Halil llega puntual a Tria Fanaria, un café del sur de Nicosia a un paso de la Línea Verde. Estamos en pleno corazón de Faneromeni, a escasos metros del puesto de control. Como uno de los pocos kahveneios históricos que quedan en la Ciudad Vieja, el café es un lugar donde el nacionalismo griego mantiene una presencia discreta pero omnipresente. En las paredes destaca la bandera de la Enosis, la unión de Chipre con Grecia, flanqueada por iconos de santos y de los caídos en la guerra de 1974. El ambiente no resulta asfixiante, pero para un chipriota turco como Halil difícilmente puede sentirse como en casa. "Vengo a estos sitios y hablo con la gente", dice mientras se lía un cigarrillo.

El ataque contra la base británica de Akrotiri el 2 de marzo —un ataque con dron lanzado desde Líbano en represalia por bombardeos estadounidenses e israelíes— tuvo escaso impacto práctico en la isla. Pero los nervios siguen a flor de piel. Marzo fue un mes de alarmas. Un incidente de seguridad en la base británica de Akrotiri el día 13 llevó a pedir a la población que se refugiara y se mantuviera alejada de las ventanas; luego, el 24 de marzo, un misil, quizá con destino a Chipre, fue interceptado sobre Beirut, lo que derivó en el cierre del aeropuerto internacional de Lárnaca. Este desgaste psicológico ha arrastrado a los chipriotas de ambas comunidades de vuelta a un pasado que creían haber superado. La tensión evoca la violencia intercomunal que culminó con la invasión de Ankara y una división que persiste hasta hoy: una isla partida en dos por una zona de amortiguamiento de la ONU, con la comunidad turcochipriota relegada a un Estado no reconocido.

Para Halil, poeta y doctorando en la Universidad del Mediterráneo Oriental en Famagusta, en la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), el conflicto no ha hecho sino reforzar la posición de Turquía. "Turquía aspira a la supremacía regional, y consolidar su presencia en el norte sirve a ese objetivo", explica. Activista antimilitarista que ha pasado tiempo en prisiones militares del norte por negarse al servicio obligatorio, sus palabras tienen peso. "En el norte vivimos en una vasta zona militar con pequeños enclaves civiles aislados", añade con ironía, señalando que en la práctica el estado de emergencia sigue vigente desde 1974.

Las Áreas de Bases Soberanas británicas (SBA, por sus siglas en inglés) de Akrotiri y Dhekelia ocupan un espacio complejo en este paisaje. "Los residentes del norte nunca han adoptado una postura firme respecto a ellas", observa Halil. "El norte ya está saturado de bases turcas, y el único tabú real para nosotros es criticar a Ankara. Ese es el núcleo del problema, junto con las históricamente buenas relaciones que muchos aún mantienen con los británicos".

Mientras que en el sur grecochipriota han estallado protestas contra las SBA, el impacto en el norte ha sido más contenido, pese a la exposición de la isla a posibles represalias. En línea con Ankara, las autoridades del norte condenaron el ataque a Irán; Turquía desplegó seis F-16 y reforzó las defensas aéreas, pero los turcochipriotas solo se manifestaron en el sur. Al norte de la Línea Verde, las tensiones internacionales se superponen al lastre histórico del problema chipriota. Turquía —aliada de la OTAN pero adversaria de la República de Chipre— actúa como mediadora regional mientras defiende simultáneamente su presencia militar en la isla.

La RTNC comparte frontera directa con Dhekelia. En los pasos de Strovilia y Pergamos ondea la Union Jack –la bandera nacional del Reino Unido– y los pasaportes los revisa la Policía Militar británica en lugar de agentes locales. Aquí, las colinas onduladas de las zonas agrícolas administradas por los británicos descienden hacia la costa, salpicadas de áreas militares restringidas. En la bahía de Dhekelia, la presencia militar apenas se delata por el alambre de espino y un radar que gira entre la vegetación mediterránea. Un cartel de hormigón reza: "Welcome to Dhekelia Station". La carretera atraviesa una puerta sin vigilancia, flanqueada por vallas: la bandera británica a un lado y, al otro, Cessac Beach, el único acceso al mar dentro del perímetro militar. Aunque la administración guarda silencio, es un secreto a voces que la zona funciona principalmente como centro de inteligencia.

"¡Esto es el Reino Unido!", exclama Alexandros, señalando el suelo. El joven propietario de un bar en las afueras de Ormidhia, un enclave rodeado por la base, no se inmuta ante las medidas de seguridad posteriores al ataque. "Hay protocolos y búnkeres", dice, "pero las autoridades solo se pusieron en contacto mucho después de lo ocurrido".

Pese a la independencia en 1960, Chipre sigue conviviendo con estas dos bases, un legado colonial que marca la vida cotidiana. Akrotiri, objetivo del dron en marzo, es la zona civil más densamente poblada dentro de las SBA. El sistema, que abarca el 3% de la isla, otorga al Reino Unido soberanía no solo sobre infraestructuras militares, sino también sobre la vida civil circundante.

Melanie Steliou, actriz chipriota-británica de 50 años que vive en Pyrgos, cerca de Akrotiri, percibe esa fricción. "Cuando llevo a mi hijo al colegio en Trachoni, un pueblo parcialmente bajo jurisdicción británica, oímos los aviones despegar justo encima de nosotros. Los niños están acostumbrados". Para Steliou, el problema es el limbo legal de la que es la mayor base de la RAF fuera del Reino Unido. "La base tiene sus protocolos, pero ¿quién cuida de los civiles que viven dentro o justo fuera del perímetro? Si un dron fallara su objetivo, ¿quién nos protege?".

Tras el ataque de marzo, cientos de civiles en Akrotiri fueron desplazados durante unos días, alimentando la incertidumbre entre quienes viven a lo largo de estas fronteras invisibles. En el paseo marítimo de Limassol, una mujer rusa juega con su hijo. Cerca, una lancha rápida arrastra a un esquiador sobre el agua. El sol deslumbra, pero en el horizonte la silueta de una fragata se distingue con claridad entre la bruma.

En la playa de Lady’s Mile, una franja desierta de arena dominada por antenas, no hay aduanas: solo Google Maps o algún coche ocasional de la Policía Militar indica el cambio de jurisdicción. El pueblo de Trachoni es el emblema de esta anomalía, dividido no por cascos azules de la ONU, sino por una línea burocrática invisible. En la calle principal, dos tiendas contiguas pueden pertenecer a distintos Estados. "Aquí es Reino Unido, pero allí, donde ves esos edificios, es Chipre", explica Giorgos, encargado de un café.

En esta "tierra de nadie", la burocracia se duplica. "Para abrir un negocio necesitas una licencia tanto de Nicosia como de la base", explica un joven barbero. Sin embargo, la reciente situación de emergencia apenas alteró la rutina. "En marzo, cuando la tensión era alta, no recibimos ninguna advertencia. Seguimos abiertos", añade Giorgos. Muchos en Akrotiri prefieren no alzar la voz; para algunos, los británicos son empleadores esenciales; para otros, constituyen la única garantía de defensa de un país sin un ejército formal.

Para evitar tensiones con quienes ven las bases como un símbolo del colonialismo, la administración de las SBA mantiene un perfil bajo: pocas patrullas, a menudo con agentes locales, y oficinas judiciales discretamente ubicadas dentro de zonas militares. Pero la ausencia de banderas no hace que el territorio dependa menos de Londres.

Matthew Stavrinides, ingeniero químico y activista pro palestino, fue uno de los primeros en dar la voz de alarma. "Era solo cuestión de tiempo. Este es el resultado de una estrategia en la que Londres y Nicosia han aceptado riesgos inaceptables para la población civil". A través de la página de Instagram "Genocide Free CY", Stavrinides y un colectivo bicomunal llevan dos años documentando vuelos de espionaje de la RAF sobre Gaza. "El Gobierno británico lo negó durante mucho tiempo, pero los datos recopilados con Declassified UK llevaron a una investigación parlamentaria en la que el ministro tuvo que admitir la actividad".

Lo que antes se limitaba a unos pocos activistas se ha convertido en una preocupación generalizada. "Cada crisis regional vuelve a poner a Akrotiri y Dhekelia en el punto de mira, pero la atención actual no tiene precedentes", afirma Ceylan Hassan, investigadora británica de origen turcochipriota, activa en el movimiento "Bases Off Cyprus".

Para ella, la cuestión es personal: su familia fue desplazada en 1974 de Episkopi por milicias de EOKA B, refugiándose en las bases antes de trasladarse al norte. "Las bases están intrínsecamente ligadas a la división de la isla", afirma. "Los antiguos colonizadores enfrentaron a las comunidades entre sí y se quedaron. Aceptar este sistema es aceptar que el colonialismo nunca terminó realmente".

El envío de una fragata a aguas chipriotas decidido por el Gobierno tras un ataque iraní retoma un debate jurídico con más de veinte años de solera, desde que una ley obligó a que el Congreso autorice las misiones en el exterior y al mismo tiempo exceptuó las directamente relacionadas con el interés nacional, según recoge EFE.

Fue la Ley Orgánica de Defensa Nacional la que impuso las autorizaciones en 2005 para los envíos de tropas, pues hasta entonces las Cortes solo tenían que ser consultadas en caso de declaración de guerra, sí regulada en la Constitución.

En las demás ocasiones, se entendía que era una decisión que formaba parte de las funciones constitucionales del Ejecutivo.

"Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso", reza el artículo 17.1, y en una sola frase dicta tanto la exigencia como el ambiguo abanico de excepciones.

Desde entonces, el Congreso ha aprobado 26 autorizaciones de ese tipo, según diversas fuentes recabadas por EFE, y ninguna vez denegó el permiso, siempre dieron luz verde amplias mayorías de diputados.

Afganistán, Congo, Líbano, Chad, Somalia, Haití, Uganda, Libia, Mali e Irak figuran entre los destinos de tropas españolas con autorización del Congreso al Gobierno para los despliegues.

A veces fue el pleno y otras veces la Comisión de Defensa el órgano que lo autorizó, ya que, a falta de disposición reglamentaria, es la Mesa del Congreso la que decide a cuál se lo deriva; e incluso en una ocasión fue la Diputación Permanente la que dio el visto bueno.

Varios juristas han criticado la falta de precisión normativa sobre cuándo y cómo debe el envío de tropas someterse a una votación del Congreso, y también a que se dejara al Senado al margen, algo que no ocurría en el precepto constitucional sobre la guerra, que cita a las Cortes, ambas cámaras.

Desde que el jueves el Ministerio de Defensa anunció que la fragata Cristóbal Colón se encamina hacia Chipre en compañía de navíos griegos y de un portaaviones francés, junto al que ya estaba en el Báltico, el Gobierno y el PP han enfrentado las dos interpretaciones jurídicas acerca del artículo 17 de la LODN.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preguntado por la prensa el viernes en Huelva, subrayó que "echar una mano a Chipre" es para "una misión evidentemente defensiva, nada ofensiva", y que la decisión del Gobierno "se ajusta lógicamente a la Ley Orgánica de Defensa Nacional".

En cambio, el PP ha exigido que someta la decisión al Congreso, porque, según ha resaltado el viernes en un comunicado, los soldados españoles en ese desplazamiento "se exponen a ser atacados".

Además, el PP ha reprochado a Sánchez que nunca haya sometido los envíos de tropas al exterior al visado del Congreso, ya que las 26 autorizaciones se aprobaron entre 2005 y 2018, a los gobiernos que presidieron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, sin ninguna en los últimos ocho años.

Un posible motivo es la variación del concepto de interés nacional, con cambios semánticos según lo define la Directiva de Defensa Nacional de 2020 respecto a las de 2008 y 2012, ya que, salvo disposición legal superior, es el documento máximo que rige en la materia.

Hace dos años el PP registró una proposición para modificar la LODN y concretar cuándo se requerirán las autorizaciones.

Sin una reforma legal, el debate jurídico seguirá abierto cada vez.

El presidente deL Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes el envío de una fragata a Chipre en una misión de "protección, defensa y rescate" y ha garantizado que España será solidaria con un socio europeo y defenderá apoyarle con la misma determinación que esgrime el "no a la guerra", informa EFE.

"Con la misma determinación que nos lleva a decir 'no a la guerra' en Irán, evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto", ha manifestado al inicio de la rueda de prensa con la que ha concluido la cumbre hispano-portuguesa celebrada en Huelva.

Sánchez ha recordado que la fragata Cristóbal Colón, que llegará a las costas chipriotas en los próximos días, se ha enviado a solicitud de ese socio europeo para contribuir "a la defensa y la seguridad colectivas".

Preguntado sobre por qué considera que esa operación no necesita autorización del Congreso, como exige el PP, Sánchez ha asegurado que su Gobierno se ajusta a la legalidad internacional y nacional.

La misión, ha subrayado, es "defensiva, nada ofensiva" y se ajusta a la Ley orgánica de seguridad nacional aprobada por las Cortes en 2005.

Sánchez ha señalado que este viernes ha pedido comparecer en el pleno del Congreso y ha recordado que en 2003, ante la guerra de Irak, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, tardó diez meses en comparecer ante la Cámara para informar de la posición del Gobierno.

Tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, el jefe del Gobierno ha vuelto a reivindicar el multilateralismo, el derecho internacional y el vínculo transatlántico, pero, ha dicho, "desde el respeto y desde la colaboración leal y en pie de igualdad", con reglas y no con la confrontación.

Ha justificado también de nuevo su "no a la guerra", convencido de que la escalada bélica en Oriente Medio es una "amenaza real" para la paz en el mundo y también para la prosperidad de las empresas y de los hogares, por la "evidente alza" en el coste de la vida que van a sufrir fundamentalmente las economías domésticas.

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, que sufrió un ataque como consecuencia de la guerra de Irán, ha informado el Ministerio de Defensa y ha recogido EFE.

La fragata se incorporó el pasado martes, día 3, al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico.

Con el despliegue de la fragata, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental, después de que un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri, en la isla mediterránea, ha subrayado Defensa.

La Cristóbal Colón es la fragata de la Armada española tecnológicamente más avanzada y su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot que España tiene desplegada en Turquía, ha señalado Defensa.

También estará preparada para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto de Irán.

El grupo naval se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el martes 10 de marzo. En breve, el buque de aprovisionamiento Cantabria saldrá a la mar para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito de los barcos por el golfo de Cádiz.

La Cristobal Colón es con 146 metros de eslora, 18,6 metros de manga, 7,2 metros de calado y una velocidad máxima de 28,5 nudos la fragata más moderna de la clase F-100 con la que cuenta la Armada y dispone del mayor porcentaje de participación de la industria española en su construcción, que se ejecutó en los astilleros de Navantia en Ferrol (A Coruña).

Puede desempeñar cualquiera de las cuatro misiones genéricas asignadas a la Fuerza Naval: disuasión y defensa; gestión de crisis; seguridad marítima y proyección exterior.

El navío está preparado para enfrentarse a blancos complejos y participar en ejercicios de defensa antiaérea y antimisil. Su dotación actual gira en torno a los 200 hombres y mujeres.

A nivel internacional, destaca su participación en las siguientes operaciones:

• Desde marzo de 2014 la fragata se integra en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), en ocasiones como buque de mando.

• Desde noviembre de 2016, en la operación Sea Guardian (operación de la OTAN) que presta apoyo al conocimiento de la situación marítima y a la lucha contra el terrorismo.

• En 2017 participa en un Despliegue de Larga Duración en Australia, junto a unidades de la marina de ese país.

• Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 completa 150 días desplegada en la SNMG-2 como buque de mando, actuando en beneficio de la seguridad de España y la OTAN.

• En mayo de 2021 lideró las maniobras de la OTAN At Sea Demonstration/Formidable Shield 2021, en las que efectuó con éxito un lanzamiento de misil Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) contra un blanco supersónico a casi tres veces la velocidad del sonido.

• En 2022 desplegó en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), contribuyendo a la disuasión, a la seguridad marítima y a los intereses nacionales de los países de la Alianza navegando en el Mediterráneo.

• Entre agosto y diciembre de 2024 vuelve a integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2, participando en la operación Noble Shield, bajo mando de Canadá.

Liliana Molina era una estafadora profesional que trabajaba en un locutorio de Tiflis (Georgia). A lo largo de varias semanas de marzo y abril de 2024, pasó horas al teléfono con Mark, un animoso comerciante británico, para convencerle de que hiciera una gran inversión en criptomonedas y acciones con las que, insistía, era imposible perder. “Si haces lo que digo, créeme, vamos a ganar mucho dinero”, le dijo. Finalmente, Mark accedió a enviarle la cantidad que le pedía.

Pero, ¿cómo iba ella a recibir esos fondos? Los bancos comerciales tienen estrictas políticas de detección del fraude y, si Mark se limitaba a transferir el dinero a los estafadores, podía ser rastreado fácilmente. Así, que Liliana abrió Telegram y envió una solicitud al departamento financiero del call-center dedicado a las ciberestafas para el que trabajaba: “Necesito datos de Reino Unido para 7.000 libras [8.311 euros], por favor”, escribió. En cuestión de minutos, recibió una factura por 7.000 libras dirigida a Mark con una cuenta en el banco digital lituano-británico Revolut a nombre de una empresa búlgara. Liliana se la remitió a Mark y éste transfirió el dinero.

Al final, Mark –pidió que se le mencione con un seudónimo, porque no quiere que las personas de su entorno sepan que le estafaron– perdió al menos 25.000 libras –29.791 euros–, y no fue el único. Liliana y sus colegas se embolsaron un total de más de 35 millones de dólares –33 millones de euros– entre 2022 y 2025, según han descubierto OCCRP y 30 medios de comunicación de todo el mundo tras recibir una nueva filtración sin precedentes de documentos y archivos de audio de ese call-center de Georgia. Otra organización similar, pero de mayor tamaño con sedes en Israel y Europa del Este, se hizo con 240 millones de dólares –222 millones de euros– de 32.000 víctimas repartidas en 34 países. Es el proyecto Scam Empire.

Pero, como revelan las interacciones entre Mark y Liliana, llevar a término una estafa requiere ayuda para sacar el dinero de las cuentas bancarias de los clientes –a menudo abiertas en grandes bancos comerciales con controles antifraude– e ingresarlo en las de los estafadores sin ser descubiertos. Los call-centers intentan asegurarse el éxito instando a sus víctimas a abrir cuentas en bancos digitales que creen que serán menos estrictos a la hora de vigilar el fraude. Luego, para recibir los fondos, los estafadores contaban con la asistencia de lo que ellos denominaban internamente “proveedores de servicios de pago”. 

Los proveedores de servicios de pago legales (PSP) son entidades financieras reguladas que ayudan a otras empresas a recibir dinero de sus clientes, proporcionándoles acceso al sistema bancario mundial.

Los documentos filtrados de Scam Empire han puesto al descubierto el lado oscuro de este sector: un enorme y misterioso ecosistema de proveedores no regulados de servicios de pago que ayudan a mover el dinero mediante métodos cuestionables y engañosos. Así funcionaba el sistema:

Los documentos financieros hallados en Scam Empire muestran que varios de estos proveedores de servicios de pago clandestinos fueron utilizados por las dos redes investigadas, la georgiana y la israelí-europea, que los mencionan entre cientos de proveedores –junto con exchanges [plataformas de intercambio] de criptomonedas, empresas de transferencias bancarias y otros– en las hojas de cálculo donde registraban los pagos de las víctimas.

Algunos de estos proveedores parecen estar especializados en determinados países, como los denominados Britain Local, Australia Local y Canada EasyWires. Otros tenían nombres más genéricos, como Anywires y Bankio. Muchos no parecen corresponder a entidades jurídicas reales. Los documentos internos revelan que los proveedores cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio de pago convencional legítimo: PayPal, por ejemplo, cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales.

Además, era frecuente la aparición –y posterior desaparición– de nuevos proveedores que ofrecían a los call-centers material promocional con diversas “soluciones” para transferir dinero. A veces los centros de llamadas recibían avisos de que estaban fuera de servicio.

Kathryn Westmore, que dirige los trabajos del Royal United Services Institute (RUSI) sobre delincuencia financiera, asegura que era habitual ver sistemas de este tipo al servicio de narcotraficantes, pero no tanto en “el mundo del fraude”, y los expertos aún no saben mucho sobre cómo funcionan. Helena Wood, responsable de políticas públicas de Cifas, una organización de prevención del fraude en el Reino Unido, explica a OCCRP que los proveedores de servicios de pago permiten a los estafadores externalizar sus operaciones financieras. “Se trata de un servicio de blanqueo de dinero a todos los efectos”, asegura Wood

Los documentos hallados en la filtración revelan que los estafadores presionaban con frecuencia a las víctimas para que abrieran cuentas bancarias en instituciones financieras específicas, normalmente bancos digitales o entidades de dinero electrónico, supuestamente porque suelen hacer menos preguntas sobre el cumplimiento de la normativa bancaria.

Los estafadores, por ejemplo, decían a las víctimas que no confiaran en los grandes bancos comerciales, ya que intentan evitar que sus clientes se enriquezcan o no son “criptoamigables”. En algunos casos, ese argumento se utilizaba para empujar a las víctimas a abrir cuentas en neobancos, entidades 100% digitales, pero sin licencia bancaria.

Revolut, un banco exclusivamente online, fue con diferencia el más utilizado por las víctimas para transferir fondos al centro de llamadas de Georgia: de las 5.040 transacciones en las que intervino un banco identificado, 598 se realizaron a través de Revolut.

“Como usted sabe, a veces los bancos se quejan cuando estamos recibiendo algunos fondos o cuando estamos invirtiendo en criptomonedas, ¿verdad?”, le dijo un estafador a una potencial víctima. “Así que, va a ser muy útil si consigue instalar Revolut”. Preguntado al respecto por OCCRP, el banco lituano-británico respondió que se toma “increíblemente en serio el fraude y el riesgo en toda la industria de la delincuencia organizada y sofisticada” y que cuenta con “procedimientos robustos para prevenir el uso indebido de Revolut con fines ilícitos”.

Otro estafador indicó a una víctima que escribiera palabra por palabra lo que debía decir a su banco para explicar los pagos a la plataforma de criptomonedas Wirex. “Si quieres, puedes escribir esto en un papel: ‘Utilizo Wirex para viajar. La utilizo desde hace más de cuatro años... Mi hijo o mi familiar me la recomendó porque, cuando viajo al extranjero, Wirex me da una tarjeta que puedo utilizar en otros países y tiene un reintegro muy bueno’. ¿Puedes escribir esta frase?”. Wirex no respondió a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

En el caso de Mark, el estafador le instó a abrir una cuenta en la sucursal digital de Chase en el Reino Unido. “Es mucho más fácil hacerlo con Chase”, le escribió por WhatsApp. También le dio instrucciones precisas sobre lo que debía hacer si Chase cuestionaba la transacción: debía decirle que las 7.000 libras eran para comprar “entradas para ir al teatro”. “Ella estaba literalmente al teléfono diciéndome exactamente lo que tenía que decir a Chase para conseguir que el dinero pasara”, contó Mark más tarde a los periodistas. Chase se ha negado a responder a las preguntas que sobre la cuenta de Mark le ha formulado OCCRP, acogiéndose a cuestiones de privacidad, pero también a contestar a preguntas generales sobre sus procedimientos de compliance.

Una vez que Liliana envió a Mark la factura falsa, éste transfirió los fondos a la cuenta búlgara de Revolut ese mismo día. El banco lituano-británico ha declinado responder a preguntas concretas sobre este caso, amparándose en la confidencialidad de sus clientes y la protección de datos. “Pensándolo ahora, fue una estupidez por mi parte, estaba transfiriendo dinero a cuentas aleatorias”, confiesa.

Mark se había dejado convencer por la versión de la realidad creada por su estafador mostrándole un sitio web falso donde parecía que su dinero estaba siendo bien invertido en lo que Liliana llamaba “beneficios garantizados”: “En la plataforma todo parece real, ¿me entiendes? Estaba ganando mucho dinero”.

Pero, entre bastidores, la factura falsa de 7.000 libras de Mark había sido fabricada por un proveedor de servicios de pago llamado Bankio. Los chats internos hallados en la filtración permiten ver lo que ocurría en la trastienda del call-center:

Todo esto ocurrió en apenas ocho minutos.  

Se trata de un ejemplo típico de cómo funciona el procesamiento de los pagos en los centros de llamadas de Scam Empire. Las capturas de pantalla incluidas en la filtración muestran la constante comunicación que mantienen con un auténtico ejército de gestores, normalmente en canales especiales de Telegram. Tras contactar con un proveedor y darle el nombre y la nacionalidad de una víctima, recibían rápidamente los datos de una cuenta.

También era habitual que surgieran nuevos proveedores de servicios para ofrecer a los centros de atención telefónica material promocional con diversas “soluciones“ para transferir dinero, que luego desaparecían: los centros de atención telefónica recibían a veces avisos de que estaban fuera de servicio. 

