“¿Tenemos alguna escuela infantil de 0 a 3 años en nuestro país que abra y preste servicios públicos 24 horas al día? Hablo ya de privada, no digo pública. ¿La gente no trabaja por la noche? Los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, los sanitarios, los periodistas, no sé, ¿no se trabaja por la noche? Digo, digo, por… tareas pendientes”. Estas palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han causado conmoción y enfado tomadas como propuesta;  indignarse es, al final, súbito y más fácil que sentarse frente a la incomodidad de contemplarlas como pregunta: ¿cómo cría en España quien no trabaja de 9 a 5?

En 2022, el PSOE madrileño también suscitó polémica al proponer abrir todos los colegios públicos de la Comunidad de siete de la mañana a siete de la tarde y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio. Ya hay programas, por ejemplo en la comunidad desde la que escribo, Castilla y León, para “conciliar” (sic) en periodos no lectivos con actividades en los propios centros escolares. La reacción inmediata es, claro, horrorizarse. En qué sociedad vivimos si los niños no pueden tener ni un verano como aquellos nuestros. Un verano en el que tienes que ir al colegio no es verano.

Luego está la realidad y la realidad es cruda. Y la realidad no termina ni mucho menos a los 3 años. Un niño de 5 o de 8 requiere exactamente la misma presencia adulta. En este país sólo pueden compaginar bien su empleo con la crianza quienes trabajen sólo mientras los niños están en el colegio, que es de 9 a 5 si hay jornada partida escolar, pero que es de 9 a 2 si la jornada es intensiva. ¿Cuántas personas conocen en esa situación? ¿Cuántas que pudieran llegar a esos horarios si están o se quedan criando solas? ¿Cómo se organizan quienes trabajan, como es tan común en este país, mañana y tarde? ¿Qué pasa con los trabajadores a turnos, noches incluidas, o con quienes tienen empleos donde tener una hora fija de salida es un oxímoron? 

Cuando surgen estos debates, la réplica frecuente es que deben ser las madres y los padres quienes deben tener más tiempo para criar y no los niños los que se adapten a los impracticables horarios adultos de este país. Es imposible no estar de acuerdo con eso. Es más: yo creo que los niños deben poder ir caminando a su colegio y disfrutar de las tardes con su familia y poder practicar deporte y cultivar aficiones y jugar libremente y descubrir los idiomas e ir al súper y ayudar a tender la ropa y cenar comida casera y estar durmiendo religiosamente a las nueve después de que les hayan contado un cuento. La realidad es que esa rutina es ahora mismo un lujo excepcional en este país y mirar para otro lado no lo cambia. ¿Cuántos madres y padres apenas ven a sus hijos a diario? ¿Qué pasaría este lunes, 3 de febrero, si por un día los abuelos hicieran huelga? 

Ya somos adultas varias generaciones que sabemos en buena medida lo que es tener a los dos padres trabajando fuera de casa y con horarios esclavos. La diferencia es que nosotros todavía tuvimos abuelos jóvenes que nos hicieron de segundos padres. Nosotros, sobre todo, aún conocimos la figura que lo sostenía todo y lo ha sostenido todo desde siempre: en las casas siempre había una o varias mujeres que hacían esa función “24 horas” para hijos, hombres y mayores. Su papel no se ha repartido por machismo y por economía: en la España actual lo de que una persona se quede unos años sin trabajar fuera de casa para criar es impensable para la mayoría. Se necesitan dos sueldos para llegar y el mercado laboral no es precisamente acogedor con quienes salen de la rueda.

Dicen que en las encuestas siempre respondemos que estamos mejor de lo que estamos. Aquello de que todos nos definimos como clase media. Creo que con la crianza ocurre lo mismo. Se sigue hablando del tema con la idea de la familia tradicional, un papá y una mamá, una mamá que reducirá su jornada u obrará algún milagro similar o una pareja en la que los dos son funcionarios de mañana, y que además tendrán cuatro abuelos jubilados para nadar en confort. Pero la realidad es que las familias son muy diversas, que también son de un solo progenitor por elección o circunstancias, que los hijos se tienen más tarde y lo de los cuatro abuelos, o los dos abuelos, sanos y jubilados es muy difícil. La idea de la solución de cuidados 24 horas de Yolanda Díaz no es nueva, existe hace tiempo en países como Suecia. Escandalizarnos es fácil, ahora busquemos en serio cambios estructurales que no hagan necesario ese recurso. Si hoy es difícil criar en España si no eres rico, en una generación será casi un imposible absoluto.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emplazado durante su intervención en la sesión inaugural del 44 Congreso Confederal de UGT al PP a apoyar la reducción de jornada a 37,5 horas en su trámite parlamentario, al igual que ya hizo (por error) con la reforma laboral, porque así lo piden "dos de cada tres ciudadanos", según informa EFE.

"Cuando la ciudadanía dice que necesita reducir la jornada laboral es porque así lo siente y se le pide a los políticos que estén a la altura", ha dicho Díaz, al tiempo ha recordado que este ajuste será bueno para los trabajadores pero también para las empresas. "El hecho de que no se avance en esta dirección no es bueno para España ni para las empresas", ha dicho Díaz, quien ha criticado el rechazo de la patronal "a pesar de las facilidades y de los once meses de negociación".

Asimismo, ha considerado inadmisible que "se niegue la potestad del Gobierno para defender por ley la jornada máxima" y ha pedido a los empresarios que no confundan "el desacuerdo con el derecho de veto, que no es legítimo". Y ha dejado claro que seguirá "ganando derechos con los agentes sociales, con acuerdo o sin acuerdo", aunque ha reconocido que le gustaría que fuera mediante un consenso social tanto con sindicatos, como con patronal.

Díaz ha dejado claro que, una vez sacado adelante el paquete fiscal, el próximo paso serán los presupuestos generales del Estado, que van a estar "pronto" y que marcarán "una hoja de ruta clara y un soporte financiero para relanzar la legislatura". "Que nadie piense que el Gobierno está acabado, no lo estamos. Que nadie piense que la Legislatura está acabada, no lo está. Que nadie piense que han derrotado la mayoría de coalición progresista, porque no hay mayoría alternativa. Nadie nos va a detener", ha dicho Díaz.

Y ha apuntado que, además de la reducción de jornada, que llevará de la mano mejoras en el control horario y un refuerzo del derecho a la desconexión digital, sacará adelante el estatuto del becario, impulsará la democratización de las empresas y cumplirá con la indemnización restaurativa por despido, tal como pide Comité Europeo de Derechos Sociales. "Y vamos a seguir subiendo SMI", ha añadido, para que lo que mañana se reunirá la mesa de expertos para evaluar el incremento de ese salario mínimo.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho este lunes que la jornada laboral de 37,5 horas semanales que pactarán Gobierno y sindicatos es una "estación de paso" hacia el objetivo de las 32 horas. La idea es, según Álvarez, "parecernos cada día más a Alemania y cada vez menos a Grecia". Así lo ha dicho durante la presentación del informe de gestión de los órganos confederales del sindicato de los últimos cuatro años, en un congreso en el que Álvarez previsiblemente será reelegido para su tercer mandato como secretario general de UGT. Con el lema "Más y mejor sindicato", éste es el tercer congreso confederal de UGT que se celebra en Barcelona.

Álvarez ha asegurado que llegamos a este congreso con "una gestión extraordinariamente importante", ya que nunca se había "conseguido tanto" en tan poco tiempo. Ha explicado que el sindicato está en un "buen momento" porque es una organización que no solo lucha, sino que consigue resultados concretos y ha mencionado la importancia de la unidad de acción con CCOO y que sin el actual Gobierno de izquierdas muchas cosas no se hubieran conseguido.

Ha mencionado el éxito de la reforma laboral, la mejora de la situación de los fijos discontinuos o que el sistema de pensiones en nuestro país está garantizado por lo menos hasta 2050. "Ya está bien de cuestionar de manera permanente el sistema de pensiones, que solo tiene un interés que es dar vida al sistema privado de pensiones", ha afirmado.

En el repaso de los hitos conseguidos ha asegurado que desde 2016 el Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 75 % y ha abogado porque cuando se celebre el próximo congreso del sindicato ya se haya conseguido que sea el 60 % del salario medio de nuestro país.

Álvarez ha pedido hacer frente a la entrada de la extrema derecha, porque el mundo "no pasa por sus mejores momentos" y ha recordado que en Europa hay tres gobiernos presididos por la ultraderecha, a la vez que ha tenido palabras de condena para las guerras de Ucrania y Palestina. Durante su discurso, ha rechazado la idea de que los sindicato viven de subsidios y ha dicho que, en los últimos 4 años, la organización ha trabajado para ampliar la presencia de UGT en los centros de trabajo, de tal manera que el número de delegados ha crecido un 20 %.

El día de apertura del congreso ha contado con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; o el presidente el PP, Alberto Núñez Feijóo; que ha tomado la palabra ante los afiliados y no se ha limitado a un saludo de cortesía como hacían otros líderes de la oposición en pasados congresos del sindicato. 

Hay cesiones que marcan la diferencia. Representantes de Telefónica y de los sindicatos tenían hoy una nueva cita para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE) que pesa sobre la multinacional y ya hay acuerdo. La compañía que capitanea José María Álvarez-Pallete ha rebajado la afectación del ajuste laboral a 3.421 personas, lo que supone 138 menos que la última cifra lanzada y 1.703 menos que la señalada al inicio del diálogo. Ha formulado además una propuesta de mejora de las rentas y el acompañamiento, según adelantan fuentes sindicales.

