Si el devenir político nunca estuvo escrito, en estos tiempos líquidos, globales e interdependientes, mucho menos. Acostumbramos, porque es más sencillo, a acudir a lógicas simplistas para interpretar los hechos, pero raramente se logra explicar nada por esta vía. “Si no hay Presupuestos, el Gobierno está acabado”, dicen algunos (no hablo de las derechas, para las que el Ejecutivo actual estaba acabado antes de empezar, y ahí siguen ojipláticos sin acertar en su estrategia). “Si hay Presupuestos, Sánchez agota la legislatura”, apuntan otros.

Una mirada un poco más amplia no sólo se aleja de esas máximas, sino que atisba, al menos, cinco mariposas aleteando sobre el Gobierno progresista. Esto no quiere decir que no vaya a haber más –con toda seguridad las habrá, cuitas judiciales incluídas–, pero estas cinco tienen ya fecha en el calendario.

El primero de estos acontecimientos tendrá lugar el próximo fin de semana en el Maresme, cuando Junts per Catalunya se dé cita en un congreso que, además de situar a Puigdemont en la presidencia –carece de cargo orgánico desde 2022–, defina su estrategia. ¿Hasta dónde la solución a la situación judicial del líder será lo que marque todo? Se adivina que notablemente. 

Además de este extremo, ¿quiere Junts recuperar la estirpe y esencia de la antigua CiU, combinando el pragmatismo negociador de la burguesía catalana con un acercamiento más plural al catalanismo o, por el contrario, optará por endurecer posiciones y resucitar por sí solo el espíritu procesista, una vez rota la unidad del independentismo? Más allá de lo que ocurra con Puigdemont, esta decisión es clave para entender si puede haber un acercamiento al Partido Popular de Feijóo o si, por el contrario, seguirán apoyando al Gobierno de coalición, dando por hecho que el precio de su apoyo ha de seguir subiendo.

Lo que ocurra el próximo fin de semana tendrá efectos en la posición de Junts en el Congreso de los Diputados, pero también repercutirá sobre los afiliados de ERC, que el próximo 30 de noviembre tendrán que elegir una nueva dirección que, a su vez, será clave para determinar el rol de los republicanos en su relación con el Gobierno central y con el Ejecutivo catalán de Salvador Illa. Dos momentos, con conexiones entre sí, que se colarán por los pasillos del congreso que los socialistas celebrarán a su vez en Sevilla el mismo fin de semana. 

Nada hace pensar que Sánchez tenga problemas en esa cumbre socialista para revalidar su liderazgo, pero el malestar de algunas federaciones puede abrir grietas en un PSOE en plena transformación, con buena parte de los históricos más relevantes en clara oposición al secretario general, crecientes críticas al hiperliderazgo y necesidad de entender los últimos movimientos del Gobierno, sobre todo los referentes a la relación con el independentismo catalán. La ponencia política que acabe aprobando ese congreso, pero, sobre todo, el clima de cohesión, fragmentación o desafección con que salgan los delegados y delegadas será clave.

En esta atmósfera influirán más factores, no sólo las cuitas internas, y uno de ellos será lo que venga del exterior: los vientos por la ultraderecha que llegan de Europa pero, sobre todo, lo que acabe ocurriendo el próximo 5 de noviembre en EEUU. Una victoria de Harris supondrá una inyección de esperanza para los socialistas. Por contra, si Trump ganara, los nubarrones se acercarían a Sevilla. El estado de ánimo, como sabemos, explica tanto o más que los argumentos y los intereses en política y puede precipitar movimientos en uno u otro sentido. 

En este contexto, en efecto, se verá si el Gobierno es capaz de sacar adelante o no unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que le permitan gestionar los desafíos del momento aprovechando las oportunidades que aún brindan los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y así y todo, ni la ausencia de Presupuestos ni su aprobación, por sí solas, significarán nada más que eso: habrá nuevos Presupuestos Generales o se seguirán prorrogando los de 2023. 

Ninguno de estos cinco acontecimientos, considerados uno a uno, podrán responder a la pregunta sobre la robustez y duración del Gobierno de coalición, que es la que planea desde el 23J del año pasado. Todos, entre sí, dibujan un panorama de interdependencias, clave para entender las múltiples aristas de un momento de creciente complejidad. A fin de cuentas, si la política no fuera tan endiabladamente compleja, no sería tan interesante. Y ya lo dice la maldición china: “Que vivas tiempos interesantes”.

En contraste con su protagonismo político, la caza no atraviesa su momento de mayor tirón popular. En 2019, último año del que hay datos oficiales, fueron expedidas 743.650 licencias, menos que cualquier otro año desde que comienza en 2005 la serie estadística publicada por el Ministerio de Transición Ecológica. La caída es del 31,11% desde 2010. El mayor número corresponde con diferencia a Andalucía, con 237.679, seguida de Castilla La Mancha (96.360) y Castilla y León (87.457). "Es evidente que en los últimos años ha habido una disminución del número de cazadores, relacionada con la pérdida de población rural", afirma el veterinario Carlos Sánchez, director de Investigación de Fundación Artemisan, dedicada a la defensa de la caza y presidida por José Luis López-Schummer, ex presidente Mercedes Benz España y hoy representante General de Daimler para la Península Ibérica y América Latina.

Pero lo relevante ahora, en cualquier caso, no es tanto el número como el estado de ánimo. Y el humor de los cazadores –o al menos de muchos de ellos– está agrio.

Indignación, enfado, malestar. Sobre todo ello pudo leerse en las crónicas de la masiva manifestación del mundo rural de hace ya más de un mes, impulsada, financiada y protagonizada por cazadores, que dirigieron su ira contra el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos (UP). Pero su ofensiva contra el Ejecutivo va más allá del 20M. ¿Ejemplos? El jueves 21 de abril tuvo lugar una manifestación convocada por la Real Federación Española de Caza (RFEC), que aglutina a 335.000 socios, ante el Ministerio de Transición Ecológica exigiendo la dimisión de su titular, Teresa Ribera (PSOE). Y Ribera no es el único centro de las críticas. También está en la diana Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Unidas Podemos). Y, por supuesto, los ecologistas. O, más precisamente, una "ideología animalista" "totalitaria" que persigue que la caza "deje de existir", en palabras de Manuel Gallardo, presidente de la RFEC.

¿Por qué tanto enojo? infoLibre analiza las causas alegadas por los cazadores, cuya ofensiva contra el "animalismo" pone en riesgo al menos dos leyes en tramitación y tensa las relaciones entre Unidas Podemos y el PSOE.

El anteproyecto de la ley que exige tratar a los animales como "seres sintientes" fue aprobado el 18 de febrero. Derechos Sociales pretende que antes de verano vuelva al Consejo de Ministros y de ahí sea enviado sin demora al Congreso para entrar en vigor el 1 de enero de 2013, pero está por ver. Viendo las posiciones de PSOE y UP, hay visos para un choque entre los dos socios de gobierno.

¿Qué disgusta a los cazadores? La lista es larga. Hay una impugnación básica, conceptual: la RFEC rechaza el reconocimiento de "derechos de los animales" y "protección de la dignidad de los animales". Además, reclama la exclusión de la ley de los "animales auxiliares" en la caza, como los perros y los hurones, así como de "la actividad deportiva con animales, todos los animales silvestres y las especies cinegéticas". Según su interpretación, la norma no deja claro que cazar a un animal no vaya a causar problemas legales. Exige también la retirada de varios puntos, como la prohibición del tiro al pichón y del silvestrismo, así como las nuevas exigencias de esterilización de animales domésticos.

Manuel Gallardo (RFEC) afirma que la ley "prohíbe de facto" la caza. Y añade: "Tenemos el deber de dar un trato decoroso [a los animales], pero en ningún caso tiene que prevalecer el afecto sobre la utilidad". La norma "haría imposible" la caza, agrega Carlos Sánchez (Artemisan). "Equipara un perro de caza a un animal de compañía, a una mascota, con lo que no podemos utilizarlo para cazar", señala. Además, se opone a la "obligatoriedad" de esterilización de los perros y a la de darse de alta como criador para tener cachorros, lo que considera orientado a "poner las cosas difíciles para criar perros de caza".

El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, afirma que la ley "no toca nada que tenga que ver con la actividad cinegética". "Lo que hacemos es plantear mecanismos de control y regulación de la cría de animales de compañía, que se definen por la especie, no por el uso, y por lo tanto son fundamentalmente perros y gatos", señala García Torres. Los perros de caza, insiste, quedan incluidos, si bien nada impide cazar con ellos. Simplemente se establecen algunos requisitos, explica. Niega además que haya una "obligación" de esterilizar y señala al artículo 31.c, que recoge la esterilización sólo si los animales de distinto sexo no pueden estar separados y nunca para los inscritos en el registro de criadores. También firma que al menos una ley, la de La Rioja, "plantea la obligatoriedad de esterilizar todos los animales de compañía", llegando así más lejos.

En cuanto a la prohibición del silvestrismo, García Torres recalca que lo que se prohíbe es "la captura de aves fringilidas del medio natural". "El silvestrismo es tambien la cría de canarios y en eso no se mete la ley", señala. Las limitaciones introducidas en este campo son obligadas, dice el director general, para evitar que España se exponga a sanciones europeas. Además, califica de "aberrante" el "tiro al pichón". Gallardo (RFEC) afirma que su prohibición invade competencias deportivas. "El tiro al pichón es una actividad reconocida, muy practicada en Extremadura, Comunidad Valenciana o Madrid. Prohibirla es como prohibir el boxeo porque el Código Penal recoge el delito de agresión", dice.

"Esta ley no sólo va a perjudicar a la caza, también al que tenga un perro en su casa y no pueda criar con él, ni regalar un perro, y además tenga que hacer un cursillo para poder tener un perro, cuando para tener un hijo no hace falta", señala Gallardo. García Torres recalca que habrá consideración especial para los cazadores en este punto, al quedar exentos de los cursos de "tenencia responsable" de animales.

El periodo de consulta pública de la ley ya está cerrado, tras unas 5.600 alegaciones, "la mayoría, sobre un 70%", pidiendo una ley aún más dura, señala García Torres, que pretende que la norma sea enviada al Congreso "a principios de junio como muy tarde". Eso sería en plena precampaña de las elecciones andaluzas. ¿Avecina lío político? El PSOE se muestra permeable a algunas de las reivindicaciones de los cazadores y ha acordado con la RFEC excluir a los "animales auxiliares" de la ley. García Torres afirma que la ley está "cerrada en el seno del Gobierno". "No lo contemplamos [la exclusión de los auxiliares]. Generaría inseguridad jurídica. ¿Cuándo un animal es auxiliar y cuándo no?, ¿un galgo es auxiliar si vive en Madrid o sólo en el ámbito rural?, ¿y si en el ámbito rural no realiza actividad cinegética?". Por su parte, el presidente de la RFEC se muestra convencido de que la ley "no se va a aprobar como está planteada". "Lo sabemos positivamente", afirma. Ve a UP "solo" en su defensa.

infoLibre solicitó al PSOE hablar con algún responsable para ir al detalle de su posición y sus planes. "Es un tema que todavía estamos trabajando", fue la respuesta.

El mismo Consejo de Ministros del 18 de febrero aprobó un anteproyecto de modificación del Código Penal para tipificar la condena del maltrato de los "animales vertebrados", ampliando así el espectro cubierto, en la línea de Alemania y Reino Unido. La RFEC denuncia que se trata de parte de la "hoja de ruta anticaza del Gobierno liderada por los Ministerios de Podemos", que sigue al "lobby animalista". "Cualquier daño o lesión hacia los animales, además de la muerte, sería considerada como delito, asimilándose el tratamiento legal de las lesiones al de los humanos", alerta la RFEC en su documento de alegaciones tipo contra una ley que –según denuncia– "pretende acabar con la caza".

El director general García Torres ve infundadas las alertas: "No afecta para nada [a la caza]". Y señala al artículo que deja fuera de las penas a quien cause lesión a un vertebrado dentro de las "actividades legalmente reguladas", como la cinegética. "Si su argumento fuera cierto, quedaría penado el sacrificio de animales de producción. Por supuesto que no es así", señala García Torres, que recalca: "Afectará [a la caza] sólo en caso de que se realicen actividades fuera de la norma. Sólo se me ocurre la caza furtiva. Dependiendo del nivel de ensañamiento, podrían suponer, además de las penas ya existentes, un delito añadido de maltrato animal".

El motivo de la manifestación del 21 de abril ante Transición Ecológica es la posible prohibición de la caza de la codorniz, propuesta por Seo Birdlife, que la considera en riesgo de extinción. Una hipotética prohibición, que, no se ha producido, se sumaría a la ya aprobada en septiembre de 2021 de la caza del lobo, que la RFEC y Artemisan también rechazan. Ambas organizaciones se oponen además a la prohibición de la caza en los parques nacionales, establecida en 2014 y en vigor desde diciembre de 2020. Aunque no es una iniciativa del actual Gobierno, es una de las causas alegadas por la RFEC para pedir a Ribera que dimita.

Una y otra vez aparece una queja de los cazadores, que se resumiría así: nos persiguen, nos atacan. "Hay una estigmatización, un odio. Los cazadores no son asesinos, no están destruyendo la naturaleza", dice Sánchez (Artemisan), que afirma: "Somos un colectivo diverso. La caza no tiene color político, aunque haya algún grupo que la tiene más presente en su programa. Hay un hartazgo de que se diga si eres cazador eres un facha o un retrógrado".

¿Qué comentario concreto justifica esa sensación de persecución? ¿De quién? En el plano político, Sánchez apunta a la "dureza" de Juantxo López de Uralde. El diputado de UP suele mostrarse crítico con la caza y rechaza que sea un deporte, pero no constan insultos de su parte. En cambio, él sí los ha recibido.

Los dos cazadores consultados recuerdan unas declaraciones de la ministra Ribera en 2018 que aún la persiguen: "No soy partidiaria ni de los toros ni de la caza. [...] Me resulta llamativo que haya gente que disfrute de ver morir o ver sufrir animales". Ribera recalcaba que hablaba a título personal.

– A nivel personal, ¿prohibiría la caza y los toros? –le preguntaron en Onda Cero

– Efectivamente –respondió.

Pero la auténtica bestia negra de los cazadores es el "movimiento animalista", al que Sánchez (Artemisan) ve "introducido" a fondo en la política. "Está pasando no sólo en España, sino en muchos países occidentales", añade. Gallardo (RFEC) afirma que "ya no hay organizaciones ecologistas", porque ahora lo "rentable" es "centrarse en los animales". ¿Rentable? Sin precisar organizaciones, Gallardo cree que el movimiento ecologista está demasiado subvencionado. La RFEC recibe 24.000 euros al año del Consejo Superior de Deportes, según Gallardo. "Es un 2% de nuestro presupuesto", explica.

Luis Suárez, coordinador de Conservación de WWF, ve "injustificada" la sensación de persecución. "Lo que ocurre es que hay nuevas sensibilidades. Tanto la corriente conservacionista como la animalista están cogiendo fuerza. El sector de la caza ve que tiene que evolucionar y recurre al discurso de 'todos van contra mí'. No puede ser que cada cambio de la normativa se vea como un ataque", señala Suárez, que recuerda que Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los fundadores de WWF, era cetrero y referente conservacionista.