Los documentos de la filtración revelan que estos proveedores de servicios de pago cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio legal pero en consonancia con las comisiones típicas del blanqueo de capitales. Por establecer una comparación: PayPal cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales. 

Bankio tiene un sitio web rudimentario, así como documentos de marca que distribuye a los call-centers. Uno de los encontrados en la filtración, que expone su “flujo de trabajo”, promete que, tras la solicitud de asistencia, Bankio preparará una factura, seleccionará el “mejor banco disponible según el importe y el país del cliente”, recibirá el ingreso y, a continuación, enviará el dinero una vez que haya recibido el pago por sus servicios a través de un “informe de liquidación”.

Aunque Bankio tiene su propia marca, no hay ninguna entidad corporativa registrada con ese nombre y los periodistas no pudieron determinar quién está detrás. Pero los documentos de la filtración sugieren claramente que está conectado con un proveedor de servicios similar, Anywires, que también fue utilizado por los estafadores israelí-europeos. Ambos servicios comparten un número de teléfono móvil en el Reino Unido y una dirección en Edimburgo, la capital escocesa. Además, los call-centers facturaron a Bankio para recibir el dinero de víctimas que habían enviado dinero a través de Anywires según sus propios documentos internos.

Entre Bankio y Anywires proporcionaban datos de docenas de empresas fantasma en países europeos como Estonia, Hungría, Bulgaria y el Reino Unido.

Hasta el mes pasado, Anywires tenía un sitio web de aspecto profesional, en el que decía colaborar con Revolut y Wise, entre otros. Revolut contesta a OCCRP que nunca ha contratado a Anywires y que ésta utiliza su logotipo sin permiso. También dice que le envió una carta de cese y desistimiento. Después, el sitio web de Anywires desapareció. Por su parte, Wise declara que nunca ha mantenido relación comercial alguna con Anywires.

El sitio web de Anywires también indicaba una dirección de contacto en los suburbios de Riga, la capital de Letonia, pero sólo conduce a un apartamento en el primer piso de un desgastado bloque de apartamentos de la era soviética. Un periodista de Re:Baltica, medio de comunicación asociado a OCCRP, llamó a la puerta en dos ocasiones, pero nadie respondió.

Los materiales promocionales hallados en la filtración también vinculan a Anywires con una empresa letona ya disuelta registrada anteriormente en esa dirección, SIA VNV Group, que declara oficialmente ser un mayorista de “productos especializados”. El único accionista de VNV Group antes de su liquidación, el estonio Sergei Sidorenko, señaló a Delfi Estonia que nunca había oído hablar de Anywires. Añadió que VNV Group nunca hizo ningún negocio y ni siquiera tenía una cuenta bancaria.

Tampoco hubo respuesta a las preguntas enviadas a una dirección de contacto de Anywires encontrada en los documentos filtrados. Un número de teléfono móvil del Reino Unido anunciado anteriormente tanto por Anywires como por Bankio ya no funciona.

Unos meses antes de que convencieran a Mark para que enviara los ahorros de su vida a Liliana, un cirujano español tomaba una decisión similar 1.000 kilómetros más al sur.

El doctor. M es un destacado cirujano que dirige su propia clínica en Barcelona. A principios de 2023, tras una serie de conversaciones telefónicas, dos estafadores de un call-center ubicado en Sofía (Bulgaria) le convencieron de que se podía hacer una fortuna con inversiones en petróleo y gas. “Tenía allí unos ahorros que estaban sin hacer nada y quería ponerlos a trabajar para ver si podía obtener algún beneficio”, explicó a OCCRP y a infoLibre.

El médico terminó enviando casi un millón de euros a una agencia de valores suiza, fraccionados en pagos más pequeños. O al menos eso es lo que él pensaba. Sin embargo, los documentos internos de los estafadores revelan una realidad distinta: los pagos del doctor M iban directamente a una empresa fantasma, a través de un proveedor de servicios de pago denominado internamente LWires, formado por al menos 13 empresas diferentes, 11 registradas en España y dos en el Reino Unido.

Las empresas de LWires utilizaron 18 cuentas bancarias durante el periodo examinado por OCCRP, cinco de las cuales se abrieron en el Santander y otras cinco en el BBVA. El Santander rechaza comentar casos concretos, pero dice estar “seguro” de haber cumplido con sus “obligaciones como institución financiera responsable”. El BBVA también declina hablar sobre casos específicos, pero pone en valor las “numerosas medidas de control” con que cuenta “para evitar que sus servicios se utilicen en actividades ilícitas”.

Las empresas de LWires movieron más de 4,9 millones de euros de 600 personas que enviaron dinero a la organización israelí-europea en menos de dos años, entre enero de 2023 y noviembre de 2024. Scam Empire contiene extractos de cuentas bancarias de un subconjunto de las empresas de LWires, lo que proporciona una imagen inédita de cómo funcionaba.

Así funcionaba LWires:

Un grupo inicial de siete empresas –seis registradas en España y una en el Reino Unido– recibe dinero directamente de los supuestos inversores a través de transferencias bancarias. Estas empresas suelen enviarse fondos entre ellas, e incluso hacen pequeñas donaciones a organizaciones benéficas, una táctica para parecer menos sospechosas ante las autoridades, pero en general los ingresos de las víctimas fluyen desde ellas hacia un segundo grupo de empresas, la mayoría registradas en el Reino Unido.

De este segundo grupo de empresas, tres firmas londinenses fueron las que más dinero recibieron. Dos de ellas estaban registradas en la oficina de una gestoría en las afueras de Londres, situada encima de un balneario tailandés. Ambas son propiedad de ciudadanos húngaros de la ciudad fronteriza ucraniana de Uzhhorod, que parecen ser testaferros –uno es una peluquera que dice no saber nada de esa empresa británica–. Desde allí, parte del dinero fluye a empresas de Macedonia del Norte, Chipre, Hungría y Bulgaria, que facturaban a las empresas británicas por el trabajo realizado.

Y así funcionó con el dinero del cirujano barcelonés:

1. El doctor M. pensaba que estaba haciendo pagos para invertir a través de Rivobanc, una plataforma de negociación que indicaba una dirección en Suiza. En realidad, es una firma fantasma: ya había sido objeto de varias advertencias oficiales desde abril de 2023, incluida una de las autoridades suizas porque la empresa no estaba debidamente registrada.

2. En octubre de 2023, el médico envió 12.535 euros a una cuenta del Banco Santander perteneciente a una empresa española, Selterico SL.

3. Los estafadores le habían dicho que Selterico SL, cuyo domicilio social debía ser, según el Registro Mercantil, The Shed, un coworking en el barrio de Salamanca, en Madrid, era una sociedad de inversión vinculada a Rivobanc.

4. En realidad, Selterico SL se había creado sólo unos meses antes. Su propietaria nominal era una mujer que parece ser un testaferro.

5. Al día siguiente de que ese dinero llegara a las cuentas de Selterico SL, fue transferido a otra empresa, ésta con sede en el Reino Unido, Greencode Connection Limited.

6. Greencode es propiedad de Mihaly Cserepanya, un húngaro cuya dirección figura en un pueblo de la frontera ucraniana, otro testaferro.

7.  Cada vez que el doctor M enviaba una transferencia de dinero a Selterico, la misma cantidad se enviaba inmediatamente a Greencode.

8.  A mediados de noviembre, 138.000 euros del cirujano habían ido a parar esa empresa británica.

9. En este punto es donde LWires impide seguir el rastro del dinero. Los fondos de otras víctimas de estafas también fluyen hacia Greencode, mezclándose entre sí.

10. ¿Cómo retiraban el dinero los estafadores? Aquí entra el tercer grupo de empresas. Enviaban facturas a las empresas británicas por servicios no muy definidos que supuestamente prestaban: servicios informáticos, cumplimiento normativo y alquiler de oficinas. 

11. Pero no todo el dinero salía de esa manera: los fondos también se enviaban de una empresa de LWires a otra de formas tan complejas que a los periodistas les ha resultado imposible rastrearlos todos hasta un destino final. 

Ésa parece ser la cuestión. Los repetidos intentos de OCCRP para contactar con Selterico SL y Greencode Connection Limited y contactar con sus propietarios sobre el papel han sido infructuosos.

Mientras LWires movía el dinero por todo el mundo a través de múltiples capas de empresas pantalla, otro proveedor de servicios, Britain Local, parece haber conectado a los estafadores directamente con cuentas bancarias británicas a través de al menos cinco ciudadanos o residentes del Reino Unido que actuaban como testaferros. Todos ellos eran dueños de sociedades que tenían cuentas en los principales bancos del Reino Unido, incluidos HSBC y Lloyd's.

Britain Local no tiene presencia en internet, y los periodistas no pudieron determinar si el nombre corresponde a una empresa del mundo real, ni identificar quién controla el sistema. Sin embargo, Britain Local ganaba una comisión del 13% por el dinero que pasaba por el sistema, al menos 650.000 dólares entre septiembre de 2023, cuando parece que empezó a trabajar con la organización israelí-europea, y mayo de 2024.

Los estafadores contactaban con Britain Local a través de Telegram con información sobre su víctima y la cantidad que querían enviar, y se les facilitaban los datos de la cuenta bancaria.  

Nigel Sizer, de 74 años, es propietario de dos empresas registradas en una zona residencial de Nottingham. Sus datos bancarios fueron facilitados a los estafadores en el canal de Telegram de Britain Local. Estas dos sociedades, Penta Pacific Group Limited y NRG Applied Sciences Limited, están registradas como empresas de comercio al por mayor, pero recibieron miles de libras en transferencias electrónicas de las víctimas del call-center, que creían que estaban haciendo inversiones a través de plataformas llamadas Equitiz, Equistak y Saturn4u, según consta en las hojas de cálculo internas y los registros bancarios encontrados en la filtración. Estas tres supuestas plataformas de inversión están ahora sujetas a advertencias emitidas por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

Una de las víctimas, una mujer residente en el Reino Unido que perdió alrededor de 250.000 euros con la plataforma Equitiz, relata que le ordenaron enviar 25.000 libras a una de las empresas de Sizer para “desbloquear” su propia cuenta, una táctica frecuente usada por los estafadores. Desesperada por recuperar el dinero que ya había enviado a los estafadores, ella y su marido intentaron pagar estas supuestas tasas de “desbloqueo” en tramos de 5.000 libras. Una vez efectuado el primer ingreso, el banco bloqueó las transferencias posteriores, por lo que su gestor de cuentas senior del call-center le envió por correo electrónico tres facturas que podía utilizar para justificar los pagos, supuestamente por la compra de materiales de construcción. 

Cuando las transferencias no se desbloquearon, se le facilitaron otras cuentas bancarias en las que hacer ingresos, a las que envió otras 22.000 libras en las semanas siguientes. Pero los estafadores nunca liberaron sus fondos, sino que volvieron a ponerse en contacto con ella para pedirle más dinero.  Finalmente, confiesa, no pudo aguantar más. “Ven a sacarme la sangre y véndela, porque es lo único que me queda en el cuerpo. Me lo has quitado todo”, recuerda haberle dicho al estafador. Después denunció los hechos a la policía, pero al poco tiempo recibió una carta en la que ésta le informaba de que no se llevaría a cabo ninguna investigación.

“Sinceramente, espero que esa señora pueda recuperar todos sus fondos, y realmente no creo que nada del dinero de esas facturas llegara realmente a mi cuenta”, respondió Sizer cuando se le preguntó por esta víctima y por lo que había ocurrido con su dinero.

En otro caso, en diciembre de 2023, una víctima que también creía estar invirtiendo a través de Equitiz recibió una factura de la organización israelí-europea con la marca de la empresa de Sizer don de se solicitaba el ingreso de 2.850 libras en la cuenta de HSBC de la empresa de Nigel Sizer, supuestamente por la compra de cátodos de cobre, una materia prima de gran demanda. Un recibo de la transferencia bancaria hallado en la filtración de Scam Empire muestra que la víctima envió fondos a la cuenta de la empresa de Sizer tres días después de la fecha de la factura.

Sizer asegura a OCCRP que no tiene nada que ver con los call-centers de la estafa y que su empresa había participado en un negocio de cobre que finalmente fracasó. También relata que le habían presentado a un ciudadano israelí a quien sólo conocía como John, que le envió los nombres y direcciones de personas que él entendía que eran inversores en la operación. Sizer añade que preparó facturas dirigidas a esas personas y se las envió a John por WhatsApp.

También explica a los periodistas que todas las facturas de su empresa correspondían a inversiones en cátodos de cobre y que las facturas de los materiales de construcción habían sido manipuladas “con el propósito de estafar”. Sin embargo, añade, como había perdido el ordenador portátil donde tenía copias de las facturas, no podía aportar ninguna documentación. Además, asegura que John borró más tarde su chat de WhatsApp. Sizer no aportó ninguna prueba del supuesto acuerdo sobre el cobre. 

Sizer afirma igualmente que HSBC contacó con él en una ocasión para decirle que las personas que habían transferido dinero a su empresa creían que estaban invirtiendo en criptomonedas. Según dice, también se puso en contacto con él la policía, que le informó de que esas personas habían sido estafadas por una empresa que identificó como Saturn 4, probablemente una referencia a la plataforma Saturn4u, que ocupa un lugar destacado en la filtración y es una plataforma señalada por el regulador del Reino Unido.

No está claro si las cuentas asociadas a Sizer utilizadas por Britain Local siguen activas. Según indicó él a los periodistas, la Policía había conseguido una orden judicial para bloquear la cuenta y le había embargado 34.000 libras esterlinas, pero no pudo aportar ninguna prueba. A preguntas de OCCRP, el banco HSBC rehusó entrar en detalle sobre clientes específicos, pero destacó que busca “actividad inusual y toma medidas apropiadas y oportunas cuando las cuentas de los clientes están siendo utilizadas para facilitar delitos financieros“. 

Las empresas de Sizer tenían una cuenta en la entidad británica Banking Circle, que apuntó a OCCRP que las empresas pantalla que recibían fondos de las víctimas no eran clientes directos suyos, sino clientes de sus clientes. Esto es posible gracias a un servicio que ofrecen estos bancos denominado Número Virtual de Cuenta Bancaria Internacional, o VIBAN. LHV, una entidad con sede en Estonia, también asegura que las empresas utilizan sus VIBAN.

Tradicionalmente, los bancos se asocian con los IBAN, que están vinculados a una cuenta específica en cada entidad. Un VIBAN, sin embargo, permite a ciertos clientes –otras entidades financieras o procesadores de pagos– crear una subcuenta conectada a su cuenta principal.

“Un VIBAN reproduce algunas funciones asociadas a una cuenta bancaria estándar”, explica LHV Bank a OCCRP. Eso significa que un cliente del banco estonio “puede asignar a su propio cliente directo un VIBAN [y] se pueden enviar y recibir pagos utilizando el VIBAN”.

Banking Circle sostiene que las cuentas de las empresas pantalla eran VIBAN que “habían sido asignadas” en sus sistemas a un proveedor de servicios de pago. El banco dice que le está prohibido por ley dar el nombre del proveedor de servicios de pago. Tanto Banking Circle como LHV Bnak insisten en que se toman muy en serio su responsabilidad en la lucha contra el fraude y rechazan cualquier sugerencia de que no han actuado con la diligencia debida.

Otro aparente testaferro de Britain Local era Timothy Griffiths, un inglés de 70 años propietario de una empresa llamada Giricon Limited. Él insiste en que no tiene relación alguna con estafas de inversiones, pero un extracto bancario de Giricon de diciembre de 2023 muestra cómo recibió miles de libras de varias personas que creían estar invirtiendo a través de plataformas de trading que ahora están en la lista negra de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Poco después de que esos fondos entraran en las cuentas de Giricon, fueron transferidos a otra empresa del Reino Unido también propiedad de Griffiths, tal y como muestran los recibos bancarios hallados en la filtración.

Los registros bancarios obtenidos por OCCRP muestran que durante un periodo de tres meses a finales de 2023 y principios de 2024, Giricon recibió transferencias por valor de más de 162.000 libras de al menos 22 individuos. El dinero se ingresó en las cuentas de Giricon en Lloyd's, Revolut y LHV Bank. Sin embargo, en los documentos contables que envió al Registro Mercantil, Griffiths declaró que la compañía estaba “inactiva” en 2023 y 2024, lo que significa que no tuvo transacciones significativas durante esos años.

El británico explicó a los periodistas que el dinero provenía de inversores inmobiliarios y que no era “consciente de que fueran pagos fraudulentos”. También niega haber hablado con los inversores y rechaza explicar cómo su dinero fue ingresado en las cuentas bancarias de la empresa. No aportó pruebas del supuesto negocio inmobiliario.

Kathryn Westmore, la experta en delitos financieros de RUSI, apunta que los bancos deberían haber marcado como sospechosas las transacciones de importes elevados en las que participaba una empresa supuestamente inactiva. “Yo esperaría que los bancos se hubieran dado cuenta antes de que estas empresas no tienen otro propósito que recibir un montón de fondos sin ninguna prueba de que realmente estuvieran haciendo algo para justificarlo... Una de las cosas que hay que buscar cuando se supervisan las transacciones es cuando se reciben cargos y abonos en rápida sucesión, porque eso sugiere que podría haber blanqueo de dinero”.

Preguntado por este caso, Lloyd’s contesta que no hace comentarios sobre clientes actuales o antiguos. Revolut responde a OCCRP que restringió la cuenta de Giricon e informó de sus sospechas a las autoridades tras identificar “actividad potencialmente fraudulenta” a finales de 2023. “Todas las cuentas se someten a una supervisión continua para detectar actividades inusuales. Nuestros sistemas están diseñados para detectar anomalías y poner en marcha investigaciones según sea necesario”, añade. “Asumimos nuestra responsabilidad de prevenir y detectar delitos financieros y fraudes con la máxima seriedad”, replica por su parte LHV Bank, pero declina hacer comentarios sobre clientes específicos, amparándose en su confidencialidad.

Una de las víctimas que envió dinero a Giricon fue Stuart Daburn, un rico hombre de negocios que vive en una zona rural de Inglaterra. Entre los aproximadamente 32.000 supuestos inversores identificados en Scam Empire, ninguno perdió más dinero que él, que transfirió enormes sumas a los estafadores, tanto en criptomonedas como desde su cuenta en Chase Bank.

A diferencia de muchas víctimas del fraude de estos call-centers, Daburn llevó a sus estafadores a los tribunales. Ante el ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, acusa a un grupo de empresas –entre ellas una que formaba parte de LWires y dos propiedad de Griffiths–, a carteras de criptomonedas y a “personas desconocidas” de declaración dolosa. No ha querido hablar con OCCRP para este proyecto de investigación, alegando que el caso está sub iudice. Griffiths califica la demanda de Daburn de “montón de basura”, pero el mes pasado, un juez del Tribunal Superior de Justicia condenó a Giricon y a otros acusados, incluida una empresa de Griffiths, a pagar más de cuatro millones de libras a Stuart Daburn.

Para quienes carecen de recursos económicos con los que llevar a los estafadores ante los tribunales, la justicia es aún más esquiva. Mark, que perdió los ahorros de toda su vida por culpa de Liliana, denunció la estafa al servicio especializado en fraudes Action Fraud de la policía británica, pero no le sirvió de nada. Más tarde recuperó parte de su dinero a través de Refundee, una empresa privada que se dedica a cobrar el dinero perdido en fraudes. Mark confiesa que la terrible experiencia le ha dejado muy angustiado y estresado. Ahora está hasta el cuello de deudas. No le ha contado a nadie lo que le ocurrió, salvo a su novia y a otro amigo.

Aun así, se siente feliz recordándose a sí mismo que sus pérdidas podrían haber sido mucho mayores. Pero cuando los periodistas le preguntaron qué les diría a sus estafadores si alguna vez pudiera enfrentarse a ellos, Mark se enfadó. “¿Por qué creen que merecen el derecho a destruir la vida de la gente?”, exige saber.

Los documentos de la filtración muestran que Daburn recibió instrucciones para enviar dinero a una empresa polaca llamada 4Word Solutions Sp.zoo, con el fin de comprar criptodivisas, según un formulario de consentimiento firmado por el propio Daburn. Los registros muestran que hizo tres pagos por un total de más de 62.000 libras a esa empresa.

En 2023, la Policía Nacional española abrió una investigación por fraude sobre 4Word Solutions, tal y como consta en un oficio emitido por la unidad de ciberdelitos de Zaragoza y dirigido a esta empresa. Un ciudadano español había denunciado que le habían estafado, 23.000 euros de acuerdo con los documentos de Scam Empire.

Los chats de la filtración muestran que 4Word Solutions era una de las empresas que los proveedores de pagos ofrecían a los estafadores que buscaban recibir fondos de las víctimas, y que aparentemente operaban con criptodivisas. La primera de estas empresas se llamaba Erith Global y fue creada en Estonia por el israelí Michael Ohayon en 2020, pero cesó en sus operaciones en 2022 después de que ese país báltico endureciera su normativa sobre criptomonedas.

Los documentos de la filtración muestran que Erith fue sustituida por dos firmas lituanas, Mirha Traders UAB e Insights Group UAB. Un documento interno informaba a los estafadores de que las cuentas de Erith habían sido cerradas y les indicaba que utilizaran en su lugar las de una de las empresas lituanas.

En el otoño de 2023, Mirha Traders fue multada por las autoridades lituanas por infringir las leyes contra el blanqueo de capitales, y la operativa parece trasladarse de nuevo, esta vez a Polonia, con 4Word Solutions. Los documentos de la filtración muestran que los estafadores recibieron instrucciones para empezar a dirigir los pagos a esta empresa.

Los documentos filtrados sugieren que Erith y las empresas que la sucedieron movieron importantes sumas de dinero. Una hoja de cálculo con informes financieros indica que la red israelí-europea manejó más de 2,7 millones de euros a través de más de 260 transferencias en 2023, todas etiquetadas como “Erith C2B”. Los pagos se realizaron en dólares estadounidenses y canadienses, euros, libras esterlinas y rands sudafricanos.

Aunque estas empresas parecían ofrecer una vía de acceso al mundo poco regulado de las criptomonedas, también necesitaban cuentas en instituciones financieras para aceptar dinero de víctimas en moneda fiduciaria. Mirha tenía cuentas separadas en el proveedor de pagos británico Clear Junction y en la empresa de dinero electrónico CFS-Zipp para las personas que pagaban en euros. A las víctimas de Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Australia o Latinoamérica, que realizaban transferencias en dólares estadounidenses, se les indicaba que enviaran los pagos a las cuentas de Mirha en Clear Junction o en el Metropolitan Commercial Bank de Nueva York.

A preguntas de OCCRP; Clear Junction contesta que restringió la cuenta de Mirha en 2022 tras recibir quejas, pero rehúsa dar más detalles. Dice que mantiene “un nivel excepcionalmente alto de cumplimiento [de la normativa]” y que trabaja “incansablemente para llevar a cabo controles rigurosos de diligencia debida [y] controles apropiados contra el blanqueo de dinero y KYC [Know Your Client, Conoce a Tu Cliente]”. CFS-Zipp se limita a responder que cumple con “la legislación y la normativa aplicables en materia de detección y notificación de actividades sospechosas”.

Michael Ohayon y Metropolitan Commercial Bank no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por OCCRP. 

------------------------------------------------------------------------

Con información adicional de Greete Palgi (Delfi Estonia), Inese Braže (Re:Baltica), Anastasiia Morozova (VSquare.org / Frontstory.pl), Šarunas Černiauskas (Siena.lt).

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir a trámite la demanda de 72 víctimas de un entramado internacional que ha estafado a decenas de miles de ciudadanos de todo el mundo prometiéndoles cuantiosos beneficios a unas supuestas inversiones en acciones, materias primas y criptomonedas que jamás se llevaron a cabo. Mauro Jordán de la Peña, que se ha especializado en este tipo de ciberfraudes –todos los estafados fueron atraídos gracias a anuncios publicados en internet– ha agrupado a los perjudicados, con el objetivo no sólo de llevar a juicio a quienes les han robado casi 10 millones de euros en apenas unos meses, sino también de intentar recuperar su dinero. Un total de 31 de los 72 demandantes aparecen en los registros de la investigación Scam Empire.

El abogado es consciente de la dificultad de estas investigaciones, que deben traspasar los cortafuegos de los testaferros y empresas ficticias para llegar hasta oscuros personajes situados en países tan lejanos como Georgia o Israel. Pero critica con igual dureza a la policía y los bancos como a los organismos públicos que deberían velar por el cumplimiento de la ley. “El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste”, se explaya. También se lanza contra la propia ley antiblanqueo que, a su juicio, ha creado un “limbo” para las criptomonedas donde se mueven con demasiada alegría los ciberestafadores internacionales.

¿Cómo llegaste a interesarte en este tipo de estafas?