Por lo que respecta a las rentas, lo expuesto ahora por la empresa pasa por que las personas nacidas en 1968 reciban un 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% hasta los 65; y los nacidos en 1967, 1966, 1965 o 1964, un 62% hasta los 63 años y un 34% hasta los 65. Se aumenta para ellos la prima por acceder a la salida de forma voluntaria a 10.000 euros. En el caso de los nacidos en 1963 o en años anteriores, el porcentaje que perciban será del 52% del salario regulador hasta los 63 años y un 34% hasta los 65 y también se eleva para este tramo la prima por voluntariedad a 10.000 euros. El salario regulador estará compuesto por la suma de los devengos fijos anuales reconocidos en el momento de la baja dividido entre 12 mensualidades, según explican desde UGT.

Se han puesto además encima de la mesa, asimismo, otras condiciones complementarias como la reversibilidad de las rentas, es decir, en caso de fallecimiento del trabajador o la trabajadora, los herederos legales podrán percibir los fondos pendientes, el abono del descuento de la Seguridad Social del empleado durante el paro; un seguro colectivo hasta los 63 años en general; una póliza de salud básica al cien por cien; o el compromiso por parte de la compañía que comanda de una creación de empleo "igual al 7% de la afectación".

Las fuentes consultadas de UGT valoran "de forma positiva" los avances recogidos en la nueva propuesta y reconocen la "demostrada voluntad negociadora" de la compañía, lo que ha posibilitado que ambas partes logren pasos significativos "hasta configurar, en caso de acordarse, las mejores condiciones de salida que se han firmado en Telefónica y, en consecuencia, en España". Los sindicatos quedan ahora a la espera de recibir por escrito lo armado por la parte empresarial. Con todo, durante parte del día el sello del pacto ha estado condicionado a la negociación paralela del III Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas. Pero finalmente en esa órbita también ha funcionado el diálogo.

En lo relativo al convenio, las principales novedades respecto a lo ya conseguido por las organizaciones sindicales los días anteriores, tienen que ver, para arrancar, con la revisión salarial de la plantilla. No se moverá la actual cláusula vinculada al Índice de precios de consumo (IPC), "que se concreta en una propuesta de subida salarial del 1,5% al año" y un repaso con relación al mismo índice a la finalización del convenio. A esto se añade un "plus de productividad de octubre de 300 euros, con 150 consolidables por cada año de vigencia; y la conservación de los bienios y la antigüedad sin limitación. Respecto a la jornada laboral, la multinacional ha aceptado la petición de UGT de reducir la jornada hasta las 36 horas durante la vigencia del convenio, seis días de permisos para asuntos imprevistos y urgentes o de índole personal sin justificación; y se mejorará la bonificación de la semana flexible hasta el 30% de la reducción consecuente. Se ha conseguido arañar también del lado de los representantes de los trabajadores una póliza reembolso dental optimizada.

Desde UGT, sindicato mayoritario en Telefónica, trasladan que ha sido "un duro y complejo proceso de negociación", pero que al final les ha permitido "obtener de la empresa sendas propuestas". Una, la del ERE, "para blindar la estabilidad económica y el futuro acceso a la jubilación" de quienes se adscriban a la oferta de prejubilación, que es, insisten, "la mejor alcanzada en la historia" de la empresa "y, posiblemente, de España". Y dos, la del convenio colectivo, que, dicen, va unido a "una apuesta firme por parte de Telefónica por la internalización de actividades, el reskilling y el mantenimiento de empleo en todas las provincias". Sólo queda ya la valoración y validación del órgano consultivo del sindicato y todo apunta a que será positiva.

La planta malagueña de Fujitsu Ten ha presentado un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) ante la falta de materiales provenientes de China a raíz de la crisis sanitaria del virus Covid-19, que, en principio, se aplicará desde el 2 de marzo hasta el 17 de mayo y afectará a 336 trabajadores. Así lo han explicado a Europa Press el presidente del Comité de Empresa, José Lozano, de CCOO, y el delegado sindical de UGT en Fujitsu Ten José María Amador, que han añadido que la semana que viene no habrá paro en la planta debido a las gestiones del departamento de compras para buscar alternativas.

"Hay una fecha y un número de trabajadores afectados, pero eso va a variar dependiendo de la falta real de componentes", ha indicado Lozano, ya que la empresa está intentando minimizar los daños. En total son 336 los trabajadores a los que afectará el ERTE, por lo que en la planta solo quedarían 34 personas. "La dirección está haciendo esfuerzos titánicos por intentar salvar la situación y que el impacto sea mínimo", ha asegurado Lozano.

Sin embargo, "hay otro problema, y es que como somos proveedores de la fábrica de Toyota en Europa: si Toyota para porque otro proveedor le falla, automáticamente nos vamos al paro nosotros y ya de manera más generalizada, porque automoción es donde hay mayor número de gente trabajando", ha señalado Lozano, a lo que ha añadido que "eso se espera que no ocurra porque sería lo peor". "Nosotros tenemos un remanente de envíos para las fábricas de aproximadamente nueve días, luego en este transcurso puede ocurrir que Toyota tenga problemas también, entonces dejaría de recepcionar los componentes que nosotros fabricamos", ha detallado, por su parte, Amador.

Asimismo, ambos han precisado que los sindicatos han llegado a un acuerdo para mejorar las condiciones de los trabajadores, por lo que la empresa abonará el 100 por cien de los salarios de los conceptos fijos. Además, han añadido que los empleados eventuales serían los primeros en afrontar el desempleo. "No se espera que afecte a la mayoría de la plantilla ni tantos días", ha puntualizado Lozano.

Por su parte, Amador ha indicado que "en principio estamos a la espera de los acontecimientos", al tiempo que ha explicado que "los sindicatos hemos estado negociando a marchas forzadas, esto se nos presentó el día 18 y el viernes pasado se firmó el acta de acuerdo, las reuniones que ha tenido ya la empresa con la Autoridad Laboral, con la Delegación de Empleo y con las demás instituciones". "En principio los trabajadores hemos comprendido la problemática que tenemos y como siempre en esta empresa intentaremos adaptarnos a las circunstancias, y si tenemos que estar dos semanas en ERTE y a la semana siguiente tenemos que volver a trabajar y tenemos que volver a irnos, pues los trabajadores intentaremos que la empresa no tenga muchos perjuicios con el tema", ha continuado.

Igualmente, ha recordado el hecho de que ha coincidido la aparición del virus en China con la celebración del año nuevo en este país, lo que ha afectado aún más al tráfico de mercancías. "La empresa está haciendo gestiones tanto desde la fábrica de Málaga como de nuestra matriz, que está en Japón, para intentar minimizar todo lo posible, buscando alternativas y buscando envíos por medios aéreos fundamentalmente, para que lleguen a tiempo, porque los puertos están también paralizados", ha resaltado

Los trabajadores de Amazon en San Fernando de Henares (Madrid) han comenzado este lunes una huelga cuya duración se prevé de tres días coincidiendo con el PrimeDay de la empresa.

Trabajadores de la empresa Amazon secundan la huelga en las inmediaciones del centro logístico de San Fernando de Henares.

Según ha informado CCOO en un comunicado, la empresa presentó una "primera propuesta" en la mesa de negociación "tras más de 15 días de espera por parte de las organizaciones sindicales". Sin embargo, los avances en ella contemplados eran "insuficientes en todas las materias".

"La propuesta no contempla ninguna de las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales y, por ejemplo, establece incremento salarial del 1,1%, lo que no permite ni recuperar tan siquiera el IPC acumulado", critica el sindicato.

En este punto, CCOO ha lamentado "la forma de actuar de la empresa", ya que "no ha hecho más que dilatar tiempos sin buscar un final al conflicto".

Por su parte, UGT ha asegurado que la huelga de Amazon está "totalmente justificada" y lamenta que la multinacional "no haya estado a la altura".

En un comunicado, el sindicato ha lamentado que la dirección de la empresa haya "impedido llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores del centro logístico y distribución de San Fernando de Henares y evitar la huelga".

UGT considera que no ha existido un "compromiso real" de negociación por parte de la dirección de Amazon y sí "un intento de presentar unas ofertas que están fuera de la realidad, como el aumento salarial del 1,1% de los salarios de la plantilla que es inaceptable.

Por otra parte, el sindicato ha cargado contra "el intentar modificar las condiciones laborales de los trabajadores de Amazon de manera unilateral, saliéndose del marco del convenio colectivo sectorial".

Primeday, el día de mayor ofertas de Amazon

La huelga del centro logístico coincide con la celebración del PrimeDay del gigante del comercio electrónico, que comienza hoy a las 12 horas y durará hasta las 23.59 horas del 17 de julio, un día y medio, con más de un millón de ofertas especiales para los clientes de Amazon Prime en todo el mundo.

La multinacional prevé mejorar en esta edición los resultados del pasado PrimeDay, donde vendieron un 60% más que en 2016 y se convirtió en el evento de compras más grande en Amazon en toda la historia, más que el Cyber Monday y el Black Friday.

Amazón lanzó el programa Prime hace 13 años y ha superado ya los 100 millones de clientes registrados en todo el mundo. En España, el número de clientes Prime se ha duplicado en los últimos 18 meses y, paralelamente, la selección de productos disponibles para estos clientes también se ha duplicado en los últimos años.

Las horas de trabajo perdidas por huelga superaron la cifra de 4,15 millones en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 48,9% menos que en el mismo periodo de 2015, según el último informe de la CEOE sobre conflictividad laboral.

En concreto, hasta septiembre se contabilizaron 580 huelgas, un 14,3% menos que un año antes, secundadas por 99.860 trabajadores, lo que supone un descenso del 57,8% en términos interanuales.

CEOE recuerda que, al hacer comparaciones con el año anterior, debe tenerse en cuenta la huelga de enseñanza convocada por el sindicato de estudiantes en febrero, marzo y abril de 2015 y con menor alcance en marzo y abril de este año; en el Metro de Madrid y Barcelona en mayo y junio de este año y en Renfe en junio y julio del presente ejercicio.