Otro conservacionista y cazador era Miguel Delibes, al que según su hijo, Miguel Delibes de Castro, "no le hubiera gustado" la manifestación" del 20 de marzo, por los derroteros que ha tomado hoy la mayoría parte de la caza. Es un fenómeno complejo. Hablar de "la caza" sin precisar deja fuera demasiadas aristas. Suárez (WWF) prefiere hablar de buenas y malas prácticas. Entre estas, cita: abandono en el campo de munición de plomo; cerramientos de fincas con densidades elevadas de animales salvajes para explotación cinegética comercial; cotos intensivos de caza mayor, sobre todo de jabalí; sueltas de animales de granja; introducción de animales exógenos que degradan la especie; uso de veneno para el control de depredadores... Frente a esto, afirma que también hay "caza social en monte público". En realidad, dice, el movimiento ecologista no se encuentra en posiciones maximalistas, sino de colaboración con el mundo de la caza. "Hay muchísimo margen para un equilibrio", dice Suárez. Es más, afirma que organizaciones como Ecologistas en Acción, marcadamente anticaza, se sientan a negociar normas cinegéticas. Incluso en los sectores que ven incompatible la caza con la conservación de la biodiversidad es frecuente ver un enfoque posibilista, recalca.

Sánchez (Artemisan) se dice defensor de la "caza sostenible". Y afirma que puede haber "caza sostenible" de todo tipo de especies, incluso de elefantes. "Hay que quitar estereotipos", dice. ¿Qué posición tiene sobre la agricultura intensiva, cuyo uso de fertilizantes castiga la fauna? ¿Dirige también sus críticas contra esta actividad? Sánchez reconoce que se trata de "una de las principales causas que explican el declive de algunas especies, sean de caza o no, como la perdiz, la avutarda, el sisón, la tórtola o la codorniz". Pero añade: "Nosotros intentamos aliarnos con el agricultor, antes que enfrentarnos".

En plena pandemia mundial provocada por un virus que ha acabado, solo en nuestro país, con la vida de más de 90.000 personas y en medio de una crisis económica y social sin precedentes desde la Guerra Civil, las prioridades legislativas del PP de Pablo Casado durante la primera mitad de la legislatura siguen siendo Cataluña, el orden público y el control de la justicia.

 El PP ha presentado en la primera mitad de la legislatura 30 proposiciones de ley (31 si se suma la que acaba de firmar de común acuerdo con Cs para extender a la cadena perpetua, que en España se llama prisión permanente revisable, a los asesinos que no revelen el paradero de sus víctimas). De ellas 13 se tramitaron durante la etapa de Cayetana Álvarez de Toledo al frente del grupo parlamentario (hasta el verano de 2020) y el resto ya con Cuca Gamarra como máxima responsable de los diputados del PP. 

Su contenido resulta muy revelador de cuáles son las prioridades del PP. En primer lugar, Cataluña. Los conservadores han presentado en el registro hasta cuatro iniciativas legislativas relacionadas con el conflicto político en la comunidad catalana. 

De ellas, de momento, sólo ha decidido llevar una al Pleno del Congreso: la que pretendía limitar el derecho de gracia del Gobierno con el fin de que no pudiese conceder indultos a los condenados por el procés. Y a cualquiera que en el futuro sea condenado por los delitos de rebelión y sedición. La propuesta fue rechazada por una amplísima mayoría: 192 votos en contra (los de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, Compromís, Más País, BNG, PNV, EH Bildu y la CUP), 149 a favor (PP, Vox, Cs, UPN y Foro) y tres abstenciones (Teruel Existe, PRC y Coalición Canaria).

Las otras tres iniciativas siguen a la espera de que el PP decida una buena ocasión de someterlas a debate en el pleno del Congreso. La primera quiere devolver al Código Penal el delito de convocatoria de referéndum ilegales y la segunda propone modificar la ley electoral para que los huidos de la justicia, como Carles Puigdemont, no se puedan presentar a ningún proceso electoral.

Con la tercera el PP pretende cambiar la ley de partidos para establecer un mecanismo que permita suspender temporalmente o limitar de manera parcial la financiación con fondos públicos estatales que reciben aquellas formaciones en cuyo seno haya personas condenadas por delitos contra la Constitución, el orden público, la comunidad internacional o por traición.

La segunda gran prioridad de los de Casado en lo que va de legislatura es el orden público y la justicia. En este capítulo han presentado hasta ocho iniciativas de las que cinco ya se han debatido. Todas fueron rechazadas.

En primer lugar, dos que trataban de reformar los mecanismos de elección del Fiscal General del Estado y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para adecuarlos a las preferencias del PP. La primera sólo obtuvo 160 síes (PP, Vox, Junts, Cs, Foro, UPN, CC) frente a 185 noes (PSOE, UP, ERC, Compromís, PDeCAT, Más País, PNV, EH Bildu, CUP y Nueva Canarias) y dos abstenciones (Teruel Existe y Esquerra). La segunda fue derrotada por una diferencia aún mayor: 154 síes (PP, Vox, Cs, UPN, Foro, CC) y 190 noes (todos los demás).

La tercera que ya se ha debatido y ha sido rechazada es una que trataba de poner el foco en la okupación ilegal de viviendas. Sólo logró el respaldo de 157 diputados (PP, Vox, Cs, PNV, UPN, Foro, CC). Votaron en contra 179 (PSOE, UP, ERC, BNG, Más País, EH Bildu, CUP y Nueva Canarias) y se abstuvieron ocho (Junts y Teruel Existe). Y la cuarta pretendía crear un estatuto específico para los funcionarios de prisiones: tampoco mereció el respaldo de la Cámara baja y fue rechazada: 157 síes (PP, Vox, Cs, Más País, Compromís, UPN, CC y Foro) y 191 noes (todos los demás).

La quinta y más reciente en estrellarse en el pleno de la Cámara baja es la que proponía igualar las retribuciones de policías y guardias civiles con las de mossos y ertzainas mediante el procedimiento de prohibir que ninguna comunidad pueda subir los salarios de los policías autonómicos por encima del de los agentes que dependen de Interior. 

Pendientes tienen otras tres. En primer lugar, la que plantea que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad (un cambio normativo que PSOE y Unidas Podemos quieren hacer aprovechando la reforma de la ley mordaza). 

Las otras dos son la ya citada que plantea extender la cadena perpetua cuando el asesino no revele el paradero de su víctima y una modificación legal para permitir la prohibición de homenajes o actos de bienvenida a expresos de ETA cuando salen de la cárcel.

El PP también ha presentado tres iniciativas en materia energética. La más conocida es la que planteaba que el Gobierno renunciase a determinados ingresos para facilitar la reducción del recibo de la luz. Fue rechazada por 169 votos en contra, 154 síes (PP, Vox, Cs, UPN, Foro, y CC) y 25 abstenciones (ERC, PDeCAT, BNG, PNV, Teruel Existe y PRC). Meses después volvieron a presentarla para replantear el debate, pero el Gobierno hizo uso del derecho a veto que le reconoce el reglamento de la Cámara cuando se presentan iniciativas que pueden descuadrar los Presupuestos.

Las otras dos están pendientes de debate: la primera busca rebajar la factura de la luz a sectores económicos estacionales de la agricultura, la hostelería, el turismo y el comercio; y la segunda busca regular la producción de hidrógeno para, entre otras cosas, garantizar que pueda seguir utilizándose combustibles fósiles.

La segunda versión de la reforma legal para bajar el recibo de la luz no es la única proposición de ley del PP que el Gobierno rechazó amparándose en su derecho a impedir el debate de normas que puedan afectar a las cuentas públicas. También se ha opuesto a la tramitación de una ley para la supresión del impuesto del patrimonio (que en la actualidad está transferido a las comunidades autónomas) y a una iniciativa que proponía la creación de la autoridad independiente de gestión de los fondos europeos que Casado reclama desde el verano de 2020. 

El PP presentó una única proposición de ley relacionada con la pandemia: una norma con la que los de Casado pretenden que las comunidades autónomas puedan tomar decisiones que afectan a derechos fundamentales sin tener que recurrir a los tribunales, algo que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que ni siquiera puede hacerse con la declaración del estado de alarma.

Fue rechazada nada menos que por 249 diputados (PSOE, Vox, UP, ERC, Junts, BNG, MP, Compromís, PDeCAT, Cs, EH Bildu, CUP, ERC y Nueva Canarias), la derrota más abultada del PP en lo que va de legislatura. Los de Casado sólo lograron 98 votos a favor (PP, PNV, UPN, Foro y CC) y el único diputado de Teruel Existe se abstuvo.

A pesar de que el juego de mayorías en el Congreso sigue siendo el mismo, el PP ha vuelto a presentar la iniciativa en el registro del Congreso, a la espera de una oportunidad de plantear una vez más el mismo debate. 

Los de Casado tienen otras nueve proposiciones de ley en el Congreso pendientes de que el PP les dé prioridad y las incluya en el orden del día del PP dentro del cupo al que tiene derecho. Entre ellas están la ley de cuidados paliativos que defienden como alternativa a la de eutanasia, una propuesta para que los animales dejen de ser considerados como cosas o una iniciativa que trata de prolongar el derecho a cazar en los parques nacionales donde va a dejar de ser posible.

También hay propuestas para cambiar la regulación de los registros civiles, asumir gastos de los afectados por el terremoto de Lorca, regular la publicidad sanitaria, promocionar el mecenazgo o garantizar durante la pandemia las asignaciones a las entidades de interés social en la declaración de la renta y gobernar la transformación digital de España.

La parálisis que conlleva la repetición electoral lo contagia casi todo. Con la disolución de las Cortes, refrendada este martes por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet(PSOE), los contadores parlamentarios se ponen a cero. Decaen todas las iniciativas parlamentarias registradas por los diferentes grupos en Congreso y Senado y la Diputación Permanente, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones o con las Cortes disueltas, tiene las funciones limitadas. Esto supone un frenazo importante para la transparencia por tres vías: la repetición electoral ha evitado que se conozcan las declaraciones de actividades de sus señorías. Además, paraliza los trabajos de las Cámaras para redactar códigos éticos homogéneos.

De forma paralela, la ley de transparencia no tiene todavía reglamento cuando está a punto de cumplir seis años.

Declaraciones de actividades

Cuando los parlamentarios adquieren tal condición tienen que presentar una declaración de bienes y rentas y una de actividades. La primera de ellas se hace pública en la página web del Congreso o Senado poco después de ser depositada en el registro. Pero la de actividades, la que autoriza que puedan compatibilizar el escaño con otras actividades privadas, no ve la luz hasta que recibe el visto bueno de la Comisión del Estatuto de los Diputados y, después, del Pleno. En esta breve XIII Legislatura no se han cumplido los trámites para la elaboración del dictamen que después debe recibir el visto bueno de la Cámara.

La LOREG, la ley electoral, refleja que la actividad parlamentaria "será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". Pero hay una serie de excepciones que la Comisión del Estatuto de los Diputados se encarga de analizar que van de la docencia, el ejercicio de la medicina o la abogacía a la participación en tertulias en medios de comunicación.

No se trata de un mero trámite, sino de un proceso que ha llegado a dividir al hemiciclo. Tradicionalmente, los dictámenes se aprobaban por unanimidad. Pero en la XII  Legislatura, el PSOE se desmarcó del resto de grupos al considerar que la autorización al pluriempleo de los diputados debería reducirse al mínimo. Los socialistas eran partidarios de que sólo se permitiese la compatibilidad con la docencia ocasional, el ejercicio profesional puntual sin remunerar y la creación literaria o la participación en programas de medios de comunicación, también sin remunerar.

Los socialistas, que abogaban por la dedicación exclusiva, pretendían que una treintena de parlamentarios del PP, Unidos Podemos y Ciudadanos explicaran con detalle ante la Comisión del Estatuto de los Diputados las actividades para las que solicitaban compatibilidad. El grueso de éstas estaban relacionadas con el ejercicio de la abogacía o la consultoría. Se pretendía evitar casos como los que, en su día, afectaron a ya exparlamentarios comoFederico Trillo, Vicente Martínez-Pujalte, Gustavo de Arístegui o Pedro Gómez de la Serna, episodios que destaparon lucrativas actividades privadas al margen del escaño y con el mínimo control previo.

Sin conocer el documento definitivo de Suárez Illana

La disolución de las Cortes evita, entre otras cuestiones, que se conozca la forma definitiva en la que Adolfo Suárez Illana, número dos del PP por Madrid, ha plasmado sus actividades en la citada declaración.

Según ha desvelado infoLibre, Suárez Illana ocultó en su Declaración de Actividades que es administrador único de una empresa —Suárez & Illana Inversiones SL— que tiene intereses económicos millonarios en Andorra. En concreto, a 31 de diciembre de 2018, tenía en la entidad Vall Banc una cartera de valores de unos 7,5 millones de euros y un préstamo de 9,5 millones.

Adolfo Suárez tenía que haber declarado en el Congreso su doble condición de socio único y de administrador único de la compañía. Tenía que haber incluido en su Declaración de Bienes que es el dueño del 100% de las acciones de dicha empresa –lo que hizo correctamente– y haber señalado en su Declaración de Actividades que es el administrador único de la sociedad, algo que omitió, según desveló este diario.

Cuando desde infoLibre se informó al PP de la publicación de la información relativa a Suárez Illana, su portavoz indicó que iba a presentar de inmediato una ampliación de su declaración para incorporar los datos omitidos al principio, aunque entendía que no era obligatorio. 

Los plazos

En el decreto de convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre se establece también la fecha de constitución del Congreso y el Senado de la que será la XIV Legislatura. Está prevista para el martes 3 de diciembre a las 10.00 horas.

En estas sesiones constitutivas, que se producen de forma simultánea en ambas Cámaras, los parlamentarios adquieren la plena condición de diputados y senadores y son elegidos los miembros de la Mesas, sus órganos de gobierno.

A partir de ese momento, los diferentes grupos parlamentarios iniciarán las negociaciones para la constitución de las comisiones. Para hacernos una idea de los plazos, las Cortes de la XIII Legislatura se constituyeron el 21 de mayo. Y no hubo comisiones hasta el 30 de julio.

La publicación de las declaraciones de actividades de sus señorías depende de que sean analizadas por la Comisión del Estatuto de los Diputados, que después ha de elevar un dictamen a Pleno para su convalidación. 

En la XIII Legislatura han transcurrido cuatro meses desde la constitución de las Cortes y su disolución. Un periodo de tiempo en el que no hubo comisiones constituidas durante más de dos meses y, por tanto, la encargada de revisar y autorizar los trabajos extraparlamentarios de los diputados no inició sus trabajos.

Con estos plazos como base, las declaraciones de actividades de sus señorías de la XIV Legislatura no serán públicas hasta 2020. 

Código ético

Ante el desacuerdo de los grupos parlamentarios, la expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (Partido Popular), asumió la redacción del Código de Conducta de los diputados, una de las recomendaciones en materia de transparencia que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) había venido realizando al legislativo español en los últimos cinco años. Recibió luz verde en la reunión de la Mesa del Congreso del 28 de febrero y este documento ya ha sido de obligado cumplimiento para los diputados acreditados esta XIII Legislatura.

De carácter vinculante, establece obligaciones para los parlamentarios, como la publicación de la agenda institucional y las reuniones con grupos de interés. También crea una Oficina de Conflicto de Intereses, que pretende resolver las dudas, comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses e informar del cumplimiento del propio código. Y prevé que, además de las declaraciones de actividades y bienes, los diputados tengan que declarar aquellas actividades que hayan desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos; la obtención para sí, antes de iniciar su actividad como diputado, de donaciones u obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que sea relevante por su valor u otra causa; o cualquier otro detalle que el parlamentario considere importante a efectos de conflicto de interés.

Con la disolución de las Cortes, la entrada en vigor de este código de conducta y la creación de la Oficina de Conflictos de Intereses también tendrán que esperar.

Del mismo modo, también se han frenado los trabajos conjuntos Congreso-Senado para que este código de conducta se aplique por igual en ambas Cámaras. Hasta este momento, sólo es de aplicación en la Cámara Baja. 