Empecé hace siete u ocho años, prácticamente cuando empecé en la abogacía. Uno de mis primeros clientes fue un señor con una enfermedad muy avanzada, que había perdido ciento y pico mil euros con el que era en aquel momento el broker más famoso del mundo, IronFX, patrocinador del FC Barcelona. Era una estafa muy clara y el dueño estaba en Chipre. Fueron los pioneros.

Y, en el caso de la demanda que acaba de admitir a trámite la Audiencia Nacional, ¿cómo agrupó a estas 72 personas, cada una de ellas en una provincia de España y que probablemente ni siquiera sabían que otras personas como ellos habían sido estafadas por los mismos delincuentes?

Al llevar tantos años y tener el know-how, digamos, sabemos lo que hay que buscar y lo que es relevante para establecer relaciones. Muchas veces la policía investiga hilos que no tienen ningún sentido, como los números de teléfono, por ejemplo, o las criptomonedas. Nosotros tenemos una base de datos muy grande que nos permite establecer marcadores y podemos ver que una persona y otra y una tercera hacen una transferencia a la misma empresa fantasma de la República Checa, por ejemplo. O vemos que el nombre falso de un estafador es el mismo que en otra denuncia. El modus operandi [de los estafadores] es siempre el mismo. Las páginas web que utilizan tienen exactamente la misma maquetación, sólo cambia el nombre. Titularizan a la vez 40 plataformas diferentes. Y manejarse con 40 nombres falsos diferentes, para ellos también es una locura. Por eso muchas veces los nombres falsos también son los mismos. El primer pago siempre es con tarjeta, y las empresas que les hacen la publicidad o el SEO son también muchas veces las mismas.

Además, parece que las plataformas o los grupos criminales no desaparecen, sino que se regeneran y siguen operando.

Sí, las organizaciones criminales, al igual que las empresas tradicionales, tienden al monopolio, tienden a la concentración de capital y de actividades. El ejemplo más claro de otro submundo delictivo con el que se puede comparar es el tráfico de drogas. Es decir, da igual dónde compres la droga, en España, Francia, Bélgica, esa droga viene de Colombia, Ecuador o México, y de cuatro organizaciones fuertes. Dan igual los subgrupos, al final la raíz es el cártel de Cali, los Zetas… Pues con las ciberestafas pasa lo mismo. Fueron poco a poco y cada vez se juntan más: hay tres, cuatro, cinco organizaciones grandes que se dedican a esto y se van extendiendo, se van dividiendo, se vuelven a juntar… y ya las tenemos identificadas.

¿Puede poner nombres y localización a esas tres o cuatro grandes organizaciones?

No es tan sencillo como con el mundo del tráfico de drogas, que está más localizado geográficamente. Pero, policialmente y a nivel europeo, hay identificadas varias organizaciones, pero no tienen un nombre como el cártel de Medellín, claro. Esas organizaciones tiene presencia en varios países, Bulgaria, Albania, y vínculos con Israel, con Rusia.

Por su experiencia, ¿son rivales estos grupos? ¿O trabajan juntos, cooperan y comparten información, por ejemplo?

No, no son rivales. Tras años de actuación, la infraestructura detrás del crimen tienen muchos vínculos en común, como pasa con otros submundos. Al igual que los narcotraficantes gallegos trabajan y descargan cocaína para diferentes cárteles, aquí hay determinadas empresas que proporcionan a los estafadores la tecnología de la información que hay detrás, el CRM [Gestión de Relación con los Clientes, por sus siglas en inglés] o los círculos para el blanqueo de capitales, que son los mismos. Y al final, fruto de años de detenciones de la policía o de explotar la operación contra una parte, surgen envidias, rencores. Sí, los hay que han tenido problemas, pero no hay una guerra entre ellos, que yo sepa.

¿Y las diferentes subcontratas o divisiones de las grandes corporaciones criminales, las que suministran la tecnología o los afiliados de marketing, están identificadas?

Esta gente mueve muchísimo dinero, tanto dinero como los cárteles de la droga. Esas empresas que les proporcionan servicios, son de dos tipos. Unas son fugaces. Proporcionan marketing online, SEO, o son procesadores de servicios de pago, pero las utilizan poco porque tienen una vida útil corta: al final los pillan, se queman. Otras son empresas grandes, potentes, que están controladas por los que realmente cortan el bacalao y que llevan operando años. Éstas les proporcionan la infraestructura, el CRM, los programas informáticos, las herramientas para estafar.

Nos ha sorprendido descubrir que la trama utiliza en España, sin ningún problema, cuentas en el BBVA, el Santander o el Sabadell. Han constituido empresas que han abierto cuentas desde las que han hecho miles de transferencias.

El sistema bancario tiene mucha responsabilidad. Los controles que deben hacer contra el blanqueo de capitales, los procedimientos KYC [Conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés] funcionan para los ricos, para los millonarios y para que una empresa de construcción no reciba tres millones de euros de Arabia Saudí. Para eso sí salta la alarma.

Pero el sistema no funciona para estas estafas, porque la mayoría de las transacciones son transferencias desde España hacia países dentro de la Unión Europea y los bancos ganan mucho dinero con las comisiones que cobran. El BBVA es el banco que menos controles hace. Con todo, lo grave no es que permitan todas esas transferencias, lo grave es que los bancos, como pasaba antes de 2009 con la crisis de las hipotecas, aprueban ahora préstamos preconcedidos para todo el mundo. Y no hacen ningún test de solvencia.

No se trata sólo de que los bancos no apliquen controles al blanqueo de capitales, sino que, una vez que a la víctima le vacían toda la cuenta, el banco le concede un crédito de 50.000 euros que, automáticamente, los estafadores transfieren al extranjero. Los bancos tienen responsabilidad de muchos tipos, pero ir contra ellos es complicado, mientras que los organismos que controlan su actividad son completamente inoperantes. El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste en España.

¿Hay algún agujero o algún fallo en los procedimientos KYC y en los seguimientos posteriores de las cuentas a los que están obligados los bancos españoles que los diferencia del resto de los bancos de Europa? ¿Son menos diligentes de lo que deberían ser o de lo que son en otros países, les dan alguna ventaja que aprovechan los estafadores?

No lo creo. El banco que más utilizan es el Deutsche Bank. [Los estafadores] conocen muy bien el sistema financiero europeo, tanto la banca tradicional como los neobancos. De hecho, participan en neobancos y han creado procesadores de servicios de pago propios, también tienen exchanges de criptomonedas propios. Mueven tanto dinero que ponen tres testaferros, una garantía de tres millones y se abren un banco en Estonia o Lituania. Alguno de ellos ya los han cerrado las autoridades allí.

Pero no creo que haya nada especial en relación a eso. Esta gente fue parte de la caída de Wirecard, que era el tercer neobanco de Alemania. Y el Deutsche Bank… es una locura.

Antes ha mencionado los escasos controles que hace el BBVA…

El BBVA no aplica ningún control. Pero lo importante no son las cuentas de las víctimas, sino que permiten la apertura de cuentas de testaferros, de empresas fantasma, sin plantilla, creadas por ciudadanos extranjeros, sin actividad, sin página web, ni sede social, ni nada… Que facturan miles de euros de un día para otro y esas cantidades se van automáticamente a otras cuentas bancarias en el extranjero

¿Y eso no debería saltar la alarma en los bancos?

Sí.

¿Y salta?

No.

¿Por qué no? ¿Porque los testaferros que abren las cuentas son ciudadanos de la UE?

Porque los bancos no ponen de su parte. Porque ganan mucho dinero permitiéndolo. Los bancos saben contra quién juegan y conocen sus riesgos. Una cosa es la responsabilidad administrativa de los bancos por blanqueo de capitales, que el Sepblac [la unidad de inteligencia financiera y de lucha contra el blanqueo de capitales] les ponga una multa de 15 millones. Pero, por la falta de control en la cuenta de Pepa María en Murcia, la multa de 15 millones a Pepa María de Murcia no le da nada. Pepa María sigue perdiendo los 100.000 euros que se transfirieron desde su cuenta. Entonces, ¿quién se toma ese trabajo?

Y eso suponiendo que Pepa María sepa que el banco tiene alguna responsabilidad. ¿Va una ciudadana de Murcia, destrozada por ser una víctima, a poner, no ya digamos una denuncia en la policía, sino una reclamación al Sepblac, al Banco de España?

Por ejemplo, un control facilito: que, cuando una persona de más de 65 o 70 años haga una transacción de más de 10.000 euros al extranjero, esa transacción se paralice. Los bancos no lo hacen porque ganan mucho dinero con las comisiones. Y no sólo ganan mucho dinero con las comisiones. Los neobancos procesan para ellos

Como Revolut.

Bueno, Revolut, ahora ya no, los cortó, porque ya tiene suficiente cuota de mercado, ya no se arriesga más. Pero tengo decenas, cientos de transacciones a través de Revolut [en la demanda ante la Audiencia Nacional].

El objetivo es la lucha contra el blanqueo de dinero, no la lucha contra el fraude ni contra las estafas.

La lucha contra el blanqueo de capitales la marcan las directivas europeas y es obligada a esta exposición. Y son muy genéricas. Si usted es una institución financiera o un procesador de servicios de pago, tiene que saber hacia dónde va el dinero. Pero un exchange de criptomonedas [un servicio que conecta compradores y vendedores], que también es un sujeto obligados en materia de blanqueo de capitales, ¿cómo garantiza eso? Tengo decenas, cientos de comunicaciones de Binance, de Kraken, entre las principales casas de cambio de criptomonedas, diciendo: “No, no. Esto salió de mi exchange, se fue el dinero a otra criptocartera y no tengo ningún dato, no tengo ni idea”. ¿Cómo se compagina eso con las directivas contra el blanqueo de capitales? Me da igual que sean criptomonedas, tú tienes la obligación de saber adónde mandas el dinero.

Además, a mí la gente no me contrata para luchar contra los bancos, sino para que intente recuperar su dinero. Alguien tiene que hacer esa labor, que es muy complicada. Si quieres que sea efectiva, no se trata de decir a los bancos que tienes a María Pepa, a la que han estafado 100.000 euros. No, se trata de decirles que tienes a 300 clientes que han hecho decenas de transacciones que han sacado miles de euros al extranjero. Tengo 200 cuentas bancarias de testaferros y empresas a través de tu banco. Y ése es un trabajo que también deberían hacer los organismos públicos, la policía, pero son completamente inoperantes.

Parece que, por su nivel de complejidad, estas estafas son muy difíciles para la policía. Empiezan una investigación, pero cuando ven que el dinero sale del país, paran.

Lo que le preocupa a un comisario provincial es que la gente pueda salir a cenar sin que le roben, pueda ir tranquilo por la calle sin que tenga miedo. La seguridad ciudadana. Y, en términos de política criminal, los casos que preocupan a la policía, que son los mismos que preocupan al Gobierno, son los que causan alarma social y tienen mucha repercusión mediática, las agresiones sexuales, los delitos contra la integridad, la libertad… Y después, los casos de corrupción, prevaricación, malversación, la Gürtel, Aldama…

Pero este tipo de delincuencia no causa ninguna alarma social, porque la sociedad española para determinados aspectos tiene la empatía muy poco desarrollada: “Si les han estafado es porque querían ganar mucho dinero”. Tú sabrás dónde metes tu dinero. O porque eres tonto: ¿quién te va a dar duros a cuatro pesetas? Lo ves incluso entre los propios policías y los juzgados.

Hay ciertas cosas de la policía que tendrían que cambiar mucho. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que estos delitos se investiguen de forma tradicional o en un ámbito geográfico, que es lo que hacen. Las unidades de ciberdelincuencia son bastante nuevas. Las unidades arroba de la Guardia Civil o los equipos Edite de derechos telemáticos. Pues, resulta que están por demarcaciones geográficas. Y eso no tiene ningún sentido.

Policías y jueces suelen decir que no saben contra quién actuar. ¿Pueden actuar contra las empresas fantasmas que la trama ha creado en España para empezar a tirar del hilo?

Claro que pueden: son empresas con sede social en España, constituidas ante notario, el nombre de los testaferros es conocido, también el número de las cuentas de los bancos, se sabe que el dinero pasó a otras cuentas... Tirar del hilo es muy fácil. Parte de la investigación tiene que ser en otros países, y resulta que el 75% de los juzgados de España no saben mandar una comisión rogatoria, o consultar con un órgano europeo.

Entonces, ¿qué tiene que pasar para que cambie esta situación?

Muchas cosas: una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma de Ley de Planta Judicial. En Italia, por ejemplo, los jueces cierran las plataformas, y lo hacen bastante.

Los cuerpos policiales dicen que funciona muy bien la coordinación entre ellos, también la colaboración con Eurojust y Europol.

No es cierto. A nivel europeo el país que funciona relativamente bien es Alemania, porque allí mandan los fiscales de los Länder. Y tienen la suerte de que hay tres o cuatro fiscalías donde los jefes son personas muy aptas, que conocen mucho este campo desde hace años y que son los que llevan a cabo las investigaciones.

Volviendo a la tarea de recuperar el dinero de las víctimas. En la demanda, se exige la responsabilidad civil a los exchanges de criptomonedas, no a los bancos. ¿Por qué?

La normativa contra el blanqueo de capitales, aunque los bancos la incumplan, es bastante clara. Los exchanges tienen que saber también a quién envían los fondos, pero la propia tecnología blockchain hace que eso sea imposible. Es una contradicción. Hay una especie de limbo.

Si yo imputo al BBVA, me dirá que verifica completamente la identidad de la empresa a la que se ha enviado el dinero: una empresa de la República Checa con este IBAN determinado. Ahí tienes la identificación formal. Pero debería ir un paso más allá y, como esa empresa está en el ciclo de blanqueo, debería bloquear esa transacción, pero ya es más película.

A mí me da igual que la tecnología haga imposible ese control. La ley lo marca. O cambia la ley o no le dejes operar. Pero no que se mantenga en este limbo: hay una ley de blanqueo de capitales que se aplica a todos, pero a los exchanges no se le aplica y nadie hace nada. Y te dicen, pero ¿cómo voy a prohibir operar a las casas de cambio de criptomonedas? Pues cambia la ley. U oblígales a operar de otra manera.

¿Ha conseguido recuperar el dinero de alguna víctima en otros casos que has llevado? ¿Qué tipo de pruebas hacen falta para tener éxito?

Sí, hemos recuperado dinero, de forma extrajudicial, es decir, apuntando directamente a los responsables, porque son empresas más o menos legítimas, como en el caso de las chipriotas, y todavía están empezando y no quieren que salte la liebre porque saben que tienen pendientes una base de 1.000 personas a las que están estafando. O a través de bloqueos de cuentas bancarias. De hecho, nosotros tenemos una de las primeras resoluciones que bloquea una criptocartera con un millón y medio de euros.

Pero también depende del grupo de la policía que te toque. El grupo de delitos telemáticos de la Policía Nacional de Zaragoza es muy bueno. Aquí en Madrid hay un par de grupos de la UDEF que son muy buenos también. Pero te puede tocar alguien en una comandancia que no sabe lo que es un bitcoin. O los Mossos d’Esquadra, me consta que están sobresaturados y contestan a los juzgados diciéndoles que no pueden investigar.

¿Y cómo es la colaboración con otros países de la UE como Bulgaria?

Estas organizaciones son tan grandes que obviamente están relacionados con los aparatos de poder de países como Bulgaria, Albania.. No me extrañaría que, en muchas ocasiones, policías de Francia o España desconfíen de meter en uno de sus grupos de trabajo internacionales a determinados organismos públicos de terceros países.

La estafa comienza cuando alguien pincha en un anuncio en Facebook o en Google. ¿Estas plataformas tienen también su grado de responsabilidad?

Son cooperadores necesarios. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, las directivas europeas, son relativamente nuevas. Un página web que sirve para una estafa necesita, para estar operativa, que alguien le venda un dominio y se lo mantenga. Si estás vendiendo un dominio y manteniendo en la nube un dominio que sabes que se está utilizando para una estafa, eres responsable. Sin embargo, la ley, las directivas europeas, excluyen la responsabilidad de los registradores de dominios, a no ser que alguien les avise de un incumplimiento y, aun habiendo sido avisados, lo sigan manteniendo. Una víctima no sabe lo que es un registrador de dominio y buscar quién es el registrador de dominio de una página web es inviable para una víctima.

La CNMV acaba de abrir expediente a Twitter, y le amenaza con una multa de 340 millones de euros por permitir anuncios de entidades no autorizadas. Eran deepfakes de famosos que prometían grandes beneficios. Pero no creo que la CNMV tenga quejas de Twitter y no de Facebook o de Instagram. O de los periódicos online. O de Google.

¿Es posible identificar a los teleoperadores? Hemos visto que todos usan nombres falsos. Algunos se comportan como auténticos psicópatas.

Sí es posible. Los descubres porque son chavales, aparecen en las redes sociales, se van de fiesta, alquilan un reservado VIP en discotecas, posan con coches de lujo… Muchos son latinoamericanos, también hay rumanos y extranjeros que hablan español. Todos trabajan desde call centers en el extranjero. Los hay que están allí mes y medio, y se van. Y los hay que levantan 400.000 euros a una víctima. Los que les mandan son los que me interesan. Y esos sí que son psicópatas. He tenido vídeos de algunos de  ellos celebrando que han estafado 300.000 euros a alguien tocando la campana.

“Me dijeron que, o invertía más, o perdía todo lo que tenía. No lo hice y vi que mi cuenta desaparecía [en la pantalla del ordenador]. Entonces invertí de nuevo. Siempre digo que en ese momento debería haber parado”. Pero el doctor M., cirujano vascular de Barcelona, propietario de una clínica, no paró y perdió casi un millón de euros tras ser estafado durante un año por los agentes telefónicos de una difusa, pero muy profesional, red internacional de ciberestafas dirigida desde Israel y Chipre. El médico catalán es sólo uno más de los 4.564 españoles que quedaron atrapados en los engaños de esta auténtica corporación criminal, que les robó 26,4 millones de euros en dos años.

Para hacerse una idea de la magnitud del ciberfraude, basta con recordar que el caso Gescartera, en 2001, afectó a unas 2.000 personas, la mitad de las perjudicadas ahora por el conglomerado israelí-chipriota. Si se añaden las 115 víctimas del AK Group, otro call-center georgiano con el que comparte modus operandi, proveedores de servicios e incluso víctimas, la cifra de españoles expoliados asciende a 4.679. El dinero robado por este centro de llamadas de Tiflis es mucho menor: entre octubre de 2023 y abril de 2024, despojaron de 425.000 euros a sus víctimas españolas.

Otra comparación: el Fondo de Víctimas de Madoff, creado para restituir a los estafados por el famoso financiero estadounidense con un esquema Ponzi que se extendió por 127 países, ha devuelto su dinero a 40.800 inversores a fecha de 31 de diciembre de 2024, 15 años después de que estallara el escándalo. Los embaucados por estas dos corporaciones criminales, la israelí-chipriota y la georgiana, suman no muchas menos: casi 33.000 personas, repartidas en 34 países.

Ambas redes quedan al descubierto en Scam Empire, la investigación en la que han colaborado 31 medios de todo el mundo, que se basa en documentos filtrados a la televisión pública sueca (SVT) y ha sido coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Como ocurría con esas dos famosas estafas españolas, las víctimas de la red israelí-chipriota se alejan del estereotipo de la viuda o el jubilado solitarios, tampoco son necesariamente personas sin cultura financiera. Aunque las haya con ese perfil. Arquitectos, médicos, empresarios, una famosa deportista, abogados y hasta asesores fiscales se cuentan entre los españoles que creyeron operar como exitosos inversores en Bolsa, materias primas, divisas y criptomonedas, pero acabaron perdiéndolo todo sin saber que también estaban engordando las cuentas de dos corporaciones criminales, una con oficinas centrales en Israel y Chipre, y enormes call-centers repartidos entre Bulgaria, Ucrania, Macedonia del Norte e incluso la misma España, y otra con call-centers en Georgia.

De hecho, España es el segundo país donde más víctimas ha conseguido la red dirigida desde Israel y Chipre, también donde más dinero ha robado, sólo después de Canadá. Pero, si se elimina el número de quienes sólo hicieron el primer pago de 250 euros –el anzuelo con el que los estafadores pretenden hacer creer a sus objetivos que los beneficios se han multiplicado milagrosamente–, España resulta ser el país que más dinero ha hecho ganar a esta corporación criminal, más de 18 millones de euros, el doble que el Reino Unido. Es más, 135 españoles han sido víctimas de los dos entramados, lo que sitúa a España, de nuevo, como el segundo país con más estafados compartidos tras Canadá, y muy por encima del Reino Unido.

Aunque para apreciar con exactitud la gravedad del expolio conviene acercarse a las cifras individuales. Según los análisis llevados a cabo por los periodistas que han participado en Scam Empire, la corporación dirigida desde Israel y Chipre, a la que los periodistas han bautizado como Red Sapir por el edificio de Tel Aviv donde situó sus oficinas centrales, estafó entre 100.000 y 400.000 euros a 48 ciudadanos españoles. Otros 80 perdieron entre 50.000 y 100.000 euros. Pero a quienes sacaron entre 10.000 y 50.000 suman más de 300.

Aunque el mayor golpe se lo llevaron las cuatro víctimas que entregaron más de 400.000 euros a los criminales. Uno de ellos, el cirujano catalán, es además el cuarto que más dinero perdió de todos los estafados en los 34 países donde actúa la red, sólo superado por ciudadanos británicos. “Tenía unos ahorros que no estaban haciendo nada, así que quise ponerlos a trabajar para ver si podía sacarles algún beneficio. Perdí los ahorros de toda mi vida”, resume el doctor M., a quien los criminales hicieron creer que había ganado 2,6 millones de euros. “Me han dejado en blanco”, se lamenta, “estoy tocado, muy tocado”. Aun así, sólo eleva el tono de voz cuando cuenta que denunció la estafa a los Mossos d’Esquadra y en el juzgado. “No sirve de nada: ni el juez te escucha ni la policía se mueve”, protesta: “Sólo me llamaron un día, a las 11 de la noche, y me dijeron que investigarían, pero con una desgana total y absoluta”.

Además de haber resultado una auténtica mina de oro para las dos corporaciones criminales, España es el primer país donde los tribunales han admitido a trámite una demanda colectiva contra estos entramados dedicados a la ciberestafa internacional. El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir la que ha presentado el abogado Mauro Jordán de la Peña, experto en este tipo de fraudes, en nombre de 72 víctimas. El dinero que les estafaron alcanza los nueve millones de euros. Treinta y una de ellas aparecen en los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire.

Pero hay otra circunstancia que singulariza a España en la red criminal. También es el único país de la Europa occidental donde la corporación ha instalado un call-center. Situado en la calle Venezuela de Barcelona, permaneció abierto sólo unos meses el año pasado, tal y como confirmó el conserje del edificio a OCCRP. En ese tiempo, el centro de llamadas dio empleo a una veintena de personas. En marzo de 2024, una de las empresas de la red Sapir, Telecom Wide SL, pidió a un despacho de abogados de Barcelona, Gutierrez Pujadas & Partners, una opinión legal –asesoramiento– antes de abrirlo. Según los documentos de Scam Empire, la empresa pretendía prestar servicios a una compañía extranjera “para captar clientes de Latinoamérica”. Y preguntó a los abogados si las leyes laborales españolas permiten someter a la prueba del polígrafo a los candidatos a teleoperadores, entre otras cuestiones sobre tipos de contrato, periodos de prueba, causas e indemnizaciones de despido.

Gutiérrez Pujadas le contestó que las leyes españolas no prohíben usar el polígrafo en los procesos de selección de personal, pero se trata de una “práctica controvertida” que no está regulada de forma específica. Por tanto, aconseja que la prueba se haga “respetando los derechos fundamentales” y la privacidad de los candidatos. También debe ser “voluntaria” y sujeta siempre al consentimiento previo y expreso del trabajador. En todo caso, el abogado recomienda a su cliente que consulte con empresas especializadas antes de llevar a cabo ese tipo de exámenes. En el Registro Mercantil aparece como administrador y propietario de Telecom Wide SL un ciudadano húngaro, Imre Szalka, que constituyó la sociedad en marzo de 2024, el mismo mes en que solicitó la opinión legal a Gutiérrez Pujadas & Partners.

OCCRP ha preguntado al despacho barcelonés por esta empresa y el centro de llamadas, pero no ha obtenido respuesta alguna.