Excluyendo huelgas en servicios de carácter público y de índole extralaboral, hasta junio se produjeron 423 huelgas (-18,9%), que fueron secundadas por 28.118 trabajadores (-24,8%), ocasionando la pérdida de más de 1,5 millones de horas de trabajo (-38%).

En los nueve primeros meses del año se registraron 129 huelgas en empresas o servicios de carácter público (-52,4%), en las que participaron 67.825 trabajadores (-64,3%), con más de 2,3 millones de horas perdidas (-52,4%). Sólo en el mes de septiembre se registraron 58 huelgas, un 31,7% menos que en igual mes de 2015, con 10.715 trabajadores implicados (+12,6%) y 337.422 horas perdidas (-26,9%).

Por lo que se refiere a la conflictividad estrictamente laboral, en septiembre se produjeron 46 huelgas (-32,3%), secundadas por 9.104 trabajadores (+95,1%), que perdieron 263.462 horas de trabajo (-9,8%).

Por provincias, la conflictividad laboral del pasado mes de septiembre incidió especialmente en la provincia de Barcelona, con 9 huelgas, seguida de Madrid, con 6, y Málaga, con 4. Atendiendo a los trabajadores que participaron en las huelgas también destaca primero Barcelona, con 1.398 huelguistas; seguida de Madrid, con 866; y Málaga, con 499. Desde la perspectiva de las horas no trabajadas sobresalen también Barcelona, con 80.232 horas perdidas, y Madrid, con 43.310 horas.

Los sectores de actividad económica donde se perdieron más horas por las huelgas de septiembre fueron transportes y comunicaciones; energía; metal, e instituciones financieras y seguros.

El consejo de administración de Twitter ha aprobado un recorte de hasta 336 puestos de trabajo, lo que representa aproximadamente el 8% de su plantilla global, en el marco del plan de reestructuración puesto en marcha por la red social de microblogging para buscar una mayor eficiencia y crecimiento.

La compañía ha indicado en un comunicado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que esta reestructuración forma parte de un plan general para centrarse en sus productos prioritarios e impulsar la eficiencia en todo el grupo.

Asimismo, la red social ha explicado que su intención es reinvertir los ahorros logrados con este plan en sus áreas centrales con el fin de impulsar su crecimiento.

Twitter estima que el gasto total por reestructuración estará entre los 5 millones de dólares y los 15 millones de dólares y se incluirán en su mayor parte en el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Asimismo, la compañía ha señalado que los ingresos y el beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado del tercer trimestre estarán en línea o por encima de sus previsiones anteriores, que estimaban unos ingresos de entre 545 millones de dólares (478 millones de euros) y 560 millones de dólares (492 millones de euros), y un Ebitda de entre 110 millones (96 millones de euros) y 115 millones de dólares (101 millones de euros).

Hoja de ruta "optimizada"

El cofundador de Twitter Jack Dorsey, que fue nombrado hace unas semanas consejero delegado en sustitución de Dick Costolo, ha indicado en una carta a los trabajadores que se trata de un paso que "no es fácil. Pero es correcto". "El mundo necesita un Twitter fuerte, y este es un paso más para lograrlo", ha explicado.

Dorsey ha indicado que el equipo ha estado trabajando "día y noche" para elaborar una hoja de ruta "optimizada" para Twitter, Vine y Periscope centrada en experiencias que tendrán "mayor impacto".

El directivo ha adelantado que se van a hacer los cambios más "significativos" en las áreas de Producto y de Ingeniería, que, a pesar de ello, seguirá siendo la que más peso tenga en la plantilla total. "El resto de la organización se racionalizará en paralelo", ha explicado.

El directivo ha asegurado que este plan se realizará con el "máximo respeto" por cada persona, con una indemnización "generosa" para los tranbajadores afectados, así como con ayudas para encontrar un nuevo trabajo.

El nuevo presidente y consejero delegado de Volkswagen, Matthias Müller, ha anunciado ante la plantilla de la compañía en la sede de Wolfsburg que la compañía revisará "todas las inversiones" y que realizará un ajuste "no sin dolor" para recuperarse de la crisis provocada por la manipulación de las emisiones de los motores.

"Estamos revisando todas las inversiones previstas para evitar lo que no sea absolutamente necesario" y "lo que no sea urgente será desechado o retrasado", indicó. "Francamente", el proceso al que se enfrenta la compañía "no será sin dolor", continuó el directivo, antes de señalar que Volkswagen procurará seguir ofreciendo empleos "buenos y seguros".

En su discurso ante más de 20.000 empleados congregados en el pabellón once de la fábrica de Wolfsburg, Müller apeló a la necesidad de responder con "rapidez" ante un escenario con derivadas no "previsibles" y lanzó un mensaje de ánimo a la plantilla al mostrarse convencido de que el grupo será capaz de superar la situación. "Vamos a salir de esta crisis", aseveró.

La dirección está comprometida con un esclarecimiento "rápido e implacable" de lo sucedido y está convencida de que será capaz de superar la crisis gracias a la "base sólida" de la que dispone la compañía y a sus productos automovilísticos, que son los "mejores", señaló.

"Además de la enorme pérdida financiera, que todavía no está del todo cuantificada, esta crisis es sobre todo de confianza", uno de los valores clave para la "indentidad" de la marca, que se funda en la "solidez, fiabilidad y credibilidad", aseguró.

Al referirse a la velocidad a la que transcurren las investigaciones internas y las soluciones previstas, el consejero delegado también dijo estar "impaciente". "Sin embargo, en esta situación en la que se trata de cuatro marcas y muchos modelos, la atención es más importante que la velocidad", señaló.

Además, aludió al plan de acción desplegado por la compañía, que está informando ya a los clientes y que en breve presentará las soluciones previstas ante las autoridades supervisoras.

"Trabajo adicional" en los coches afectados

Müller también aludió a las revisiones de los coches afectados. En algunos casos, la retirada del software será suficiente, mientras que en otros será necesario acometer un "trabajo adicional" sobre el "hardware" de los coches afectados. "Vamos a informar regularmente a nuestros clientes de las medidas y de los nombres de los talleres correspondientes", señaló.

Todos los vehículos diésel EU6 fabricados en la actualidad por la compañía, recordó el consejero delegado de Volkswagen, cumplen con las normas legales y los requisitos ambientales, lo que permite mantener la producción en la planta de Wolfsburg.

Varios directivos de la aerolínea Air France han tenido que huir descamisados escalando vallas tras el asalto de trabajadores de la compañía a una reunión con los sindicatos en la que estaban tratando el plan de la empresa de suprimir 2.900 puestos de trabajo.

Varios centenares de trabajadores irrumpieron en la reunión entre ejecutivos y representantes sindicales que se estaba celebrando en la sede de la empresa en el Aeropuerto Internacional Charles De Gaulle al grito de "¡Jouniac dimisión¡", en referencia al presidente de la compañía, Alexandre de Juniac.

Las imágenes muestran a varios individuos con la vestimenta de traje descompuesta y a uno de ellos, el responsable de Recursos Humanos de la compañía, Xavier Brosseta, escalando una valla ya sin camisa.

Según fuentes sindicales citadas por el diario Le Figaro, la empresa pretende suprimir 300 puestos de trabajo de pilotos, 900 de tripulantes de cabina y 1.700 de personal de tierra en el marco del plan denominado Perform 2020.

La dirección de Air France ha "condenado enérgicamente la violencia psicológica" y ha anunciado una denuncia por "violencia agravada" por lo ocurrido.

Dos empleados de Flying Food, la empresa que provee el servicio de catering en los aviones de Air France, pusieron contra las cuerdas a sus accionistas durante la última asamblea general de la aerolínea relatando las precarias condiciones laborales en las que trabajan. Después de hacer oídos sordos durante meses, la dirección de Air France ha prometido presionar a su proveedora estadounidense, en la que trabajan 350 personas. 

Para ir a París a finales de mayo, Morena Henríquez pidió todos los días de vacaciones que le corresponden anualmente: cinco. Rafael León solicitó un permiso por el que no recibirá ninguna remuneración. Pero ni Morena, de 25 años, ni Rafael, de 38, viajaron desde Los Ángeles para hacer turismo. Ambos aterrizaron en Francia para denunciar sus condiciones de trabajo frente a los responsables y accionistas de Air France-KLM, reunidos el pasado 21 de mayo en la asamblea anual de la compañía.

Acompañados por el sindicato Unite Here, que reagrupa a 27.000 empleados norteamericanos, los dos trabajadores relataron sus vidas en las cocinas de Flying Food Group, un "socio privilegiado" de Air France –en palabras de la propia compañía francesa– encargado de preparar bandejas de comida para decenas de aerolíneas.

En 2014, la compañía facturó 436 millones de dólares y Air France es, desde hace veinte años, uno de sus principales clientes en Estados Unidos. Desde 2009, la empresa de catering aéreo, junto con su homóloga francesa Servair, cuenta con una estructura afiliada a Air France en un 97%: Flying Food Servair América. Esta sucursal pertenece a Flying Food (51%) y a Servair (49%) y controla las cocinas de cinco aeropuertos en todo el territorio americano.

Durante la prórroga de preguntas de la Junta General de Air France, Morena Henríquez fue la primera en tomar la palabra. Relató las jornadas de 10, 12 e incluso 16 horas de trabajo impuestas por su superior para mantener el ritmo de producción sin aumentar la plantilla. Asimismo, explicó su arduo trabajo a la hora de preparar y empaquetar las bandejas de comida en mitad de un gigantesco frigorífico, donde la temperatura no supera los cero grados, sin la equipación adecuada. Y también su sueldo miserable: 9,5 dólares la hora, lo que apenas supera en 50 céntimos el salario mínimo estipulado en Los Ángeles (cifra que el gobierno municipal ha decidido aumentar en dos tercios para el año 2020).

A esta situación se suma la inexistencia de un seguro de salud por parte de la empresa, lo que equivale a unos 300-400 dólares por familia. Los empleados deben afrontar con propio sueldo, que raramente supera 1.500 dólares al mes, esta carga adicional.

