“Con este libro no pretendemos dar una respuesta exhaustiva todos los problemas, pero sí arrear una patada al avispero para que se conozca lo ocurrido a través de algunos ejemplos, comenzando por la Mezquita de Córdoba”. Con esta declaración de intenciones comienza El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y otros casos de libro (Akal, 2026), donde sus autores, Antonio M. Rodríguez y Aristóteles Moreno, van destejiendo la madeja jurídica que ha permitido a la Iglesia inmatricular más de 34.000 bienes entre 1998 y 2015 gracias a una ley del Gobierno de José María Aznar, y otros muchos antes, gracias a un artículo de la ley hipotecaria franquista. 

“El artículo suponía la equiparación a efectos registrales de Iglesia y Estado como si fueran hermanos siameses cosidos por el corazón y el bolsillo. De ahí que resulte tan complicado separarlos todavía”, recoge el libro. Y de aquellos polvos, estos lodos. “Gran parte de estos bienes que los obispos pusieron a su nombre los han mantenido y conservado el Estado y las comunidades”, denuncia Moreno.

Durante décadas, estas leyes permitieron que los obispos certificaran ellos mismos la propiedad de esos bienes que se inscribían por primera vez en el Registro de la Propiedad, sin aportar títulos de compra, igual que si fueran funcionarios públicos. Uno de los más emblemáticos es la Mezquita de Córdoba, a la que los autores dedican la mayor parte del trabajo. Ambos son cordobeses y están al tanto de las reclamaciones de los movimientos sociales patrimonialistas, pero también son conscientes de que la aridez de este tema dificulta la movilización social. “Nuestro libro comienza aquí, en un movimiento ciudadano que se pone en marcha hace más de diez años”, explica Moreno a infoLibre. 

Para Rodríguez, que aborda la parte jurídica, el activismo sobre la pérdida de este patrimonio cultural no está teniendo todo el calado que debería “porque no se percibe como un problema social”, pero si un día esos monumentos se venden o se caen, apunta, ya será tarde. Por otro lado, la magnitud del problema tampoco ayuda: “Cuando se produce la pérdida de más del 80% del patrimonio histórico del Estado y no tienes conciencia de que te pertenece, es tanto el daño que no consigues abarcar la causa”, señala. 

Los autores forman un tándem a medio camino entre el periodismo y el Derecho Civil. Aristóteles Moreno (Córdoba, 1963) es periodista y ha sido redactor de la Agencia EFE. En cuanto a Antonio Manuel Rodríguez (Almodóvar del Rio, 1968), es escritor y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y fundador de algunas de las plataformas ciudadanas patrimonialistas que buscan el retorno de los bienes del clero al patrimonio del Estado. 

El libro transita la historia de monumentos como la Mezquita de Córdoba, por su cercanía a los autores y por ser, apuntan, un “ejemplo paradigmático” de este “expolio”. Pero abarca, además, la situación en la que se encuentran otros 16 conjuntos arquitectónicos como el prerrománico asturiano (“el Arzobispado de Oviedo había ido inscribiendo los bienes a su nombre en la más absoluta opacidad”), la Giralda de Sevilla o los bienes comunales de Navarra, donde figuraban inscritas a nombre de la jerarquía eclesiástica más de 3.000 propiedades. 

A medida que avanza, el texto se transforma en un manual de derecho en el que se aportan soluciones que podrían servir a la voluntad política, en caso de que esta quisiera abordar el problema. “El actual Gobierno, cuando estaba en la oposición sí se tomó en serio este asunto, con dos propuestas no de ley en las que pedía soluciones en el Congreso, por considerar inconstitucionales las inmatriculaciones que habían hecho los obispos con una autocertificación, pero después no se hizo nada al respecto. No se ha querido abrir un nuevo frente con la Iglesia”, concluye.

Pero además de recorrer la historia, Rodríguez y Moreno insisten en la inconstitucionalidad de esta apropiación. “Los obispos no son fedatarios públicos ni la Iglesia es el Estado, por eso consideramos que las inmatriculaciones que habían hecho los obispos son inconstitucionales”, apunta Moreno. Y aquí hay otro problema al que alude el profesor, y es que “mucha gente piensa que los edificios son de la Iglesia solo porque se dedican al culto católico, algo que no es así”, remarca.   

