El mundo de las empresas emergentes o startup —como se suele denominar a los proyectos empresariales experimentales y, generalmente, ligados al mundo de la tecnología— es un entorno con poca presencia femenina. Lo atestigua un reciente estudio que señala que solo un 17% de estas empresas las fundan mujeres, frente al 83% que suponen ellos. En el informe, que realiza Ecosistema Startup junto con la empresa pública Enisa, emergen conclusiones que no son nuevas, pero sí arrojan luz sobre como se perpetúan algunas brechas de género. De hecho, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ya advertía en otro documento meses atrás de que la economía digital en el entorno emprendedor estaba lejos de alcanzar la paridad.

“Hay un sesgo inconsciente, cultural y generacional, que ha puesto más piedras en el camino a las mujeres que a los hombres”, señala Esther Molina, una emprendedora que también forma parte de Female Startup Leaders, un colectivo de mujeres que conoce bien este sector emprendedor. “La tecnología no tiene género y sin embargo, efectivamente, existe una brecha en la industria tecnológica que está totalmente relacionada con despertar vocaciones científicas y técnicas”, señala.

Molina también ha fundado una empresa: Wildcom, una startup tecnológica que ayuda a otras compañías con sus estrategias de comunicación y explica que sus colegas muchas veces se enfrentan a barreras económicas, como por ejemplo dificultades de acceso a la financiación o una menor visibilidad de su trabajo: “Es tanto mediática, como de reconocimiento, lo que puede afectar a su credibilidad y a futuras oportunidades”, señala. Además, las dificultades para conciliar en un entorno de trabajo tan individual como el del emprendimiento tampoco ayudan a cerrar la brecha: “El cuidado de la familia sigue recayendo mayoritariamente en ellas, lo que puede dificultar su capacidad para dedicar tiempo y recursos a un negocio”, puntualiza la emprendedora.

El informe de Ecosistema Startup identifica a 13.300 fundadores de empresas tecnológicas, de los que más de ocho de cada diez (11.003) son hombres y solo un 17% mujeres (2.297). “Una proporción que se mantiene sin grandes variaciones frente al año anterior y que evidencia la falta de avances en paridad”, detalla la nota del estudio. “Las diferencias en los sectores STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) están determinadas, en parte, por los mensajes implícitos que han vinculado históricamente la tecnología a los niños”, explica Marta Grañó, profesora de la escuela de negocios OBS. Pero también señala que el hecho de que haya pocas mujeres, hace que falten referentes y se alimente una dinámica perniciosa que ahonda en la brecha. “Es un pez que se muerde la cola”, concluye.

En el estudio Digital Economy Outlook de la OCDE apuntan que en el conjunto de los países que componen la organización las mujeres representaron entre el 11% y el 24% de todos los especialistas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) dependiendo del país y, en promedio, solo el 4% de las patentes en este sector se les atribuyen exclusivamente a ellas. En los datos que proporciona para España, los datos son peores que los que proporciona Ecosistema Startup. Del total de empresas emergentes financiadas por capital de riesgo, solo el 5% son dirigidas por mujeres, frente a un 85% que son dirigidas por hombres. El porcentaje restante corresponde a startup cuya titularidad es compartida.

La brecha de género y la forma en que se perpetúan los roles no es solo cosa de empresas emergentes y para comprobarlo basta con revisar las grandes corporaciones. Si se observan los informes que las compañías cotizadas depositan en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ellas son muchas más en empresas textiles como Inditex, en concreto, suponen el 73% de la plantilla. En cambio, ellos son mayoría en tecnológicas como Indra, donde representan el 68% de los empleos. En otras como Acerinox, dedicada a la metalurgia, las mujeres alcanzan solo un 14% de la plantilla. 

En lo que se refiere a la segregación por ocupaciones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entiende que se produce de forma vertical cuando ellos ocupan los puestos más altos y ellas componen la fuerza laboral de rangos inferiores. Las mujeres fundan menos empresas emergentes, pero también dirigen menos y, según la propia CNMV, solo una de cada diez empresas cotizadas cuenta con más mujeres que hombre en sus consejos y en los puestos de alta dirección solo un 25% son mujeres. “Estos puestos suelen requerir de muchas horas de dedicación y se ha evidenciado que ellas suelen renunciar antes o buscar trabajos que permitan mejor conciliación”, señala la profesora.

Se necesitan emprendedoras en tecnología y parte de la solución a ese problema pasa por la formación y por crear un ambiente de posibilidades. “Atendiendo a nuestra experiencia desde Female Startup Leaders, acercar referentes sanos, diversos y alcanzables de mujeres científico-técnicas o relacionadas con la innovación, surte efecto”, apunta Molina. Una suerte de demostración práctica de que se puede.

Otro punto en el que insisten ambas expertas es la poca visibilidad de las mujeres en estos campos. “Cuando se premia a equipos en los que sí hay mujeres, no suelen ser ellas las que tienen protagonismo. Eso es algo que quizá debamos trabajar también con nosotras mismas”, señala Grañó. Pero esto, cuando se observa en un entorno como el del emprendimiento, donde la financiación suele depender de la visibilidad y la capacidad de atraer atención, puede transformarse en una desventaja estructural. “Los responsables de recursos humanos de muchas empresas tienen perfectamente identificado que cuando se hace un proceso de autoevaluación, las mujeres, especialmente en mandos intermedios y alta dirección, suelen tener una percepción de sí mismas más baja que la que les dan sus superiores o su equipo”, concluye.

La solución, señalan, requiere tiempo y también que las tendencias positivas, aunque avancen lentamente, no se interrumpan. “Como en todo cambio cultural, se requiere tiempo”, concluye Molina.

Se define a sí mismo como emprendedor, un hombre hecho a sí mismo que empezó de cero, tanto en la página web que lleva su nombre como en sus activas redes sociales. Eric Mandala Kinzenga, empresario y diplomático nacido en la República Democrática del Congo hace 48 años, actúa como influencer en Instagram, donde reúne a 317.000 seguidores, y hasta hace sólo unos días era una figura respetada en su país y en otros de su entorno. Sin embargo, ahora duerme en una prisión española, tras ser detenido en Madrid cuando recogía, acompañado de un ciudadano colombiano, casi 200 kilos de cocaína que fueron intervenidos por la Policía Nacional esta semana en un aparcamiento subterráneo de la capital.

La carrera profesional de Mandala comenzó a los 14 años, siguiendo un “espíritu emprendedor”, tal y como señala él mismo en sus canales públicos. Fundó una empresa dedicada al transporte de viajeros que operó en Nairobi, la capital de Kenia. Posteriormente se adentró en el mundo audiovisual invirtiendo y presidiendo Universe Groupe Télévision, una canal de televisión con sede en Kinshasa. “Quiero que mi país crezca”, declara. Incluso se le atribuye una participación en el mercado de los diamantes y la creación de otra firma, Obstiné Sprl, dedicada a la fabricación y venta de jabones en polvo.

Sin embargo, rastreando sus redes sociales se le puede ver en más de una ocasión en Dubái, donde compró en 2020 un apartamento de 221,85 metros cuadrados y dos habitaciones en la torre Burj Khalifa, según consta en los documentos inmobiliarios de la investigación Dubai Unlocked, que el consorcio de medios OCCRP ha llevado a cabo y en la que participó infoLibre. Por el inmueble pagó 1,85 millones de euros. Se encuentra en la planta 84 del mayor rascacielos del mundo, 160 pisos repartidos en una torre de 828 metros de altura. Como ha desvelado esa investigación, en Dubái residen algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, muchos de ellos con órdenes de extradición expedidos por los países europeos donde operan.

Tras la detención de Eric Mandala en Madrid, las fuerzas de seguridad internacionales no descartan que sus estancias en el emirato tuviera tanto que ver con sus negocios legítimos como con los acuerdos necesarios para cerrar envíos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, la actividad clandestina más lucrativa del mundo.

Mandala Kinzenga no sabía que sus pasos estaban siendo vigilados de cerca, al menos por la Administración para el Control de Drogas (la DEA, por sus siglas en inglés) y sus socios de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central en España. Los agentes antidroga españoles se enteraron de la llegada de una partida de casi 200 kilos de droga, procedente de Ecuador, a través del puerto de Algeciras (Cádiz), y se aseguraron de rastrear el envío para dar con sus receptores, una tarea que siempre resulta compleja.

Sin embargo, en esta ocasión descubrieron un viaje procedente del África subsahariana de personas que llegaban a la capital de España en busca de ese alijo. Uno de ellos era Eric Mandala. El otro, su socio colombiano. La Policía los detuvo y el juez les envió directamente a prisión.

La operación era lo que se conoce como un “pase” de droga: oculta en 171 paquetes, la cocaína iba a ser escondida en el compartimento simulado de una furgoneta, que habían metido en el aparcamiento de un centro comercial madrileño. En ese momento fue detenido el influencer congoleño y su socio colombiano. También fueron intervenidos cantidades en efectivo y 50.000 USDT, o Tether, una criptomoneda. El mayor pase de droga frustrado por la Policía española fueron los 600 kilos localizados en una autocaravana en Robliza de Cojos (Salamanca) el pasado mes de diciembre.

En realidad, la investigación había comenzado en agosto del año pasado, gracias a que la DEA había ayudado a identificar el contenedor donde se había transportado la cocaína desde Ecuador. 

Las visas oro han quedado definitivamente derogadas después de que el Congreso aprobara el pasado día 19 la Ley de Eficiencia de la Justicia, donde se había incluido la enmienda que hace desaparecer este polémico instrumento para atraer inversiones. El pasado viernes la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero como no entrará en vigor hasta dentro de tres meses, hasta abril seguirán concediéndose permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversiones de 500.000 euros como mínimo.

Para entonces habrá pasado justo un año desde que el Gobierno anunció su supresión. Y no fue hasta el pasado noviembre cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó las cifras detalladas de autorizaciones concedidas desde que se crearon las visas oro, en 2013. Las colgó en el Observatorio Permanente de la Inmigración. Es la Unidad de Grandes Empresas-Colectivos Estratégicos (UGE-CE) del departamento que encabeza Elma Saiz la que centraliza la tramitación de todos los tipos de autorizaciones de residencia, pese a que en ella intervienen los ministerios de Asuntos Exteriores, Vivienda, Economía y Transformación Digital.

De acuerdo con esos datos, que se detienen en diciembre de 2023, ese año se concedieron 65.766 autorizaciones de residencia en aplicación de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores –que creó las visas oro– “y de otras figuras similares”, un 40% más que el año anterior. Si se cuentan sólo las otorgadas según esa ley, la cifra se queda en 65.404, la inmensa mayoría. En 2024, y tras anunciar el Gobierno en abril que iba a derogarlas, el número de solicitudes se duplicó, en un intento por conseguir a toda prisa los últimos permisos, según confirman los abogados e inmobiliarias que los gestionan. Es previsible que hasta abril se repitan las ansias por aprovechar los tres últimos meses de vigencia de las visas.

En realidad, el volumen de estos permisos de residencia llevaba multiplicándose desde 2021, pero escaló sobre todo desde la guerra de Ucrania, que estalló en febrero de 2022. De hecho, son los rusos los mejores clientes de este incentivo desde entonces. En total, se han concedido a ciudadanos de esta nacionalidad un total de 34.557 permisos de residencia al amparo de la Ley de Emprendedores y “otras figuras similares” en la última década. En 2021, el año anterior a la guerra, los rusos recibieron 3.146 de estas autorizaciones, que en 2022 se convirtieron en 6.925 y que se duplicaron en 2023, hasta alcanzar 14.179. Es decir, desde que Vladimir Putin invadió Ucrania, los permisos de residencia otorgados a sus compatriotas en España se multiplicaron por 4,5. De las 262.534 autorizaciones proporcionadas por España desde 2013, las conseguidas por los rusos equivalen al 13%.

La cifra es muy superior a la de las autorizaciones concedidas a ciudadanos chinos, 23.309 –el 8,8%–. Y desde luego la evolución de los permisos a los asiáticos ha sido más tranquila a lo largo de estos últimos años. En 2023 recibieron sólo 3.499. Es decir, España dio ese año cuatro veces más visas oro a rusos que a chinos. Aunque esa cifra equivale a un alza del 48% respecto a 2021, un aumento considerable, se sitúa lejos del récord ruso.

Estas cifras no se circunscriben a las llamadas visas de oro, pero prácticamente se reducen a ellas en el caso de ciudadanos rusos y chinos, teniendo en cuenta el perfil de los ciudadanos de estos países que solicitan los permisos previstos en la Ley 14/2013, y que no se corresponde con el de altos directivos, investigadores o nómadas digitales. Además, hay que añadir el hecho de que el 95% de las solicitudes recibidas son a cambio de inversiones en inmuebles. También se puede pedir el permiso de residencia temporal por invertir en deuda pública, en fondos de inversión o en empresas, pero de este tipo apenas se concedieron 313 autorizaciones en 2023.

La prevalencia rusa en España no deja de ser peculiar, porque de acuerdo con las cifras publicadas por la consultora británica Henley & Partners en su último informe sobre migración de patrimonios privados, China es el país del que más millonarios emigrarán en 2024, unos 15.200, una tendencia que no ha dejado de crecer en los últimos años, mientras que la salida de ultrarricos rusos no ha parado de menguar por culpa de las restricciones internacionales impuestas con motivo de la guerra: de los 8.500 que dejaron su país en 2022 se va a pasar en 2024 a sólo un millar, de acuerdo con los cálculos de Henley & Partners. De hecho, este año que acaba habrán salido de sus respectivos países, acompañados de sus patrimonios, más millonarios británicos, indios y surcoreanos que rusos.

También ha crecido notablemente el número de bielorrusos –tradicionales aliados del Kremlin– que han obtenido en España permisos de residencia a cambio de inversiones. Desde la guerra en Ucrania, se han más que duplicado. En total, han recibido 2.393. Muchos menos que los ricos ucranianos, 7.195 en la última década. Desde la guerra, su número se ha triplicado, hasta alcanzar los 3.601 en 2023. Y ello pese a que, si se considera la cifra total de ciudadanos de Ucrania que han conseguido autorizaciones de residencia de cualquier tipo, en 2023 sufrieron un enorme descenso, del 75%, respecto al año anterior: pasaron de 172.270 a 43.463.

