El nuevo número de WhatsApp de los Mossos d'Esquadra de atención e información sobre violencia machista (601 00 11 22) ha empezado a funcionar este jueves, y se mantiene el teléfono 112 para casos de emergencia, ha informado Europa Press.

El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha explicado en un vídeo compartido en su cuenta de Twitter, y recogido por Europa Press, que la finalidad es dar a la víctima una vía más de acceso para recibir asesoramiento de agentes especializados en violencia machista para "guiarla en este duro camino para interponer denuncia, acudir a Mossos, ir a los juzgados y no sentirse sola en este camino".

Sàmper ha valorado que la apertura de este canal de comunicación se enmarca "dentro de un proyecto ambicioso que es la nueva comisaría de atención a la mujer", que anunció el 19 de marzo pero avisó de que crearla depende del próximo Govern.

La Fiscalía ha pedido tres años de cárcel para el teniente de alcalde de Pineda de Mar (Barcelona), Jordi Masnou, la entonces teniente de alcalde Carmen Aragonés y el jefe de la Policía Local, Carles Santacreu, por un presunto delito de coacciones contra un hotel del municipio en el que se hospedaron agentes de la Policía Nacional desde unos días antes del 1-O, ha informado Europa Press.

El escrito de acusación, firmado por el Servicio de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona, recoge que la noche del 2 de octubre los tres acusados supuestamente entraron al hotel, pidieron ver al director y uno de ellos le dijo que "si no echaba a los policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente durante cinco años".

En abril de 2019, el Juzgado de Instrucción 2 de Arenys de Mar (Barcelona) admitió a trámite una querella del fiscal contra tres tenientes de alcalde -ahora, el escrito de acusación solo incluye a dos-, una concejal -que no está en el escrito de acusación- y el jefe de la Policía Local de Pineda de Mar por presuntamente expulsar a los policías del hotel donde se alojaban, ya que el día después del incidente el hotel comunicó que debían, "bajo amenaza" del cierre del hotel, desalojar a los agentes.

La patronal del juego privado en España, Cejuego, considera que los resultados de la 'Operación Arcade', en la que se ha identificado a 28 menores y detenido a cuatro personas en una acción de control en salas de juego, "constatan que no hay un problema con el acceso de los menores a los salones de juego".

Así lo ha defendido Cejuego, tras darse a conocer este lunes 7 de octubre el resultado de la citada operación llevada a cabo por la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Foral de Navarra y los Mossos d'Esquadra, en la que además se ha localizado a 184 mayores de edad indocumentados.

En este sentido, la patronal del juego privado en España valora "de forma muy positiva" la actuación policial para detectar la presencia de menores de edad en casas de apuestas y salones de juego de toda España, y los resultados de la misma.

Durante dos días, los agentes han realizado un total de 1881 visitas a salones de juego de toda España, con el objetivo de verificar que la normativa de acceso de menores se cumple, informó la Policía Nacional en un comunicado.

Para Cejuego, los datos de esta operación "arrojan una incidencia absolutamente mínima de presencia de menores de edad con sólo 28 casos detectados". "Esto supone una incidencia de tan sólo un 0,93%", ha defendido la patronal.

El director general de la organización empresarial, Alejandro Landaluce, ha defendido que la operación ha sido "bastante exhaustiva, poniendo el foco en comprobar la verdadera incidencia de los menores en el juego presencial, constituyéndose casi en una suerte de macro-encuesta o informe sujeto a la pura realidad".

"Los datos resultantes reafirman nuestra convicción de que, aunque hay ámbitos de mejora en los sistemas tecnológicos para los controles de acceso, no hay un problema real de entrada de menores a las salas de juego", ha manifestado Alejandro Landaluce.

A su juicio, "se ha creado durante los últimos meses una alarma mediática y social injustificada, falaz y no ajustada a la realidad". "Es totalmente falso que los menores estén accediendo a los locales. Todo lo opuesto, los casos detectados son absolutamente mínimos. Los estudios oficiales y de carácter público ya constataban este hecho, y ahora los resultados de la Operación Arcade vienen a reafirmar esta realidad", ha concluido.

Finalmente, Cejuego ha hecho hincapié en su compromiso a fin de evitar que los menores de edad accedan a los locales y que "la incidencia sea inexistente. Además, ha añadido que el sector está poniendo "todos los medios a su alcance, trabajando en el desarrollo de controles tecnológicos e implementado diferentes medidas de acceso al juego en todos sus subsectores y canales".

El exdirector de los Mossos d'Esquadra que dimitió en julio de 2017, Albert Batlle, ha reconocido este miércoles en el juicio por el procés independentista en el Tribunal Supremo que uno de los motivos por los que decidió dejar el cargo fue que se sentía "incómodo" por cómo podían evolucionar las cosas" hacia la celebración del referéndum del 1 de octubre. Según informa Europa Press, ha dicho que este sentimiento incluso lo compartió con el exconsejero de Interior Jordi Jané, que fue cesado ese verano por el expresidente Carles Puigdemont.

Batlle ha declarado como testigo en la vista oral, a propuesta de la acusación popular ejercida por Vox, y ha explicado que unos días después de que Joaquim Forn tomase posesión en sustitución a Jané, presentó una carta de dimisión en la que agradecía la "confianza" depositada en él y recalcaba que la policía autonómica "seguiría cumpliendo con la legalidad vigente y con el respeto a las disposiciones que emanaran de la judicatura y Fiscalía".

Ha continuado diciendo que en ese momento había un "cúmulo de factores" políticos, personales, profesionales y familiares que le llevaron a dimitir, todo ello unido a que entendía que el nuevo consejero tenía "la libertad absoluta" de nombrar a su "propio equipo". Tras esta explicación, el abogado de Vox Juan Cremades le ha preguntado directamente si se sentía "incómodo" con el desafío independentista, a lo que el testigo ha contestado que "cómodo no me sentía".

