dio la razón a los promotores del evento Toreo cómico, al que la Junta de Andalucía había denegado dos años antes su autorización, porque en él participaban personas con enanismo. El juzgado consideró que no existían pruebas de que el espectáculo tuviera como fin la mofa.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de la UTAC (Unidad técnica de apoyo y coordinación), un órgano que asesorará y controlará a las administraciones autonómicas en el cumplimiento de la directiva europea de accesibilidad para las personas con discapacidad.

El Gobierno -explica el ministerio de Bustinduy- culmina el proceso de transposición de esta directiva europea que obliga a garantizar los derechos de los consumidores con discapacidad para que puedan acceder y utilizar determinados productos y servicios en condiciones de igualdad.

Cuando se cumplen dos años de la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución, Bustinduy ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre las actuaciones emprendidas por el Gobierno para dar respuesta a esta modificación legislativa. El documento recoge todos los avances normativos puestos en marcha en cumplimiento del renovado artículo 49.

Así, detalla que se ha aprobado un real decreto para desarrollar las medidas de la ley ELA dotado con 500 millones de euros con el que las personas con esta enfermedad en fase avanzada tendrán derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes, y la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados para el que se han movilizado más de 2.000 millones de euros.

También se han destinado 65 millones de euros para el primer plan de protección de mujeres y niñas con discapacidad, 20 millones para la educación inclusiva y atención temprana del alumnado con autismo, y más de 5 millones para la formación de personas con discapacidad.

En estos dos años también han visto la luz la prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente y el primer protocolo estatal para la comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

Derechos Sociales subraya además que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que están en tramitación parlamentaria será "la norma que va a terminar de consolidar" la reforma del artículo 49 para garantizar la autonomía, la inclusión y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Destaca también el esfuerzo presupuestario sostenido en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y recuerda que desde la inversión ha crecido un 12% en estos dos años.

Los exjefes de gabinete de la exministras Teresa Ribera y Reyes Maroto están citados en enero como testigos ante el juez que investiga un fraude millonario de IVA en hidrocarburos, donde volverán a declarar también los dos principales imputados: Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, y Claudio Rivas, según recoge EFE.

El juez que investiga esta causa en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha fijado una ronda de declaraciones a finales de enero, tanto de testigos como de imputados, en una providencia a la que ha tenido acceso EFE este lunes. 

Entre los testigos figuran Juan Ignacio Bidart, que fue jefe de gabinete de la entonces exministra de Industria, Reyes Maroto, y Marc Pons, jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, citados el 28 de enero. 

Ese día también debe comparecer uno de los presuntos cabecillas de la trama, Claudio Rivas, en calidad de investigado, mientras que Víctor de Aldama, a quien los investigadores también situaban en la "cúspide" de la organización, está citado ante el juez el 29.

El Tribunal Supremo ha acordado que es la Audiencia Nacional quien debe revisar la cobertura jurídica del comité creado por el Gobierno tras el apagón del 28 de abril, rechazando así la solicitud de Iberdrola, según informa EFE.

En un auto fechado el pasado 4 de diciembre al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso se ha pronunciado sobre cuál es el órgano jurisdiccional competente para examinar la cobertura jurídica del comité, y concluye que es la Audiencia Nacional.

El pasado mes de mayo, Iberdrola presentó ante el Supremo un escrito para solicitar información sobre la cobertura jurídica del comité de análisis creado por el Gobierno para investigar el cero energético del 28 de abril, que dejó a la Península Ibérica sin luz durante horas.

La empresa buscaba conocer si existía cobertura jurídica para dicho comité, cuyo objetivo era analizar las causas del apagón, para lo cual solicitó información a las empresas y envió técnicos a sus instalaciones, y sobre el cual Iberdrola dudaba de su cobertura legal. 

El Supremo no comparte la tesis de Iberdrola, que considera que la creación del citado Comité se produjo por el Consejo de Seguridad Nacional que tiene la consideración de Comisión Delegada del Gobierno. 

El Consejo de Seguridad Nacional se limitó, en su reunión de 30 de abril de 2025, a adoptar unas directrices para la creación del comité efectuadas al amparo de lo dispuesto en la ley de Seguridad Nacional, señala el auto.

El citado comité fue creado mediante una orden comunicada de la Vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, "en ejecución de las directrices acordadas por el Consejo de Seguridad Nacional, determinó su régimen jurídico, composición y la fecha de comienzo de su actividad".

En definitiva, la actuación material constitutiva de vía de hecho que afecta a la creación y funcionamiento del citado comité debe atribuirse a la Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por ello no corresponde al Supremo revisar su actuación, sino a la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, ya que se trata de una actuación administrativa desarrollada por un ministro previa directriz del Consejo de Seguridad Nacional, que no afecta a la determinación de la competencia del órgano jurisdiccional competente para su revisión, concluye el alto tribunal.

En plena polémica por la orden de reducir la atención a pacientes con el fin de ganar más dinero, dictada en un hospital madrileño por el grupo Ribera Salud (propietario también de los hospitales gallegos Povisa, Polusa y Juan Cardona) el Ministerio de Sanidad acaba de hacer público un informe de evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario estatal. El documento diferencia hospitales públicos, concertados y privados, y detalla no solo el gasto público en los dos primeros tipos, sino también en el tercero, revelando que en Galicia los fondos públicos pagan el 46% de las estancias o el 51% de las cirugías mayores ambulatorias registradas en los hospitales privados.

Según el Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio, existen 19 hospitales privados en Galicia, de los cuales dos tienen conciertos sustitutivos o completos con el Sergas (Povisa en Vigo y el Centro Oncológico Gallego en A Coruña), siete tienen conciertos parciales y diez no tienen. Pero incluso aquellos que no tienen, pueden recibir financiación pública para acciones sanitarias específicas. De hecho, los fondos públicos pueden superar a los fondos privados en la financiación de diversas actividades sanitarias realizadas en los 17 hospitales privados gallegos sin convenio o con uno parcial.

Por ejemplo, el informe señala que, del total de cirugía mayor ambulatoria registrada en los hospitales privados gallegos sin concierto, el 50,7% del coste se financió en 2023 con fondos públicos, lo que sitúa a Galicia como segunda comunidad solo por detrás de Extremadura y muy por encima de la media estatal.

Otro de los conceptos analizados por el ministerio es la financiación de los procesos vinculados a las altas hospitalarias. Las tres comunidades autónomas con mayor proporción de financiación pública en centros privados no concertados, y por tanto no considerados parte del sistema nacional de salud, fueron Extremadura, Murcia y Galicia (40,1%).

Si se analizan las estancias registradas en hospitales privados no concertados, Galicia se acerca a la media nacional. Sin embargo, los datos aún muestran que casi la mitad (45,9%) del coste de las estancias en hospitales privados gallegos se financia con fondos públicos.

Los fondos públicos tienen un peso mucho menor en el número total de consultas registradas en hospitales privados. Aun así, Galicia es la segunda comunidad donde estos fondos públicos representan la mayor parte de la financiación de los hospitales privados, con un 18,9%, muy cerca de Castilla-La Mancha y el doble de la media nacional. Los fondos públicos tampoco tienen un peso significativo en la financiación de urgencias ni de las sesiones de hospitalización de día registradas en los hospitales privados gallegos.

El informe del ministerio también refleja que Galicia sigue siendo una de las tres comunidades con menor proporción de seguros privados, con tan solo el 24% de la población con algún tipo de seguro médico, lejos del 44,6% de la población madrileña. Sin embargo, partiendo de una situación aún menor, del 9%, los seguros privados en Galicia crecieron un 166,7% entre 2018 y 2024, lo que el informe atribuye a los retrasos producidos en ese periodo coincidiendo con la pandemia de COVID-19.

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, han agradecido este viernes el respaldo de sus accionistas, clientes y empleados ante la opa del BBVA, y han asegurado que la entidad catalana generará "más valor" por separado, según recoge EFE. 

Tras conocerse que menos del 26% del capital aceptó la oferta del BBVA, Oliu y González-Bueno han celebrado en un comunicado que el Sabadell "podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años".

El banco ha subrayado su intención de elevar su rentabilidad al 16% de cara a 2027 y ofrecer una remuneración a sus accionistas de 6.450 millones de euros hasta entonces, equivalente al 40% de su valor en bolsa, según marca su último plan estratégico. 