Según adelantó este diario, las Mesas de Congreso y Senado acordaron en una reunión conjunta de finales del mes de julio acabar con esta asimetría. Para ello, acordaron trabajar en una propuesta común. Se trataba de que senadores y diputados estuviesen vinculados por un mismo código ético y de que los formularios de declaraciones de bienes, rentas, actividades e intereses que tienen que presentar sus señorías al asumir el cargo sean iguales independientemente de la Cámara en la que ejerzan su representación.

En esta reunión se encargó a los secretarios generales de Congreso y Senado trabajar para refundir un texto. Su objetivo era que el trabajo estuviese listo a finales de septiembre. Tampoco esto ha ocurrido. Y los trabajos no podrán retomarse hasta que se constituyan de nuevo las Cortes.

Ley de Transparencia sin reglamento

El 9 de diciembre de 2013, se aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG) y, un día después, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Casi seis años después de que esta ley viera la luz, todavía no se ha aprobado el reglamento que la desarrolla, algo que conduce a que la rendición de cuentas y el acceso de los ciudadanos a la información de la Administración no sean completos.

El cambio de Gobierno tras la moción de censura que desalojó de la Moncloa a Mariano Rajoy alteró los planes de la aprobación de este reglamento. El Ministerio de Hacienda, en la época del conservador Cristóbal Montoro, tenía previsto que el real decreto por el que iba a aprobarse el desarrollo reglamentario estuviese listo antes de junio de 2018. Pero la moción de censura salió adelante el 1 de junio. Y no hay ni rastro de ese compromiso.

El Portal de Transparencia de la Administración General del Estado tiene un apartado en el que informa de la evolución del desarrollo legislativo. Sobre la ley de transparencia informan de que el 30 de junio de 2019 se remitió un texto al Consejo de Estado para que emitiera su correspondiente informe. Y desde ese momento no se ha avanzado nada. Pese a que estaba previsto que fuese elevado al Consejo de Ministros en el mes de abril.

El Tribunal Constitucional tendrá que decidir si la práctica con la que PP y Ciudadanos han bloqueado durante toda la legislatura la tramitación en el Congreso de las leyes a las que ambas formaciones se oponían pero contra las cuales no disponían de mayoría en el Pleno violó los derechos de los diputados y de los electores. La corte arbitral española tendrá que examinar el recurso de amparo que sobre este asunto le ha hecho llegar el Grupo Parlamentario Socialista contra esta práctica, que ha impedido que cerca de 50 iniciativas tomadas en consideración por la mayoría del Pleno siguieran adelante con su tramitación legislativa.

Para bloquear estas propuestas, PP y Cs se valieron durante estos años de su mayoría en la Mesa del Congreso y de la posibilidad que el Reglamento de la Cámara les da de ampliar sucesiva e indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas, lo que en la práctica impide que las iniciativas prosigan su tramitación. La resolución del TC ya no tendrá efecto sobre los asuntos bloqueados durante la legislatura —la semana que viene las Cortes serán disueltas por la convocatoria de elecciones para el 28 de abril— pero su pronunciamiento sí servirá para establecer si la Mesa actuó correctamente o si, por el contrario, en el futuro nadie podrá recurrir a una treta semejante para paralizar la tramitación de iniciativas.

El recurso de los socialistas se centra en la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto —convalidado por el Congreso y cuya curso debía llevarse a cabo por el procedimiento de urgencia— de derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que fue sometido a veintisiete ampliaciones del plazo de enmiendas, lo que hizo imposible en la práctica su discusión y aprobación. El PSOE, sin embargo, se refiere también a otros ejemplos destacados de bloqueo, como los que afectaron a la ley de eutanasia, de Estabilidad Presupuestaria o de control de horas extras de los trabajadores. Y cita iniciativas de otros grupos, también afectados por el filibusterismo de PP y Ciudadanos, como la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En total, los socialistas aseguran que PP y Cs han impedido que cerca de cincuenta iniciativas tomadas en consideración por la mayoría del pleno del Congreso siguieran adelante con su tramitación legislativa, “hurtándole así al pleno su principal función constitucional, que es la de legislar”.

En su argumentación, el recurso presentado por el PSOE cita numerosa jurisprudencia para afirmar que “las Mesas de las Asambleas legislativas deben abstenerse de utilizar fraudulentamente sus funciones para bloquear, por razones de oportunidad política, las iniciativas legislativas que no sean de su agrado”. La “actuación abusiva y obstruccionista” de la Mesa del Congreso, dominada por PP y Ciudadanos, “ha supuesto una vulneración del derecho al ejercicio de la función representativa parlamentaria que ostentan los diputados en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes”.

El recurso sostiene que la Mesa hizo “una interpretación abusiva y arbitraria de la posibilidad de prorrogar los plazos de presentación de enmiendas” y, al hacerlo, vulneró “el derecho de los parlamentarios a la debida tramitación de las iniciativas”. Y cita expresa y detalladamente el caso del decreto ley de reforma de la ley de memoria histórica convalidado por el Pleno y que, por decisión de este órgano, debía haberse tramitado como proyecto de ley “por el procedimiento de urgencia”. En vez de eso, la Mesa ordenó una prórroga tras otra del plazo de enmiendas, lo que hizo imposible que la iniciativa continuase su tramitación.

Usurpación de funciones

La Mesa “no puede administrar su facultad de ampliar plazos de enmiendas sobre la base de criterios de oportunidad política, tales como la voluntad de los partidos” que la controlan “de impedir que ciertas iniciativas lleguen a un Pleno cuya mayoría la ostentan partidos de un signo político distinto. Si lo hiciese, estaría usurpando las funciones del Pleno, que es el único órgano facultado para rechazar, por consideraciones de oportunidad política, la tramitación de una iniciativa”, argumenta el recurso.

Una interpretación de la ampliación de los plazos de enmiendas como “facultad libre e incondicionada de la Mesa” permitiría a los grupos que cuentan con presencia mayoritaria en ella “administrar a su antojo los tiempos parlamentarios y utilizarlos para obstruir las iniciativas planteadas por el resto de grupos políticos”. Haría posible “obstaculizar las iniciativas promovidas por las opciones políticas diferentes a las que controlan la propia Mesa y, en consecuencia, impedir ‘la posibilidad de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria’, lo cual sería contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.

Lo que ha hecho la Mesa durante la legislatura, sostiene el PSOE, constituye “una usurpación de las funciones del Pleno y una utilización fraudulenta de las funciones de organización del trabajo parlamentario que le atribuyen la Constitución y el Reglamento de la Cámara”.

“La presencia mayoritaria en la Mesa de la Cámara de Partido Popular y Ciudadanos que, sin embargo, no alcanzan la mayoría absoluta en el Pleno”, ha sido “aprovechada” para “impedir que ciertas iniciativas” impulsadas por el resto de grupos parlamentarios pudiesen completar su tramitación legislativa y llegasen a ser objeto de debate y, en su caso, de aprobación.

No es está la única cuestión procedimiental de la legislatura que ha acabado en el TC. El Constitucional ha condenado hasta en cuatro ocasiones las estrategias de bloqueo del Congreso puestas en práctica por el Gobierno de Mariano Rajoy durante la primera parte de la legislatura para protegerse de las iniciativas de la oposición. En este caso la estrategia consistía en alegar que las propuestas vetadas afectaban a los Presupuestos, algo que el Gobierno no llegó nunca a justificar.

La corte arbitral también falló en su momento en contra de la interpretación que en su día hizo Rajoy de que, cuando está en funciones, el Gobierno no tiene obligación de ser sometido a control de las Cámaras.

La vocera del colectivo de camareras de piso Las Kellys,Las Kellys Ángela Muñoz, ha celebrado este miércoles la disposición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de recibirlas en La Moncloa y escuchar sus reivindicaciones, pero le insta a tomar medidas urgentes para atajar la externalización de estos servicios, que son, según afirma, el verdadero origen de todos los problemas. 

En declaraciones a Europa Press, Muñoz se refería a la intervención de Rajoy este martes en el Senado, cuando tras escuchar a la senadora de Nueva Canarias María José López Santana detallar las condiciones de trabajo que tienen las camareras de piso en los hoteles, se ofreció a recibirlas y a adoptar medidas como revisar el catálogo de enfermedades profesionales para incorporar aquellas que les afectan especialmente.

"Nos parece muy bien, pero tenemos los pies en el suelo y los objetivos y las metas muy claras. Abrir el margen de enfermedades para nosotras no es lo prioritario, hay que ver el origen de esas enfermedades y para nosotras está en la externalización masiva de nuestros servicios y en la sobrecarga de trabajo", explica Muñoz.

En esta línea, afirma que ya en la actualidad las camareras de piso tienen problemas con las enfermedades que sí están reconocidas y por ello, piden al presidente "que no distraiga con reformas que pueden tardar años". "No es sólo que no estén reconocidas nuestras enfermedades, es que las empresas de externalización ni siquiera hacen estudios económicos para calcular los ratios", afirma.

Dice que "siendo el 36% de las plantillas y haciendo un trabajo troncal para las empresas", se externalizan estos servicios, lo que repercute en peores condiciones laborales: "La explotación, la cotización que no es equivalente, un 40% de salario inferior, no tienes un calendario laboral, no trabajas por jornada sino por producción, cuando no produces cobras el salario base... Son un montón de indefensiones a base de un abuso de poder", denuncia.

Afirma que "de hoy para mañana una camarera que coge una baja está en la calle porque no es productiva". "Nos dicen que es lo que hay. Pues no lo queremos, no queremos lo que hay", reivindica.

Por eso, insta al Partido Popular a apoyar la iniciativa legislativa bautizada como la Ley kelly, que insta mejoras globales para este sector, integrado por unas 200.000 trabajadoras en todo el país, y que pretende poner freno a esa externalización que dice, supera ya el 70% en Madrid y Barcelona.

"Llevamos dos años luchando y no tenemos más que el coraje, la organización, la dignidad y la impotencia y claro, nos parece muy bien que nos reciba, estamos abiertas a todo lo que nos diga, pero lo principal es acabar con la externalización, que eso es lo que nos está costando la vida", ha añadido.

El año que está a punto de culminar pasará a la historia como uno de los de mayor sequía legislativa en el Congreso de los Diputados. A punto de culminar la actividad parlamentaria por el parón navideño –el único Pleno de diciembre es el de los días 12 y 13–, la Cámara Baja ha aprobado únicamente nueve leyes en todo 2017, a pesar de que ha estado funcionando durante todo el año. Además del atípico 2016 (dos leyes orgánicas aprobadas), cuando el Gobierno de Mariano Rajoy estuvo diez meses en funciones y por tanto sin capacidad de proponer iniciativas legislativas, sólo hay otros dos registros peores desde que se aprobó la Constitución hace cuatro décadas: en 2004 y en 2008, en ambos casos con las Cortes disueltas durante casi tres meses por la convocatoria de elecciones generales, y cuando se aprobaron 7 y 6 leyes, respectivamente.

Otros cuatro años con convocatoria electoral también tuvieron una actividad legislativa baja, algo razonable al estar disueltas las Cortes parte del tiempo, aunque las cifras son mucho mayores que en los años negros anteriormente comentados. Se trata de 1996, con 19 leyes aprobadas, y 1989, 1993 y 2000, todos ellos con 23 normas.

Las fuentes del PP consultadas coinciden a la hora de señalar un culpable de este escenario: la situación en Cataluña. El referéndum del 1-O y la respuesta del Estado al llamado "desafío soberanista" no sólo ha consumido una parte importante del tiempo en los plenos, comisiones y otros órganos parlamentarios. También mantiene en modo de espera iniciativas de calado como los Presupuestos Generales del Estado para 2018. El Ejecutivo confía en que, una vez transcurridas las elecciones del 21D, pueda reeditar el pacto que les permitió aprobar las cuentas públicas de 2017. Para ello es necesario el concurso del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Las iniciativas más recientes en el tiempo han sido aprobadas este noviembre. Son tres y tienen que ver con la adaptación al ordenamiento jurídico español de directrices de la Unión Europea. Mariano Rajoy estuvo casi un año como presidente del Gobierno en funciones y dada la imposibilidad de aprobar leyes en esas circunstancias, España tiene una importante acumulación de trasposiciones pendiente.

Se trata de la Ley 7/2017 por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo; de la Ley 8/2017 sobre precursores de explosivos, y de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español directivas del Parlamento Europeo y del Consejo.

También la primera de las leyes del año era una trasposición. Se aprobó en abril y era sobre la restitución de los bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea.

Quizá la ley que más trabajo ha costado sacar al Gobierno de las nueve de este 2017 son los Presupuestos Generales del Estado. Fueron publicados el pasado junio en el BOE después de pasar el trámite parlamentario habiendo sumado a los votos del PP y sus aliados electorales los de Ciudadanos, PNV y Nueva Canarias. Esta iniciativa proporcionó oxígeno a Rajoy en un momento en el que no pocas voces en su partido auguraban una legislatura "muy corta".

Junto a estas iniciativas, han salido adelante las leyes de asistencia jurídica gratuita; de Jurisdicción Voluntaria; de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, y de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Paralelamente, el Ejecutivo ha hecho de los vetos a las iniciativas de la oposición uno de los ejes de su actividad parlamentaria. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha vetado 50 iniciativas parlamentarias. Treinta y ocho corresponden a los partidos y el resto a los parlamentos autonómicos.

Recientemente, el pleno del Congreso aprobó, con los votos en contra del PP y Ciudadanos, una propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara para limitar la capacidad de veto del Gobierno.

Los retos más inmediatos

El Ministerio de Hacienda confía en poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en los primeros meses del año. Esto implica que 2018 arranque con las cuentas públicas de 2017 prorrogadas.

Cuestión importante es también la reforma del modelo de financiación autonómica, una iniciativa vinculada a que haya Presupuestos. Con la aprobación del cupo vasco por parte del Congreso, la semana pasada afloraron las críticas de otras comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el Partido Popular. El Gobierno ya ha asumido que este año faltará al compromiso al que había llegado de tener listo un nuevo modelo. Pospone su promesa a 2018. Pero siempre que se dé una condición: el apoyo del Partido Socialista.

Los conservadores, sin mayoría absoluta en el Congreso, sostienen que este tipo de reformas de calado han de salir adelante con, al menos, el apoyo del principal partido de la oposición.

La intención del Ejecutivo es que esta reforma sea uno de los temas que se aborde en la comisión sobre el modelo territorial pactada, a petición del líder del PSOE, entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en las negociaciones que mantuvieron de cara a la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Un órgano parlamentario que nace tocado por la resistencia de los conservadores a abrir el melón de la reforma constitucional. Mientras Sánchez insiste en que quedó con Rajoy en abrir este debate transcurridos seis meses desde el arranque de la comisión, el jefe del Ejecutivo insiste en que "siempre cumple sus compromisos" sin aclarar que acordó concretamente con el líder socialista.

Lo único que ha dejado claro Rajoy es que la reforma de la Carta Magna "no puede ser un premio para aquellos que han decidido liquidar la Constitución".

Propósito de enmienda para 2018

En el Consejo de Ministros de este jueves, el Gobierno presentó por primera vez el denominado Plan Normativo Anual, que contempla todas las leyes que tiene previsto aprobar en 2018 (ver aquí el texto íntegro). En caso de que el Gobierno cumpla sus intenciones, supondrá un cambio notable respecto a 2017, ya que prevé aprobar 9 leyes orgánicas y 38 leyes ordinarias. En total, 47 normas con rango de ley, lo que supondría el mejor registro de un Gobierno de Rajoy, sólo superado por las 64 que sacó adelante en 2015, cuando aún gobernaba con mayoría absoluta aunque todas las encuestas pronosticaban que las perdería en las elecciones de aquel año, como así sucedió.