Discrepancias con la CUP

"Estaba incómodo por cómo podían evolucionar las cosas. No sólo por el nombramiento de Joaquim Forn, con quien había tenido una relación muy estrecha en el Ayuntamiento de Barcelona. Yo notaba una cierta incomodidad de cierto sector de partidos de apoyo parlamentario al Gobierno de la Generalitat hacia mi persona", ha concretado, haciendo referencia a la Cup, que pidió en varias ocasiones su dimisión por sus discrepancias sobre la actuación de los Mossos.

La fiscal Consuelo Madrigal ha querido hacer hincapié en este punto y le ha inquirido sobre si esta "incomodidad" fue anteriormente trasladada a Jordi Jané. "No sólo lo comuniqué, sino que en muchas ocasiones la compartí", ha afirmado Batlle, que ha hecho una ligera alusión a que el exconsejero ya explicó ante el tribunal este martes por qué también dimitió.

En su declaración, Jané evitó vincular su salida del Govern con la celebración del 1-O, pero sí que reconoció que una de las circunstancias fue la posibilidad de que "en el futuro pudiera no darse un consenso de acuerdo" en referencia al referéndum. Añadió que ante el cese de conseller Jordi Baiget se "abrió una posibilidad de cambio en el Gobierno" y consideró la oportunidad de no continuar formando parte del mismo.

Defiende a Trapero

Por otro lado, el testigo ha afirmado que fue él mismo quien propuso el nombramiento de Josep Lluís Trapero –que próximamente será juzgado en la Audiencia Nacional por rebelión y organización criminal por los hechos del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía en Barcelona y el 1-O– como mayor de los Mossos d'Esquadra. Ha apostillado que esta designación tuvo lugar porque consideraba "necesaria" la recuperación de esta "figura" superior en el cuerpo policial.

Así, a preguntas de Javier Melero, que defiende a Forn, ha destacado que entre la dirección política del cuerpo y la prefectura había una "perfecta conexión y sintonía" y que no se consultaba a la cúpula del departamento de Interior ningún operativo salvo en algunos "episodios" concretos que podían tener "consecuencias políticas". Con todo ello, ha subrayado que Trapero era "muy celoso" cuando actuaba como policía judicial y por tanto "no hubiese aceptado ninguna intromisión política".

"Nada que ver" con el 1-O

Antes que Batlle ha declarado la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, que estuvo investigada en este mismo procedimiento, pero finalmente el juez instructor Pablo Llarena acordó archivar la causa contra ella y no la sentó en el banquillo. Esta decisión fue confirmada por la Sala, que rechazó procesarla, tal y como solicitó Vox, que ahora ha solicitado su comparecencia.

Lloveras ha asegurado que "no tuvo nada que ver" con la organización y convocatoria del referéndum y durante toda su declaración ha insistido en que lo único que hizo la AMI –que la integran "casi 800 municipios", ha recalcado– fue una "manifestación pública, política, sin efecto jurídico" el 6 de septiembre de 2017 de "apoyo" a la consulta independentista, coincidiendo con la aprobación en el Parlament de la Ley del Referéndum.

Asimismo, ha apuntado que la AMI en ningún momento pidió a los consistorios catalanes que cediesen locales públicos para la celebración del 1-O, sino que fue la Generalitat la que mandó un comunicado para saber si disponían de dichos espacios para el referéndum. Sobre este punto, ha dicho que desconoce si finalmente algún ayuntamiento facilitó estos centros.

La alcaldesa de Vilanova i la Geltrú también ha sido preguntada sobre si estuvo presente el 20 de septiembre en la concentración a las puertas de la Consejería de Economía y ha indicado que se pasó por la zona porque ese día había ido a Barcelona a declarar en Fiscalía por la declaración "de intención política" sobre la votación independentista.

"El ambiente era tranquilo", ha destacado, al mismo tiempo que ha señalado que había "un pasillo por dónde se podía llegar perfectamente a la puerta", así como a "periodistas, fotógrafos y cámaras" encima de algo que pensaba que era un "escenario". Después se enteró que estaban subidos encima de coches.

Unos 1.500 manifestantes de Jusapol se han movilizado este sábado en Barcelona mientras que 400 independentistas convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR) -datos según la Guardia Urbana que recoge Europa Press- han protestado contra su presencia sin que los diferentes grupos hayan entrado en contacto.

Los manifestantes de la asociación policial han marchado desde la Via Laietana hasta el Arc de Triomf en el paseo Lluís Companys y han gritado consignas a favor de la equiparación salarial durante el recorrido de los asistentes, que la organización ha cifrado al terminar entre 50.000 y 70.000.

Grupos de independentistas se han concentrado cerca del final del recorrido de Jusapol, en la plaza André Malraux y al final del paseo Sant Joan, donde los Mossos d'Esquadra han evitado que ambas manifestaciones llegaran a entrar en contacto con cargas puntuales contra los convocados por los CDR.

Antes de la marcha, el presidente de la asociación policial Jusapol, Natan Espinosa, afirmó que se movilizaban en Barcelona para reivindicar su derecho de manifestación: "Queremos terminar lo que no pudimos terminar el 29 de septiembre".

En declaraciones a los medios delante de la Jefatura de Policía en Via Laietana, explicó que iban a defender la equiparación salarial y pedir el 'sí' a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que han impulsado y que el martes 13 de noviembre se someterá a votación en el Congreso.

Los tribunales del Estado investigan a un total de 72 mossos d'esquadra en relación a las actuaciones del cuerpo durante la jornada del referéndum del 1 de octubre, por un presunto delito penal, y la Generalitat no tiene constancia de que se investiguen responsabilidades civiles.

Así lo detalla el conseller de Interior, Miquel Buch, en una respuesta parlamentaria dirigida a Cs y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que añade que la Dirección General de la Policía ha recibido 82 requerimientos judiciales emitidos por diferentes órganos judiciales, ha publicado Nació Digital.

Según el texto, se ha abierto alguna diligencia a un total de 143 agentes, pero solo la mitad son investigados, entre los que se incluye al mayor Josep Lluís Trapero, a cinco comisarios y a tres intendentes.

Entre los 72, también se investigan dos inspectores, diez subinspectores, nueve sargentos, cinco cabos y 37 agentes, ha detallado Buch, y según los datos de Interior, el grupo más numeroso es del Baix Penedès (Tarragona), con 34 agentes investigados, describe la respuesta.