"Y vamos a hacer todo esto prestando el mejor servicio a nuestros clientes y apoyando a la economía española con más financiación", ha afirmado González-Bueno.

"Nuestros clientes quieren a Banco Sabadell como entidad independiente y nosotros vamos a demostrarles que merece la pena que Banco Sabadell siga existiendo", ha agregado el consejero delegado, que ha recordado que el objetivo del Sabadell es "ser el mejor banco de España".

Oliu ha dicho en una entrevista con Catalunya Ràdio que el desenlace de la operación ha sido "una gran sorpresa". "No esperábamos un resultado tan contundente", ha reconocido el responsable del Sabadell, que prevé reunirse este viernes con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El presidente de la entidad catalana ha revelado que mantuvo anoche una conversación "distendida" con su homólogo del BBVA, Carlos Torres. 

"Ni él ni yo esperábamos este resultado, eso es lo que compartimos. Pensábamos que (la opa) estaría por encima del 30%", ha expresado al relatar esa conversación. 

El Sabadell confiaba en un respaldo importante de sus accionistas minoritarios, en su mayoría también clientes del banco, pero no preveía que la falta de apoyo de los inversores institucionales impediría al BBVA rebasar el umbral del 30% necesario para seguir adelante con la operación. 

"Hasta el momento en el que conocimos la reacción de los institucionales, la verdad es que no tenía constancia de que al final el respaldo sería tan importante para nuestro proyecto", ha resaltado Oliu.

"Esta es la mejor salida para todos y se ha conseguido gracias al apoyo mayoritario e inquebrantable de nuestros accionistas, clientes y sociedad en general, y también gracias al encomiable esfuerzo y compromiso del gran equipo de profesionales que integra Banco Sabadell", han resumido en la nota el presidente y el consejero delegado del Sabadell.

El exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista ha sido el elegido por el exministro de Transportes José Luis Ábalos para representarle en el caso Koldo, según informa EFE. 

Así lo ha confirmado a EFE el abogado, doctor en Derecho, profesor universitario, y experto en extradiciones gracias a su experiencia como fiscal en la Audiencia Nacional. 

 Bautista se incorporó recientemente a Chabaneix Abogados, firma con más de 18 años de experiencia en la defensa penal nacional e internacional, especializada en casos de alta complejidad y derecho penal económico, según indica el despacho de abogados en una nota de prensa remitida a EFE. 

 A lo largo de su trayectoria en la Audiencia Nacional, Bautista intervino en procedimientos de especial relevancia en materia de cooperación judicial, delincuencia económica y extradiciones, aportando una sólida experiencia técnica en la gestión de causas complejas. 

"La decisión de José Luis Ábalos de confiar su defensa a este despacho refuerza la posición de Chabaneix Abogados como una firma de referencia en el ámbito penal, reconocida por su profesionalidad, solvencia técnica y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales", destaca la nota. 

El despacho, dirigido por Luis Chabaneix, se trasladó recientemente a su nueva sede en la calle General Castaños, en pleno corazón jurídico de Madrid, junto al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Los incendios que asolan España han saltado al terreno político con un cruce de reproches que se aviva en las redes sociales, aunque la ministra Elma Saiz ha pedido este martes colaboración y alejarse de la confrontación ante la gravedad de la situación. Ha informado EFE.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha avivado el rifirrafe político con varios mensajes en su cuenta de la red social X criticando la gestión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, a los que ha sido respondido por dirigentes de los populares, incluido su líder, Alberto Núñez Feijóo.

"Dónde estará Juanma que no ha aparecido ni por la mezquita ni por Tarifa. Y la prensa andaluza tan locuaz y tan crítica conmigo. Tiene que andar lejos", ha escrito en un mensaje este martes, tras el que publicó el lunes en el que ironizaba sobre la ausencia de Mañueco en su comunidad por encontrarse de vacaciones: el incendio de Cádiz "le pilla más cerca que los de Castilla y León, igual puede echarle una mano a Juanma (Moreno)".

Y en otra publicación escribía el ministro: "no hay desgracia que no les pille de farra", aludiendo también al presidente valenciano, Carlos Mazón, por la gestión de la dana y llamando a los dos "sinvergüenzas".

Puente dijo también que si un presidente del PSOE "estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema", sería cesado de manera automática, igual que dejaría de estar en su partido si "el amigo de un narco llegase a presidente", refiriéndose al líder de los populares.

Feijóo le replicó -también en la red social- que si un ministro de su Gobierno "bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata" y ya que Pedro Sánchez no pide eficacia ni honradez a su equipo debería pedirles al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles.

A los mensajes de Puente, el propio Mañueco ha respondido defendiendo su presencia en Castilla y León ya que asegura que su primera aparición fue el lunes en el Cecopi autonómico, convocado en Zamora a las once de la noche, y le ha acusado de hacer un uso "frívolo del sufrimiento" que causan los incendios.

Además, ha dicho que no va a responder porque no quiere "rebajarse". Ha apuntado que Puente tiene "altas responsabilidades en nuestro país" pero hace "una política que nos avergüenza a todos".

Pero ha sido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha evitado la confrontación al apostar por la colaboración con las comunidades y ha reivindicado la labor del Gobierno para acompañarlas "desde el primer minuto".

"Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no en la confrontación", ha dicho, al tiempo que ha zanjado: "es momento de estar unidos".

Por parte del PP, su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha disculpado la ausencia de Mañueco en los primeros días y ha criticado a Puente por su "ingenio de saldo" y sus mensajes "de odio". Ha lamentado que España no tenga un gobierno "sino una panda de tuiteros", en alusión a los mensajes de Puente.

Por su parte, el PSOE en Castilla y León ha anunciado que cuando los incendios forestales queden estabilizados exigirá la asunción de responsabilidades políticas al Gobierno autonómico por "negligencia y falta de previsión" con un operativo que "colapsa ante varios focos simultáneos".

Asimismo, el PSOE en Andalucía ha reclamado la comparecencia parlamentaria urgente de los consejeros de Presidencia y Sostenibilidad para informar sobre el fuego y sus consecuencias.

El Ministerio de Consumo propondrá de forma inmediata al Consejo de Ministros la modificación de la ley de consumidores para luchar contra la reduflación o práctica de algunos fabricantes, sobre todo de alimentos, de reducir la cantidad o el tamaño de un producto cobrándolo al mismo precio o incluso más caro.

Fuentes de Consumo han confirmado este miércoles la intención del ministro Pablo Bustinduy de presentar en breve la Ley de Consumo Sostenible para su aprobación por el Gobierno de coalición y que supondrá la modificación del artículo 20 de la Ley General de Consumidores y Usuarios.

La modificación consistirá en añadir un nuevo punto que obligará a los fabricantes a informar de forma clara y comprensible a los consumidores cuando se reduzca la cantidad o número de unidades incluidas en un producto.

Este deber de información se considerará cumplido cuando se indique de forma legible y visible en el punto de venta final la reducción de la cantidad envasada, o reducción en el número de unidades empaquetadas y el aumento de precio derivado de esa reducción, durante un plazo no inferior a 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas características.

De este modo, se pretende que los consumidores sean conscientes de los cambios en los contenidos de los productos e impedir que crean que están comprando la misma cantidad de un producto que venían adquiriendo con anterioridad por el mismo valor.

Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso una proposición de ley del PSOE sobre esta misma práctica empresarial, pero, según han puntualizado las fuentes, no incluye obligaciones de información cuando la reduflación se produzca en relación con la disminución de unidades vendidas en paquetes, solo respecto de la reducción de la cantidad en un único envase.