A tenor de los datos, las sanciones y la mayor vigilancia a que se ha sometido a los ciudadanos rusos fuera de sus fronteras parecen no haber frenado la entrada en España de dinero procedente del país gobernado por Putin. El Gobierno tomó medidas para controlar los bienes propiedad de oligarcas del régimen en España, muchos de ellos sometidos a sanciones internacionales por su responsabilidad en la invasión de Ucrania. Lo que no significa que no haya lagunas por las que algunos han conseguido colarse.

Además, las visas oro han sido siempre un instrumento polémico. Desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia ha subido el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España. Cuando creó sus visas oro en 2014, sólo se permitían inversiones inmobiliarias, pero en 2019 añadió las financieras y empresariales.

Las cifras publicadas por el Gobierno incluyen alguna sorpresa adicional. Por ejemplo, el tercer país con más permisos concedidos al amparo de la Ley 14/2013 “y de otras figuras similares”, tras Rusia y China, es Colombia, con 19.085 autorizaciones, después de que en 2023 su número –5.457– más que duplicara el de 2021. Le sigue Estados Unidos, con 16.872 permisos en la última década y el doble de autorizaciones en 2023 que dos años antes. También Argentina casi ha duplicado el número de permisos en estos dos últimos años.

Mención aparte merece el caso de Reino Unido. El Brexit ha expulsado a muchos millonarios de las islas británicas, y algunos han traído su dinero a España. En 2020, el año en que Londres abandonó la Unión Europea, el Gobierno español sólo concedió tres permisos de residencia de la Ley 14/2013. En 2021 ya fueron 1.467, que crecieron hasta 2.124 en 2022 y alcanzaron los 3.601 en 2023. En total, 7.195 británicos han conseguido una autorización temporal de residencia en España en esos tres años.

Los permisos de la Ley 14/2013 pueden ser de distintos tipos: para directivos y trabajadores de alta cualificación, para investigadores e incluso para teletrabajadores internacionales –desde 2022–. Para los primeros se han concedido 104.303 autorizaciones de residencia, y para inversores, 63.328. El ministerio no facilita información sobre la nacionalidad de unos y otros, los dos grupos más numerosos, seguidos de los investigadores –27.002–. Pero las autorizaciones a cambio de inversiones se duplicaron desde 2021 hasta 2023 en la zona que la estadística denomina “Europa sin UE/AELC [Asociación Europea de Libre Comercio]” y que incluye a Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Reino Unido.

infoLibre ha pedido al ministerio esos datos desglosados por nacionalidades, pero se ha negado a facilitarlos aduciendo razones de “seguridad nacional”. Sólo los publica por “áreas”. Así, la región que mayor crecimiento ha experimentado es la citada Europa sin UE/AELC, con aumentos superiores al 80% anual desde 2021. La segunda zona con mayor auge en concesiones es América central y del sur, con alzas muy inferiores –poco más del 20% en 2021 y 2023, y del 55% en 2022–.

Este periódico solicitó en septiembre de 2023 al Ministerio de Inclusión las cifras de los permisos concedidos según la Ley 14/2013, también los concedidos a ciudadanos de determinadas nacionalidades. Ante la falta de respuesta, los pidió a través del Portal de Transparencia de las administraciones. No hubo contestación en el plazo legal de dos meses, así que infoLibre hizo una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo independiente, encargado de promover la transparencia y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, dictaminó en mayo de este año que el ministerio debía facilitar los datos solicitados en el plazo de 10 días. Pero no lo hizo. De forma que, siguiendo el procedimiento establecido por ley, infoLibre notificó en julio al ministerio que interpondría un recurso contencioso-administrativo para obtener los datos si en dos meses no cumplía la resolución del Consejo de Transparencia.

Este periódico no recibió ninguna comunicación al respecto hasta el pasado 3 de diciembre cuando, a través del Portal de Transparencia, le anunció que se abría el periodo de un mes previsto por la ley para tramitar la solicitud de información que había cursado el 23 de octubre de 2023; es decir, hacía más de un año. Al día siguiente, el 4 de diciembre, se le notificó que las estadísticas se encontraban publicadas en la web del Observatorio Permanente de la Inmigración. Esa comunicación se produjo un mes después de que, en efecto, las cifras fueran colgadas en internet y publicadas por varios medios de comunicación.

El ministerio ha explicado a este periódico que los datos fueron publicados tras haber sido “contrastados, comparados, actualizados y revisados”, siguiendo además diferentes criterios y directrices, entre ellos, los de “máxima transparencia” y el ya citado de “seguridad nacional”.

"Conozco a menos de cinco fundadoras o cofundadoras de empresas dedicadas al espacio en todo el mundo. Si en la carrera hay 70% hombres y 30% mujeres, en altos cargos el porcentaje es muchísimo menor", afirma la ingeniera aeronáutica Sara Correyero. Ellas continúan infrarrepresentadas en las ramas empíricas, según apuntan los últimos datos de la UNESCO. Hay menos de un tercio trabajando en tecnología, ingeniería o matemáticas, y los números bajan aún más en temas de inteligencia artificial: de cada cinco puestos sólo uno lo ocupa una mujer. Para reconocer el papel que desempeñan en la comunidad científica, la ONU celebra desde 2015 cada 11 de febrero el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la ciencia.

Si ya existe brecha de género en profesiones científicas o investigación, la diferencia se agrava más si miramos su representación en elevadas esferas. Sólo el 18% de las startups españolas han sido fundadas por mujeres, según refleja el último estudio Mapa del Emprendimiento español 2023 elaborado por la plataforma South Summit. Una startup es una empresa joven que pretende crecer rápidamente usando tecnologías. Sara Correyero, Sara Zangri y Clara Fernández lideran compañías de este tipo. infoLibre ha hablado con ellas para que nos cuenten la realidad de su sector y cuáles han sido sus principales obstáculos como mujeres en un entorno masculinizado.

Sara Correyero lanzó en 2019 IENAI Space, una startup que desarrolla soluciones de movilidad para satélites y crea módulos de propulsión eléctrica. En palabras de su creadora, "son sistemas para que, una vez se ha enviado el satélite al espacio, pueda maniobrar, cambiar de órbita o evitar colisiones". La compañía de esta ingeniera aeronáutica es "la única en España que se dedica a esto", apunta. Pero no lo emprendió sola, sino junto a dos compañeros con los que estudió su tesis doctoral. "Trabajábamos muy bien juntos y teníamos una idea que merecía la pena explorar".

En el sector espacial las cifras de mujeres emprendedoras son notablemente más bajas. "El porcentaje estará en menos de un 5%", dice la ingeniera desde su experiencia. En su opinión, "la falta de referentes femeninos en la ciencia hace que las jóvenes no se decanten por estas carreras". Desde su primera edición en 1901, de 662 premiados sólo 26 mujeres han ganado un Nobel de Medicina, Química o Física. La primera fue Marie Curie, en 1903, por el descubrimiento de los elementos radiactivos. Las cifras de Naciones Unidas indican que ellas son únicamente el 12% en las academias científicas nacionales. Es el mismo porcentaje que opta por cursar un grado de ingeniería o tecnología, según el informe Científicas en Cifras 2023, realizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

"Parece que los hombres no se lo piensan dos veces a la hora de emprender, y a nosotras nos cuesta más dar el paso", sostiene Correyero. Nos resulta más difícil, pero lo cierto es que luego nos va mejor. Ahí están las cifras: el 59% de las empresas jóvenes fundadas por hombres fracasan, frente al 27% de las creadas por ellas. Viendo estos números, refiere, "no se explica que se invierta tan poco en proyectos de mujeres". Pese a ser más seguros sólo se les destina un 2% del dinero disponible. "Supongo que influye que hay muchas menos inversoras que inversores", arguye.

Para Sara Zangri, que lidera el software Medea Mind, la financiación también ha sido un quebradero de cabeza. "Muchas veces este tema echa para atrás a las mujeres porque, ¿cómo vas empezar un proyecto sin dinero? Yo he encontrado una vía alternativa: la financiación pública", relata esta psicóloga especializada en neurociencia. Su empresa nació en 2022, pero la idea surgió unos años antes mientras estudiaba en Harvard. Allí se dio cuenta de que en nuestro país el tratamiento para la salud mental no daba buenos resultados. "La mitad de las personas que se tratan no mejoran de forma significativa, porque o tienen una recaída o los métodos son inadecuados. Eso significa que no estamos abarcando el problema en su totalidad", cuenta.

El software que ha impulsado con sus socios agiliza el diagnóstico y permite ahorrar varias sesiones de terapia, cuyos precios son inviables para muchos bolsillos. A través de unos formularios que el paciente debe rellenar, la app mide variables como el estilo de vida, la nutrición, la actividad física o el contexto social. Se trata de "un autoinforme breve, una especie de chequeo de salud mental". Siguiendo estos pasos, en diez minutos la persona visualiza en qué punto está. "El objetivo es que la terapia sea transparente y que los profesionales pueden basar sus decisiones clínicas en datos". Eso sí, "no se puede acceder al sistema sin prescripción médica", indica esta psicóloga.

Su deseo de ayudar a estos perfiles la impulsó en su camino laboral, en el que se no se ha encontrado con muchas mujeres. "Hay muy pocas en este contexto específico. Por lo general son hombres, y es sorprendente porque la mayoría de los profesionales de la salud son mujeres". En concreto más del 70%, tal y como apunta el ministerio encabezado por Diana Morant. "Hay algo ahí que nos está faltando", dice Sara Zangri, quien aboga por la representación como un primer paso para avanzar hacia la igualdad. "Tengo muchas compañeras psicólogas con su consulta privada, pero tal vez no tienen el ejemplo de alguien que haya ido más allá". Por eso considera muy importante hablar de negocios entre mujeres.

Clara Fernández diseño la aplicación móvil RX Longevity en 2021, después de 13 años gestionando el balneario médico Cofrentes, que está enfocado a personas mayores de 60 años. Se trata de "una clínica de longevidad online centrada en gente de entre 60 y 75 años. Digamos que es como un spin off del balneario", señala. El programa posibilita trazar un plan de envejecimiento saludable a las personas de la tercera edad. "Tenemos una combinación de parámetros internacionales con un montón de pruebas con inteligencia artificial, con los que ayudamos a entender dónde estás hoy y dónde deberías estar para tu edad y tu sexo".

Asimismo, cuentan con sesiones de coaching e imparten clases sobre fisioterapia o salud cognitiva. Es decir, la aplicación informa de los parámetros a mejorar, y en función de ellos se crea una agenda con actividades a realizar. "Además tenemos chats con diferentes especialistas por si quieres hablar con tu tutor o hacer un seguimiento de los objetivos". Clara Fernández tampoco ha tenido muchos referentes en los que fijarse.

La brecha de género en la ciencia sigue siendo muy profunda. Sin embargo, hay motivos para la esperanza. El porcentaje de investigadoras de nuestro país ha aumentado y supone ya un 42% del personal investigador. También ha crecido su participación en proyectos I+D, tanto en solicitudes como en concesiones, según muestra el Ministerio de Ciencia. Las diferencias todavía son muy notorias y faltan avances para equilibrar las cifras. "Es normal tener inseguridades, pero tenemos que aprender a vendernos mejor y vencer esas inseguridades que vienen de estar en un mundo rodeado de hombres", concluye la ingeniera aeronáutica Sara Correyero.

"¡Vamos, que tú puedes!", se oye a todas horas. Es el discurso que anima al "emprendedor" a rebelarse individualmente contra su destino precario.

Pero, ¿seguro que puedes?

La pregunta la lanzan seis investigadores en economía, sociología y educación en el ensayo colectivo sobre la precariedad Vidas low cost. Ser joven entre dos crisis (Catarata, 2021). Ampliado, el interrogante quedaría así: ¿Seguro que está en manos del precario salir de su situación? ¿O más bien se trata de un discurso que culpa al trabajador y oculta el carácter estructural del fenómeno? La respuesta obtenida es negativa a la primera pregunta –siempre hay excepciones, por supuesto– y afirmativa a la segunda. Como colofón del análisis, el sociólogo Xavier Martínez-Celorrio aporta un examen crítico del ascensor social, que resulta estar averiado desde antes de la Gran Recesión y con sus males agravados después. Sumando las generaciones X y millennial, con datos de 2006 y 2012, se desclasaron 3,1 millones de jóvenes. El diagnóstico es tajante: "El sueño meritocrático anglosajón se ha desmoronado y ha sido reemplazado por el darwinismo social de la parentocracia".

El bombardeo cultural

El sistema educativo como vía de ascenso social, el laboral como garantía de vida digna y el de pensiones como seguro de jubilación tranquila están en entredicho. Ante eso, el mensaje despolitizador contra el que alerta Vidas low cost es: "Si tú quieres, tú puedes". "Quizás tengas 30 años y estés agotado. Es probable que, además, te sientas culpable por encontrarte así", escribe la periodista Sara Montero en un prólogo que es además síntesis del ensayo colectivo, donde hace un elocuente recorrido por los elementos de un marco ideológico-cultural que "cupabiliza" al joven sin futuro: talent shows en los que un desconocido cumple de golpe su sueño gracias a su arrojo; coaches que ofrecen "trucos para cambiar tu vida"; influencers que te enseñan cómo olvidar los problemas con mindfulness; "superheroínas que se atrevieron a emprender y ahora son mamás y empresarias que sacan tiempo para autocuidarse"... "Los bombardeos con mensajes individualistas son constantes", señala Montero, que destaca cómo la promoción de la "cultura del emprendimiento" acaba por copar toda la vida del joven precario, obligado a una permanente actualización de Linkedin y a un cuidado exquisito de su "marca personal" en Instagram, Facebook, Twitter... "Tú eres working class, pero en tus relaciones empiezas a operar como una empresa", señala.