Por destino, tres investigados forman parte de la Prefectura de la Policía, otros tres son de la Comisaria Superior de Coordinación Central, y otros tres de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad.

Otros dos forman parte de la División de Asuntos Internos; uno, de la región policial Central; 41, de la del Camp de Tarragona (que incluye los de Baix Penedès y a otros de Salou y el Tarragonès); uno de Girona, y uno de Terres de L'Ebre.

En la región Metropolitana Norte figuran once investigados, mientras que en la Comisaría General de Recursos Operativos, hay seis investigados.

Más de 8.000 policías locales de toda España, según los convocantes, se han sumado este miércoles a la manifestación convocada para exigir su jubilación anticipada a los 59 años, una reivindicación que llevan demandando desde hace más de trece años, según Europa Press.

La demanda histórica del colectivo está incluida en una enmienda del PP al proyecto del Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año. El Pleno del Congreso aprobó este martes sin votos en contra, con la única abstención de Bildu, esta enmienda transaccional, aplicando un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización del 10,6%, que se repartiría entre un 8,84% a cargo de la Administración y del 1,76% a cargo del propio funcionario.

La medida quedó ya incluida en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que se debate y vota esta semana en el Pleno del Congreso.

Con la cabecera de la pancarta cuyo lema es Jubilación anticipada policía local y autonómica. Gobierno cumple ya, los representantes de los sindicatos convocantes, la Plataforma Nacional de la Edad de Jubilación y por la Plataforma Social de Policía Local, han marchado desde la Puerta del Sol hacia el Congreso, donde se debate el proyecto de presupuestos.

Los agentes reclaman al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que desbloquee el informe técnico al que dio vía libre el Ministerio de Empleo y que cuenta con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El responsable de Policía Local de UGT, Juan Francisco García Crespín, ha recordado que se trata de una reivindicación histórica que se remonta a más de 13 años atrás. "Ayer el Gobierno aprobó la iniciativa, pero seguiremos trabajando y ultimando el Real Decreto. por ahora estamos esperando el desbloqueo de Montero de esta situación inverosímil", ha dicho.

Más agentes en Madrid

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid en materia de Seguridad, Ramón Silva, ha querido sumarse a la protesta, donde ha explicado que "después de reiterados incumplimientos por parte del gobierno del PP, apoyado por C's, parece que por fin se va a resolver".

Así, ha señalado que la FEMP, con su presidente Abel Caballero a la cabeza, "siempre se ha manifestado a favor de esta reivindicación de la Policía Local". Y ha advertido de que, cuando los agentes puedan jubilarse de manera anticipada, el número de efectivos en la ciudad de Madrid va a disminuir sustancialmente.

"Nosotros venimos avisando hace mucho tiempo de esta circunstancia y de la necesidad de solventarla haciendo convocatorias extraordinarias de oposiciones para Policía Municipal en el Ayuntamiento de Madrid", indica.

Por último, ha subrayado que Madrid necesita más agentes, "no solo porque es la capital del Estado, sino porque tenemos un nivel 4 de alerta terrorista" y recuerda que "el Ayuntamiento tiene dinero para contratar más policías".

El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha recurrido el auto de procesamiento de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por los presuntos delitos de sedición y organización criminal y ha desvelado que el día de la proclamación de la independencia de Cataluña (DUI) en el Parlament se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En su recurso, presentado el pasado lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada de Trapero, Olga Tubau, resalta un correo electrónico enviado al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y al entonces fiscal superior de Cataluña José María Romero de Tejada, el 27 de octubre tras proclamarse la independencia, en el que Trapero se ponía a su disposición "con el fin de dar cumplimiento a los órdenes que se pudieran derivar en relación con esos hechos".

Fueron dos escritos en los que Trapero exponía que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra se ponía a disposición tanto del TSJC como de la Fiscalía Superior habiendo tenido conocimiento de la aprobación de la declaración de independencia por el Parlament en la tarde de ese día, y desconociendo las consecuencias jurídicas de la declaración y sobre quién podían recaer.

En su recurso, Trapero rechaza haber puesto al cuerpo policial catalán al servicio del proceso independentista ya que ni él ni la cúpula policial compartían "un eventual plan tendente a la celebración del referéndum".

Destaca que en la causa no hay ninguna manifestación pública ni privada que demuestre su connivencia con el plan soberanista "simple y llanamente porque no solo no realizó jamás manifestaciones en este sentido sino porque ni formó parte de la supuesta compleja y heterogénea organización unida por ese designio, ni sometió el cuerpo policial autonómico a dicho proceso".

"Una cosa eran los desiderátums y la voluntad del órgano político y otra la actuación del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, cuya cúpula, con el mayor a su frente, vino siempre presidida por una firme determinación de cumplir con el ordenamiento legal vigente y con las órdenes emanadas del Poder Judicial y de la Fiscalía", argumenta.

En su escrito, la defensa del exjefe policial rechaza que se produjeran ni vigilancias ni contravigilancias para proteger a investigados por los hechos relacionados con el 1-O y pone de ejemplo el caso del entonces número dos de la Conselleria de Economía, Josep María Jové, a quien se le rechazó la petición de escolta las 24 horas, auditorías de seguridad informática en su domicilio y detección de software malicioso en su teléfono móvil, ya que la Jefatura solo autorizó un servicio de vigilancia esporádica no uniformada.

También resalta dos reuniones el 26 y 28 de septiembre de Trapero y los comisarios de la Jefatura de Mossos con los entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente Oriol Junqueras, y el conseller Joaquim Forn para trasladarles su preocupación por el mantenimiento del referéndum, que no se compartía desde el cuerpo policial el proyecto independentista, así como "la firme voluntad y decisión de todos ellos, como responsables del cuerpo de los Mossos, de respetar la legalidad vigente y de cumplir con los mandatos judiciales tendentes a evitar la celebración del referéndum".