Además de los Presupuestos para 2018 y 2019, entre las leyes más relevantes que prevé sacar adelante el Gobierno están las siguientes: una ley orgánica de modificación de medidas de protección integral contra la violencia de género, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos que se deriven de la suscripción del pacto de Estado; una ley de menores sin alcohol, para adoptar acciones preventivas eficaces em esa materia; una ley de cambio climático y transición energética, que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos en materia de energía; la ley orgánica sobre el Registro de Nombre de los Pasajeros que viajen en avión, medida planteada para luchar contra el terrorismo y otros delitos graves, y la ley de modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que Rajoy había prometido para 2017, pero que sigue paralizada ante la falta de acuerdo entre los principales partidos.

El Congreso de los Diputados rechazó este jueves la enmienda a la totalidad registrada por el PP para derribar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por los sindicatos CCOO y UGT para establecer una renta mínima a toda persona desempleada. La Cámara Baja admitió a trámite esta proposición de ley el pasado mes de febrero con una mayoría absoluta obtenida con los votos de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV y PDeCAT, que ahora volvieron a mostrar su apoyo a los sindicatos. Desde ese momento, el PP había "bloqueado" su tramitación un total de 19 veces, como denuncian las agrupaciones de trabajadores. 

Los sindicatos se felicitaron por la decisión del Congreso y lamentaron la "burda maniobra parlamentaria que ha intentado acabar prematuramente, hurtando su debate parlamentario, con una iniciativa que tendría impacto positivo en la actualidad para muchos cientos de miles de personas en situación de extrema necesidad". En este sentido, declaran que "ahora es el momento de desbloquear el trámite de presentación de enmiendas parciales, que mantienen PP y Cs, y permitir que esta iniciativa se discuta con normalidad" en la Cámara Baja. "UGT y CCOO mantendremos el compromiso que hemos desarrollado hasta ahora y seguiremos trabajando para que sea así", sentencian. 

Según confirman los sindicatos, esta semana mantuvieron reuniones con todos los grupos parlamentarios menos con los conservadores, que "ni siquiera" les reciben. "Les hemos pedido a los grupos que vuelvan a respaldar el debate de la ILP", declara Francisco Carbonero, secretario de política institucional de CCOO. Ciudadanos, que votó en contra el pasado febrero, dijo que "lo pensaría", pero no prometió que facilitara su debate en el Congreso. Finalmente, este jueves se ha posicionado del lado de los conservadores, aunque su apoyo no ha sido suficiente para tumbar el texto de CCOO y UGT.

La ILP, apoyada por 700.000 firmas, pretende fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las personas que no tienen empleo ni recursos. Los requisitos para obtenerla son tener entre 18 y 65 años de edad, residir en España, tener unos ingresos inferiores al 75% del salario mínimo, no percibir prestaciones por desempleo y encontrarse inscrito como demandante de empleo.

De esta manera, según estima CCOO, habría más de 2,4 millones de personas que podrían beneficiarse de la prestación, de las cuales un 62% serían mujeres. Esta prestación sólo se percibiría durante el tiempo "que se mantenga la situación de necesidad". "No pretendemos que esto sea duradero, lo que pretendemos que sea duradero es el trabajo", afirma Adela Carrió, secretaria confederal de UGT.

19 "bloqueos" del PP en siete meses

Desde que una mayoría absoluta del Congreso –un total de 177 votos– respaldara el pasado mes de febrero el trámite de la proposición de ley para el establecimiento de la renta mínima, los conservadores han ido prorrogando su debate en la Cámara Baja alargando el periodo de presentación de propuestas alternativas hasta en 19 ocasiones. Esto, según los sindicatos, es una manera de conseguir "bloquear" el trámite de la iniciativa. Ahora que se acababa de abrir el periodo para presentar enmiendas a la totalidad, el partido del Gobierno encontró la oportunidad para tumbar, de una vez, la ILP de los sindicatos. 

De esta forma, los conservadores pretendían sustituir el texto legislativo de los sindicatos por un grupo de trabajo que, según la enmienda, recogida Europa Press, estudie "el mapa de prestaciones existente en España" y permitiera delimitar las competencias de las administraciones central y autonómicas en "la creación, gestión y pago de prestaciones y ayudas". Sin embargo, este grupo podría "tirar abajo lo que solicita la ciudadanía y la mayoría del Congreso", como criticó Carrió, que indicó que estaría formado por 16 personas: nueve de la Administración del Estado, tres de las comunidades autónomas, dos de las organizaciones empresariales y dos de las organizaciones sindicales. 

Dificultad para que las ILP sean tramitadas en el Congreso

  Las iniciativas legislativas impulsadas por la ciudadanía están reconocidas en la Constitución pero, sin embargo, en la práctica es muy difícil que el Congreso llegue a debatirlas, principalmente, por la cantidad de requisitos que deben cumplir para ser aceptadas. El primer filtro es la materia que se trata en la iniciativa. Así, se excluyen de manera directa aquellas que suponen un cambio constitucional, un cambio en los Presupuestos Generales del Estado de ese año, en una ley internacional, en una de carácter tributario o en los indultos. 

Una vez superado este primer requisito, la ILP debe contar con, al menos, 500.000 firmas, las cuales deben ser recogidas en un plazo de nueve meses, algo bastante complicado para los colectivos minoritarios. Sin embargo, contar con ellas tampoco da luz verde a que la iniciativa sea debatida en el Congreso, pues los grupos parlamentarios deben aceptarla. En este punto se encuentra la propuesta de los sindicatos, que afirman que han pasado por un proceso que siempre es "muy difícil", como lamenta Carbonero. 

En este momento, el Congreso de los Diputados tiene presentadas 14 iniciativas legislativas populares, de las cuales cuatro ya han sido inadmitidas a trámite y dos caducadas, por lo que tampoco serán debatidas en la Cámara Baja. De las que continúan en el proceso, hay una relativa a la regulación del mercado ambulante, a la libertad de elección lingüística, a la Ley de Memoria Histórica y a la regulación de los colectivos usuarios de cannabis, entre otras. 

"Gobernar desde el parlamento", "hacer valer tu mayoría parlamentaria para cambiar las políticas de Rajoy", "crujir vivo" al PP, que está en minoría. Era lo que se decía sobre la nueva legislatura hace menos de un año, cuando la abstención del PSOE en la investidura comenzó a perfilarse como inevitable y políticos y expertos defendieron que, en realidad, la oposición podría legislar contra el criterio del Gobierno. Pero al término del primer periodo de sesiones del Congreso de los Diputados, la realidad desmonta ese mito: el Ejecutivo gobierna a golpe de decreto y el resto de partidos no han logrado que una sola de sus leyes entre en vigor.

La teoría de que era posible gobernar contra el Gobierno estaba bastante extendida. Quizá quien lo dijo en términos más rotundos fue el diputado socialista Eduardo Madina en una entrevista en El Huffington Post apenas 48 horas después de que se decidiera la abstención del PSOE en la investidura: "El PSOE desbloqueará y luego crujirá vivo a Rajoy en su obra política más dura (...). El PSOE aplicará un programa para derogar la ley del aborto, la ley de seguridad ciudadana, la ley educativa, para cambiar la reforma laboral... para aplicar lo que nosotros llevábamos en el programa y la gente votó".

Hubo más declaraciones en ese sentido. El también diputado del PSOE Ignacio Urquizu comentó que "una abstención permitiría gobernar desde el parlamento" y Albert Rivera, ya en febrero de 2016, apuntó que "en democracia gobierna la mayoría [parlamentaria]. "Esto no es Operacion Triunfo, esto es quién consigue sacar adelante una mayoría parlamentaria". La teoría de gobernar contra el Gobierno caló incluso entre Podemos y sus aliados: "En el caso de que hubiese un Gobierno del PP", dijo Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem, las fuerzas de la oposición deben "construir un gobierno alternativo desde el parlamento".

"La abstención no es apoyo –apuntó el 20 de octubre de 2016 Alfredo Pérez Rubalcaba, ex secretario general socialista–. Es desbloquear la política y luego hacer valor tu mayoría parlamentaria para cambiar las políticas de Rajoy". "Deberá consultar y pactar para todo, semana a semana y votación a votación (...). No le va a resultar fácil, señor Rajoy, porque para hacerlo seguramente tendrá que dejar de ser Rajoy (...). El diálogo se impone. Sin diálogo no puede sacar adelante su tarea de Gobierno", le espetó al presidente el entonces portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, durante el debate de investidura.

Exceso de optimismo

Para Lluis Orriols, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, había unas expectativas "demasiado altas" en torno a la idea de que era posible gobernar contra el Gobierno. "Tendríamos que haber rebajado las expectativas en torno a la capacidad del parlamento de gobernar", considera. Orriols comenta que "cada vez es más frecuente en los sistemas parlamentarios que el legislativo [el parlamento] pierda poder frente al ejecutivo [el Gobierno], de modo que el Gobierno tiene cada vez más poder y existen más elementos institucionales que tienen que rebajar la euforia de la oposición de que se puede gobernar desde el parlamento".

Pablo Simón, doctor en Ciencia Política por la Universitat Pompeu Fabra, también cree que "las expectativas de que era posible gobernar desde el parlamento estaban infladas por el deseo de no ir a unas terceras elecciones". El experto, en todo caso, llama a reflexionar acerca de lo que hubiera sucedido en ese escenario: "El PP se hubiera quedado más cerca de reunir una mayoría absoluta con Ciudadanos, de modo que el Congreso habría tenido incluso menos peso, podría haber impulsado todavía menos leyes".

Gobernar a golpe de decreto

Lo cierto es que el Ejecutivo ha conseguido salirse con la suya durante los primeros compases de la legislatura: ha gobernado a golpe de decreto, una fórmula que sobre el papel debe ser excepcional pero a la que ha recurrido en 18 ocasiones. El Congreso tiene que ratificar después esos decretos en el plazo de un mes, y Rajoy ha logrado convalidar 17 de ellos. Se le resistió la reforma de la estiba, que sólo apoyaron PP, Cs y PNV. El resto de grupos se opuso e infligió al Ejecutivo una derrota histórica, pues desde 1979, en la época de Adolfo Suárez, no se perdía una votación de ese tipo.

Los grupos sí han registrado multitud de proposiciones no de ley –hasta 435 constan en esta legislatura ante el Pleno–, pero la inmensa mayoría aún no se han debatido, sólo se han aprobado 27 –10 del PP, 6 del PSOE, 4 de Unidos Podemos, 3 de Ciudadanos, 2 del Grupo Mixto, 1 de ERC y 1 del PNV–, y, para colmo, esta clase de iniciativas no producen cambios legislativos: sólo instan al Gobierno a actuar en una determinada dirección, y Rajoy ya dijo al mes de tomar posesión que pensaba hacer caso omiso de todas aquellas proposiciones que no fueran "obligatorias".

En estos meses la oposición ha logrado que dos leyes completen su trámite legislativo en el Congreso, pero no han entrado en vigor porque ahora han pasado al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Los conservadores podrían modificar el texto o incluso vetarlo. Si lo hacen –el recorrido de las leyes en el Senado no puede durar más de dos meses–, la norma volvería al Congreso, donde una mayoría absoluta de diputados podría levantar el veto o donde sería necesario esperar otros dos meses para hacerlo por mayoría simple. Las dos leyes que están en la Cámara alta son la reforma de RTVE, del PSOE, y la ley de autónomos de Cs.

Oposición desunida

Preguntados por las causas del escaso éxito legislativo de la oposición, Simón y Orriols citan la incapacidad del resto de grupos para unirse contra el Gobierno. Orriols señala que es "demérito de la oposición no haber conformado mayorías alternativas" distintas a las del PP, lo que en la práctica ha tenido el efecto de "blindar" al Ejecutivo. "La oposición está muy fragmentada y dividida", comenta Simón, quien cita dos grandes dificultades para reunir una mayoría alternativa a la del Gobierno: que "nadie parece querer hablar con los 16 diputados catalanes [de ERC y PDeCAT]" y la incompatibilidad entre Podemos y Ciudadanos.

Sobre este último particular, Orriols afirma que es "sorprendente" que haya desaparecido de la agenda política la cuestión que podría haber generado un "espacio de complicidad" entre el grupo morado y el partido de Rivera: "La regeneración democrática, la idea de saneamiento y reformas, que no estaba directamente relacionada por la izquierda y la derecha y que había estado presente desde el surgimiento de la nueva política". Sin embargo, prosigue el experto, "desde principios de 2016 no se volvió a hablar más de ello, y los vetos entre Podemos y Ciudadanos alejaron cualquier posibilidad de entendimiento".

Simón, por su parte, ve lógico que en materia económica y social resulte casi imposible el acuerdo entre PSOE, Podemos y Cs, y añade otro elemento para entender por qué Albert Rivera prefiere convertirse en socio preferente del Gobierno en vez de sumarse al resto de la oposición: "Durante la etapa de la gestora, el PSOE pactaba con el PP y a Cs no le quedaba otra que sumarse. Ahora, en cambio, los socialistas votan en contra y Cs puede negociar con el PP, sacándole medidas y tratando de vendérselas como logros a su electorado". "En resumen, entre la oposición hay un consenso a la contra pero no a favor, y la situación es de parálisis".

Artimañas del Gobierno

Hay otra razón que explica el escaso éxito legislativo de la oposición: los dos trucos de los que ha echado mano el Gobierno. El primero consiste en vetar la tramitación de todas aquellas iniciativas que suponen una reducción de los ingresos o un aumento del gasto. Hasta 27 ha paralizado el Ejecutivo haciendo uso de ese poder que le otorga la Constitución. El PSOE considera que Rajoy se está extralimitando en el uso de su facultad de veto y baraja incluso pedir que se pronuncie el Tribunal Constitucional, pero por ahora PP y Cs han decidido en la Mesa del Congreso que se mantengan prácticamente todos los vetos pedidos por el Gobierno.

El segundo es ampliar todos los plazos de enmiendas: hay una quincena de proposiciones de ley de grupos de la oposición que pasarán de media unos seis meses atascados en el trámite de enmiendas. Las prórrogas para presentar modificaciones han sido muy numerosas: en 10 de los 15 casos ha habido más de diez ampliaciones del plazo, y dos proposiciones de ley llevan más de una veintena de prórrogar. El Grupo Parlamentario Socialista presentó hace unas semanas una iniciativa para modificar el reglamento de la Cámara y tratar de restringir esas prórrogas. El Gobierno, por ahora, ha ralentizado al máximo estas proposiciones.

"Es un claro caso de filibusterismo del PP", apunta Simón, que no obstante recuerda que la prórroga de los plazos de enmiendas también suelen solicitarla con frecuencia otros grupos diferentes del PP porque "están desbordados con el trabajo parlamentario". De cara al siguiente periodo de sesiones, apunta que la "clave" será ver "si el PSOE puede lograr unir a Podemos y Ciudadanos o busca pactos con los nacionalistas", porque el Gobierno "ha sido hábil" y ha logrado reunir una "mayoría de trabajo de unos 170 diputados [PP, Cs, PNV, CC] a la que resulta difícil hacer frente".