La telaraña afecta al lenguaje. Hay un aluvión de términos difusos que difuminan el deterioro laboral, sobre todo de los jóvenes. Lo recoge un glosario de CCOO de 2018: ¿Un ejemplo? "Economía colaborativa" en vez de uberización. Los jóvenes hacen "job sharing", que suena mejor que "compartir sueldo". No es que con treinta y tantos tengas un sueldo de adolescente, es que eres un "treinteenager". Las parejas jóvenes con un solo sueldo que viven en un piso con otros han elegido una vida "sinkie" –"single income, no kids"–. En verano, se aspira a unas "trabacaciones". Si no puedes más, haz "complain restraint" –no te quejes– y pide a tu jefe que te permita una "power nap" –siesta reparadora– o quizás unos minutos en esas cabinas de Amazon para que los trabajadores más estresados "carguen pilas". Además, no hay que preocuparse tanto por el sueldo, ya que existe un "salario emocional" en forma de "buen ambiente", "trato humano", "sensibilidad", "desarrollo personal"... Montero denuncia la perversión del lenguaje de las ofertas de trabajo en Internet: "Joven quiere decir muchas veces mal pagado; dinámico, que esperan que trabajes mucho; emprendedor quiere decir autónomo con responsabilidad".

La brecha entre la realidad y la idealización del mercado laboral en la que uno es "su propio jefe" se mide con este dato: el 21,7% de los autónomos lo son involuntariamente, casi 5 puntos más que la media europea, según un informe de abril del Observatorio de Caixabank. Vidas low cost señala cómo datos como estos sucumben bajo un discurso que despolitiza la precariedad y romantiza la inestabilidad. Óscar Pierre, fundador de Glovo, ha vislumbrado ese mundo sin relaciones laborales fijas: "En el futuro la gente tendrá múltiples vías de ingresos". El teletrabajo encarrilla aún más esta filosofía, según la cual hay que salir del aburrimiento de las "biografías estandarizadas" y pasar a las biografías del "do it yourself", señala Montero. Y añade: el paradigma de la "inestabilidad" ha sustituido a la reivindicación del derecho al trabajo, en un proceso que irrita a los millennials pero que para los centennials es ya "lo natural". 

Un ascensor social averiado

El problema de este discurso, añade Montero, es que impulsa a una carrera meritocrática que "no tiene meta" mientras oculta las causas estructurales de la precariedad, que a su vez explican que el ascensor social no funcione. El sociólogo Xavier Martínez-Celorrio, especialista en equidad, se encarga de explicar esta avería, que no es ni siquiera un fenómeno nuevo, aunque sí agravado por la Gran Recesión.

Con datos de 2006, ya se observaba que la evolución del ascenso social era negativa. El 43,9% de los jóvenes nacidos entre 1962 y 1966, al cumplir 30 años, habían subido socialmente con respecto a sus padres –la llamada "movilidad intergeneracional ascendente"– y el 21,4% habían bajado. En cambio, de los nacidos entre 1972 y 1981, el porcentaje de los que habían subido con 30 cayó hasta el 40,7% (3,2 puntos menos). Los que bajaron fueron el 22,1% (0,7 puntos más). En total, el descenso social en la llamada generación X afectó ya antes de la Gran Recesión a 1,4 millones de jóvenes.

Problemas "estructurales" más "uberización"

Pero, ¿no habíamos quedado en que la crisis de 2007 había fastidiado un ascensor social? A tenor de los datos recabados por los investigadores de Vidas low cost, la realidad es más compleja. Por un lado, es cierto que se ha producido un deterioro objetivo de las condiciones de los jóvenes en la última década. Ahí están los datos. Los jóvenes hasta 34 años ganan ahora entre 2.400 y 2.850 euros menos al año que en 2011. Un trabajador menor de 30 tiene que dedicar al pago del alquiler más del 85% de su salario, frente a algo más del 50% que destinaba en 2011. Pero, yendo al fondo del asunto, el origen del problema es anterior a la caída de Lehmann Brothers y tiene causas estructurales, como el infradesarrollo de los sectores más cualificados; un modelo "familista" de cobertura social, en el que la familia asume parte del papel del Estado; fragilidad sindical; escasez de inspección laboral... De todo ello hacen repaso los investigadores que componen Vidas low cost. Hay también cifras que lo avalan. España tiene más del 12% del PIB y el empleo colgados del turismo. El incremento de inspecciones en el campo en 2020 ha desvelado fraude en uno de cada tres casos. La afiliación sindical quedó en un 13,6% en 2018, tras una caída de más de 6 puntos en 25 años. España está por debajo del conjunto de la UE-27 en gasto en sanidad, discapacidad, tercera edad, familia, infancia, vivienda e inclusión.

Estos son los elementos "estructurales" que explican, a su vez, los de paro, temporalidad y emancipación que acompañan a las crónicas sobre la juventud sin futuro... Lo que hacen los investigadores en ciencia social Jaime Aja, José Hernández y Eduardo Sánchez es recalcar, en línea con Martínez-Celorrio, que el ascensor social no se ha estropeado ahora, pero que sus males sí se han agravado. Si el paro elevado empujando los salarios hacia abajo es un rasgo estructural del mercado laboral, ahora hay que sumarle la desregulación de las reformas laborales, la creciente fragmentación de la producción y la uberización, que sustituye las relaciones laborales por comerciales, un fenómeno que abarca ya a más de medio millón de trabajadores. En paralelo, la vivienda ha ido experimentado un proceso de mercantilización tras otro.

Títulos Vs redes familiares

Aja, Hernández y Sánchez desembocan su análisis en la dimensión ideológica y cultural como clave del éxito de la precariedad. Ahí citan la incorporación de la "neolengua" empresarial a las políticas laborales, que han pasado de aspirar al "pleno empleo" a la "activación" del trabajador. Además, no hay excusas para el fracaso, porque siempre queda "formarse" y "reciclarse". El joven que no lo hace sufre la penalización de la etiqueta "nini". Pero lo cierto es que el sí estudia corre el riesgo de convertirse en "estudiante indefinido".

"La acumulación de capital formativo deja de tener la efectividad de los tiempos pasados como herramienta de ascensor social", explican Elsa Santamaría e Izaskun Artegui, investigadoras en educación y sociología laboral. Los títulos –universitarios o no– pierden valor si no se ejercen, lo que suscita una un competencia por experiencias laborales sin cobrar como primer paso de un camino en el que serán clave las "redes familiares", según Aja, Hernández y Sánchez. Martínez-Celorrio, que cifra hasta en un 25% la devaluación de la titulación de la generación X con respecto a la de sus padres, lo sintetiza así: "En España el primer factor que explica el destino social y profesional de los hijos no es el nivel educativo sino el origen social de los padres".

El ascensor empeora tras la Gran Recesión

Volvamos a los estudios de Martínez-Celorrio sobre movilidad social. Si de los nacidos entre 1972 y 1976, el porcentaje de los que habían subido con respecto a sus padres ya había caído al 40,7%, ¿qué pasó después de la crisis con los millennials? Pues ha seguido cayendo y con más fuerza, según datos de 2012 ceñidos a Cataluña pero extrapolables a toda España, según el investigador. La tasa de ascenso social se desplomó hasta el 31,8% para los nacidos entre 1978 y 1987, unos 8 puntos menos que la misma muestra en 2005 en Cataluña y en España en 2006. La tasa de descenso, en cambio, se disparó hasta el 38,9%, 14 puntos más que siete años antes en Cataluña y 16,8 puntos más que en 2006 en España. Lo dicho: la Gran Recesión empeoró una avería que ya estaba ahí y suscitó el boom del discurso del "tú puedes".

Haciendo una extrapolación a España, 1,72 millones de millennials se habrían desclasado hasta 2012, lo que se acerca a ese dato de los jóvenes de 25 a 29 años que respondían en 2016 que vivirían peor que sus padres. No es descartable que tengan razón, según el análisis de Martínez-Celorrio, que lamenta que la encuesta de Clases sociales y estructura social del CIS no se haya actualizado desde 2006. No obstante, también contamos con el informe Juventud en España 2020, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que cifra la movilidad ascendente en 2019 en un 31,8% para los hombres y un 32,95% para las mujeres, números que cuadran con el análisis de Martínez-Celorrio. En cambio, según el informe oficial, la movilidad descendente se queda en 22% para ellos y 18,4% para ellas, es decir, en los niveles previos a la Gran Recesión.

"El ascensor social de los millennials está atrapado en una contramovilidad viscosa y descendente más prolongada en el tiempo y sin igual en ninguna otra generación juvenil anterior", señala Martínez-Celorrio, para quien "se ha roto la equidad entre generaciones". Ante ello, los "miedos y ansiedades" en las "clases medias" conducen, según el sociólogo, a un "cierre social" para proteger "estatus" a través de tres procesos: "mayor gasto privado educativo, mayor presión para capturar fondos públicos que financien su libre elección y mayor segregación escolar". "El sueño meritocrático anglosajón se ha desmoronado y ha sido reemplazado por el darwinismo social de la parentocracia y el poder de mercado de los padres", anota.

Tenemos un "serio problema de suelo pegajoso" que, si persiste, cristalizará en "un proletariado de servicios y bajo nivel" que es carne fresca para la extrema derecha, analiza. Ante esta encrucijada, el investigador ve disparatado insistir en recetas desreguladoras. En conversación con infoLibre, aboga por una utilización de los fondos europeos para modernizar el sistema productivo y fomentar ocupaciones mejor remuneradas, subir el salario mínimo y seguir aumentando la inspección laboral y la equidad educativa. "No podemos salir de la pandemia haciendo lo mismo que antes", resume el investigador, que también defiende un cambio en la "cultura empresarial" que deje atrás la competitividad basada en la precariedad y bajos salarios.

El dirigente de CCOO Javier Pueyo, especializado en nuevas formas de trabajo y coordinador de Vidas low cost, lanza una reflexión al hilo de la "noticia" de la supuesta falta de camareros para la temporada estival, que ha llegado amplificada por multitud de comentarios sin que se hayan puesto encima de la mesa los datos que la sostienen. "Entra dentro de la culpabilización del trabajador que se produce a todas horas. Se habla mucho de la 'sobrecualificación' de los trabajadores, alegando que están formados pero no para lo que es necesario, mientras no se habla de un tejido productivo incapaz de absorber el conocimiento y las capacidades de la juventud trabajadora", señala. Y añade: "La precariedad durante muchos años fue un peaje, una fase temporal entre la formación y el empleo. Ahora no. Ahora todo es incertidumbre. Y no afecta sólo a los jóvenes, sino a todos los trabajadores en mayor o menor medida". Pueyo pone el énfasis en la necesidad de cambiar el marco laboral y evitar la "huida de la laboralidad" del modelo de falsos autónomos. Y rescata las palabras de Joe Biden: "Pay them more".

Ahí fue el presidente de EEUU el que dijo al empresario la frase con la que arranca este artículo: "¡Vamos, que tú puedes!".

Un año después de cumplir la mayoría de edad, Pep Gómez fundó Fever, una plataforma líder a nivel mundial de descubrimiento de ocio valorada en más de 100 millones de dólares. Su ímpetu emprendedor no se quedó ahí. En 2018, creó Reby, una compañía que diseña vehículos eléctricos para uso compartido, líder en micromovilidad en el sur de Europa: “Hay mucho miedo en España a la hora de emprender. La gente joven tiene miedo a fracasar”.

Todo comenzó con una llamada del cofundador de Idealista, Bernardo Hernández, que le lanzó una propuesta para trasladarse a San Francisco y colaborar en un programa en el que trabajaba. Nada más terminar Selectividad cogió el primer avión con destino a Silicon Valley. Dos años después y con una agenda repleta de peces gordos creó Fever. “Emprender fue una decisión muy personal porque siempre he tenido mucha curiosidad y pregunto mucho. Fue una oportunidad ideal para conocer gente más inteligente que yo y aprender de ellos”, reconoce. Una de las diferencias que notó Pep con respecto a Estados Unidos es que “en España penalizamos el fracaso y magnificamos el éxito”. Cree que los americanos nos llevan mucha ventaja en cuanto a cultura emprendedora: “De ahí que los jóvenes que desean empezar a emprender tengan miedo a hacerlo mal, claro que aquí en España tampoco lo ponen fácil”.

Este castellonense, que es también cofundador de la incubadora de negocios TheCollider, reconoce que nunca fue a la universidad pero que siempre ha tenido un deseo voraz de aprender: “No he hecho un grado, pasé dos años en San Francisco y después me he ido formando y haciendo un montón de cursos online en Standford y otras universidades americanas porque me interesan distintos ámbitos como el Derecho o venture capital (capital riesgo)”.

Las barreras al emprendimientoLas barreras al emprendimiento

Los principales problemas a los que se enfrenta un emprendedor, según Pep, no están relacionados con la búsqueda de capital ni de talento. La principal barrera es administrativa: “Montar una empresa es muy engorroso y complejo. Necesitas un abogado, ir al notario, convencer a un inversor para que amplíe el capital, estar pendiente de las escrituras… En el mundo anglosajón, todo es mucho más simple. Aquí deberíamos aprender o tender a simplificar digitalizar los procesos al máximo posible para que cualquier persona pueda montar una empresa a golpe de click”.

Para Pep, España es un paraíso para crear startups tecnológicasstartups, ya que hay muchas iniciativas que incentivan el emprendimiento: financiación en innovación con fondos europeos, organismos como ENISA o los vehículos de coinversión con inversores privados. Pero también se alienta la innovación en otros sectores como el turístico: “Reino Unido va muy bien, pero otros países como Estonia lo están haciendo genial también”.

Las claves del éxito

Uno de los secretos del éxito, confiesa Pep, es aprender a utilizar el capital de manera eficiente. Esto puede llegar a marcar la diferencia para lograr que una empresa sea sostenible en el largo plazo. “Conseguir capital puede hacerlo mucha gente, la cuestión es utilizarlo de forma eficiente y construir una compañía sólida”, sostiene el emprendedor. Hoy es más fácil que nunca que un joven convierta su idea en un negocio rentable, aunque, Pep desde su experiencia, tiene claro que “emprender es más duro que trabajar por cuenta ajena aunque más satisfactorio”.