Mossos el 1-O

Sobre el operativo de los Mossos el 1-O, rechaza que hubiera inacción en la policía catalana y que la llamada a actuar de forma proporcional y congruente quisiera enmascararlo, ya que el propio TSJC hacía una petición en su auto para impedir el referéndum a que no se afectara la normal convivencia ciudadana.

Hace hincapié en que las decisiones en relación al operativo policial en el que participaban Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil fueron adoptadas por el entonces director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, y que se trataba de una actuación conjunta.

Puntualiza que se decidió destinar a dos agentes a cada punto de votación, en total 2.200, "no siendo asumible una presencia mayor atendido el número de efectivos de los que se disponía", y que se previó que el orden público recaería mayoritariamente en la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Sobre la actuación concreta de los Mossos, hacen referencia a un informe elevado al TSJC el 10 de octubre de 2017 que detalla los datos concretos y contrastados en cuanto a centros de votación cerrados y material incautado, complementado posteriormente mediante informe de 27 de octubre de 2017.

Operación consellería de economía

Respecto a la concentración ante la Conselleria de Economía del 20 y 21 de septiembre, cuando la Guardia Civil realizó un operativo contra miembros del Govern para impedir el 1-O, en el recurso se expone que ese día "se produjo una gran movilización ciudadana, con ocupación de la vía pública, y unos destrozos inexcusables a los vehículos de la Guardia Civil", como reacción al operativo.

"Mas allá de que en el transcurso de la jornada se produjera algún episodio aislado de lanzamiento de objetos contra agentes policiales, la concentración fue pacífica y dirigida a manifestar y expresar la oposición a determinadas actuaciones policiales y judiciales", defienden.

Descarta que se produjera un levantamiento o sublevación tumultuario de las personas congregadas frente a la Conselleria y explica que nadie trató de irrumpir en el edificio para impedir la diligencia judicial, además de que defiende que en ningún caso hubo por parte de los Mossos "una omisión dolosa de auxilio a la comitiva judicial y a la Guardia Civil", ya que desde las 9.34 horas se desplazaron al lugar unidades antidisturbios que se fueron reforzando.

Asegura que todas las peticiones de ayuda de la Guardia Civil fueron valoradas y atendidas y que si no dispersaron a los congregados "no fue por una voluntad maliciosa de obstruir", sino por la absoluta imposibilidad ante la presencia de una masa compacta que impedía los movimientos y la actuación policial, en sus palabras.

El detenido por los Mossos d'Esquadra por presuntamente estar implicado en los pinchazos a una cincuentena de camiones en la autopista AP-7 el 1 y 5 de diciembre es agente de este cuerpo, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El mosso llevaba desde septiembre sin estar de servicio y pasará este miércoles a disposición judicial, según la edición digital de La Vanguardia.

La División de Asuntos Internos (DAI) de la policía catalana ha abierto un expediente a este mosso, de 51 años y vecino de Montmeló (Barcelona), y ha adoptado como medida cautelar la suspensión de funciones.

Según informó este martes la policía catalana en un comunicado, los investigadores de la Unidad Operativa de Movilidad determinaron que este hombre es el presunto autor de los sabotajes en esta autopista y le atribuyen delitos contra la seguridad del tráfico y daños.

Los investigadores concluyen que el detenido, que actuó solo, cometió los hechos de manera intencionada y premeditada, causando daños a unos cincuenta camiones, principalmente pinchazos en las ruedas.

La investigación continúa abierta para aclarar los motivos por los que actuó este individuo.

El primer caso ocurrió el pasado 1 de diciembre cuando varios objetos metálicos que aparecieron en la calzada pincharon las ruedas a 13 camiones, lo que causó complicaciones en esta arteria viaria.

Esta acción fue sobre las cuatro de la madrugada de ese día y afectó entre el kilómetro 136 y 149 en sentido sur.

El segundo, con 30 camiones afectados, ocurrió el día 5 y ya se abrió una investigación al sospechar de que podía tratarse un sabotaje.

Recibieron un aviso sobre las 1.00 horas por que una treintena de camiones habían sufrido pinchazos en las ruedas en dicha autopista a su paso por la provincia de Barcelona, en las comarcas del Vallès Oriental y el Vallès Occidental.

La presencia de los camiones en el arcén, todos en sentido sur, generó complicaciones viarias a lo largo de la madrugada y la mañana en municipios como Montmeló, Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat del Vallès, llegando a acumulares seis kilómetros de retenciones.

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han anunciado este miércoles que presentan un conflicto colectivo, con apoyo por primera vez de las asociaciones de la Guardia Civil, para forzar al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a concretar sus planes para conseguir la equiparación salarial con policías autonómicos.

En una rueda de prensa conjunta en Madrid, todas las organizaciones representativas han amenazado a Interior con lo que se conoce como trabajo a reglamento, es decir, una huelga de celo con la que podrían llevar a colapsar la Administración y las dependencias policiales al hacer cumplir escrupulosamente con sus protocolos de actuación.

Si Zoido no concreta antes de mediados del próximo mes de enero la propuesta, previa convocatoria de sendos plenos del Consejo de la Policía y la Guardia Civil, los sindicatos y asociaciones estudiarán "medidas de presión" entre las que figuran manifestaciones y concentraciones.

En su hoja de ruta barajan trabajar a reglamento, con lo que se exigiría la documentación a cada ciudadano en todos los controles de aeropuertos y pasos fronterizos, lo que provocaría inevitables colas. Esta situación se replicaría en las oficinas de expedición del DNI o por parte de los agentes encargados de las sanciones y multas de Tráfico.

Las organizaciones sindicales han criticado el "silencio" de Zoido después de remitirle el 19 de septiembre una propuesta de equiparación salarial que han cuantificado en un total de 3.000 millones de euros en el plazo de tres años: 500 millones en 2018, 1.000 millones en 2019 y 1.500 millones en 2020. Por este motivo, le piden volver a reunirse con él de forma urgente.

"Todo lo que no sea esto es retórica política y poner en riesgo la seguridad pública de todos los españoles", han avisado los portavoces José Antonio Calleja y Alberto Moya, en representación de los cinco sindicatos policiales y ocho asociaciones de guardias civiles, además de la plataforma Jusapol.