“Si una empresa se establece en España, seguro que no estafa aquí, sino a ciudadanos de otros países”, expone a OCCRP un investigador de los Mossos d’Esquadra especializado en ciberfraude. Lo que no impide que en Cataluña las estafas por internet sean el segundo delito más denunciado, añade. Es más, en toda España, los delitos cibernéticos crecen un 20% al año, destaca por su parte Alberto Redondo, jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil. Una de cada cinco denuncias son por crímenes cometidos gracias a internet y de éstos, el 90% son estafas, detalla. Sobre todo en los últimos cinco años, el aumento ha sido “exponencial”, tanto en número de víctimas como en las cuantías estafadas. Y no hay un perfil de víctima, resalta Alberto Redondo: “Ricos y pobres, vulnerables o no… Se ha puesto de moda entre los jóvenes invertir en criptomonedas, por ejemplo, y también ha coincidido con una época en que los bancos retribuyen poco los depósitos”. Mientras la remuneración media de estos productos financieros era del 2,31% en 2023, según datos del BCE, los estafadores prometen beneficios del 200% al mes, recuerda el investigador de los Mossos.

La historia de persuasión, ingenuidad y desengaño final que relata el cirujano catalán la repiten, con escasas variaciones, todas las víctimas contactadas por infoLibre. El doctor M., que como el resto de los estafados no ha querido revelar su verdadera identidad, pinchó en un anuncio falso de internet donde el presidente de Mercadona, Juan Roig –en otros casos eran Pablo Motos, Gerard Piqué o Fernando Alonso– aparecía prometiendo grandes beneficios a partir de inversiones modestas. Dejó su nombre y número de teléfono móvil para recibir información. No mucho tiempo después –a veces sólo unos minutos o unas horas más tarde, apuntan otros afectados–, un supuesto asesor financiero le llamó por teléfono para explicarle cómo funcionaba, usando la inteligencia artificial, una supuesta plataforma online de inversiones. El agente telefónico que contactó con el doctor M. decía llamarse Alejandro Sarmiento y hablaba con acento latinoamericano. No es su nombre verdadero, por supuesto. Ninguno de los más de 60 teleoperadores del departamento español de la red Sapir contabilizados por Scam Empire facilita su verdadera identidad. Y no sólo a las víctimas de la estafa. Ni siquiera figuran sus auténticos nombres en las nóminas que cobran o en cualquiera de los documentos internos de la red criminal a los que ha tenido acceso OCCRP.

Pero todos los miembros del departamento español son latinoamericanos o rumanos con un excelente castellano, de acuerdo con los testimonios recogidos de los estafados. Y aunque llamaban desde números de teléfono supuestamente españoles, su lugar de trabajo es Sofía, la capital de Bulgaria, según la investigación que ha llevado a cabo Scam Empire. Los call-center dedicados a engañar en español son denominados Zebra-IB y Sales-IB por la propia red criminal. En el primero trabajan 39 personas; en el segundo, 23.

Alejandro Sarmiento fue el analista de cabecera del doctor M., pero no el único agente que se ocupó de asegurarle como fuente de ingresos para la red. “Luego apareció otro, que parecía su superior”, recuerda el cirujano. Alguien que decía llamarse Emiliano Mendieta. “Eran muy persuasivos”, reflexiona ahora el doctor M. Muy hábiles en la manipulación psicológica. “Uno iba de poli bueno y otro de poli malo”. La amenaza del poli malo era directa: “Si no haces una transferencia hoy, lo pierdes todo”. El poli bueno le dejaba respirar sólo un poco: “Bueno, vamos a darte unos días”.

Desde febrero de 2023, cuando hizo su primer ingreso de 250 euros, hasta noviembre de ese año, el doctor M. firmó más de 60 transferencias bancarias, de acuerdo con los registros de los propios estafadores. A veces hasta cuatro en una misma fecha. La de mayor cuantía, una de 37.500 euros. Hubo un día en que les ingresó 86.000 euros en varias transacciones. Algunas fueron para comprar criptomonedas. A cambio, en 10 meses sólo pudo retirar 1.000 euros, uno de los trucos empleados por los estafadores para hacer creer a las víctimas que podían recoger el beneficio de sus “inversiones” en cualquier momento. De esa forma, el cirujano fue despojado de unos 990.000 euros, como se puede ver en los propios registros de los criminales y él mismo confirma.

El doctor M. hizo transferencias a las cuentas que Sarmiento y Mendieta le iban indicando. Así, pagó supuestas facturas a la cuenta en un banco lituano de una empresa estonia llamada Linerum OU, una gestoría. También a una empresa polaca de la construcción, Hilone SP ZOO, y a otra italiana de restauración, All Inclusive20 SRLS. Además de a una sociedad española, Selterico SL, que tenía abierta una cuenta en el Banco Santander. Creada en junio de 2023 por una ciudadana extranjera de nombre Sofija Ivanova, que figura también como su adiministradora y socia única, es una supuesta agencia de publicidad. En el Registro Mercantil figura como domicilio social un coworking en el barrio de Salamanca de Madrid. Su gerente aseguró a infoLibre que esa empresa jamás ha sido su cliente. Pese a esos extraños pagos, el cirujano creía estar invirtiendo en Rivobanc, una firma de inversión sobre la que han emitido advertencias la CNMV y sus equivalentes en Reino Unido, Irlanda, Suiza y Canadá porque carece de autorización para operar.

El doctor M. no sospechó hasta que pidió retirar sus supuestas ganancias y le hicieron una transferencia que debía ascender a 500.000 euros. “A través del BBVA, pero era completamente falsa. Fui al banco y me dijeron que esa cuenta no existía”, recuerda. Los estafadores le aseguraron entonces que tardaría tres semanas en cobrar. Después le llamó alguien que aseguraba ser el director del SabadellUrquijo: “[Los estafadores] Decían que era su banco”. “Me dijo que yo tenía unos beneficios y que me los enviarían en 24 horas. Pero nunca llegaron”, concluye.

La historia de I.G.P., una arquitecta de Sevilla en la cuarentena, revela además la absoluta falta de empatía de los ciberestafadores telefónicos. “En ese momento me encontraba en unas circunstancias que me hacían especialmente vulnerable ”, comienza, “porque yo ahora en algo así no entro…”. Tras haberle diagnosticado un cáncer de mama a finales de 2021, se estaba sometiendo a quimioterapia y sufrió un derrame cerebral que la llevó al quirófano. Al mismo tiempo, se estaba divorciando. “Había heredado unas tierras de mi madre, así que pensé en venderlas e invertir de otra manera”, explica. Pinchó en un anuncio donde Pablo Motos prometía ganancias. Al rato le llamó un tal Álvaro Enrique Álvarez. “Parecía español, pero me dijo que vivía en Ginebra”.

Se supone que I.G.P. estaba comprando acciones de Repsol, también materias primas, oro, plata. En su caso, invertía a través de Tigcap.com, otra entidad con advertencias de la CNMV y las autoridades financieras de Canadá y Australia. Nada más comenzar, Álvaro le hizo instalarse una aplicación llamada Anydesk, que permitía al estafador controlar en remoto el ordenador de la arquitecta sevillana. Al principio, todo iba bien, el asesor financiero le decía que sus valores no hacían más que subir. Hasta que las tornas cambiaron. “Presionada por ellos, pedí un préstamo de 50.000 euros, porque si no, me dijeron que perdería todo el dinero”. ING, el banco de I.G.P., se lo concedió. “Fue todo muy rápido, bastó con un click”, lamenta ahora. También abrió una cuenta en Binance, el más famoso exchange de criptomonedas, donde llegó a hacer compras por más de 300.000 euros.

Cuando se dio cuenta de que la habían estafado, había perdido un total de 436.000 euros, según consta en los registros de sus estafadores: no sólo la herencia de su madre, sino también el préstamo, que no podía devolver porque ING le había bloqueado la cuenta: “Tuve que poner una reclamación”. Pero no fue el último susto. “La Policía me dijo que me estaban usando como mula con mi cuenta de Binance. Estaba recibiendo en ella dinero de otras personas que también estaban siendo estafadas”, recuerda horrorizada. Esa es una más de las estratagemas de los ciberestafadores: utilizar cuentas de unas víctimas para recibir pagos de otras.

I.G.P. es un buen ejemplo de los efectos devastadores del abuso infligido por estos nuevos criminales de guante blanco. “Fui muy ingenua”, confiesa. “Tonto” es el adjetivo que más se repite entre las víctimas con las que ha hablado infoLibre. La vergüenza les impide dar su nombre o mostrar su rostro. “Intento no hablar mucho sobre esto, no recordarlo mucho, porque no me sienta bien”, zanja la arquitecta sevillana, a la que se ha concedido la incapacidad absoluta y da el dinero por perdido, pese a que, además de a la policía, también ha presentado un escrito en la CNMV.

Carlos no quiere dar sus apellidos. Es asesor fiscal y también picó. Un anuncio de Gerard Piqué tuvo la culpa. Pero no llegó más que a hacer el primer ingreso, 250 euros. “Me pidieron que los enviara a una empresa de formación de Kenia, Edupac, eso fue lo que me hizo sospechar”, resalta. En su caso, varios supuestos empleados de Virgobanc, otra entidad con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera suiza, se pusieron en contacto con él por correo electrónico para convencerlo de las ventajas de invertir con ellos. Carlos rechazó su oferta y pidió que le devolvieran el dinero. Lo consiguió. Una de las empresas españolas de la trama, llamada Martello Circle SL, creada y administrada por un ciudadano búlgaro, Boris Borisov Kodjov, le reembolsó 42 euros más de los que había pagado, ríe ahora el asesor fiscal.

Tampoco revela su nombre una profesora de Tecnología de una universidad catalana a la que la red dirigida desde Israel robó 63.600 euros, según los registros a los que ha tenido acceso Scam Empire. Su estafador dijo llamarse Martin Coppola. La profesora no ha puesto una denuncia porque, dice, apenas tiene datos sobre “ellos”. Le hicieron creer que invertía en criptomonedas. Cuando empezó a sospechar y pidió que le reembolsaran sus supuestos beneficios, le advirtieron de que tendría que pagar impuestos a la Hacienda española si retiraba su dinero.

Teresa Rodríguez de la Borbolla, además de hermana del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, es arquitecta-decoradora. A ella sólo le birlaron los 250 euros de iniciación, que consiguió recuperar “inmediatamente”: “Reaccioné muy rápido”. Aunque eso no le evitó ni el acoso ni los insultos cuando se negó a seguir “invirtiendo”. “Me llamó ordinaria, histérica, me preguntó si tenía nervios por la regla… ‘¿Qué quieres, vieja?”, llegó a increparla quien se hacía llamar Sergio Berg.

A Blanca de Borbón le atrajo un anuncio donde aparecía Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Cuenta que está intentando renegociar con el banco la hipoteca que pidió con su marido para comprar la casa donde vive, por lo que necesitaba aumentar “un poco” sus ingresos. Blanca es la hija de Leandro de Borbón, el hijo ilegítimo de Alfonso XIII que hace unos años acaparó titulares tras publicar sus memorias y reclamar, en vano, el título de infante de España. Blanca impulsa una ONG, Proyectos de Vida, e intenta sacar adelante otra, Isla Mujer, un refugio para mujeres maltratadas. Suele aparecer en la televisión para hablar de los Borbón. “Recuerda que por primera vez tendrás la oportunidad de probar la bolsa real, las ganancias y el éxito. Te prometo que te ayudaremos a pagar mucho más rápido la hipoteca para que no sea una carga para tu hijo”, le escribió uno de los ciberestafadores por Whatsapp.

Blanca explica que han intentado estafarla varias veces. Es más, asegura que alguien que dice llamarse Emma, vivir en Londres y trabajar para un despacho de abogados, ha prometido llamarla el próximo lunes –la entrevista para este reportaje se celebró a finales del pasado enero– para ofrecerle nuevas oportunidades de inversión.

“Quería invertir para ayudar a mi hijo a emanciparse”, se justifica por su parte un abogado madrileño jubilado al que los ciberestafadores prometieron 200.000 euros de beneficios invirtiendo en café y otras materias primas, pero que perdió 11.000. “Me han dejado en blanco”, se queja. Ha presentado dos denuncias ante la policía, que instruye el Juzgado número 43 de Madrid.

Los operadores son mucho más que charlatanes telefónicos. Hacen un completo seguimiento de sus objetivos, como puede verse en los documentos que ha analizado Scam Empire. Sus anotaciones, en inglés, son otra prueba más del carácter despiadado de estos estafadores en remoto. “Jubilada, no tiene ni inversiones ni ahorros, pero sí una casa a su nombre que en su momento puede usarse para obtener algo de liquidez”, apunta uno de ellos sobre una mujer a la que asignan un “potencial” de 4.000 euros. “Cobra el subsidio, 480 euros, cuida a un anciano que le paga algo de vez en cuando, pero no tiene ahorros”, escribe otro sobre una mujer de 64 años de Palma de Mallorca a la que no ven ningún “potencial”. Aun así, no dejaron de llamarla una y otra vez, cuenta ella a infoLibre, tras haber abonado los 250 euros iniciales y 1.500 más en criptomonedas.

Lo mismo le ocurrió a otra mujer del Bierzo que no quiere dar su nombre. Sólo dejaron de llamarla hace un mes, asegura, casi un año después de que empezaran a engañarla. Hasta entonces, la molestaban “tres o cuatro veces al día”, rezonga. Tiene 60 años y cobra la pensión de viudedad. Según las anotaciones de los estafadores, el plan era despojarla incluso de los 5.000 euros que guardaba en su cuenta bancaria. Ella dice que le robaron más de 3.000.

Pero pueden ir mucho más lejos. Llamarlos vampiros no es en absoluto una exageración. Bien lo sabe Alberto, nombre figurado de un albañil de Huelva de 48 años que fue abordado por un agente telefónico del call-center de Georgia llamado Bruno Carvajal. Scam Empire ha podido escuchar muchas de las conversaciones que los estafadores mantienen con sus víctimas. Todas son grabadas, como en cualquier centro de llamadas legal, para evaluar el rendimiento de los teleoperadores.

En la grabación [que se puede escuchar en los clips que aparecen en esta información], Bruno Carvajal le dice a Alberto que necesita aportar 1.163 euros más de los que ya ha ingresado, a fin de completar los 3.000 “necesarios” para continuar invirtiendo y sumando beneficios. El albañil le contesta que no tiene ese dinero. Se acaba de quedar sin trabajo y su madre está enferma. “Ese dinero”, le asegura, “me hace falta para comer”. No importa. El estafador le pregunta si no puede pedirlo prestado. “A tu mamá”, le dirige. Alberto le contesta que no. “No me digas que eres la persona más pobre de España”, ataca Carvajal. “Pues al ritmo que llevo, lo seré”, replica el albañil, “me veo en la calle pidiendo”.

El teleoperador sube aún más la presión y le pregunta si no puede “empeñar o vender algo”. “Llevo cinco meses intentando vender un terreno [de su familia], pero ha sido imposible”, se defiende Alberto. Bruno sigue presionando inmune a la desesperación de su víctima: “¿No puedes vender otra cosa que te dé ese dinero?”. El coche, le sugiere. “El coche me hace falta. ¿Qué hago? ¿Vendo sangre?”, responde, cada vez más enojado, el albañil. Sorprendentemente, el estafador se echa a reír. “Pues mira, si te dan una buena pasta por eso…”. Y no afloja: “¿No tienes algo de oro, una cadena o un anillo? Cualquier joya sirve”, vuelve a insistir. El siguiente paso es una manipulación de libro: “Te digo todo esto para que puedas salir de esta situación, porque me preocupo”, remata. Bruno no suelta el hueso y quiere quedar con Alberto otro día: “A ver qué vendiste, la sangre o qué”.

infoLibre ha hablado con Alberto, que perdió más de 10.000 euros en dos años y medio. “Mis ahorros”, confiesa. Ha denunciado la estafa a la policía. Pero a él también lo denunciaron por una transferencia de 100 euros que otra víctima hizo a su cuenta. “Me usaron de mula”, protesta. “Pensaba que ganaría dinero para ayudar a mi madre enferma, porque no podía pagar a una mujer que la atendiera”. En cambio, lo desplumaron.

Puede que el éxito profesional de Bruno Carvajal se deba a un evidente talento natural, pero también al entrenamiento. Entre los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire, se encuentran los materiales didácticos con los que estos teleoperadores aprenden los trucos de su oficio. Por ejemplo, un powerpoint en castellano con los emblemas de Financika y Clicktrades, otros dos chiringuitos financieros señalados por la CNMV. El folleto llama “clientes” a las víctimas, cuya atención deben captar en sólo 10 segundos. Anima a crear “un vínculo” con ellas. A hablarles de “beneficios, beneficios”, “convertir sus deseos en necesidad”. Incluso apela a los “sueños”: “Que el cliente se vea ganando dinero para pagar el coche, la hipoteca, los estudios de su hijo”. También ofrece respuestas a las objeciones más habituales de las potenciales víctimas. A la de “no tengo dinero”, la réplica es el colmo del cinismo para un profesional del engaño: “Tenemos que saber cuándo el cliente miente, partiendo de la premisa de que todos los clientes mienten”. “Si dice eso, es porque no hemos trabajado bien el sueño y no le dimos emoción a la venta”, analiza el coach estafador. Y si dice que tiene que consultarlo con su mujer… “Cuando ella se va a comprar un traje, ¿te llama antes para preguntártelo?”, es el contraargumento que ofrece el entrenador. Finalmente, recurre a una técnica básica de la atención al cliente: “La sonrisa telefónica es imprescindible”.

El adiestramento no parece muy sofisticado y, a tenor de las conversaciones grabadas que infoLibre ha escuchado, tampoco se exigen demasiados conocimientos financieros para el puesto. Con sus víctimas, los estafadores emplean una verborrea en la que se confunden conceptos económicos con términos en inglés y alguna referencia a la actualidad –la subida de las materias primas por la guerra de Ucrania, la apuesta de Elon Musk por las criptomonedas, la inflación…–. Pasar la prueba del polígrafo no debe de ser un problema para quien se va a dedicar básicamente a mentir en jornadas de nueve a cinco. Por lo que Scam Empire ha podido constatar en los documentos del departamento de Recursos Humanos de la red, merece la pena el esfuerzo. Alejandro Sarmiento, el estafador que sacó al cirujano barcelonés casi un millón de euros, cobró en un mes, el de noviembre de 2023, un total de 11.064 dólares –10.064 euros–: 2.206 dólares de sueldo base y 8.858 dólares de bonus por su excelente desempeño. Además, él y el resto de sus compañeros reciben una ayuda de 500 euros para vivienda.

“En el mundo físico, cuando aumentan los robos en una zona, se mandan patrullas y los delitos disminuyen, pero en el mundo cibernético, no: el problema es el usuario”, advierte el guardia civil Alberto Redondo, “mientras no haya alarma social, no bajarán y no se legislará para atajar estos crímenes. La clave es denunciar”.

España ha dado esta semana el primer paso real para la eliminación de las visas oro, los permisos de residencia que desde 2013 se conceden a extranjeros a cambio de una inversión inmobiliaria. Y lo ha hecho siete meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el fin de las visas: la comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado lunes el informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia en el que el PSOE ha colado la medida en una enmienda. La supresión de las visas había conseguido en la ponencia previa el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que no pidieron ningún cambio sobre el texto socialista. Finalmente, el informe sobre el conjunto del proyecto de ley –se pactaron 106 enmiendas transaccionales– sólo encontró el rechazo de Vox y el PP.

La eliminación de las visas oro tendrá que ser aprobada ahora por el pleno del Congreso, así que es posible que la abolición no entre en vigor hasta enero. Mientras, aprovechando la demora legislativa, se siguen concendiendo permisos a toda prisa. Hasta el punto de que a final de año podrían rozar las 4.788, de acuerdo con la estimación realizada por infoLibre, un 63% más de los concedidas en 2023. Los despachos de abogados consultados cifran en al menos un 25% el aumento de las visas tramitadas sólo desde abril, cuando el Gobierno hizo su anuncio.

Según los números del Ministerio de Vivienda, el 94% de las visas oro concedidas desde 2013, cuando se crearon, hasta diciembre de 2023 fueron a cambio de invertir en un inmueble: 14.576. Y de ellas, el mayor número las consiguieron ciudadanos chinos, el 22,8%. Es decir, 3.325 ricos asiáticos tienen permiso de residencia en España –y pueden viajar sin visado a los países del espacio Schengen– tras comprar un inmueble valorado en un mínimo de 500.000 euros.

Hay otras modalidades de visas oro: si la inversión es en deuda pública, ésta debe superar los dos millones de euros; si es en acciones, fondos o depósitos, el millón de euros. También puede obtenerse el permiso de residencia si se presenta un proyecto empresarial. Pero estas opciones han sido absolutamente marginales en la década de vida de estos incentivos a la inversión: Un 3% –371– se otorgaron a cambio de depósitos bancarios, pero sólo un 1% –114– por proyectos empresariales, otro 1% –167– a cambio de comprar acciones y un 1% más –214– a cambio de invertir en fondos. Sólo ocho visas se han concedido por adquirir deuda pública.

En la foto finish de las visas españolas, los chinos superan por poco a los rusos –3.175–, pero triplican a los británicos –1.098–, la medalla de bronce del podio. La mayoría de las propiedades adquiridas por estos extranjeros de oro se sitúan en Barcelona, un tercio, casi el doble que en Madrid –un 19%–. Aunque a nadie le sorprenderá que la zona favorita de inversión sea la costa, desde Cataluña hasta Málaga, pasando por la Comunidad Valenciana y Baleares.

A las visas oro les ha rodeado la polémica casi desde que nacieron. Y no sólo en España. De hecho, desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Así que Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia ha subido el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España. Cuando creó sus visas oro en 2014, sólo se permitían inversiones inmobiliarias, pero en 2019 añadió las financieras y empresariales.

En cualquier caso, la mala fama de estos permisos de residencia selectivos va más más allá de los riesgos a la seguridad. Y de la presión que ejercen sobre el precio de la vivienda las compras de los millonarios extranjeros. Aunque tampoco es desdeñable. En Marbella las adquisiciones de inmuebles a cambio de visas oro supusieron el 7,1% en 2023, y el 5,3% en Barcelona, según las cuentas hechas por el Gobierno, que justifica así la necesidad de abolirlas en la “importante concentración geográfica, a nivel de municipio o distrito” de estas operaciones. “Localmente”, asegura el Ejecutivo sobre las visas, “están ejerciendo una presión anormal sobre la demanda y, por tanto, sobre el precio”.

Pero hay un factor adicional. Una investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia y del periódico portugués Expresso, socios de infoLibre en el consorcio internacional de medios OCCRP, revela que, en Portugal, Chipre y Malta, las visas oro se han visto envueltas en casos de corrupción, tráfico de influencias y clamorosas puertas giratorias, algunos de los cuales tienen como nexo común el grupo chino Delsk.

En Chipre, el exministro de Transportes Marios Demetriades es acusado de corrupción, soborno y blanqueo de capitales en una trama de pasaportes oro, un programa distinto al de las visas a cambio de inversiones que el Gobierno de la isla tuvo que cancelar en 2020 ante el cúmulo de irregularidades que lo rodeaban. Ese programa permitía obtener no la residencia, sino la ciudadanía chipriota. Demetriades y el dueño de Delsk, Jing Wang, están acusados de presentar facturas falsas a un banco de la isla para justificar una transacción de 3,6 millones de euros a JWP Pegasus, una sociedad chipriota propiedad del empresario chino. La fiscalía de Chipre sostiene que el exministro ayudó a acelerar la solicitud de ciudadanía de un ciudadano chino y a JWP le pagaron 2,5 millones para conseguirlo. Unos cargos que Delsk Cyprus negó a Times of Malta, el periódico que publicó parte de la investigación de la Fundación Daphne Caruana Galiza y OCCRP. Jing Wang tiene pasaporte chipriota e intentó, sin éxito, conseguir uno maltés.

En Malta, Delsk contrató como consultor al ex primer ministro del país Joseph Muscat, para que le asesorara sobre el programa nacional de visas oro en diciembre de 2020. Le pagaba un sueldo de 5.900 euros al mes. Según la investigación publicada por Times of Malta, los pagos de Delsk a Muscat fueron señalados como “sospechosos” por el proveedor de pagos maltés. Como se sabe, las empresas de servicios de pago, al igual que los bancos y otros agentes financieros, tienen la obligación de informar a las autoridades de cualquier operación sospechosa de blanqueo de dinero. Y en el caso de Muscat, al ser una persona políticamente expuesta (PEP), el proveedor de pagos levantó una bandera roja: Muscat podía haber aprovechado sus relaciones con funcionarios del Gobierno para “influir” en los programas de ciudadanía y residencia de Malta. Además, destacó la naturaleza “vaga” del contrato que había firmado con Delsk. Muscat ha negado cualquier irregularidad, mientras que la empresa china asegura que recurrió al ex primer ministro “por su experiencia en Europa” y que su actividad en Delsk se centró en “elaborar análisis sobre la economía maltesa, el mercado inmobiliario y otras oportunidades de negocio”.

La investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia también revela que el agente local de Jing Wang en Malta gestionó casi la mitad de las solicitudes de visa cursadas por ciudadanos chinos en la isla entre 2016 y 2021. Además, destapó que al menos siete personas políticamente expuestas (PEP), un presunto delincuente y un individuo bajo sanciones internacionales figuraron entre quienes solicitaron una visa de oro maltesa en esos años. Un patrón que ya se desveló en 2023 en Grecia: 45 ciudadanos iraquíes intentaron conseguir una visa oro con documentos falsificados.

A modo de presentación en su página web, Delsk sitúa su nacimiento en 2008 en la ciudad alemana de Colonia. Pero su dueño es el empresario chino Jing Wang, sus oficinas centrales están en Pekín y presume de ser “una de las primeras empresas en introducir en China el negocio europeo de la inversión inmobiliaria”. Según la investigación de la Fundación Daphne Caruana, la propiedad real de Delsk se sitúa en las islas Caimán, adonde Jing Wang transfirió sus acciones en 2017. Tiene filiales en más de 30 países de todo el mundo. También cuenta con una en España.

Se llama Immocompletisimo Spain SLU y tiene su sede en Barcelona. Durante un tiempo funcionó bajo la marca Hooli Home, que aún mantiene activa Delsk en el resto del mundo. Pero en España el negocio no fue muy exitoso. Al menos a la luz de las cuentas que Immocompletisimo Spain ha remitido al Registro Mercantil y ha consultado infoLibre. Creada en 2016, es propiedad al 100% de la filial portuguesa del grupo, Imocompletissimo Consultoria de Imóveis SA, y como administrador único figura el propio Jing Wang.

Delsk se define como “una plataforma global de servicios de inversión” que se ofrece a sus compatriotas no sólo para gestionar inversiones inmobiliarias e inversiones en fondos, sino también para proporcionar todo tipo de asesoramiento profesional a los que quieren emigrar invirtiendo más allá de sus fronteras. Un mercado sin duda muy tentador: China es el país del que más millonarios emigrarán este año, 15.200, según el último informe sobre migración de patrimonios privados que elabora la consultora británica Henley & Partners. Serán un 10% más que en 2023. El segundo país que más millonarios perderá este año es Reino Unido, sólo 9.500. El informe no menciona la riqueza que unos y otros se llevarán consigo, pero en 2017, el periódico especializado Investment Immigration Insider cifraba en 10.000 millones de dólares el mercado de los inversores chinos que querían salir del país con sus patrimonios. Para hacerse una idea de la altura que alcanza la ola de emigrantes ricos chinos en todo el mundo, basta con recordar que más del 70% de las 81.125 visas a inversores concedidas por EEUU entre 2010 y 2019 las recibieron ciudadanos del gigante asiático, según cifras oficiales. En 2018, el 59% de los solicitantes de visas oro en Portugal eran chinos, el doble que en España. En Malta, el 88%. En Irlanda, se elevaban al 91%.

Según han informado a infoLibre fuentes del sector y exempleados de Hooli Home en Barcelona, la empresa china aterrizó en esa ciudad con una gran inversión y la vista puesta en abrir hasta seis oficinas. Finalmente puso en marcha tres. Al principio contaban con una flota compuesta de media docena de vehículos de alta gama y los chóferes y traductores necesarios. A los clientes chinos se les ofrecían tours por Barcelona, también visitaban Port Aventura u otros lugares de Cataluña. Incluso contrataron a un comercial ruso para atender a los clientes de esa nacionalidad.

Pero el negocio fue decayendo poco a poco y entró en barrena con el covid. Hasta que hubo periodos en los que no se vendía nada, aseguran las fuentes consultadas. “Se derivaban muchos clientes a Grecia, donde el importe mínimo para comprar una vivienda era menor, de 250.000 euros, también a Malta y a Portugal”, precisan. Malta, de hecho, era la delegación que “más funcionaba”.

En sus dos mejores años, 2017 y 2018, Immocompletisimo Spain llegó a facturar más de 1,1 millones de euros. Y a contar con una plantilla 24 personas. La empresa estaba dividida en dos secciones bien diferenciadas: los jefes chinos y los comerciales españoles. Estos buscaban las propiedades, aquellos cerraban las operaciones. Pero la comunicación entre ambas era inexistente, lamentan las fuentes: “Eran impermeables, no compartían información, no sabíamos cómo cerraban las operaciones”. “Opaca” es el adjetivo que utilizan para describir a la empresa.

Los clientes, añaden, venían del fondo de inversión de Hong Kong que forma parte del grupo Delsk. De hecho, las únicas operaciones con partes vinculadas que Immocompletisimo declara al Registro Mercantil son las que realiza con Hong Kong Delsk Business Co, propiedad al 100% de Jing Wang. Al principio la empresa se llamaba Jing Wang Properties (JWP), el nombre de otras sociedades constituidas por el empresario chino en otros países, como Malta o Irlanda. En esta última isla, se presenta como “distribuidora de un fondo autorizado por el Banco Central llamado JWP, que invierte el dinero del programa [de visas oro] en residencias de ancianos”. Las residencias son una de las opciones de inversión del programa irlandés de visas.

Según fuentes del sector, cuando se trata de clientes chinos, lo usual es trabajar con agentes freelance, de esa misma nacionalidad. “El mercado viene a través de esas agencias”, apuntan. Que les venden a los millonarios asiáticos “paquetes cerrados, que incluyen el inmueble y los trámites legales de la visa”. De esa burocracia se encargaban en Hooli Home despachos de abogados externos. Pero a veces la forma de actuar de estos intermediarios ha despertado suspicacias. “Dejamos de trabajar con ellos porque cobraban comisiones muy elevadas por inmuebles que no valían el precio que ofrecían a sus clientes”, indica un abogado de Barcelona a infoLibre. Lo inflaban hasta el mínimo legal de los 500.000 euros o les ofrecían oficinas o locales comerciales con una rentabilidad exagerada, detalla.

Otras fuentes inmobiliarias advierten de que, como a los chinos no les gusta pagar intermediarios, “la comisión iba incluida en el precio de la vivienda”.

La Fundación Daphne Caruana Galizia también refiere casos de precios inflados en Grecia y de clientes chinos que fueron estafados y, cuando llegaron al país, la propiedad prometida sencillamente no existía.

La emigración de millonarios chinos plantea además no pocos problemas legales. El Gobierno chino prohíbe a sus nacionales sacar más de 50.000 dólares al año por persona. Por lo que quienes invierten cantidades millonarias en el extranjero deben saltarse al mismo tiempo sus propias restricciones nacionales y las cada vez más estrictas regulaciones de la banca internacional. “Sacan el dinero a través de Hong Kong”, confirman varias abogados. O bien utilizan “hasta 10 familiares” y cada uno de ellos saca 50.000 euros... “Los bancos españoles no aceptan esa forma de trabajar”, zanjan enseguida.

Transparencia Internacional publicó en 2023 un informe sobre las visas oro españolas en el que criticaba “la falta de controles sobre diversos intermediarios, agentes y facilitadores”. Y pedía “regular adecuadamente las empresas y agentes facilitadores e intermediarios que ofrecen servicios de gestión de los visados”, por los “elevados riesgos de corrupción, blanqueo de capitales y delitos financieros” que plantean. “Muchas de las empresas que ofrecen estos servicios operan incluso fuera de la jurisdicción española y los riesgos aumentan exponencialmente cuando estos intermediarios tienen políticas opacas y complejas estructuras de propiedad”, advertía.

No son los únicos. La OCDE y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) también alertaban el año pasado del mal uso que se hace en muchos países de los programas que regalan la residencia a cambio de inversiones. En concreto, ponían el foco en el “uso frecuente de intermediarios” y “el abuso por parte de facilitadores profesionales”, que “aumentan el riesgo de delitos financieros y corrupción, incluido el soborno en el extranjero”. Citan a los agentes inmobiliarios, los gestores de patrimonios, los abogados que tramitan las visas y las consultoras como posibles facilitadores del abuso de estos programas.

A fecha de diciembre de 2022, las últimas cuentas que ha presentado en el Registro Mercantil, Immocompletisimo Spain acumulaba pérdidas por importe de 1,47 millones de euros. No ha tenido beneficios en seis años y registra un patrimonio neto negativo de 1,64 millones. Es decir, está en causa de disolución, puesto que su capital social es el mínimo requerido para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La ley española establece que, si las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a la mitad del capital social, una sociedad debe disolverse.

Immocompletisimo Spain ha quedado reducida ahora a una oficina en un bajo de Barcelona, donde ni siquiera figura en los buzones, según ha podido comprobar este periódico. En sus cuentas de 2022 consta que sólo tiene tres empleados fijos, una cifra de negocio de 53.696 euros y unas pérdidas de 202.156 euros. En la página web china de Hooli Home se pueden encontrar las ofertas de la empresa en Barcelona. Se limitan a alquileres en residencias de estudiantes universitarios, con precios entre 875 y 1.575 euros al mes. Lo mismo en Madrid. Hasta 2.000 euros al mes con todos los servicios incluidos.

Los números de su empresa matriz, la portuguesa Imócompletissimo Consultoria de Imóveis SA, tampoco son mucho mejores. Según las cuentas enviadas al Registro Mercantil, acumula 6,2 millones de euros de números rojos en sus 11 años de actividad. No tiene ni un solo empleado, pero en 2023 facturó 270.000 euros, no mucho pero por encima de los raquíticos 15.425 euros ingresados en 2019. Cerró el año pasado con unas pérdidas de 14.202 euros, lejos de los 2,35 millones que se dejó en 2019. A diferencia de su filial española, Hooli Home sí mantiene activa su página web portuguesa y tiene oficinas en el Parque de las Naciones de Lisboa.

En Portugal, según datos del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), entre 2012 y 2022, 29.666 personas consiguieron una visa oro, como inversores o familiares de inversores. Más de la mitad procedían de los 30 países con mayor riesgo de lavado de dinero. Hasta 2023, el programa generó casi 7.000 millones de euros en inversiones y 10,7 millones en adquisiciones de propiedades, pero creó sólo 22 puestos de trabajo.

En teoría, pues, un buen negocio: los compradores con visa oro aportaron cerca de una cuarta parte de la inversión extranjera en el sector inmobiliario portugués, por sólo un 1,5% en España, según los datos de la Fundación Daphne Caruana Galizia.

Hay razones que explicaban el atractivo de las visas oro portuguesas hasta su eliminación el año pasado. Por ejemplo, tras cinco años de residencia, durante los cuales los solicitantes sólo deben pasar 63 días en el país, pueden pedir un pasaporte portugués. Porque a los titulares de la visas oro lusas les basta permanecer siete días en el país durante el primer año y 14 los siguientes para ser considerados residentes.

Además, el programa fiscal de Residente No Habitual (RNH) ofrece tipos impositivos favorables sobre la renta extranjera durante 10 años. Y no existe impuesto sobre el patrimonio ni de sucesiones.

infoLibre ha intentado ponerse en contacto con Immocompletisimo Spain, su matriz portuguesa y el propio grupo Delsk, pero no ha obtenido respuesta.

El FC Barcelona anunció en julio de 2022 que había acordado pagar 45 millones de euros para fichar a la superestrella polaca Robert Lewandowski en un muy publicitado acuerdo de traspaso con el Bayern de Múnich. Fue un gran logro para el representante de Lewandowski, el agente Pinhas Pini Zahavi, que ha engrasado la maquinaria de muchos de los traspasos más importantes del fútbol europeo y es casi tan famoso como los jugadores a los que representa. Zahavi se declaró “muy contento” con el acuerdo y calificó el acuerdo con el Barcelona como “uno de los traspasos más difíciles” de su carrera.

Además, Zahavi se llevó una comisión multimillonaria por su trabajo. Diez días después de anunciarse el fichaje, los responsables del FC Barcelona recibieron un correo electrónico en el que se solicitaba un pago inicial de un millón de euros.

Sólo había un problema. La solicitud, que parecía ser del propio Zahavi, procedía sin embargo de una dirección diferente a la que el agente había utilizado en la correspondencia anterior con el FC Barcelona. Y pedía que el dinero no se enviara a Zahavi, sino a una cuenta en Chipre a nombre de Michael Gerardus Hermanus Demon, identificado en el correo electrónico como abogado.

Normalmente, cabría esperar que este tipo de irregularidades frenaran una transacción importante, sobre todo en el fútbol profesional, una industria cuyo valor se calcula en unos 550.000 millones de euros y que en los últimos años ha sido objeto de escrutinio global como paraíso no regulado para el blanqueo de dinero a gran escala.

El consorcio internacional de investigación OCCRP, al que pertenece infoLibre, ha descubierto desde entonces que el club barcelonista, sin inmutarse, procedió a gestionar la transferencia del millón de euros.

El intento de pago llegó a oídos de los periodistas en la primavera de 2023, después de que Que t'hi jugues (¿Qué te juegas?), un programa de la Cadena Ser, obtuviera una copia del correo electrónico con la solicitud de la transferencia y la compartiera con OCCRP y sus socios Der Standard (Austria) y Paper Trail Media (Alemania).

Tres fuentes anónimas, todas ellas en la nómina del FC Barcelona en ese momento, confirmaron a OCCRP que el club había iniciado el traspaso de un millón de euros. Una cuarta fuente, que tenía conocimiento de la transacción bancaria, dijo que el pago fue bloqueado en última instancia por los responsables del departamento de compliance (cumplimiento) en el Banco de Chipre, que marcaron la transferencia como sospechosa.

En un correo electrónico al que ha tenido acceso OCCRP, la persona que decía ser Zahavi escribía a directivos del Banco de Chipre para presionar para que se aprobara la transferencia. El correo electrónico afirmaba que Demon, el titular de la cuenta chipriota, era un “intermediario para nosotros en las grandes transferencias de fútbol” y que “la comisión pagada por el FC Barcelona por el acuerdo de Lewandowski le pertenece”.

Una de las fuentes internas del FC Barcelona aseguró que la transferencia se había iniciado antes de que el personal se diera cuenta de que se había cometido un error y tratara de detenerla. No está claro si el personal del club contactó con el Banco de Chipre antes o después de que el banco decidiera bloquear el pago.

Las cuatro fuentes consultadas pidieron que no se revelaran sus nombres, alegando que se arriesgaban a perder sus empleos por hablar con los periodistas.

El propio Zahavi describió el intento de fraude a los periodistas de Que t'hi jugues, diciéndoles que alguien había enviado un “correo electrónico falso” en su nombre para intentar robar el dinero. El agente dijo que se enteró de la estafa después de que un directivo del club se pusiera en contacto con él para informarle de la petición de dinero. Según Zahavi, le dijo al directivo que no había enviado ninguna solicitud de pago y le aconsejó que comprobara si se trataba de un fraude. “Me abrazó y me dio las gracias”, revela el agente, por salvar al club de lo que calificó de “terrible error”.

El FC Barcelona se ha negado a comentar si intentó pagar. En un correo electrónico de mayo de 2024, un portavoz sólo indicó a OCCRP que los estafadores no “recibieron ninguna cantidad” del club. El Barça añade que denunció el intento de fraude a la policía catalana. Ésta, sin embargo, ha precisado a OCCRP que el club no ha presentado una denuncia formal.

Gracias a las redes sociales, OCCRP ha localizado a Michael Gerardus Hermanus Demon, el hombre que figuraba en la cuenta del Banco de Chipre. OCCRP, además, intentó transferir una pequeña suma a la cuenta a nombre de Demon en noviembre de 2023 y el banco le informó de que la cuenta había sido cerrada.

El consorcio se puso en contacto con Demon por correo electrónico el pasado abril. Él afirmó que no tenía conocimiento ni de la cuenta bancaria chipriota ni del pago del FC Barcelona. Aseguró que le habían robado la identidad. “No sé nada de todo esto y no tengo cuenta bancaria en Chipre. Por desgracia, he sido víctima de un fraude de identidad. La identidad fue robada/perdida en algún momento en 2022”, escribió a OCCRP. Demon no respondió a ninguna llamada o correo electrónico posterior de los periodistas autores de esta investigación.

Los registros públicos no muestran que Demon trabaje en el mundo del fútbol o tenga vínculos profesionales con Zahavi. Tampoco parece ser abogado. No se ha podido localizar su nombre en ninguna búsqueda de los colegios de abogados holandeses o internacionales.

Preguntado por la denuncia de usurpación de identidad de Demon, el Banco de Chipre defendió su protocolo de verificación de clientes, afirmando que es imposible utilizar documentos robados para abrir una cuenta. “Podemos validar la autenticidad de los pasaportes y documentos de identidad y asegurarnos de que el solicitante es efectivamente la misma persona que aparece en los documentos de identidad que facilita”, mantiene un portavoz del banco en un correo electrónico del pasado mes de abril. El banco indicó también que sólo activa una cuenta tras reunirse con el solicitante, en persona o por videollamada. Pero declinó hacer comentarios sobre el intento de transacción del FC Barcelona, apoyándose en sus políticas de confidencialidad.

Los expertos en el mundo del fútbol europeo que ha consultado OCCRP expresan su sorpresa, y resignación, ante la idea de que un gran club accediera a hacer un pago de semejante volumen basándose en un simple correo electrónico. “Los días de ‘envía esta cantidad a esta cuenta bancaria’ han quedado atrás”, advierte Andrew Mills, consultor deportivo que ha trabajado en traspasos de jugadores en la Premier League inglesa. “Como empresa, tienes que facturar. No puedes pedir el dinero sin más. Siempre debe haber un rastro de papel”.

Aun así, tanto él como otros expertos reconocieron que el tamaño y la complejidad de los grandes acuerdos futbolísticos, unidos al renombre de Zahavi, podrían haber facilitado que un potencial estafador encontrara una puerta de entrada para solicitar un traspaso fraudulento. “La falta de diligencia debida que se observa en ciertos departamentos de los clubes de fútbol es bastante asombrosa”, critica el inglés Kieran Maguire, autor de El precio del fútbol: comprender las finanzas de los clubes de fútbol. Añade que tampoco le “sorprendería” que el FC Barcelona intentara enviar el dinero basándose únicamente en un correo electrónico.

El mercado internacional de fichajes genera actualmente cerca de 11.000 millones de euros anuales en inversiones de los clubes, y las cinco grandes ligas europeas representan dos tercios de ese negocio. Según un informe de 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), las lagunas en la supervisión bancaria, el uso frecuente de cuentas en paraísos fiscales y las ingentes sumas de dinero que pueden obtenerse hacen que el mercado de traspasos sea vulnerable al fraude y a otros flujos financieros ilícitos.

Por su parte, las autoridades europeas han intentado frenar la corrupción en el fútbol, obligando a los clubes profesionales a implantar salvaguardias como la verificación de clientes y el control de las transacciones antes de 2029.

Pero, al menos por ahora, las páginas deportivas siguen plagadas de noticias sobre transferencias falsas, blanqueo de dinero y tramas de pagos fraudulentos. En 2018, el Lazio italiano fue víctima de una estafa por correo electrónico: pagó dos millones de euros a unos timadores que se hicieron pasar por el club holandés Feyenoord tras el traspaso del defensa Stefan de Vrij.

“Hay mucho dinero en juego, y mucha gente que quiere una pequeña porción del pastel”, avisa Maguire. “Un pequeño trozo sigue siendo mucho dinero”.

Jim Gee, especialista en delitos financieros y cibernéticos, es coautor de un estudio publicado en 2011 sobre el fraude en el fútbol profesional, un sector en el que descubrió un desequilibrio fundamental entre la deficiente contabilidad de los clubes y los controles en los clubes propiedad de ultrarricos. “En ese tipo de entorno poco estricto con gente poderosa dentro, es más probable encontrar corrupción y fraude”, describe Gee. “Esto [lo escribí] hace 10 años, pero no he observado que haya aumentado la regulación en el fútbol. La dinámica de poder sigue siendo la misma”.

Dubai Unlocked descubrió a decenas de delincuentes convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos de todo el mundo que residen en el emirato tras haber adquirido allí, sin ningún tipo de traba, carísimas propiedades. Entre ellos hay algunos españoles con cuentas judiciales pendientes. Los documentos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, que han servido de base para la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y del periódico financiero noruego E24, han permitido ahora localizar a otro ciudadano español bajo investigación judicial.

El empresario murciano Antonio José Boluda Sánchez puso en 2021 en concurso de acreedores Natural Mining Resources 1926 SL (NMR), una empresa que, tras convertirse en sólo dos años en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón, desapareció dejando un reguero de deudas de 190 millones de euros. En estos momentos, Boluda, oculto tras un vasto entramado societario que se extiende de Costa Rica a Dubái y la India, ha acumulado media docena de demandas en juzgados de Madrid y Asturias. Se le acusa de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. También se le atribuyen otros dos delitos, relacionados con el propio concurso, de estafa procesal y falsedad en documento mercantil. La Agencia Tributaria le imputa siete delitos contra la Hacienda Pública. Y cinco de sus clientes internacionales –dos empresas marroquíes, dos suizas y una búlgara– han acudido a tribunales de arbitraje en Suiza y Londres para cobrar.

Además, en 2020 y 2021 recibió 6,6 millones de euros públicos, en ocho avales del ICO para paliar los efectos del covid-19, según se puede comprobar en la base nacional de datos de subvenciones.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo, que ha acumulado los procedimientos del resto de los juzgados, recibió un informe de la Guardia Civil en la que se detallan las escuchas telefónicas practicadas a Boluda, a David Rodríguez Menéndez, quien figuraba como administrador único de MNR y fue su rostro visible en el tiempo en que operó en El Musel, así como a otros implicados. Los agentes elaboraron 16 oficios policiales entre julio de 2021 y octubre de 2022, de los que se desprende que ambos ocultaron información económica sensible a los auditores y presentaron a los acreedores datos financieros inexactos ya desde el preconcurso. También aseguran que ambos intentaron hacer perdurar las estructuras societarias y mantener el acceso a la financiación bancaria para su lucro personal, no para conseguir la viabilidad de la empresa. “Descapitalizaron” NMR “en su beneficio particular”, recalcan los investigadores en el informe, al que ha tenido acceso infoLibre.

Según los documentos inmobiliarios a los que ha tenido acceso infoLibre, una de las sociedades creadas por Antonio José Boluda, Obsidian Mining & Steel DMCC, consta como propietaria en 2022 de un apartamento de 307 metros cuadrados y tres habitaciones en The Royal Atlantis Resort & Residences, el edificio más vanguardista y lujoso de Dubái. El precio de la operación, firmada en mayo de ese año, fue de 4,5 millones de euros. Pero, dos años después, en los portales inmobiliarios del emirato se ofrecen apartamentos del mismo tamaño en The Royal Atlantis por el doble de esa cantidad.

Obsidian Mining & Steel DMCC fue registrada en abril de 2017 en el Dubai Multi Commodities Center, una de las Zonas Libres del emirato, donde no se pagan impuestos sobre la renta o los beneficios, no hay restricciones de ningún tipo para repatriar capitales y donde se permite a los extranjeros poseer el 100% de las sociedades. Ahora se llama Anchorage International DMCC. Como administrador figura Ahmed Salah Abdelshafy Mohamed Derbala, el mismo que aparece como responsable de Al Daksyd Metallurgies. Esta es una de las múltiples sociedades dubaitíes cuya propiedad atribuye la Guardia Civil a Antonio José Boluda.

En el emirato, Antonio José Boluda tiene o ha tenido registradas al menos media docena de sociedades, según puede comprobarse en los diferentes registros comerciales del emirato. Varias de ellas remiten al supuesto DSA Group suizo con el que NMR se presentó en Asturias para hacerse con las operaciones de carbón en El Musel y después para comprar la fábrica de amortiguadores Vauste: DSA Resources DMCC, DSA Enterprises DMCC y DSA Group DMCC. También figura como administrador de DSA Resources India Private Limited en Nueva Delhi. Según los registros comerciales españoles, DSA Resources DMCC era la propietaria de Graham Automotive SL y Graham Magnesium SL, que fueron utilizadas por Antonio José Boluda para comprar Vauste en noviembre de 2019. Sólo siete meses después de adquirirla, Vauste entró en concurso de acreedores, su plantilla terminó cobrando del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y entró en liquidación en julio de 2021.

Otras sociedades dubaitíes en las que Boluda figura como administrador son Origin Resources, que aparece con la misma dirección dubaití que Obsidian Mining & Steel, y The Khan Resources FZE.

infoLibre ha preguntado a Antonio José Boluda por el apartamento de Dubái, así como por su residencia fiscal y el estado actual de las demandas legales interpuestas contra él. A través de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada de Proton Mail, el empresario asegura que “cesó en sus funciones como director de Obsidian Mining & Steel en 2021”, y que se ha “desvinculado” de ella para dedicarse “a otras actividades del sector energético”. Dice que la vivienda nunca ha sido de su propiedad, sino de Obsidian Mining & Steel, de la que indica que es una “empresa con capital y socios emiratíes”.