“En esta parte del libro tratamos de aportar documentación dónde se apuntala que el templo fue siempre un edificio público y que jamás perteneció a la Iglesia”, señala el periodista, que insiste en una frase del libro que sirve como premisa para estas más de 400 páginas de análisis: “La Mezquita de Córdoba es de Córdoba”. 

Rodríguez lleva tiempo empeñando parte de su tiempo en corregir lo que considera una inconstitucionalidad, porque “en derecho te enseñan que lo que es nulo no produce efecto”, afirma. “Este libro nace porque hacía falta que la gente conociera lo que está pasando y cómo se puede corregir”. 

Sobre el caso del monumento andalusí, los autores insisten en que los procedimientos mediante los cuales la Iglesia la adquirió en el Registro son un ejemplo claro de este fraude. “Si yo te preguntase de quién es la Mezquita, en la pregunta iría la trampa, porque la Mezquita de Córdoba no es de nadie —no se puede embargar, ni hipotecar y tiene un valor incalculable—, nos pertenece a todos”, insiste el profesor.

En las páginas centrales del texto cuentan que la Iglesia la registró en el año 2006 y por el momento, nada ha revertido ese proceso. “Lo hicieron de tapadillo, sin informar a ninguna Administración y en el Registro aparecía que la habían adquirido por consagración; y, que yo sepa, esa no es una forma de adquirir dominio”, relata. “Después de la denuncia alegaron que era por posesión en el tiempo y, finalmente, que había sido por donación”, resume Rodríguez. Aunque en el libro los detalles de este proceso se documentan y se entrecruzan con lecciones de historia y rastros de la transformación artística que ha operado históricamente en la joya andalusí.

Ambos insisten en que esta obra es una denuncia, pero también una puerta abierta para mostrar que existen formas de devolver al Estado lo que es de todos. “No se trata de un debate religioso, sino patrimonial y de defensa de lo público […]. Que nos devuelvan lo que es nuestro y paguen por lo que es suyo”, concluye el volumen en sus páginas finales. 

La asociación de mujeres “Carmen de Burgos” de Moncofa (Castellón) levanta, da voz y representa de modo amateur y con escasa ayuda económica, la obra de teatro “Historias de resistencia” cuyo argumentario está basado en “El Patronato de protección a la mujer”, la más aberrante y longeva (1941-1985) misoginia del franquismo. Su objetivo, el del Patronato, era la dignificación moral de la mujer, dirigiendo su mira telescópica a a las mas jóvenes, para apartarlas del vicio y educarlas según las enseñanzas de la religión católica, apostólica y romana. Para esta ignominia contaban con una estructura piramidal que partía de una junta nacional de la que dependían juntas provinciales y locales, desde donde se gestionaban la reclusión y el aislamiento de aquellas niñas y jóvenes que no cumplían el perfil fascista de la “mujer ideal”.

El Patronato ha sido la mayor institución dedicada al control sexual, represión y castigo de las mujeres, por razones relacionadas con los demenciales aspectos morales que regían la época. Lo curioso y paradójico es que siga resultando totalmente desconocido, y ni siquiera se menciona como uno de los supuestos contemplados en el articulo 3 de la ley de Memoria Democrática.

Estos centros de control y represión de las mujeres venían existiendo en España desde el siglo XVI y eran conocidos como casas de recogidas, galeras o cárceles de mujeres. Ha pasado algún que otro siglo y las Oblatas del Santísimo Redentor, Trinitarias, Adoratrices y Hermanas de la Caridad siguen haciendo sus business y especulando con un patrimonio que les vino dado por la Santísima Trinidad. 

La asociación de mujeres “Carmen de Burgos” son la única compañía de teatro amateur a nivel nacional que se ha atrevido a dar voz con su versión de “Historias de resistencia” a una atrocidad que en los noventa daba sus últimos coletazos, y por eso merecen voz en este artículo.

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Pako Martí es socio de infoLibre.

