Miércoles, 8 de abril. El despertador de José Manuel Parceiro rompe el silencio nocturno cuando aún ni siquiera se han colocado las calles. Son las 5.00 horas. Y al abogado aún le espera un largo viaje. Tiene por delante casi 500 kilómetros. La distancia que separa Alicante de la localidad madrileña de Collado Villalba. Se ha cogido el día libre en el trabajo para hacer este viaje exprés de ida y vuelta. Pero el motivo merece el esfuerzo. En un juzgado de este municipio anclado a los pies de la Sierra de Guadarrama están llamados a declarar como investigados varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por la muerte de su padre en lo peor de la pandemia. Y él, José Manuel, quiere estar presente.

Manuel Parceiro tenía 82 años. Y llevaba casi medio año viviendo en el Hospital de La Fuenfría. Fue en este centro de media y larga estancia perteneciente al Servicio Madrileño de Salud, más parecido ya a una residencia que a un hospital, donde le pilló el estallido de la pandemia. Y allí murió el 20 de marzo. Cuenta su hijo que intentaron que se le trasladara al Ramón y Cajal o al Puerta de Hierro, pero la derivación no fue autorizada en aplicación, continúa, de unos Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre, que ya estaban en manos de hospitales y residencias. "Solo necesitaba un respirador para salir adelante", lamenta Parceiro hijo al otro lado del teléfono.

Tras cinco largas horas de viaje, el abogado llega en tiempo y forma al juzgado. Por delante, le espera una mañana intensa. Está previsto que comparezcan como investigados ante el juez instructor el firmante y el considerado autor intelectual de los protocolos –Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, respectivamente–, así como el doctor Antonio Burgueño, quien asesoró al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre cómo afrontar la emergencia sanitaria con un Plan de Choque que incluía, entre otras cosas, la medicalización de las residencias. Pero en menos de una hora Parceiro vuelve a estar fuera, en la calle. Las declaraciones llevaban suspendidas desde finales de marzo. Nadie les había avisado. Y al abogado no le queda más remedio que emprender, resignado, el viaje de vuelta.

Fueron mil kilómetros, 110 euros de gasolina y un día libre gastado solo para escuchar a Burgueño –que tampoco se había enterado de la suspensión– decir que si quería buscar un culpable, mirase a Fernando Simón, el epidemiólogo que había dirigido desde el Ministerio de Sanidad la respuesta a la pandemia. No es la primera vez que viene para nada. Le ocurrió lo mismo en febrero, cuando de todos los citados solo compareció una médica de La Fuenfría. "Esto no puede suceder", se queja amargamente Parceiro, quien asegura que el día antes de subir a Madrid trató de ponerse en contacto sin éxito con el juzgado: "Nadie respondió al teléfono".

Su caso ejemplifica a la perfección la dura batalla judicial por los Protocolos de la Vergüenza, una serie de órdenes nacidas en el seno del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que restringían al máximo la posibilidad de trasladar a enfermos desde los geriátricos a los hospitales en plena pandemia. Seis años de lucha marcados por el abandono y el desprecio institucional y los continuos retrasos judiciales. "No es lógico que llevemos año y medio con nuestro caso y no se haya avanzado nada", explica Parceiro. Además de en Collado Villalba, esta semana también se han suspendido declaraciones clave en Arganda del Rey. En concreto, la de María Teresa Vidán, la doctora a la que Mur también situó en la elaboración de los protocolos. En este caso, por un error en su apellido que impidió la notificación.

"En la primera denuncia nos pasó lo mismo: gente que no se presentaba, notificaciones que no llegaban. No queremos pensar mal, pero...", desliza en conversación con este diario Clemente, hijo de Marcela Eras, fallecida el 2 de abril de 2020 en la residencia Isla Taray de Morata de Tajuña. Esta familia, como tantas otras, inició su batalla con una primera denuncia por homicidio imprudente u omisión del socorro, unas acusaciones que exigen demostrar fuera de toda duda que los residentes se habrían salvado de haber sido hospitalizados –un reto probatorio–. Modificaron la estrategia en octubre de 2024, cuando tras varios archivos aparcaron esos tipos penales y centraron su ofensiva en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria y en los niveles intermedios del organigrama –es decir, en lugar de ir contra Ayuso, comenzar por el director general de Coordinación Sociosanitaria–.

"Fíjate si hay retrasos que la primera querella que yo puse en 2020 aún está parada en un juzgado de Leganés, sin que nadie nos haya comunicado ningún archivo, mientras que la que puse a finales de 2024 está en otro. Es decir, mi caso está en dos juzgados distintos", explica Carmen López. Su madre, Carmen, falleció en un hospital tras estar cuatro días agonizando en la residencia Parque Los Frailes, en Leganés. Ella, en principio, estaba dentro del grupo de residentes a los que se impedía la derivación –iba en silla de ruedas–, pero un error de la médica del centro, que pensaba que la mujer caminaba, permitió el traslado.

El futuro del caso residencias también depende de lo que pueda determinar la Audiencia de Madrid sobre la conformación de una posible macrocausa. Tanto la Fiscalía como las víctimas solicitaron hace algunos meses unir en una sola carpeta varias denuncias instruidas en Madrid, Leganés, Navalcarnero o Collado Villalba, pero el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital, el primero que imputó a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias, rechazó absorberlas todas. Una decisión de la jueza María Isabel Durántez que fue recurrida ante el órgano superior, cuya Sección Primera estudiará el asunto la próxima semana.

No será la primera vez que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre esta cuestión. A finales de diciembre, la Sección Decimosexta ya lo hizo sobre el intento del Juzgado de Instrucción nº5 de enviar al Juzgado de Instrucción nº3 el caso de una mujer fallecida en un geriátrico. La jueza Carmen Valcarce alegaba que "de no acumularse los procedimientos, tales personas (los imputados) deberán declarar sobre los mismos hechos en incontables ocasiones y que podrían producirse resoluciones dispares". Sin embargo, los magistrados consideraron que la diseminación en varios procedimientos tiene sentido porque hay que analizar de forma independiente las circunstancias concurrentes en cada caso. Habrá que ver ahora si sus compañeros de la Sección Primera mantienen dicho criterio.

Otro punto de interés del caso se encuentra en el Tribunal Constitucional. Allí, en el órgano de garantías, se han ido acumulando decenas de recursos de amparo cuya resolución, según eldiario.es, se encuentra congelada para no interferir en las causas penales que están vivas. En medio de esta espera continua, además, un juzgado de Getafe ha decidido ampliar también el listado de delitos por los que están siendo investigados Mur y Peromingo, incluyendo en el mismo la prevaricación, si bien solo circunscrita a las órdenes que pudieron dar en relación con el hospital y la residencia sobre la que gira la causa.

Las familias no esconden que seis años de pelea pasan factura. "Es una lucha ardua en la que parece que no hay interés institucional", remarca López, que lamenta que las muertes en las residencias durante la pandemia se hayan convertido en la "patata caliente que nadie quiere coger". Sin embargo, aseguran que no se rendirán. "El cansancio se acumula, pero respiramos y volvemos a la carga. Somos resistentes ante los palos y seguiremos peleando", expone la mujer. Y ni la lentitud ni los continuos problemas en los juzgados les harán apartarse de su objetivo final: conseguir la justicia para sus seres queridos. "Si piensan que por venir desde Alicante voy a cejar en el empeño, están equivocados. Era mi padre", sentencia Parceiro.

Es un cambio revolucionario. Y como todo cambio de este tipo, conlleva disfunciones y problemas de adaptación. Sobre todo en la Justicia, un campo en el que juegan múltiples Administraciones. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por otro, el Gobierno, que además de sus iniciativas normativas aporta, a través del Ministerio de Presidencia y Justicia, los medios personales y materiales a los órganos judiciales de cinco comunidades y las ciudades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). Por último, el resto de comunidades autónomas (12) que sí tienen asumidas las competencias de justicia y que deben dotar de material y personal a los tribunales en cada uno de sus territorios.

Sin embargo, la reorganización de los órganos judiciales unipersonales –en funcionamiento desde 1834, hace 192 años– y su reagrupación en tribunales de instancia puesta en marcha por el Gobierno con la ley de eficiencia ha comenzado a dar sus frutos un año largo después de su aprobación. Los casos pendientes, cuya reducción era uno de los objetivos de la norma, aunque de forma muy ligera, han comenzado a reducirse, según fuentes del ministerio, rompiendo con la tendencia al alza que cada año, desde 2016, reflejaban las estadísticas (con la excepción del período de la pandemia). Mientras que en 2024 la pendencia creció un 13,7%, en 2025, primer año con la ley de eficiencia en vigor, se redujo un 0,67% en los territorios competencia del ministerio. El descenso es mayor en el orden civil, donde los casos por resolver bajaron un 4,5%.

La mejora es más acentuada en esta última jurisdicción —la que se ocupa los pleitos económicos, de familia o empresariales— y afecta a las secciones de lo civil y lo mercantil de los nuevos tribunales de instancia. Este avance se debe también a la obligación de recurrir a lo que el Ejecutivo denomina "medios adecuados de solución de controversias" (MASC) antes de acudir a los tribunales. El deber de intentar un acuerdo a través de figuras como la mediación, la conciliación o la negociación ha supuesto una reducción de los asuntos ingresados en estos órganos del 20,4% en las comunidades que administra el ministerio. El dato global de litigiosidad –en el que se incluye también las causas penales, sociales y contencioso-administrativas– presenta, desde abril de 2025, una reducción del 9,9%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4%, según los datos del CGPJ.

Otro de los datos positivos constatados por el Gobierno y que confirma el órgano de gobierno de los jueces es que, pese al supuesto caos denunciado por las asociaciones judiciales más conservadoras, la reforma no ha provocado demoras o suspensiones de juicios. En los últimos tres meses –el período en que los tribunales de instancia ya se han desplegado por todo el territorio– las vistas celebradas han crecido un 3% y los señalamientos de nuevos juicios (la fijación de su fecha de celebración), el doble, alrededor del 6%, según fuentes de Presidencia y Justicia.

Esos datos de reducción de ese atasco secular que han aparecido con la entrada en vigor de la ley de eficiencia, pueden ser solo el principio. Porque la nueva organización permite al Ejecutivo incrementar las plazas judiciales sin tener que crear nuevos juzgados, como hasta ahora. Con el sistema anterior, aumentar la planta judicial en una unidad costaba unos 500.000 euros porque, además del juez, había que crear el juzgado completo con toda su oficina judicial, su letrado de la administración de justicia y sus funcionarios. Con el nuevo modelo, basta generar una plaza más de juez –o de letrado o asignar nuevos funcionarios– de manera independiente. Ahora crear una plaza más en un tribunal de instancia cuesta mucho menos: unos 100.000 euros.