Sin embargo, en los registros de Cedar Rose, una empresa de inteligencia empresarial especializada en Emiratos Árabes Unidos, Antonio José Boluda figura como administrador de Obsidian Mining & Steel al menos desde enero de 2022, cuatro meses antes de que adquiriera el apartamento en The Royal Atlantis. Desde julio de 2023 aparece también otro administrador, Rawda Hashem Abdulnoor Alajmani. Además, la dirección IP de Anchorage International, el nombre actual de Obsidian, es actualmente la misma que la de otras sociedades como Terranova Commodities, creada en noviembre de 2022 y con dirección en la misma oficina del centro empresarial de La Finca donde Boluda ha domiciliado buena parte de su enorme entramado societario. O como Mercurio Continental Limited, registrada en Londres en enero de 2022 y en la que Antonio José Boluda figura como director y socio mayoritario.

Pero hay otros datos que ligan al empresario murciano con Obsidian Mining & Steel más allá de 2021, cuando dice que cesó como director, y con el apartamento de Dubái. Según los documentos de Dubai Unlocked, el correo electrónico que Obsidian Mining & Steel facilitó en 2022 a una web inmobiliaria del emirato es uno de B26 Group, la marca comercial de NMR. Y la dirección de contacto que aún hoy figura en la página web de B26 Group es la misma del centro empresarial de La Finca donde Boluda tiene domiciliadas buena parte de sus sociedades.

Un indicio más aparece en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, que se prolongaron hasta octubre de 2022 cuando, a tenor de la respuesta del empresario murciano, ya se había “desvinculado” de Obsidian Mining & Steel. En una grabación de septiembre de ese año, Boluda y el entonces director financiero de NMR, Pedro Hernández Hoffman, hablan de Obsidian como si aún estuviera bajo su control. De hecho, se refieren a una propuesta de David Rodríguez Menéndez para repartirse las empresas: Boluda se queda con DKTK Energy y él con NMR, S & M Explotaciones Mineras y White Clay. Boluda rechaza enérgicamente la oferta y el director financiero habla de “darle DKTK Energy [otra empresa del grupo, propietaria de dos hipotecas sobre terrenos de Vauste] a Obsidian” [...] “pues el dinero de Vauste te lo vas a quedar tú [Boluda]”. “David firmó lo de Obsidian”, afirma Boluda, quien se niega a “regalar NMR” a su exsocio.

La Guardia Civil destaca en su informe que Antonio Boluda llegó a presumir en otra conversación de que tenía “60 millones en Dubái” e incluso de que estaba “en trámites de instaurar otra red de empresas destinada a reintroducir ese capital en España”. Los agentes también ponen en duda la existencia de los “supuestos dubaitíes” cuyas reclamaciones esgrimía una y otra vez el empresario murciano ante sus interlocutores. La Guardia Civil considera “curioso” que los mencione como acreedores cuando el propio Boluda actuaba como representante de la empresa dubaití en otras operaciones.

En las grabaciones realizadas por los agentes, Boluda reconoce que fue precisamente la ampliación de capital de NMR –en realidad, dos en un periodo de sólo seis meses entre 2019 y 2020– de 5,3 a 24,77 millones, lo que alertó a la Agencia Tributaria: la había suscrito otra de sus sociedades dubaitíes, RB Commodities.

Es más, el informe también revela que Boluda y Rodríguez Menéndez utilizaban testaferros. En concreto, la Guardia Civil ve indicios de blanqueo en algunas de las operaciones pergeñadas por ambos, a través de bienes que tenían “titulados en España mediante hombres de paja o directamente en el extranjero”.

La trabajada red societaria urdida por Antonio José Boluda se completa con compañías registradas en Chipre, Reino Unido y Costa Rica. La propiedad y la administración de muchas de ellas las comparte el empresario murciano con su mujer, Bianca de Vlas, e incluso con una de sus hijas, Kelly Boluda de Vlas, quien participó en 2002 en el concurso de talentos Popstars-Todo por un sueño, de Telecinco. Entre las decenas de sociedades que el matrimonio ha ido registrando –y cambiando de nombre a lo largo de los años– la mayoría comparten dos domicilios sociales. Como queda dicho, uno de ellos se ubica en el centro empresarial de La Finca, la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde acostumbran a residir, por ejemplo, los jugadores del Real Madrid, entre otros millonarios.

Pero el currículo de Boluda va más allá del interminable listado de sociedades que ha registrado en España y en otros dos continentes. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a él y a su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravado por la cuantía, los 3,3 millones de euros que habían robado a Banesto cuatro años antes utilizando otras dos sociedades: Alania Continental Group SL y Megacorp Metal SL. Firmaron con el banco un contrato Banesnet, por el que la entidad adelantaba las cuantías de los recibos emitidos por Alania Continental pese a que no obedecían a ”actividad empresarial alguna”. Por el contrario, dice la sentencia, la intención del matrimonio era “enriquecerse ilícitamente” tras no devolver el importe de los últimos 71 recibos. Boluda y su mujer aceptaron de conformidad la pena solicitada por el fiscal después de reintegrar el dinero al banco.

También falló en su contra la Audiencia Nacional en 2015, cuando dio la razón al Tribunal Económico Administrativo Central y a la Agencia Tributaria, que habían destapado otra operativa ilegal con dos nuevas sociedades, AB Worldwide Corporation SL y Multidynamic Corporation SL. Boluda, dice el tribunal, utilizaba la primera “para vaciar” a la segunda de su responsabilidad patrimonial por las deudas que había contraído. Multidynamic vendió inmuebles a AB Worldwide, por precio inferior al de mercado, para ocultarlos e impedir que fueran embargados por Hacienda. Ambas sociedades eran administradas por Boluda e incluso compartían domicilio social. Esa dirección, así como la propia vivienda de Antonio José Boluda y la de David Rodríguez Menéndez, fueron registradas cuando los dos socios y sus esposas fueron detenidos por la policía años después, en octubre de 2022.

Con estos antecedentes, Natural Mining Resources 1926 SL (NMR) irrumpió en 2018 en Asturias prometiendo millones en inversiones y 3.000 empleos. Sólo un par de años después se había convertido en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón. Pese a actuar en un sector tocado de muerte por las cada vez mayores exigencias medioambientales a la industria, en plena fase de descarbonización, NMR presumía en su web de una cifra de negocio de 139,1 millones de euros y 6,1 millones de beneficios en 2019 y de haber ingresado aún más en 2020: 295 millones, que le permitieron ganar nada menos que 46,6 millones de euros durante la pandemia.

Mientras, había comprado una empresa en estado de derribo, Vauste Spain, la fábrica asturiana de amortiguadores y componentes para el automóvil que antes se llamó Tenneco y antes aún Monroe. También había comenzado a explotar dos minas, una de antracita en Pilotuerto, y otra de arcilla en La Espina. La televisión pública asturiana, RTPA, le dedicaba reportajes resaltando sus logros. NMR, fundada sólo unos meses antes de pisar el puerto del Musel, incluso se convirtió en el patrocinador del Real Oviedo en agosto de 2020. Por medio millón de euros, los jugadores carbayones lucieron durante un año las siglas de la empresa en sus camisetas y el estadio pasó a llamarse NMR Carlos Tartiere.

Pero la historia de éxito comenzó a desinflarse enseguida. En junio de 2020, Vauste había entrado en concurso de acreedores y despedido a la mitad de sus trabajadores. Antes de acabar el año, NMR dejó de pagar a su escasa plantilla y a algunos proveedores.

En abril de 2021 NMR solicitó el preconcurso de acreedores y en noviembre, el concurso, con una deuda de 101 millones de euros. La aparición de nuevos acreedores la ha terminado elevando, tres años después, a 190 millones. Una buena parte de esa deuda, 50 millones de euros, son impagos a NMR de otras empresas de Boluda.

Detrás de Natural Mining Resources 1926 SL estaba Antonio José Boluda Sánchez, pero la cara visible de la empresa en Asturias era David Rodríguez Menéndez que, según publicó en su día la prensa local, había pasado de vigilante de seguridad en una mina a primer ejecutivo de la empresa de Boluda. También ha figurado como administrador y socio de un puñado de las sociedades de lo que podría llamarse grupo NMR: NMR Bunkering, NMR Minerals y NMR Maritime Services. Aunque la lista incluye unas cuantas más: NMR White Clay, NMR Energy 1977, NMR Steel & Solid Fuels, NMR Bulk Terminal…

Nacho Fuster, secretario general de Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y miembro del comité de empresa de Vauste, recuerda la visita de David Rodríguez y de Antonio José Boluda cuando el fondo alemán Quantum Partners les vendió la fábrica, en 2019. Antonio José Boluda era quien mandaba. Pidió expresamente reunirse con Fuster y le anunció que iba a ser necesario “reestructurar” la plantilla. En cambio, opina el sindicalista, Rodríguez Menéndez era un “xateru”, como se adjetiva en bable a una persona limitada en cuanto a palabra, forma y modales. “Entonces estaba aprendiendo inglés”, se sonríe Nacho Fuster.

En cualquier caso, el asturiano sigue apareciendo como administrador –y es el socio único desde octubre de 2023– de Natural Mining Resources 1926 SL, la operadora de carbón del Musel, sólo que desde el pasado febrero se llama Special Anthracites SL. Ahora se dedica únicamente a vender el carbón de la mina de Pilotuerto, situada en el concejo asturiano de Tineo. Tiene una página web, íntegramente en inglés, en la que se presenta como la única mina de antracita de Europa y presume sin rubor de etiquetas medioambientales: “Green Today, Sustainable Tomorrow” [Verde hoy, Sostenible mañana]. Ni David Rodríguez ni los responsables de la empresa han atendido a la solicitud de contacto de infoLibre.

La mina de Pilotuerto era explotada por otra sociedad de Boluda, S& M Explotaciones Mineras, que también solicitó el concurso de acreedores, en julio de 2022. Su único socio es Río Blanco Limited, domiciliada en Chipre. La Guardia Civil también la vincula con el murciano a través de la dubaití RB Commodities. El propietario de la mina era el conocido empresario leonés Victorino Alonso, que se la arrendó a NMR y pasó a engrosar la lista de acreedores del concurso con una deuda de 820.000 euros porque no se le abonaba el alquiler. Special Anthracites SL la explota ahora en calidad de propietario.

La ristra de impagos de NMR es larguísima. A Hacienda por el impuesto de sociedades, a la Autoridad Portuaria de Gijón, a las empresas estibadoras del puerto, incluso al Real Oviedo, que no recibió el medio millón comprometido por el patrocinio. Endesa Generación la demandó en 2021 por una venta de carbón excedente de sus centrales térmicas, en proceso de cierre. La empresa de Boluda no pagó la mercancía y la eléctrica lo acusó de estafa. La Fiscalía llegó a pedir cinco años de cárcel para los responsables de la empresa del Musel. Un portavoz de Endesa explica a infoLibre que el procedimiento fue archivado en 2023 porque el juez no consideró acreditada la falsedad documental y la estafa. Pero la compañía energética sigue personada en el concurso de acreedores.

En teoría, NMR había dado con una fórmula aparentemente lucrativa: importaba carbón ruso o kajazo, por ejemplo, que luego mezclaba con otro que se extraía de minas asturianas y con el excedente de las centrales térmicas que se estaban cerrando. Luego lo exportaba a centrales térmicas de Marruecos. Pero la mezcla de carbón de buena calidad con residuos de lavadero, que tienen más cenizas y menos poder calorífico, es más barata y sólo resulta rentable si la bajada de precio se compensa con un aumento del volumen de venta, explica a infoLibre el profesor de la Universidad de León José Camino Llerandi.

El resultado quedó lejos de ser el esperado. Dos empresas marroquíes, Safi Energy Company (Safiec) y la compañía pública de electricidad y agua ONEE no recibieron los cargamentos de carbón contratados con NMR y reclamaron indemnizaciones de 49,8 y 18 millones de euros, respectivamente. Tanto ellas como las empresas suizas MIR Trade AG y Telf AG, dos comercializadoras internacionales de materias primas, las que traían el carbón de Rusia y Kazajstán, tuvieron que acudir al Centro Suizo de Arbitraje y a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres para reclamar indemnizaciones a NMR por incumplimiento de contrato. Todos los laudos han sido favorables a las empresas suizas y marroquíes, y reconocidos por el juzgado español donde se dirimen las causas contra la empresa de Boluda.

El comercializador de carbón suizo Kaproben y el búlgaro Stone Sales CZ Ltd también presentaron en 2021 demandas contra NMR en sendos juzgados de Pozuelo de Alarcón: la primera por apropiación indebida y la segunda por estafa. Telf AG, que ya en su día llevó a NMR a los tribunales, acaba de interponer otra demanda contra la empresa pública EBHI (European Bulk Handling Installation), que gestiona la terminal de descarga de graneles del puerto de Gijón, y contra la consignataria Marítima del Principado. Telf AG intenta así recuperar las 160.000 toneladas de carbón –10 millones de euros– que vendió a NMR, pero que está nunca pagó y que desaparecieron de El Musel mientras supuestamente estaban en depósito de EBHI. La compañía suiza acusa a la sociedad pública de apropiación indebida y estafa, según adelantó el periódico Público. En concreto, responsabiliza a su directora general y al director de operaciones de EBHI.

Para los trabajadores de Vauste, la justicia no ha llegado a tiempo. El concurso de acreedores fue declarado culpable en octubre de 2023, cuando la empresa llevaba liquidada más de dos años. El pasado septiembre, un juzgado de lo Mercantil de Gijón adjudicó a un supermercado mayorista las parcelas donde se levanta la antigua fábrica de amortiguadores. Supercash ofreció 3,6 millones de euros por los 10.900 metros cuadrados de terreno. Las fincas estaban hipotecadas a favor de otra de las sociedades de Boluda y su esposa, NMR 1977 –luego DKTK Energy–, que había concedido a Vauste un préstamo de 2,25 millones de euros. Es decir, el empresario era al mismo tiempo prestamista y prestatario.

A día de hoy, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid sigue tramitando el concurso de acreedores de NMR como voluntario. La propuesta inicial de convenio fue rechazada por el juez, que está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso contra esa decisión presentada por NMR, según indica a infoLibre el administrador concursal, AC Ius Aequitas Administradores Concursales.

De Antonio José Boluda ya no queda apenas rastro en Gijón. Aunque Nacho Fuster aún recuerda las protestas de los vecinos por el ruido del helicóptero negro que solían utilizar tanto Boluda como David Rodríguez y que hacían aterrizar cerca de El Musel. O los enormes rusos que una vez le flanquearon la entrada en la caseta de obras que luego se convertiría en 336 metros cuadrados de oficinas, cuya propiedad ha revertido a la Autoridad Portuaria.

La Agencia Tributaria, la Policía Judiciária portuguesa y Europol han desmantelado la trama societaria que uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang había organizado en Mallorca para desviar 10 millones de euros procedentes de mordidas pagadas a cambio de contratos de obras públicas en Guinea Ecuatorial. Ocho personas han sido imputadas y dos de ellas detenidas, incluido el diseñador de todo el esquema societario para blanquear el dinero desviado desde el país africano, un holandés llamado Donald Frank van der Horn van den Bos, a quien los investigadores consideran el testaferro de Gabriel Mbega Obiang, que además de ser hijo del presidente ejerce de ministro de Planificación y Diversificación Económica. Uno de los investigados es el propio Gabriel Mbega Obiang, según han confirmado a infoLibre fuentes judiciales. 

Todos ellos están acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal en relación con actividades de corrupción en negocios internacionales. El caso, cuyo secreto de sumario se ha levantado tras más de dos años de instrucción, incluye una pieza separada.

La operación Run Out arrancó en 2021, cuando el diario portugués Expresso y el periódico guineano Diario Rombe, en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) analizaron una serie de documentos –contratos, facturas y extractos bancarios– a los que también tuvo acceso infoLibre. Este periódico publicó entonces en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Parte de los documentos habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha SA –Filipe Rego– y contra Van der Horn. La policía portuguesa llevó a cabo entonces 21 registros domiciliarios y abrió una investigación penal contra cuatro personas físicas y una sociedad. Al tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares empezó a investigar al holandés, que residía en Palma. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear se ha encargado del caso desde entonces.

Fruto de esas investigaciones, la Policía detuvo a Van der Horn en marzo de 2022 y registró su domicilio. Allí se incautaron de más de 13.000 documentos, además de extraer información de 43 dispositivos electrónicos, que albergaban casi cuatro terabytes de datos. Según detalla la Agencia Tributaria, los agentes también intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros e incluso unos derechos de uso vitalicio de un club de golf por otros 100.000 euros más. Además, se embargaron 11 inmuebles en Mallorca, registrados a nombre de las sociedades con las que se blanqueaban las mordidas guineanas, cuyo valor supera los cinco millones de euros.

Los imputados crearon una “elaborada estructura societaria internacional” para desviar, y posteriormente blanquear, comisiones ilegales cuyo importe equivale al 10% de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial. En la documentación confiscada, asegura la Agencia Tributaria, se han encontrado facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos falsos de consultoría que prueban las mordidas y su canalización a través de fideicomisos y sociedades en paraísos fiscales como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Países Bajos.

Después, esas comisiones ilegales terminaban en inversiones controladas por el testaferro holandés tanto en España como en Países Bajos. El vértice de la trama para desviar y ocultar el origen de los fondos era un fideicomiso en Liechtenstein, del cual colgaba otro cuyo supervisor y beneficiario era el propio Van der Horn, explica la Agencia Tributaria.

Un porcentaje “relevante” del dinero ilegal guineano se ocultó en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca. Sus administradores habían cedido al testaferro holandés de Gabriel Mbega Obiang el control de los inmuebles de una urbanización que costaron 3,5 millones de euros. La parte de las mordidas invertida en Países Bajos, siete millones de euros, terminó en una marca de cosméticos a través de sociedades pantalla con las que se intentaba disfrazar el origen del dinero.

La investigación de OCCRP destapó en su día buena parte de esa “elaborada estructura societaria internacional” que menciona la Agencia Tributaria y que va de Belice a Chipre pasando por Cabo Verde y Palma de Mallorca. Así, casi la mitad de los 10 millones de euros en comisiones ilegales pagados a la trama guineana por la portuguesa Armando Cunha SA entre 2009 y 2015 fueron ingresadas por dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Y ambas estaban vinculadas al intermediario holandés.

Pero el origen de la operación se sitúa en enero de 2010, cuando Armando Cunha SA consiguió el contrato público para construir un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). El contrato, el primero para la constructora portuguesa en ese país, fue firmado por el propio ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE. El presupuesto de la obra ascendió a 106,6 millones de euros. Una cantidad enorme para un país como Guinea Ecuatorial: su presupuesto para educación en 2020 apenas superó los 91 millones de euros.

Según la documentación a la que tuvo acceso OCCRP, el dinero del contrato fue ingresado en una cuenta de Armando Cunha SA abierta en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde. En los cinco años posteriores a la adjudicación, salieron de esa cuenta bancaria más de 10 millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de una sociedad registrada en Chipre y denominada Gabangare, o bien a través del presunto testaferro Frank van der Horn. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

La chipriota Gabangare debe su nombre a las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Es propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc.

Por lo que respecta a Bellezzavecchio SL, inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha SA. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle SA.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, constituida en septiembre de 2013 y que también tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha SA. El intermediario holandés es su administrador y socio único.

Hay una tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que igualmente recibió dinero de la constructora portuguesa: Flojust Holding BV y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha SA.

Gabriel Mbega Obiang no es el único hijo del dictador ecuatoguineano perseguido por la justicia europea. En 2021, su hermano Teodorín fue condenado en Francia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, con los que había adquirido propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. También se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París. Además, el pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, que además de hijo de Obiang es secretario de Estado de la Presidencia, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras.

Mientras tres de los vástagos del presidente se dan a conocer en Europa tanto por sus actividades ilegales como por su extravagante e indiscreta forma de gastar dinero, el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures.

Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía. Los Obiang han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

El primer barco que cubrirá el corredor marítimo abierto recientemente entre Chipre y la Franja de Gaza, de la organización no gubernamental Open Arms, ha zarpado finalmente este martes desde Chipre con una carga de 200 toneladas de comida. "¡Zarpamos! La misión conjunta Open Arms y World Central Kitchen zarpa de Chipre y pone rumbo a Gaza cargada de 200 toneladas de comida", ha dicho la ONG a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

"Se abre así el corredor humanitario marítimo a la Franja, en una misión de alta complejidad y que confiamos sea la primera de muchas que logren paliar la situación de emergencia humanitaria que vive la población", ha agregado. World Central Kitchen ha confirmado que el barco ha zarpado con "casi 200 toneladas de comida, arroz, harina, legumbres, verduras en lata y proteínas". "Junto a UAE Aid y el Ministerio de Exteriores de Chipre, nuestro equipo de ayuda trabaja para enviar cuantos más barcos con ayuda posibles", ha añadido.

El viaje del Open Arms es el primero de la denominada operación Amaltea que pretende establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y el enclave palestino. La ruta de Chipre a Gaza es de unas 210 millas marítimas (unos 388 kilómetros), distancia que se tarda unas 25 horas en recorrer en condiciones normales. El barco tiene previsto tardar unas 50 horas en el trayecto.

Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado las extensas restricciones impuestas por Israel a la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, sumida en una gravísima crisis a causa de la ofensiva militar -lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)- que ha hecho saltar las alarmas ante el riesgo de una hambruna a gran escala, especialmente ante el colapso del sistema sanitario gazatí.

La salida del primer barco que cubrirá el corredor marítimo entre Chipre y la Franja de Gaza con ayuda humanitaria se ha retrasado por razones técnicas, ha anunciado este lunes el Gobierno chipriota, que aún confía en una salida inminente una vez se solucionen estos problemas, según informa Europa Press.

El barco de la ONG Open Arms iba a zarpar el fin de semana, pero el ministro de Exteriores, Constantinos Kombos, ha confirmado en una entrevista que los planes se han retrasado por problemas que, en cualquier caso, no ha considerado graves. Según la televisión pública, la infraestructura necesaria para el desembarco de la ayuda aún no está lista.

Kombos, no obstante, ha subrayado el compromiso de las autoridades de Chipre con esta iniciativa, apuntando que ya hay un segundo barco a la espera para tratar de llevar ayuda a la Franja y aliviar así la delicada situación humanitaria de la población gazatí. Israel, que controla la mayoría de los pasos fronterizos terrestres, ha dado luz verde al traslado de la ayuda por mar.

El viaje del Open Arms -con 150 toneladas de ayuda- es el primero de la denominada Operación Amaltea que pretende establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y el enclave palestino.

La ruta de Chipre a Gaza es de unas 210 millas marítimas (unos 388 kilómetros), distancia que se tarda unas 25 horas en recorrer en condiciones normales. El Open Arms tiene previsto tardar unas 50 horas en el trayecto.

Los expertos dicen que es una de las colecciones de arte privadas más impresionantes del mundo. Compuesta por más de 300 piezas, incluidas obras de Picasso, Monet y Degas, fue valorada en 2018 en casi 1.000 millones de dólares.

Esta sorprendente colección fue adquirida a lo largo de los años por el multimillonario ruso Roman Abramovich y su exesposa, Dasha Zhukova, según revelan documentos corporativos filtrados desde Chipre. Y, a pesar de las sanciones impuestas contra los oligarcas rusos a raíz de la invasión de Ucrania el año pasado, la pareja todavía disfruta de acceso a estas valiosísimas obras.

En febrero de 2022, pocos días después de que el Gobierno británico advirtiera a los oligarcas cercanos al Kremlin de que la invasión podría acarrearles sanciones, el fideicomiso chipriota que poseía la colección fue reestructurado, reduciendo la participación de Abramovich por debajo del umbral crucial del 50%.

Los detalles se revelan en archivos encontrados por el periódico británico The Guardian, el consorcio de medios de investigación OCCRP, al que pertenece infoLibre, y otros medios asociados, entre la información filtrada de MeritServus HC Limited, un proveedor de servicios corporativos chipriota, y publicados por la plataforma de ciberactivistas Distributed Denial of Secrets (DDoS).

La afición de Abramovich y Zhukova por el arte no es nada nuevo. La pareja cultivó su reputación de amantes del arte a lo largo de sus nueve años de matrimonio, cofundando un importante museo de arte contemporáneo en Moscú. Zhukova es fideicomisaria del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Y cuando Abramovich pagó 33,6 millones de dólares por Supervisora de ganancias durmiendo, de Lucien Freud, considerada una de las cimas del arte moderno, estableció un precio récord para la obra de un artista vivo.

Pero el tamaño de su colección privada, revelada en los archivos chipriotas filtrados, supera con creces lo conocido hasta ahora. Entre las obras se encuentran Le Jeune Toreador de Picasso y La Plage à Trouville de Monet, además de esculturas de Henry Moore, Anthony Gormley y Alberto Giacometti.