Daniel Campos ha sido corresponsal jurídico especializado en terrorismo y corrupción, trabajado en la realización de documentales y presentación de programas de televisión. Fue tres años director de Comunicación del Ministerio del Interior. En su libro Guerrilla Lavapiés, el testimonio real de un infiltrado en los movimientos antisistema de los 2000 (Península), el periodista cuenta la historia de un joven policía que se infiltra en el centro social El Laboratorio, base de operaciones de los movimientos okupas y antisistema en Lavapiés. Este relato, que podría parecer sacado de una novela de espías pero que es absolutamente real, sirve para capturar, través del testimonio de un desconocido agente encubierto, el retrato de una época cuyo escenario eran las calles de Gràcia o Lavapiés, pero también las de Génova y Seattle. Con este libro, Campos logra reconstruir no solo el origen de un movimiento que desafió las estructuras de poder —con jóvenes como Pablo Iglesias a la cabeza —, sino también la lucha que desde el Ministerio del Interior se llevó a cabo contra ellos, tratando aquella lucha social como otra forma más de terrorismo político.

infoLibre reproduce a continuación un fragmento de este libro:

Llegar a Génova es lo más parecido a llegar a una realidad distópica. Cruzan barrios residenciales absolutamente vacíos, calles desiertas jalonadas por establecimientos amurallados. Todas y cada una de las tiendas, supermercados, bares y cafeterías que se encuentran a su paso están protegidas por empalizadas y barras de hierro. La quietud latente del extrarradio solo se rompe por el paso de los autobuses, cargados de guerreros multicolores que se dirigen hacia el centro de la ciudad. Y por las motos, furgonas y tanquetas de los policías y de los carabinieri que hacen de checkpoints en unos suburbios vacíos. Absolutamente todas las calles que se dirigen al centro y al puerto de la urbe han sido taponadas con unas poderosas verjas metálicas de más de cuatro metros de alto. Varios helicópteros sobrevuelan, vigilantes. Hasta el recio conductor al que le ha tocado el último turno parece haberse embebido del ambiente, avanza despacio. Todos parecen contener el aliento. Pero la atmósfera se rompe de repente: oyen ruidos de tambores, los autobuses convergen hacia un punto repleto de vida. Llegan al Stadio Carlini. 

«¡Joder!», suelta alguien. De entre tanta quietud, surge un hervidero de colores y sonidos, que les llama como una trampa para moscas. «¡Qué pasada!», dice Ana. Salen del autobús poco a poco, como desperezándose y asimilando lo que ven y lo que oyen. Se abren paso, entran en el estadio, se quedan boquiabiertos. Cientos, miles de jóvenes extravagantes y diversos pululan de aquí para allá, cargan material, llevan perolas de comida, se afanan en sus tareas logísticas, interactúan en decenas de idiomas, les sonríen. «Benvenuti a Genova!», Pablo Iglesias está ahí, con su coleta, sus piercings, sus gafas de rave al amanecer, con los brazos abiertos. Le rodean cual mesías varios discípulos italianos, que se han prestado a ayudar y acomodar a los madrileños. «¿Qué tal, sargento?», le da un abrazo a David. «¿Quiénes son todos estos?», le pregunta él a su vez mientras recorre en arco con la mano el horizonte, abarcando todo el estadio. «Estos, querido David, son nuestro ejército.» 

A Arismendi siempre se le resisten las tiendas de campaña. «Espera, que te ayudo.» David clava las piquetas, la verdad es que esa tienda es cuando menos compleja, deberían convalidarte primero de Ingeniería Industrial solo por montarla. Por fin se yergue, una gota más en ese mar de tiendas y macutos que es el césped del estadio. «Si ricorda che l’assemblea dei Disobbedienti avrà luogo alle ore diciotto nella Tribuna Nord», la megafonía va dando mensajes e instrucciones. Lo del estadio, el Stadio Giacomo Carlini, es realmente impresionante, un alarde de logística y preparación que ni unos Juegos Olímpicos en Japón. Un espacio perfectamente preparado para alojar y mantener a cerca de 35.000 guerreros. Hay gente para todo, hay puestos con voluntarios para la comida, para el transporte, para el alojamiento. Es algo así como la cima histórica de la autogestión. «Esto es solo una parte, calculamos que para el sábado seremos trescientos mil», les indica Pablo, que ha vuelto a aparecer. «Trescientos mil contra ocho, por muy ricos que sean esos ocho», puntualiza.

«¿Te veo luego en la asamblea? ¿Sabrás llegar? Yo voy para allá ya, vente después del entrenamiento.» A Pablo le había sentado igual que si le cortasen el pelo la noticia que le había soltado David a bocajarro a las primeras de cambio, la del incidente con la Policía Nacional y la pérdida de todo el material. Pero ya se ha repuesto. «Claro», le responde David. El «entrenamiento» no es otra cosa que una especie de instrucción militar que se hace por grupos sobre el tartán de atletismo. Empujones, bloques unidos y compactos, como las legiones romanas, una piña infranqueable, avanzar, defender, golpear. Otro grupo, al lado, está practicando cómo retener por las piernas a aquellas personas que la policía trate de llevarse detenidas. Para ser los encargados de la resistencia pasiva, estos Disobbedienti se dan hostias como panes. En los bajos del estadio, cerca de la zona de vestuarios que se reparten por franjas horarias y nacionalidades para asearse, unos chicos sin camiseta están soldando unos grandes escudos de plexiglás a unos ruedines. Se van a chamuscar los pelos de los sobacos con las chispas que está soltando la radial, piensa David al verlos. 

David ha llegado andando, sudando y casi sin perderse hasta lo alto del cerro, hasta el barrio residencial que domina por el este el puerto de Génova. Según se ha ido acercando, ha ido encontrado más policía, en esta zona hay agentes en cada esquina, te escudriñan inmóviles pero intimidantes. «Dicen que Berlusconi ha metido en la ciudad a cincuenta mil maderos», le explica Pablo, al que se acaba de encontrar. Más que en el socorro del siglo xvii, piensa David. Están en el verdadero centro neurálgico del movimiento social de Génova. Un ejército de perroflautas, activistas y solidarios de todo pelaje entra y sale, afanoso, de los dos edificios, la Escuela Armando Díaz y el instituto que le queda justo en frente. Muchos saludan a Pablo, en muchos idiomas. «Vamos primero a juntarnos con los de Barcelona, Euskal Herria y Zaragoza, que están en el Media Center, y luego nos cruzamos al colegio, a la asamblea.»

«Esto es como el judo, debemos aprovechar la fuerza y la ferocidad del enemigo para hacerle trastabillar y caer con todo el ruido de su propio peso.» Quien acaba de lanzar esta aseveración con la rotundidad de un magistrado del Supremo es un tal Ibon, que marca mucho las erres al hablar. «Está claro que hay que hacer visible su violencia, compañeros, la violencia del Estado, del capitalismo, y utilizar su propia fuerza para derrotarlo», remata Pablo. Están en el instituto, en el Media Center, la base de operaciones de la gente de Indymedia para contar al mundo la batalla del siglo. David, sentado en el suelo, reconoce y saluda con la cabeza a varios de los de Zaragoza a los que conoció en el Raval. Buena gente. Están a la espera de que comience la gran asamblea multinacional en la escuela Díaz, del otro lado de la calle. Mientras están repasando sobre un plano de la ciudad la confluencia de todas las columnas que marcharán el sábado. Los movimientos y tácticas de todos los que han venido desde España. De todos los que han venido desde el Estado español, perdón. 

El objetivo es claro: penetrar en la zona roja, el área de máxima seguridad, prácticamente todo el centro de Génova, donde se hospedarán, comerán, se darán la mano sonrientes ante los fotógrafos y se reunirán para decidir el futuro del mundo los ocho hombres de los ochos países más ricos del planeta. Es decir, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. Amén. Todavía quedan dos días para el G8, que se extenderá del sábado al domingo, pero el Ministero dell’Interno de Berlusconi ya ha dividido la ciudad en tres anillos: el verde, para la plebe; el amarillo, solo para los residentes; y el rojo, solo para los poderosos. 

«Es igual que una fortaleza, una fortaleza medieval. Tenemos de un lado a los señores feudales, los injustos, que se encierran en sus propios fuertes, en las cumbres blindadas, a engordar con el sudor de todos…, y por el otro, al pueblo. Tenemos que representar ese enfrentamiento medieval, retratarles, armar al pueblo como a los guerreros del Medievo, con escudo, casco, armadura…» El romántico de turno es el abogado al que conocieron en Barcelona, Jaume Asens, que forma parte del equipo legal creado para la cumbre. Juan, el más mayor de todos los presentes, un jubilado de manos gruesas venido directamente del campo de Aragón, es el único que se atreve a hacer una advertencia, preocupado después de escuchar el reparto de roles para la manifestación. Y lo hace con su vozarrón de labriego: «Está muy bien todo esto de la fortaleza medieval y del judo, pero tenemos que tenerlo claro: si los de negro lo revientan todo, si convertimos esto en una guerra, habremos perdido. Quizá no para nosotros, pero sí a los ojos del mundo». Mucha gente le mira, incluidos «los de negro», no quieren verbalizar su desacuerdo por respeto a su edad y a su tono de voz, pero Juan remata, casi triste ante el ímpetu ciego de los más jóvenes, de los viciosos del caos: «Si caes en la guerra, has perdido. La guerra, a lo largo de la historia, ha sido siempre el arma del poderoso, con ella se carga de razones y emociones. Es su trampa».