"Si usted se lesiona o enferma, tiene que elegir entre pagar el médico, pagar el alquiler o la compra de alimentos", explicó la joven a los accionistas de Air France-KLM, instándolos así a "colaborar" y a "trabajar juntos". Cierto malestar se podía sentir entre los accionistas que, esa misma tarde, apoyaron la candidatura de Alexandre de Juniac para continuar cuatro años más como director general de la compañía. En la entrada de la sala, Rafael León y Noel Rodríguez, de Unite Here, distribuían folletos para explicar y dar a conocer su situación.

Sin utensilios para trabajar 

Horas antes, los dos empleados estadounidenses detallaron sus quejas a Mediapart. Rafael, que trabaja como cocinero y cobra 10,25 dólares por hora, aseguró que para preparar mousses y platos refinados destinados a los viajeros de primera clase tiene que comprar sus propios cuchillos. "¡Trabajé durante dos años y nunca me prestaron un solo cuchillo! Y sucede lo mismo con otros muchos utensilios, carecemos de todo lo necesario para trabajar. Incluso de mesas, llegamos a preparar los platos en cuclillas. Sólo hay un horno, una parrilla y una freidora para cientos de empleados. Los trabajadores hacen cola para usarlos".

En un año, las cocinas de Los Ángeles (de la que Servair no es copropietario) pasaron de preparar las comidas de cinco aerolíneas a once: Air France, Aeroflot, China Airlines, Japan Airlines, KLM, etc... "Cuando nuestra cocina prepara las comidas para un nuevo vuelo, lo que se traduce en cientos de bandejas, no se amplía la plantilla. Muchas veces somos cuatro para sacar adelante el trabajo de seis o siete personas", explica Morena Henríquez. Entonces, las horas extraordinarias se multiplican y la jornada laboral se alarga sin contemplaciones. Los trabajadores hablan de un jefe duro que desprecia a sus empleados.

Según sus testimonios, los responsables de les gritan, insultan y no dudan a la hora de invitar a partir a aquellos que se quejan de las condiciones de trabajo. "Simplemente pedimos respeto, luchamos por nuestra dignidad –insiste Ramón León–. Todo el mundo debe respetar a los seres humanos. Pero nuestra empresa intenta mantener a sus empleados en un estado de sumisión. A mí me gustaría estar orgulloso de trabajar en esta compañía". 

"¡Esto es el siglo XIX!"

En enero, junto con otros ocho compañeros de trabajo, este cocinero presentó una demanda contra la compañía gracias al apoyo de Unite Here. Tanto la cocina de Los Ángeles, como la de Miami (de la que Air France si es copropietario), tienen un punto débil. El sueldo que reciben sus empleados corresponde al salario mínimo impuesto por el Estado, pero este no coincide con el salario mínimo estipulado por el municipio, "sueldo digno", para las empresas radicadas en su territorio y suscritas a esta iniciativa.

El espacio donde se encuentra la cocina del aeropuerto de Los Ángeles pertenece al ayuntamiento. Por lo tanto, y según la política de "sueldo digno", el sueldo mínimo corresponde a una remuneración de 16 euros por hora. Una diferencia importante para Rafael que vive con su esposa y sus dos hijos en un garaje convertido en apartamento donde todos comparten la misma habitación. Según los cálculos de Unite Here, la compañía debe cerca de 15 millones de dólares correspondientes a los sueldos y beneficios sociales que han ignorado hasta ahora.

Rafael León, de Unit Here, a la entrada de la asamblea general.

Fly Food rebate las afirmaciones de sus empleados y niega la existencia de malas condiciones laborales. Sin embargo, la empresa acaba de recibir un importante revés de la mano de la municipalidad de Los Ángeles. El pasado día 13 de mayo, el Ejecutivo instó a la sociedad a aplicar, tan pronto como sea posible y con carácter retroactivo desde el 1 de mayo de 2010, el "salario mínimo" a 271 empleados. Por ahora, la compañía se niega a acatar órdenes.

La responsabilidad de Air France 

El pasado 14 de abril en Los Ángeles tuvo lugar una huelga apoyada por el 60% de los 350 empleados que forman la compañía. Doscientos empleados de Chicago se unieron a estas protestas para denunciar la falta de medios y la precariedad de sus contratos. "Tomar la palabra te concede cierto poder y te abre muchas puertas –recalcó Morena Henríquez–. ¡Hace cuatro meses nadie nos conocía y ahora hemos llegado hasta París, es increíble!".

Esta joven tiene razones para alegrarse, al menos, en lo que concierne al apoyo francés: todos los sindicatos, CGT, CFDT y FO, apoyaron sus reivindicaciones. "Las condiciones en las que trabajan son totalmente inaceptables, es la esclavitud moderna, ¡Parece que hemos retrocedido al siglo XIX!", condenó Karine Monségu, representante de la CGT de Air France. Monségu prometió que su sindicato hará "todo lo posible para apoyarles, incluso presentarse en Estados Unidos".

A partir del mes de febrero, Unite Here hizo saltar la alarma con numerosas cartas y peticiones para reunirse con responsables de Air France, Servair e incluso con la Agencia de Intereses del Estado, ya que el propio Estado norteamericano es accionista de Air France-KLM (el pasado mes de mayo invirtió 42 millones de euros para aumentar su capital de un 15,88 % a un 17,58 %), todo esfuerzo fue en vano. Ningún responsable respondió a sus demandas.

Sin embargo, durante la última reunión de la Junta General de Accionistas en París, el director general de Air France, Frédéric Gagey, respondió directamente a la cuestión. Recordó que la compañía no es propietaria de la estructura de Los Ángeles y, por lo tanto, no tiene "ninguna legitimidad en la gestión operativa", así mismo aseguró que había transmitido en repetidas ocasiones las quejas de los empleados de Flying Food, y que tanto Air France como Servair garantizarían el respeto de los derechos sociales en sus empresas asociadas. Declaraciones que fueron confirmadas por el director general de Servair, Michel Emeyriat, en un encuentro con la pequeña delegación de empleados tras la Asamblea General.

"Nosotros no podemos hacer mucho más que retransmitir las preguntas y demandas a Flying Group, nos encontramos en una situación desoladora", remarcó un representante de Servir a Medipart. "Esperamos que Flying Group arregle la situación, sino corremos el riesgo de que Air France pague todas las consecuencias". Y de hecho, como Unite Here recuerda desde hace meses, Air France está oficialmente comprometida a presionar a sus socios y subcontratas para que respeten los derechos de sus trabajadores. Así lo estipula su carta social y ética que también concierne a Servair. "Esperamos que Air France respete sus propias reglas. No somos nosotros quienes hemos escrito esta carta de principios y valores. ¿Existe sólo a modo decorativo?", se interroga Noel Rodríguez, miembro del sindicato de trabajadores.

"Nos encontramos ante un ejemplo que concierne directamente a esta carta de derechos –confirma Christian Magne, representante de los trabajadores en el Consejo de Administración de Air France-KLM–. A día de hoy, las buenas prácticas parecen tomar forma. Hubiera sido mejor si esto se hubiera puesto en marcha hace mucho tiempo, pero el mensaje de la municipalidad de Los Ángeles, que estima ilegal las prácticas de Flying Food, supone un fuerte empujón en esta lucha".

------------------------------------Traducción: Irene Casado Sánchez 

El "niño modelo" de Europa, según definió a España el Deutsche Bank, no lo es para Bruselas. La Comisión Europea no se cree las cuentas del Gobierno para 2015, coloca a España entre los países con más desequlibrios económicos en sus cuentas públicas –junto a Grecia y Chipre– y pide nuevos ajustes para cumplir con los objetivos de déficit (4,2% en 2015 y menos del 3% en 2016), además de una nueva vuelta de tuerca al mercado laboral. "El ajuste sigue incompleto", advierte Bruselas un mes antes de que entre en vigor una reforma que prevé una rebaja de impuestos de 9.000 millones de euros en dos años.

Pese a los recelos de la Comisión Europea, que estima un crecimiento para España el próximo año del 1,7% frente al 2% previsto en los presupuestos, el Gobierno está tranquilo. Cree que el cálculo de Bruselas sobre el déficit de 2015 en España (4,6%, cuatro décimas por encima de la previsión oficial) se debe sólo a que los técnicos de la Comisión son un poco más pesimistas sobre las previsiones de crecimiento. Como marca el guión, el ministro de Economía, Luis de Guindos, descartó que el Ejecutivo vaya a aprobar ajustes adicionales.ajustes adicionales

España, aunque ha mejorado con las reformas que alaba Bruselas (en 2013 incumplía seis indicadores de 11 y ahora "sólo" cinco), sigue mostrando desequlibrios respecto a los objetivos del Tratado de Estabilidad. Según el documento (página 40) elaborado por Bruselas, España incumple en paro (24,1% de media en tres años frente al 10% objetivo); deuda pública (92,1% del PIB frente al 60%); deuda privada; cuota de mercado exportador y posición neta en inversión internacional.

Cumplidores e incumplidores

Bruselas mantiene a España en el "pelotón de los torpes" por desequilibrios entre ingresos y gastos. En la división que hace el Gobierno comunitario entre países que cumplen (Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Eslovaquia), los que cumplen a medias (Estonia, Letonia, Eslovenia y Finlandia) y los que no van a cumplir, España ocupa lugar en este último bloque junto con Bélgica, Francia, Italia, Malta, Austria y Portugal. Estos siete países son, en opinión de los técnicos de la Comisión, el mayor peligro para la estabilidad de la eurozona. Es su conclusión tras analizar los borradores presupuestarios de 2015.