No hacen falta presupuestos

Las organizaciones consideran que ha llegado el momento de concretar cifras y plazos, y han contradicho al ministro Zoido con que sea obligatorio para la equiparación salarial que primero haya presupuestos generales del Estado ya que, según ellos, se puede acometer vía real decreto.

Entre otras cuestiones, han criticado al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por compararles en el Senado "de manera equivocada y frívola" con otros colectivos como los médicos, a pesar de que "nada tienen que ver" con ellos teniendo en cuenta la peligrosidad o disponibilidad con la que desempeñan sus trabajos los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Alberto Moya ha recordado que la Policía y, sobre todo, la Guardia Civil tienen "restringidos o prohibidos" sus derechos sindicales y que, por ejemplo, no pueden convocar huelgas como otros funcionarios. "Hemos sido los grandes olvidados de la democracia, por eso nuestros gobernantes tienen que ser especialmente garantes", ha reclamado.

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han criticado, al igual que las asociaciones de la Guardia Civil, las palabras en el Senado del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en las que aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado cobran de media más que otras policías europeas y que otros funcionarios en España.

"Es intolerable la falta de rigor, de seriedad y de respeto", sostienen los sindicatos SUP, CEP, UFP, SPP y ASP, que piden a Nieto una "rectificación inmediata". Según ellos, sus palabras del jueves en la Comisión de Interior en el Senado demuestran que "aún no conoce la esencia de la labor policial".

Los cinco sindicatos policiales se suman a la petición en el mismo sentido de las ocho asociaciones de la Guardia Civil que, el pasado viernes, reclamaron directamente la dimisión de Nieto por "el desprecio manifiesto hacia el colectivo".

Los sindicatos consideran que Nieto recurrió a "falsedades" ante el "clamor popular" que pide poner fin a la brecha salarial con los Mossos d'Esquadra y otras policías autonómicas. Según ellos, el secretario de Estado ha recurrido a una "campaña de desprestigio" que busca el enfrentamiento con otros sectores de la Administración.

"Comparar el sueldo de los policías con el de los médicos", como hizo Nieto en el Senado, es para los sindicatos "un acto inadmisible de simplismo, impropio de un responsable político serio". "Más le valdría darse una vuelta por muchas de nuestras dependencias, probablemente no quiera volver", señalan.

Las organizaciones representativas en el Consejo de la Policía Nacional advierten de que, si no hay una rectificación del número dos de Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior, "quedaría inhabilitado como interlocutor válido para el necesario diálogo" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Que tomen nota de ello el Ministerio del Interior y el presidente del Gobierno", señalan los sindicatos, molestos después de que el secretario de Estado dijera en el Senado que, aunque no es partidario de la brecha salarial, en la actualidad los sueldos de policías y guardias civiles están por encima de la media de otros trabajadores públicos en España y también de la media de policías europeas.

El hasta ahora mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, se ha despedido este sábado en una carta en la que ha pedido a todos los miembros del cuerpo "lealtad y comprensión" en las decisiones de los nuevos mandos.

En el documento, recogido por Europa Press, Trapero –que será sustituido por uno de sus comisarios superiores, Ferran López– comunica que ha sido cesado como jefe del cuerpo: "No es un día fácil para mí".

"Hace mucho tiempo que los Mossos nos hemos acostumbrado al ruido que envuelve cualquiera de nuestras actuaciones pero también hace mucho tiempo que hemos aprendido que éste no nos condicione en el día a día, y así lo continuaremos haciendo", ha afirmado.

Así, ha dicho a los policías: "Tenéis que continuar escribiendo el futuro. Los mandos que toman el relevo os ayudarán a hacerlo, y os pido –como siempre habéis hecho– lealtad y comprensión hacia sus decisiones".

Ha indicado que la "tristeza" que siente personalmente se ve superada por la satisfacción de cómo se ha construido el cuerpo de Mossos en los últimos años.

En la misiva, ha subrayado que la policía catalana es "confiable, especializada, con una estructura de mando que asume sus responsabilidades el día a día", y en la que sus valores se manifiestan en la función policial diaria.

"Habéis trabajado intensamente, a menudo con una exigencia que va más allá de lo que la función pública debería suponer", en unos años con carencias de medios, recortes en las condiciones de trabajo e incomprensión ante las acciones, ha señalado Trapero.

Trapero ha pedido disculpas a sus agentes por la exigencia poco compensada y porque no siempre la defensa del cuerpo ha impedido que los agentes sufrieran "consecuencias e incomprensión", y también a los agentes que se han sentido olvidados.

Ha defendido que en los Mossos han introducido un "cambio cultural", siendo actualmente una organización profesional, moderna, eficaz y con una ambición constante de ser excelente en todo lo que hace, y que ese cambio supone poner por delante al ciudadano.

Para concluir, Trapero ha resaltado: "Mossas y mossos, recibid todo mi afecto y os expreso el inmenso honor y agradecimiento por haber sido vuestro jefe".

Reunión en Egara

Trapero se ha reunido la mañana de este sábado con la cúpula de los Mossos d'Esquadra en el Complejo central en Sabadell (Barcelona) y se ha despedido de ellos, han indicado a Europa Press varias fuentes conocedoras de la reunión.

En este encuentro han estado presentes los comisarios, y en ella se ha abordado el futuro del cuerpo y cómo dar continuidad al trabajo que realizan, enviado a su vez un mensaje a "tranquilidad y continuidad" a los agentes del cuerpo.

Ferran López, que ya ha aceptado el cargo de máximo responsable operativo, y así lo ha expresado en la reunión, ha hablado por teléfono con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que le ha trasladado su deseo de que recupere el "prestigio profesional" de la policía autonómica manteniendo la "leal colaboración" y el respeto a la ley.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, los agentes lo han hecho por mandato del Juzgado de Instrucción 4 de Lleida: en concreto, requerir las grabaciones de los Mossos durante el operativo del 1-O, de unas horas antes y de unas horas después del referéndum.