Una base de datos de obras de arte propiedad de oligarcas rusos recopilada por el Gobierno ucraniano para confiscarlas sólo incluye cuatro piezas relacionadas con Abramovich, muy lejos de la colección ahora descubierta.

“Se podría llenar un museo con ella, es una colección asombrosa”, declara a The Guardian Andrew Renton, profesor de Comisariado de Arte en el Goldsmith’s College, de la Universidad de Londres. “No es la vulgar colección de un nuevo rico, demuestra muy buen gusto. Si tienes suficiente dinero, puedes comprar un pedazo de historia”.

El experto en arte y consultor Claudio Metzger está de acuerdo. “Son obras prestigiosas”, destacó a L'Espresso, uno de los medios de OCCRP. “Se trata de piezas icónicas, de museo. Me sorprende ver juntas todas estas creaciones”.

OCCRP y The Guardian ya revelaron en su día cómo MeritServus HC Limited parecía seguir trabajando para Abramovich incluso después de la invasión de Ucrania. La empresa fue sancionada posteriormente por el Gobierno del Reino Unido. Abramovich y MeritServus no han respondido a las preguntas que OCCRP les ha enviado por correo electrónico. Zhukova ha declinado hacer ningún comentario.

Las obras que se han descubierto gracias a la filtración eran técnicamente propiedad de Seline-Invest, una empresa domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas que fue trasladada a la isla británica de Jersey en junio de 2017 y finalmente mantenida en un fideicomiso con sede en Chipre llamado Ermis Trust Settlement.

Seline adquirió las obras a empresas de Abramovich en la época en que se divorció de Zhukova, en 2017 y 2018. Los precios que figuran en los documentos de venta desglosados ascienden a 963 millones de dólares.

En enero de 2021, Zhukova se convirtió en beneficiaria “adicional” de Ermis, que originalmente se había creado sólo para Abramovich en 2010. Las acciones de la pareja, ahora divorciada, se fijaron al 50%. Pero en febrero de 2022, justo antes de la invasión rusa, el fideicomiso se reestructuró para aumentar la participación de Zhukova al 51% y reducir la de Abramovich al 49%. El cambio pudo haberse diseñado para proteger las obras de arte de las sanciones que se avecinaban, ya que éstas a menudo se aplican sólo a los activos que son propiedad al 50% de las personas incluidas en la lista negra.

De hecho, Abramovich fue sancionado por el Reino Unido y la UE en la primera quincena de marzo de 2022 por su supuesta asociación con Putin. Aunque algunos de sus activos más visibles fueron congelados y se vio obligado a vender el Chelsea FC, las obras de arte permanecieron intactas.

“La regla del 50% funciona con ligeras diferencias según las jurisdicciones, pero en cualquier versión de las normas resulta atractivo reducir el interés del beneficiario de un fideicomiso que probablemente va a ser sancionado”, explica Tom Keatinge, director del Centro de Estudios sobre Delitos Financieros y Seguridad del think tank británico Royal United Services Institute. “Eso ocurrió en muchos casos en el periodo previo a la guerra, con la esperanza de mantener los activos fuera del alcance de las autoridades sancionadoras”, añade Keatinge.

Zhukova, que es ciudadana estadounidense, no ha sido sancionada y se ha manifestado en contra del ataque de Rusia a Ucrania. No hay indicios de que estuviera al tanto o involucrada en el cambio de su participación en Ermis, ya que los administradores del fideicomiso tenían el poder de hacer tales alteraciones sin su conocimiento.

Keatinge apunta que es probable que los oligarcas cercanos a Putin tuvieran “una estrategia para hacer frente al aumento de la presión [de las sanciones]” incluso antes de ser sancionados. “Este es un ejemplo de oligarca que aplica una estrategia bastante simple para salvaguardar su riqueza”, indica.

La filtración muestra cómo Abramovich y Zhukova reunieron su colección. A finales de 2010, Abramovich fichó a Sandford Heller, asesor de arte de los coleccionistas más ricos del mundo, con un contrato de 500.000 dólares al año. Durante los seis años siguientes, Heller ayudó a Abramovich y Zhukova a reunir la colección. Heller no respondió a la solicitud de comentarios que le ha cursado OCCRP.

La ubicación de las obras se desconoce. Pero los documentos a los que ha tenido acceso OCCRP muestran que algunas de ellas estuvieron almacenadas en Londres durante años. A diferencia de otros famosos inversores en arte, Abramovich y Zhukova no han expuesto toda su colección al público. Algunas piezas se han prestado ocasionalmente a exposiciones, pero normalmente de forma anónima; en sus etiquetas sólo podía leerse “colección privada”.

Un perfil de 2021 de Zhukova colgado en un sitio web de arte describía cómo sus residencias están llenas de obras de arte: “Convive con todo tipo de creaciones, desde una pintura figurativa de Mark Tansey hasta una abstracta de Piet Mondrian”. Pero las piezas de la colección no se han visto en público desde las sanciones contra Abramovich, probablemente debido a las complicaciones que le han causado.

“Es lamentable que el fideicomiso que posee estas obras no pueda prestarlas debido a las sanciones”, declara a The Guardian la experta en el mercado del arte Georgina Adam. “Estas sanciones”, señala, “se impusieron por una buena razón. Ahora, la consecuencia de las inversiones en arte de Abramovich es que el público se ve privado de la oportunidad de disfrutar de algunas de las más grandes obras modernas y contemporáneas”.

La filtración revela que, antes de ser sancionado, Abramovich hizo trasladar ciertas piezas a sus mansiones europeas o a su yate de 1.300 millones de dólares. Según los contratos de préstamo entre Seline y las empresas asociadas a las propiedades de Abramovich, las obras de arte salieron del almacén para ser expuestas en privado. “Es una tragedia que esta colección vaya a permanecer invisible durante mucho tiempo, a menos que se llegue a algún tipo de solución”, protesta Andrew Renton. “Hay muy pocos cuadros de este tipo para que eso ocurra”, concluye.

La mecánica parlamentaria establece que la elección de primeros ministros depende de las mayorías de escaños de las Cámaras de cada país. Lo más habitual en nuestro continente son gobiernos liderados por los partidos más votados, especialmente si tienen mayoría absoluta. Esto es así no porque hayan contabilizado más votos que sus adversarios sino porque, por regla general, son los que están en mejor situación a la hora de armar mayorías parlamentarias suficientes. 

Eso es exactamente lo que sucede en 20 de los 27 estados miembros de la Unión Europea y también lo que ha venido pasando tradicionalmente en España.

Pero no ocurre, ni mucho menos, en todos los casos. En siete de los 27 países que forman parte de la UE el gobierno no lo lidera, ni lo integra siquiera, el partido mas votado en sus respectivas elecciones generales. Una consecuencia directa de la aplicación del sistema parlamentario que, como en España, atribuye a los parlamentos, y no a los electores, la responsabilidad indelegable de elegir a los primeros ministros.

La elección directa, que el jefe de Gobierno sea automáticamente el candidato de la lista que obtenga más votos, es lo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta conseguir proponiendo al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, la firma de un acuerdo que contradice abiertamente lo dispuesto en la Constitución y que no existe en ningún país de Europa. Una reforma de hecho de la Carta Magna sin pasar por las urnas, eso es lo que Feijóo plantea estos días. Una metamorfosis política al margen de la Constitución para que España deje de tener un sistema político parlamentario y empiece a funcionar como si tuviese un modelo presidencialista. 

En realidad, con esta propuesta Feijóo no hace otra cosa que tratar de anticiparse a un hipotético resultado —improbable a la vista de las encuestas— que permitiese a PSOE y Sumar armar una mayoría suficiente para volver a investir presidente a Sánchez aunque el PP haya sido la fuerza más votada en las elecciones del 23J. El líder del PP trata de desacreditar por anticipado, la legitimidad de cualquier solución que no pase por un gobierno en manos del partido más votado.

Pero lo cierto es que esa es, precisamente, la normalidad democrática de buena parte del continente, en el que en este momento hay siete ejectuvos como los que Feijóo considera antidemocráticos, formados por coaliciones negociadas en los parlamentos con el fin de construir mayorías capaces de sacar adelante no sólo investiduras sino también presupuestos y programas políticos sin que nadie en la UE cuestione su legitimidad. 

Siguiendo la lógica de Feijóo, el Gobierno de Bélgica carece de toda legitimidad porque está formado por una coalición de siete partidos entre los cuales no están los que obtuvieron el primer y el segundo lugar en número de votos en las elecciones generales de 2019.

Los más votados en aquella convocatoria fueron los ultraderechistas flamencos del N-VA (16% de los sufragios) y de VB (11,9%) y ninguno de los dos forma parte del gobierno del país, nacido de una larguísima negociación que se prolongó durante 16 meses y que dio lugar a la llamada coalición Vivaldi (el nombre hace referencia las Cuatro Estaciones del compositor italiano: roja como el verano, naranja como el otoño, azul como el invierno y verde como la primavera, en referencia a los colores de los partidos que la forman).

A Feijóo probablemente le escandalizaría saber que el primer ministro, el liberal flamenco Alexander De Croo, milita en Open VLD, un partido que en las elecciones de 2019 quedó en quinto lugar con el 8,5% de los votos. Su asombro sería aún mayor si se fijara en que De Croo preside un ejecutivo en el que se sientan representantes de dos partidos liberales (el suyo y MR, con un 7,5%), dos socialistas (PS con un 9,4% y Vooruit con un 6,7%), dos ecologistas (Ecolo y Groen, cada uno de ellos con un 6,1% de los votos) y los cristiano demócratas flamencos del CD&V (8,9%).

La república irlandesa votó en generales por última vez en el año 2020. Aquellas elecciones las ganó el partido nacionalista de izquierdas Sinn Féin con un 24,5% de los votos. Pero se quedó fuera del gobierno, también como consecuencia de la normalidad democrática resultado de las decisiones del parlamento del país. 

El ejecutivo está desde entonces en manos de los que quedaron segundos, terceros y cuartos: el liberal conservador Fianna Fáil (22,2%), el democristiano Fine Gael (20,9%) y el Partido Verde (7,1%).

Los tres pactaron un acuerdo en virtud del cual Micheál Martin (FF) y Leo Varadkar (FG) se han turnado como primeros ministros. Varadkar, líder de la tercera fuerza en las elecciones, es hoy el primer ministro de Irlanda, además de socio de Feijóo en el PP europeo.

Las elecciones generales de 2021 las ganó el partido populista del millonario Andrej Babiš (Alianza de Ciudadanos Descontentos, conocido como Ano 2011) con un 27,13 de los votos y 72 escaños).

Pero, después de dos meses de negociaciones, gobierna una coalición integrada por la formación derechista ODS (que obtuvo un 27,7% de los votos pero un escaño menos que Ano 2011), un partido liberal de alcaldes e independientes, el Partido Pirata, la Unión Cristiana y Demócrata–Partido Popular Checoslovaco (KDU-CSL) y el partido liberal conservador TOP 09.

El caso sueco es particular. Las elecciones generales del año pasado las ganaron los socialdemócratas un un 30,33% de los votos, lo que Feijóo seguramente llamaría una “mayoría suficiente”. Pero en cambio gobierna una coalición en minoría integrada por el Partido Moderado (19,1%), los cristiano demócratas (5,3%) y los liberales (4,6%). No han dado asiento en el ejecutivo a la extrema derecha (Los Demócratas de Suecia, que obtuvieron un 20,5% de los sufragios) pero dependen de su apoyo parlamentario para poder gobernar.

El resultado es que el Gobierno sueco representa apenas al 29% de los electores que acudieron a las urnas en 2022.

El gobierno de la república chipriota está en manos de tres formaciones: el centrista nacionaista DIKO, el socialdemócrata EDEK y el el nacionalista Movimiento de Solidaridad (KA). 

Sin embargo, en las elecciones del año 2021 el ganador no fue ninguno de los tres sino la Agrupación Democrática, que obtuvo el 27,7% de los votos, seguido del izquierdista Akel (22%). De hecho, el Movimiento de Solidaridad (KA) está en el ejecutivo a pesar de que en esas elecciones perdió todos sus escaños.

En la República Eslovaca no es primer ministro en estos momentos ni el cabeza de lista de la candidatura más votada ni ninguno de sus rivales. Al frente del gobierno está, desde el pasado mes de mayo, el vicegobernador del del banco central del país, Ludovít Ódor, a la espera de que se celebren las elecciones convocadas para septiembre. 

Los comicios de 2020 los ganó la formación populista y conservadora Gente Común con el 25% de los votos, seguida por los socialdemócratas (18,3%).

En el gran ducado, en el corazón de la Unión Europea, tampoco gobierna la lista más votada, como le gustaría a Feijóo. 

La última vez que los ciudadanos luxemburgueses acudieron a las urnas volvieron a votar mayoritariamente por el CSV. La formación socialcristiana obtuvo el 28,3% de los sufragios, pero fue incapaz de encontrar aliados entre los demás partidos.

La consecuencia fue una reedición de la coalición formada por los socialistas de LSAP (con el 17,6% de los votos y 10 escaños), los liberales del Partido Democrático (16,9% y 12 escaños) y los ecologistas de Déi Gréng (15,1%).

El líder del PP quizá no lo sepa, pero el primer ministro del país es el liberal Xavier Bettel, cuyo partido fue el tercero en votos en las elecciones de 2019.

Los aviones que llegan al aeropuerto internacional de Lárnaca aterrizan al borde del mar. De un turquesa profundo. Puro Mediterráneo. Los turistas se desplazan a los hoteles y resorts por las calas de Chipre. Buscando a la vez descanso y 'beach clubs'. Pero el mar esconde un gran drama hacia adentro. Que muchos no quieren ver.

Los países de la Europa mediterránea se han convertido en entrada de miles de migrantes irregulares. Y no toda la UE mira de la misma manera esa realidad. Bruselas busca desde hace años un gran pacto migratorio y de asilo, pero nunca llega. El plazo que se ha dado la Unión es lograrlo antes de las elecciones europeas de mayo del año que viene.

Pero ahora mismo parece "muy difícil" porque hay muchas "piezas que encajar", según fuentes diplomáticas. España asume a partir de julio la Presidencia española rotatoria de la UE, con las migraciones como uno de los puntos clave. Pedro Sánchez es consciente y lleva ya tiempo escuchando a distintos mandatarios para ver hasta qué punto se puede encajar ese puzle. No quiere negociación de bloques, pero hay visiones comunes.

Sánchez inició este martes su tercera minigira para preparar la Presidencia española, con paradas en Nicosia (Chipre) y La Valeta (Malta). El miércoles toca una visita a Roma, donde se ve con Giorgia Meloni, en el Palacio Chigi (y con una declaración sin preguntas, como ha organizado el país anfitrión, a pesar que La Moncloa estaba dispuesta a someterse a las cuestiones de los periodistas).

Estos países viven unas realidades migratorias similares. Y sus posiciones serán clave a la hora de negociar, ya que las naciones del centro y del norte están mucho más preocupadas por los movimientos secundarios y tiene un enfoque más "seguritario".

Sánchez, durante su encuentro con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, abordó esta cuestión, recalcando este mensaje: "España y Chipre están situados a ambos extremos del Mediterráneo y somos plenamente conscientes de la importancia de nuestros vecinos del sur. De la necesidad de que el nuestro sea un mar de paz, estabilidad y prosperidad".

El presidente chipriota acaba de llegar al poder (juró su cargo a finales de febrero) y Sánchez es el primer mandatario que lo visita en Nicosia. Según manifestó ante el español, la migración es una "asignatura pendiente" para la UE, dándole valor a que un país con la "fuerza" de España asuma ese intento de pacto. Con una coincidencia total: darle más prioridad a la relación con los países del sur. Los dos líderes incidieron en que la invasión de Ucrania no puede hacer olvidar a lo que está pasando en el otro lado del Mediterráneo.

Pero también Nicosia y Madrid tienen otros intereses comunes: la reforma en profundidad del mercado eléctrico en la Unión Europea. Sánchez le explicó a su homólogo la propuesta remitida ya por La Moncloa a Bruselas para cambiar las reglas del juego en un momento de elevada inflación, recordando la efectividad del tope ibérico.

El presidente español abogó por garantizar un aprovisionamiento energético seguro y a precios razonables. Es "prioritario", en su opinión, llevar cuanto antes esta reforma con factores como la descarbonización de las economías y el justo reparto de costes entre productores y consumidores. Los precios están marcando la realidad política europea, siendo uno de los principales motivos, por ejemplo, que acaban de llevar a los conservadores a ganar las elecciones en Finladia frente a la progresista Sanna Marin (aliada internacional de Sánchez).

En definitiva, resumió Sánchez: "Una reforma que nos permita contar con una energía más limpia y más barata". Para el presidente chipriota este también es uno de los grandes retos y espera que la Presidencia española sirva para un gran avance. Otro punto en el que Nicosia espera que sirva el papel de Madrid es la relación con América Latina, que cada día despierta más intereses en la Europa oriental.

Durante la conversación también salió un tema muy delicado geopolíticamente: la cuestión chipriota, una isla dividida entre la parte grecochipriota y la turcohipriota. De hecho, Christodoulides le pidió a Sánchez usar la buena relación con Turquía para intentar mediar e intentar buscar una solución.

El presidente español se comprometió en este sentido, respaldando una solución "dialogada y definitiva", esperando que se plasme en una federación bicomunal. "Rotundo apoyo", remarcó el dirigente socialista, apostando por la vía basada en el derecho internacional y en las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas". "España va a trabajar en esa dirección durante la Presidencia", apostilló,

España quiere revitalizar la conexión con Chipre en un momento en el que se cumplen cincuenta y cinco años del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Poco a poco van entrando empresas allí, como Alsa con varias líneas regionales. No había ido ningún presidente del Gobierno a Nicosia desde José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.

El presidente español se trasladó luego, el martes por la tarde, hasta La Valeta, para reunirse con el primer ministro de Malta, Robert Abela, en el Albergue de Castilla. Los dos mandatarios siempre han mostrado gran conexión y pertenecen a la familia laborista europea.

El dirigente maltés y Sánchez también abordaron durante su reunión el tema de la migración, la reforma del mercado eléctrico y el problema de la inflación. Sobre el primer asunto, Abela incidió en la lucha contra las mafias y los flujos debidos a situaciones geopolíticas: "La inmigración irregular es una presión constante, la UE debe hacer más". "Malta puede tener un papel importante por su posición estratégica", señaló el primer ministro.

La cesta de la compra y el alto precio de la electricidad también es una obsesión de Malta. Con el hándicap de que se trata de un país insular, lo que hace que tenga impacto en la economía (con derivadas en el transporte, por ejemplo). "Miro hacia el futuro para trabajar juntos sobre legislaciones de la Comisión", comentó. Sánchez compartió con él que es "esencial" esa modificación del mercado, además de que sea "estructural".

Abela también pidió ayuda a Sánchez para solucionar problemas de abastecimiento de medicamentos en Malta, que históricamente venían del Reino Unido. Con otro asunto en el que irán de la mano: no a la política de austeridad. Los dos harán frente común en Bruselas para que la salida de la crisis no sea como en 2008, algo en lo que insiste siempre Sánchez pensando en la negociación de las reglas fiscales en la UE.

Las obras dibujan el horizonte. Los rascacielos vacíos dan sombra a las palmeras de la costa. A lo largo de las amplias avenidas donde los descapotables circulan a toda velocidad por la izquierda, los carteles publicitarios, escritos en inglés y cirílico, instan a invertir en villas de lujo.

En Limasol, el centro financiero de Chipre, una quinta parte de la población es de origen ruso. La ciudad ha heredado el apodo de Limassolgrad por ser el escaparate de los oligarcas: Alexander Ponomarenko, Roman Abramovitch, Alisher Usmanov, Leonid Lebedev... Atraídos por los bajos tipos impositivos de la antigua colonia británica, han construido un imperio de empresas offshore o residencias llamativas. Algunos han amarrado sus yates, han abierto cuentas bancarias y otros incluso han adoptado la nacionalidad chipriota.

Pero los rusos ricos no pasan por su mejor momento. Desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, su presencia incomoda. Miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004, Chipre está "aplicando seriamente" las sanciones económicas contra sus antiguos socios, insiste el Ministerio de Finanzas de la capital, Nicosia.

"Hemos congelado 60 millones de euros de 15 empresas de inversión con relaciones comerciales con entidades sancionadas; el Banco Central de Chipre congeló varias cuentas rusas por importe de unos diez millones de euros", afirma Avgi Lapathiotis, director general de estabilidad financiera del Ministerio.

A eso hay que añadir que se han interrumpido los vuelos comerciales desde Rusia, lo que supone un golpe para el turismo, el segundo generador económico de la isla después de los bancos, admite Avgi Lapathiotis. Los rusos, que representan el 20% de los visitantes, son un cliente habitual y están vinculados a los negocios. "Os habéis disparado en el pie, los rusos irán a Turquía", espetó el embajador ruso de la isla a las autoridades, asegurándose de mencionar a su eterno enemigo. Ankara ocupa militarmente más de un tercio de la isla desde 1974.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda relativiza la importancia de esta presencia. "Los depósitos rusos en los bancos han caído en los últimos años. Sólo suponen el 3,8% de un total de 51.500 millones de euros", precisa Avgi Lapathiotis.

No obstante, el acumulado de inversión directa rusa en Chipre sigue siendo colosal: el Banco de Rusia lo estima en 176.000 millones de euros para el año 2020. El Banco Central de Chipre, por su parte, reconoce "sólo" 97.000 millones de euros de inversión extranjera directa rusa en la pequeña isla, que tien un PIB de 23.000 millones de euros, según estimaciones de la asesoría independiente Sapienta Economics, de Nicosia.

Esta discrepancia se explica por el hecho de que el Banco de Chipre no se centra en los flujos directos "sino en el origen real de las inversiones", dice el Ministerio de Finanzas chipriota. En cambio, el Banco de Rusia contabiliza todos los flujos que transitan por la isla pero que no se quedan y que transitan antes de llegar a... otros centros financieros. Chipre, una referencia para las sociedades offshore, es efectivamente un conducto para las operaciones financieras de los oligarcas.

Para entender el arraigo de este circuito financiero, debemos remontarnos a 1982. Chipre y la URSS firmaron entonces un acuerdo de doble imposición, que fomentaba la instalación de empresas de las repúblicas soviéticas. En 1991, cuando el bloque del Este se derrumbó, la antigua colonia británica estaba preparada para convertirse en refugio de rusos ricos, líderes de antiguas repúblicas soviéticas.

"Tenemos una religión común -la ortodoxa- con los rusos y ellos se sienten seguros gracias a nuestra cultura legislativa "anglosajona" heredada del Imperio Británico", explica Avgi Lapathiotis. Esta famosa cultura legislativa a la que se refiere convierte a Chipre en una puerta de entrada a otros paraísos fiscales anglonormandos o caribeños. En aquella época, la isla también atraía a los inversores por sus bajos tipos impositivos: 4,25% en el caso de las sociedades offshore en 1991, frente al 12,5% actual.

En un afán por proteger sus tesoros de posibles reveses de la fortuna en sus países de origen, los hombres de negocios del antiguo bloque del Este o de los países balcánicos desembarcaron en la isla. Con los años, Chipre pasó a ser paso obligado en sus gestiones financieras. También se ha acusado al país de ser poco cuidadoso con el origen de las fortunas.

En 2001, el descubrimiento de las cuentas secretas del exdictador serbio Slobodan Milošević provocó un escándalo. Los antiguos oficiales del KGB también tenían presencia en los bancos. Uno de ellos, Vladimir Strzhalkovsky, se convirtió en 2013 en vicepresidente del consejo del Banco de Chipre, la mayor institución financiera de la isla.

Los enlaces son bidireccionales. De hecho, Chipre es uno de los primeros inversores extranjeros en Rusia. Los inversores rusos en la isla colocan su dinero en cuentas bien remuneradas y luego lo reinyectan en su país de origen. Estas operaciones financieras alimentan las sospechas de blanqueo de dinero ruso, aunque el Gobierno lo niegue.

Panicos Demetriades, exgobernador del Banco Central de Chipre (de 2012 a 2014), no duda en denunciarlo. Junto a la piscina del lujoso hotel Poseidon Beach, el hombre, ataviado con sombrero de paja y bermudas, es menos informal que su atuendo. "Los Estados como Chipre y Malta no luchan contra el blanqueo de dinero. La UE, consciente de esta debilidad, nunca ha puesto en marcha una forma eficaz de combatirla. Incluso la Unión Bancaria [creada en 2014 para garantizar el sector bancario de la eurozona] no ha tenido ningún efecto."

Advierte de que la penetración del capital ruso en Europa ha provocado una "influencia política" del presidente ruso Vladimir Putin. "Todos sabíamos que los oligarcas rusos trabajaban para él. Poco a poco, el Kremlin ha interferido en Europa acercándose a los políticos", denuncia.