Esa flexibilidad es la que ha permitido al departamento que dirige Félix Bolaños anunciar la mayor creación de unidades judiciales de la democracia, con 500 nuevas plazas para este mismo año. También se dispondrán otras 200 plazas para fiscales, lo que supondrá un incremento del 8,5% y del 7,1% en la plantilla de cada cuerpo. El Gobierno y el CGPJ ya han acordado una macroconvocatoria de empleo público de 700 plazas –500 para jueces y 200 para fiscales– para cubrir las vacantes de nueva creación. Los nuevos tribunales de instancia, según fuentes del ministerio, permiten detectar en qué cuerpo concreto están las carencias (jueces, letrados, funcionarios) para, en cada caso, actuar quirúrgicamente sin tener que crear un órgano completo, con el consiguiente ahorro de dinero público.

El Gobierno, sin embargo, sí admite algunos de los desajustes que algunos de los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico comunicaron hace semanas al CGPJ. Pero los engloba en los problemas que suelen dar cambios tan drásticos en las dinámicas de trabajo como los que impone la ley. Por ejemplo, la adaptación de los funcionarios (más de 20.000 en todo el país) a sus nuevos puestos y funciones. También la interinidad de muchos de ellos, que el ministerio pretende reducir a una tasa inferior del 8% antes del verano. Respecto a las incidencias informáticas, cada comunidad con competencias tiene sus herramientas y es responsable de su puesta en marcha. Fuentes de Justicia aseguran que en las que presta el ministerio a las cinco comunidades de su territorio no se han detectado problemas graves. Justicia ha firmado convenios con otras autonomías con competencias propias para cederles gratis las aplicaciones tecnológicas que necesiten.

La reforma ha sido muy criticada por las asociaciones judiciales de derechas, las mayoritarias en la judicatura. En un artículo escrito apenas tres meses después de la entrada en vigor de la ley, la presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) María Jesús del Barco, puso en duda que la norma pudiera incrementar la eficiencia del sistema judicial. “Si el legislador entiende que el sistema judicial español puede ser eficiente sin poner un euro sobre la mesa, habremos cambiado la cartelería y habremos alejado al juez del procedimiento, pero seguiremos sin tener un sistema judicial eficiente”, afirmaba Del Barco en la revista del Consejo General de la Abogacía.

La falta de inversión, sin embargo, no es más que una patraña, según fuentes de Presidencia y Justicia. El ministerio ha dedicado esta legislatura 1.121 millones de euros para el despliegue de la ley. Más de 91 se dedican anualmente a los costes de los nuevos puestos que se crean con la norma –como los presidentes de los tribunales o los responsables de los nuevos servicios y áreas de cada oficina judicial, entre otros– y que fueron acordados con los sindicatos más representativos de funcionarios de justicia, las asociaciones de letrados de la administración de justicia y las de jueces y fiscales. Todas estos nuevos mandos intermedios comportan una mejora salarial.

Ese dinero también ha servido para la creación de las 500 nuevas plazas judiciales y las 200 para fiscales. 850 millones –de los que 350 proceden de fondos europeos– han ido a las comunidades autónomas competentes para la digitalización de sus sistemas procesales y, en las que las competencias pertenecen al Estado, el dinero correspondiente se ha dedicado a crear lo que en el ministerio denominan “hubs de interoperabilidad”, es decir, nodos para que los distintos sistemas procesales del Estado y las comunidades puedan entenderse entre ellos. Otros 80 millones de euros han ido a los inmuebles de los órganos judiciales para transformar el espacio físico de los antiguos juzgados en los nuevos tribunales de instancia, algo en lo que, según fuentes del Ejecutivo, ya se venía trabajando desde 2010.

Pese a las quejas y las acusaciones de improvisación al Gobierno desde la derecha judicial y política, lo cierto es que los tribunales de instancia han sido defendidos por Gobiernos del PSOE y del PP. Desde que se planteó su creación por primera vez con el Pacto de Estado de la Justicia de 2001 –durante la presidencia de José María Aznar– se presentaron sucesivos proyectos por los exministros Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón o Juan Carlos Campo, hasta el actual de Félix Bolaños, el que finalmente fue aprobado por las Cortes. El consenso sobre la necesidad de estos nuevos órganos también surge de las asociaciones de derecha e izquierda que en 2017 los reclamaron en un comunicado conjunto.   

Martes, 9 de abril de 2024. El colectivo ultra Manos Limpias interpone en los juzgados de la capital una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hace tras una semana de informaciones sobre las actividades privadas de Begoña Gómez. Un conjunto de noticias que Miguel Bernard, viejo militante de Fuerza Nueva, usa como base. En circunstancias normales, aquel escrito hubiera acabado en un cajón. Al fin y al cabo, el Tribunal Supremo tiene dicho que los recortes de prensa no son suficientes para abrir una investigación. Pero la denuncia, en este caso, es acogida por el juez Juan Carlos Peinado, quien dos años después busca a toda costa poner esta causa plagada de correcciones y anulaciones sobre la mesa de un jurado popular.

El caso ha generado en todo momento un enorme interés político –prueba de ello es la gran cantidad de colectivos y partidos que ejercen la acción popular– y ha marcado, desde que nació, la agenda mediática nacional. Y el modo de proceder del titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid no ha ayudado a alejar la investigación de la batalla partidista. Peinado, por ejemplo, ha metido la causa en periodos elctorales. O ha usado sus escritos para responder abiertamente a las críticas políticas y mediáticas recibidas. Una guerra a cara de perro con el Gobierno de la que el instructor ha salido, por el momento, indemne, esquivando todas las querellas interpuestas contra él por prevaricación.

La Fiscalía ha repetido una y otra vez a lo largo de estos dos años que no había caso y que lo que se estaba haciendo era una "investigación prospectiva". "No hay elemento objetivo ninguno en las actuaciones que conduzca de forma indiciaria a la afirmación de que la investigada en cuestión se ofreciera a ejercer su influencia y desplegar eficazmente su ascendencia sobre terceros", apuntaba José Manuel San Baldomero, fiscal del caso, en un escrito del pasado mes de octubre. Pero la Audiencia de Madrid dejó desde el primer momento un amplio margen a Peinado para llevar a cabo una instrucción flexible y cambiante que no quedase anclada a los hechos inicialmente denunciados.

Esta carta blanca ha permitido que la causa empezase centrándose en un puñado de contratos adjudicados por la entidad estatal Red.es a Innova Next, firma del empresario Juan Carlos Barrabés, y se extendiese a la actividad privada de la mujer del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense, a un software puesto en marcha por la cátedra que codirigía, a un pliego de condiciones que firmó en una adjudicación o a las labores desarrolladas por su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Incluso, Peiando ha intentado meter en la misma el rescate de Air Europa en base a la relación de Gómez con empresarios vinculados a la aerolínea, pero sus superiores se negaron –entendían que eran simples "conjeturas"–.

Han sido dos años de insólita instrucción. Veinticuatro meses en los que el juez ha caminado en no pocas ocasiones sobre el alambre. En algunos casos, haciendo caso omiso a las líneas rojas fijadas por la Audiencia de Madrid, que hasta en cuatro ocasiones le ha tenido que decir que deje fuera del procedimiento el tema de la aerolínea. En otros, adoptando decisiones sin una motivación sólida. "La ausencia de exposición y motivación ha generado confusión y, en ciertos momentos y supuestos indefensión", recogía el Ministerio Público en un escrito reciente. En él, se quejaba de "imputaciones sin motivar con defensas imposibles", cambios de estatus de testigos sin demasiada justificación o resoluciones "restrictivas de derechos fundamentales".

Unos excesos que han derivado en más de una decena de varapalos de la Audiencia de Madrid. El órgano superior, por ejemplo, anuló los registros de las oficinas y el domicilio de Barrabés porque no veían justificada la urgencia alegada por Peinado para llevar a cabo las entradas mientras el investigado estaba en el hospital. "No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad", le llegaron a reprochar. O ha tumbado las imputaciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín; del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; o del exconsejero madrileño y alto cargo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes. Los dos últimos, al igual que Álvarez o Barrabés, fueron citados como investigados una vez que se les había escuchado como testigos, condición que lleva aparejada la obligación de decir la verdad.

El levantamiento de imputaciones se produjo al entender los magistrados que las mismas carecían de fundamento. En el caso de Güemes, quedó confirmado que el instructor había retorcido su testifical para dirigir el procedimiento contra él en base a una supuesta contradicción con la que fuera directora de recursos humanos del centro que, realmente, nunca existió. La responsable solo dijo que cuando se contrató a Gómez en el Instituto de Empresa se firmó una cláusula especial de conflicto de interés porque era la mujer del presidente del Gobierno. Lo que realmente no chocaba con la afirmación de Güemes en sede judicial, que negó que se la fichara por ser la esposa del líder del Ejecutivo.

Algo similar ocurrió tras la tensa declaración como testigo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En junio, el instructor elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo –que la acabaría rechazando– en la que pedía que se investigara a Bolaños en relación con la actividad de la asistenta de Gómez en Moncloa. Por malversación y por falso testimonio. Sobre esto último, alegaba que el ministro había señalado al responsable de coordinación de personal de Moncloa como "la persona que había realizado el nombramiento" de Álvarez, algo que este último había negado. Sin embargo, lo único que dijo Bolaños era que esa persona era el jefe directo de la asistenta, no que la hubiese nombrado.

Uno de los últimos varapalos llegó el pasado mes de enero, cuando la Audiencia de Madrid anuló la decisión del instructor de transformar la causa en un proceso con jurado popular. Los magistrados le reprochaban "falta de fundamentación", que hubiera dado el paso sin realizar un "mínimo esfuerzo argumentativo". Ahora, a fin de corregir ese defecto, Peinado ha emitido un extenso auto acumulando todas las derivadas de la causa y exponiendo todos los indicios recabados a lo largo de estos dos años. Una resolución, recurrida de nuevo por las defensas, en la que el juez realiza un extenso relato de hechos en el que, sin embargo, evita mencionar algunos contraindicios con los que se ha ido encontrando.

Así, hace alusión a los contratos adjudicados a Innova Next o a las cartas de apoyo de Gómez con las que concurrió la compañía pero sin mencionar que otras muchas empresas o instituciones habían emitido escritos similares. O habla de la supuesta apropiación indebida del software de la Complutense, pero omitiendo que si la investigada registró a su nombre un dominio web relacionado con la herramienta fue porque así se lo indicó el centro. El objetivo, dejar listo para juicio el que ha sido su caso estrella antes de su jubilación el próximo mes de septiembre. De lo que tarde la Audiencia de Madrid en resolver los nuevos recursos contra este último auto dependerá si lo logra o si se marcha dejando el caso inacabado y en manos de un sustituto.

Un retiro inminente que complica, eso sí, cualquier sanción disciplinaria. A finales de marzo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó archivar cuatro diligencias informativas abiertas contra Peinado por varias denuncias particulares. Ahora bien, ordenó continuar investigando la queja del ministro Bolaños por el interrogatorio al que le sometió el instructor, a fin de decidir si finalmente se abre o no un expediente disciplinario. Un asunto que, en caso de no cerrarse antes del verano, quedaría archivado automáticamente tras la jubilación del juez.