Sobre si la edad podría ser un factor determinante su respuesta es clara: “No creo que garantice el éxito o no éxito, pero ser joven y emprendedor tiene cosas buenas porque tienes más tiempo que dedicarle a tu proyecto ya que no cuentas con obligaciones familiares. Aunque también ser adulto implica tener más experiencia. Quizá ser joven implique cometer más errores, pero creo que lo importante es no cometer demasiados y aprender de ellos”.

La clave para que una buena idea se materialice con éxito es, para él, el trabajo duro. Confiesa a infoLibre que jamás ha visto un emprendedor que haya tenido éxito sin trabajar mucho: “El truco está en ser muy constante. Me atrevería a decir que el 90% del éxito es trabajar duro y muy focalizado”. Antes de despedirse nos regala este consejo: “Intentad ser los mejores en lo que hagáis y haced aquello que os haga felices porque es a lo que vais a dedicar la mayor parte del tiempo. Cambia lo que tengas que cambiar para estar más feliz a la hora de afrontar el trabajo. La vida es muy corta para no centrarte en lo que te gusta”.

El caso es que Glovo está pendiente de la jurisprudencia del Supremo para conciliar sentencias contradictorias sobre si los repartidores de las motos y las bicis con la caja amarilla son trabajadores a sueldo de la nueva plataforma, ya presente en dos decenas de países, o son, como la empresa defiende, trabajadores autónomos.

En favor de su identidad como autónomos está que trabajan cuando quieren, sin obligación de mínimo ni máximo, que ponen el vehículo y el teléfono ellos mismos y que pasan factura mensual. En favor de su vinculación laboral con Glovo está que la mayoría trabajan solo para la plataforma, que van señalizados claramente como repartidores de la misma, y que han de usar los recursos tecnológicos de la compañía. Por supuesto, que sus trabajadores sean autónomos libera a la empresa de fuertes obligaciones: un autónomo no tiene salario fijo, ni garantías de protección por parte del contratante en caso de enfermedad, ni pagas extra, ni vacaciones pagadas. Un autónomo no tiene la fuerza de la negociación colectiva ni puede fácilmente plantar cara ante los abusos.

Glovo es sólo el último caso de los destrozos que se están produciendo ya en la protección de los trabajadores. Tras un siglo de lucha de los progresistas en todo el mundo, o al menos en Europa, la gente podía hasta hace bien poco reclamar un salario mínimo negociado por sus representantes. Sabía que la empresa debía reservar parte del margen de beneficio obtenido por la fuerza de trabajo para proteger a sus trabajadoras y trabajadores ante la adversidad. Naturalmente, los conservadores se opusieron a todos esos avances, porque erosionaban la arbitrariedad de los empresarios.

Lo curioso de la efervescencia de este nuevo liberalismo de la era de internet es que se produce con la apariencia de ser progresista. Como es mucho más glamuroso y moderno ser glover que soldador en una acería, aunque el primero cobre una décima parte del salario del segundo, el repartidor se siente integrado en un estilo de vida (el emprendedor que supuestamente hace lo que le da la gana con su bicicleta) que al menos en la estética puede aplacar sus ganas de defender mejores condiciones de trabajo. Como además los trabajadores de la nueva economía no comparten el mismo lugar de trabajo, ni comen en la misma cantina, ni se unen en sindicatos (porque son autónomos), entonces el sistema tiende a consolidarse. Los oligarcas de antes, aquellos de sombrero de copa y puro, que hicieron fortuna en la industria, hoy son chavales millonarios de menos de 30 años con zapatillas, vaqueros y camiseta, y resultan además modernos y aparentemente progresistas, que se han hecho ricos en los servicios. La lucha de sus padres y sus abuelos en las fábricas de antaño se va olvidando o es vista como una pelea ya anacrónica.

Solemos pensar que los avances sociales no pueden revertirse, pero no es verdad. Nadie dice que los altos estándares de protección de los trabajadores que los progresistas han logrado a lo largo de la historia no sean reversibles. Yo supongo que los Rockefeller de principios del siglo XX pensaban que prohibir a los niños trabajar era “una faena”. Pero para que los empresarios (o emprendedores, que suena mejor) puedan obtener beneficio a cuenta del esfuerzo de sus trabajadores han de respetar ciertas normas. Ese es el contrato social que nos habíamos dado. Más nos vale seguir defendiéndolo o no descartemos ver a niños de 12 años entregando paquetes al salir de clase.

El acuerdo presupuestario firmado por el Gobierno y Podemos incluye la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos. El objetivo es que las cuotas que pagan a la Seguridad Social dependan de sus ingresos reales, puesto que ahora el 80% de los 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España cotizan por la base mínima, independientemente de lo que facturen. Las asociaciones de autónomos ven con buenos ojos que se reduzcan las cuotas para el 30% de autoempleados que declaran rendimientos inferiores a la base mínima –932,7 euros al mes– pero temen que el resto tenga que pagar más. En julio las dos principales asociaciones –ATA y UPTA– presentaron una propuesta conjunta que, según sus cálculos, sólo aumentaría las cotizaciones de quienes declaran rendimientos por encima de los 30.000 euros anuales, medio millón de autónomos.

Al tiempo, una de las soluciones que expertos y grupos políticos estudian para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, en déficit desde 2012, es equiparar los distintos regímenes, entre ellos el de los autónomos, con el general, el de los asalariados. Según los cálculos de CCOO, los trabajadores por cuenta propia cotizan por una base media casi un 39% inferior a la de los trabajadores por cuenta ajena. Además, el actual sistema de módulos grava más a los ingresos más bajos, al tiempo que deja escapar a los más altos.

También la subida del Salario Mínimo Interprofesionalla subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) amenaza con polémica. ATA asegura que su aumento hasta los 900 euros mensuales se traducirá en un alza del 12,5% de la base mínima de los autónomos, por la que cotizan 1,7 millones de estos trabajadores: 420 euros más al año. “Muchos pasarán a la economía sumergida”, advirtió su presidente, Lorenzo Amor. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, negó que quienes ingresan más de 12.000 euros al año vayan a pagar más. La Ley de Presupuestos de 2018 establece que las cuotas de los autónomos subirán como lo haga el SMI, “salvo disposición expresa en contra”. “Y nosotros vamos a trabajar para que exista esa disposición”, avanzó. El Gobierno también ha adelantado que desvinculará la subida del SMI de la cuota mínima.

Entre 1,7 y dos euros

España es el tercer país de la UE con mayor porcentaje de trabajadores por cuenta propia, después de Grecia, con un 34%, e Italia, con un 24%. Los españoles son el 17,3%, según las últimas cifras de afiliación de la Seguridad Social. Desde 2013, su número ha crecido un 7,4%, aunque todavía está un 3,8% por debajo de las cifras de 2008, antes de que estallara la crisis.

La queja repetida de los autónomos se refiere a lo mucho que pagan y a las exiguas prestaciones que reciben a cambio. Sin embargo, un reciente informe elaborado por el economista José Antonio Herce para ATA destaca que los autónomos reciben de la Seguridad Social entre 1,7 y dos euros por cada euro que cotizan, dependiendo de su base de cotización. En comparación, los asalariados cotizan más pero obtienen menos del sistema, entre 1,5 y 1,8 euros. “Se puede echar por tierra la afirmación de que los autónomos españoles son [entre los europeos] quienes más pagan y quienes menos derechos tienen”, aseguró en la presentación del estudio Lorenzo Amor.

No hay dos países en la Unión Europea que tengan el mismo sistema de cotizaciones, fiscal y de protección social para los autónomos. En algunos de ellos, las cuotas e impuestos están por debajo de los españoles, o los autónomos cotizan por los ingresos reales o por los beneficios; en otros, las prestaciones que reciben son sustancialmente menores que en España.

En España, los autónomos pagan una cuota mínima de 278,87 euros al mes y una máxima de 1.137 euros. Es el trabajador quien elige la base de cotización a la que se aplica luego el tipo del 29,9%. La cuota es obligatoria. También deben pagar el IVA cada trimestre y el IRPF, un 15% que se queda en un 7% para los nuevos autónomos. A cambio, tienen la misma cobertura sanitaria que los asalariados, universal y gratuita. La Seguridad Social cubre la incapacidad temporal a partir del cuarto día de baja, mientras que para los asalariados es desde el 16º día. También tienen derecho a la pensión de jubilación en las mismas condiciones que los asalariados, pero su cuantía es un 37% menor que la de éstos por la mayoritaria elección de la base mínima para cotizar cuando están en activo. Otro tanto ocurre con las prestaciones por viudedad y orfandad, así como con la incapacidad permanente. Además, tienen derecho a una prestación por cese de actividad, equivalente a la de desempleo de los trabajadores por cuenta ajena, pero no a un subsidio. Finalmente, las prestaciones por paternidad y maternidad son iguales a las de los asalariados.

Pues bien, en Portugal e Italia no existe una cuota fija, en Holanda y Alemania los autónomos no tienen derecho al seguro médico del resto de los trabajadores. En la mayoría de los países se paga según los ingresos; en Italia, según las ganancias.

Sin seguro médico 

En Reino Unido los autónomos pagan el mismo IRPF que los asalariados: hasta 11.850 libras –13.461 euros– de rendimientos no tributan a Hacienda. Entre esos ingresos y 46.350 libras anuales tributan el 20%. A partir de 46.350 libras, el 40%. A la Seguridad Social pueden ingresar dos tipos de cuotas: la Clase 2 y la Clase 4. La primera la pagan quienes ganan al menos 6.205 libras al año –7.099 euros– y es de sólo 2,95 libras a la semana o 153,4 libras al año. Si superan las 8.424 libras anuales pero no exceden las 46.350 libras, pagan la Clase 4, lo que se traduce en una aportación equivalente al 9% de sus rendimientos. Y si sobrepasan esa última cifra, deben abonar a la Seguridad Social un 2% adicional. A cambio, el trabajador por cuenta propia sólo tiene derecho a la pensión básica, la baja por maternidad y un seguro por defunción, pero no al seguro médico o a una prestación por cese de actividad –aunque sí a un subsidio– o a la incapacidad temporal. El IVA debe pagarlo con periodicidad anual.

En Alemania, los trabajadores por cuenta propia no pagan IRPF si ganan menos de 9.000 euros al año y un 14% si ganan entre 9.000 y 54.949 euros. Si sus beneficios superan esa cifra, deben abonar el 42%. En el caso de que no facturen más de 17.500 euros al año, no tienen que pagar cuota a la Seguridad Social. Además, si no superan ese umbral y tienen menos de 30 años, están exentos del IVA, que es del 19% para los demás. La cuota se compone de una primera parte de 140 euros y la segunda, para un seguro médico obligatorio, oscila entre 150 y 200 euros. Pero si no facturan más de 1.700 euros al mes, no pagan los 140 euros. Sin embargo, no forman parte de la Seguridad Social, por lo que deben pagarse su propio seguro médico a través de mutuas públicas o privadas, y no tienen derecho a pensión de jubilación, prestación por maternidad o desempleo –sí pueden cobrar un subsidio–. El gasto en medicamentos deben adelantarlo y luego les es reembolsado. Para tener baja por enfermedad cubierta deben abonar una cotización adicional.

En Italia no hay cuota, se hace un pago único del IVA, del 22%, y al fisco se abona un 23% si se ingresan 15.000 euros al año, un 27% hasta 28.000 euros, un 38% hasta 50.000 euros, un 41% hasta 75.000 euros y un 43% a partir de esa cifra. Es decir, muy por encima del IRPF para los autónomos españoles. Los italianos tienen derecho a pensión de jubilación, prestación por desempleo y asistencia sanitaria. Con una cotización adicional los agricultores tienen cubierta la incapacidad temporal y los accidentes de trabajo.

Portugal exime a sus autónomos de pagar el IVA, pero no el IRPF: abonan un 14,5% si facturan menos de 7.091 euros al año, un 28,5% hasta 20.261 euros, el 37% hasta 40.522, el 45% si superan los 80.640 euros y un 48% por encima de esa cifra. La contribución a la Seguridad Social es del 29,6%, que se queda enun 28,3% para los agricultores pero sube al 34,75% para los empresarios, unos tipos que se aplican a unas bases divididas en 11 tramos, desde 421,32 euros hasta 5.055,84 euros. Todo ello les convierte en receptores de las mismas prestaciones que un asalariado, desde la jubilación hasta el desempleo o la asistencia sanitaria y la incapacidad temporal. El primer año de actividad están exentos de pagar la cuota.

Francia elimina el régimen especial 

El pasado 1 de enero Francia integró a sus 2,8 millones de autónomos en el Régimen General de los asalariados, lo que les ha supuesto una subida de la Contribución Social Generalizada, que grava las rentas de trabajo y de capital, compensada con una bajada en las cotizaciones con las que financian las ayudas familiares y la asistencia sanitaria. Durante el primer año de actividad los autónomos no pagan nada, a partir del segundo, abonan un 13,1% si se dedican a actividades comerciales y un 22,7% el resto, siempre que la facturación no supere los 170.000 euros en el primer caso y los 70.000 euros para servicios y actividades liberales. El IRPF no se paga por debajo de 9.710 euros, pero por encima de 152.260 euros anuales se tributa un 45%. En ausencia de ingresos o cuando los ingresos son muy bajos, se paga una contribución mínima de 970 euros. A cambio, los autónomos galos tienen derecho a pensión de jubilación y de viudedad, al pago de la incapacidad temporal y al reembolso de entre el 65% y el 100% de sus gastos sanitarios, pero no a la prestación por desempleo, y sólo los agricultores tienen cubiertos los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Holanda no impone cuota a sus trabajadores por cuenta propia, que deben pagarse un seguro médico mensual obligatorio de unos 100 euros y el IRPF, desde el 8,9% para quienes ingresen más de 19.982 euros al año hasta el 52% si superan los 67.702 euros. No tienen cubiertas la incapacidad temporal, ni la jubilación ni otros beneficios sociales.