Tres de las cuatro asociaciones judiciales han defendido este jueves el actual sistema de acceso a la carrera judicial y, en línea con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, han considerado que el modelo en vigor es democrático y permite identificar con objetividad el mérito de los aspirantes, según informa EFE.

Perelló, que ha acudido al acto de entrega en Barcelona de despachos a los 137 jueces de la 73ª promoción, ha aludido en su discurso al sistema de acceso, que también ha calificado de "democrático" porque, además, "garantiza" que cualquier persona "puede competir en igualdad de condiciones". Precisamente, este martes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó el proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial, que introduce cambios en las oposiciones a jueces y fiscales y da prioridad a la habilidad para relacionar conceptos jurídicos. El proyecto suprime una prueba oral e introduce otra escrita consistente en un caso práctico, con el objetivo de reducir la necesidad de memorizar y el tiempo de preparación del examen.

Frente a esta propuesta, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJVF) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han celebrado, en un comunicado conjunto, las manifestaciones de Perelló en defensa del actual sistema de acceso. Para estas tres asociaciones, se trata de "un sistema democrático y que permite identificar, con objetividad, el mérito y capacidad, incorporándose profesionales diversos de todo extracto social y que demuestran su excelencia a través de los exámenes".

Mientras, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, de carácter progresista, entiende que el modelo actual "puede perfeccionarse para garantizar una mayor objetividad, transparencia y equidad, al tiempo que se responde de forma más eficaz a las necesidades del servicio público de justicia".

Esta asociación propone una serie de medidas para mejorar el sistema, como la grabación del examen oral, junto con la emisión de un dictamen razonado por el tribunal, lo que "permitiría una evaluación más objetiva y transparente". Un dictamen que, además, pondría "el foco en aspectos esenciales como la capacidad de argumentación lógica y la comprensión sistemática del temario, y no únicamente en la capacidad memorística". 

Asimismo, creen necesario incrementar el número de plazas en el turno libre, tanto para facilitar un acceso más amplio y equitativo como para atender la creciente carga de trabajo de los tribunales y reducir los tiempos de respuesta judiciales.

Desde el convencimiento de que el acceso a la judicatura debe estar abierto a todas las personas con independencia de su capacidad económica o renta familiar, la asociación progresista aboga por ampliar y reforzar las becas de preparación, ya es "clave para garantizar la igualdad de oportunidades y la diversidad en la judicatura".

Por otro lado, las tres asociaciones que han remitido el comunicado conjunto -APM, AJFV y FJI- han respaldado las palabras de Perelló en Barcelona, donde ha instado a los nuevos jueces a desempeñar su labor sin "interferencia alguna" y "sin presiones directas ni indirectas de ningún poder, público o privado", así como a "evitar embates destructivos".

En relación a esto, el comunicado de las tres asociaciones recalca que "la separación de poderes y el Estado de derecho imponen un especial respeto en las relaciones entre los poderes del Estado, sin que pueda admitirse injerencia que ponga en riesgo la garantía de los derechos de los ciudadanos". 

El PSOE; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; su esposa, Begoña Gómez, y varios ministros y dirigentes socialistas han presentado este viernes una demanda de conciliación contra el supuesto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, como paso previo a la interposición de una querella por delitos de injurias y calumnias.

La solicitud, a la que ha tenido acceso EFE, se presenta además en nombre del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su jefe de gabinete, Carlos Moreno; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En el escrito, dirigido al juzgado de primera instancia de Madrid al que por reparto le corresponda, se reproducen varios fragmentos de la declaración prestada ayer por De Aldama a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo y en la que habló, entre otras cosas, de pagos a varios miembros de la formación.

La demanda señala que las manifestaciones de De Aldama ante el juez "son absolutamente falsas, difamatorias, injuriosas y calumniosas" y "atentan gravemente" contra el honor de los demandantes, del Gobierno en su conjunto y del propio partido socialista.

Los demandantes consideran que se trata de manifestaciones "premeditadas, torticeras y efectuadas con fines absolutamente espurios y evidente finalidad política" y desconocen "si obedecen a intereses exclusivamente propios o también de terceros, así como si se han efectuado 'motu propio' o a cambio de precio, recompensa o promesa".

Para el PSOE y el resto de los demandantes, el hecho de que esas manifestaciones las haya hecho un investigado en un procedimiento penal no supone que "puedan ampararse fraudulentamente en el derecho de defensa". Por el contrario entienden que pueden constituir delitos de injurias y calumnias contra autoridades en el ejercicio de sus cargos y contra el Gobierno de la nación.

En su declaración del jueves ante el juez Moreno, De Aldama dijo haber pagado 400.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos, 250.000 a su exasesor Koldo García, y que hizo llegar otros 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. También Koldo García, según la versión del comisionista, habría pedido 50.000 euros para el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, pero De Aldama se negó.

Además el empresario afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era conocedor del viaje a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en 2020 y que de hecho había prevista una cena con él y gran parte de sus ministros.

De Aldama abandonó el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) en el que permanecía en prisión preventiva en relación con otra investigación judicial, la relacionada con un supuesto fraude de hidrocarburos. 

El Ministerio del Interior ha acordado abrir un expediente informativo para analizar el acuerdo suscrito entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa, además de consultar a la Abogacía del Estado si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial, informa Europa Press.

El SUP y Desokupa acordaron que esta empresa especializada en desalojos extrajudiciales ofrezca formación en defensa personal a 30.000 policías, según anunciaron el pasado fin de semana.

Nada más conocerse el acuerdo, Interior anunció que estudiaría su posible impugnación y este miércoles ha dado un paso más desvelando que la Dirección General de la Policía ha abierto un expediente para analizar ese acuerdo, después de conocer el contenido de los informes solicitados el pasado domingo a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.

El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha señalado que a través de este procedimiento administrativo, la Dirección General de la Policía "recabará toda la información sobre la compatibilidad de los agentes en activo que impartirían la formación extracurricular ofrecida por el sindicato policial a los miembros del cuerpo".

Y la espera de que se resuelva el expediente informativo abierto, Interior adelanta que ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para saber si el acuerdo entre SUP y Desokupa "afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en su caso, cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse".

Interior quiere determinar si el acuerdo "conculca valores democráticos" y se compromete a garantizar que toda la formación evaluable que reciben los agentes se realice dentro del marco establecido por la Dirección General de la Policía.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha replicado al Ministerio del Interior que el acuerdo que firmó con Desokupa para formar agentes en defensa personal no utilizará recursos públicos ni fondos del sindicato.

El sindicato ha querido dejar claro que "el acuerdo en cuestión no implica la utilización de fondos públicos ni subvenciones de ningún tipo". "La financiación de este programa formativo es completamente ajena a recursos públicos, no suponiendo coste alguno para nuestro sindicato", subraya en un comunicado recogido por Europa Press.

Según aseguran, "el SUP es un sindicato comprometido con la transparencia y la legalidad en todas sus actuaciones" y por ello dicen tener "plena confianza" en que el expediente abierto por Interior "confirmará la absoluta regularidad de este acuerdo de colaboración".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en los próximos meses van a incorporar más de medio centenar de asesores científicos a la Administración y que van a crear la figura del asesor científico en cada ministerio, que estará dedicado a conectar las preguntas de su ministerio con universidades y centros de investigación. Así lo ha anunciado este jueves Sánchez durante la presentación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) en la sede del CSIC en Madrid.

Asimismo, el Gobierno pondrá en marcha un programa de estancia de investigación para que los científicos puedan pasar entre seis y ocho meses en los distintos ministerios. También va a crear una unidad de apoyo al asesoramiento científico del Gobierno que va a estar en el CSIC y se va a encargar de conectar las necesidades del Ejecutivo con el talento que se genera en las universidades y en los centros de investigación.

El nuevo ecosistema de asesoramiento científico tendrá una dotación anual de 2 millones de euros para financiar proyectos de experimentación, análisis de datos públicos y otras formas de investigación aplicada; y contará con tres componentes principales: personas, investigación aplicada y mecanismos institucionales.