En ese contexto, la Comisión Europea desconfía de los presupuestos elaborados para 2015 por un Gobierno que presume de haber dejado atrás la crisis y haber convertido a España en el motor de crecimiento de la eurozona. “El proyecto (de presupuestos)", dice Bruselas, "no asegura el cumplimiento de los objetivos fiscales.objetivos fiscales La Comisión invita a las autoridades a tomar las medidas necesarias”. “España ha hecho ciertos progresos relativos a la parte referida a las reformas estructurales incluidas en las recomendaciones del Semestre Europeo”, pero “debe hacer más progresos”, concluye la Comisión. 

Los números no salen. Al menos, no salen para Bruselas, que expide su receta para solucionar el problema: una reducción de los tipos impositivos del impuesto sobre la renta; una nueva reducción –temporal— de las cotizaciones sociales para los nuevos contratos firmados en 2014 y medidas correctoras” para los Gobiernos autonómicos que no cumplan con los objetivos fiscales.

Otra vuelta de tuerca

El Comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, concretó el llamamiento al Gobierno para que dé otra vuelta de tuerca a la reforma laboral. La Comisión, dijo Moscovici en una conferencia de prensa recogida por Europa Press, es "consciente de que el paro es el principal problema" el parode España en términos de desequilibrios macroeconómicos y por ello, según ha dicho Moscovici, recomienda al Gobierno "reformas estructurales, en particular en el sector del mercado de trabajo".

La confianza del Gobierno en que el crecimiento de la economía bastará para cubrir cualquier desequilibrio no sólo provoca desconfianza en Bruselas. También los responsables con más y mejor información oficial –los del Banco de España– han alertado sobre el posible incumplimiento del objetivo de déficit en 2015.

La lupa está sobre los presupuestos del año próximo. Han sido elaborados, según el Gobierno, para apuntalar la salida de la crisis. En realidad, las cuentas del Estado, aún sin recortes añadidos como reclama Bruselas, no supondrán ningún alivio para la población más golpeada por la crisis desde 2008.

Menos parados y menos prestaciones

Los presupuestos prevén un descenso del número de parados de 5,6 millones a 5,2 millones, pero al mismo tiempo recogen un ahorro cercano  a los 4.500 millones en el pago de prestaciones. Resultado: el número de parados sin ningún tipo de protección crecerá por encima de los 1.600.000 actuales.

Para los jóvenes menores de 25 años, la situación aún será peor. El último dato coloca la tasa de paro en este colectivo en el 53,8% (49,3% en Grecia) pero al año próximo la renta básica de emancipación sólo alcanzará los 14 millones (40 millones en 2014), sin que la puedan cobrar nuevos perceptores. nuevos perceptores

Poco a poco los organismos internacionales que supervisan el estado de salud de la economía globalizada aflojan el nudo. La OCDE, el FMI y también la Comisión Europea empiezan a admitir que las políticas de austeridad en Europa -el "austericidio", según el término acuñado por economistas críticos- han llegado al límite.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por primera vez, ha admitido que los recortes salariales "corren el riesgo de ser contraproducentes" y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha solicitado a la única locomotora económica que queda en la eurozona, Alemania, que suba salarios e invierta más en infraestructuras para animar la demanda del conjunto.

El presidente saliente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en un Foro sobre la Política de Cohesión celebrado en Bruselas este martes, ha admitido que la austeridad no ha sido la panacea y ha perjudicado especialmente a países como España y Grecia. La cicatriz más visible en ambos casos es la tasa de paro que soportan: 27,2% en Grecia (dato OCDE de mayo) y 24,5% en España.

Los efectos de los recortes

En declaraciones recogidas por Radional Nacional de España (RNE), Barroso sostiene que "lamentablemente, la consolidacion fiscal no ha sido tan favorable al crecimiento como la Comisión Europea proponía" y ha perjudicado especialmente a países como España y Grecia "donde la inversión pública ha caído un 60%".

El reconocimiento del error no es nuevo. Barroso ya dijo en 2013 que la austeridad que impulsa sobre todo Alemania y su canciller Merkel "si bien creo que es la política correcta" había "llegado a sus límites". Un año después, con el paro enquistado (11,5% de media en la eurozona), más déficit, más endeudamiento (98,40% del PIB en España) y al borde de la deflación, los organismos internacionales más ajustados a la ortodoxia neoliberal empiezan a admitir que quizá conviene reducir la presión.

"Es más una adaptación del discurso que un cambio", asegura el economista Julio Rodríguez (Economistas Frente a la Crisis). "No rompen con la ortodoxia -explica- pero muestran que les preocupa la situación de semideflación en Europa".

Para el sindicato UGT, más allá de algunas propuestas puntuales como frenar el ajuste salarial y cambiar el régimen fiscal de la sicav, nada ha cambiado: "la OCDE vuelve a errar en sus recomendaciones y en su aplauso a las reformas del Gobierno del PP". El economista José Carlos Díez, por su parte, considera que son "las mismas recomendaciones desde los años 60".

El mantra de las reformas

Sin renunciar al mantra de "reformas, reformas y más reformas" que se repiten mes tras mes, informe tras informe, tanto en la OCDE como en el FMI -más agresivo si cabe-, se observa un cierto cambio en el lenguaje. El mismo FMI que ahora constata en Europa un crecimiento "demasiado débil para crear los empleos necesarios", con una recuperación "muy desigual entre los países del norte y del sur", reclamaba en su informe de 2013, para España, bajadas de salarios de entorno al 10%. 

La petición del FMI para reducir salarios ha sido una constante de los últimos ejercicios. En enero de este mismo año, tras admitir que los salarios habían caído en España, recetaba más ricino: "la caída de los salarios que se ha producido desde el año 2010", aseguraba, "no ha sido suficiente para compensar la excesiva subida de los años anteriores".  Insaciable, en julio, el Fondo abogó por reducir el salario mínimo interprofesional (SMI) -645 euros actualmente en España-, reducir la presión fiscal al empleo y reformar los subsidios de desempleo.

Carmelo Tajadura, subdirector del Instituto de Macroeconomía y Finanzas de la Universidad Camilo José Cela, cree que tanto el FMI como la OCDE muestran en su discurso "un cambio de matiz" que en lo que se refiere a los salarios y en el caso de España ve "poco lógico". "La economía española debe seguir creciendo por la vía de las exportaciones más que por la vía del consumo apoyado en las mejoras salariales, algo que, por cierto, no es competencia de los Gobiernos sino de las empresas" señala este economista.

En todo caso, la coincidencia entre el FMI y la OCDE es plena. La OCDE ha recomendado a España lo mismo en los últimos cinco años: reducción de salarios para recuperar la competitividad -una relación desmentida por los datos del Foro Económico Mundial-, más flexibilidad en el mercado de trabajo (los contratos temporales en agosto superaron el 93% del total) y despidos más baratos.

También las jubilaciones

Ni  la OCDE ni el FMI se han olvidado de las jubilaciones. En 2010, el Fondo alertaba que "España se enfrenta a una fuerte presión sobre el gasto [en pensiones] por el envejecimiento y el lento crecimiento de su población". Solución: retrasar la edad de retiro. Para el organismo, retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años y su vinculación a la esperanza de vida "fortalecería la sostenibilidad del sistema y acercaría a España a lo que ya han hecho sus socios europeos". 

Pero para la OCDE la receta de retraso en las jubilaciones de los colegas del FMI se quedaba incluso corta. En 2012, el organismo que dirige Ángel Gurría apretó la tuerca. La organización no sólo abogó por ir más allá de los 67 años, contabilizando un mínimo de 35 años cotizados, sino que defendió incentivos para convertir en obligatoria la suscripción de pensiones privadas. La OCDE propuso, sin tapujos, incitar a elevar la edad de retiro incluso por encima de ese listón y consideró que una forma "efectiva y transparente" de hacerlo es vincularla a la esperanza de vida, como ya se ha estipulado en Dinamarca y en Italia.

La modulación de última hora en el discurso de las dos organizaciones no impide que OCDE y FMI mantengan sus esencias argumentales. Ambas defienden endurecer más la reforma laboral, subir impuestos indirectos, reducir exenciones fiscales y limitar el IVA reducido, entre otros puntos. Pero es muy difícil mantener el discurso invariable cuando hasta el Banco Central Europeo (BCE) admite por la vía de los hechos que las políticas de austeridad no han dado resultados sino más bien al contrario.

La alarmante situación de la eurozona en precios y crecimiento, con las locomotoras Alemania y Francia estancadas e Italia en recesión técnica, han obligado a actuar al BCE. Con los tipos reducidos al 0,05%, el presidente de la autoridad monetaria europea, Mario Draghi, ha anunciado que habrá compras de deuda privada para intentar animar la actividad y el crédito. 

"Las autoridades europeas se han dado cuenta de que seguían un camino suicida y están revisando las políticas a aplicar" asegura el director de la Fundación Primero de Mayo, Bruno Estrada. "A cambio de reformas en Francia o Italia, abrirán la mano en cuestiones como la contabilización del déficit" concluye. 

Una situación alarmante

La apuesta por la acción del BCE -una decisión que no fue unánime en el consejo de la entidad- revela que la situación, tras un lustro de políticas de ajuste, es alarmante. De ahí los tímidos cambios en el recetario tradicional del FMI y de la OCDE. Como en el boxeo, retroceden golpeando. "El ajuste salarial ha jugado un importante rol a la hora de ayudar al mercado laboral a capear la profunda recesión cíclica", se defiende la OCDE en su último informe, "reduciendo las pérdidas de empleos y promoviendo la contratación en la recuperación".

El discurso más matizado de los organismos internacionales no llega al punto de reconocer errores. El FMI admitió algunos en el pasado reciente (por ejemplo el error en el cálculo del efecto multiplicador de la reducción de gasto público en la caída del PIB). No tuvo consecuencias pese a que ocasionaron o aumentaron el sufrimiento de países como Grecia o España en el inicio de la crisis.