En Dinamarca existe un tope máximo del 51,95% que nadie puede superar a la hora de pagar el IRPF, pero hasta ese límite, los autónomos aportan un 8% de sus ingresos como contribución laboral, un impuesto municipal que varía según el ayuntamiento pero que de media alcanza el 24,9%, un impuesto para la iglesia del 0,69% y las cotizaciones sociales. Eso sí, el mínimo exento es de 45.000 coronas danesas –6.035 euros–, 33.800 coronas –4.530 euros– para los autoempleados con menos de 18 años. Los impuestos que pagan les dan derecho a asistencia sanitaria y pensión de jubilación, y prestación por maternidad y enfermedad. Pero la de desempleo es voluntaria, tienen que pagarla aparte y no existe la pensión de viudedad.

En Estados Unidos los autónomos deben pagar un 15,3% por sus ingresos, que se divide en dos partes: un 12,4% de seguridad social –jubilación, viudedad e incapacidad temporal– y un 2,9% para asistencia sanitaria.

La cooperativa cántabra Ecotierruca Catering ha ganado la tercera edición del programa Coworking Santander. Esta cooperativa no tiene ánimo de lucro y su objetivo es proporcionar un catering ecológico y de alimentación saludable destinado a comedores escolares y de empresa mediante proveedores del entorno rural cántabro.

Ecotierruca fue puesta en marcha por dos mujeres emprendedoras, Maybe Arce y María Pérez, y se define en su sitio web como la “primera cooperativa integral de Cantabria, sin ánimo de lucro, que aúna a socias de trabajo, consumidores y de servicios, en un proyecto de emprendimiento social que fomenta el desarrollo rural y da apoyo a las cadenas cortas agroalimentarias, con el objetivo de cambiar la alimentación de colectividades en Cantabria”.

Coworking Santander es un programa de apoyo a emprendedores impulsado por el Banco Santander, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Santander, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

“Queremos acercar la calidad en el cocinado y los productos frescos, de cercanía, de temporada y agroecológicos a las empresas de Cantabria. Para que comer en el puesto de trabajo no sea sinónimo de comida rápida, proporcionando un menú diario accesible, saludable y nutricionalmente equilibrado”, explican desde Ecotierruca.

Las materias primas son frescas, de temporada, de cercanía y compradas en instalaciones agroecológicas. Sólo realizan repartos a un máximo de 50 kilómetros de sus cocinas centrales, “para respetar la calidad” de sus servicios y “cumplir con nuestros valores de sostenibilidad”.

Algunos otros proyectos desarrollados en el marco de este programa en esta última edición han sido la recreación de misiones espaciales en una cueva natural de Cantabria –la idea es que los astronautas queden aislados durante días en la cueva, recreando las condiciones de una misión espacial real– o una plataforma para agrupar a particulares o empresas en la compra de paneles solares.

El concepto coworking también está siendo desarrollando en otros ámbitos por el Banco Santander. La entidad tiene previsto habilitar en sus sucursales este tipo de espacios comunitarios de trabajo tanto para clientes como no clientes, en los que se podrá trabajar de forma gratuita. Ya existen estos primeros espacios en la oficina de la madrileña plaza del Marqués de Salamanca y en el local del Paseo de Gracia de Barcelona. Además, las nuevas 500 oficinas llamadas Smart Red también se pueden utilizar de modo flexible para celebrar actividades internas, eventos o acciones culturales.

Así se desprende de un informe elaborado por una empresa demoscópica para Educa 2020 en colaboración con la Fundación Axa. Con una muestra de 5.601 entrevistas online entre universitarios y estudiantes de FP en todo el país, la encuesta revela que su principal motivación es trabajar en algo que les guste (con una puntuación de 9,4 sobre 10), seguido de tener un puesto de trabajo asegurado, trabajar en algo relacionado con sus estudios o hacer realidad un sueño o idea personal (valorados con un 8,5).

Por detrás se sitúan las variables del nivel salarial, tener independencia, poner en juego todas sus capacidades, poder tomar decisiones, ser creativo, tener un plan de desarrollo personal, viajar, tener un trabajo desafiante o ser su propio jefe.

Narciso Michavila, presidente de la empresa GAD3 –autora del informe–, ha asegurado en la presentación del mismo que hay "emprendedores en cualquier titulación y curso", especialmente entre aquellos que están a punto de graduarse.

El perfil emprendedor es ligeramente más frecuente entre los hombres, de 24 años y con padres autónomos, aunque "el origen influye pero no determina el deseo", ha advertido Michavila.

Las principales dificultades que se observan a la hora de emprender son las dificultades en la financiación (para el 75,5%), las trabas administrativas, la fiscalidad y la falta de conocimientos, por este orden.

En cuanto a los sectores ideales para emprender, los entrevistados señalan los de servicios profesionales (16,2%), marketing, diseño y publicidad (15,2%), ingeniería (11,8%) y comercio al por mayor o al por menor (11,4%), entre otros.

El estudio revela que, al ser preguntados sobre su tienen pensado crear su propia empresa o ya lo han hecho, los estudiantes más emprendedores son los de la rama de ingeniería y arquitectura (el 32,7% afirman planteárselo), por encima de los de ciencias sociales (28,5%), artes y humanidades (24,8%) y ciencias sociales (19,2%).

Según Michavila, la tecnología está abriendo nuevas posibilidades de emprendimiento, al tiempo que ha puesto de relieve que la sociedad española es "muy paternalista" porque en la escuela los deberes "los están haciendo los padres" con los niños y en la universidad los progenitores siguen haciéndoles a sus hijos muchas gestiones, con lo que los estudiantes están "excesivamente apegados a las faldas de papá y mamá".

Se han propuesto cambiar el “nos echan” por un “Volvemos” con mayúsculas. Con esta palabra Diego Ruiz del Árbol, Sebastián Sanz y Raúl Gil han bautizado un proyecto que pretende hacer retornar el talento que España ha visto fugarse por el sumidero de los recortes y la recesión. Buscando la complicidad e implicación de las administraciones públicas, Volvemos.org se perfila como la primera plataforma capaz de conectar a los profesionales emigrados con aquellas empresas dispuestas a acoger el potencial profesional y vital acumulado por quienes se marcharon. Este reto, tal y como cuenta Raúl a infoLibre, nació una tarde en un café berlinés cuando dos de los tres promotores, que conocen en primera persona el fenómeno de la emigración, compartían recuerdos y morriña de una España que se niegan a perder. Una España sobre la que ahora alumbran un plan que pretende poner en valor las capacidades y aptitudes profesionales adquiridas por aquellos se marcharon.

PREGUNTA: Planteáis un proyecto optimista que pueda devolver a España parte de ese talento profesional que se ha desvanecido en los años de la crisis. ¿Por qué ahora? ¿Percibís un fenómeno de retorno?

RESPUESTA: Lo cierto es que algunas cosas están cambiando tanto a nivel político como económico. Creemos que es un buen momento para que retorne gran parte del talento que se marchó. Eso además, sería algo que ayudaría a que España avanzara, porque nos parece muy difícil que un país pueda progresar teniendo a buena parte de sus profesionales fuera. También es verdad que ya se habla de retorno, de hecho en la campaña electoral para las elecciones generales varios partidos políticos se han referido a ello, hay incluso administraciones regionales que están haciendo sus planes de retorno. Nosotros lanzamos el proyecto hace 20 días y superamos los 1.500 inscritos, y claro, eso nos parece un signo de que esto ya empieza a ser un grito, un “estamos aquí y queremos volver”.

P: Es un objetivo ambicioso. ¿En qué medida os habéis planteado que deben contribuir empresas y administraciones en su consecución?

R: Nuestro objetivo es fortalecer una estructura que dé un servicio gratuito a los demandantes profesionales y que sea financiado, por un lado, por las administraciones a través de diferentes programas y por otro, por las empresas mediante dos vías: a través de la responsabilidad social corporativa en el caso de las grandes empresas y de nuestra base de datos para las pequeñas que buscan profesionales.

P: Parece que estáis obteniendo una repuesta contundente en cuanto a demandantes, pero ¿cómo está respondiendo el sector privado y público, teniendo en cuenta que desde las instituciones se ha estado minimizando el fenómeno migratorio de los últimos años?

R: Sí, lo han llamado “movilidad exterior”, y desde luego eso es algo que tiene que cambiar. Ya no puede haber nadie sensato y honesto consigo mismo que pueda negar que esto es una cuestión de país. Y en este sentido ya hemos contactado con algunos de los gobiernos autonómicos. Entre los tres promotores del proyecto sumamos 22 años de experiencia migratoria, un hecho que nos ha proporcionado un conocimiento en la materia que ahora queremos poner a disposición de las instituciones, pero es verdad que tiene que haber un convencimiento que creemos que va en aumento. En lo referente al sector privado estamos viendo que se están dirigiendo a nosotros bastantes empresas. Se están moviendo mucho porque son las más interesadas en reclutar talento, y el proceso migratorio es un plus personal y profesional que queremos poner el valor.

P: Gran parte de la gente que ha emigrado lo ha hecho motivada más por las precarias condiciones laborales a las que se enfrentaban que por el desempleo. ¿Hay una predisposición de las empresas implicadas a mejorar o igualar las condiciones y el clima profesional que éstos han encontrado en el extranjero?

R: Eso es algo que también quiere trabajar Volvemos, pero somos conscientes de que nosotros solos no podemos hacerlo, porque supone un cambio en nuestra cultura laboral. Mucha gente nos está diciendo, y tienen razón, que no quieren volver para ser explotados, que se sienten muy valorados en Alemania, Inglaterra, EEUU o donde sea. Que allí se encuentran con unas condiciones laborales estupendas, una legislación de conciliación familiar mejor y más garantías sociales. Nuestro país no es competitivo en ese sentido y las empresas que no sepan ver eso, no van a poder atraer talento y seguirán teniendo profesionales descontentos con contratos precarios. Ese es nuestro planteamiento: que las condiciones que ofrecemos a la gente que quiere volver sean las que nosotros mismos aceptaríamos.

P: Volvemos pretende reparar parte de las consecuencias del fenómeno migratorio de los últimos años. Tiene un objetivo práctico y claro. Pero a lo largo de estos años han surgido otras plataformas como Marea Granate que aborda este asunto desde una óptica más reivindicativa. ¿En el desarrollo de vuestro proyecto habéis compartido impresiones con este tipo de agrupaciones?

R: Tenemos un respeto absoluto por Marea Granate y compartimos su diagnóstico en muchas cuestiones, aunque nosotros nos vamos a centrar en el retorno. También creemos que hace falta darle la vuelta a todo el programa de apoyo a los emigrantes que hay fuera, porque la administración no ha sabido adaptarse a la nueva migración. Nosotros nos hemos puesto en contacto con asociaciones de referencia en algunos países, porque lo primero que queremos hacer es también una ronda presencial por tres o cuatro capitales importantes de Europa para montar nuestro proyecto porque, además, Volvemos también tiene un ideario, no somos neutros en este sentido. En España ha habido gente que ha negado la existencia de un fenómeno migratorio y ahí nos tendrán en frente. También queremos que se oiga el grito de la gente que quiere volver y que las administraciones se pongan las pilas para que eso suceda.

P: Entre los tres integrantes de Volvemos sumáis 22 años de experiencia migratoria, sin embargo, unos os marchásteis antes de la crisis y otros después. ¿Qué diferencias hay entre una y otra opción?

R: Hay muchas diferencias entre la emigración de la precrisis y la de la crisis en sí misma. Si tú te has ido porque has querido, todo se ve de otra manera, pero si te has marchado pensando que te han echado o porque no tenías oportunidades en tu país, empiezas con la moral muy baja y es complicado remontar esa sensación. Yo he visto irse gente en unas condiciones muy precarias y sin prepararse nada. Muchos de los que se iban a ganarse la vida lo han tenido más difícil, y de hecho, dos de cada tres personas que se iban a Alemania, se volvían a los pocos meses.

P: Vista vuestra propuesta, ¿era muy tremendista esa afirmación de que “hemos perdido una generación”?

R: La podemos recuperar todavía y en ello estamos, pero es verdad que, en edades muy concretas, hay pandillas enteras de amigos en el extranjero y ver que hay gente que tiene a familia y amigos por el mundo impresiona un poco. En cualquier caso yo no diría que la hemos perdido. Hay algo que va a quedar siempre, para bien: la experiencia profesional que es un plus. Y para mal, que esos son los que se tuvieron que marchar por la crisis. Ese relato de España siempre estará ahí. Ahora nos queda la responsabilidad de que el final sea feliz, que después de estos años de “nos vamos”, podamos empezar a volver.

Una denuncia de los franquiciados de las clínicas Vitaldent ha terminado con la cúpula de la empresa en los calabozos. Acusan a la empresa de Ernesto Colman de obligarles a pagar en metálico para engañar a Hacienda. Pero no han sido los primeros que se han levantado contra su franquiciador, en teoría su socio. Las quejas de autónomos y pequeños empresarios, embarcados en el negocio de explotar la marca de otro, se suceden según las franquicias van extendiendo su red. También se han intensificado en los últimos años de crisis, cuando más ha encogido el consumo y más personas han creído ver en el autoempleo una escapatoria al paro.

La última y más numerosa está a las puertas de la Audiencia Nacional y la acometen más de un centenar de franquiciados de los supermercados DIA. Aunque en los juzgados también se encuentran o se han encontrado otras enseñas tan familiares para el consumidor como Yves Rocher, Foster's Hollywood Yves Rochero YoigoYoigo. En otras como Llao Llao, Mail Boxes Mail Boxes–envíos de paquetería– o Restalia  –100 montaditos, La Sureña, The Good Burger– sus franquiciados han empezado a constituirse en asociaciones y plataformas para luchar por sus derechos y combatir lo que consideran prácticas abusivas de las marcas.

Independientemente de la enseña, e incluso del sector, las denuncias de los franquiciados son casi calcadas. La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ha expulsado a Vitaldent de forma cautelar por vulnerar el código deontológico de las franquicias, que obliga a “una gestión saneada y transparente”. Pero lo cierto es que las prácticas reveladas por los franquiciados despiertan sospechas sobre un modelo de negocio que reduce al mínimo el riesgo para el franquiciador y lo carga sobre un tercero. Es la fórmula perfecta si lo que se busca es una expansión rápida de la marca. Grupo Zena  –Burger King, La Vaca Argentina, Domino's Pizza, Cañas y Tapas– cuenta con 490 establecimientos; Restalia reparte 500 restaurantes en nueve país; Llao Llao nació en 2009 y dice estar presente en 28 países. En noviembre anunciaba la apertura de 70 tiendas de helados en Japón este año.