Las más de 120 plazas vacantes que dejó el bloqueo por el PP de la renovación del anterior Consejo General del Poder Judicial ya están cubiertas. El Gobierno se ha comprometido a crear 500 nuevas unidades judiciales (a las que se sumarán otras 500 el año próximo), el mayor incremento jamás registrado, y se ha puesto de acuerdo con el Consejo para convocar las oposiciones y los concursos de méritos necesarios para seleccionar al nuevo personal –jueces de carrera y juristas de reconocido prestigio– que las ocupen. Una vez puestas en marcha esas dos empresas, el órgano de gobierno de los jueces pretende abordar la que se intuye como más delicada: regular la carga mínima de trabajo que cada miembro de la judicatura debe cumplir y medirla con criterios objetivos.

El único instrumento del que el Consejo dispone para requerir un rendimiento mínimo a los miembros de la judicatura es el disciplinario. Desde 2010 existe un indicador cuyo cumplimiento por los jueces y magistrados corresponde, en teoría, a 1.650 horas de trabajo anuales, lo que equivale a una jornada semanal de 37,5 horas. Dependiendo de la carga de trabajo de cada destino, esa es la cifra que sirve de guía para abrir expedientes disciplinarios y aplicar la correspondiente sanción en caso de bajo rendimiento del titular de cada plaza, como ocurrió recientemente con el presidente del Tribunal de Instancia de Palma y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro González Mariscal de Gante. También es la medida para, por ejemplo, nombrar jueces de refuerzo o autorizar a los titulares otras actividades (como la docencia, los seminarios, la preparación de opositores...).

Sin embargo, la medición del número de asuntos que soporta cada juez es equívoca, según fuentes del Consejo. En primer lugar porque el procedimiento de entrada de nuevos asuntos (demandas, denuncias, querellas, recursos...) incumple sistemáticamente las normas de registro, provocando que, en ocasiones se apliquen tres o cuatro números a un mismo procedimiento, según esas mismas fuentes, que aseguran que muchos órganos no recurren a las herramientas de las que disponen (de acumulación de procesos, por ejemplo) para aliviar la litigiosidad masiva. Pero, además, en algunas jurisdicciones como la civil o la social, gran número de casos acaban en desistimiento o en conciliaciones previas al proceso. La prueba es que de los 7,2 millones de asuntos resueltos en 2024, solo 1,8 millones terminaron en sentencia.

Uno de los retos que se plantea el Consejo es medir con exactitud el número de asuntos. Porque las estadísticas que maneja el órgano de gobierno de los jueces, procedentes de cada órgano judicial, no cuadran. Según esas cifras, el 75% de los 5.200 jueces que hay en España eleva el rendimiento de todo el cuerpo al 166%. Si este ultimo dato fuera cierto, según las fuentes consultadas, el número de causas pendientes tendría que descender necesariamente y no lo hace, al contrario: 2024 terminó con 4,5 millones de asuntos por concluir mientras que 2025 lo hizo con 4,6 millones. La "sobrecarga de trabajo", sin embargo, es una queja recurrente de la carrera. En los últimos años, al menos dos jueces han logrado que el Consejo les indemnice con varias decenas de miles de euros (más de 200.000 en uno de los casos) tras alegar patologías psiquiátricas derivadas del exceso de papel.

El primer paso hacia la regulación de las cargas de trabajo conforme a criterios objetivos se dio en el Pleno del Consejo del pasado 25 de marzo. Los 10 vocales del sector conservador, la presidenta Isabel Perelló y ocho de los 10 consejeros progresistas (otros dos se opusieron) sacaron adelante una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que permite al órgano de gobierno de los jueces establecer "indicadores mínimos de rendimiento saludable y de alerta" relacionados con factores como "carga de trabajo, presión organizativa, tiempos de respuesta, complejidad [de los asuntos] y demás elementos relevantes". El objetivo es que esos umbrales mínimos de trabajo, inicialmente previstos para asegurar la salud de los jueces, sirvan también como orientación para otras finalidades como refuerzos, responsabilidad disciplinaria e incluso la retribución por objetivos. El plan ya ha sido comunicado a las asociaciones judiciales.

Está por ver cómo aceptará la carrera ese nuevo sistema de medición del desempeño. Porque la función judicial da una extraordinaria libertad a sus miembros para decidir el trabajo que asumen, la cantidad de juicios y demás señalamientos que celebran e incluso el tiempo que pasan presencialmente en su órgano de destino. Muchos lo compatibilizan con actividades formativas (autorizadas o no) que les proporcionan algunos ingresos extra. En el Consejo dan por seguro que el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial con estos cambios, cuando esté definitivamente aprobado, se recurrirá. Así que será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la última palabra.

En cualquier caso, fuentes del Consejo aseguran que, tanto conservadores como la mayoría de los progresistas y la presidenta, consideran que estas medidas, junto con el gran incremento de plantilla –500 unidades judiciales, el mayor en democracia– que aprobará el Gobierno en las próximas semanas, ayudará a aliviar el sobreesfuerzo que, según los últimos datos, afecta a 1.369 juzgados y tribunales (de los 4.223 que hay en España) y que se da de manera especialmente intensa en 452, la mayoría situados en las grandes capitales. También el secular atasco judicial. Según las estadísticas del CGPJ, uno de cada tres órganos recibe más trabajo del que debería, pero solo en uno de cada 10 la situación es especialmente grave.

Un juzgado de Getafe admite por primera vez incluir el delito de prevaricación en una investigación por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe nº3 ha admitido parcialmente una ampliación de denuncia en la que el PSOE ponía sobre la mesa dicho tipo penal en relación con la emisión por parte de las autoridades regionales de los llamados Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre. Una causa en la que están siendo investigados el ex director general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur y su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo.

Los socialistas pusieron sobre la mesa en su escrito el artículo 404 del Código Penal: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años". Un tipo penal que sumaban, de esta manera, al delito de discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria sobre el que están girando, en estos momentos, todas las causas abiertas por muertes en los geríatricos.

En su auto, fechado el pasado jueves y al que ha tenido acceso este diario, el magistrado expone que "la investigación general del delito de prevaricación" que se pretende en relación con las órdenes que se dieron respecto a la no derivación de personas con discapacidad o enfermos a los hospitales o con la medicalización que nunca llegó de los geriátricos "excede claramente de la competencia" del tribunal. No obstante, completa, sí tiene cabida respecto del municipio del sur de Madrid en el que se ubicaba la residencia en la que vivía la persona fallecida: "[La ampliación de la denuncia] puede solo admitirse respecto del posible delito de prevaricación con orden directa en Getafe".

"Se admite parcialmente la ampliación de la denuncia formulada en cuanto se refiere a la prevaricación del investigado Carlos Mur de Viu en relación a la orden que hubiera transmitido al Hospital de Getafe y Residencia Geriátrica Los Ángeles y a la participación que en ello hubiera tenido el otro investigado Francisco Javier Martínez Peromingo", completa el magistrado.

El caso gira en torno al fallecimiento de Petra Gadea, de 88 años. Murió tan sólo seis días después de presentar los primeros síntomas de covid. Lo hizo en la residencia Los Ángeles de Getafe (Madrid) y sin posibilidad de ser trasladada al hospital. "Me reconocieron por teléfono que no lo hacían porque lo tenían prohibido. Me llegaron a decir que no iba a ir ninguna ambulancia, pero yo no entendía nada. No sabía qué hacer. Cuando me llamaron y me dijeron que había fallecido, empezó un duelo que todavía no ha acabado", recordaba hace algunos meses a este periódico su hija Maite.

El caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama que gira alrededor de Equipo Económico –despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro– y que, previo pago, se habría dedicado a intervenir en el proceso legislativo, avanza lentamente entre una montaña de recursos y respuestas de las partes personadas. Entre ellas, la Fiscalía Anticorrupción, que en uno de sus últimos escritos, al que ha tenido acceso infoLibre, critica las maniobras de los investigados para torpedear la investigación y la falta de movimientos desde que se levantó el secreto de sumario. "Han transcurrido más de siete meses y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación", expone.

El Ministerio Público lleva meses dando respuesta a la multitud de recursos interpuestos por los investigados contra el auto de 2 de agosto del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona declarando el secreto de la causa y los sucesivos que lo prorrogaron, así como a "los escritos de adhesiones y las adhesiones a las adhesiones, que incorporaban nueva documentación". Apelaciones en las que, en síntesis, los investigados alegaban falta de motivación y, por ende, causación de indefensión a las que, aún a día de hoy, siguen contestando. Así acaba de hacer la fiscala Carmen García Cerdá en varios escritos fechados el pasado mes de febrero, en los que defiende la legalidad del manto de silencio que durante siete años se desplegó sobre toda la causa.

Uno de ellos, al que ha accedido este diario, da respuesta al recurso de apelación interpuesto por Carlos Romero, quien fuera secretario general de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), y Covadonga Gómez, trabajadora de Equipo Económico. En él, la fiscala explica que el secreto resulta necesario para prevenir una situación que pueda "comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso". Algo que viene reconociendo el propio Tribunal Constitucional, que confirma la utilidad del mismo cuando "el conocimiento e intervención del acusado" en las actuaciones judiciales "pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación".

"Es claramente apreciable que, en esta causa, además, vistas las actuaciones de los investigados en estos momentos, el secreto ha conseguido evitar esas manipulaciones que parece que se están utilizando ahora, levantado el secreto, por las partes para cargarse la investigación", apunta Anticorrupción. Habla de los intentos de "impedir" la actuación de los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial, de la interposición de "recursos masivos pidiendo la nulidad por indefensión, sin concretar cual sea ésta", de la impugnación de la incorporación de informes de análisis del equipo multidisciplinar o de los intentos de cerrar la causa "oponiéndose a la prórroga de la instrucción" cuando ni siquiera se ha tomado declaración a los investigados.

"Fíjese la Sala que casa mal el argumentar la causación de indefensión con la oposición a la prórroga de la instrucción, que permitirá a las partes declarar cuantas veces tengan por conveniente, asistir a las declaraciones de testigos, proponer prueba", apunta el escrito. Y continúa: "Han transcurrido más de siete meses desde que se levantó el secreto y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación alguna".

La fiscala señala que se dan "todas las circunstancias" que "legitiman" la declaración de secreto y que la argumentación contenida en los autos recurridos era "más que suficiente". Además, insiste en que en ningún momento se ha privado a las partes de "ningún medio de defensa". "Los recurrentes no son capaces de señalar qué indefensión les ha producido la declaración de secreto", apunta. Es más, continúa el escrito, ni siquiera concretan "qué diligencias habría pedido" que el secreto "haya impedido su práctica".

El instructor del caso Begoña, el magistrado Juan Carlos Peinado, rechazó el pasado mes de febrero que se investigase si se filtró desde su juzgado al digital Okdiario información de la causa. El titular del antiguo Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid –hoy Tribunal de Instancia– tomó esta decisión, según consta en un auto al que ha tenido acceso infoLibre, apoyándose en el criterio de la Fiscalía, que consideraba que lo sucedido encajaba más en el ámbito disciplinario que penal. Unos hechos por los que ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas –paso previo a la apertura o no de un expediente– contra el magistrado.