"Parte de la parálisis legislativa de estos meses se debe también a los procesos de renovación de las direcciones de Podemos y especialmente del PSOE, que han sido larguísimos", dice Simón, que espera ver "más cambios, especialmente en reformas institucionales", a partir de otoño. Orriols, finalmente, apunta otro elemento para valorar la actual situación: "El Gobierno ha cambiado de actitud sobre qué medidas presentar. Ya no puede sacar adelante un programa de máximos, como cuando tenía mayoría absoluta. Así que es posible que no le estemos viendo perder votaciones, pero porque se autocensura y no lleva según qué cosas a la Cámaraautocensura ". En los primeros meses de legislatura, dejando a un margen los decretos, la actividad legislativa del Gobierno ha sido ciertamente reducida: sólo ha conseguido aprobar los presupuestos de 2017 y una ley sobre bienes culturales.

Ante las críticas de Iglesias, Rajoy defendió que el Ejecutivo tiene competencia constitucional para frenar iniciativas de la oposición si suponen un aumento del gasto o una merma de ingresos porque una de sus tareas más importantes es "preservar un cierto control en las cuentas públicas".

Además, hizo hincapié en que el Gobierno no veta proposiciones de ley de los grupos de la oposición por su contenido, sino por la alteración en las cuentas que supondría su aprobación y subrayó que tan democrático es esto como el hecho de que el Ejecutivo "se tiene que aguantar" cuando en la Cámara se aprueban cosas que no le gustan.

De su lado, Iglesias se agarró a las alegaciones que la Mesa de la Cámara aprobó presentar ante el conflicto de atribuciones que el Gobierno planteó ante el Tribunal Constitucional después de que el Congreso desoyera dos de sus vetos. Y lo ha hizo para concluir que al presidente "se la bufa" la opinión de los letrados porque ya tiene "atados" los Presupuestos para 2017.

Alrededor de 120 diputados del Congreso compaginan el escaño con un cargo municipal, con el ejercicio de una actividad profesional o con la participación en negocios privados, según se refleja en el informe de actividades extraparlamentarias que ha redactado la Comisión del Estatuto del Diputado y que se vota este jueves en el Pleno de la Cámara Baja.

En el informe, al que tuvo acceso Europa Press, se recoge que sólo 75 diputados "no declaran ostentar ningún cargo, ni ejercer ninguna actividad". Entre ellos figuran los conservadores Celia Villalobos, Teresa de Lara, Carolina España, Rafael Merino, Rosa Romero y Ramón Aguirre (expresidente del ICO); los socialistas Ciprià Ciscar, José Zaragoza (PSC) y Ricardo Cortés; Xavier Domènech, Txema Guijarro y Alexandra Fernández de Unidos Podemos y sus confluencias; Aitor Esteban, del PNV; y Ana Oramas, de Coalición Canaria.

En cambio, en el documento constan ocho alcaldes con escaño, la mitad de ellos del PP: Camelo Romero (Palos de la Frontera, Huelva), Antonio González Teror (Boadilla del Monte, Madrid), Carmen González Guinda (Garrafe del Toro, León), y Fernando Martínez Maillo (Casaseca de las Chanas, Zamora), aunque éste último anunció que dejaba la alcaldía tras el congreso del PP.

También hay dos alcaldes del PDeCAT –Ferrán Bel, de Tortosa (Tarragona) y Sergi Miquel, de Llagostera–, uno del PSOE –Pedro Muñoz, de la localidad abulense de Cebreros– y otro de En Comú, Félix Alonso, de Altafulla (Tarragona).

Pueden cobrar dietas de los ayuntamientos

Pero además figuran 41 concejales de distintos partidos, la mayoría de ellos del PP, como Arturo García Tizón (Toledo), Teófila Martínez (Cádiz), Elena Bastidas (Alzira) y María Jesús Bonilla (Tarancón) y Pedro Acedo (Mérida); también hay de Ciudadanos –Patricia Reyes (Boadilla) y Diego Clemente (Roquetas)–, del PNV –Idoia Sagastizabal, de Lekeitio– y de Nueva Canarias –Pedro Quevedo, en Las Palmas–.

Dos de ellos, son asimismo diputados provinciales: Arturo García García Tizón y Alonso Díaz Guerra, de Toledo. A la lista de cargos locales se suma Ana Zurita, también del PP, que forma parte del Cabildo Insular de Tenerife.

La comisión subraya en su informe que la ley no ve incompatible el escaño con estos cargos locales siempre que no perciban retribuciones de sus ayuntamientos, aunque sí se les posibilita cobrar dietas por asistencia a las reuniones de los consistorios.

En cuanto a actividades profesionales ajenas al escaño, la Comisión del Estatuto del Diputado autoriza el ejercicio de la abogacía a 17 diputados, entre ellos los conservadores Rafael Hernando (portavoz del Grupo Popular), Leopoldo Barreda (presidente de la comisión) y Francisco Martínez (ex secretario de Estado de Seguridad); Gloria Elizo (miembro de Mesa) y Sara Carreño (portavoz en la misma comisión), de Podemos; Pedro Muñoz, del PSOE, y Patricia Reyes, de Ciudadanos. A ello se suman dos procuradores de tribunales, Avelino Barrionuevo (PP) y Jaume Moya (En Comú).

Abogados, docentes, consultores, actores, periodistas

En el informe se autoriza además el ejercicio ocasional de la docencia o la dirección de tesis a 24 diputados, entre los que se hallan María Jesús Moro, Alicia Sánchez Camacho y María Jesús Bonilla (PP), Marta Martín (Cs), Carolina Bescansa y Pablo Bustinduy (Podemos), Rafael Simancas y Meritxell Batet (PSOE), y Ferran Bel (PDeCAT).

Con trabajos de consultoría y asesoría aparecen Javier Ruano y Teófilo De Luis, ambos del PP. Figuran además tres arquitectos, dos del PP (Ana María Zurita y Raquel Alonso) y uno de Ciudadanos (Diego Clemente, que además ejerce como perito judicial), así como tres actores: Rosana Pastor (Podemos) y Toni Cantó y Félix Álvarez Felisuco, ambos de Ciudadanos.

Al margen de las decenas de diputados que participan en tertulias de medios de comunicación, hay tres que declaran actividades profesionales periodísticas: la escritora y articulista Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, y dos dirigentes de Podemos: Noelia Vera (redactora y presentadora de La Tuerka) y Pablo Iglesias (dirige y presenta Fort Apache).

La lista se completa con un viticultor –Miguel Angel Viso, con viñedos familiares de Ribeiro–, un jornalero (Diego Cañamero, de Podemos) y un inscrito en el régimen agrario pero aún sin rentas (Miguel Barrachina, del PP).

Por último, hay 17 diputados que declaran tener participación o figurar en cargos gestores de sociedades activas, algo que el Congreso autoriza siempre que no contraten ni cobren del sector público.

Así, la diputada del PP Carmen Álvarez Arenas, es consejera delegada de una empresa familiar de prestación de servicios sin contratar con la administración, aunque una de ellas, como centro especial de empleo, percibe subvenciones.

La ministra de Agricultura, Elena García Tejerina, es dueña de una planta fotovoltaica, mientras que el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, declara una central solar fotovoltaica de dos Kw, aunque ante el veto del PSOE matizó que contaba solo con dos placas destinadas al autoconsumo. Carlos Rojas, del PP, es accionista de una empresa de producción agrícola.

Las empresas de los diputados de Ciudadanos

El número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, es administrador único de una sociedad mercantil de servicios de asesoría jurídica, fiscal y laboral. Su compañera de dirección Melisa Rodríguez es diseñadora de joyas y tiene su propia empresa, mientras que Patricia Reyes, es administradora de la entidad mercantil Yayay Ediciones; Elena Faba es administradora de tres sociedades mercantiles de marketing digital; José Cano Fuster, es apoderado de la empresa familiar de restauración El Xato; y Miguel Angel Garaulet, también de Ciudadanos, es administrador único de dos sociedades mercantiles, una de consultoría y otra de intermediación de comercio.

Por último, entre los diputados hay patronos de fundación y presidentes de entidades sin ánimo de lucro. En ellos, Carmen Quintanilla, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), y Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y de la Fundación Miguel Angel Blanco.

"Pensamos aplicar aquellas que sea obligatorio aplicar". Así se manifestaba este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el pleno de control del Congreso de los Diputados a una pregunta del líder de Podemos. Pablo Iglesias quería saber cuál va a ser la actuación del Ejecutivo a la hora de "aplicar las decisiones del Legislativo". Es decir, del Parlamento. Desde que Rajoy fue investido presidente del Gobierno, la Cámara baja ha celebrado sólo tres plenos. Son todavía muy pocos pero han servido para intuir una legislatura marcada por las tensiones entre el Ejecutivo y el Parlamento: intentos de veto de proposiciones de ley de la oposición, iniciativas sin carácter vinculante que los partidos venden como si tuvieran efectos normativos, amenazas de recursos ante el Constitucional... 

De la respuesta de Rajoy se deduce lo que se empezó a entrever en el último día de la sesión de investidura: que su oferta de diálogo permanente y de mano tendida tenía mucha letra pequeña. Y que no está dispuesto a tocar la columna vertebral de la X Legislatura (2011-2015), cuando gobernó con mayoría absoluta. Con sus palabras se refería a que de las iniciativas que llevan los grupos al Congreso, el Gobierno sólo se siente aludido por las proposiciones de ley una vez que estas hayan culminado todo el proceso legislativo. "No es de ahora. Es sencillo y ha pasado siempre. Por mucho ruido que se quiera hacer y por muchas medallas que se cuelguen sus proponentes, las proposiciones no de ley y las mociones no tienen efecto normativo", valora un miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en conversación con infoLibre.

El jefe de los conservadores vertía estas palabras un día después de que el pleno del Congreso de los Diputados hubiese aprobado por una amplísima mayoría instar al Gobierno a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, a instancias del Partido Socialista. También salieron adelante otras dos mociones consecuencia de interpelación urgente relacionadas con la pobreza energética (Unidos Podemos) y la amnistía fiscal (Ciudadanos).

Con su voto en contra, el PP dejó claro que no es partidario de derogar la ley mordazaley mordaza. Está dispuesto a retocarla. Pero no a que se empiece de cero. En las otras dos iniciativas se abstuvo con dos intenciones diferentes pero guiadas ambas por evitar la imagen de soledad, de ser la única fuerza que vota no. En lo relativo a la pobreza energética, los conservadores dicen abogar por "buscar entre todos" una solución. En lo relativo a la amnistía fiscal, el PP está atrapado entre el texto original de la iniciativa y el pacto que firmó con Ciudadanos. Las fuentes consultadas admiten que pueden ir poco más allá de la carta remitida a los beneficiarios de esta regularización fiscal, en la que se les advierte de que la Agencia Tributaria puede investigarles porque las posibles irregularidades no prescriben este noviembre. Subrayan que Ciudadanos está haciendo "su papel" en esta materia y que el pacto entre ambas formaciones no se va a romper por esta cuestión en la que la formación naranja sabe que el margen del Gobierno es limitado.

Ciudadanos pretendía con su moción consecuencia de interpelación urgente que el Gobierno obligue a los amnistiados fiscalmente en 2012 a que paguen el 10% de los capitales aflorados, independientemente de que las cantidades se correspondiesen a ejercicios prescritos o no prescritos. Y el Ejecutivo insiste en que es imposible aplicar este precepto ahora con carácter retroactivo porque no se puede reescribir la ley. De lo contrario, se enfrentarían a una avalancha de demandas judiciales de los beneficiarios de la amnistía. "Que los contribuyentes hayan pagado un 3% de los bienes o derechos aflorados; sencillamente no es cierto. Es mentira, porque en las rentas y patrimonio regularizado había una parte que correspondía a ejercicios ya prescritos, y hay que respetar esos periodos de prescripción. Así pues, no se puede concluir que por aflorar 40.000 millones de patrimonio oculto durante años haya que pagar 4.000 millones de euros, porque no es esa la consideración", defendió en el pleno la diputada conservadora Ana Madrazo.

Separación de poderes

En su breve intercambio de palabras con Iglesias en el Congreso, Rajoy insistió en la separación de poderes: "El control al Gobierno se hace como dice esta Cámara, el presupuesto que se aprueba es el que aprueba esta Cámara y las leyes que el Gobierno tiene que cumplir y acatar son las que dice esta Cámara. El resto es función del Gobierno, gobernar", dijo.

En el otro lado de las proposiciones no de ley y de las mociones, en el del obligado cumplimiento están las proposiciones de ley. "Ahí ya no podemos hablar del nulo efecto político-jurídico. Cualquier proposición de ley que salga del Congreso nos atañe a todos", subrayan las fuentes parlamentarias consultadas.

En el Partido Popular muestran estos días su sorpresa por el hecho de que el Partido Socialista, en su intento de ubicarse como la fuerza de referencia de la oposición, esté vendiendo como un triunfo que, por ejemplo, haya salido adelante la moción que insta al Gobierno a derogar la ley mordaza. "No son nuevos en la política. Saben que no podemos estar sin ley de Seguridad Ciudadana. ¿Volvemos a la ley Corcuera?", comenta con ironía un veterano diputado conservador. "Si realmente quieren derogar la ley, que presenten una proposición, que se mojen", reta la misma fuente. "Lo contrario tendrá mucho efecto político y mediático. Pero no pasará de ahí", subraya.

La dificultad de avanzar en los acuerdos

Tras la afirmación anterior descansa una de las cuestiones que pone en evidencia la tesis de que con un Gobierno en minoría es desde el Parlamento desde donde se gobierna. En una situación actual en la que el Gobierno está en una delicada minoría no es difícil que los grupos parlamentarios de la oposición se pongan de acuerdo, en una primera fase, para reformar una cuestión concreta de la legislación vigente. Pero en una primera fase. Otra cosa es cómo se avance en el resto del proceso: debates en comisión, presentación de enmiendas... "Son tantas las sensibilidades que hay en la Cámara que cuando se desciende a la letra pequeña es difícil llegar a grandes acuerdos. ¿Y esto que supone? Que la iniciativa original y la resultante no se parezcan en nada", relata una parlamentaria. Esto, en definitiva, permite que el Gobierno siga ganando tiempo aunque no tenga forma de frenar este tipo de iniciativas una vez reciban la luz verde definitiva. 

Fuentes parlamentarias admiten que no sería nada raro que de estas mociones acaben surgiendo proposiciones de ley. De hecho, recuerdan que, en ocasiones, los grupos políticos recurren a las proposiciones no de ley y a las mociones como termómetro de iniciativas futuras de más calado.

Vetos a las proposiciones de ley

En los tres plenos que se han celebrado desde que Rajoy es presidente del Gobierno con plenos poderes se han aprobado varias tomas en consideración de proposiciones de ley. Dos de las más polémicas y de mayor calado tienen relación con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), del grupo de Podemos, y la de la suspensión del calendario de la ley de educación (LOMCE), del Partido Socialista. En el segundo de los casos, el Gobierno ha tirado de su facultad de poder vetar iniciativas parlamentarias si estas suponen compromiso presupuestario para intentar que sean tramitadas en la Cámara. La Mesa del Congreso desoyó el vetó del Gobierno. Y, en respuesta, el Ejecutivo amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional.

En materia de SMI el Gobierno tiene más complicado el veto, prácticamente imposible, si se tiene en cuenta que la iniciativa afectaría a 2018. Es decir, no afecta al Presupuesto del año que viene.

Este martes, horas antes del pleno, el PSOE informaba de que el Gobierno había presentado un escrito en el que se oponía también a la tramitación de la proposición de ley impulsada por la oposición en el Congreso para incrementar la cuantía de las pensiones un 1,2% en 2017. A día de hoy son 16 las iniciativas de este tipo vetadas por el Ejecutivo.

El órgano de Gobierno del Congreso tiene pendiente el estudio detallado de un informe de los servicios jurídicos en el que se pronuncia sobre esta cuestión de los vetos. Se verá en 15 días. Si la decisión que tome la Mesa de la Cámara no satisface a Moncloa, el último escenario de la batalla será el Constitucional.