Plan de negocio ficticio, imposición de proveedores

En las demandas judiciales contra DIA, Yves Rocher o Foster's Hollywood, por ejemplo, los denunciantes aseguran que el plan de negocio que el franquiciador está obligado a proporcionar al franquiciado es ficticio. Una simulación, a veces un documento tipo, el mismo para todas las tiendas, que contiene previsiones de clientes y de beneficio irreales. En DIA prometen unos márgenes del 13% que jamás se alcanzan, aseguran los afectados.

En el caso de un restaurante de Foster's Hollywood en Ávila, el plan de negocio preveía 36.000 comensales al año, en una ciudad que no supera los 55.000 habitantes. Tanto el juzgado de instrucción como la Audiencia Provincial de Ávila consideraron abusivas las condiciones del contrato de Foster's Hollywood con sus franquiciados abulenses, que habían dejado de pagar el canon al que estaban obligados por falta de ingresos. La cadena de hamburgueserías es una más de las enseñas propiedad del Grupo Zena, que en 2014 pasó de las manos del fondo de capital riesgo CVC a los de Alia Capital Partners y el líder latinoamericano de la restauración Alsea.

Ese mismo año la Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia (CNMC) le abrió expediente por imponer a sus franquiciados todos los proveedores de productos y servicios, además de fijar los precios que éstos debían ofrecer al público. Ambas prácticas infringen la competencia. La CNMC aún no ha resuelto el expediente, abierto por una denuncia del Servicio de Defensa de la Competencia de Castilla y León.

No existe una ley de franquicias

El caso es que el control es escaso. De hecho, en España el contrato de franquicia carece de regulación legal. No existe una norma específica. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista únicamente le dedica un artículo, que se ha desarrollado en tres decretos-ley posteriores, uno de ellos para crear el Registro de Franquiciadores en 1998. En teoría, todas las empresas están obligadas a enviarle información de los locales que abren y cierran, pero los datos públicos se limitan al número de los establecimientos propios y franquiciados. Y no siempre están actualizados. El registro, dependiente del Ministerio de Economía, tampoco vigila o sanciona a la empresa que no manda información o que envía datos falsos, una competencia que el registro delega en las comunidades autónomas.

En DIA e Ives Rocher los franquiciados aseguran que no tienen ningún control sobre los pedidos que adquieren. El sistema informático lo administra la marca, no ellos. Los pedidos se cobran siempre, con independencia de si la tienda vende la mercancía y el franquiciado no puede modularlos en función de sus necesidades. Así pues, el franquiciado, no el consumidor, se convierte en el cliente de la marca, protestan. En ambas empresas, pero también en las marcas del grupo Restalia, la obligación de proporcionar ofertas al consumidor final o precios muy bajos termina por minar los ingresos del franquiciado. “Nos obligan a vender a pérdida”, resumen. Otra práctica prohibida por la ley.

“Algunos no quieren trabajar”

Abrir una clínica de Vitaldent exige una inversión cuantiosa, 280.000 euros. Para estrenarse con 100 Montaditos hacen falta 150.000 euros y pagar un canon de entrada de 30.000 euros más. En Mail Boxes es necesario poner sobre la mesa 55.000 euros. DIA pide un canon de entrada de 12.000 euros, así como un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Pero la mayoría de las franquicias son mucho más modestas: la inversión media es de 68.900 euros, según el informe La franquicia en cifras 2015, elaborado por Mundofranquicia Consulting. Muchos de los denunciantes son despedidos de sectores ajenos al mundo del comercio o de la empresa en general, que han capitalizado su prestación de desempleo, invertido sus ahorros, hipotecado su casa para “emprender”. Y lo han pagado con la ruina, se lamentan.

En general, más del 50% de los emprendedores no consigue superar los dos primeros años de actividad. Es más, según las organizaciones de autónomos, el mayor índice de “mortandad” se produce en el primer año.

Los franquiciadores se defienden asegurando que las “disconformidades”, y por tanto los pleitos judiciales, son mínimos, que su modelo de negocio es transparente y rentable, y que los malos resultados son producto de la falta de implicación del franquiciado o de su falta de pericia empresarial. Hace sólo unos días, el propietario de las tabernas Lizarrán se ponía “a disposición de sus franquiciados”, tras el cierre de todos sus locales en Galicia y de cinco de ellos sólo en Madrid, según publicó economíadigital.es. “Algunos no quieren trabajar suficientemente, otros tenían una pésima ubicación, aunque algo de culpa tendrá la empresa por no haber sabido seleccionar adecuadamente a los franquiciados”, explicaba.

“El franquiciado apenas tiene beneficios”

Sin embargo, la firma JP Morgan vino a dar la razón a los descontentos, en concreto a los de DIA, en un informe para inversores que publicó el pasado mes de febrero. Según su análisis, el modelo de negocio de la cadena de supermercados, basado en unos márgenes anormalmente altos y unas ventas menguantes, es “insostenible”. Unos márgenes que DIA consigue “a costa de sus franquiciados”. JP Morgan utiliza el término “canibalización”.

“El franquiciado [de la cadena española] apenas tiene beneficios”, asegura el informe. No gana dinero pese a que “gestiona ciertos costes mejor” que DIA en sus tiendas propias. El informe cita como ejemplo los costes de personal, de residuos y por robos. Por ejemplo, al tratarse de autónomos o emprendedores, los franquiciados “trabajan más horas sin cobrar horas extraordinarias”. “En otras palabras”, concluyen los analistas de JP Morgan, “DIA se queda con la mayor parte de los ahorros de costes generados por el franquiciado en personal y otros conceptos”. El 60% de las 7.583 tiendas de la cadena son franquicias.

En España funcionan 1.114 franquicias, que facturaron en 2015 un total de 18.667 millones de euros. Según el informe anual sobre el sector que elabora Tormo Franquicias Consulting, emplean a 341.966 trabajadores.

A Ricardo Currás, consejero delegado de la cadena de supermercados DIA, le gusta repetir que los franquiciados son “los mejores embajadores” de su marca. En la publicidad que dirige a quienes oferta sus tiendas cita los cinco valores de la empresa: “Eficacia, iniciativa, respeto, equipo y cliente”. Hay cientos de franquiciados en todo el mundo, sin embargo, cuya experiencia con la cadena de supermercados no puede estar más alejada de la eficacia y el respeto. Una treintena de ellos han presentado en España querellas por estafa y falsedad documental, algunos también por apropiación indebida, coacciones y amenazas e incluso delito informático. Son antiguos asociados de Barcelona, Girona, Vizcaya, Villarreal (Castellón), Madrid, Logroño… A los que se añaden otros 164 en Argentina, donde han denunciado a DIA ante el Juzgado Nacional en lo Criminal número 32 de Buenos Aires por una “maniobra defraudatoria a gran escala”.

También en Portugal, Brasil y Francia antiguos asociados de la cadena han recurrido a los tribunales por lo que consideran “cláusulas abusivas” y por obligarles a vender a pérdida, entre otras prácticas ilegales. La cadena, uno de los mayores franquiciadores del mundo, cuenta con 7.583 tiendas, 876 más que hace un año tras adquirir 570 al Grupo Eroski y El Árbol. De ellas, 5.880 llevan la marca DIA. Casi el 60% son franquicias. En los últimos 12 meses, destaca el último informe trimestre remitido por la multinacional a la CNMV, el número de tiendas con este formato ha crecido un 16%: 568 más desde septiembre de 2014.

“Entre tantas tiendas puede haber alguna disconformidad puntual, pero el nivel de litigiosidad es bajísimo”, responde un portavoz de DIA. Según explica, la cadena respeta “la legalidad vigente”, su “transparencia” es total como empresa que cotiza en Bolsa y pertenece al Íbex 35 y siempre ha colaborado con las autoridades cuando se le ha requerido información sobre sus prácticas de franquicia. Las denuncias contra DIA han llegado tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como a la Comisión Europea. Bruselas remitió a los afectados españoles y portugueses a sus respectivas autoridades de competencia, y éstas, a su vez, a los juzgados de lo Mercantil.

Cuentas de explotación falsas

Las prácticas que denuncian los franquiciados en los cinco países donde opera –los ya citados más China– son idénticas. En España DIA propone a sus propios empleados hacerse cargo como franquiciados de un supermercado que la cadena hasta ese momento ha explotado directamente. “Vamos a cerrarlo, te despedimos y con la indemnización nos pagas el canon o el alquiler del local”, suele ser la oferta según relatan los perjudicados. Aunque entre los denunciantes también hay trabajadores despedidos de cualquiera de los sectores perjudicados por la crisis que han capitalizado la prestación por desempleo para abrir su propio negocio. O muchos particulares que han invertido sus ahorros e hipotecados sus casas para convertirse en “emprendedores” abriendo una franquicia.

En las querellas a las que ha tenido acceso infoLibre, los denunciantes aseguran que, para empezar, la cuenta de explotación que les enseñan los responsables de DIA es falsa. Forma parte de la información precontractual que el franquiciador está obligado por ley a entregar a sus futuros asociados y, según la ley, debería estar basada en datos reales. Además, les promete un margen del 13% que nunca llega a alcanzarse. El contrato que se les facilita es un “contrato tipo, sin cantidades ni fechas”, un documento cerrado cuyos términos no pueden negociar y que a algunos les apremiaron a firmar “en un bar o en una cafetería”. Para asesorarles, hubo a quien le impusieron una determinada gestoría, denuncian.

A fin de hacerse con la tienda, los que DIA llama “operadores locales” deben abonar un canon de entrada de 12.000 euros y suscribir un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Una inversión cuantiosa, por tanto. Después, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata. “En el primer llenado de la tienda, que coincide con tu día de apertura, los camiones llegan y descargan la mercancía, y no te dejan comprobar el pedido”, explican los denunciantes. Más adelante, cuando el supermercado cierra por culpa de las pérdidas, los franquiciados descubren que el inventario no se corresponde con la realidad y que siempre deben dinero a DIA, decenas de miles de euros, por mercancía que no sabían que tenían.

Los problemas de gestión comienzan pronto. DIA fija los precios, lo que es ilegal. Los numerosos cupones descuento acumulables que la cadena distribuye a sus clientes, las ofertas “pague dos, llévese tres”, los “superprecios”… obligan a los franquiciados a vender a pérdida. Ellos adquieren a la empresa la mercancía a un precio determinado, pero la tienda termina vendiéndola al cliente que acude con sus múltiples cupones a un precio muy inferior. E, incumpliendo su propio manual de franquicias, la cadena no les reembolsa los descuentos a los asociados, que deben asumir la pérdida. Las campañas de Navidad, por ejemplo, se convierten en una pesadilla: panetones y roscones de reyes servidos en una cantidad que no les han dejado controlar terminan a precios de saldo en las estanterías en apenas unos días.

Duplican las ventas pero no hay beneficios

Los franquiciados con que ha hablado este periódico explican que llegaron a duplicar la facturación del supermercado respecto a las ventas de la tienda cuando era gestionada directamente por la cadena. Pero los 6.000 euros mensuales de beneficio que les prometió DIA no aparecían por ninguna parte. “Por el contrario, cuanto más vendes, más pierdes”, resumen.

Según las querellas, los inspectores de DIA conminan entonces a los franquiciados, alarmados por la falta de resultados, a invertir más dinero para seguir haciendo pedidos. Y no dudan en instarles a solicitar nuevos créditos, a no pagar a los empleados o incluso a despedirlos. “Los clientes de las tiendas asociadas de DIA no son los consumidores, sino los franquiciados”, denuncian, “los financiamos nosotros”. En apenas uno o dos años terminan arruinados, la cadena les ejecuta los avales y les reclama miles de euros por unas mercancías que, a veces, ni siquiera han estado en sus tiendas.

Pero el supermercado no cierra. Le sucede otro franquiciado o DIA lo recupera como tienda propia.

El portavoz de la cadena no ha querido contestar en detalle a este catálogo de prácticas, que no es exhaustivo. Según los querellantes, DIA impone condiciones distintas a sus tiendas propias y a las franquiciadas. A éstas les sirve productos a punto de caducar o deteriorados, por ejemplo. Si un franquiciado protesta por la situación, se le reduce el margen sin que él lo sepa. En los albaranes de la mercancía se les incluye el pago de la luz, una tarifa plana que el asociado abona aunque la factura está a nombre de la empresa. Al menos en un caso, el franquiciado pagaba el alquiler del local cada mes, por importe de un 0,5% de las ventas, con una parte de su indemnización por despido como encargado de una tienda propia de DIA. Ahora Hacienda le reclama el IRPF por una cantidad que, en realidad, jamás cobró.

Del autoempleo a la ruina

La franquicia es un sistema de venta inventado en Estados Unidos y que explotó en España a partir de los años 90. Mediante un contrato mercantil, una empresa, el franquiciador, cede a otra o a un autónomo el derecho a explotar su modelo de negocio, utilizando su marca bajo una serie de condiciones y a cambio de una contraprestación económica. Es un buen sistema para que las empresas crezcan de forma rápida minimizando riesgos y costes. En teoría, si el franquiciado gana, el franquiciador también. Si no es así, se produce un abuso.

La crisis económica y el aumento del paro han empujado a muchos al autoempleo. Incluso el Gobierno ha puesto mucho empeño y recursos en fomentar el “emprendimiento” como fórmula para escapar al paro. Y las franquicias aparecen como un modelo de negocio con menos riesgo, porque se apoya en marcas reconocidas y asentadas. No siempre ocurre de esa manera. Por ejemplo, las empresas franquician las tiendas menos rentables, nunca las que más venden. En muchos casos, terminan convirtiéndose en fórmulas para “comprar” un puesto de trabajo, donde el franquiciado ni siquiera se asigna un sueldo.