El fondo de alto riesgo Bridgewater, uno de los mayores del mundo, ha apoyado públicamente las aspiraciones del ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para presidir el Eurogrupo. Bridgewater, como otros fondos y sociedades de inversión, que también han alabado la política de ajuste del Gobierno, tiene buenas razones para respaldar al ministro, al fin y al cabo, uno de los suyos. De Guindos fue director de Lehman Brothers para España y Portugal hasta 2008 y ha facilitado con sus medidas que la inversión de los fondos especulativos en España haya crecido espectacularmente, un 51% entre 2009 y 2013, coincidiendo con la crisis.

Pese a los apoyos, el ministro español no lo tiene fácil. El holandés Jeroen Dijsselbloem, actual presidente del Eurogrupo, ha confirmado que tiene intención de seguir en su cargo hasta que expire su mandato en verano de 2015. Además, lanzó una carga de profundidad contra él al asegurar que la presión de España para hacerse con el puesto para el ministro Luis de Guindos no es necesariamente buena para la institución.

Pese a todo, Guindos cuenta con bazas. No se trata sólo de Bridgewater. Sin personalizar los respaldos en un ministro concreto, otros gigantes de la inversión internacional como Pacific Investment Management Company (Pimco), compañía especializada en la inversión en renta fija, también hizo público el respaldo a las políticas de ajuste y de poda del Estado de bienestar del Gobierno español.

En un encuentro de inversores profesionales celebrado en Madrid en junio (Spanish Summit), el vicepresidente de Pimco, Myles Bradshaw, alabó las reformas –laboral, financiera y bancaria– planteadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, aunque defendió más contundencia en la reforma laboral. A la pregunta de si Rajoy debería perseverar en el camino que le marcan desde hace tres años el FMI, la OCDE y una Comisión Europea controlada por la Alemania de Ángela Merkel, Bradshaw contestó con un rotundo "sí".

A la búsqueda de oportunidades

Todos y cada uno de los ajustes planteados han sido acogidos con alborozo por los gestores a la búsqueda de oportunidades. En las publicaciones especializadas, los directivos de fondos –de Alemania (DeAW) a EE UU (BNY Mellon IM)– han mostrado su apoyo explícito a las políticas de austeridad aceptadas y aplicadas por el Gobierno. En especial a la reforma laboral y a la financiera.

Laura Sarlo, de Loomis Sayles & Co, explicó en Funds People recientemente que los cambios en el sector financiero "han dado a los inversores confianza en que los activos están apropiadamente valorados y provisionados por si fuera necesario”. Otro tanto para De Guindos, un ministro capaz de definir el rescate para la banca como un simple "préstamo en condiciones ventajosas" para el sistema financiero.

Las alabanzas a las políticas diseñadas por el equipo económico de Rajoy, empujado por las exigencias del FMI, el BCE y la Comisión Europea, han sido abundantes y generosas. Basta un ejemplo: Joshua McCallum y Gianluca Moretti, economistas de UBS Global AM, gestora de fondos de UBS, han destacado en sus análisis que España haya corregido en menos de cinco años su competitividad de cara al exterior y haya logrado reducir un 10% los costes laborales hasta lograr un pequeño superávit por cuenta corriente. “La magnitud del ajuste es comparable al que hizo Alemania a principios de los 2000. Sin embargo, en contraste con España, Alemania disfrutó del apoyo de un robusto crecimiento global durante aquellos años”, destacaron McCallum y Moretti.

Desde el punto de vista de los gestores de fondos, sean de riesgo o simples compradores de deuda, los halagos están justificados. Las reformas han abierto muchas oportunidades de negocio. Desde 2009, los fondos especulativos internacionales han cerrado 116 operaciones116 operacionesde adquisición en España por importe de 24.317 millones de euros, según las informaciones de operaciones recabadas por infoLibre con datos de la CNMV y publicados por la prensa nacional e internacional con operaciones cerradas (documento adjunto).

Reformas por decreto

De Guindos, además, no ha dudado en tirar de decreto para reformar leyes (caso de la Ley Concursal) que favorecen las posiciones de la banca, pero también de los fondos especulativos, en empresas con problemas de financiación. Aunque el Ministerio de Economía vendió los cambios en la ley como una fórmula para facilitar ayuda financiera a empresas viables pero con problemas de endeudamiento, los cazadores de oportunidades vieron muy pronto una puerta abierta.

Así explicó un experto del bufete Gómez-Acebo & Pombo a potenciales clientes (fondos y gestoras)  la reforma de la Ley Concursal diseñada por De Guindos: “[El pasado 7 de marzo] el Gobierno español aprobó una importante reforma de la legislación concursal que está destinada a favorecer la PE (private equity) y la inversión HF (hedge funds) en España”. La frase forma parte de una carta de convocatoria a una presentación del bufete en Nueva York.

Los inspiradores de la reforma de la Ley Concursal fueron antiguos socios y conocidos del ministro De Guindos de las sociedades N+1 y McKinsey. El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el actual presidente de N+1, Santiago Eguidazu, coincidieron en la sociedad de intermediación bursátil AB Asesores en los años 90. N+1, sostienen fuentes financieras, mantiene una interlocución muy fluida con el Ministerio de Economía.

El origen de la idea

Fuentes bancarias y de las propias firmas confirmaron a infoLibre que la idea de diseñar una norma para facilitar la financiación de empresas en problemas partió de N+1 y Mckinsey en torno al verano pasado. La idea se presentó al ministerio en forma de estudio y comparativa de la legislación internacional.

Una portavoz del Ministerio de Economía negó que hubiera asesoramiento alguno. Admitió, eso sí, que "(N+1 y McKinsey) hicieron llegar un papel al ministerio que se recibió como otros muchos". Según el ministerio, la prueba de que no hubo tal labor de asesoramiento es que N+1 y McKinsey proponían la constitución de un vehículo respaldado por el Estado para empresas con problemas (una especie de banco malo) que no se aceptó.

Cada año, el World Economic Forum examina la competitividad de las economías de 148 países. En la última clasificación (página 15 del documento), España ocupa el puesto número 35, el mismo que un año antes, pese a la fuerte reducción de los salarios que se viene registrando desde finales de 2009, con pérdidas de poder adquisitivo que superan el 9% según especialistas como José Ignacio Pérez Infante. Mucho esfuerzo y escaso fruto.

La realidad es tan clara que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha admitido que las rebajas salariales han llegado a un punto perjudicial para la estabilidad de la economía, y el presidente del BCE, Mario Draghi, sin mencionar a España expresamente, ha admitido este jueves que hay países de la eurozona donde los trabajadores se incorporan al mercado laboral "con salarios de los años 80". Las afirmaciones de la OCDE y de Draghi dejan en evidencia a quienes niegan que en España se hayan reducido los salarios, entre ellos al presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell.

Todo dato tiene su contexto. El puesto 35 en el ranking de competitividad del WEF que encabezan Suiza y Singapur mejora en cuatro puestos el lugar de España en 2011 (39) y en siete el que ocupó en 2010 (42). Pero los recortes salariales, tras la reforma laboral que ha precarizado el mercado de trabajo hasta el extremo (93,4% de contratos temporales en agosto), no han logrado reubicar a la economía española. En 2008, España ocupaba el puesto 29, y el 33 en 2009.

El examen del WEF por apartados concretos apunta dónde están las debilidades. En la clasificación de la situación de las instituciones, España ocupa la posición 73, y en situación macroeconómica (pese al triunfalismo oficial), la 121. Mejora al examinar las infraestructuras (puesto 9), educación superior (29) y salud (34).

Proceso de devaluación interna

La pregunta a contestar es por qué los fuertes recortes salariales, eje del proceso de devaluación interna de la economía, no empujan la competitividad con la misma fuerza. "La competitividad" -responde Pérez Infante, economista miembro de la Asociación Española de Economía del Trabajo- "no depende sólo de los salarios". En su opinión, hay tres factores que explican por qué la economía española no avanza más en competitividad pese a los fuertes recortes salariales, reconocidos incluso por el Gobierno: "hay costes no laborales, como la energía, que contrarrestan las bajadas salariales; se mantienen sectores monopolísticos que obstruyen el traslado de las caídas salariales a los precios y el euro se ha revalorizado".

Para Antonio González (Economistas Frente a la Crisis), "basta ver el comportamiento de las exportaciones para concluir que la brutal contracción salarial, de cinco o seis puntos nominales desde 2002, no ha mejorado la competitividad". La clave, según este experto, está en que las empresas no trasladan a los precios los ahorros por costes laborales. Caen los salarios, pero el ahorro se traduce en un aumento de los beneficios más que en competitividad. Ello explica que las exportaciones se hayan frenado y hayan crecido apenas un 0,8% en el año (dato de julio).

La Agencia Tributaria, en su informe de ventas y empleo de julio, estima que la retribución media en las grandes empresas españolas -"las que exportan de verdad" apunta González- cayó un 1% respecto a un año antes. Mientras, aumentaban las ventas un 2%. Menos salarios, pero más beneficios. En las empresas del Ibex, el primer semestre cerró con un aumento de beneficios del 12% (14.500 millones de euros). Previamente, los empleados de esas mismas empresas sufrieron un recorte salarial del 4,5% en 2013, según un informe de CC OO.

Empresas estratégicas y monopolios

"Empresas estratégicas, en sectores monopolísticos, han aumentado los márgenes de ganancia" explica Pérez Infante, convirtiendo en "una falacia" la relación directa entre recortes salariales y competitividad. Se ha llegado a un punto que preocupa incluso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). En su último informe, la organización que agrupa a 30 países (70% del comercio mundial) alerta de que en países como España, para los que defendió en su día los recortes de costes laborales, puede haberse llegado ya al límite.