El ecosistema tendrá, a su vez, un conjunto de canales institucionales y protocolos encargados de establecer cómo se recaba el asesoramiento científico, qué principios éticos y metodológicos deben seguirse, cómo se financia ese ejercicio, y qué uso dar a las recomendaciones generadas. "Vamos a reforzar la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico que va a coordinar, instruir y apoyar a todos estos perfiles y se va a encargar de que la voz de la ciencia sea escuchada de forma integral incluso al máximo nivel del Gobierno", ha señalado Sánchez.

El Ejecutivo ha creado este organismo con el objetivo de aplicar la ciencia a la elaboración de mejores políticas públicas y de apoyo a las administraciones. Esta oficina trabajará de forma "objetiva, interdisciplinaria y multisectorial" para establecer mecanismos institucionales "claros y transparentes" que permitan usar el conocimiento científico y la evidencia empírica para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

Este organismo tiene también el objetivo de promover casos de buenas prácticas tanto dentro como fuera de la Administración; y crear puentes entre el Gobierno y el talento científico presente en universidades, centros de investigación y empresas.

El presidente del Gobierno ha explicado que los dos principios rectores de la ONAC "son rigor y eficacia". "No queremos crear algo solo para decir que lo tenemos, queremos que funcione de verdad y provea de conocimiento útil y sólido a las administraciones y que le dé a la ciencia un canal de comunicación claro, estable e institucionalizado con el poder Ejecutivo", ha asegurado.

El Ejecutivo, según ha destacado Sánchez, aspira a que este organismo sea "de los más ambiciosos y sofisticados del mundo para poder recuperar el tiempo perdido" y situar a España en el grupo de país "que mejor vinculan el conocimiento con la toma de decisiones políticas".

"Es un hito transformador, hoy echamos a andar nuestro ecosistema nacional de asesoriaemiento que hemos diseñado durante casi dos años. Le hemos dado muchas vueltas, hemos hablado con muchos expertos, también comparando la experiencia de otros países, creando soluciones novedosas que se adapten a nuestra realidad social e institucional", ha manifestado.

El acto de presentación ha contado con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; los exministros Joan Subirats y Pedro Duque; la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; el secretario general de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica, Diego Rubio; y el director de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, Josep Lobera. También han asistido los representantes de los principales organismos académicos y científicos del país, así como numerosos líderes de la sociedad civil y el tejido empresarial.

En el evento han intervenido dos destacados investigadores con dilatada experiencia internacional en asesoramiento científico a los gobiernos: el catedrático de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de Harvard, Miguel Hernán; y la directora del Basque Centre for Climate Change y presidenta de la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu, María José Sanz, asesora destacada en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU.

"Como asesor científico he aprendido que tomar decisiones es difícil y tomar buenas decisiones sin evidencia científica es aún más difícil. No existe una estrategia óptima que maximice todos los beneficios y que minimice todos los riesgos, cada decisión tiene ventaja y desventajas, pero el asesoramiento científico facilita un proceso de toma de decisiones con equilibrio", ha defendido Hernán.

Por su parte, Sanz ha incidido en que el intercambio de información y la coordinación para acceder al conocimiento "es fundamental", por lo que ha apostado por generar espacios donde las diferentes disciplinas "puedan dialogar y consensuar". "La ciencia tiene que jugar un papel muy importante de apoyo a las decisiones inmediatas y de anticipación a los problemas del futuro", ha aseverado la experta.

En el año 2019 el exministro José Luis Ábalos colocó a su entonces asesor y hombre de confianza, Koldo García, en el consejo rector de Puertos del Estado. El organismo, dependiente del ministerio de Transportes —dirigido por Ábalos— fue el que el primero que firmó uno de los contratos investigados, por un total de 24,2 millones de euros para la compra de mascarillas en plena crisis del coronavirus. La investigación, que arrancó en la Audiencia Nacional a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, se centra en las supuestas mordidas derivadas de contratos para la adquisición suscritos por los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. Unas licitaciones cuyo montante total rondaría los 53 millones de euros.

García fue miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado dos años, entre junio de 2019 hasta julio de 2021, cuando Ábalos cesó como ministro. Aunque el entonces presidente de la institución, Francisco Toledo, un histórico del socialismo valenciano, ha insistido desde el principio que el contrato se hizo por orden del ministerio y estuvo supervisado por funcionarios del organismo. Es más, aunque el asesor de Ábalos formaba parte del consejo de administración del ente público, según Toledo solo acudió a una reunión. Pero, ¿por qué Koldo García tenía un asiento en este organismo? ¿Es lo habitual?

Lo de García no es una anomalía, ya que hay muchos asesores y altos funcionarios de la Administración General del Estado con un asiento en los consejos de administración de empresas públicas como Navantia, Renfe, Correos, la corporación de RTVE, la Agencia Efe, Aena, Adif o Enaire. Todas ellas forman el sector público empresarial, donde hay aproximadamente 200 compañías controladas total o parcialmente por el Estado. En esos consejos se sientan altos cargos de los ministerios pero también asesores y funcionarios del Estado. Estos últimos pueden ingresar entre 6.800 y 12.000 euros brutos anuales por ello. Los altos cargos —como, por ejemplo, los secretarios de Estado, los subsecretarios y asimilados, los secretarios generales, los delegados del Gobierno, los directores generales... —, sin embargo, no pueden cobrar nada por asistir a las reuniones, según establece la Ley 5/2006, y su retribución pasa directamente al Tesoro Público.

La retribución de aquellos cargos que sí pueden percibirla varía en función del tamaño de la empresa. Fue el Ministerio de Hacienda el que lo reguló en el año 2013 al clasificar las empresas publicas en tres grupos, según criterios como el número de trabajadores, la financiación, el volumen de inversión o el sector, entre otras cuestiones. El grupo uno, al que pertenecen empresas como Correos, RTVE o Navantia, tiene asignados 11.994 euros de retribución máxima anual por asistir a las reuniones del consejo de administración; el grupo dos, 9.425 y el tercero, 6.854.

En organismos como la Agencia Efe —que pertenece al nivel dos— los directores de comunicación copan los puestos del consejo de administración. Destacan nombres como el de Esther de la Mata, directora de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el Iolanda Mármol, directora de Comunicación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el de Silvia Zancajo, directora de Comunicación del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el de Jaume Viñas, director de comunicación de la Ministra de Hacienda. También tiene un asiento la directora adjunta del Gabinete de la ministra de Trabajo y Economía Social, Estela Pazos, el director de Gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Álvaro Abril o la directora del Gabinete del secretario de Estado de Comunicación, Laura Voces, o el asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Oscar Abou-Kassem, entre otros de los doce miembros.

En el caso de Renfe, hay una presencia mayoritaria de asesores del ministerio de Transportes —Koldo también estuvo en su consejo de administración—. Entre ellos está Antonio López, asesor del ministerio dirigido por Óscar Puente; Ángela Matía, jefa del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Transportes; Ainhoa Morondo, directora del Gabinete del Secretario de Estado de Transportes; al igual que David Pérez, asesor del gabinete de Puente. Sucede lo mismo con Adif, donde tienen un asiento reservado Eva Ballesté, asesora del Gabinete de la Secretaría de Estado del Ministerio de Transportes; Francisco Díaz, asesor del secretario de Estado de Transportes; y María Isabel Vela, vocal asesora en el gabinete de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública.

En Puertos del Estado se sienta un asesor del Ministerio de Transportes, Renato Marín, y una asesora del Gabinete del Secretario de Estado, Raquel Raboso, así como la directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia, Ainhoa Alday, entre otros nombres con perfiles más técnicos. Por lo que respecta a Aena, hace unas semanas se ratificó el nombramiento de Beatriz Alcocer, asesora del Ministerio de Transportes; Ainhoa Morondo —que también está en Adif— y el de Ángel Faus, director de comunicación del Ministerio de Industria.

En Enaire están Alejandra Sánchez, directora del Gabinete de la Secretaría de Estado Presupuestos y Gastos dependiente del ministerio de Hacienda y Antonio López, asesor de Transportes, que también cuenta con un asiento en Renfe. En Navantia, por su parte, también se sienta el asesor del Gabinete de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Daniel Jiménez Díaz, y el director del Gabinete del secretario de Estado para la Unión Europea, Diego Martínez.