A las puertas de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional está a punto de decidir si acepta encargarse de la querella colectiva que 20 antiguos franquiciados repartidos por varias comunidades autónomas han presentado en un juzgado de Vic (Barcelona). Le piden a DIA una fianza por responsabilidad civil de cinco millones de euros. En Madrid, el abogado Marcos García Montes ha presentado otra querella por estafa y prepara al menos dos más. Está a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie para pedir que acumule todas las demandas presentadas en España. En ese momento se les unirán los casi 80 miembros de AsafrasAsafras, la asociación que agrupa a los franquiciados que se consideran estafados por la cadena.

Además, en Villarreal (Castellón) el juzgado instruye desde 2013 la querella por estafa de un despedido del sector del azulejo que capitalizó la indemnización cobrada del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tras cerrar su empresa para hacerse con un supermercado de DIA. Tuvo que cerrar en febrero de 2012. Su sucesor al frente de la tienda echó el candado la semana pasada.

En julio de 2014 García Montes ya interpuso otra querella colectiva, en representación de 28 franquiciados de toda España ante la misma Audiencia Nacional. El juez Javier Gómez Bermúdez la rechazó porque no consideró que 28 afectados fueran una “generalidad” de personas perjudicadas económicamente. Pero ni siquiera entró en el fondo del asunto.

Evasión fiscal y blanqueo en Argentina

Mientras, en Argentina, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten no sólo ha presentado una querella por estafa sino que, además, prepara una denuncia por evasión fiscal agravada y otra por encubrimiento y blanqueo de dinero ante la Unidad de Información Financiera, adelanta a infoLibre. Además, ha demandado a DIA ante los juzgados de lo Social porque, según la ley argentina, los franquiciados pueden ser considerados “trabajadores encubiertos”, los que en España se conocen como falsos autónomos.

En el país austral, la cadena española también se ha visto implicada en una operación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el equivalente a la Agencia Tributaria. Se la acusa de evadir impuestos por importe de 1.400 millones de pesos, 134,8 millones de euros.

En Portugal, Afeda, la asociación que agrupa a los franquiciados de DIA –allí bajo la marca Minipreço– cifra en cerca de 1.000 las quiebras que en los últimos años han provocado los abusos contractuales de la cadena. DIA posee cerca de 300 tiendas asociadas; por cada una de ellas han pasado en los últimos años dos o tres franquiciados, asegura el portavoz de Afeda, Paulo Jaloto. En Portugal los afectados empezaron en 2010 a presentar demandas civiles que aún siguen tramitándose. Antes de acabar este año, además, Afeda presentará una demanda colectiva en nombre de una decena de franquiciados. “Vamos a pedir hasta 600.000 euros de indemnización por tienda”, avanza Jaloto.

Las denuncias contra DIA han llegado ante las autoridades de competencia portuguesas, la Agencia Tributaria, la Procuradoria Geral de la República –el equivalnente a la Fiscalía española– e incluso la Agencia de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE) por prácticas comerciales abusivas, enumera Paulo Jaloto.

Condenas por emplear a falsos autónomos en Brasil

En Brasil, los problemas de las franquicias se han discutido en la Asamblea legislativa del Estado de São Paulo. Allí también se acusa a DIA de fraude laboral en los mismos términos que en Argentina. Las demandas han terminado en un buen número de condenas, que declaran nulos los contratos de franquicias y reconocen el “vínculo laboral” entre los falsos autónomos y la cadena española. Según Jaloto, se les reconoció ese carácter en un total de 190 tiendas, lo que le supuso a la multinacional una multa de 20 millones de euros.

En 2009 DIA llegó a un acuerdo con la fiscalía por el que se comprometía a no suscribir contratos mercantiles en lugar de laborales para estas tiendas, y a liquidar en un plazo de ocho meses los que ya tenía firmados. También se comprometía a explotar los supermercados propios con personal contratado. Fue condenada a pagar una indemnización de 300.0000 reales, unos 72.500 euros.

Pero la multinacional ha incumplido el acuerdo con unos 200 trabajadores hasta 2014, según explica el diputado por São Paulo Carlos Gianazzi, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), en un escrito enviado el pasado febrero al Departamento Central de Investigación y Acción Penal y a la Procuradoria Geral de Portugal.

Finalmente, en Francia fueron una cincuentena de franquiciados los que acudieron a los tribunales en 2013, de ellos unos 20 de la región de París. DIA se desprendió de su negocio francés en diciembre de 2014 vendiendo a Carrefour los 800 supermercados que poseía en el país vecino.

Problemas con Hacienda

En cualquier caso, los litigios por sus franquicias no son los únicos que tiene abiertos la multinacional española. También en Francia, la Agencia Tributaria local le reclama 4,46 millones de euros por el redondeo del IVA entre 2006 y 2008. En Brasil, Hacienda le exige 77,65 millones de euros por “el reflejo de los movimientos de mercancías y su repercusión en inventarios”, según el informe anual que DIA presentó en la CNMV. Y debe otros 13,34 millones por impuestos correspondientes a los “ingresos por descuentos recibidos de proveedores”.

Tras ser inspeccionada, a la Hacienda española tuvo que abonarle en 2014 un total de 6,71 millones de euros por el impuesto de sociedades de 2008 a 2010. En 2013 pagó 21,4 millones más por la liquidación del mismo impuesto correspondiente al ejercicio de 2003.

Caída de ventas en España, un millón para Currás

En los primeros nueve meses del año DIA ganó 104 millones de euros, un 52,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, lastrada por el coste de la compra de los 570 supermercados de Eroski y El Árbol. Las ventas de sus tiendas DIA en España han caído un 2,6%. Aún más, un 6,1%, en Portugal. Y en Brasil, un 0,4%. Por el contrario, en Argentina han crecido un 46,9% y un 21,7% en China.

En 2014, el consejero delegado de la multinacional, Ricardo Currás, cobró en sueldos y retribución variable un total de 971.000 euros, un 3,6% más que el año anterior. Su presidenta no ejecutiva, Ana María Llopis, 149.000 euros, según el informe de remuneraciones remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los 10 miembros del consejo de administración se repartieron ese año 1,87 millones de euros. Y sus nueve altos ejecutivos, 4,98 millones de euros.

El experto en estrategia empresarial Ram Charan arrancó este jueves la segunda jornada del Management & Business Summit (MABS), un encuentro entre directivos y líderes internacionales organizado por el grupo Atresmedia.

Charan, uno de los mayores consultores CEOs, impartió una serie de lecciones que tienen que ver con los cambios políticos y económicos a nivel mundial. Uno de esos cambios "es China", subrayó el experto. "En 30 años, de una base cero ha pasado a ser uno de los más ricos en términos de reservas externas", explicó. "Van a tener el poder" a través de la innovación, la flexibilización de las reglas de importación y su conversión en el gran productor de tecnología.

"China quiere convertirse en el principal exportador de innovación, tecnología y comercio exterior", apuntó. Y es que, según el experto, "el mundo está cambiando" y hay que "observar la velocidad" de ese cambio recordando ejemplos de empresas que ha recorrido distinta suerte como Apple, Nokia o Kodak para remarcar que algunas han desaparecido "porque no había líderes tecnológicos". "Hay que predecir qué empresa va a desaparecer", subrayó. 

Para poder hacer esa predicción, Charan dio tres consejos a modo de pregunta. "La primera es si nuestra empresa es digital. La segunda es si nuestro consejero delegado o nuestro presidente es digital y la tercera es si soy yo digital". "Cualquier empresa que no tenga los algoritmos de la digitalización está en peligro de extinción". 

David Muñoz: "La actitud tiene que ser levantarse buscando el 10"

Tampoco faltó a estas jornadas el chef español que ya cosecha tres estrellas Michelin David Muñoz, quien explicó el camino que ha recorrido hasta convertirse en uno de los chefs más reconocidos.

Lo primero que quiso remarcar es que todo lo que ha conseguido está vinculado a un equipo que le acompaña "desde hace muchos años". "Hay que ser capaz de que el equipo que te rodea desarrolle su propio talento", aseguró.

Abrió su primer restaurante DiverXo hace nueve años. Con una plantilla de 80 personas, en septiembre aumentará a 120 con la apertura de un DiverXo en Londres. Está previsto que para el próximo año abra otro en Nueva York. Pero aseguró que "no todo ha sido el sueño americano". "Ha habido una cara B. Trabajar 16 horas al día, seis días a la semana, por encima de nuestras posibilidades", bromeó.

Muñoz indicó que hay que "competir con uno mismo". "No debe tener cabida en el mundo profesional una actitud mediocre".

Pau Gasol: "Hay que encontrar una profesión que nos haga felices"

También se pudo ver en el encuentro a la referencia en el mundo del baloncesto nacional e internacional, Pau Gasol. A juicio del jugador, "no se nace líder, hay que perseguirlo".

"Tengo la gran suerte de dedicarme a algo que me encanta. Hay que encontrar una profesión que nos haga felices, es un gran privilegio", explicó Gasol. En su profesión, "como en casi todas, hay mucha competitividad y hay que estar preparado para ello". "Hay que demostrar que eres valioso", remarcó. 

Para Gasol, "la presión" de rendir es muy importante. "Un líder busca estímulos fuera y motivación en su entorno", señaló. En este punto, mencionó al tenista Rafa Nadal por "su cercanía y humildad". "He estado cerca de él y me llena, me da una inyección para seguir trabajando", indicó. Sin olvidar a su hermano y también jugador de baloncesto, Marc Gasol. "Vi su progresión, que ha conseguido con mucho sacrificio y compromiso”, subrayó. 

Expertos en liderazgo político cerraron las ponencias del miércoles

La primera jornada del MABS celebrada este miércoles contó con líderes políticos como el exprimer ministro de Reino Unido Gordon Brown o el expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso.  Pero también con  expertos en liderazgo político como Juan Verde, codirector internacional de la campaña para la reelección del presidente estadounidense Barack Obama, quien, además, formará parte de la campaña de Hillary Clinton en las primarias del Partido Demócrata.

En su ponencia, Verde apeló al análisis de "los datos como estrategia clave para construir proyectos ganadores". Aprovechó, asimismo, su experiencia como asesor político del presidente de Estados Unidos para desgranar las claves aprendidas durante la camapaña de 2012 de Obama, "extrapolables a cualquier persona en un proceso de cambio".

"Obama innovó a la hora de comunicar, de lograr una conexión de sentimientos básicos… Y logró innovar en el nuevo modelo de liderazgo, dirección y coordinación de la campaña. Esto fue posible por el uso innovador de las  nuevas tecnologías", explicó.

"En la innovación está la clave de la competitividad en el siglo XXI". "La innovación lo cambia todo y los mayores generadores de empleo y rentabilidad del futuro serán profesiones e incluso industrias que aún no existen”, indicó Verde.

"Obama venía del mundo del activismo, de tocar puerta a puerta, y comprendía la capacidad de la tecnología para exponenciar el mensaje". Por eso es fundamental –asegura– "la comunicación de los mensajes; cómo llegar a distintos segmentos adaptándose a los perfiles". "Creó la mayor movilización política de la historia de EEUU". Y es que, para Verde, "personalizar el mensaje es fundamental y eso te lo da el Data Mining, el Big Data". En resumen, el experto remarcó que se trata de conseguir, con una "definición clara de objetivos y estrategias, un nuevo modelo de liderazgo y el uso  innovador de las nuevas tecnologías".

Por su parte, el asesor en política educativa durante el Gobierno del exprimer ministro Tony Blair Richard Gerver, basó su ponencia en el liderazgo, que "tiene que ver con desarrollar a las personas". "Para mí el liderazgo tiene que ver con desarrollar a las personas, ese es el gran privilegio de ser un líder: tener la oportunidad de dar oportunidades", resumió.

"Los sistemas y las organizaciones no cambian nada, lo que cambia el mundo son las personas. Tenemos que centrarnos en nuestra gente para desarrollarnos, para generar ideas", remarcó Gerver.

Podemos financiará proyectos empresariales. El partido de Pablo Iglesias ha puesto en marcha este viernes la iniciativa Impulsa, a través de la cual pretende canalizar parte de los sueldos de sus cargos públicos –ahora mismo, cinco eurodiputados y 15 diputados en el Parlamento de Andalucía– para donarlos a personas que presenten "proyectos de emprendimiento".

La herramienta estará coordinada por el Área de Participación del partido, según ha informado Podemos en una nota de prensa, y su primera edición estará dotada con 50.000 euros, que se repartirán en dos premios de 8.000 euros para proyectos de ámbito estatal y 34 galardones de 1.000 euros destinados a financiar ideas a nivel autonómico, dos por cada comunidad. Las iniciativas tendrán que encuadrarse en alguna de las siete categorías que la formación ha establecido: Arte y Cultura, Educación e Igualdad, Inclusión Social, Salud y Deporte, I+D+I y Nuevas Tecnologías, Medio ambiente y Economía social.

Los emprendedores que quieran enviar sus propuestas tendrán hasta el 7 de mayo para hacerlo, y a partir de ese día se producirán dos votaciones en las que podrán participar todos los afiliados del partido: "La primera, votando proyectos que se muestren de manera aleatoria –en una muestra significativa, para evitar que promociones interesadas apoyen a un determinado proyecto sin tener en cuenta otro tipo de factores-, y una segunda, donde se votará, esta vez sí, entre los que hayan sido más votados de una forma abierta", explica Podemos en su comunicado.

Los proyectos elegidos por los militantes de Podemos se conocerán el próximo 16 de mayo, y tendrán a su disposición el llamado banco de talentos del partido, una base de datos en la que los ciudadanos que lo deseen pueden inscribirse y ofrecer sus habilidades para que aquellos que busquen un perfil en particular puedan ponerse en contacto con ellos.

La crisis se ha llevado por delante 302.929 empresas en cinco años. Lo dicen las cuentas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las de la Seguridad Social revelan que con ellas se han evaporado 2,8 millones de puestos de trabajo. No obstante, en los seis primeros meses de este año se han creado un 0,7% más de sociedades mercantiles que en el mismo semestre de 2013, al tiempo que ha caído un 14% el número de las que se han disuelto. También se reduce de forma significativa, un 30%, el número de concurso de acreedores.