Además, los agentes de la Guardia Civil también han reclamado a los mossos de esta comisaría diferente documentación.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha ordenado que la Policía Nacional se encargue desde este mismo lunes de dirigir la seguridad del edificio de su sede, en coordinación con los Mossos d'Esquadra, ante una eventual declaración de independencia.

Según ha informado el TSJC en un comunicado, así se lo ha ordenado este lunes Barrientos al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, con lo que los Mossos dejarán de encargarse en exclusiva de la vigilancia del Palau de Justicia, donde se ubica este tribunal y que también alberga la Audiencia de Barcelona.

La decisión obedece "a la previsión de extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento" ante la posibilidad de que el Parlament declare la independencia y aplique la Ley de Transitoriedad Jurídica, según la cual se suprimiría el TSJC y la figura de su presidente, para convertirse en el Supremo catalán.

Ordena en concreto que la Policía Nacional despliegue dentro del Palau de Justicia, así como en su entorno y perímetro si fuera necesario, los efectivos imprescindibles para que, en colaboración con Mossos, "preserven la seguridad del edificio, el normal funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y el ordinario cumplimiento de sus deberes judiciales".

En el mandato al jefe de la Policía Nacional en Cataluña, recogida por Europa Press, Barrientos recuerda que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho pública su determinación de aplicar esta ley pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

"Inexcusable cumplimiento"

"Estas posiciones anunciadas vienen a perturbar invariablemente la integridad de este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de Cataluña y la independencia de todos los magistrados que lo integran, incluido su presidente, en la medida en que lleva a su disposición", incide Barrientos, que cree que la coordinación de ambos cuerpos policiales puede preservar de manera más eficaz la legalidad constitucional.

Barrientos ya ha comunicado al responsable de la unidad policial de los Mossos ubicada en el interior del Palau de Justicia "para su inexcusable cumplimiento, así como de sus mandos operativos", y también se lo ha hecho saber al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la magistrada que investiga la causa contra Puigdemont y el resto de consejeros por la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

El presidente del TSJC entiende que la coordinación de ambos cuerpos policiales puede preservar de manera más eficaz la legalidad constitucional, según ha explicado en un comunicado este tribunal.

La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, en su artículo 66 prevé que el TSJC se convierta en el Tribunal Supremo de Cataluña, "órgano judicial superior en todos los órdenes, en el cual culmina la organización judicial de Cataluña".

El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, aseguró, en una entrevista con Financial Times recogida por Europa Press, que el Gobierno español ha estado "jugando a hacer política" con la seguridad del pueblo catalán por cortar los fondos de la policía autonómica.

El jefe del Ejecutivo catalán, que realiza esta entrevista una semana después de los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils que dejaron 15 muertos, aseguró que la fuerte oposición del Gobierno español al referéndum del 1 de octubre ha llevado a Madrid a cortar el flujo de dinero e información a Cataluña.

"Les hemos pedido que no juegen a hacer política con la seguridad", ha declarado Puigdemont sobre la decisión del Gobierno español de bloquear la contratación de nuevos agentes de la policía catalana para este año y de "contemporizar" a la hora de entregar a las fuerzas de seguridad autonómica información de la Europol. "Por desgracia, el Gobierno español tenía otras prioridades", precisó. 

En la misma entrevista, el líder del Ejecutivo catalán aseguró que el Gobierno ya dispone de "más de 6.000 urnas" para celebrar el referéndum anunciado para el 1 de octubre. "No veo de qué modo el Estado puede frenarlo", añadió.

La Generalitat inició en mayo el proceso para comprar 8.000 urnas –2.000 más que las anunciadas ahora– y la Fiscalía se querelló contra la entonces consejera de Presidencia, Meritxell Borràs, y su secretario general, Francesc Esteve.

El Gobierno catalán llegó a homologar a dos empresas como posibles fabricantes de urnas, pero a finales de junio declaró el concurso público desierto alegando que ninguna de las dos cumplía todos los requisitos exigidos.

Entonces inició un proceso de compra "directa" de las urnas, aunque no detalló cómo: Puigdemont tampoco lo concreta en la entrevista.

Avisa de que el 1-O se hará aunque le inhabiliten o condenen a prisión: "No quiero ir a la cárcel, pero no hay nada que me puedan hacer a mi que pueda frenar este referéndum".

"Volver a la normalidad es derrotar a los terroristas", dijo en alusión a la defensa del 1-O que seguirá haciendo pese a los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de la semana pasada.

El Gobierno no responde "por responsabilidad"

El Gobierno no ha querido responder a las acusaciones que ha lanzado el presidente de la Generalitat.

"Por responsabilidad y sentido común nos remitimos a la extensa comparecencia del presidente del Gobierno esta mañana en rueda de prensa", aseguraron a Europa Press fuentes del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, felicitó este viernes a los Mossos por la gestión del doble atentado yihadista en Barcelona y Cambrils (Tarragona) de la semana pasada. "El núcleo de la célula se desarticuló en 100 horas y eso dice mucho de la capacidad y preparación de los Mossos", destacó el líder del Ejecutivo tras la reunión del Consejo de Ministros. 

Rajoy dejó patente su intención de "felicitar una vez más" al cuerpo policial catalán y destacó, además, la coordinación tanto a nivel político como policial entre el Gobierno central y la Generalitat. 

Estas palabras del presidente del Gobierno se producen en un contexto de fuertes críticas a la gestión de los Mossos por parte de algunos sindicatos de Policía, Guardia Civil y de parte de la derecha mediática. Parte de esas críticas también alcanzan a la supuesta "desaparición" del Estado en Cataluña en la semana posterior al atentado. A Rajoy se le preguntó expresamente por este último tema, a lo que respondió recordando que tanto él, como la vicepresidenta y varios ministros se habían desplazado a Cataluña el mismo 17 de agosto, día del atentado. En todo caso, no quiso ahondar en la polémica: "Las opiniones son libres", concluyó.