Por último, por lo que respecta a RTVE, aunque los miembros del consejo de administración no son asesores del Gobierno sí son designados por los partidos políticos. En febrero de 2021, PSOE y el PP pactaron la conformación del nuevo Consejo, eligiendo desde el Congreso y el Senado al presidente y nueve consejeros de la corporación pública. José Manuel Pérez Tornero, propuesto por el PSOE, fue elegido presidente ─que renunció en septiembre de 2022─, al igual que Ramón Colom, Elena Sánchez y Concepción Cascaroja. El PP eligió a Carmen Sastre, Jenaro Castro y María Consuelo Aparicio, mientras que Unidas Podemos avaló a Roberto Lakidain Zabalza y José Manuel Martín Medem y PNV hizo lo propio con Juan José Baños.

"Todos los partidos políticos usan y abusan de la posibilidad legal de nombrar asesores políticos", explica Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia y acceso a la información pública a este periódico. "La normativa estatal no contempla ninguna limitación en cuanto al número, requisitos y retribuciones", prosigue Blanes, que la califica como "una potestad muy atractiva" porque "se puede nombrar a dedo a todas las personas que quieras, sin tener que cumplir ningún requisito de estudios, experiencia o capacitación profesional", lamenta.

A juicio de Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la UPF Barcelona School of Management, hay "mucho desconocimiento y confusión" alrededor de la figura del asesor. "No es un perfil que esté lo suficientemente regulado o pormenorizado en cuanto a su rol, sus funciones o los perfiles que lo tienen que protagonizar", señala en conversación con infoLibre. Aira explica que "dentro del paraguas del concepto asesor hay muchísimas cosas" que van desde el ámbito de comunicación, a la prensa, las redes, la estrategia digital, el discurso o la imagen.

Esos perfiles más específicos conviven, según Aira, "con una figura de asesor indeterminada que queda a discreción del presupuesto que se pueda disponer un representante político y de sus necesidades" lo que genera, a su modo de ver, "una especie de cajón de sastre donde entran personas no por su cualificación personal ni por su preparación personal" sino porque "son cercanas" al ministro o político de turno. "Es ahí donde se pervierte y se mancha el concepto de asesor en general", lamenta.

Blanes coincide. "Los asesores políticos son eventuales, es decir, son nombrados y cesados libremente por la autoridad que los nombra. Las personas que ocupan estos puestos de confianza son antiguos cargos políticos que han perdido su anterior puesto, amigos o afiliados del partido. Se prima la afinidad política o personal frente a los méritos. Ello provoca que personas sin ninguna formación o experiencia puedan dirigir servicios, departamentos o instituciones sin tener ni idea de lo que tienen entre manos", subraya.

Aira opina que hay figuras como los jefes de gabinete que son "funcionales" porque deben ajustarse "a las necesidades" del ministerio en función y considera que no debería haber problema en que estén en consejos de administración e instituciones públicas de diferente naturaleza, pero añade que desde ahí "se debería crear un filtro" estipulado por "unas condiciones base" para acceder a determinados puestos de trabajo y también una remuneración "que se corresponda" con esa preparación. El experto cita, por ejemplo, que sí hay algún cargo en comunicación esa persona debería tener experiencia acreditada como periodista o si se trabaja en el departamento de relaciones internacionales que se tenga "un buen dominio" de los idiomas y se conozca la idiosincrasia de los diferentes países.

El experto en transparencia aboga por modificar la normativa "para limitar el número y las retribuciones del personal eventual y exigir un mínimo de requisitos de formación y experiencia profesional". De lo contrario, asegura, "cualquier persona puede sentarse en el consejo de administración de una empresa pública, sin tener la capacidad necesaria para ello, con la única finalidad de colonizarla y controlarla políticamente".

Aira, que insiste en que la figura del asesor es muy importante dentro de la política, admite que a los políticos les va a "costar" iniciar algún tipo de regulación para mejorar los perfiles dentro de los ministerios, los partidos y las instituciones, sean estatales, autonómicas o locales, ya que hay quienes que siempre van a tratar de hacer una "mala utilización" para "colocar amigos, conocidos y compañeros de partido".

Ocho ministros del PSOE, a excepción de Félix Bolaños, María Jesús Montero y Óscar Puente, renunciarán en los próximos días a sus escaños de diputados en el Congreso, dejando así paso al siguiente en la correspondiente lista electoral, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.

En concreto dejarán sus actas la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el ministro de Agricultura, Luis Planas; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

El PSOE también ha confirmado que el director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, va a dejar su acta de diputado en el Congreso para dedicarse únicamente a su cargo en el Palacio de la Moncloa.

Asimismo, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y la directora del Gabinete del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Pilar Sánchez Acera, a quienes les correspondería el acta por Madrid, tampoco la recogerán.

Los diputados que se incorporarán por esa circunscripción a la Cámara Baja serán el secretario general del PSOE en Alcalá de Henares, Javier Rodríguez; la secretaria de Política Internacional del PSOE, Hana Jalloul; el secretario LGTBI, Víctor Gutiérrez; o la exmilitar Zaida Cantera, que ya estuvo en anteriores legislaturas.

En el caso del director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Antonio Hernando, y del secretario general de Planificación Política, Francisco Salazar, ya entregaron su acta hace unos días y han sido sustituidos por nuevos diputados.

Algunos de los ministros que renuncian ahora a su presencia en el Congreso de los Diputados encabezaron listas electorales o los primeros puestos en las últimas elecciones generales del 23 de julio, que otorgaron finalmente al PSOE un total de 121 escaños.

En la lista de Madrid que lideraba Pedro Sánchez estaban incluidos varios ministros, como Ribera, Robles o Albares. También el ministro Félix Bolaños, quien sí que mantendrá su acta al igual que María Jesús Montero u Óscar Puente, que la encabezaron por las circunscripciones de Sevilla y Valladolid, respectivamente. Por último, Marlaska (Cádiz), Planas (Córdoba), Alegría (Zaragoza), Morant (Valencia) y Rodríguez (Ciudad Real) también fueron cabeza de listas en las provincias y ahora saldrán de la Cámara Baja.

Con la fecha de la investidura de Pedro Sánchez ya acordada para los días 15 y 16 de noviembre y una vez registrada la ley de amnistía en el Congreso, se comienzan a resolver interrogantes sobre la estructura del futuro Ejecutivo de coalición. Sumar, la coalición electoral liderada por Yolanda Díaz, espera contar con cinco carteras, las mismas que tuvo Unidas Podemos la pasada legislatura, según aseguran distintas fuentes del espacio a infoLibre. Hasta la pasada semana el líder de los socialistas solo garantizaba a Díaz cuatro ministerios, pero finalmente serían cinco —incluyendo el de Trabajo, en el que Díaz volvería a repetir—, entre los que estarían Sanidad y Cultura.

Oficialmente desde Sumar advierten de que la "última decisión" recaerá sobre Sánchez y subrayan que será él quien anuncie las carteras a finales de esta semana o inicios de la próxima, pero oficiosamente desde la coalición ya deslizan los nombres y apellidos que ocuparían sus ministerios, entre los que estarían el de la líder de Más Madrid, Mónica García, y el portavoz de Sumar y dirigente de los comunes, Ernest Urtasun, entre otros.

El hecho de contar con cinco carteras permitiría a Díaz hacer un reparto más equilibrado dentro de Sumar, donde están representadas hasta ocho familias políticas. Según apuntan a este periódico fuentes de estas formaciones, Más Madrid, los comunes e Izquierda Unida contarían con un ministerio cada una. Además, la vicepresidenta segunda también le reservaría una cartera al actual dirigente de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que desempeñó un papel clave en el acuerdo de gobierno entre los socialistas y Sumar.

Sin embargo, la formación morada no cuenta a Álvarez como parte de la cuota de Podemos y llevan meses insistiendo en que esa elección le corresponde al partido, no a Díaz. Fuentes de Sumar aseguran que, durante un momento de la negociación, se llegó a barajar el nombre de la actual líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pero desde Podemos lo niegan y aseguran que nunca estuvo sobre la mesa.