En Chipre, estos oligarcas se convirtieron en ciudadanos de la isla mediante la adquisición de "pasaportes dorados": "Las autoridades mejoraron los "pasaportes dorados", era una especie de alternativa al blanqueo de dinero, porque cada vez era más difícil para los extranjeros abrir una cuenta bancaria", explica Panicos Demetriades. El Ministerio de Finanzas cree que fue una forma de "traer dinero después de la crisis". Porque la explosión de este llamado "Programa de Inversión de Chipre" (PIC) tiene sus raíces en el desastre económico de 2013.

El sector bancario, que representaba siete veces el PIB de la isla, estaba entonces en crisis. A cambio de un préstamo, el Eurogrupo impuso un impuesto sobre los depósitos superiores a 100.000 euros, que se utilizó para reestructurar el sistema bancario. Una decisión "injusta, poco profesional y peligrosa", juzgó Vladimir Putin. Los rusos y los oligarcas poseían un tercio de los depósitos bancarios de Chipre.

En represalia, Moscú se negó a conceder un nuevo préstamo a Nicosia. La relación se volvió tensa, pero los "pasaportes dorados" acabaron por seducir a los oligarcas. Creado inicialmente en 2007, el Cyprus Investment Programme (Programa de Inversión en Chipre) permitía obtener la ciudadanía chipriota a cambio de una inversión de 26 millones de euros en la isla. En 2013, el presidente Níkos Anastasiádes, exabogado de empresas del partido conservador Disy (derecha liberal), decidió rebajar la cantidad exigida a 2,5 millones.

En total, se han concedido más de 6.700 pasaportes, en 13 años, a ricos especuladores chinos, indios y ucranianos... Entre ellos, casi mil rusos, según los medios de comunicación locales. Sus identidades han permanecido en secreto. Alrededor de ellos, toda una galaxia local se ha enriquecido: abogados de empresas, promotores inmobiliarios, consultoras...

"Los propios miembros del gobierno estaban personalmente vinculados al sistema", afirma Alexandros Zachariades, especialista en Relaciones Internacionales de la London School of Economics, refiriéndose al propio presidente Anastasiádes, cuyo bufete familiar estaba muy implicado en la concesión de pasaportes. Los pasaportes dorados han aportado oficialmente 7.000 millones de euros. El sector de la construcción en Chipre ha seguido floreciendo, pero los precios de los inmuebles se han disparado. "Todavía hoy, muchos jóvenes chipriotas no pueden permitirse una vivienda y vuelven a vivir con sus padres", denuncia Alexandros Zachariades.

El programa se abandonó en 2020, un año después de que el medio catarí Al Jazeera revelara que el sistema había beneficiado a delincuentes y corruptos. En 2021, una comisión de investigación chipriota sobre el plan de pasaportes dorados reveló que el 50% de los pasaportes concedidos se habían emitido fuera del marco legal.

La guerra en Ucrania está poniendo aún más de manifiesto su dudosa ética. Los organismos europeos piden la retirada de algunos de estos pasaportes que presentan "graves riesgos para la seguridad". El 7 de abril, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también instó a Chipre a revocar los pasaportes expedidos a los rusos y a impedir que los yates privados atraquen en sus puertos deportivos. Hasta el momento, cuatro ciudadanos rusos con pasaporte chipriota están en el punto de mira de las sanciones, según el Gobierno, que no da nombres.

Traducción: Mariam Azarkan

Leer el texto en francés:

Las grandes empresas del IBEX 35 suelen incorporar en sus informes anuales, desde hace años y forzadas por las obligaciones legales y reputacionales de transparencia, una declaración en la que niegan tener presencia en paraísos fiscales o incluso se comprometen a no crear filiales en esos territorios de baja o nula tributación y opacos para la Hacienda española. Muchas de las mayores compañías precisan que no hacen negocios en los países incluidos en las listas de paraísos fiscales del Gobierno español y de la Unión Europea. Ambas son cortas, distintas y su composición varía con los años, cuando Bruselas y Madrid introducen o suprimen uno u otro territorio en decisiones que tienden a ser polémicas. Ninguna de ellas, además, incluye a los estados miembros de la UE que se consideran seudoparaísos por su laxitud fiscal: Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Malta y Chipre.

Pese a esas precauciones, las 35 mayores compañías de España mantenían en 2019 un total de 740 filiales en países de baja o nula fiscalidad, según el último informe de la ONG Intermón Oxfam, publicado en noviembre de 2020. Entre ellas se encuentran las cuatro grandes empresas eléctricas, en el centro de la polémica ciudadana y política por los precios de récord que están cobrando en los últimos meses en el recibo de la luz. Precisamente este miércoles marcará un nuevo máximo histórico al alcanzar los 190 euros el megavatio hora (MW/h). De acuerdo con la información que las propias compañías publican en sus informes anuales de 2020, Iberdrola, Naturgy, Endesa y Red Eléctrica poseen al menos 89 filiales en paraísos fiscales o en territorios con bajos impuestos. La mayoría corresponden a Iberdrola, que suma 58. Naturgy tiene 28. Red Eléctrica sólo dos y Endesa una.

En su Informe de Transparencia Fiscal, Iberdrola se prohíbe a sí misma constituir y comprar “sociedades residentes en paraísos fiscales o en territorios o países incluidos en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras”. Con una excepción: que la empresa se vea “obligada a ello por tratarse de una adquisición indirecta como parte de un grupo más amplio adquirido”. También asegura que entre sus “sociedades participadas controladas” no hay ninguna situada en paraísos fiscales de la lista española –que incluye a 32 países– ni en la lista negra de la UE –sólo 12 naciones–.

Pero si crea o adquiere una sociedad en un país de la lista gris de la UE –sólo nueve países– con el que España no tiene convenio para evitar la doble imposición, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán se obliga a sí misma a aprobar la operación en el consejo de administración. Es un procedimiento que Iberdrola denomina “seguimiento especial” y que también establecen Naturgy y Endesa.

Tales declaraciones y cautelas no son óbice para que Iberdrola posea un total de 47 filiales en Delaware (Estados Unidos), que no figura en ninguna de las listas anteriores, pero que exime de impuestos a las empresas allí registradas si no tienen actividad en el estado, ofrece grandes exenciones fiscales a las que sí la tienen y permite a los propietarios de las sociedades mantener su identidad en secreto. Así se ha convertido en el territorio de bajos impuestos favorito de las compañías del IBEX, adelantando incluso de los Países Bajos, por el número de filiales que han constituido en un pequeño estado del este con más empresas registradas que habitantes.

Iberdrola justifica su abultada presencia en Delaware por “su derecho mercantil y consolidada jurisprudencia” que, añade, proporciona “una gran seguridad jurídica en el ámbito mercantil”. Además, la eléctrica asegura que todas sus filiales en ese estado “tienen su domicilio fiscal y pagan los impuestos en los estados donde se encuentran los centros de actividad del grupo fiscal consolidado del que forman parte”. Niega, por tanto, que esas sociedades le reporten “ventaja fiscal alguna”. Por lo general, explica Intermón Oxfam, existe una sociedad en Delaware con el mismo nombre que otra situada en otro estado, de la que es filial (Atlantic Renewable, Avangrid Renweables, Vineyard Wind, PPM).

De Catar a Bermudas

La eléctrica tiene, además, sociedades en países de la UE con régimen fiscales preferenciales, baja tributación y opacidad: tres en Irlanda, de las cuales una es una financiera –Iberdrola Finance Ireland, DAC–, una en Países Bajos –Iberdrola International BV–, otra en Chipre –Rokas Aeoliki Cyprus, Ltd– y una más en LuxemburgoLuxemburgo –Iberdrola RE, SA–, una aseguradora. Finalmente, cuenta con Iberdrola QSTP LLC en Catar, otro país con fiscalidad laxa que estuvo en la lista negra de la UE hasta marzo de 2019.

En 2020 Iberdrola compró la australiana Infigen Energy, propiedad de dos sociedades radicadas en el paraíso caribeño de las islas Bermudas: Infigen Energy (Bermuda) Limited y BBWP Holdings (Bermuda) Limited, que la eléctrica dice haber liquidado ya. En su listado de filiales aparecen además otras tres sociedades con el mismo nombre, dos situadas en Luxemburgo y una más en Malta, todas ellas ya inactivas.

Finalmente, posee dos sociedades en Bulgaria, cuyo tipo del impuesto sobre beneficios es de sólo el 10%. Una de ellas es una inmobiliaria –Iberdrola Inmobiliaria Real State Investments–. También en Hungría, con el tipo de sociedades más bajo de la UE, un 9% –el de Irlanda es del 12,5%–, cuenta Iberdrola con una filial de renovables. Y en Costa Rica otra más de ingeniería.

A diferencia del resto de las eléctricas, Iberdrola publica los impuestos que paga “país por país”, una información que la UE aprobó antes del verano para las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros durante dos años y que aún no es obligatoria. Según sus propios datos, en 2020 la eléctrica de Sánchez Galán pagó 843 millones de euros en impuesto de sociedades por sus negocios en todo el mundo. De esa cantidad, 361 millones corresponden a España, pero no pagó ni un euro en Chipre, Costa Rica, Irlanda, Luxemburgo o Catar, por ejemplo. En Países Bajos, le devolvieron dos millones de euros. El año pasado se apuntó unos beneficios brutos de 5.053 millones de euros. “La constitución de sociedades del grupo Iberdrola obedece a criterios objetivos de negocio y no a estructuras de ingeniería fiscal”, concluye la eléctrica en su informe de transparencia fiscal.

Naturgy, seguros y sociedades de cartera

Naturgy suma 28 filiales en paraísos fiscales, aunque su información fiscal pública es mucho más reducida que la que proporciona Iberdrola. De hecho, sólo publica los beneficios que obtiene y los impuestos que paga en seis países –España, Argentina, Brasil, Chile, México y Panamá–; el resto los agrupa bajo las rúbricas “resto de Latinoamérica” y “resto del mundo”. En su informe anual de 2020 niega tener filiales en los territorios de la lista negra española, como tampoco en 2019. Y cifra en 214 millones de euros el impuesto de sociedades abonado por sus beneficios globales, de los cuales 65 los ha pagado a la hacienda española.

Naturgy posee una aseguradora en Luxemburgo –Natural Re SA–, así como una firma de servicios financieros –Clover Financial and Treasury Services, DAC– y cinco comercializadoras en Irlanda. En Países Bajos cuenta con una sociedad de cartera –Unión Fenosa Gas Infraestructures BV– y una empresa de servicios financieros –Naturgy Finance BV–. En Panamá ha constituido dos sociedades de cartera –Distribuidora Eléctrica de Caribe SA y Generación Eléctrica del Caribe SA– y cinco filiales de distribución eléctrica, ingeniería y servicios. En Puerto Rico son cinco las firmas controladas por Naturgy, de las cuales tres son sociedades de cartera. En Costa Rica posee otras tantas, de generación eléctrica e ingeniería. Finalmente, en Singapur cuenta con una comercializadora de gas, Naturgy LNG Singapore Pte. Ltd. Pero, según sus propios informes, la compañía de Francisco Reynés está presente también en Omán y Taiwán. En 2019, además, hacía mención en su memoria del traslado de dos filiales –Buenergía Gas & Power Ltd y Ecoeléctrica LP– desde las Islas Caimán hasta Puerto Rico y de la liquidación de Gasoducto del Pacífico, también con sede en las mismas islas del Caribe.

Endesa y Red Eléctrica, sólo en Luxemburgo y Países Bajos

Endesa sólo informa de una sociedad en Países Bajos, International Endesa BV (IEBV), que liquidó en 2020. En su informe anual declara que sólo hace inversiones “en o a través de” paraísos fiscales “si existen importantes motivos económicos que lo justifiquen” distintos al de “minorar la carga tributaria”. “Endesa nunca ha utilizado entidades radicadas en paraísos fiscales con la finalidad de ocultar el verdadero titular de rentas, actividades, bienes o derechos”, sostiene. En cambio, “en el pasado” sí que ha tenido “alguna actividad no relevante” en otros países que, sin ser considerados paraísos fiscales por la Agencia Tributaria, “son considerados por determinados observadores externos” como territorios con una tributación más favorable que la española. No cita cuáles.

Endesa ganó 1.788 millones de euros brutos en 2020. Y pagó 229 millones en concepto de impuesto sobre sociedades.

Red Eléctrica Española (REE) dice en su memoria que no desarrolla actividad alguna en los paraísos fiscales de las listas española y europea, pero cuenta con una empresa de reaseguros en Luxemburgo,Luxemburgo Redcor Reaseguros, S.A (REDCOR), y una financiera en Países Bajos, Red Eléctrica de España Finance BV (RBV), constituida en 2003 para hacer emisiones de deuda, que trasladó a España el pasado mes de abril. Un portavoz de REE indica que instalarse en el Gran Ducado es una “práctica habitual” en el ámbito de los reaseguros por la “flexibilidad” que ofrece. La compañía asegura haber pagado 192 millones de euros en impuesto de sociedades en España en 2020, tras obtener unos beneficios de 726 millones.

Las multinacionales dejan de declarar en España 23.051 millones de dólares –19.751 millones de euros– anuales desviándolos a paraísos fiscales. La cifra corresponde a la última actualización de The missing profits of nations (Los beneficios perdidos de las naciones), un estudio que arrancaron en 2015 Thomas Tørsløv y Ludvig Wier, de la Universidad de Copenhague, y Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley y director del Observatorio Fiscal de la UE. Entre esa fecha y los datos analizados, de 2018, los beneficios obtenidos en España por las grandes compañías internacionales pero trasladados a jurisdicciones de baja o nula tributación han crecido un 64%. En la misma medida se ha disparado también la pérdida en el impuesto de sociedades que la Hacienda española debería haber recaudado por esas cantidades: en 2015 dejó de ingresar 3.720 millones de dólares –3.187 millones de euros–, que en 2018 se convirtieron en 5.763 millones –4.938 millones de euros–.

Es decir, España pierde el 16% de los ingresos del impuesto de sociedades por culpa de la ingeniería financiera que aplican las multinacionales. Son dos puntos más que en 2015 y tres más que en 2016. Aunque quizá lo más sangrante sea que, además, casi el 83% de esas ganancias tienen como destino los paraísos fiscales de la Unión Europea. Cerca de 20.000 millones de dólares terminan en Bélgica, Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos. La mayor parte, 6.856 millones, las multinacionales los desvían a sociedades holandesas. Luxemburgo es el segundo favorito, con 6.333 millones.

El desvío de beneficios y la pérdida de ingresos fiscales por estas operaciones multinacionales han crecido en todo el mundo desde 2015, no sólo en España. Un 53,6%, según los datos del estudio, que incluye todos los países de la OCDE y 16 países en desarrollo. Si en 2015 las ganancias distraídas a paraísos fiscales sumaban 616.000 millones de dólares, tres años más tarde se elevan a 946.000. La pérdida global en el impuesto de sociedades ha aumentado un 29,2%, de 188.000 a 243.000 millones de dólares. Por tanto, las cifras españolas superan con creces la media mundial, casi 10 puntos porcentuales en beneficios trasladados y seis en pérdida fiscal –la media mundial es del 9,9% y ha crecido nueve décimas desde 2015–.

En estos tres años, Singapur ha superado a Irlanda como el mayor paraíso fiscal del mundo, puesto que recibió en 2018 132.000 millones de dólares de beneficios multinacionales, por 126.000 millones la isla. Singapur ha duplicado desde 2015 la cantidad de ganancias trasladadas por grandes empresas. Países Bajos es el tercer imán fiscal del mundo, con 106.000 millones de dólares, y Suiza el cuarto, con 102.000 millones. Para hacerse una idea de los volúmenes manejados por estos países, basta con señalar que todos los paraísos del Caribe –casi una veintena sin incluir Bermudas, que se analiza aparte–, suman 110.000 millones de dólares en beneficios atraídos, lo que sitúa la zona por encima del negocio conseguido por Países Bajos.

En total, Tørsløv, Wier y Zucman calculan que el 36% de los beneficios mundiales son trasladados artificialmente a paraísos fiscales cada año. El porcentaje se mantiene más o menos estable desde 2015 –con un ligero descenso hasta el 35,6% en 2018–. Los economistas lo consideran “sorprendente”, si se tiene en cuenta que en 2018 ya llevaba en marcha dos años el proyecto BEPS (siglas inglesas de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios), de la OCDE, cuyo objetivo es precisamente frenar las estrategias fiscales de las multinacionales, que se aprovechan de los agujeros de las legislaciones nacionales. Su conclusión es que en tres años no ha tenido “ningún efecto mensurable”. En todo caso, habrá que esperar para saber qué ocurre tras el reciente acuerdo para implantar un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades.

Tampoco han detectado efecto alguno sobre el traslado de beneficios de la rebaja de impuestos aprobada por Donald Trump a finales de 2017. Al contrario, destacan los economistas, EEUU ha aumentado su pérdida fiscal, que era del 14%-19% que sufría entre 2015 y 2017 al 23% en 2018.

Cada vez más hacia paraísos fiscales de la UE

En el caso español, el alza en el desvío de beneficios entre 2015 y 2018, el 64%, supera al de Alemania, que fue del 50,9%; Francia, del 46,8%, o Italia, que se quedó en el 39%. Pero le gana por goleada Reino Unido, que casi lo ha duplicado.

Como queda dicho, la mayor parte de los beneficios desviados por las multinacionales que operan en España va a parar a paraísos fiscales situados dentro de la propia UE. Además, ese volumen de ganancias ha crecido en estos tres años un 59,7%, muy por encima del 35,3% en que han aumentado las destinadas a territorios extracomunitarios. Sólo han perdido fuelle las transferidas a Suiza, que han caído un 4,3%. Por el contrario, las dirigidas a otras jurisdicciones fuera de la UE, como Bermuda y el resto del Caribe, Puerto Rico, Hong Kong y Singapur, se han más que duplicadoBermuda y el resto del Caribe, hasta los 2.018 millones de dólares, y superan ya a las suizas –1.989 millones en 2018–.

Dentro de la UE, han sido las transferencias españolas a Chipre las que más se han disparado entre 2015 y 2018: se han quintuplicado. Claro que su volumen es muy pequeño: han pasado de cuatro a 20 millones de dólares. Las que viajaron a Malta se han elevado un 73%, hasta los 301 millones. Los beneficios desviados a Bélgica han crecido un 31,4%, por lo que suponen ya 1.397 millones, y los trasladados a Países Bajos, un 47,6% –6.856 millones–. Más éxito ha tenido Irlanda, con un alza del 60,7% y un volumen total de 4.138 millones de dólares. Pero es Luxemburgo la plaza más concurrida para las multinacionales con negocio español: los beneficios transferidos han aumentado un 83,1%, de forma que maneja 6.333 millones de dólares.

Traducido en ingresos perdidos para la Hacienda nacional, resulta que de los 5.763 millones de dólares que se dejaron de ingresar en 2018, 1.714 millones corresponden a beneficios desviados a Países Bajos, 1.583 millones a Luxemburgo y 1.034 millones a Irlanda, por citar a los tres principales trileros fiscales comunitarios.

Exceso de beneficios artificial

¿Cómo calculan Tørsløv, Wier y Zucman esos beneficios trasladados disimuladamente por las multinacionales? Las empresas extranjeras situadas en paraísos fiscales son siempre mucho más rentables que las nacionales. Por el contrario, las empresas extranjeras son siempre menos rentables que las empresas locales en los países de alta fiscalidad. Así que han medido el exceso de beneficios artificial en los paraísos fiscales como la diferencia de rentabilidad entre empresas locales y extranjeras. A su vez, el exceso de rentabilidad de las multinacionales en los paraísos fiscales se explica por las enormes transferencias, en forma de cánones, comisiones de gestión e intereses, que les llegan desde países con alta tributación. Los consideran excesivos al compararlos con el tamaño de la economía real de ese país. Así, por ejemplo, desde España las multinacionales pagaron en 2018 “en exceso” 4.281 millones de dólares en intereses por inversiones extranjeras directas y 13.743 millones en royalties, seguros y servicios financieros. Según sus cálculos, España es la propietaria última de 10.182 millones de dólares en inversiones extranjeras directas, de los cuales 5.088 millones se encuentran en Países Bajos.

Por su parte, Estados Unidos posee el 50% de los beneficios desviados a paraísos fiscales de todo el mundo, pero sólo pierde el 23% de los beneficios trasladados a los paraísos fiscales. Por el contrario, la UE y los países en desarrollo tienen menos beneficios en los paraísos fiscales, pero pierden más por culpa del traslado de beneficios. Sólo con un tipo mínimo global del 15%, calcula Gabriel Zucman, la UE aumentaría su recaudación del impuesto de sociedades en 50.000 millones de euros y en 100.000 millones si se elevara al 21%. De ellos, 5.400 millones le corresponderían a España. Ése es el importe del gasto sanitario previsto por las comunidades autónomas para este año.

La remuneración promedio de los migrantes es casi un 13% menor que la que perciben los ciudadanos de los países de altos ingresos de acogida, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según informa Europa Press. 

Tal y como recoge en documento, en determinados países, en particular Chipre, Italia y Austria, la brecha salarial por hora de trabajo es aún mayor, a saber, del 42%, 30% y 25% respectivamente. En Finlandia es del 11%, inferior al valor promedio, y en la Unión Europea en su conjunto es de casi un 9%.

Del mismo modo, señala que la brecha salarial de los migrantes ha aumentado en varios países de altos ingresos a lo largo de los últimos cinco años. En Italia, por ejemplo, la remuneración de los trabajadores migrantes es un 30% menor que la que perciben los ciudadanos de dicho país, según datos recientes, frente al 27% que se registró en 2015.

En Portugal la OIT indica que la diferencia de remuneración es del 29%, frente al 25% registrado en 2015, y en Irlanda del 21%, con respecto al 19% de hace cinco años.

La organización advierte de que en todos los países deben afrontar problemas asociados a la discriminación y la exclusión, que se han visto agravados a raíz de la pandemia del covid-19, según el citado estudio.

Sector Primario 

En concreto, el informe pone de manifiesto que los migrantes en los países de altos ingresos son más susceptibles de tener un trabajo precario, habida cuenta de que el 27% de ellos tienen contratos temporales, y un 15% empleo a tiempo parcial.

En concreto, indica el trabajo, están representados de forma desproporcionada en el sector primario, en particular, en las esferas de la agricultura, la pesca y la silvicultura, y realizan más trabajos que los ciudadanos de los países de acogida en el sector secundario, en particular, en las esferas de la minería y la extracción de minerales, la producción, el suministro de electricidad, gas y agua, y la construcción.

"Los trabajadores migrantes deben hacer frente con frecuencia a una desigualdad de condiciones en el mercado laboral, en particular en materia de salarios, acceso al empleo y formación, condiciones de trabajo, seguridad social y derechos sindicales", ha afirmado Michelle Leighton, directora del Servicio de Migraciones Laborales.

"Desempeñan una función primordial en muchas economías. No pueden considerarse ciudadanos de segunda clase", ha declarado.

Migrantes con estudios superiores y mujeres

Además, señalan que los migrantes con estudios superiores en los países de altos ingresos también tienen menos probabilidades de lograr un empleo en categorías profesionales elevadas.

Así, indica que en Estados Unidos y Finlandia, por ejemplo, pese a que la proporción de trabajadores migrantes con estudios secundarios es del 78% y el 98%, respectivamente, la proporción de empleados migrantes en empleos de alta o mediana calificación es únicamente del 35% y el 50%, respectivamente.

En cuanto a los países de ingresos bajos y medianos se da una situación opuesta, puesto que los trabajadores migrantes suelen ser expatriados temporales altamente calificados. De este modo, por lo general, su remuneración por hora de trabajo es aproximadamente un 17,3% mayor que la que perciben los trabajadores no migrantes.

Finalmente, en informe destaca que las mujeres deben hacer frente a una doble penalización salarial, por su condición de migrantes y de mujer. En este sentido, se estima que la brecha salarial por hora de trabajo entre los ciudadanos masculinos del país de acogida y las mujeres migrantes en los países de altos ingresos es de casi el 21%.

Las consecuencias de la pandemia 

Por otra parte, el estudio se ha fijado en los planos sanitario y económico, en donde la pandemia ha repercutido en mayor medida en los trabajadores migrantes que en el resto de la población activa. Según el documento, al comenzar la crisis del covid-19, decenas de millones de trabajadores migrantes se vieron obligados a regresar a su hogar tras perder su empleo.

Esto se debe a que el trabajo que realizan es menos propicio para efectuarse a distancia que el de los trabajadores no migrantes, y en muchos casos, se trata de trabajadores de primera línea que están más expuestos al virus.

"La crisis, cuyo alcance global desconocemos aún, podría acentuar las diferencias en el mercado laboral entre los trabajadores migrantes y los ciudadanos de los países de acogida, lo que a su vez podría ampliar aún más la brecha salarial de los migrantes", indica el informe.