El líder del Ejecutivo, informa Europa Press, se centró en aplaudir el trabajo de los Mossos, felicitación que ha hecho extensiva al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, y añadió que "tiempo habrá de analizar todos los pormenores", dejando claro que, en todo caso, "los culpables" son los terroristas".  El jefe del Gobierno insistió en este mensaje de unidad frente al terror y el dolor y no quiso entrar este viernes en otros análisis, menos sobre el trabajo policial y la coordinación de los investigadores. "Tiempo habrá de analizar todos los pormenores, las conexiones de los miembros del comando, las circunstancias de su radicalización –dijo–. Las conclusiones de la minuciosa investigación judicial nos aportarán datos para luchar mejor contra el terrorismo y prevenir nuevos atentados".

Rajoy repasó los resultados de la lucha contra el yihadismo en los últimos años, la detención de casi 800 personas por su vinculación con el yihadismo, 246 operaciones antiterroristas y que se hayan evitado "numerosos atentados". Destacó la eficacia y la capacidad técnica y científica de todas las policías del país incluidos los Mossos, "que han hecho un enorme trabajo".

Dicho esto, y al ser preguntado por la reivindicación de la Generalitat de Cataluña de que esta policía autonómica se integre directamente en Europol, el presidente respondió que existe en cada país una oficina que centraliza la información que envía Europol y que la española, que lleva la Policía Nacional, está integrada también por representantes de la Guardia Civil, la Ertzaintza y los Mossos. "Están allí representados", dijo Rajoy.

El presidente añadió que no es partidario de mantener debates públicos sobre "la operativa de seguridad" y que sobre este asunto ya se trabaja en la Junta de Seguridad de Cataluña que comparten Generalitat y Ministerio del Interior. Según recordó, en la reunión de julio de este foro, que no se había convocado en ocho años, ya se decidió crear un grupo de trabajo para estudiar que la información "sea lo más ágil posible".

Reforma del Código Penal

El presidente del Gobierno planteó la posibilidad de abordar una tercera reforma del Código Penal porque ante el terrorismo "no puede haber descanso".

El líder del Ejecutivo destacó que los yihadistas "modifican sus comportamientos" a la hora de actuar y que, en respuesta, quienes combaten a los terroristas deben tenerlo en cuenta. "Ya hemos modificado las leyes dos veces y si es necesario, se hará otra vez", advirtió.

Mariano Rajoy también se sumó al llamamiento del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a todos los partidos políticos para que suscriban el Pacto antiyihadistaPacto antiyihadista porque, según él, "la unidad es fundamental" y es "lo que quieren las víctimas". 

"La unidad es algo más que una foto de dolor compartida, debe dar resultado en reformas y mejoras que doten a jueces, policías y fiscales de mejores herramientas para luchar", añadió Rajoy, en un mensaje dirigido a Podemos, ERC, PdeCAT y PNV, que el pasado lunes asistieron a esa reunión en Madrid pero que siguen reticentes a firmar el Pacto.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha anunciado que ordenará borrar del Diario de SesionesDiario de Sesiones el insulto "miserable" que el portavoz adjunto de Esquerra (ERC), Gabriel Rufián, ha lanzado este miércoles al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el curso de la sesión parlamentaria de control al Gobierno.

En su pregunta al ministro sobre obstáculos del Gobierno a la convocatoria de nuevas plazas de Mossos d'Esquadra, Rufián ha acabado pidiendo la dimisión de Zoido "por miserable y por irresponsable", lo que suscitó rumores de protesta en la bancada del PP.

El diputado independentista insistió con el calificativo de "miserable" y, al término del debate con Zoido, que rechazó responder a los "insultos", fue la presidenta del Congreso la que intervino para invitar a Rufián a retirarlo.

Sin embargo, el diputado de ERC se negó, por lo que Ana Pastor anunció al Pleno su decisión unilateral de retirar la palabra "miserable" del Diario de Sesiones.

Después, en una rueda de prensa en el Congreso, Rufián se ha reafirmado recalcando que según el diccionario "miserable" significa "extremadamente tacaño y proclive a la ruindad", dos comportamientos que, desde su punto de vista, definen bien la actitud de Zoido al negarse a convocar la Junta de Seguridad en Cataluña.

 La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, confirmó que antes de final de año la policía foral dejará de hacer uso de escopetas de pelotas de goma y anunció que el Ejecutivo foral está "en proceso de adquisición" de otro tipo de herramientas "menos agresoras".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una jornada sobre la transparencia en las entidades locales, Beaumont señaló que esta decisión está incluida en el acuerdo programático entre las cuatro fuerzas que sostienen el Gobierno de Navarra.

La supresión de las pelotas de goma "requería un proceso de valoración técnica de ver qué otro tipo de herramientas podrían ser sustitutivas y menos agresoras, o cero agresoras, hacia el ciudadano", tras el cual se incluiría en el presupuesto "una partida a efectos de adquirir determinados materiales", continuó la consejera.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad por su presunta participación en los incidentes ocurridos el pasado miércoles en un acto del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, la detención se ha producido la noche de este viernes a sábado, y el menor habría cometido los delitos de atentado contra la autoridad, contra los agentes de la autoridad, daños y desorden público, informa Europa Press.

Además, se han imputado a otras dos personas, una por resistencia y otra por atentado a la autoridad y desórdenes públicos, ha añadido la policía.

Segunda detención

Esta es la segunda detención tras el ataque, después de que el mismo miércoles los Mossos detuvieran a una persona por el lanzamiento de objetos contra el vehículo, además de realizar cinco identificaciones.

Según la policía autonómica, el altercado se produjo cuando Montoro y Sánchez-Camacho salían de un mitin y un grupo de personas les lanzaron objetos y golpearon con un palo su coche oficial.

Los agentes aseguran que se interpusieron entre los manifestantes y el coche para garantizar la seguridad, "y posibilitaron así la salida de las autoridades".

Para llegar aquí, a que Interior haya finalmente decidido que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía luzcan su número de identificación en la espalda, y con caracteres de grandes dimensiones, ha hecho falta mucha lluvia. Un pequeño diluvio de quejas formuladas por colectivos sociales, el 15-M y participantes de las múltiples manifestaciones que han inundado las calles españolas en los últimos años. 