La defensa de Cristina Álvarez, asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, solicitó a mediados de enero a Peinado la apertura de una pieza separada para investigar quién filtró al digital una providencia en la que se solicitaba ayuda a la Policía para recabar los pasaportes de ambas investigadas. Una fuga de la que se culpaba directamente al propio órgano judicial: "Es metafísicamente imposible que [...] haya sido cometida por alguien ajeno al juzgado, porque la publicación de la noticia se produjo quince horas antes del envío de la providencia a LexNet –plataforma electrónica judicial– para su notificación a las partes".

El escrito recogía una detallada cronología de hechos. El 13 de enero, a las 5.46 horas, Okdiario publicaba una primera versión de la noticia en la que señalaba que el juez había pedido "en una providencia dictada" el "lunes 12 de enero" a la Unidad Adscrita de Policía Judicial que recabase el pasaporte de Álvarez y Gómez. Unas horas después, a las 13.15, el digital "editó" la información, cambiando tiempos verbales –"ha pedido" por "pedirá"– y eliminando la referencia a la "providencia". En aquel momento, dicho escrito judicial ni siquiera había sido notificado a las partes. El juzgado no lo envió para su notificación hasta las 20.20 horas de aquel 13 de enero.

"Alguien –con toda seguridad el autor de la filtración– avisó asustado al medio de la metedura de pata y le pidió eliminar de la noticia la mención a la providencia, ya que aún no había sido notificada a las partes (desconocemos si en aquel momento estaba redactada y/o firmada siquiera) y había peligro de que se descubriera que el origen de la filtración era el propio juzgado", completaba el escrito, que pedía que se identificara a las personas del órgano que habían tenido conocimiento antes de las 5.46 horas de aquel día de que el magistrado dictaría la providencia y que el asunto se remitiera a otro juzgado distinto para su continuación.

Peinado, sin embargo, rechazó tres semanas después la apertura de pieza separada para investigar el posible delito de descubrimiento y revelación de secretos –paso que sí que dio, sin embargo, cuando en mayo de 2024 se filtró al diario El País uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso–. Lo hizo a través de un auto de tres páginas en el que apenas argumentaba. Solo recogía la opinión dada por la Fiscalía. Y decía que estaba "conforme" con la misma. Un informe cuyo contenido plasma de manera literal Peinado en su auto, lo que permite acceder al razonamiento del Ministerio Público.

La Fiscalía comenzaba señalando en su escrito la "fatiga" que causaba el "año y nueve meses" de "constante conocimiento de resoluciones judiciales" por los "medios de comunicación" antes que por el "propio juzgado". Y dicho esto, sostenía que, efectivamente, en caso de estimarse los hechos como "constitutivos de delito", los mismos debían remitirse al decanato para que fueran instruidos por otro juzgado. Aquello fue, precisamente, lo que se hizo con la filtración a El País de aquel primer informe de la Guardia Civil que no apreciaba ningún indicio de delito en los contratos que, por aquel entonces, centraban la causa.

Ahora bien, el Ministerio Público consideraba incomparables ambos casos. "En este momento no está declarado secreto de sumario, como sí ocurría en aquellas fechas. Por otro lado, tampoco se determina ni invoca precepto penal sustantivo en el que incardinar esta conducta. [...] Si bien es cierto que se trata de una información que no debe ser revelada, ponderando la naturaleza, alcance, contenido y efectos de divulgación, es dudoso que la misma pueda subsumirse en el citado precepto, quedando más bien en el ámbito de una infracción administrativa cometida por la autoridad o funcionario", apuntaba el escrito.

La Fiscalía tildaba de "ciertamente lamentable y lesivo" tanto la "vulneración del deber legal y profesional" del filtrador como el "juicio mediático paralelo que puede llegar a realizarse". Decía que casos así podían afectar a los derechos de los investigados y a la "reputación" de la Administración de Justicia. Y reprochaba que esta causa hubiera sido un "exponente" de tal "degradación", con la filtración de informes, declaraciones, vídeos, "anticipos de resoluciones", "actuaciones policiales": "Nada ha quedado al margen".

Ahora bien, no veía que se pudiera aplicar en este caso el precedente que marcó la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Así, concluía que "la conducta concreta" que se exponía no colmaba, en su opinión, las "exigencias" de "antijuridicidad material" a las que hacía mención el fallo del Alto Tribunal. Y consideraba que los hechos relatados parecían tener más encaje en una "cuestión de ámbito de corrección disciplinaria y sanción administrativa". Un rechazo a investigar que, sin embargo, no ha sido recurrido por Álvarez, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario. Ahora, todo está en manos del Poder Judicial.

Un juzgado ha requerido al líder de Se Acabó la Fiesta y eurodiputado, Alvise Pérez, a que elimine de sus redes sociales contenidos que publicó amenazando al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, con difundir informaciones sobre supuestos acosos sexuales cometidos por él si no dimitía y a que cese de publicar nuevos contenidos de la misma índole.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Algeciras número 4 estima parcialmente la petición de medidas cautelares que Landaluce incluyó en la demanda que interpuso contra Pérez el pasado mes de diciembre, después de que éste amenazara en mensajes de Telegram con difundir informaciones contra el alcalde si éste no dimitía.

Alvise fue también quien, en ese mismo canal, difundió un año antes pantallazos de conversaciones de WhatsApp en los que dos concejalas de su equipo comentaban que les había "tocado el culo" o "metido mano" debajo de la mesa.

Esas mismas conversaciones fueron la base con la que el PSOE de Algeciras denunció el pasado mes de diciembre a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó el asunto al considerar que los pantallazos no pueden servir de base para investigar tales delitos.

En tanto se resuelve la demanda principal del alcalde contra Alvise Pérez, el juzgado ha aceptado una parte de las medidas cautelares solicitadas por Landaluce.

Así acuerda requerir al líder de SALF para que "cese de forma inmediata y provisional en la publicación, difusión o reproducción de nuevos contenidos, mensajes o manifestaciones" relacionados con el alcalde de Algeciras que guarden relación con el objeto de la demanda, hasta que recaiga resolución firme en el proceso principal o se acuerde el alzamiento de las medidas cautelares.

Además, le impone la eliminación de las publicaciones difundidas en su canal de Telegram los pasados 17 y 18 de diciembre ya que contienen "imputaciones directas y reiteradas" de "conductas de agresiones o acoso sexual y otros delitos", aludiendo a que tenía "material probatorio de agresiones sexuales cometidas por el actor, incluso contra familiares de personas del entorno político de éste, de irregularidades relacionadas con la gestión del dinero público del consistorio e incluso de un homicidio cometido durante la construcción de una vivienda".

"Tales imputaciones, que se difunden en un canal público en la red social Telegram que cuenta con más de 650.000 seguidores, suponen un evidente menoscabo en el derecho al honor del actor, y se realizan sin base en hechos objetivamente contrastados o en resolución judicial alguna, con el único fin de atentar contra la reputación de un rival político", apunta el auto.

El juez entiende que de no adoptarse la medida cautelar solicitada "el transcurso del tiempo hasta la finalización del procedimiento, en caso de dictarse sentencia estimatoria, podría hacer inútil el reconocimiento judicial del derecho al honor" del alcalde "ante la continua difusión de mensajes por el demandado como los que son objeto de autos".

El Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido este martes tras conocerse que ha sido citado en calidad de querellado por un delito de agresión sexual, según ha podido confirmar infoLibre. El número dos de la Policía está citado el próximo 17 de marzo en el juzgado.

Fuentes del Ministerio del Interior informan de que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía ha comunicado al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, su decisión de renunciar al cargo que ostenta, lo que hará efectivo en las próximas horas, asegura EFE.

Su cargo lo asumirá temporalmente la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, tal y como establece el artículo 4 de la orden por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía.

Dicho artículo señala que en "los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, corresponde la suplencia a las personas titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico"

Su dimisión se produce apenas unas horas después de conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar tras una querella de una agente. Ese mismo día también está citada la mujer para escuchar su relato.

En un auto fechado el 12 de febrero, al que ha tenido acceso EFE este martes, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid emplaza también ese día a la agente denunciante para escuchar su relato. Lo hace después de incoar diligencias previas y admitir a trámite la querella en una resolución en la que el magistrado afirma que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Según ha informado el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, esta también pide investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

Una jueza ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, y ha citado también como investigada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban que acumula con esta cinco imputaciones.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha acordado imputar a los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario Joan Matamala.

La magistrada Miriam de Rosa Palacio cita asimismo en el auto como investigados a Paz Esteban, a directivos de NSO Group (Pegasus) y, por primera vez en España, a directivos de Saito Tech Ltd (Candiru).

El pasado mes de septiembre, la juez admitió a trámite la querella presentada por estos cinco afectados, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella de estos cinco afectados se dirigía contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020, Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023, María Gámez -en la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo-, así como contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban -ya imputada en otras cuatro causas- y directivos de las empresas israelís NSO y Saito Tech, que comercializan los softwares maliciosos.

Se trataba además de la primera denuncia por el uso del programario espía Candiru, un software que los querellantes aseguran fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus móviles, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que convocó las protestas contra la sentencia del 'procés'.

Esa infección, mantienen los querellantes, fue acreditada por análisis llevados a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo que ha dado pie a múltiples investigaciones en juzgados de Barcelona.

De hecho, los querellantes -empresarios y desarrolladores tecnológicos agrupados en la asociación internacional Sentinel Alliance- presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional, que rechazó investigarla por falta de competencia, lo que motivó que la llevaran ante los juzgados de Barcelona.

Puesto que en la querella no figuran los domicilios de algunos de los querellados, residentes en Israel, la jueza requiere en su providencia a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que realice las gestiones necesarias para conocer la dirección de los mismos.

En un comunicado, Sentinel Alliance sostiene que los cinco querellantes -Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives-, todos ellos empresarios y desarrolladores de código abierto, fueron espiados por su actividad profesional.

Según este grupo, durante dos años, desde 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, software espía de grado militar capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara, y cifra en 78 los ataques contra los querellantes y su entorno, incluidos familiares.

Siete años después del inicio de las pesquisas, el llamado caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama dedicada a conseguir cambios legislativos a medida a cambio de importantes pagos, va camino de alargarse en el tiempo. Por el momento, y tras la última prórroga, la fecha límite para el desarrollo de la instrucción es el 26 de julio. Pero todo parece indicar que las pesquisas se extenderán mucho más allá. La enorme cantidad de partes personadas, unido al aluvión de recursos planteados por las decenas de investigados –todavía no resueltos– y la gran cantidad de diligencias aún pendientes de practicar, algunas de ellas encargadas desde hace meses, anticipan un lento y farragoso avance de la causa.