Nos dicen sin rubor alguno que representan a Jesucristo. Y, en mi incultura, no consigo encontrar el parecido entre esos señoros tan de negro, con tanta cruz de plata y tanto anillo de oro, y con tantos millones en las arcas de su Iglesia, y aquel palestino de Galilea, llamado Jesús, que no tenía dónde reclinar la cabeza y andaba por el desierto gritando “bienaventurados los pobres....”

Hace unos días, monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, pedía la dimisión de Pedro Sánchez y el adelanto electoral, y poco después el secretario portavoz, García Magán, secundaba la petición de su jefe afirmando que “es lo que conviene a España”. No sé si tiene un convienímetro o lo dijo inspirado por el espíritu santo, la paloma que suelen utilizar los obispos para lanzar mensajes. Adelantar las elecciones quieren también otros referentes éticos, como Feijóo, que se bajó del yate de un narco para venir a Madrid, o como Josemari Aznar, el tipo que nos metió en una guerra criminal, o Santi Abascal, al que le estallan de odio las costuras cuando ataca a los migrantes y niega la violencia machista. Deduzco, pues, que los obispos han añadido un voto nuevo a los ya clásicos de castidad y obediencia que profesaban: el voto a la ultraderecha.

En todo caso, me parece conmovedor que nuestros prelados pidan elecciones para acabar con la corrupción, después de haber paseado bajo palio a un dictador genocida durante 40 años. Los eché de menos cuando el PP se ahogaba entre mordidas, sobresueldos y gürteles varias. Y tampoco pidieron un referéndum sobre la monarquía cuando el emérito se lo llevaba crudo a uno de esos paraísos con golfos y palmeras.

Aunque no es la primera vez que la Iglesia sacude a un gobierno del PSOE, no tengo del todo claro por qué los obispos plantean ahora esta enmienda al sanchismo, desde la exquisita neutralidad política escorada a la derecha que les caracteriza. A Sus Eminencias no les ha ido ni tan mal en esta legislatura. El año pasado recaudaron 329’8 millones de euros, gracias a la ‘X’ de la declaración de la renta por la que la Iglesia se lleva el 0´7 de nuestros impuestos. Y esa cantidad es solo un pellizquito (el 2,7%) de los 12.350 millones de euros que, estima Europa Laica, obtuvo la Iglesia del erario público, a través de exenciones fiscales (IBI, Sociedades, etc...), subvenciones a sus empresas (escuelas, hospitales, residencias), ayudas públicas para reformas de su patrimonio, y subvenciones a fundaciones, ONGs y asociaciones que dependen de la Iglesia católica.

Aunque ha disminuido el número de contribuyentes que marcaron la 'X' en su declaración, la cantidad total recaudada aumenta unos 10 millones respecto al año anterior, y lo hace con especial fervor en el Madrid de Ayuso, la presidenta teóloga que gusta impartir homilías ante el belén de la Puerta del Sol.

A qué dedican los obispos nuestro dinero lo explican ellos mismos, en su última Memoria de Actividades publicada en 2024. La Iglesia destina el 79’9 % de lo que recibe por nuestros tributos a pagar los salarios de obispos y sacerdotes, y las cotizaciones a la seguridad social (263’5 millones). Aproximadamente, invierte 5’3 millones en publicidad, para animar a los contribuyentes a marcar la famosa ‘X’. Una publicidad tan rentable como engañosa porque, en sus campañas publicitarias, la Iglesia da a entender que dedica lo recaudado por el IRPF a socorrer a los desfavorecidos, pero en su última Memoria no consta que haya dado un solo euro a Cáritas (0%). Tampoco aparecen en esa Memoria las cantidades con que financia los medios de comunicación de su propiedad. Aunque sabemos por memorias anteriores que lleva invertidos más de 42 millones de euros en subvencionar TreceTV, la ruinosa tele episcopal. Qué hacen los obispos con sus medios de comunicación merece un examen detenido.