Las fuentes consultadas dan por descontado que será Mónica García la que lidere la cartera de Sanidad, que en los últimos cuatro años ha pasado por hasta tres ministros socialistas —Salvador Illa, Carolina Darias y José Manuel Miñones—. García, anestesista de profesión, es la actual líder de la oposición al Gobierno de la madrileña Isabel Díaz Ayuso y tendría que dejar el cargo de diputada en la Asamblea de Madrid. García supo sacar partido de su profesión durante la crisis del covid, lo que le llevó a ser la fuerza más votada por detrás del PP en las elecciones autonómicas de 2021 y en las de mayo de este mismo año, pero desde que Ayuso gobierna por mayoría absoluta el papel de la oposición se ha difuminado. El ministerio de Sanidad le permitiría volver a tener el foco e incluso poder confrontar con las políticas de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria.

Menos claro está quién ocupará la cartera de Cultura —según algunas fuentes también se baraja la de Ciencia— y la de Infancia y Juventud, una cartera de nueva creación. En las quinielas para la primera está el eurodiputado Ernest Urtasun y en la segunda la eurodiputada de Izquierda Unida, Sira Rego, mientras que se espera que Nacho Álvarez lidere la de Derechos Sociales. Algunas voces aseguraban hace escasos días que Álvarez estaba de salida de la política, pero él siempre ha evitado anticipar escenarios y según trasladan desde Sumar se ha mostrado dispuesto a aceptar el reto.

Los comunes dan por hecho que Urtasun será ministro tras el portazo preventivo de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, —aunque no especifican la cartera— mientras que en IU evitan confirmar que Rego sea la elegida. Es más, explican que la pasada semana Sánchez solo garantizaba cuatro carteras y la formación dirigida por Alberto Garzón se quedaba fuera del reparto. Sin embargo, sí que trasladan que su formación quería contar con una cartera y que tener cinco ministerios facilita su incorporación.

En campaña electoral la propia vicepresidenta segunda del Gobierno se mostró a favor de que la nueva coalición contase con menos carteras que la actual. Ahora desde el equipo de Díaz señalan que reducir de manera drástica el Gobierno implica, de algún modo, asumir el mensaje de la derecha de que el Gobierno "despilfarra" recursos, aunque sí hay algunas carteras que ostentó Unidas Podemos que estarán integradas en otras o se convertirán en una dirección general, según explican fuentes al tanto de la negociación.

El actual Ejecutivo tiene 22 carteras ministeriales, fruto de la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones de 2019. Los morados se quedaron entonces con cinco departamentos —Derechos Sociales, Trabajo y Economía Social, Igualdad, Consumo y Universidades—, que repartieron entre Podemos, Izquierda Unida y los comunes. El PSOE ocupó el resto y amarró principalmente todos los conocidos como "ministerios de Estado" —Interior, Asuntos Exteriores, Defensa y Justicia—. Aunque siempre estuvo la posibilidad en el aire, Sánchez finalmente nunca redujo el número total durante sus cinco remodelaciones la pasada legislatura y mantuvo el porcentaje de cada formación.

Según indican fuentes de Sumar, en el nuevo Ejecutivo las carteras de Consumo y Universidades se integrarían en otros ministerios —la primera como una dirección general— mientras que Igualdad pasaría a manos de los socialistas. Fuentes de Sumar admiten que se trata de un ministerio "muy polémico" como ya se comprobó la pasada legislatura, aunque insisten en que no van a dejar de lado los "derechos feministas".

Tener un ministerio en un eventual Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar. Esa es la principal reivindicación de un Podemos que piensa exprimir a sus cinco diputados al máximo —sus votos son imprescindibles para que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante— y que ya pide abiertamente a la vicepresidenta segunda y líder del espacio, Yolanda Díaz, poder ejercer su "autonomía política" en algunas materias, hasta el punto de desmarcarse de los postulados del resto del espacio si así lo consideran.

"Puede que se den debates sobre un sentido de un voto u otro que tendremos que debatir colectivamente, pero en último término hay que salvaguardar la autonomía de las organizaciones en un espacio de coalición", ha sido el mensaje que ha lanzado este martes el coportavoz nacional de la formación morada, Javier Sánchez Serna, en el Congreso, recordando que formaciones como los comunes o Izquierda Unida votaron de manera distinta al resto la pasada legislatura, aunque ocurrió en dos debates puntuales.

Sánchez Serna ha evitado aclarar si su formación estaría dispuesta a votar en contra de la investidura del socialista en el caso de que Podemos no obtenga un ministerio. "No concebimos que se excluya a Podemos del Gobierno de coalición", ha remarcado. "Creemos que tenemos que estar en el Gobierno y lo vamos a manifestar dentro del espacio", ha añadido. Un argumento que va en la línea de lo que ya planteaban en campaña la secretaria general y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, y su número dos y ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero.

El portavoz morado ha recalcado que su partido es una fuerza que "sigue y va a seguir" haciendo política "sin ningún tipo de atadura". "Esa valentía y esa forma de hacer política de Podemos va a ser más necesaria que nunca en esta legislatura y la vamos a ejercer con autonomía política", ha afirmado. Asimismo, ha insistido en que le corresponderá a Podemos —y no a Díaz — elegir a sus representantes en el Consejo de Ministros. Así, pretenden evitar que la vicepresidenta segunda nombre a figuras de Podemos como su actual secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que milita en la formación pero que está muy distanciado de su actual cúpula directiva.

Los de Belarra no se darían por satisfechos con una secretaría de Estado o un cargo de características similares. Reclaman lo que creen que es "justo" después de que su formación luchara por la fórmula del Gobierno de coalición en 2019, con la oposición de voces como la del líder de IU, Alberto Garzón. Desde el equipo de Díaz aseguran que no están en esa fase, pero no esconden su reticencia a que Belarra u otro miembro de la formación morada —Montero está descartada— entre en el Gobierno, porque precisamente abogan por tener un "estilo" diferente al de Podemos.

De las ocho formaciones que integran Sumar, la única que ha pedido abiertamente tener una cartera ministerial en ese eventual Ejecutivo es Podemos. Una celeridad que contrasta con la del resto de aliados de la coalición, que reprochan a los morados sus prisas y hacen un llamamiento a la calma. La portavoz del grupo parlamentario, Marta Lois, ha asegurado que "no toca" hablar ahora "ni de ministerios ni de personas" y ha llamado a respetar las "fases" y los "momentos" de la negociación con los socialistas, incidiendo en que lo fundamental es conseguir un acuerdo programático de gobierno "ambicioso" con el PSOE.

En la misma línea se ha expresado la portavoz de los comunes, Aina Vidal, que ha calificado como "aventurado" que se hable de ministerios en este momento y ha llamado a Podemos a "mantener la calma". A su juicio es "mucho más importante" cerrar las negociaciones con el PSOE: "Nos gustaría que haya un gobierno de progreso, ese es el objetivo. Los nombres vendrán después", ha añadido, sin especificar si su formación pedirá tener una cartera en ese eventual Ejecutivo.

Quien sí ha dejado claro que no pedirá entrar en ese Gobierno de coalición es Compromís. Así lo ha manifestado su portavoz, Àgueda Mico, este jueves: "No hemos pedido ni vamos a pedir ministerios, queremos influir políticamente en las decisiones que afecten a nuestro territorio", ha afirmado. Al igual que sus compañeros, ha señalado que es "un poco pronto" para empezar a hablar de ministerios cuando todavía ni ha pasado la investidura "fallida" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, el representante de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha señalado que "no estamos para hablar de puestos" sino "para hablar de política".

La elección de las portavocías adjuntas dentro de Sumar ha generado malestar dentro del grupo parlamentario, al excluir a formaciones con más peso dentro del grupo como Podemos e Izquierda Unida —con cinco representantes cada uno— en favor de Compromís o la Chunta —con dos y un diputado, respectivamente—. De hecho, los de Alberto Garzón pusieron encima de la mesa una propuesta de portavocías rotatorias por partidos y territorios que garantizara que todas las formaciones iban a tener a un portavoz en algún momento de la legislatura.

Sin embargo, Lois ha descartado esta petición y ha justificado la elección de perfiles como el de Mico o Pueyo en aras de demostrar la "plurinacionalidad" del grupo parlamentario. En ese sentido ha manifestado que el resto de formaciones van a tener "visibilidad" dentro del espacio, aunque no ha concretado cuál será esa fórmula y ha llamado a trabajar colectivamente para tener "una voz común". Uno de los próximos pasos será la elaboración de un reglamento interno que deberá contar con el aval de la mayoría de formaciones, lo que a vista de los últimos acontecimientos no parece una tarea sencilla.