La investigación arrancó en el verano de 2018. Y surgió a raíz del hallazgo casual en una causa por delito urbanístico de un correo electrónico en el que se ponía de manifiesto la existencia de "una organización", de la que formarían parte altos cargos del Gobierno y la Administración, desde la que se "habrían ido creando una red de influencias" cuyo fin último sería la obtención de "lucro económico". "A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes", recoge el juez instructor en sus resoluciones.

Durante siete años, la causa estuvo bajo secreto de sumario. Aunque se conocía su existencia y habían trascendido algunos detalles de la misma, lo cierto es que el veló no se levantó hasta el pasado verano. Fue ahí cuando se conoció la dimensión de una trama que gira alrededor de Equipo Económico –ahora Global Afteli–, el despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Y que salpica también a media decena de empresas gasistas asociadas a la patronal AFGIM que, según la tesis del instructor, "habrían contratado" al bufete para que "interviniese" en el procedimiento legislativo tendente a la modificación normativa del Impuesto Eléctrico y el Impuesto de Actividades Económicas.

Con el levantamiento del secreto, la causa ha pegado un frenazo. En estos momentos, según expone el juez en su auto de prórroga de la instrucción, "se está a la espera" de que todas las partes personadas en el procedimiento "queden plenamente instruidos en el contenido de las actuaciones". Y no son pocas. Hay más de una treintena de investigados –entre personas físicas y jurídicas– por cohecho, fraude contra la administración, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. Y una decena de acusaciones populares: desde Vox o Manos Limpias hasta CGT o Adade.

El elevado número de partes en la causa, que han llegado a solicitar plazos de hasta tres meses para instruirse, se ha traducido en una montaña de escritos, lo que ha complicado la "diligenciación de los mismos". Entre ellos, un gran número de recursos de reforma y apelación –para cuya interposición se llegaron a otorgar plazos extraordinarios– contra las decisiones del magistrado. Lo resumía a la perfección la fiscal Anticorrupción encargada del caso, Carmen García Cerdá, en noviembre: "Son muchos los escritos presentados por las partes, adhiriéndose a los recursos interpuestos por otros investigados para, utilizando el escrito de adhesión, introducir alegaciones nuevas y alegar sobre motivos distintos".

En aquel informe, la fiscal Anticorrupción daba respuesta a más de una veintena de recursos y escritos de los imputados. Las defensas buscan la declaración de nulidad de todo lo actuado, un torpedo en la línea de flotación del caso, alegando una supuesta indefensión. Disparan, por ejemplo, contra el mantenimiento del secreto de las actuaciones. O alegan una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del instructor al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser donde se encuentra el despacho o el Ministerio de Hacienda. "Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos de notorio cariz político y especial relevancia mediática", lanza uno de los escritos.

"Es necesario dejar claro y sentado que lo que revelaban [los correos incautados que provocaron la apertura de la causa] no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología alguna", respondió entonces Anticorrupción. Los recursos, por el momento, no han sido todavía resueltos. La contestación a los mismos depende de la Audiencia Provincial de Tarragona. Y puede demorarse varios meses. El año pasado, según consta en la memoria del órgano, el tiempo de respuesta de su Sección Segunda en los rollos de apelación se situaba en dos o tres meses en el caso de recursos contra autos –a lo que se suma el tiempo que tarda el instructor en elevar el asunto–.

Además de la resolución de los recursos, de los que depende la supervivencia del procedimiento, aún quedan numerosas diligencias por practicar. Para empezar, el tiempo de espera establecido por el juez para que todas las partes de la causa tomen pleno conocimiento de la misma ha impedido, por el momento, recoger declaración a los investigados, entre ellos el exministro de Hacienda, el ex secretario de Hacienda Miguel Ferré y otros tantos ex altos cargos –desde exsubsecretarios a ex directores generales de Tributos–. Es más, todavía no se ha fijado siquiera fecha para ello.

Por otro lado, aún está por concluir el análisis en profundidad de las cuentas bancarias vinculadas a Equipo Económico y sus socios. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el 17 de febrero de 2025, dieciséis meses después de que se empezara a solicitar la información a las entidades, un informe de 77 páginas en el que solo analizaba de manera pormenorizada solo una decena de cuentas de entre más de un millar de productos bancarios. Los investigadores entendían que el resto carecían de relevancia para las pesquisas. Sin embargo, adjuntaron junto al informe un anexo con toda la información proporcionada por las entidades financieras y crediticias.

El instructor acordó dar traslado de toda esa documentación a la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción para que realizase un nuevo estudio de las cuentas y para que, con los datos analizados, concluyese también otros dos informes de avance que la unidad de apoyo emitió en 2020, hace ya casi seis años, y cuyo contenido debía ser contrastado con más datos, entre ellos financieros. Unas labores que, según se desprende del auto de prórroga y del último escrito del Ministerio Público pidiendo alargar la instrucción, aún están pendientes de concluir.

Además, esta misma semana el instructor ha acordado una nueva batería de diligencias solicitada por Anticorrupción para profundizar en las estructuras empresariales, en los pagos y hasta en las economías de los investigados. Así, ha solicitado a los registros mercantiles abundante documentación sobre las empresas investigadas. También a las gasistas, a las que reclama, del mismo modo, documentación y facturas que acrediten la prestación de servicios por los que se contrató al despacho, así como copia de la normativa interna de pago a proveedores y de las comunicaciones mantenidas con los socios o trabajadores de Equipo Económico/Global Afteli y con órganos del Ministerio de Hacienda.

Del mismo modo, el instructor ha decidido indagar en el régimen económico matrimonial de los investigados, solicitando "inventario de bienes" y otros documentos que le permitan "conocer el detalle" de los "bienes de titularidad de la sociedad conyugal y su valoración". Y ha avanzado que es previsible que en un futuro vaya a tener que solicitar más diligencias de investigación. "Es previsible que deban acordarse en lo sucesivo nuevas, derivadas de las peticiones de las partes, una vez instruidas en la causa, las declaraciones de los investigados, así como las que pudieran derivarse del informe de la AEAT pendiente de recibir", deslizó en su auto de prórroga.

La investigación por corrupción en los negocios y administración desleal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin avances significativos quince meses después de su apertura. La pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar.

La apertura de esta pieza separada se produjo en octubre de 2024, frustrando las pretensiones del empresario de resolver sus problemas con la justicia por medio de un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado que pusiera un rápido punto final a la causa contra él por fraude fiscal. En un primer momento, la entonces instructora, Inmaculada Iglesias, rechazó la ampliación de la investigación reclamada por PSOE y Más Madrid, que ejercen la acción popular. Pero tras un recurso de ambas formaciones, rectificó y aceptó abrir una nueva línea en las pesquisas, decisión que posteriormente fue avalada por la Audiencia de Madrid.

Los hechos se centran en una empresa: Masterman & Whitaker. Es la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Esta operación fue recogida por la Agencia Tributaria, que en el informe que en su día elaboró sobre las empresas de González Amador señalaba que la citada maniobra no era más que una "simulación" para generar "bases imposibles negativas" en la sociedad a compensar en el "futuro". Masterman, decía, no tenía medios suficientes como para realizar los servicios cedidos.

Esta empresa no siempre se llamó así. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros y con el nombre Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas que le reportó 1,97 millones de euros.

La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. El 4 de diciembre de 2020 se transmitieron a Maxwell Cremona por 499.836 euros todas las participaciones de Círculo de Belleza, que luego pasaría a denominarse Masterman. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria. Y de la Fiscalía: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal", analizaba el Ministerio Público en un escrito.

"En tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1.000%", recogía la magistrada instructora –ya jubilada– en una de sus últimas resoluciones, en la que recordaba que en septiembre de ese mismo año Carrasco había comprado a su esposo y a su hermano sus participaciones en la sociedad –el 40%– por un total de 16.000 euros. Un auto en el que deslizaba que existían "indicios" de que la operación "se llevó a cabo para retribuir la intermediación" en la operación de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia o por "el incremento de la facturación" recibida de Quirón Prevención, en cuyos ficheros internos, según reveló eldiario.es, aparece el empresario pareja de Díaz Ayuso bajo el nombre "Alberto Burnet González".

Aquella resolución, fechada el pasado 27 de junio, fue, precisamente, la que activaba al grupo de élite de la Guardia Civil para que investigara los hechos, dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva". Unas pesquisas cuyo estado se desconoce más de medio año después. Las partes personadas en el procedimiento siguen a la espera del informe de la UCO. "Esta oficina de prensa no tiene constancia oficial de que [el informe] haya llegado al juzgado", apuntan desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La unidad de élite de la Guardia Civil ha ejercido y ejerce labores de investigación en los casos de mayor impacto político y mediático de los últimos tiempos. Y en algunos, pese a su complejidad, suele actuar con bastante diligencia y rapidez. En febrero del año pasado, por ejemplo, el instructor del entonces caso Koldo le solicitó que elaborara un estudio sobre el patrimonio del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su hijo, entregando una primera aproximación del mismo un mes después. Y mes y medio tardó la UCO en hacer llegar al magistrado que lleva la causa en el Supremo, Leopoldo Puente, un primer informe sobre supuestos amaños en la adjudicación de obras públicas denunciados por Víctor de Aldama –el documento que hizo caer al sucesor de Ábalos como secretario de Organización, Santos Cerdán–.

Según publicó El Mundo, la causa del retraso en las pesquisas relacionadas con González Amador se debe a la lentitud en la remisión de las actuaciones a la unidad investigadora, trámite que se no se habría producido hasta principios de noviembre.

La decisión de la jueza instructora de activar a la UCO se produjo tras una primera batería de declaraciones en la que tanto la pareja de Díaz Ayuso como Carrasco negaron la existencia de un soborno al directivo de Quirón, alegando que el elevado precio pagado por la empresa obedecía al potencial de la misma. El mismo argumento que ya esgrimió en la inspección fiscal: "Es una apuesta por esta empresa y es quien nos hacía de enlace con las farmacias para implantar Covid Seguro. Además, esta empresa tiene un contrato con Mape. Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo de Belleza con estas empresas, dado que en ese momento resultaban atractivos".

Pero ni todas estas explicaciones ni los documentos aportados al juzgado, entre ellos una adenda al contrato de compraventa de la sociedad en la que Carrasco se comprometía a no competir con él y a conectarle con clientes, convencieron ni a la jueza ni a la Fiscalía. "Una vez practicadas las declaraciones de los investigados, es llano que los indicios de criminalidad no se han desvirtuado en absoluto", recogía el fiscal Diego Lucas en el escrito con el que solicitó que se pusiera el caso en manos de la Unidad Central Operativa.

Y concluía el Ministerio Público: "Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas".

El juez ha decretado la apertura de juicio oral contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021 y lo ha citado el día 15 de enero para notificarle esa decisión, según recoge EFE.

El titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, envía a juicio a Errejón en contra del criterio del fiscal, que considera que "no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito" y tampoco se ha acreditado que el político fuese consciente de que aquella "relación sexual" no era deseada por parte de la actriz.