Este jueves por la tarde Mariano Rajoy pondrá fin a la incertidumbre sobre su Gobierno, tal y como anunció el pasado sábado cuando abandonaba el Congreso de los Diputados sabiendo que iba a seguir en Mocloa. Los dirigentes del PP, enfrascados en las quinielas ministeriales desde hace días, podrán comprobar entonces si les ha fallado o no el olfato. Desde que estuvo claro que el PSOE iba a facilitar la investidura de Mariano Rajoy, la formación conservadora ha sido un hervidero de nervios, rumores y especulaciones, muchas de ellas interesadas. 

Uno de los focos estará en saber cómo resuelve el presidente del Gobierno la pugna de poder entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Pero la presencia o no de independientes, la configuración del área económica o el esquema y titulares de los ministerios más sociales darán muchas pistas del tipo de legislatura por la que apuesta Rajoy.

A continuación, infoLibre repasa las claves para entender qué mensajes lanza este jueves Mariano Rajoy con los nombres elegidos para esa la etapa de Gobierno en minoría a la que se enfrenta.

1. El espacio de Santamaría.

Soraya Sáenz de Santamaría ha tenido en sus manos desde que llegó a la Moncloa en diciembre de 2011 la Vicepresidencia del Gobierno con más poder de la historia de la democracia. Ha llegado a ostentar un total de once cargos, entre los que destacan la portavocía del Gobierno, el Ministerio de la Presidencia, además de tener bajo su mando al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Este reparto de poder ha escocido a sus rivales en el PP y al denominado G-8, el grupo de ministros integrado originalmente por los más veteranos, quienes se tienen por amigos personales de Mariano Rajoy.

La opinión más extendida en círculos conservadores es que difícilmente Santamaría podrá retener tanto poder. "Es una legislatura para repartir juego", valora un parlamentario. Nadie tiene la menor duda de que Rajoy sigue confiando en su mano derecha. Pero no creen que llegue a las cuotas de poder de la última etapa. En todo caso, si así ocurre, el presidente del Gobierno estaría lanzando un mensaje muy importante en clave interna.

"Esté donde esté, en el Gobierno o teniendo altas responsabilidades en el Grupo Parlamentario Popular, Soraya será una pieza clave de esta nueva etapa", señala un dirigente regional sumando otra incógnita: la de si habrá cambios que afecten al portavoz en en Congreso, Rafael Hernando.

Pero el foco, en el caso de Santamaría, va a estar puesto también en sus fieles, en las personas de las que se rodeó antes de que Rajoy llegara al Gobierno. Son los llamados sorayos. Cualquier asunción extra de responsabilidad de Fátima Báñez (Empleo), José Luis Ayllón (secretario de Estado de Relaciones con las Cortes) o Álvaro Nadal (jefe de la oficina económica de la Moncloa), entre otros, será interpretado como una victoria de Santamaría.

Otra de las incógnitas que resolverá también este jueves Rajoy es la forma en la que quiere que se establezcan las relaciones entre Gobierno y partido. En la pasada legislatura, la poca sintonía entre la vicepresidenta y la secretaria general dio lugar a varias situaciones polémicas. 

"No sabemos si Rajoy lo solucionará inmediatamente o dejará pasar algo de tiempo, hasta principios de año, cuando convoque el congreso del partido. Pero en una etapa sin mayoría en el Congreso es importantísimo que el Gobierno, el Grupo Parlamentario y el partido estén muy bien engrasados y muy coordinados", valora un veterano dirigente.

2. El papel para Cospedal

Cuentan en el PP que si Cospedal no ocupó las vacantes que fueron quedando en el Consejo de Ministros tras la marcha, por ejemplo, de José Ignacio Wert (Educación) es porque así lo acordó ella con Mariano Rajoy. Si hubiera querido entrar en el Gobierno, señalan, no habría tenido ningún obstáculo. Ahora, coinciden las fuentes consultadas, sí ha llegado su momento.

Si es así, y Santamaría continúa en el Ejecutivo, cualquier dependencia jerárquica de una sobre la otra será interpretada como una victoria de la que ostente el cargo de mayor poder. "Rajoy valora la lealtad de ambas y nada le pasa inadvertido. Si las dos obtienen un asiento en el Consejo de Ministros lo lógico sería que el grado de dependencia de una respecto a la otra sea mínimo", analiza un dirigente regional.

Cospedal también tiene sus fieles, su equipo de colaboradores de máxima confianza. Son muchos los nombres que han aparecido en las quinielas de Gobierno de las últimas semanas. La entrada, por ejemplo, de José Ignacio Echániz en Sanidad –fue consejero del ramo cuando ella era presidenta de Castilla-La Mancha– sería una victoria de la número dos del PP.

Mucho ha sido criticada Cospedal en los últimos años puertas adentro del PP por haber compaginado la secretaría general del PP con la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo mismo le ocurriría si suma a su tarea en Génova el día a día de un ministerio. En todo caso, quienes conocen a Rajoy creen que no tocará el partido hasta enero y que ahí llegaría una segunda tanda de cambios.

3. Los contrapesos

Con la lucha de poder entre Santamaría y Cospedal acaparando gran parte de la atención, una de las principales dudas que desvelará Rajoy es la de si busca algún contrapeso a ambas dirigentes. De ser así, sería un claro toque de atención. Es, por ejemplo, lo que ocurrió en el Comité de Dirección del PPPP cuando el líder de los conservadores introdujo en estas reuniones a Jorge Moragas, su mano derecha en Moncloa. De hecho, este ha sido fijo en todas las quinielas de las últimas semanas para ocupar un puesto en el Consejo de Ministros.

Sea este el perfil elegido, o el de otra persona de la máxima confianza de Rajoy, el mensaje que lanzaría es, a ojos de las fuentes consultadas, el de que él es el árbitro de la situación. "Sería una forma de reforzar su independencia", sostiene un miembro del Comité Ejecutivo Nacional. En definitiva, un muro frente a las luchas internas de poder.

En la XI Legislatura (2007 a 2011) Rajoy tuvo a Ana Pastor como una de las personas de máxima confianza dentro del Consejo de Ministros. De su círculo de amigos más próximo, Rajoy no tuvo ninguna duda a la hora de proponerla como presidenta del Congreso de los Diputados para una legislatura que va a ser muy complicada. 

También tendrá interés descubrir si Rajoy opta por premiar a algunos territorios escuchando las voces de los barones que le piden una cuota en el Consejo de Ministros. El que está en mejores condiciones de exigirlo es el gallego Alberto Núñez Feijóo, que revalidó su mayoría absoluta en las autonómicas de hace un mes.

4. Reestructuración de áreas

La delicada situación de apoyos parlamentarios, creen los dirigentes consultados por infoLibre, hace necesario que cada uno de los ministros esté muy pegado a la calle y estudie detenidamente las peticiones de modificación de leyes que van a empezar a registrarse. Esto se conseguiría, coinciden, desdoblando las competencias de la actual estructura ministerial. Y, por tanto, incrementando el número de ministros.

En el entorno del presidente del Gobierno admiten que Rajoy a escuchado peticiones y recomendaciones de los suyos en esta línea. Está por ver si él, que presume siempre de ser previsible, les hace caso.

El desdoblamiento de algunos ministerios permitiría a Rajoy, además, introducir caras nuevas en la Moncloa si opta por mantener al núcleo de quienes se han sentado en sus consejos de ministros en esta última etapa. Han sido varias las veces que en los últimos años se le preguntado al presidente del Gobierno por su equipo y siempre ha defendido que estaba muy contento con su trabajo.

5. ¿Un área económica sin divisiones?

No es ningún secreto que Luis de Guindos (Economía) y Cristóbal Montoro (Hacienda) no tienen buena relación. Esto, a ojos de otros integrantes del Consejo de Ministros, ha provocado algunos conflictos, sobre todo en el último año. Los defensores de Montoro consideran que se ha llevado la peor parte, la subida de impuestos. Que ha dado la cara siendo el rostro de los recortes. Y que, después, los aplausos han ido a parar a de Guindos, que viajaba a Europa siendo el rostro de la "recuperación económica".

Hace unos meses, Rajoy habría tenido muy fácil resolver esta crisis entre dos personas clave en su gabinete. El titular de Economía había comunicado a su entorno que no pensaba repetir. Ahora, cuentan en el Ejecutivo, sin opciones de ocupar alguna plaza en las instituciones europeas, a Guindos le atrae la idea de seguir. 

Si Rajoy opta por mantener el mismo esquema, los roces seguirán estando garantizados. Y más garantizados todavía si cualquiera de estos dos políticos es premiado con una vicepresidencia del área económica potente. Al jefe de los conservadores le han llovido muchas críticas en los últimos años por no haber creado una de estas vicepresidencias, algo que venía justificado por la crisis económica. Hoy se verá si le ha dado una vuelta a este asunto y ahora sí lo considera necesario.

La caída de Montoro sería interpretada como una pérdida de influencia de Santamaría. El ministro de Hacienda es el más veterano de los sorayos. 

En el otro lado, la permanencia de Guindos sería interpretada como una especie de perdón por parte de Rajoy. En su entorno culpan al responsable de Economía del escándalo del nombramiento frustrado de José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial. Mantienen que no le facilitó todos los datos, de ahí que su reacción estuviese plagada de inexactitudes.

6. El esquema del área social

Rajoy ha llegado a admitir que la primera etapa de la legislatura la pasó encerrado en Moncloa. El motivo: atender a la que era su prioridad, la economía. Con ello, y con los recortes, una de las grandes asignaturas pendientes de los conservadores son las políticas sociales. 

En los cambios que introdujo en la cúpula del PP hace ya más de un año, apostó por crear una vicesecretaría de Sectorial. Puso a su frente al ahora diputado por Álava Javier Maroto. "Lo lógico sería que continuase con esta tendencia y haya un departamento específico para políticas sociales fuera del Ministerio de Sanidad", subraya uno de sus colaboradores.

Desde diciembre de 2011, el departamento de Sanidad ha acaparado también las áreas de servicios sociales e igualdad.

7. ¿Un 'lobbista' en el consejo de ministros?

Junto a Luis de Guindos, el hasta este jueves titular de Defensa, Pedro Morenés, integra la cuota de ministros sin carné del Partido Popular. La presencia de Morenés en el Gobierno ha sido muy criticada por los partidos de la oposición debido a su pasado en la industria armamentística. 

En las próximas horas se desvelará si Rajoy opta por este perfil o por una cara nueva para Defensa sin nexos empresariales con firmas con las que va a tener que negociar. Desde diciembre de 2011 a octubre de este año, Morenés se abstuvo en ocho ocasiones en decisiones del Consejo de Ministros, el grueso de ellas por su actividad previa en la industria armamentística.

8. ¿Salvar a Fernández Díaz?

Desde hace meses es uno de los ministros que más está en la cuerda floja. En el PP hay casi unanimidad en que Rajoy va a prescindir de él. Pero, como todo en el partido, es el jefe de los conservadores el que tiene la última palabra. No sólo sería bueno para Rajoy arrancar sin un ministro que no cuenta con la confianza del Congreso de los Diputados, sino para él, sostienen las fuentes consultadas. "Se convertiría en uno de los principales objetivos a batir de la oposición", señalan.

"Si Rajoy opta por mantenerle, ya sea en Interior u otra cartera, lanzaría un mensaje muy delicado a Ciudadanos y PSOE", señala un barón regional. "Una cosa es que pidamos apoyos y responsabilidad y otra es que apostemos por perfiles ya a sabiendas de que nos van a general conflictos con nuestros posibles socios", añade la misma fuente.

9. El papel de los independientes y los guiños

Ligado al punto anterior está el de los posibles guiños a PSOE y a Ciudadanos en la selección de los miembros del gabinete. Con los socialistas no tiene Rajoy firmado ningún acuerdo. Pero pretende pelear por que acepten negociar algunos de los 150 artículos del pacto de investidura que selló con la formación naranja. 

Rajoy ha prometido, de un lado, mano tendida. De otro, no parece muy dispuesto a "derribar" su legado legislativo. El perfil de los ministros será una pista de cuánto de "mano tendida" puede ser la legislatura. Y de la acogida que pueden tener en PSOE y Ciudadanos. 

En los últimos días, sectores del PP han coincidido en que sería bueno que Rajoy diera cabida en su Ejecutivo a una cuota de "independientes" que pudieran ayudar a desentensar las negociaciones con el resto de grupos. 

Todo apunta a que Mariano Rajoy –gracias a la abstención del PSOE– revalidará su puesto de presidente del Gobierno la semana que viene. Aunque, previsiblemente, el PP seguirá en la Moncloa, sí habrán quedado atrás los tiempos plácidos de la mayoría absoluta en los que los conservadores no necesitaban del concurso de otras formaciones para sacar adelante sus iniciativas. Es más, es probable que sean el resto de grupos los que se asocien con la intención de echar por tierra algunas de las leyes del PP. 

De hecho, con la cuestión de la gobernabilidad ya encarrilada, el debate se centra ahora en hasta qué punto es posible controlar, e incluso dirigir, la acción de Gobierno desde el Congreso de los Diputados. Pero si hay algo claro es que no será fácil, pues los conservadores están dispuestos a acudir a la prerrogativa legal que permite al Ejecutivo vetar enmiendas y proposiciones de ley de la oposición si considera que comportan aumento de gasto o disminución de ingresos. 

De hecho, el PP intentó este martes vetar dos proposiciones de ley del PSOE sobre la reforma educativa y los trabajadores subcontratados. Sin embargo, la Mesa del Congreso –el órgano de gobierno de la Cámara baja en el que hay tres representantes del PP y PSOE, mientras Unidos Podemos y Ciudadanos cuentan con dos cada uno– impidió estos vetos. Además, dejó en suspenso otros tres vetos a propuesta de los socialistas y el partido naranja sobre tasas judiciales, pobreza energética y sanidad universal. En el centro del debate está también hasta qué punto la Mesa tiene potestad o no para impedir estos vetos, un conflicto que podría acabar en el Tribunal Constitucional. 

No obstante, lo llamativo es que el PP recurra ahora a una fórmula que criticó airadamente cuando estaba en la oposición. En 2010 Rajoy acusó al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero de ejercer "actos de autoritarismo impropios de una democracia avanzada" al impedir que el PP y otras fuerzas debatieran una enmienda sobre la congelación de las pensiones. Aseguró también que al PSOE le sobraban "tics autoritarios". 

Los papeles parecen haberse cambiado ahora aunque los protagonistas sean los mismos. Y es que el PSOE –sólo durante la segunda legislatura de Zapatero– utilizó esa prerrogativa en al menos una veintena de ocasiones para tumbar proposiciones de ley de la oposición. Resulta llamativo, por eso, que este martes el portavoz de Empleo del PSOE, Rafael Simancas, acusara al Gobierno de practicar el "filibusterismo parlamentario" por intentar vetar una iniciativas de otros grupos.

Recurso al Tribunal Supremo 

La prerrogativa legal a la que se habían acogido los socialistas es la misma de la que ahora se plantea echar mano el PP y está recogida en el artículo 134.6 de la Constitución y el 126 del Reglamento del Congreso, que señalan que el Ejecutivo debe dar su conformidad para tramitar "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos". El Gobierno estimó en 2010 que revertir la congelación de las pensiones entraba en este supuesto. 

Pero la cuestión no quedó ahí. El PP consideró que el PSOE estaba abusando de esa potestad y recurrió en noviembre de aquel año al Tribunal Supremo el veto del Gobierno de Zapatero a su propuesta de dejar sin efecto la congelación de las pensiones para el año siguiente. Los socialistas habían justificado ese veto en que dar marcha atrás en esta cuestión supondría "una pérdida de credibilidad importante para el conjunto del país".