Según la OCDE, en Grecia, Irlanda, Eslovenia y España, lo salarios reales "han caído entre un 2% y un 5% de media". En concreto,  desde el primer trimestre de 2009 al cuarto trimestre de 2013, los salarios reales por hora en España bajaron un 1,8%, el cuarto mayor descenso entre los 34 miembros de la OCDE, solo por detrás de los rescatados Grecia (-5,2%), Portugal (-2,2%) e Irlanda (-2%). La organización alerta del peligro de seguir por la misma senda y advierte  de que profundizar en el recorte de ingresos de los trabajadores sería "contraproducente" y elevaría el riesgo de probreza, a la vez que deprimiría la demanda.

Para muchos es una conclusión tardía, y para otros, como el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, exagerada. Rosell aseguró en una entrevista radiofónica en Gestiona Radio que los sueldos crecerán este año el doble que la inflación, por lo que negó que exista una rebaja salarial en España.

El rescate bancario se cerró en enero. El Gobierno calificó la salida del programa de ayuda de "limpia" y dijo adiós a los hombres de negro de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) que ordenaban y supervisaban la marcha de la economía. Pero la presión de la troika se mantiene. La Comisión Europea ha examinado el Programa de Estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas y ha decidido sumarse al apretón del Fondo Monetario Internacional (FMI) –que visitó España la pasada semana– para que el Ejecutivo suba el IVA , el IBI y otros impuestos indirectos, de otra vuelta de tuerca a la reforma laboral y reduzca el gasto público.

La Comisión Europea sostiene en sus recomendaciones que las previsiones enviadas por el Gobierno de Rajoy a la Comisión pueden ser creibles en las cifras que se refieren a 2014 (crecimiento del 1,2% y déficit del 5,5%), pero no en las de los años sucesivos. "La estrategia presupuestaria perfilada en el programa se ajusta solo en parte a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento" sostiene la Comisión. El ejecutivo cominitario estima, por poner un ejemplo, que el desequilibrio fiscal de España en 2015 alcanzará el 6,1%, frente al 4,2% en el que está fijado el objetivo. Eso equivale a un ajuste de unos 19.000 millones de euros.

Ante la duda, Bruselas se apunta a las tesis de dureza del FMI: aboga por subir impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales), rebajar cotizaciones sociales, reducir el número de tipos de contrato, endurecer el acceso a las prestaciones por desempleo y vigilar muy de cerca los agujeros detectados en las cuentas del Estado. Esos agujeros  han sido parcheados a duras penas: desde el déficit tarifario eléctrico (30.000 millones) a las autopistas en quiebra (entre 5.000 y 6.000 millones de deuda), pasando por el "banco malo" (Sareb) al que se traspasaron activos inmobiliarios dañados de los bancos nacionalizados por 50.000 millones de euros. 

La Comisión Europea vuelve a instar al Gobierno a utilizar las políticas activas de empleo –formación y recualificación profesional– para reducir la "elevadísima" tasa de paro. Y repite, de nuevo, que debe modernizar los servicios públicos de empleo y utilizar a las agencias privadas de colocación para mejorar la búsqueda de trabajo a los parados. Tres aspectos en los que el documento de Bruselas dice que el Ejecutivo va "rezagado" y "con retrasos", pero donde, en realidad, ni siquiera se ha movido desde 2012. La puesta en marcha de la colaboración privada con el antiguo Inem lleva pendiente desde hace tres años.

Bruselas también le pide al Ejecutivo que reduzca el tipo de contratos de trabajo, pese a que se supone que ya lo ha hecho. En teoría, desde enero sólo hay cuatro –indefinido, temporal, de formación y aprendizaje, y en prácticas, antes eran 42–, pero como el propio Ministerio de Empleo se esforzó en su día en precisar, lo que se hizo fue una mera reducción de categorías administrativas. También ha repetido una y otra vez Fátima Báñez que la reforma laboral "ya está hecha" y que sólo quedan "pequeños ajustes". Pero los que le reclama la Comisión Europea no son pequeños precisamente: abaratar los costes de despido y endurecer los requisitos para acceder a las prestaciones por desempleo son medidas de calado que deberá poner en marcha en un año preelectoral.

Gasto público

Sobre el gasto público, el cimiento de los servicios sociales, Bruselas no quiere paños calientes. Aboga por una "reducción sistemática" en todos los niveles de la Administración antes de febrero de 2015. Se trata de recortar y no de reducir sólo su peso relativo en relación al crecimiento de la economía, como pretende el Gobierno.

La petición de la Comisión Europea se suma a las críticas que lanzó a principios de mayo, junto al Banco Central Europeo, en el primer informe de vigilancia tras el fin del rescate bancario. Entonces, ambos organismos criticaron el retraso del Gobierno español en algunas reformas, como la de las políticas activas de empleo y la modernización de los servicios públicos de empleo, así como en la ley de liberalización de los servicios profesionales o la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Bruselas sabe que el Gobierno prepara ya el campo para las elecciones generales del año próximo y marca una hoja de ruta muy alejada de lo que ha adelantado el Ejecutivo de Rajoy. Así, en materia tributaria, frente a las proclamas de bajadas de impuestos, Bruselas pide a España que adopte antes de fin de año "una reforma fiscal completa para hacer el sistema tributario más simple y que favorezca el crecimiento y la creación de empleo, la preservación del medio ambiente y la estabilidad de los ingresos".

Bruselas rellena ese marco con medidas concretas: considera necesario reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y, en cambio, subir impuestos que graven el consumo. De bajadas del IRPF, ni hablar.

Hombres de negro

En su reciente visita a España, el jefe de la misión para España, James Daniel, admitió  que la subida de los impuestos indirectos y del IVA (mediante la eliminación de los tipos reducidos) puede afectar muy negativamente a las capas más desfavorecidas, las que más han sufrido los efectos de la crisis. Por ello, abogó por medidas que compensen esos efectos. Pero el FMI no concretó las medidas. Daniel aseguró al respecto que la decisión de apoyar a los desfavorecidos que reciban ese nuevo castigo es "cosa de cada Gobierno".

La Comisión Europea reconoce, en su análisis previo a las recomendaciones, la "limitada eficacia" que ha tenido "la protección social para reducir la pobreza", de forma que España sufre ahora "una de las mayores caídas de la renta familiar disponible y uno de los mayores niveles de desigualdad de la renta de la UE".

La presión de la troika, aunque sea por separado, empuja a España por la senda del sacrificio, trillada en los úitmos cuatro años. Para evitar el desplome del sistema financiero, rescatar a la banca y mantener el pulso de la economía, el país ha hecho un esfuerzo fiscal sin precedentes esfuerzo fiscal(30.000 millones por subidas que han afectado a todos los impuestos), ha devaluado salarios y ha apuntalado el sistema bancario con más de 100.000 millones (datos del Tribunal de Cuentas). Además, ha sufrido una reforma laboral que ha llevado al país a tasas de desempleo de en torno al 26 % (25,9% según la última EPA) y ha reducido el número de ocupados a 16.950.000, cifras de 2002.

La intensidad del sacrificio no se corresponde con la mejora de los desequilibrios. Las estimaciones adelantadas por la Comisión Europea sobre la economía española recogen que en 2015 el déficit público se situará en el 6,1% del producto interior bruto (PIB),  lejos de la estimación oficial del Gobierno (4,2%).

España ha realizado en los últimos cuatro años un esfuerzo ímprobo (enorme, excesivo) para cumplir con los ajustes que exigía el FMI, el BCE y la Comisión Europea. Las pruebas están en las estadísticas nacionales (INE) e internacionales (Eurostat). Para evitar el desplome del sistema financiero, rescatar a la banca y mantener el pulso de la economía, el país ha hecho un esfuerzo fiscal sin precedentes (30.000 millones por subidas que han afectado a todos los impuestos), ha devaluado salarios y ha apuntalado el sistema bancario con más de 100.000 millones (datos del Tribunal de Cuentas). Además, ha sufrido una reforma laboral que ha llevado al país a tasas de desempleo de en torno al 26 % (25,9% según la última EPA) y ha reducido el número de ocupados a 16.950.000, cifras de 2002.

La intensidad del sacrificio no se corresponde con la mejora de los desequilibrios. Las nuevas estimaciones adelantadas por la Comisión Europea sobre la economía española recogen que en 2015 el déficit público, la diferencia entre ingresos y gastos, se situará en el 6,1% del producto interior bruto (PIB), muy lejos de la estimación oficial del Gobierno español que prevé un 4,2%.

Ese objetivo de déficit, señalan fuentes al tanto de los contactos que sindicatos y empresarios han mantenido con el presidente Mariano Rajoy en La Moncloa, es arriesgado hasta para los defensores a ultranza del optimismo. Rajoy, indican esas fuentes, es más realista en privado que en público. Confía al parecer en que Bruselas rebaje el objetivo el año próximo.

Algo no cuadra. Los números que maneja Bruselas son muy distintos a los que maneja el Ejecutivo español. La Comisión Europea sostiene que entre el año 2011, cuando el déficit público (sin ayudas a la banca) se situó en el 8,9% del PIB y el año 2015, el déficit apenas se habrá reducido en 28.000 millones (cada punto del PIB equivale a 10.000 millones). Demasiado esfuerzo para tan magro resultado.

Ingresos y gastos

La diferencia de cálculos, especialmente en 2015, obedece a que el Gobierno y el Ejecutivo comunitario manejan información muy diferente sobre cómo evolucionarán los ingresos del país a partir del próximo año. Según el Gobierno, la anunciada reforma fiscal, que no contempla subidas impositivas sino ahorros en el impuesto del IRPF (2.485 millones en 2015) y en el impuesto de Sociedades (607 millones), será compatible con una subida de la recaudación por el aumento de las bases imponibles. Es el estribillo de la canción del optimismo: más actividad, más empleo, más consumo, más ingresos.

Las cuentas de Bruselas son otras. Para los técnicos de la Comisión lo que cuentan son los hechos, no las promesas. Y los hechos son que, a falta de la luz verde a la reforma fiscal, los recargos "temporales" aprobados en 2012 dejarán de existir en 2015. Por ello, la recaudacion fiscal que prevé el Ministerio de Hacienda (38,8% del PIB) será dos puntos inferior.