Elisa Mouliaá, por su parte, pide que sea condenado a tres años de prisión por un delito continuado de abuso sexual (existente en el Código Penal anterior a la ley del solo sí es sí) y que la indemnice con 30.000 euros.

En su auto, el magistrado explica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que, una vez solicitada la apertura de juicio oral por la acusación particular, "el juez debe acordarla", salvo los supuestos de archivo, "que no concurren" en este caso.

Al margen de esta decisión del juez, la Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver el recurso que presentó Errejón contra su procesamiento, que cree que se basa en un relato "inventado" de la denunciante.

Sin embargo, tras la investigación, el juez consideró que los indicios contra Errejón "existen y no han sido totalmente desvirtuados" y dio veracidad al testimonio de Elisa Mouliaá, que denunció en octubre de 2024 que fue víctima de tres supuestos episodios de abuso sexual ocurridos una noche de 2021, en casa de unos amigos de ella y en la casa de él.

Carretero expuso en su auto los indicios de que Errejón "dio un beso inconsentido, realizó tocamientos sexuales con un leve forcejeo e intentó un tocamiento sexual desistiendo ante la oposición de la víctima".

Una tesis que no comparte la Fiscalía, que sostiene que, una vez practicadas las diligencias de investigación necesarias, "no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito" y los indicios son insuficientes para sentar a Errejón en el banquillo.

Aunque la Fiscalía subraya que da "plena veracidad" a la declaración de Mouliaá por una serie de hechos "y por la forma en la que actuó la denunciante", no ve acreditado que Errejón fuera consciente de que la relación no era deseada y aceptada por esta, y destaca que cuando la actriz "expresamente así se lo expuso", en dos ocasiones y momentos distintos, el político "cesó en su acción".

Errejón dimitió de todos sus cargos políticos el 24 de octubre de 2024 tras publicarse en redes acusaciones anónimas de violencia machista en su contra. Ese mismo día Mouilaá publicó que había sido "víctima de acoso sexual" y le denunció ante la Policía.

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Asociación Española de Abogados del Estado un informe sobre las cualificaciones académicas exigibles para elaborar "cualquier pliego de condiciones" en la adjudicación de contratos de servicios, en relación al presunto delito de intrusismo que imputa a Begoña Gómez, según informa EFE.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid quiere saber las "cualificaciones académicas y titulación exigible para la elaboración, redacción o suscripción de cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicios, suministros u obras públicas".

Y por ello reclama un "informe detallado" a la citada asociación, según una providencia dictada el 18 de noviembre, a la que ha tenido acceso EFE, que estaría relacionado con el delito de intrusismo que imputó en octubre de 2024 a la mujer del presidente del Gobierno.

Lo hace después de que en octubre la Audiencia Provincial de Madrid emitiese un auto en el que le decía que las imputaciones de intrusismo y corrupción en los negocios exigen "una mínima verificación judicial sobre su consistencia, antes de continuar por nuevas fases del procedimiento", para delimitar mejor el objeto y facilitar la posibilidad de defensa.

Según plasmó el juez Peinado en un auto de este mes, "queda acreditado" que Begoña Gómez "firmó la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares relativas" a la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La mujer del presidente del Gobierno, según la tesis de Peinado, "suscribió documentos y pliegos técnicos" de un contrato con Deloitte "para el desarrollo del software" para la cátedra, "para los cuales no reunía la capacitación adecuada".

El delito de intrusismo profesional castiga a quien ejerce actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, y al que ejerce una profesión u oficio sin disponer del título que habilita para ello.

Peinado ya manifestó que para este delito no es necesaria una continuidad delictiva, y cree que la querellada pudo cometerlo al redactar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte de la Complutense, de un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión para la pequeña y mediana empresa.

"La querellada no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente, al objeto de conocer científicamente, las citadas necesidades exigidas a los licitadores, y así mismo, entre las facultades de la codirectora del máster no se recogen expresamente las de elaboración de dicho pliego de condiciones, careciendo, en principio de la condición de autoridad o funcionario", argumentó al imputarla este delito.

La defensa de Begoña Gómez, por su parte, siempre ha sostenido que firmó los pliegos porque así se lo indicaron desde el centro universitario, y ha aportado correos que trataban de acreditarlo.

Esta decisión del juez se produce después de que el pasado domingo archivase la investigación por presunta malversación contra la secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo, Judit González, a la que imputó recientemente, al considerar "plenamente acreditado" que no incurrió en dicho delito.

Aquel no era un miércoles santo cualquiera. El trasiego a las puertas del Palacio de La Moncloa daba buena muestra de ello. En el interior, el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, somete al ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, a un tenso interrogatorio como testigo en el marco de una de las mil derivadas del conocido como caso Begoña. En el exterior, decenas de cámaras y plumillas se mantienen a la espera de noticias. Y dando vueltas al complejo, un gran autobús negro serigrafiado. En el centro del montaje, el presidente, Pedro Sánchez. Sobre él, una frase: "El capo. ¡Dimisión!".

Se trata de uno de los muchos vehículos con mensaje que ha puesto a circular en los últimos meses Hazte Oír. La entidad, estrechamente conectada con Vox –algunos de los que han sido cargos institucionales vienen de ella–, es uno de los pilares del lobby ultracatólico nacional e internacional. Pero también punta de lanza de la ofensiva judicial ultra contra el Gobierno y la izquierda. Un frente para el que se sirven de la figura de la acusación popular, excepción española que permite a cualquiera participar en un procedimiento sin necesidad de ser perjudicado u ofendido y que tanto PP como PSOE han planteado limitar.

La organización liderada por Ignacio Arsuaga ostenta la dirección de la acción popular en el caso Begoña, el que persigue desde hace más de un año a la esposa del presidente del Gobierno y en el que están presentes otros tantos colectivos ultras. Y participa en buena parte de las causas que marcan en estos momentos la agenda política y mediática nacional. Saben que son el talón de Aquiles del Ejecutivo. Y que pueden sacar rédito de las mismas. Por eso, no dudan en presumir en redes sociales de su ofensiva en los tribunales: "Lideramos la batalla judicial".

Hazte Oír también es parte acusadora, por ejemplo, en el caso Koldo. O en el que persigue a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, aunque aquí quien lleva las riendas de la acusación popular unificada es el pseudosindicato Manos Limpias. Liderado por Miguel Bernard, admirador del dictador Francisco Franco –la fundación que lleva su nombre, de hecho, le llegó a nombrar Caballero de Honor– y militante en la extinta y violenta Fuerza Nueva, este colectivo se ha caracterizado desde su fundación en los noventa por disparar jurídicamente contra todo aquello que vaya en contra de la fe católica, los símbolos nacionales o los postulados más ultras.

Ambas entidades también han intentado, sin ningún éxito, abrir una brecha al Gobierno en el Tribunal Supremo utilizando la dana que arrasó el pasado mes de octubre la provincia de Valencia. Un Alto Tribunal que en los últimos meses ha acusado en varias ocasiones al pseudosindicato de actuar en "manifiesto fraude de ley". La última, en junio, cuando rechazó una querella de suya con numerosas ampliaciones y le acusó de pretender abrir una "macrocausa general" contra el Gobierno para ser parte en la misma y acceder a "información en ocasiones reservada y sensible".

El colectivo mezclaba el caso Begoña, el rescate de Air Europa, el paso de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez por el aeropuerto de Barajas, el caso Koldo o la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta última es otra de las causas de relevancia pública en las que confluyen Hazte Oír y Manos Limpias. Un procedimiento en el que el pseudosindicato ha estado acompañado por el abogado Víctor Soriano, labor que ha compatibilizado con la de asesor de la secretaria primera de la Mesa del Senado, la conservadora Eva Ortiz.

Durante unos años, Soriano ya ejerció como asesor en Les Corts y abogado del Grupo Parlamentario Popular en las ofensivas judiciales del PP de Carlos Mazón contra el por entonces president, Ximo Puig, y su familia. El abogado, del mismo modo, representa a la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, la entidad que ha llevado al exalcalde de València Joan Ribó ante la justicia por la construcción de una piscina municipal. Una entidad que estaría presidida, según varios medios, por María Ángeles López Sargues, quien fuera alcaldesa de Catarroja por Unió Valenciana, formación que acabaría siendo canibalizada por el PP.

Otra de las entidades presentes en la causa contra el jefe del Ministerio Público es Foro Libertad y Alternativa. Esta fundación fue constituida, según la base de datos del Ministerio del Interior, en noviembre de 1993 –si bien no se inscribió hasta enero de 2004–. Entre los fundadores, Alejo Vidal-Quadras, expresidente del PP catalán y primer líder de Vox –del que ya se ha alejado– o Julio Ariza, el exdiputado en el Parlamento de Cataluña del PP convertido en patrón mediático de la formación de Santiago Abascal –de la que llegó a cerrar en 2019 una lista electoral–.

Por Foro Libertad y Alternativa, según destacan en su propia página web, han pasado nombres vinculados a la derecha y ultraderecha patria. Algunos aún están en activo, como es el caso de Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid e hijo de una víctima de ETA. Otros, sin embargo, ya no se encuentran en primera línea política, aunque sus nombres aparezcan vinculados a multitud de plataformas. Es el caso de Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y ahora referente del ultracatolicismo. O de la exlíder del PP vasco María San Gil. Y también el de Ignacio Camuñas, fundador de Vox –aunque no tardó de alejarse del partido– o el de Javier Rupérez, diplomático y exdiputado del PP.

Otros de los artefactos jurídicos que han estado presentes en algunas de las causas más mediáticas han sido la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y la Asociación Democracia y Derechos por la Democracia Real y los Derechos Fundamentales del Ciudadano. La primera la fundó Carolina Mata, una abogada que hace un lustro decía en sus redes sociales sentirse orgullosa de su partido –el PP– pero con el que hoy, según aseguró recientemente a Público, ya no "comparte ideología". La segunda, la preside José Carril Herrero, antaño secretario de Organización del PP en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca y hoy simple afiliado de base.

Pro Lege, que en la actualidad Mata dice que está inactiva, se personó, por ejemplo, en dos procedimientos judiciales que se impulsaron contra Podemos y que acabaron en nada: el caso Dina y Neurona, la macrocausa que algunos medios de la derecha vendieron como la Gürtel de la formación morada y que terminó disolviéndose como un azucarillo en un vaso de agua. Y Democracia Real, por su parte, ha estado presente en diferentes iniciativas judiciales contra la ley de amnistía.

Son organizaciones que están al quite, perfectamente listas para intervenir incluso en las festividades más señaladas. Se vio el pasado 1 de enero. Ni unas horas tenía de vida el nuevo año cuando Hazte Oír ya estaba anunciando su primera denuncia. En esta ocasión, contra los humoristas David Broncano y Lalachus por mostrar durante las campanadas de Nochevieja en la televisión pública una estampita con la vaquilla del Grand Prix. Una ofensiva a la que se sumó Abogados Cristianos, otro de los puntales de la batalla ultra en los tribunales. Y que, como tantas otras, generó más ruido mediático que otra cosa.