Hay que recordar que sólo unos meses antes, el 20 de mayo de 2010, el PSOE había anunciado el gran tijeretazo socialtijeretazo, un recorte en el gasto del Estado para reducir el déficit, que tenía  entre sus medidas estrella la reducción en un 5% del sueldo de los funcionarios en 2010, la eliminación del cheque-bebé y la congelación de todas las pensiones salvo las no contributivas y las mínimas.

Pues bien, el Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso presentado por el PP [consultar auto, aquí] argumentando que el Gobierno hizo uso de una potestad reconocida en al artículo 134.6 de la Constitución ejercida en el ámbito de la actividad parlamentaria, lo que no constituía un acto susceptible de control en vía jurisdiccional contencioso administrativa. 

Los vetos del PSOE

Un portavoz autorizado de la Cámara baja señala, a preguntas de infoLibre, que la utilización de esta prerrogativa había sido hasta 2008 "muy poco habitual". De hecho, en el período de los Gobiernos de Felipe González (1982-1996) y José María Aznar (1996-2004) en el buscador de la página oficial el Parlamento no se encuentran proposiciones de ley presentadas por los grupos decaídas con motivo de la "disconformidad del Gobierno con su tramitación", que es la definición técnica utilizada para estos vetos. 

Lo cierto es que la veintena de proposiciones de ley de la oposición que el PSOE vetó entre 2008 y 2001 –doce de ellas, presentadas por el PP– eran carácter económico. Hubo varias, por ejemplo, relativas a temas fiscales. Así, los conservadores presentaron iniciativas legislativas que nunca fueron ni debatidas para que se aplicara el tipo reducido del IVA a las residencias de mayores, para recuperar incentivos fiscales a la compra de turismos y vehículos industriales o para que PYMES y autónomos no tributaran por el IVA de las facturas no cobradas. También el Grupo Mixto propuso –sin éxito– que el IVA fuera del 4% para los productos "relacionados con la cadena alimenticia". 

Otras de las propuestas vetadas fue la iniciativa del Grupo Mixto para que se reformara el Estatuto Básico del Empleado Público para garantizar a los empleados públicos el incremento de sus salarios de acuerdo al IPC real u otra presentada por el Grupo ERC-IU-ICV que planteaba que los trabajadores que pasaran a la situación de "jubilación anticipada forzosa" percibieran su pensión completa y sin ningún tipo de penalización al cumplir los 65 años. 

"Jamás ha comparecido en funciones un Gobierno". Quien habla de forma tan tajante es la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Lo hacía este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los periodistas querían saber por qué el presidente del Ejecutivo no comparece en la Cámara para exponer el preacuerdo de la Unión Europea con Turquía que podría permitir la devolución masiva de refugiados a ese país. Para sustentar ese "jamás", enseñó un papel que contenía un informe del Parlamento de Andalucía de mayo de 2015 que, según dijo, recogía que "carece de sentido" este tipo de controles. También recordó que en Cataluña, hasta la investidura de Carles Puigdemont, no se había ejercido esa función sobre el Gobierno saliente.

Sí es posible, no obstante, según recuerdan estos días desde el Gobierno y el Partido Popular, el control jurisdiccional. Es decir, que las decisiones del Ejecutivo (muy limitadas por la Constitución) no pueden ser sometidas al control de la Cámara, pero sí al de los tribunales.

Estas palabras llegaban un día después de que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, compareciera en el Congreso para trasladar el mensaje de que ni Rajoy ni su equipo se someterán al control de la Cámara. "Ni puede ni debe", insistió. ¿Por qué? Según argumentó, sería contradictorio que el Ejecutivo compareciese para someterse al control de un Congreso que no le ha otorgado su confianza.

Las palabras de Ayllón aludían a un caso concreto:

la petición de comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, para rendir cuentas de la reunión de la OTAN del pasado febrero. Pero ya avisaba de que el escrito que iban a presentar en el Congreso negando esta posibilidad iba a ser igual para todos los asuntos similares. En el texto se subrayaba que en caso de discrepancia con el criterio del Gobierno existen "las oportunas vías jurisdiccionales para resolverlo".

Cogiendo el guante a los conservadores, este mismo viernes, el portavoz del PSOE en la Cámara baja, Antonio Hernando, vio "insólito" que Rajoy quiera acabar su vida política en los tribunales por esquivar al Congreso. 

En el Ejecutivo mantienen que su postura está reforzada por un informe de sus servicios jurídicos. Y recuerdan que "algo similar" figuraba en un estudio de los letrados del Congreso de los Diputados encargado por su presidente, Patxi López, poco después de asumir el cargo.

¿Estamos ante asuntos ordinarios?

La Ley del Gobierno limita las acciones de éste "al despacho ordinario de los asuntos públicos" salvo excepciones. Ateniéndonos a la literalidad de la ley, si el Ejecutivo no toma ninguna decisión importante es entendible que no haya que tirar del control parlamentario. ¿Pero estamos, con el tema de los refugiados, ante un asunto ordinario? Los constitucionalistas consultados por infoLibre lo niegan tajantemente.

"En una situación de normalidad manda la prudencia. Pero nuestra pertenencia a la Unión Europea nos sitúa en un escenario que no podemos ignorar", mantiene uno de estos expertos, que recuerda que la UE "no está en funciones" y su funcionamiento no puede estar pendiente de que un país solucione su gobernabilidad. 

"Apoyar o no el nuevo estatus de Gran Bretaña en el seno de la UE o cuestiones como esta de los refugiados merecen, como mínimo, haber sido objeto de discusión en el Congreso de los Diputados", añade otro jurista consultado.

Para respaldar estas tesis, los expertos coinciden en que estamos ante decisiones, estas en concreto, que van a tener consecuencias para el futuro. Y que, por tanto, no puede hurtarse al Parlamento su debate.

En un sentido muy similar, Rosario García Mahamut, catedrática de Constitucional de la Universitat Jaume I, sostuvo en declaraciones a la cadena Ser que, a su juicio, el control parlamentario de un Gobierno en funciones sí debe existir cuando "compromete acciones muy concretas". Esto no obstaculiza, de todos modos, la vía jurisdiccional.

Para algunas fuentes, la forma en la que el Gobierno esgrime la vía jurisdiccional como solución es una especie de trampa, una forma de escurrir el bulto. Sostienen que el control jurisdiccional no es político, sino de sometimiento a la ley de lo que el Ejecutivo hace o no hace. En definitiva, que el control jurisdiccional suele ser excepcional porque se presume que cuando un Gobierno actúa lo hace en base a la ley.

A última hora de la tarde, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, redoblaba la presión sobre los conservadores remitiendo una carta [consúltala aquí, en PDF] a Rajoy en la que le insta a comparecer en el Congreso para fijar la posición de España sobre los refugiados. En la misiva considera "insoslayable" que el presidente acuda a la Cámara y que "no cabe argumentar" que el Ejecutivo está en funciones puesto que esta situación "alcanza casi los tres meses".

El PP no quiere más desgaste

Tras la reacción del PP hay mucho de estrategia. Cargos conservadores, que comparten que no cabe control al Gobierno, admiten, no obstante, que esto puede ejercer como elemento de presión para que se desbloqueen las negociaciones para una nueva investidura. Además, sostienen que si Rajoy comparece sentaría "precedente" y se abriría la posibilidad de que tras él fuesen convocados otros ministros. Y bajo ningún concepto quiere el Gobierno someterse a ese desgaste.

En este escenario, salvo cambios de última hora, el Ejecutivo pretende que sea el secretario de Estado de Relaciones con la UE el que comparezca la semana que viene en el Congreso antes de que Rajoy acuda al Consejo Europeo. Esto será el miércoles 16. La idea, subrayó Santamaría, es buscar el "consenso". Pero la situación está muy complicada. En Moncloa aseguran que si no se obtiene el respaldo, el jefe del Ejecutivo señalará en la reunión de Bruselas que no cuenta con el apoyo de la Cámara al estar en funciones.

El PP confía en que el PSOE reconsidere su posición si existe algún tipo de mandato del PSOE europeo al respecto.

¿Qué puede hacer un Gobierno en funciones?

Es la Ley del Gobierno la que en su artículo 21 fija "las limitaciones" del Gobierno en funciones. Establece como obligación el que facilite "el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo". Además, debe limitar su gestión "al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". Se trata, pues, de no dar ningún paso que pueda comprometer la acción o las políticas del Gobierno entrante.

La ley también tiene un apartado específico que afecta al presidente del Gobierno en funciones. Concreta las "facultades" que no podrá ejercer. Son las siguientes: "Proponer al rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. Plantear la cuestión de confianza y proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo".

Recurso al decreto-ley

Otra de las herramientas que también tendría en su poder un Ejecutivo en funciones sería la del decreto-ley, regulado por el artículo 86 de la Constitución. Su aprobación sería posible gracias a que este tipo de iniciativas están concebidas para casos "de extraordinaria y urgente necesidad". Eso sí, "no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I [de la Constitución], al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general".

Pero el decreto-ley requiere de un paso que compromete a la Cámara baja. Deberá ser sometido a debate y votación de totalidad al Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación.

Las decisiones más polémicas del Gobierno en funciones

A finales de enero, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorgó a Ence-Energía y Celulosa la prórroga de la concesión de ocupación de los terrenos en los que se ubica su centro de operaciones de Pontevedra. Según los datos del departamento de Isabel García Tejerina, la prórroga se concedió por 60 años, "con un plazo adicional por encima de los 50 años, dado el fuerte compromiso de Ence en Pontevedra con una inversión de 61 millones de euros". El anuncio provocó cierto revuelo teniendo en cuenta que el Gobierno estaba en funciones desde que se celebraron elecciones generales. 

Fuentes del Ministerio de Agricultura consultadas por infoLibre subrayaron por aquellas fechas que la citada concesión caducaba en 2018 y que esta prórroga había sido tramitada en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. "Ha emitido informe preceptivo la Xunta de Galicia, de acuerdo con lo regulado en el Reglamento General de Costas. Además, se reconoció la condición de interesado al Ayuntamiento de Pontevedra y ha sido informada por el servicio jurídico del ministerio". Además, aseguraron que este tipo de prórrogas no se elevan al Consejo de Ministros y al ser consideradas una gestión "ordinaria de las competencias de la dirección general". "Por lo que cabe dentro de un gobierno en funciones", subrayan.

No obstante, lo que quedaba claro dado que la fecha de caducidad de la concesión era 2018, es que el Gobierno quería dejar este asunto cerrado. Los constitucionalistas consultados por este diario coinciden en que no esta el tipo de decisiones que encajan en lo que se entienden como competencias de un Gobierno en funciones.

Otra de las medidas controvertidas afecta a Defensa. Según denunció la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el departamento que dirige Pedro Morenés ha aprobado normas de calado mientras está en funciones.

Se trata, según la misma fuente, de normas que afectan a la organización del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos de Tierra y del Aire y de la Armada.

Esta asociación considera incluso que estas decisiones podrían incluso implicar que el Gobierno en funciones rindiese cuentas en el Parlamento. Algo que, por ahora, parece difícil si nos atenemos a las palabras del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y la vicepresidenta.

A falta de conocer quién gobernará España durante los próximos años, en el Congreso que se constituirá el próximo miércoles 13 de enero hay un cambio evidente con respecto a la pasada legislatura: el PP perdió el 20-D la amplia mayoría absoluta de que disfrutó desde noviembre de 2011 –la mantiene, eso sí, en el Senado–. Y el efecto más inmediato es que varios partidos han anunciado ya su intención de presentar iniciativas –antes incluso de la investidura de un presidente– con el objetivo de, entre otras cuestiones, derogar buena parte de las normas aprobadas por los conservadores.

Ya a finales de diciembre, por ejemplo, el portavoz del PSOE en la Cámara baja, Antonio Hernando, y el candidato a la Presidencia de IU-Unidad Popular, Alberto Garzón, mantuvieron un encuentro en el que constataron que existe una mayoría suficiente a tenor del resultado de las generales para dejar sin efecto gran parte de las medidas impuestas por el PP, como la reforma laboral, la Ley Wert o la conocida como Ley Mordaza. Ambas formaciones coincidieron en que, tan pronto como se retome la actividad parlamentaria, si hay voluntad política, se podrá revertir esa herencia legislativa.

El PSOE, contra la reforma laboral

Fuentes de los socialistas en el Congreso consultadas por infoLibre este viernes aseguraron que no se esperará hasta la formación de un nuevo Gobierno para comenzar a actuar y confirmaron que "se están preparando varias iniciativas". El PSOE abordará en una reunión de su comisión ejecutiva permanente, previsiblemente este lunes según fuentes del partido, las "prioridades" de su grupo parlamentario. En ese encuentro se perfilarán las medidas que los diputados trasladarán a las primeras sesiones de la Cámara baja. Esas mismas fuentes subrayaron que, entre las cuestiones que "claramente" se abordarán, está la reforma laboral.

El PSOE sostiene que las medidas que presentará en este ámbito estarán "en línea" con el contenido de su programa electoral y con las propuestas de Pedro Sánchez en campaña. El documento programático del partido es duro con la reforma laboral de los conservadores, a la que acusa de instaurar un modelo de "precariedad" y "subempleo" que ha llevado a España a ser "el país de la UE con mayores diferencias salariales entre los que más y menos ganan" y que ha provocado efectos como un "empeoramiento de las condiciones laborales", una mayor "destrucción de empleo" y una reducción "prácticamente a la mitad" de los convenios colectivos. 

Sánchez prometió en campaña derogar por decreto ley los "elementos centrales" de la reforma laboral del PP, entre los que incluyó la regulación de la negociación colectiva, aspectos referidos a la contratación y los elementos que permiten la desigualdad salarial. El programa del PSOE apostó por elevar el salario mínimo también por decreto. La indemnización por despido, en cambio, se regularía más tarde en un nuevo Estatuto de los Trabajadores pactado por los agentes sociales, según las propuestas de los socialistas. Con el cambio de mayorías en el Congreso, esperan que algunas de estas medidas puedan salir adelante en las primeras sesiones.

Los socialistas también estudiarán a partir este lunes qué tipo de medidas se pueden presentar en la Cámara con un Ejecutivo en funciones. Fuentes del grupo parlamentario señalaron que la Mesa del Congreso tendrá una gran importancia a la hora de ordenar los debates y admitir o no a trámite las distintas iniciativas. El PSOE cuenta con poder presentar proposiciones no de ley –que no tienen carácter vinculante, sino que únicamente instan al Ejecutivo a actuar en una determinada dirección–, pero no tiene la certeza de que puedan presentarse proposiciones de ley –que sí pueden convertirse en leyes–, pues estas últimas requieren para su tramitación de un informe del Gobierno. "Y es dudoso que pueda elaborarlo un Gobierno en funciones", sostuvieron estas voces.

Podemos se centra en la "emergencia social"

“La situación que viven miles de familias en este país no puede entender de plazos ni de esperas”, dijo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado 24 de diciembre, cuando anunció que su grupo en el Congreso presentará el mismo 13 de enero, día en el que se constituyen las Cortes, una Ley de Emergencia Social. Fuentes de la formación morada confirmaron que esos planes siguen en pie y que la norma es la única iniciativa que los diputados del partido y sus distintos aliados territoriales tienen previsto presentar en las primeras sesiones de la Cámara baja.