Por si acaso los ingresos no se comportan como está previsto, el Programa de Estabilidad 2014-2017 elaborado por el Gobierno y enviado a Bruselas, en su página 90, mantiene engrasado un candado de seguridad: si es necesario subirán impuestos.

Posibles subidas impositivas

El párrafo dice así: "La capacidad de recaudación quedará garantizada mediante la ampliación de las bases imponibles. Adicionalmente, el Gobierno estudiará diversas alternativas, entre otras posibles, la imposición sobre la propiedad, la imposición medioambiental con el menor impacto posible en la competitividad, mecanismos de pago por uso de servicios, el incremento de los impuestos por uso frente a los que gravan la transmisión de la propiedad o la imposición sobre el sector financiero en el marco armonizado de la UE".

Todo, aliñado con las dosis adecuadas de optimismo: "Mediante la rebaja del IRPF" añade el Programa "se potenciará el crecimiento de la demanda interna, y de este modo, el aumento del consumo generará un incremento de la recaudación por impuestos indirectos".

Donde Gobierno y Comisión Europea mantienen menos discrepancias es en el dato de evolución de la deuda pública.Bruselas cree que la deuda pública española superará este mismo año el 100% del PIB (100,2%) y el Gobierno reserva esa marca para el próximo año.

El club de los deudores

España entrará a formar parte así en el grupo de países que deben más que la riqueza que son capaces de generar en un año, el 100% de su producto interior bruto (PIB). En dos años, la deuda pública española se ha incrementado en 250.000 millones. En el caso de España, adeudar el 100% del PIB equivale a deber 1,02 billones de euros que suponen cada año el pago de 36.590 millones de euros (presupuesto 2014) sólo en intereses.

El descenso de la prima de riesgo de los útimos meses apenas si alivia la carga. Desde el inicio de la crisis en 2007, la gestión deuda pública ha crecido 56,5 puntos (desde el 37% del PIB).

La CEOE recibió en 2013 un total de 5,56 millones de euros en subvenciones públicas, de los que 3,26 millones proceden de los planes de formación de trabajadoresplanes de formación de trabajadores. El resto los percibe por su participación en los órganos consultivos de la Administración y en virtud de convenios con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), el Ministerio de Sanidad o la Fundación de Riesgos Laborales.

Según consta en el informe de auditoría correspondiente al último ejercicio que la patronal hizo público ayer, el pasado diciembre firmó convenios con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cinco convenios para ejecutar planes de formación –de jóvenes, autónomos, trabajadores de oficinas, tecnologías de la información– por importe de 4,45 millones de euros. En 2012 fueron sólo tres convenios y por un monto inferior: 3,86 millones. También afirma la CEOE haber devuelto 68.000 euros el año pasado de las subvenciones no gastadas que recibió en ejercicios anteriores. Al tiempo, gastó 2,8 millones para ejecutar esos planes de formación –que subcontrata–, la mitad que en 2012.

La patronal ingresó en 2013 por cuotas de sus socios un total de 6,39 millones de euros, que se elevan a 11,41 millones si se incluyen los ingresos por “aportaciones y patrocinios”. La CEOE asegura así que ésa es su “principal fuente de ingresos”. Las cuotas han caído así un 5,7% respecto a 2012 debido a la crisis económica. El número de empresas asociadas, explica en el informe de gestión, ha descendido de 140 a 128 en un año. El número de organizaciones ha caído de 232 a 224. Por eso la asamblea general ha pasado de 826 vocalías a 775 en 2013.

Recorte de plantilla y de sueldos

La caída de los ingresos ha forzado también una reducción de personal en la CEOE. La plantilla de 108 empleados en 2012 se ha quedado en 101. En pagar las indemnizaciones del recorte la patronal ha empleado 2,01 millones de euros, incluida la del director de Relaciones Laborales, José de la Cavada, despedido el pasado enero con la compensación mínima legal: 20 días por año trabajado.

También se han reducido las retribuciones de los miembros de la Junta Directiva y de la cúpula de la organización, que ha pasado de 512.000 euros en 2012 a 486.000 euros el último año. El presidente, Juan Rosell, no cobra un sueldo, aunque acaba de abrirse la puerta a que vuelva a hacerlo –tampoco Gerardo Díaz Ferrán lo percibía, sí lo hizo José María Cuevas– con la reforma de los estatutos recién aprobada.

En total, los gastos de personal de la CEOE en 2013 fueron de 7,4 millones de euros, un 15% menos que el año anterior. El ejercicio pasado lo cerró la patronal con unos números rojos de dos millones de euros.

En rueda de prensa, Francisco Bermejo, miembro del comité de empresa de Coca-Cola por este sindicato, ha explicado que el problema al que se enfrentan los trabajadores de Madrid con el cierre de la fábrica radica en un "movimiento accionarial" donde "se han dividido los accionistas y han vencido los catalanes y valencianos". "Han formado un núcleo donde Madrid ha quedado en minoría y han aprovechado para tomar decisiones que desde el punto de vista industrial, comercial y consumo no tienen lógica", ha señalado Bermejo, que ha negado que exista "recolocación" y que el impacto en el empleo de esta medida es "espectacular".

"Nos puede gustar o no pero los ciudadanos de Madrid tienen que tener claro que esto es una deslocalización, que se llevan el trabajo a Cataluña y que lo tenemos que combatir a través del consumo. Por su parte, la secretaria general de la Federación Agroalimentaria de CCOO de Madrid, Esperanza Hernández, ha explicado que Madrid es la segunda ciudad en Europa donde más se consume por habitante y que, haciendo sus cálculos, en el caso de que se deslocalice la fábrica, habría unos 300 trailers diarios entrando en la región para abastecer el consumo de la Comunidad. "No podemos permitir que multinacionales jueguen con nuestras vidas y nuestro futuro, no podemos consentir que se vaya ni una empresa más de Madrid y más cuando estamos hablando de buques insignia en empresas en relación a condiciones laborales, por lo que si Madrid no fabrica, que la ciudadanía no consuma", ha insistido Hernández.

En este punto, ha explicado que la decisión de Coca-Cola responde a un "capricho" de la gran compañía que no obedece a problemas económicos puesto que tienen "un margen de beneficios que no tienen ni tiempo para gastarlo". "Es una deslocalización con la apuesta muy concreta de trasladar el trabajo a otras plantas", ha lamentado. Así, ha explicado que en la fábrica de Fuenlabrada existen unas condiciones "bastante dignas no encontradas de un día para otro sino que se han conseguido a lo largo del tiempo" y que son todo un "modelo" en Madrid. Por ejemplo, por convenio colectivo no trabajan fines de semana ni festivos como Nochebuena o Navidad.

También son los únicos que cuentan con un fondo de pensiones que a día de hoy tiene un capital de 58 millones de euros "por la cantidad de compañeros que han gozado de las pólizas de riesgo", ha explicado Francisco Bermejo. "Somos los únicos y estas cosas influyen a la hora de regular las condiciones laborales", ha insistido, por su parte.

Durante la rueda de prensa también ha intervenido el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, quien ha sostenido que la "responsabilidad" de este conflicto está exclusivamente en Coca-Cola y que si quieren negociar, que se sienten a hacerlo, pero no presentando un ERE que, en su opinión, es "ilegal". "Es una empresa que no tiene ningún riesgo como empresa, con un volumen de facturación de 3.000 millones de euros y 900 millones de euros de beneficio", ha indicado Cedrún, que ha explicado que el ERE lo justifican en "una necesidad de organización de gestión de otra manera" cuando "es mentira".

La reducción de plantilla propuesta por la operadora ferroviaria pública es finalmente superior al inicialmente estimado de unos 300 empleados y se suma al recientemente aprobado en Adif para 250 trabajadores, el 2% del total.

Renfe ha presentado oficialmente el ajuste a los sindicatos este viernes y ha dado así inicio al preceptivo periodo de consultas.

En la propuesta inicial, la operadora ofrece la indemnización mínima legal, el abono de veinte días por año con un máximo de doce mensualidades. La compañía tiene consignado un presupuesto de 14,9 millones de euros en sus cuentas de 2014 para atender el coste de este ajuste.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que el Gobierno realizará "pequeños ajustes" en la reforma laboral para mejorar la empleabilidad y profundizar en los resultados que ha cosechado hasta ahora.

De esta forma, la titular de Empleo, que ha asistido como invitada a Los Desayunos Informativos de Europa Press con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha respondido así a la exigencia del Eurogrupo de aplicar una 'segunda ronda' en la reforma laboral.

"La reforma laboral está hecha. Lo que vamos a hacer, y lo hemos anunciado en el Plan Nacional de Reformas (PNR), es realizar ajustes para mejorar la contratación. Ya hemos anunciado que simplificaremos los modelos de contratación de 42 formularios a tres o cuatro para favorecer contratación y empleo. Y haremos algunos cambios anunciados también por el presidente Rajoy, como que el contrato indefinido de emprendedores, muy importante para las empresas de menos de 50 trabajadores, se pueda celebrar tanto a tiempo completo como a tiempo parcial", ha explicado.

Asimismo ha avanzado que se cambiarán todos los incentivos que hay "desperdigados" por toda la legislación y se aglutinarán en un solo título de la Ley de Empleo, todo ello para favorecer la contratación y la empleabilidad.

"En 2014 vamos a tener un año de crecimiento económico y de creación de empleo. Es decir que los ajustes que vamos a aplicar son para mejorar lo que ya tenemos, porque la reforma laboral ya está hecha", ha insistido.

En el PNR se contempla también la elaboración de un informe sobre los efectos de la reforma laboral, que ya ha realizado el Ministerio de Empleo, además de otro de la OCDE, que está pendiente.