Esta entidad comenzó a operar en forma de asociación allá por 2008 para defender "la vida, la familia y la libertad religiosa desde el marco legal". Diecisiete años en los que, según dicen, han abierto más de trescientos casos. ¿Su arma penal favorita? La ofensa contra los sentimientos religiosos. La ha utilizado para denunciar al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por el cartel de las fiestas de La Mercè. Y también la ha empleado, aunque sin demasiado éxito, contra presentadores de TV3 por una parodia que tenía a la Virgen del Rocío como protagonista. O contra el alcalde de Soria por participar en un desfile sobre una carroza que simulaba ser un papamóvil repartiendo bendiciones con una escobilla de baño. O contra el actor Willy Toledo.

La asociación también tiene el ojo puesto en el Valle de los Caídos. De ahí la denuncia por malversación que interpuso contra los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres por malversación en relación a los contratos para las exhumaciones en Cuelgamuros. Un ataque que, sin embargo, chocó contra el Supremo. "Este tribunal no puede convertirse en una suerte de órgano llamado a responder a las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización de nuestro sistema político", llegaron a decir los magistrados, que criticaron que la denuncia la conformasen "informaciones incompletas e insinuaciones carentes del más mínimo sustento".

En 2019, Abogados Cristianos se constituyó como fundación. Al frente de la misma, según Público, el matrimonio formado por Polonia Castellanos y el excandidato de Vox por Valladolid Alfonso González Rodríguez-Vilariño. Y en su primer patronato también figuraba como vocal, según consta en el Boletín Oficial de Castilla y León, Juan José Liarte, exportavoz de Vox en la Asamblea de Murcia y diputado del Grupo Parlamentario Mixto desde la crisis que provocó su salida de la formación de extrema derecha. En 2022, año en el que pusieron más de siete decenas de demandas, la fundación declaró más de medio millón de euros de beneficio.

Recordemos los inicios del sainete: 

El novio de la presidenta Díaz Ayuso factura en plena pandemia unos dos millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas al principal proveedor sanitario de la Comunidad de Madrid, el grupo empresarial Quirón. Solo este hecho suscitaría a cualquiera sospechas de compadreo como mínimo, si no de genuina corrupción.

El novio de la presidenta defrauda unos 350 mil euros de esos dos millones, según confiesa su abogado en un correo electrónico a través del cual negocia con la Fiscalía que le persigue por el fraude que la inspección de Hacienda ha detectado (de la declaración de la inspectora ante el tribunal que acabamos de conocer podría hacerse una novela). Ese mensaje de correo, apenas unas líneas, es el ridículo pero crucial objeto sagrado de nuestra disparatada historia.

Un día nos enteramos de la existencia de este señor y de sus problemas fiscales porque se publica el susodicho correo en diversos medios y porque hablan de él el jefe de Gabinete de Ayuso y la propia novia-presidenta. Lo hacen sin sordina y con toda solemnidad, para afirmar lo contrario de lo que es. En una contradicción casi infantil, la presidenta habla de “un particular”, para a continuación afirmar que se le persigue por ser su pareja, y afirma que en realidad todo no es más que una inspección como la que sufren miles de españoles cada año y que en realidad es al particular al que se le debe dinero. El “particular”, un desconocido hasta entonces, se convierte en un personaje público gracias a la intervención de la novia, del jefe de Gabinete y de decenas de portavoces oficiales que salen a defenderle.

Un presunto/confeso defraudador –tengo que tener cuidado con lo que escribo, porque a mí me ha caído una querella por llamarle defraudador confeso sin matices…–, con la ayuda del jefe de Gabinete, de la novia presidenta, de algún medio afín y del Partido Popular en bloque, se pretende hacer pasar por una víctima de la dictadura bolivariana sanchista, arrasando de paso con la credibilidad de los funcionarios de Hacienda y de la Fiscalía que persigue el supuesto delito.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre cuyas obligaciones está la información pública de los procedimientos judiciales, emite una nota de prensa destruyendo el bulo: aquí hay un caso de posible delito fiscal, no una mera regularización fiscal a un particular y menos aún la persecución política de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se discute inicialmente la validez de esa nota de prensa, pero pronto se fija que esa publicación no tiene nada de ilegal.

Y entonces empiezan los afectados a acusar al fiscal general del Estado de haber filtrado el famoso correo electrónico, lo que sería un delito de revelación de secretos. No hay ni una sola prueba. Al contrario: una decena de periodistas afirman que tenían ese correo antes que García Ortiz. Pero da igual. Se monta un circo político en el que se busca el origen de la filtración con algunos personajes secundarios que salsean la narración. Lo de siempre: los listillos ingenieros del caos (MARodríguez es el decano español de la disciplina) logran con una sucesión abigarrada de acontecimientos que se olvide el verdadero origen del asunto. La carga de la prueba pasa a estar no contra Ayuso sino contra el fiscal general. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado y otro compañero de un total de tres instruyen para que se juzgue al fiscal, con un abrumador voto en contra del otro magistrado.

Y entonces, una vez más aplicando el manual, el debate se desplaza de manera tramposa hacia la dimisión de García Ortiz. Como aquel marido infiel al que la esposa sorprende en la cama con su amante y trata de fijar el debate en la obligación de llamar a la puerta antes de entrar. Ridículo pero eventualmente eficaz.

La dimisión del fiscal general sería una auténtica claudicación colectiva. La ciudadanía renunciaría a la verdad, a la limpieza y a su propia soberanía frente a los poderosos. El fiscal general es el representante del “ministerio público”: encarna el interés general y es el garante mayor de los derechos de la ciudadanía. El juez juzga pero los fiscales defienden el interés colectivo.

MAR y Ayuso se empeñaron en hacer del delito fiscal confesado por el particular novio de la presidenta una víctima del voraz Gobierno de Pedro Sánchez, implicando falazmente al fiscal. Elevaron de paso al empresario al olimpo de los famosos. El PP les siguió enardecido y también lo hicieron los magistrados, jueces y fiscales conservadores, constatando la enorme influencia de la ideología cuando se imparte justicia. Metieron incluso al rey en el lío. Lograron parcialmente su objetivo, desviaron la atención y convirtieron en delincuente al fiscal. Va a servir de poco, porque todo indica que el novio va a ser condenado, pero la fachosfera habrá logrado generar el suficiente lío como para que la indemostrable filtración de un correo electrónico humille a fiscal, sentándole en un banquillo.

Pues bien, que el fiscal general se mantenga en su cargo no es un mal menor ni una circunstancia desagradable. Frente al brutal ataque al fiscal por motivos espurios, su permanencia es una victoria de la democracia. Es la ciudadanía orgullosa manteniéndole el desafío a los señoritos. Plantándoles cara. Torciéndoles el pulso. Su renuncia sería una renuncia del pueblo, señor fiscal. No se rinda, por favor.

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha acordado pedir a la Conselleria responsable de las residencias los informes que se hayan efectuado sobre el fallecimiento de varias personas por las inundaciones en el centro de la tercera edad Savia de Paiporta, según informa EFE.

El auto, emitido este martes, responde a la solicitud de diligencias de un letrado que incluyen documentación, testificales de la dirección de la residencia y responsables de seguridad o de los trabajadores del turno de tarde noche del 29 de octubre de 2024 o de los servicios de emergencias que intervinieron, así como periciales y una inspección ocular/policial.

De todas ellas, la jueza estima únicamente la solicitud de aportar los informes que se hayan realizado sobre el fallecimiento de residentes por parte de la Conselleria de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda que dirige la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, según el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En el auto se razona que algunas de las pruebas y solicitudes de aportación de documentación apuntan "a la existencia de negligencias en la actuación de los responsables de la residencia en la evacuación que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. Sólo en este sentido se puede entender la obtención de la póliza de responsabilidad civil o que se requiera un informe pericial de un ingeniero técnico en prevención de riesgos".

"Ha de tenerse en cuenta", añade la jueza, que no solo dicha residencia, sino la población en general, "sufrió la falta de avisos a la población" al objeto de que se adoptaran medidas de autoprotección, según recoge.

Como se señaló en otras resoluciones en las que se interesó la investigación de las responsabilidades penales en el ámbito de la administración local, "ante la evidente y palmaria falta de avisos a la población, la inactividad patente de la Administración autonómica competente en materia de protección civil, no se puede estimar la existencia de una actuación delictiva por los responsables de la residencia", asegura.

Asimismo, recuerda que ya declararon como testigos los trabajadores de la residencia, y que el informe de autopsia obra en las actuaciones, y apunta que sí podría pedir ampliar la declaración de alguno de los testigos.

Las llamas me dijeron también que lo que están quemando es mayormente de todos, cosa que para muchos es como si fuera de nadie porque no sirve para hacer negocios. Por tanto, una vez sin árboles es probable que pronto puedan soñar con beneficiosos inmuebles, que las leyes contra las intenciones de los pirómanos también se pueden cambiar y en cuanto vuelva un “Montoro” abrirá de nuevo la tienda para la compra-venta de reformas legales.

Pero también era jueves 14 de agosto atardeciendo y estaba yo en la orilla de un mar que sí sufre con el calor climático. Fue entonces cuando recibí un aviso sobre el debate mantenido en La Sexta Xplica el sábado anterior, que no había visto. El título de la noticia era una frase del periodista Monrosi: “Felipe VI debería emprender una reforma constitucional que haga que el Jefe del Estado sea igual que todos ante la ley”.

Escribir sobre un debate verbal permite teclear tras pensar lo bastante, cosa bien distinta a tener que hablar a trompicones. Por tanto, compensaré “lo fácil que resulta criticar a toro pasado” intentando que la libertad de expresión sirva de algo.

Intrigado por lo que hubiera dado de sí el Xplica del día 9 volví a casa y recuperé el debate que Monrosi compartía con siete personas más. El motivo inicial eran los cuatro millones que el MASUFA anterior y hoy emérito había conseguido para devolver lo que dice que le prestaron cuando pagó a Hacienda en 2020 y 2021 tras unas negociaciones con el Gobierno que puede que fueran “a cara de perro” aunque nunca lo sabremos, pues esto también quedará sometido a la nueva ley de ocultar verdades, o como la llamen, si es que algún día se atreven a derogar la franquista, tan vigente ella. En cualquier caso, lo mejor, también para conocer nuestro pasado, sería proclamar la república.

Sobre este tema no tuvo éxito entre los del debate la confianza en que Hacienda busque el origen de esos cuatro millones como harían con cualquier contribuyente, y eso que esta vez no se pueden alegar ninguno de los dos motivos que en marzo de 2022 el fiscal anticorrupción utilizó para archivar los delitos del “emérito”, pues la inviolabilidad finalizó en 2014 y esta vez lo de la prescripción ni de coña. Dando por hecho que el emérito tiene abogados, es probable que esté echando otro pulso al Gobierno, quién sabe si a la espera de que aparezca un nuevo “Montoro” para regalar, o vender, una amnistía fiscal a la medida de una sola familia.