Esta iniciativa, precisa Podemos, se basa "en cuatro ejes fundamentales". En materia de vivienda se propone prohibir los desalojos forzosos "sin alternativa habitacional", instaurar la dación en pago retroactiva, simplificar el proceso de reestructuración y cancelación de deudas y una "garantía habitacional inmediata" para las víctimas de violencia de género. En segundo lugar, la ley contempla "garantizar por ley un suministro mínimo" energético. El tercer punto es poner en marcha un "programa de renta" para los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza. Y por último, prohibir los copagos farmacéuticos.

Las fuentes consultadas en Podemos no quisieron avanzar el sentido del voto de los diputados morados en las iniciativas que plantean otras formaciones. Precisaron, eso sí, que hay cuestiones en las que la posición del partido de Iglesias "es muy clara" a favor "de que se deroguen" determinadas medidas aprobadas por el Gobierno del PP, como la reforma laboral y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Ciudadanos apuesta por una reforma electoral

Un portavoz de la formación de Albert Rivera, por su parte, indicó en conversación con infoLibre que C's solicitará un informe jurídico a los letrados de la Cámara "para saber qué tipo de iniciativas se pueden presentar" mientras el Gobierno está en funciones. Siempre que fuera posible tramitarlas, agregaron estas fuentes, el partido naranja "quiere presentar iniciativas que solucionen la emergencia social" y "que cambien la ley electoral", aunque no ofrecieron más detalles ni precisaron en qué dirección votarán los 40 diputados de la formación ante las propuestas ya anunciadas por otros grupos.

En su programa, el partido propuso implantar un sistema electoral mixto donde el elector tuviese dos votos: uno para escoger a 175 diputados que representarían cada uno a una circunscripción, y otro para elegir a los 175 diputados restantes a través de un sistema de candidaturas parecido al actual. Sobre los primeros, el documento no concretó el tamaño de las demarcaciones unipersonales; mientras que los restantes 175 diputados serían elegidos en una circunscripción única a nivel nacional, aunque con listas desbloqueadas –lo que permitiría al elector alterar el orden de los candidatos decidido previamente por las formaciones–.

IU-Unidad Popular celebra la nueva mayoría

Por último, fuentes de IU-Unidad Popular preguntadas por este diario el viernes reiteraron que "los números dan", tras las pasadas elecciones generales, para derogar buena parte del paquete legislativo impulsado por el PP durante los cuatro años de gobierno de Mariano Rajoy.

Aunque la candidatura liderada por Alberto Garzón reconoció que no tiene ninguna iniciativa concreta lista para presentar en la Cámara, subrayó que trabajará por la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como Ley Mordaza–, la reforma laboral y la última ley educativa del PP, y que a priori votará a favor de cuantas medidas se presenten para dejarlas sin efecto.

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, hizo este viernes balance de la legislatura y defendió que el Gobierno "no ha recortado ni en atención a los dependientes ni en Sanidad". Del mismo modo presentó las previsiones de futuro, entre otras conseguir 20 millones de empleados en el año 2020. "A ver quién lo mejora", retó.

Al hilo de ello, también se refirió a los datos de la EPA conocidos este jueves, que recogen la creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo en el último trimestre. Fue "una malísima noticia para los cenizos que ven problemas a la recuperación económica, algo que ya es innegable", dijo Casado, y añadió que, tras una "legislatura de reformismo, trabajo y esfuerzo", a Rajoy "se le conoce en toda Europa como el presidente del millón de nuevos empleos".

Casado aseguró que el Gobierno central "no ha recortado en atención a dependientes o Sanidad" y que ha sido en Andalucía donde sí se "ha recortado", con 6.000 médicos y enfermeras y celadores a la calle. "En España, en las competencias que tiene el ministerio, lo que ha hecho ha sido dar 800.000 tarjetas sanitarias, crear una cartera de servicios básicos, centralizar las compras o eximir a pensionistas del pago de medicamentos con una progresividad que faltaba".

El PP, "incompatible con la corrupción"

Casado sentenció que el PP es "un partido incompatible con la corrupción que ha hecho que quien venga al servicio público lo haga para dejarse la piel y no para lucrarse de unas siglas". "Podemos decirlo con la cabeza alta, en el PP no cabe ni ha cabido nunca la corrupción, porque no es una cuestión de partidos sino de personas. Lo que nos diferencia de los demás es que cuando alguien ha hecho algo mal en nuestro partido es que, en lugar de insultar al juez o aforara a los supuestos cómplices, lo hemos expulsado y lo hemos llevado a la justicia", ha señalado.

Además, defendió que el PP representa "los mismos principios, valores y los mejores programas y equipos". El 20 de diciembre "solo hay dos alternativas –dijo Casado–, o votar al PP o votar al PP; o votar al PP o a algún partido que va cambiando de color porque no sabemos con quién va a pactar o a favor de quién".

En el ADN del PP, "la unidad de España"

Casado subrayó también que en el ADN del PP está "la unidad de España", y que su partido es "el único" que así lo entiende, porque los socialistas "no saben lo que son ni lo que quieren". Referido al independentismo catalán, Casado comentó que "lo que se tenga que decidir para los catalanes también lo votaremos en Jaén, en todas partes", e ironizó sobre las "varas de mando que intentan teatralizar cuando alguno intenta tapar sus corrupciones". "No vamos a permitir que se hurte la capacidad de decidir a todo el pueblo español".

Pablo Casado reseñó otras medidas del Gobierno, como la bajada de impuestos –entre ellos el IRPF– los de autónomos o el de sociedades; continuar con la reducción de la burocracia y la elliminación de empresas y organismos públicos; la mejora de las pensiones y una educación de calidad y con "libertad de elección".

El PSOE acusó este viernes a Mariano Rajoy de haber batido el récord de aprobación de decretos-ley durante sus cuatro años en el Gobierno, superando el que ostetaba la segunda legislatura de José María Aznar, también de mayoría absoluta, así como de haber sido quien más peticiones de comparecencia de la oposición ha rechazado, puesto que solo ha sustanciado dos de las 105 que se le plantearon.

Así lo aseguró el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, durante la presentación del balance de actividades que ha hecho su partido en esta legislatura que ya acaba. Hernando también quiso criticar que en la convención del Partido Popular Europeo (PPE), celebrada hasta el jueves, se "vitorease, jalease y aplaudiese" discursos "xenófobos" sobre los refugiados, como el del primer ministro húngaro, Víctor Orban, contrario al sistema de cuotas que se está estudiando en la UE. "Es vergonzoso que ayer se aplaudieran discursos xenófonos cuando hoy se ven imágenes de sufrimiento, que se congelan a la intemperie en las fronteras europeas".

Casi 7.000 preguntas sin respuesta

Según detalló, el PSOE ha registrado 1.959 iniciativas no legislativas entre proposiciones no de ley, interpelaciones y mociones, y ha planteado 64.578 preguntas escritas y orales al Gobierno, de las que 6.835 no han obtenido respuesta.

Además, ha solicitado 1.991 comparecencias de miembros del Ejecutivo, de las que 79 iban dirigidas a Rajoy. El presidente ha atendido dos de las 105 comparecencias que le reclamaron todos los grupos de la oposición.

Para Hernando es todavía "más grave" que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, únicamente haya dado explicaciones en una ocasión ante la Comisión Constitucional. Lo hizo al inicio del mandato para exponer las líneas generales de las políticas que pensaba impulsar desde su departamento.

"Desprecio a la oposición" y "rodillo"

El dirigente socialista aportó varias cifras más para poner de manifiesto que el Gobierno y el PP han hecho gala de "un desprecio evidente por la oposición" y de que han utilizado su mayoría absoluta para aplicar sistemáticamente "el rodillo" de forma "autoritaria".

El Grupo Popular, dijo, solo ha aceptado seis de las 104 proposiciones de ley planteadas por la oposición, y el "el 35%" de las leyes que ha impulsado han sido decretos-ley (75 de 220). "Mariano Rajoy ha gobernado más por decreto que José María Aznar, que ya es decir", criticó Hernando.

Además, añadió que de los 163 proyectos de ley que ha remitido al Parlamento, 59 se han tramitado por el trámite de urgencia, restando margen de maniobra a la oposición. Y que la ausencia de miembros del Gobierno en las sesiones de control ha sido una constante porque en toda la legislatura se han registrado 200 ausencias, siendo los ministros de Exteriores, Defensa, Fomento e Industria quienes más novillos han hecho.

El portavoz del grupo socialista concluyó que ha sido "una legislatura perdida" para la modernización de España, la lucha contra la corrupción y el combate del desempleo. "Ha sido la legislatura de los recortes de salarios, de derechos, de libertades y de servicios", resumió..

Orgullosos del Pacto Antiyihadista y sobre los refugiados

Hernando reconoció que el PSOE se siente "orgulloso" del acuerdo firmado con el PP y el resto de grupos sobre la acogida a los refugiados sirios –aunque dijo que es "vergonzoso" que aún no se haya puesto en práctica– y también expresó su satisfacción por el pacto contra el terrorismo yihadista firmado entre Rajoy y Pedro Sánchez.

Rafael Hernando aprovechó la ocasión para subrayar que esta etapa termina con una España en la que hay "menos empleo" y más personas que se han borrado de las listas del paro "aburridos" de no encontrar trabajo. "Se han quedado en casa y, en el caso de los jóvenes, se han ido de España".

"El Gobierno nos deja con un billón de euros de deuda, un agujero de 20.000 millones en la Seguridad Social y un recorte de 20.000 millones en el Estado de Bienestar, y nos ha subido hasta 50 veces los impuestos", agregó el portavoz socialista.

El Partido Popular (PP) obtuvo en las elecciones generales de hace ya casi cuatro años una holgadísima mayoría absoluta –185 diputados– que le colocó en disposición de aprobar todo tipo de leyes sin la presión de tener que recabar apoyos en otros grupos parlamentarios. Pero la formación de Mariano Rajoy no siempre ha salido sola en la foto. El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió (CiU), divido en dos desde el pasado julio, ha respaldado a los conservadores en más de una quincena de iniciativas legislativas en los últimos años. Algunas, de gran calado y carga ideológica como la reforma laboral, la ley de transparencia o la amnistía fiscal. En estos casos, el Congreso se ha convertido en una especie de isla ajena a las tensiones entre el Gobierno y la formación que ha gobernado la Generalitat.

En Convergència explican estas coincidencias en el marco de la dinámica parlamentaria. Fuentes de la formación consultadas por infoLibre mantienen que el sentido de su voto va guiado siempre por el interés ciudadano independientemente del partido que lo proponga e independientemente de las relaciones entre el Gobierno central y el catalán. 

En el otro lado, en el Partido Popular señalan que, pese a su mayoría absoluta, en esta legislatura han intentado siempre que todas las iniciativas presentadas fuesen acompañadas del mayor consenso posible y que, en el caso concreto de CiU, la cuestión soberanista, ha sido puesta siempre por detrás de los intereses generales.

"No se nos puede acusar de haber ido por libre. Hay iniciativas, como las medidas de regeneración democrática y contra la corrupción, que hemos tenido paradas para negociar con todos y para que todos hiciesen sus aportaciones", defiende un diputado conservador.

"Cuando tomamos una decisión la tomamos pensando en todos los españoles, se llame como se llame el partido que nos apoya o con el que nos sentamos a hablar", añade la misma fuente.

Dos de los primeros apoyos parlamentarios que el partido de Rajoy obtuvo de CiU fueron la ley de estabilidad presupuestaria y la reforma laboral. 

Estos respaldos al partido del Gobierno no les salieron gratis a los nacionalistas catalanes. Les llovieron las críticas de la oposición situándoles como "cómplices" de los recortes del PP. Mientras, la relación entre Rajoy y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, era cada vez más fría.

También tuvo el PP a CiU para una de sus leyes estrella: la de transparencia, un texto que recibió el visto bueno definitivo en septiembre de 2013 y que el resto de partidos vieron insuficiente.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el apoyo de los nacionalistas catalanes al PP en lo relacionado con la ley de transparencia se cerró después de pactar una serie de cuestiones competenciales. CiU consiguió que sea la administración autonómica, y no la central, la que vigile las sanciones interpuestas a cargos autonómicos y locales que incumplan las observaciones en lo relacionado con el buen gobierno.

Después de la ley de transparencia llegarían otras iniciativas como la polémica amnistía fiscal, la ley de seguridad privada, la ley de mutuas, la ley de patentes, la ley que reformó los organismos reguladores, la ley del alto cargo, la ley de transporte terrestre, la ley de seguridad militar, la del mercado de valores, la reforma del sector eléctrico o la ley de tráfico.

El pasado abril, ambos grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo en el Congreso para reclamar al Gobierno que apoyase y dotase de fondos al Mobile World Congress de Barcelona para que siga siendo sede más allá de 2018.

Propuestas de resolución

Otro de los ejemplos de esta sintonía, de este mismo año, puede verse en las propuestas de resolución posteriores al debate sobre el estado de la Nación que tuvo lugar a finales de febrero. A su término, el Congreso aprobó 19 propuestas de resolución. Quince eran del PP, tres de CiU y una de UPN. Por el contrario, los conservadores no aceptaron ni una de las 15 de las iniciativas presentadas por el PSOE, UPyD, Izquierda Plural. PNV o Grupo Mixto. 

Las tres propuestas de resolución de CiU a las que los conservadores dieron sus votos tenían que ver con la dependencia, la ley de segunda oportunidad y la regeneración democrática.

¿Ha afectado el incremento de las tensiones entre Cataluña y el Gobierno a esta relación? Fuentes del Grupo Parlamentario Popular consultadas por este diario admiten que sí. De hecho, mantienen que en aquellas iniciativas con "implicaciones territoriales" han tenido muy difícil entenderse con CiU.

En esta legislatura, junto a CiU, el PP ha encontrado apoyos en los nacionalistas vascos y, con más frecuencia, en Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, la formación que creó el exministro de José María Aznar Francisco Álvarez Cascos cuando abandonó las filas conservadoras.

El presidente del Gobierno y del PP anunció esta mañana que Rafael Hernando toma el testigo de Alfonso Alonso al frente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Lo hizo en una reunión plenaria con sus diputados a la que también asistió la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

El nombramiento llega más de dos semanas después de que la dimisión de Ana Mato como ministra de Sanidad diese como resultado que Alfonso Alonso dejase la portavocía del Grupo Parlamentario Popular de forma temporal en el secretario general de los conservadores en la cámara, José Antonio Bermúdez de Castro.

El nuevo portavoz tendrá que gestionar la mayoría absoluta del Partido Popular en la recta final de legislatura, una mayoría a la que la oposición acusa con insistencia de actuar como un rodillo. Gracias a ella, el partido ha logrado sacar en solitario iniciativas tan polémicas como la ley de seguridad ciudadana. O ha bloqueado múltiples comparecencias del presidente del Gobierno para que rindiera cuentas sobre los escándalos de corrupción que afectan al Partido Popular.

Una de las principales iniciativas que tendrá en su mano será la de dirigir la aprobación de una de las medidas estrella del Ejecutivo: el paquete legislativo de regeneración democrática. Rajoy ha encomendado al grupo la misión de que salga adelante antes de que termine esta legislatura.

Antes de hacer público el nombramiento, el presidente del Gobierno hizo un repaso a la actualidad insistiendo en su discurso de recuperación económica, en sus medidas contra la corrupción y en su posición sobre Cataluña.

El nombramiento de Hernando, de perfil muy político y que ha protagonizado no pocas polémicas, es una clara apuesta por la continuidad.

La apuesta de Rajoy no ha sorprendido a los suyos. De hecho era fijo en las quinielas junto a José Antonio Bermúdez de Castro y Rafael Merino. El secretario general del Grupo Parlamentario sigue en su puesto sin incrementar competencias. "Ya tiene mucho trabajo y hace una labor perfecta. La decisión de Rajoy ha sido la acertada", cuenta un diputado.