Desde 2015, la Iglesia mantiene como locutor estrella de la COPE a ese periodista almeriense, de voz impostada, banderita en la pulsera y pañuelo en el bolsillo, condenado en la Audiencia Nacional por defraudar a Hacienda, cuya especialidad profesional consiste en insultar a la izquierda. A Irene Montero, por ejemplo, la ha llamado “superchoni”, “carga pública” y “desquiciada”. A Ione Belarra “basura política”, “castañona” y “niña de la curva”. A Pablo Iglesias, “cantamañanas” y “mamarracho”. Y a Salvador Illa y Pedro Sánchez “el ISIS de la pandemia”. Simpático, ¿verdad, señores obispos? Periodismo caritativo y del amor fraterno.

TreceTV es la tele episcopal y El Cascabel su programa estrella. Lo presenta un locutor de pelo teñido con tinte del Mercadona que se refiere habitualmente al Gobierno como “la mafia” o ”el muladar Sánchez”, y al Presidente, como “el número 1 de la organización criminal”. Y no es que uno aspire a que los medios de comunicación no insulten, pero un pelín de poesía y elegancia parnasiana no vendría mal.

Para la cadena de los obispos, el entorno del presidente Sánchez –ministros y miembros de su familia– es un nido de delincuentes. Cualquier recorte de periódico o la última declaración de Aldama bastan para que, en El Cascabel, dicten sentencia contra el Gobierno e ingreso en prisión sin apelación.

Aunque no sepan de qué está investigada, los tertulianos de TreceTV ven a Begoña Gómez en el centro de todas las corrupciones. Llueven las acusaciones contra ella. Para corroborar su falta de honradez, entrevistaron un día a ‘Chencho’ Arias, el embajador que engañó a la ONU para que condenara a ETA por el atentado del 11M. ‘Chencho’ cuestionó a la mujer de Sánchez porque, según dijo, “viaja mucho con su marido y se hace muchas fotografías”. Y añadió: “Las esposas de otros presidentes se hacían las fotos justas”. Otra prueba inequívoca de la corrupción de Begoña.

Al hermano de Sánchez lo han acusado incluso de no afinar el violín cuando compone. Que si le regalaron un puesto en la Diputación de Badajoz por ser hermano del Presidente (en 2016, cuando Sánchez ni siquiera era secretario general del PSOE, pero qué más da). Que si tenía 1’4 millones en acciones del BBVA (según el Banco, eran 71.000 euros, pero eso es un detalles sin importancia). Se apellida Sánchez y es culpable.

Y, por descontado, para la tele episcopal fue el Fiscal general, García Ortiz, quien difundió el correo con información secreta sobre el ciudadano particular González Amador. ¿Indicios, pruebas, presunción de inocencia? Bobadas, lo que tendría que haber hecho ya es dimitir. En cambio, el novio de Ayuso es un ser de luz al que la jueza impide defenderse cuando trata de aclarar ese pequeño error de 350.000 euros que cometió al hacer la declaración de la renta.

Periodismo para cuñados en El cascabel. Bulos, insinuaciones, medias verdades y acusaciones sin pruebas contra el Gobierno. De las suposiciones hacen verdades, y para demostrar que son ciertas conectan con OKdiario. O con algún pepero de conducta ejemplar, como Federico Trillo, responsable según el Consejo de Estado de la muerte de los 75 militares que iban a bordo del Yak-42, pero siempre dispuesto a dar lecciones morales a Pedro Sánchez.

Con Podemos utilizaron la misma fórmula. Horas y horas de tertulias acusando a los morados de corrupción. Y cuando finalmente se archivaron todas las querellas, la tele de los obispos guardó silencio. Nunca pidieron perdón.

Así predican los señores prelados el Evangelio a través de sus píos medios de comunicación. Con el dinero de todos los españoles, vuelcan su odio exclusivo contra el Gobierno democrático. Y digo con el dinero de todos, porque los millones que se lleva la Iglesia se detraen de los Presupuestos Generales con los que podrían financiarse la sanidad y la educación, y eso daña a la sociedad en su conjunto.