La CEOE concluye que en 2013, después de seis años consecutivos de encogimiento del tejido empresarial español, por fin se ha reducido el ritmo de caída. También Joan Riera, profesor de Política de Empresa de la escuela de negocios Esade, cree que la reactivación empresarial “se ve en el ambiente”. El Barómetro de la Empresa Familiar que elabora KPMG para el Instituto de Empresa Familiar revela una “fuerte repunte” de la confianza de los directivos y empresarios.

Alejandro Inurrieta, que además de economista posee varias empresas, advierte ese crecimiento, pero le pone muchos matices. Sobre todo ve emprendimiento de supervivencia. “Trabajadores de más de 50 años que salen de grandes empresas tras un ERE y que montan consultorías”. O se dedican al comercio minorista o se apuntan a una franquicia. “Y con resultados malos, porque ahora es el peor momento”, razona, “con la caída del consumo el comercio está hundido, se ve en la rotación de los locales, que es tremenda”.

Según los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), en mayo cayó un 13,6% el número de desempleados que capitalizaron su prestación del paro para crear un negocio, y ya es el segundo mes que se produce un descenso. En total, 113.847 personas hicieron uso de este instrumento para crear una empresa, el 9% de los autónomos. El sindicato achaca la disminución al recorte en la cuantía de las prestaciones impuesta por el Gobierno y por la inestabilidad laboral: los parados deben capitalizar un mínimo de seis meses de prestación y los más recientes acceden cada vez a periodos de cobro más cortos.

Pequeñas y en sectores de poco valor añadido

Así, explica Inurrieta, las nuevas empresas se fundan con capitales muy pequeños. Entre 15.000 y 30.000 euros pueden bastar para una franquicia. El crédito sigue sin fluir, por lo que no puede haber empresas muy grandes y éstas sólo se crean “en sectores de poco valor añadido y con apenas uno o dos empleados”, precisa. Los niveles de formación de estos empresarios de emergencia suelen ser medios o bajos y su objetivo no puede sobrepasar las fronteras del mercado nacional.

El Directorio Central de Empresas del INE confirma que el 83,1% de las empresas españolas no tiene más de dos asalariados y que más de la mitad de las 3.119.310 que registra a 1 de enero de este año son autónomos sin empleados. Según la CEOE, en España sólo hay 4.191 empresas de más de 250 trabajadores. Además, la mayor parte de las empresas de nueva creación pertenecen, en efecto, al sector del comercio –el 23% el pasado mes de junio–, seguido de la construcción, pese al desplome del ladrillo. Claro que también este sector es el que más empresas cierra, el 21,5% de las que se disolvieron en junio.

Que el ritmo es renqueante lo corrobora igualmente el INE: el número de ampliaciones de capital cae un 6,6% hasta junio respecto a 2013. Se han suscrito 18.301 en estos seis primeros meses del año. En 2007, antes de la crisis, se superaron las 27.000.

Como resultado de una recuperación económica que Alejandro Inurrieta pone en duda, la vida media de estas empresa no suele ser muy larga. A duras penas supera los dos años, resalta el economista. En ese punto le da la razón Joan Riera: “Sólo el 10% de las empresas españolas llega a cumplir 10 años”. Pero sólo en ése. El profesor de Esade dibuja un panorama bien distinto. “Ha nacido una nueva raza empresarial”, proclama, fruto de una crisis que ha provocado “un cambio en las reglas del juego” en muy poco tiempo.

Nuevo modelo de negocio

En efecto, las empresas tienen menos asalariados, pero Riera cree que por el impacto de las nuevas tecnologías y porque hacen uso de fórmulas laborales más flexibles; es decir, tienen menos personal en nómina y más colaboradores free-lance, más autónomos. También han cambiado el marketing –“ahora hay que hacer frente a las quejas que aparecen por internet”–, la gestión de recursos humanos, las operaciones –“se miden más los costes”– y la financiación. No hay crédito, así que se buscan inversores. La consecuencia es que “la estructura patrimonial de las nuevas empresas es mucho más robusta”, destaca Joan Riera. Además, “ya nacen globales”, pensando en los mercados internacionales. En definitiva, “más compactas, más musculadas y más sólidas”.

Es lo que el profesor de Esade ve en los aproximadamente 40 proyectos que le llegan al vivero de empresas de su escuela de negocios cada dos meses. Proyectos que innovan más en el modelo de negocio que en el producto, a veces orientados a clientes muy específicos o pensados para ámbitos muy especializados.

Así que, en el nuevo mundo de la empresa poscrisis, el tamaño no importa. “Crecer no es imperativo”, continúa Joan Riera. Las nuevas tecnologías permiten costes muy bajos y plantillas pequeñas, al tiempo que hacen posibles grandes facturaciones, trabajando en red y ensayando nuevas fórmulas como los partners, “más que colaboradores, semisocios”.

Las TIC (tecnologías de la información) son las reinas de este paisaje empresarial por su carácter “transversal”, apunta el profesor de Esade. A su lado, las energías renovables y la responsabilidad social corporativa conviven con empresas de sectores tradicionales pero desde perspectivas innovadoras: nuevos servicios de arquitectura y proyectos industriales o incluso del maltratado sector de la construcción.

Inversiones sin financiación

Joan Riera asegura que el ritmo de creación de empresas va al alza, aunque el volumen de inversión ha “bajado un poco” y el número de operaciones no termina por despegar. Cree que aún falta confianza, para que fluya el crédito, y que debe aumentar el consumo. Por eso coincide con los encuestados del Barómetro de la Empresa Familiar en pedir rebajas de impuestos y la eliminación de barreras burocráticas. Pese a que el perfil de estas empresas –algunas de las mayores del país, de Inditex a Ferrovial o Mercadona, todas con facturaciones por encima de los 1.000 millones de euros– dista mucho de las pymes tecnológicas de las que habla Riera, ambos también reclaman mayor flexibilidad del mercado laboral. El 73% de las 125 empresas familiares consultadas –el pasado mes de abril– decían tener planes de inversión, pero hasta una tercera parte confesaba sufrir problemas de acceso a la financiación.

Quizá ese contraste entre el deseo y la realidad explique las estadísticas: en marzo de 2007 se alcanzó la cifra récord de creación de empresas en España: 16.165. En marzo de este año sólo se inscribieron 9.516 sociedades mercantiles, poco más de la mitad, y eso que ha sido, hasta ahora, el mes de con mayor actividad registral del presunto año de la recuperación.

Néstor Sánchez lleva dos viviendo en Xiamén (China). Pero, advierte, no se siente un exiliado económico. Decidió marcharse porque tenía ganas de conocer mundo, nuevas gentes y culturas. Una vez en su nuevo destino decidió montar una empresa, un estudio de diseño y desarrollo digital (Kuiki Studio). Y ahí sí que influyó el hecho de estar fuera porque, admite, si su única motivación hubiera sido emprender no habría contemplado hacerlo en España como una opción real. 

En España tenía un puesto de trabajo con buenas condiciones laborales, pero sentía que había llegado hasta donde podía llegar en ese empleo  y decidió aventurarse "en todos los sentidos". Considera que estar fuera de tu país te curte "en todos los aspectos de la vida". "Te encuentras solo y si no te solucionas la papeleta nadie vendrá a hacerlo. En un país como China este sentimiento se acentúa ya que la barrera cultural e idiomática es bestial", señala.

No obstante, no se plantea regresar. "Prefiero seguir explorando opciones fuera. Vivimos en un mundo globalizado y creo que esta experiencia me está enriqueciendo para poder entender mejor todo. Incluso las cosas que pasan dentro de nuestro país". En cualquier caso, asegura que la experiencia sigue teniendo muchos más puntos positivos que negativos. "Si me tengo que quedar con lo más duro, sin duda no poder ver a tus familiares y amigos en el día a día. Especialmente a mis abuelos que ya se van haciendo mayores. Aunque es bien cierto que siento que la distancia acaba uniendo más con la gente realmente importante y los momentos son de mayor calidad junto a ellos", asevera.

De España lo que más echa de menos son los bares. "Cualquier tipo de bar, nada en concreto. Simplemente la idea de poder salir a dar un paseo y poder tomarte un café, una cañita o una tapa de forma improvisada porque prácticamente en cualquier sitio tienes la opción. Aquí hay opciones pero no se puede producir de forma espontánea porque necesitas ir a las zonas determinadas que te pueden ofrecer este tipo de cosas. 

Su verano, asegura, tampoco será muy diferente a los que vivía su ciudad, Alicante. "Xiamén es una ciudad de playa, con buen tiempo y un estilo de vida realmente agradable", relata. Sin embargo, sí resalta una diferencia importante: "Mientras nosotros disfrutamos de la playa al 100% en cualquier momento del día, aquí los chinos tienen una forma de hacerlo muy particular con la cual no me identifico mucho. La mayoría de la gente no sabe nadar y tiene fobia al sol, así que básicamente se dedican a deambular por ella y a hacerse fotos de bodas".

Buscando la calidad sin importar el tiempo que lleve conseguirla ni la cantidad de contenido que puedan elaborar, la redacción que se encuentra detrás de Nawta trabaja con colaboradores en distintas ciudades del mundo, desde Nueva York hasta Berlín, pasando por Buenos Aires, México DF o Madrid.

La web, que se basa en el concepto de #creaversation, una fusión entre creatividad y conversación, elabora contenidos audiovisuales en formato entrevista, con el fin de conocer a gente de todo el mundo que esté desarrollando proyectos diferentes con una actitud positiva en medio de tiempos de oscuridad.

“Nawta es sobre todo un juego, porque creemos que cuando permites que los profesionales se diviertan es cuando salen las mejores cosas”, asegura Alonso Trenado, el periodista que dirige el proyecto.

El nuevo vídeo se ocupa de Robert Bobbito García, escritor, director de documentales, DJ, locutor de radiofórmula, jugador de baloncesto callejero.. .y en todo ello parece aportar su buen humor y su creatividad. Hijo de puertoriqueños, la música es su forma de vivir.

Los bachilleres estudiarán a partir del curso que viene "La función de la Filosofía en el mundo empresarial y organizativo". Al menos, si se mantiene la redacción del proyecto de currículo básico de Bachillerato que ha publicado recientemente el Ministerio de Educación para el curso 2014-2015 –el primero en el cual se aplicará la recién aprobada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)–, y que ha provocado una gran controversia entre los filósofos.

Estos contenidos están incluidos dentro del tema 12 de la asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato, y pretenden dar a conocer a los estudiantes "las posibilidades de aplicación de cada una de las disciplinas de la filosofía, en el ámbito empresarial en particular". El documento detalla, igualmente, los "estándares de aprendizaje" de esta lección: el profesor deberá valorar, por ejemplo, que el alumno utilice "conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial", entre los cuales se encuentran ideas como las de "principios", "saber", "orden lógico" o "finalidad".

El Ministerio también desglosa los aspectos que deben enseñarse para ser utilizados en el "mundo empresarial". Entre ellos se encuentran, por ejemplo, "el modo metafísico de preguntar radical y mayéutico para diseñar una idea empresarial", así como la "comprensión racional del conjunto, de los elementos que lo integran y del orden racional que subyace a la estructura empresarial". De igual manera, los profesores también deberán formar a sus alumnos en "la Ética y la filosofía política y antropología filosófica como herramientas para establecer el sistema de valores de la empresa".

Los criterios de evaluación para calificar a los alumnos en este tema siguen la misma línea: los docentes deben asegurarse, por ejemplo, de que los estudiantes saben "valorar, desde la antropología filosófica, la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura", así como "reconocer la utilidad de la Estética filosófica para dar viabilidad a un plan de márquetin".

Los filósofos rechazan el proyecto

El proyecto aprobado por el Ministerio no ha gustado a los profesionales de la disciplina. La Red Española de Filosofía (REF), que agrupa a más de 40 asociaciones dedicadas a la Filosofía, ha publicado un comunicado en el manifiesta su "malestar por la forma en la que el Ministerio ha elaborado y dado a conocer el citado currículo base", así como por su contenido.

"Consideramos que la elaboración se ha realizado de forma apresurada, sin transparencia alguna y, sobre todo, sin consultar a los expertos de la propia REF, a pesar de que esta organización representa al conjunto de la comunidad filosófica española", denuncia la REF, que muestra su "indignación" porque considera que "el borrador no ha sido elaborado con el tiempo, la dedicación y la competencia necesarios". "La organización de los contenidos y la redacción misma, en la mayoría de los casos confusa, indican que no ha sido un equipo de especialistas quien ha realizado el trabajo", remacha la plataforma.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid (APFM) –organización que se encuentra, a su vez, incluida dentro de la propia REF–, Enrique P. Mesa, ha calificado de "absurdos",tanto por su redacción como por su fondo,algunos de los enunciados que propone el borrador del Ministerio, como el que hace referencia al "modo de preguntar radical y mayéutico de la metafísica para diseñar una idea empresarial y/o un plan de empresa". El presidente de la APFM también critica el enunciado relativo a la "ética laboral", del cual afirma que "nadie sabe muy bien" a qué se refiere.

En cuanto a la inclusión de las referencias al mundo empresarial dentro del currículo, la REF tacha de "incoherencia" el planteamiento del tema 12. "Aquí se comete un gran error al confundir los contenidos fundamentales de la Filosofía con el uso ideológico e instrumental que se puede hacer de la formación filosófica en algunas escuelas de negocios y en el mundo de la empresa, lógicamente con fines puramente económicos y particulares" asevera la plataforma.

"Habría sido mucho más adecuado, y más congruente con la tradición del pensamiento filosófico occidental, incluir una reflexión filosófica sobre los diferentes sistemas económicos, sobre su relación con la democracia y los derechos humanos, sobre el problema de la justicia social, etc", ha manifestado la REF, que también ha denunciado que "esto es una muestra más del desmesurado afán que tiene el Ministerio por introducir en el currículo la ideología económica neoliberal en su versión más grosera".

La plataforma ha tachado de "completamente inaceptable" que "se pretenda devaluar el rigor de la materia de Filosofía e instrumentalizarla para fines ideológicos de una determinada orientación política", y ha enviado al Ministerio su propia propuesta de currículo para la Filosofía de 1º de Bachillerato.