27 de mayo de 2011. Hace pocos días ha eclosionado el movimiento de los indignados, justo en torno a las elecciones municipales y autonómicas. De forma espontánea. En Madrid y en otras ciudades. En varios puntos de la geografía española se suceden las imágenes de asentamientos pacíficos, discusiones, debates, votaciones. Un fuego nacido al calor del profundo malestar con el ricino de los recortes presupuestarios y el salvamento inacabable de la banca. En Barcelona, ese día, 27 de mayo, medio millar de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana irrumpe en la plaza de Catalunya para arramblar con los campamentos, pero no podrá con la semilla de la protesta, que se reaviva. Nada de las infraestructuras provisionales queda en pie, mientras la dureza de los palos y las cargas recorre medio mundo.

Las críticas arrecian contra los Mossos y contra el conseller de Interior, el convergente Felip Puig. Ya entonces comenzará a oírse una queja recurrente: la denuncia contra la falta de identificación de los agentes o la escasa visibilidad de sus placas. En Madrid, en agosto, la Policía disuelve a golpes las manifestaciones laicas que coinciden con la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y la visita de Benedicto XVI. 

Por los chalecos antitrauma

El lamento crece y se expande a medida que la contestación social gana enteros. En mayo de 2012, la Comisión de Legal de Sol del 15-M interpone una demanda ante el Ministerio del Interior por incumplimientos "reiterados" de la instrucción 13/2007 que obliga a los agentes a ir identificados en todo momento.  

Pero sin duda el 25-S, Rodea el Congreso, marca un punto de inflexión. Los manifestantes se habían apostado en las inmediaciones de la Cámara baja, absolutamente blindada por Interior gracias a un apabullante despliegue policial de 1.400 efectivos. En la tarde-noche, la crispación estalló. Y con ella, los enfrentamientos entre ciudadanos y policías y las consiguientes cargas, que se extendieron hasta la misma estación de Atocha. De nuevo, gotearon las quejas por los fallos de identificación de los agentes. El Gobierno, en cambio, defendió "absolutamente" la actuación del cuerpo y los porrazos a los participantes, a través de la delegada en Madrid, Cristina Cifuentes, y del propio ministro del Interior. PSOE e IU, en cambio, denunciaron la actitud "desproporcionada" y hasta "excesiva". 

Días después, el 9 de octubre, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, explicó que el ministerio ya estaba estudiando la fórmula para facilitar la identificación de los antidisturbios. Y reiteró también que cuando la placa no se ve puede deberse a que los efectivos van provistos de chalecos antitrauma, que son colectivos, no individuales, y por tanto no llevan rotulado el número. La prenda, por tanto, tapa la chapa que sí figura en el uniforme. 

Denuncia de Amnistía Internacional

Cosidó, el 18 de octubre, hizo otra revelación de las intenciones de Interior: el Gobierno, dijo, estudiaba prohibir la difusión de imágenes de policías en Internet. Afirmación polémica que matizó al día siguiente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que prometió buscar "un equilibrio" entre el derecho de manifestación de los ciudadanos y el derecho a la integridad de los cuerpos de seguridad del Estado. 

La queja de los colectivos se había difundido en prensa, pero también había sido canalizada a través de las instituciones y de otras organizaciones. Amnistía Internacional presentó el pasado 24 de enero en el Ministerio del Interior 60.000 firmas para pedir el fin de los abusos policiales."En los casos en los que se han iniciado las investigaciones, muchas veces las denuncias quedan archivadas al no poderse identificar a los agentes implicados. Esta cuestión es clave para luchar contra la impunidad, ya que existe obligatoriedad sobre el uso del número de identificación personal en la uniformidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", censuraba la ONG. En aquellas fechas, Cifuentes repetía que el Ejecutivo, desde el principio de legislatura, se había comprometido a buscar una solución al problema de visibilidad de la placa. 

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, incorporó en su informe de 2012 las quejas y las recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad. La institución hacía referencia, precisamente, a los disturbios del verano de 2011 en Madrid y los acaecidos el 25-S. "La ineficacia del distintivo de identificación personal por su reducido tamaño resulta más evidente", afirmaba, cuando se constataba que ni siquiera visionando las imágenes de vídeo era posible descifrar el número de placa, lo que en la práctica significaba "dejar impunes conductas irregulares e inaceptables", pese a que las grabaciones evidenciaban los excesos de los agentes. La Defensora había sugerido al Gobierno, como rezaba el informe en su página 137, conocido a principios de este mes de marzo, que aumentara el "tamaño de los distintivos" y que estos se situaran "en varios lugares del uniforme". 

El ejemplo de los Mossos

Sólo pocas jornadas después, el 14 de marzo, el conseller de Interior de la Generalitat catalana, Ramón Espadaler, anunció, por fin, los cambios en los trajes de la Brigada Mòbil (Brimo), los antidisturbios de los Mossos: un código alfanumérico de identificación visible en la espalda y pegado con un velcro en la parte trasera del chaleco. Código que se ha bautizado como el Número Operativo Policial (NOP), distinto a la Tarjeta de Identificación Policial (TIP), que es el número que reciben los policías cuando se gradúan. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó –la institución catalana homóloga al Defensor del Pueblo– evaluó "positivamente" la decisión del Govern. También Ribó había apremiado a la Generalitat a aplicar los cambios en la identificación de los policías a raíz de los incidentes en la plaza de Catalunya de 2011 y lo había reflejado en su respectivo informe al Parlament. Y es que la Generalitat introducía las modificaciones en los uniformes nada menos que cinco años después de que el tripartito sancionara el decreto 217/2008, que forzaba a que se situara bien visible el número de placa. 

Este sábado, la agencia Europa Press revelaba que el paso lo daba ahora el Gobierno central. La identificación se ubicará en un recuadro que se adherirá a la espalda del uniforme con velcro y con los guarismos en grandes dimensiones, para que sean vistos a una distancia considerable. Hasta ahora, los dígitos de la placa no se veían más allá de 1,20 metros. El nuevo sistema permitirá que el número se pegue también a los chalecos antitrauma. Según subrayaron fuentes de la Policía a El País, el número no se corresponderá con la placa –como ocurre en Cataluña–, sino que irán variando según la intervención.