Me pregunto qué pasaría si existiera ese infierno con el que los perversos obispos asustan a los niños. Porque, aunque yo no crea en más infierno que en el de un posible gobierno del PP y VOX, sus Eminencias Reverendísimas sí creen en el fuego eterno. Eso dicen. Y son más sabias y más teólogas que yo. Por eso, conviene recordar a nuestros amadísimos prelados que la difamación es un pecado grave. De los que conllevan la condenación, según sus propias normas.

Uds., señores obispos, no paran de insultar, calumniar y acusar sin pruebas desde sus medios de comunicación a los gobernantes de izquierdas, y jamás piden perdón cuando las acusaciones quedan en nada. Y eso infringe el octavo mandamiento. Si no se arrepienten y dejan de financiar ese puto vertedero de injurias, llamado El cascabel, van a pasar una eternidad calentita. Con sus mitras blanquísimas y sus báculos fálicos cocidos al vapor. Lo dice su propio catecismo, que recoge esta cita evangélica: “A todos los autores de iniquidad los arrojarán al horno ardiendo” (Mateo 13, 41-42)

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Juan Ignacio Ruiz-Huerta es ex jefe de gabinete del Defensor del Pueblo.

"Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7.35 de la mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia". Así anunciaba el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel, la muerte de Jorge Mario Bergoglio, tras doce años en el cargo. Aunque incompleta y frustrante para los más exigentes, los avances en tareas como las medidas contra los abusos sexuales, la transparencia financiera, la incorporación de laicos y mujeres al ámbito de decisión de la Iglesia o la reflexión en torno a cuestiones morales son reconocidos por la mayoría de observadores. Por cada una de estas decisiones, Francisco se ha ganado algunos amigos, incluso abiertamente ateos, pero también detractores en la Iglesia, entre ellos cardenales que ahora buscarán sucederle.

La presidenta de la Asociación de Teólogas Española, Montserrat Escribano, pronostica que con la muerte de Francisco estamos ante "un cambio de era" y define ese cónclave, todavía sin fecha, como un "movimiento político" clave para el futuro de una Iglesia en la que hay "diferentes visiones, modos de compresión y expectativas de futuro". En conversación con infoLibre, Escribano destaca que hay movimientos conservadores que no han escondido su fobia contra Francisco y que han llegado incluso al "descrédito y desprecio" por el rumbo que Bergoglio dio a su papado. "Eso habla también de una Iglesia que tiene mucho poder, que sigue recibiendo mucha financiación y que está apoyada por movimientos políticos y partidistas", señala.

Vicens Lozano fue durante 35 años corresponsal de TV3 en la Santa Sede. En 2021 publicó Vaticangate. El complot ultra contra el papa Franqucisco y la manipulación del próximo cónclave (Roca), donde detalla, con nombres y apellidos, toda la galaxia internacional de jerarcas de la Iglesia, organizaciones, medios y familias que en la última década han combatido las ideas y reformas de Francisco y que ahora tratarán de evitar a toda costa que su sucesor las continúe. Para Lozano, las palabras que le dedicó el papa a un grupo de jesuitas tras su delicada cirugía de colon hace cuatro años, en la que les dijo que "algunos le querrían muerto" fueron una resonante advertencia: "Es la primera vez en la historia que un pontífice divulga en público que existe un complot contra él", señaló el periodista, por parte de "sectores de la ultraderecha a nivel internacional" y miembros de la jerarquía "más tradicionalista".

Quizá por eso Francisco buscó situar a cardenales afines a su visión del mundo a lo largo de su mandato. Actualmente el colegio cardenalicio está compuesto por 252 cardenales, de los cuales 135 son electores —tienen derecho a voto en el cónclave porque tienen menos de 80 años— y 117 son no electores —tienen 80 o más años—. Francisco ha nombrado a 108 de los que son electores, el 79% del total. Es decir, cuatro de cada cinco cardenales que elegirán al sucesor de Francisco habrán sido nombrados por él. El resto de electores los crearon Benedicto XVI (22) y Juan Pablo II (5). Parecen números propicios para la continuidad, pero los expertos advierten que sería un error suponer que todos los que fueron nombrados por Francisco compartirán su ideario. Inciden en que hay "grises" y que el cónclave estará "muy abierto".