Me viene a la memoria una larga “conversa” con Constantino Méndez en mi casa en Santiago de Chile, fue en uno de sus viajes para asesorar al futuro gobierno de Michelle Bachelet, los dos resaltábamos el sentido de institucionalidad que tenían los iberoamericanos, muy superior al que tenemos los españoles.

Él tenía claro que España no había sabido incorporar a su acervo político, a pesar del consenso constitucional, un sentido de patriotismo democrático que pusiera por delante el valor de lo que nos unía como pueblo y nuestro destino común al patriotismo de militancia política o de tribu orgánica, donde se mezclaban demasiados intereses espurios.

El hecho de ser funcionario del Estado y de un cuerpo prestigioso le permitía tener un amplio conocimiento de la gestión pública y del sentido de Estado. Ninguno de los puestos directivos que desempeñó fueron una prebenda, empezando por la Dirección General del Instituto Social de la Marina en un tiempo en que este colectivo de la gente del mar necesitaba un sistema de previsión acorde con la importancia que este sector tiene en la economía española. Su origen gallego le facultaba para entender mejor a la gente de la mar que, unido a su conocimiento técnico, le hacían idóneo para el ejercicio del cargo.

Experiencia que posteriormente supo trasladar al Instituto Nacional de la Seguridad Social durante más de seis años y que le llevó a convertirse en uno de los mayores especialistas en España en los sistemas de previsión social, con capacidad de trasladar la experiencia a otros países.

En 1994 se le encargó la Secretaría de Estado para la Administración Pública, donde intentó poner en marcha una nueva planta para la organización de la Administración Española una vez que el grueso de las transferencias de funciones a las Comunidades Autónomas ya se había concluido.

En 2004, con el regreso de los socialistas al Gobierno de España, asumió la responsabilidad de la Delegación del Gobierno en Madrid, donde volvió a plantear un modelo de organización de la seguridad pública en esta difícil región capitalina afrontando la lucha contra la delincuencia de las bandas juveniles y el crimen organizado dotando de medios suficientes a un creciente problema. Su honestidad ante los servidores públicos quedó patente cuando dimitió al ser condenados dos agentes por un rifirrafe político al cual él fue ajeno. Lo hizo por "responsabilidad y en defensa de la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. La sentencia contra los funcionarios fue posteriormente anulada por el Tribunal Supremo, pero Constantino Méndez (Tino) había tomado su decisión, como bien decía, pues es lo que debe hacer un directivo del servidor público cuando son cuestionados, aunque injustamente, miembros del personal a su cargo.

Un responsable público no puede desaprovecharse cuando capacidad, experiencia y talla moral están fuera de toda duda. Por esta razón la ministra de Defensa, Carme Chacón, no dudó en nombrarle secretario de Estado. Desde este puesto puso todo su empeño en que España tuviera una potente industria de Defensa a la altura de nuestra posición internacional y apostando por un desarrollo tecnológico acorde con los nuevos tiempos. ¡Visión de futuro!

Tras la moción de censura su nombre sonó como posible ministro de Defensa, más que sonó su nombramiento fue comunicado previamente, como es preceptivo protocolariamente, a la Casa Real por Moncloa, esta contactó con Méndez para felicitarle y mostrarle su satisfacción por el hecho. No obstante, algún “imponderable” se cruzó y finalmente se nombró a otra persona que parecía haber mostrado sus dudas en ocupar esa cartera por esperar algo más. Nadie le explicó a Tino Méndez este ir y venir con su nombre, la única respuesta que recibió la Casa Real fue un inconsistente así es la política. Un error.

La política en Tino Méndez no era ocupar un puesto para ser, era un deber ser, una pulsión personal que sabía trasladar con su palabra templada, su buen hacer en la responsabilidad de lo público y por ende con la institucionalidad.

Las convicciones ideológicas pueden caminar de la mano del respeto al adversario que en democracia nunca es un enemigo sino, en el sentido más machadiano, un complementario. Ello permite que el acuerdo en los grandes temas de España siempre sea posible y que la discrepancia esté fundamentada en la argumentación reflexiva y responsable. Solo así se pueden marcar diferencias, nunca insalvables.

Hoy España está necesitada de este tipo de personas, de las que el servicio está por encima de los intereses del corto plazo, que al fin y a la postre no dejan de diluirse al día siguiente, que coloquen la mirada hacia donde queremos ir y cómo encontrar el acuerdo para ello.

Gestionar lo público cada vez es más complejo. Por ello la edad y sobre todo la experiencia acumulada constituyen un valor imprescindible cuando cada vez imperan más las ocurrencias tácticas, que sin duda pueden hacernos alcanzar un éxito tan pírrico en sus contenidos como efímero en su duración.

Tino Méndez era de esos personajes que están llamados a generar envidia de los otros, en los mediocres, pues parecen tener respuesta a todo. Yo personalmente creo que las tenía, eso puede que sea admiración de amigo, aunque siempre sometía su opinión al contraste y con la capacidad de saber enriquecer la suya propia al escucharla. No es tan fácil saber hacer esto en un país habitado por poseedores de la verdad.

España debería tener ministros, como Méndez, a los que siempre poder acudir, con capacidad para hacer que lo complejo parezca sencillo.

Constantino Méndez falleció el pasado 13 de agosto con la discreción a la que nos tenía acostumbrados. Joan Navarro publico un bello obituario al día siguiente de recomendable lectura.

Tino deja una huella imborrable en su familia, que para él era lo primero, y en sus muchos amigos, pero sin duda es además un ejemplo de sencillez humana y profesionalidad plena de responsabilidad y capacidad que debería ser ejemplo para aquellos que creen con convicción en el servicio público, en la España que debe ser y en la política como una pasión siempre racional y desinteresada.

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Álvaro Frutos Rosado es abogado y ex director de gestión de Crisis en la Presidencia del Gobierno.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha avanzado que se acometerán cambios legislativos para prohibir el trabajo al aire libre cuando haya alerta roja o naranja, decretada por la AEMET, por episodios de altas temperaturas, según ha informado Europa Press.

Así lo ha detallado en declaraciones a los medios durante una visita a la localidad de Alcorcón para apoyar al líder de Podemos en Madrid y candidato a la Alcaldía de la localidad, Jesús Santos, y donde ha coincidido con los aspirantes de la formación en la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital.

Cuestionada por el Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar el próximo jueves para abordar medidas contra la sequía, la titular de Trabajo ha avanzado que habrá cambios normativos y adaptación del decreto de prevención de riesgos laborales ante olas de calor. Desde su equipo han explicado que de momento no está claro si este cambio tendrá luz verde mañana o en días posteriores.

La vicepresidenta ha remarcado que hay que incorporar medidas de obligado cumplimiento en las normas laborales para adaptarlas a la meteorología por altas temperaturas y el cambio climático. Y es que ha apuntado que ya se han visto episodios graves de altas temperaturas que han afectado, por ejemplo a trabajadores de limpieza y hay que prohibir el desempeño de estas actividades en situaciones de alerta naranja o roja por olas de calor.

Así lo ha adelantado Cadena Ser, que señala que algunas de las medidas estarán enfocadas a paliar los riesgos de las olas de calor veraniegas. Para ello, el Ejecutivo pretende prohibir desarrollo de algunas tareas —sobre todo aquellas realizadas al aire libre como repartos, limpieza...— a determinadas horas del día. También se contemplará la reducción de la jornada de los y las trabajadoras cuando haya alertas naranjas o rojas de la AEMET.

Otra medida que adelanta el medio es la obligación para las empresas de adoptar medidas reforzadas como el uso de ropas más ligeras y transpirables

El Consejo de Ministros de este jueves pretende abordar medidas contra los efectos de la falta de lluvia en España, que sigue mermando la reserva de los embalses, que esta semana han perdido 406 hectómetros cúbicos, lo que representa el 0,7%, según ha informado esta semana el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que señala que en estos momentos los embalses guardan 27.417 hectómetros cúbicos, por lo que están al 48,9% de su capacidad total.

Así, en este momento, 2023 es el quinto año con menos agua almacenada en los embalses desde que hay registros. En la semana 19 de 1994 los embalses estaban prácticamente como en este momento, al 48,39% de su capacidad; un año antes, en 1993, al 44,58%; e incluso, en 1992 se situaban en el 46,48% de su capacidad total. Fueron esos cuatro años, de 1992 a 1995 los años con menos agua reservada desde que hay registros.