Monrosi fue quien advirtió que la inviolabilidad impide perseguir los delitos, y hasta se atrevió a citar por su nombre al inviolable actual, y también MASUFA, cosa rara porque todo está permitido contra el anterior, pero de su heredero, lo quiera ser o no, ni una duda se puede insinuar.

Cuando Monrosi dijo que “Felipe VI debería emprender una reforma constitucional…” estaba describiendo perfectamente la legalidad española: en caso de conflicto, el Título II prevalecerá siempre y sobre cualquier cosa que la ley de leyes ponga en cualquier otro sitio, o sobre lo que esté escrito en cualquier norma que la desarrolle.

No habría ocurrido que durante el debate se ironizara con la propuesta de Monrosi si alguien hubiera recordado las declaraciones de Carmen Calvo a El País el 9 de mayo de 2022, cuando informó de que la “Casa Real” se negó a la reforma de la inviolabilidad.

Sin eufemismos, la respuesta del MASUFA a Carmen Calvo se traduce por “quiero seguir teniendo el mismo derecho a cometer delitos que tenía mi padre” y es, con gran diferencia, el hecho más grave del reinado de este MASUFA, y no es necesario recordar que las fechorías del emérito fueron las que precipitaron su abdicación.

Tampoco me dan ninguna pena, ahora que viene septiembre, los jueces que durante la apertura del año judicial van a acompañar a quien podría ser el mayor delincuente del reino sin el menor problema, o incluso robarles los móviles y las carteras aprovechando las cercanías. ¿Qué harían? ¿Le denunciarían ante el juzgado de guardia si le pillan in fraganti, buscando que se incumpla a su favor el artículo 56 de la CE/78? ¿Gritarían “¡¡al ladrón, al ladrón!!” en medio de la ceremonia? ¿O se dejarían robar hasta la toga y quedar así, públicamente, en pelotas?

Esa apertura judicial presidida por alguien que está al margen de cualquier ley no deja de ser la metáfora de una aberración y a José Enrique Monrosi, puestos a pedir reformas de la Constitución, le diría que para la próxima añada la supresión del cargo de Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, por si el acrónimo MASUFA no le gusta al inviolable y le devolvemos el título a la tribu africana que lo disfrutaba, creo que en exclusiva.

Y para que al de La Zarzuela no se le pueda escapar un día la mano y quiera convertirla en Mando.

También era inevitable que hablaran de la Transición para buscarle algún mérito al emérito, y también decepcionó el que nadie hiciera referencia a un hecho que condicionó todo el futuro de España hasta hoy. En este caso, la cosa es más grave porque de ello informó por primera vez Victoria Prego en 2016, y precisamente lo hizo en La Sexta TV.

Se trata de las encuestas que Suárez ordenó realizar en 1976 y que dijeron que el pueblo español prefería la república. A pesar de que tanto Adolfo Suárez como Victoria Prego decidieron que no se irían de este mundo sin contarle antes a alguien que conocían tan decisivo secreto, el Gobierno de Sánchez lo sigue manteniendo oculto con la ley franquista que decía, tal como reconoció en respuesta por escrito de abril de 2023 al hoy diputado y entonces senador Vicenç Vidal.

Me gustaría vivir hasta un día en el que no hubiera motivo para repetir que en este país se siguen silenciando de forma consciente las barbaridades reales.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se topa con miles de euros de ingresos en efectivo en las cuentas de Equipo Económico, el despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro que se encuentra bajo la lupa judicial. En un informe remitido en febrero al Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, al que ha accedido infoLibre, el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la unidad de élite recoge entradas de dinero en metálico en las cuentas del bufete por 46.072 euros, ingresos cuyo origen no pueden determinar dada su naturaleza y los datos aportados por las entidades financieras.

El estudio de las cuentas bancarias vinculadas a Equipo Económico y a sus socios tardó tiempo en elaborarse. Una demora que llegó a molestar a la representante del Ministerio Público encargada de la causa. En octubre de 2023, atendiendo a una diligencia interesada por la Guardia Civil, el instructor del caso Montoro, Rubén Rus, emitió distintos mandamientos a entidades financieras en los que solicitaba datos de distintas cuentas, una petición de información bancaria que amplió en diciembre de 2023 y enero de 2024 a solicitud, de nuevo, del Instituto Armado.

Unos meses después, ya en abril, la fiscal Anticorrupción, Carmen García, remitió un escrito al juzgado solicitando que la Guardia Civil informase del estado en el que se encontraba el citado análisis. Y en junio, el comandante del Instituto Armado informó que de los 339 productos bancarios pedidos les faltaban 18 por recibir. No obstante, comunicó que pese a disponer de 321, aún no habían iniciado el análisis de los mismos. A la vista de la respuesta, la fiscal remitió otro escrito al juzgado pidiendo que se comenzara "con urgencia" el estudio y se presentase, en "el menor tiempo posible", un documento "de avance" para "progresar en la investigación".

El informe definitivo, finalmente, llegó en febrero de este año, dieciséis meses después de solicitarse la información bancaria. A lo largo de 77 páginas, la UCO realiza "una trazabilidad pormenorizada de los ingresos y adeudos registrados" en las cuentas de Equipo Económico y Global Afteli, la compañía a la que el primer despacho fue traspasando su actividad. Y lo hace con un objetivo: ver a dónde fue a parar el dinero que las gasistas habrían pagado al despacho para, supuestamente, influir de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro para que hiciera modificaciones legislativas a su favor.

Tras el estudio, la Guardia Civil cifra en 673.500 euros los ingresos totales provenientes, a través de 29 operativas distintas, de las sociedades gasistas investigadas –Praxair, Air Liquide, Carburos Metálicos, Abello o Afgim–. Y concluye que una "proporción sustancial" de dichos fondos fue destinada a los socios de Equipo Económico y Global Afteli, los cuales dieron un "destino personal" a dichos ingresos. "Este hecho no es singular sino que también esta operativa se realiza de forma habitual con los fondos que EE/GA viene recibiendo de otros sectores empresariales", completa el informe.

La Unidad Central Operativa señala que en el periodo comprendido entre 2008 y 2019 las cuentas bancarias analizadas registraron ingresos que se acercaron a los 69 millones de euros, siendo 2012, 2013 y 2014, coincidiendo con los primeros tres años de Montoro en el Gobierno, "los periodos de mayor actividad económica", con ingresos anuales superiores a los 8 millones de euros. Casi la totalidad de los fondos, el 95,8%, llegaron mediante transferencia, mientras que un 2,9% se recibieron mediante cheques –casi dos millones– y un 0,93% –639.464,46 euros– fueron "abonos provenientes de cuentas bancarias extranjeras".

Por otro lado, los investigadores también han detectado "entradas de dinero en efectivo" en las cuentas bancarias de Equipo Económico. Las mismas se registraron en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013 por un total de 46.072 euros, lo que representa el 0,07% de todo lo ingresado en las cuentas de este despacho y de su sucesor durante el periodo analizado. Un dinero cuyo origen, avisa la Guardia Civil, es desconocido: "Las entradas de dinero en efectivo por la naturaleza de estos ingresos y de la información aportada por las entidades bancarias no se hace posible la identificación real de la persona física y/o jurídica que realiza la imposición".

El juzgado mercantil número 2 de Barcelona ha desestimado la demanda interpuesta por la empresa Just Eat contra Glovo por competencia desleal, al considerar que la compañía de reparto señalada actuó dentro de la legalidad y que garantizaba la autonomía de los repartidores, por lo que la exime de pagar casi 300 millones de euros de indemnización, según informa EFE.

Just Eat España presentó una demanda contra Glovo ante los juzgados de lo mercantil de Barcelona por competencia desleal, en la que le reclamaba 295 millones por recurrir a falsos autónomos.

La plataforma de origen danés sostenía que Glovo, fundada en Barcelona pero propiedad de la alemana Delivery Hero, se ha ahorrado más de 645 millones contratando a falsos autónomos en los últimos años y que ello le ha permitido adquirir una ventaja competitiva significativa.

No obstante, la sentencia, que puede ser apelada ante la Audiencia de Barcelona y que condena a Just Eat a costas, considera que Glovo cumplía con la llamada ley rider, que aunque establece "una presunción de laboralidad" en relación con las personas que prestan los servicios de reparto no impone "un modelo homogéneo y excluyente". "Tratándose de una presunción que admite contradicción y prueba en contrario es perfectamente posible realizar la actividad de distribución mediante plataformas digitales en régimen de autonomía laboral", señala la sentencia.

De hecho, considera que es perfectamente posible que puedan coexistir repartidores laborales con otros autónomos, y que debe discriminarse en uno u otro sentido "atendiendo a las circunstancias del supuesto hecho concreto".

La sentencia desacredita a dos inspectoras de trabajo que en el juicio manifestaron que los trabajadores de Glovo lo hacían en régimen de "falsos autónomos", de las que señala su "beligerancia" contra la empresa y contra sus representantes, al asegurar que una de ellas se dirigió a un letrado como "el enemigo". El juez señala que las dos inspectoras fueron categóricas en rechazar que el reparto de comida a domicilio pudiera prestarse a través de trabajadores autónomos o no asalariados, "pese a que la tantas veces mencionada ley rider así lo establece".

"Pese a la indudable habilidad dialéctica del letrado de la actora cuyo interrogatorio pretendía proyectar una imagen de objetividad, en todas las declaraciones parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático", recoge la sentencia.

El titular del juzgado mercantil ha señalado que queda acreditada "la idoneidad del modelo de contratación con autónomos que, definitivamente, resulta mucho más eficiente para atender una demanda oscilante, porque se concentra en determinadas franjas horarias" ante las dificultades que entraña el laboral.

También, sostiene que los repartidores prefieren el modelo de autónomos, "porque les permite prestar el servicio a su conveniencia en una u otra plataforma, en uno u otro lugar o durante el tiempo que deseen". "En mi criterio, no hay nadie más indicado que los propios afectados para decidir lo que mejor les conviene... excepto algún iluminado y omnisciente burócrata que parece gozar de un privilegiado acceso a la Verdad", añade el escrito.

Sobre la ventaja competitiva de Glovo como consecuencia de su modelo, el juez señala que no ha quedado acreditado por parte de Just Eat que ese "supuesto ahorro en costes se haya destinado a acuerdos en exclusiva con restaurantes o a mayores promociones", ni tampoco que eso le permitiera hacer mayores inversiones en publicidad.

El magistrado concluye en la sentencia que Just Eat y Glovo presentan modelos de negocio diferentes; mientras que el 80% del negocio del primero es el marketplace y sólo el 20% entrega a domicilio, en Glovo sucede justamente lo contrario. Además, el cambio de modelo implementado por Glovo desde principios de enero de 2025, consistente en laboralización de los repartidores, no ha conllevado ninguna alteración de las cuotas de mercado, puesto que la demanda cuenta en junio de 2025 con una de mercado del 53,8%, Just Eat del 14, % y Uber Eats 28,5%.