El autor de Vaticangate es cauto con respecto a los papables. Da nombres, pero advierte de que el resultado final será resultado de equilibrios hoy imprevisibles. Entre los cardenales progresistas o moderados que podrían ser considerados afines a la línea de Francisco, estarían el jesuita Luis Antonio Gokim Tagle (Filipinas), Pietro Parolin, mano derecha de Francisco, que tiene la ventaja de ser italiano y que según algunos cálculos ya toca, y Peter Turkson (Ghana), que podría ser el primer papa africano. Luego hay una hilera de nombres: Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal de Italia y Arzobispo de Bolonia; y Christoph Schönborn, arzobispo de Viena. Entre los opuestos, el autor ve "opciones", aunque no parece que probables, para Robert Sarah (Guinea) y un segundo cardenal africano, Peter Turkson, al que le suma al conservador Wim Ejik (Malta). De entre los conservadores, el que más destaca es el nombre de Peter Erdö, primado de Hungría, presidente de la Conferencia Episcopal del país y afín al primer ministro Viktor Orban.

"Es difícil aventurar qué puede suceder, hay un número mayor de cardenales que tienen una visión parecida a Francisco, pero no vamos a tener otro papa como él", señala, por su parte, Escribano. "Cada uno tiene su forma de ejercer el pontificado, el papa Francisco ha dejado el proceso de la sinodalidad —el estilo particular que califica la vida y la misión de la Iglesia— abierto y tendrá que hacerse cargo el nuevo pontífice", prosigue la teóloga. Para Francisco, los pobres tenían que estar en el centro, al igual que las periferias, un modelo diferenciado al de sus antecesores y que también acabó con los privilegios de los cardenales. "Quien lo sustituya tendrá todo un legado del que hacerse cargo, la pregunta es en qué dirección", añade.

En su ensayo, Lozano identifica tres "pesos pesados" dentro de la Iglesia en abierta campaña contra Francisco. El cardenal Raymond Leo Burke (EEUU) firmó junto a otros tres purpurados una carta exigiendo a Francisco una corrección sobre la posición favorable a que los divorciados vueltos a casar reciban los sacramentos. "Una rebeldía jamás vista", anota el periodista, que identifica a Burke como un activo muñidor contra el papa afín a las tesis de Donald Trump. Otro cardenal que está en ese frente es Timothy Dolan, puntal de los apoyos del trumpismo, que hace campaña para virar el rumbo de la Iglesia. En 2020 llegó a enviar a todos los cardenales del mundo el libro El próximo papa, de George Weigel.

Además de los estadounidenses, Robert Sarah (Guinea) es de todos estos cruzados contra el feminismo y la homosexualidad el más obsesivo. Defensor de la misa tridentina, viaja por el mundo invitado por foros ultraconservadores, donde expone su rechazo a la "deriva ideológica" de la Iglesia. Llegó a publicar un libro en el que cargaba contra la apertura del pontífice a la ordenación sacerdotal de hombres casados. Y Gerhard Ludwig Müller (Alemania), teólogo dogmático, reconoció que había un "frente de grupos" que lo querían como líder de "un movimiento contra el papa". Él afirma que no se prestó. Eso sí, cuestionó abiertamente sus posiciones. El arzobispo italiano Carlo Maria Viganò también desarrolló una incesante tarea contra el papa, que incluyó la difusión de acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales. "¡Cuando es el primer papa que les ha puesto coto!", apunta Lozano.

La antipatía hacia Francisco por parte del trumpismo actúa como una señal entendida a la primera por la ultraderecha en todo el mundo, incluida la de base nacionalista y católica europea. Desde Vox a Alternativa para Alemania, desde Marine Le Pen a Matteo Salvini, los referentes de esta corriente han carecido de un aliado en Roma. España es, por su parte, el país de Europa donde la orientación de la Iglesia tiene unas características más inmovilistas", escribe Lozano, que también destaca el vigor del movimiento ultracatólico, donde destacan organizaciones como Hazte Oír. Fue elocuente cómo este movimiento arropó al cardenal Müller durante su visita a España en 2022, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas. Francisco tampoco hizo demasiados amigos en el Opus Dei, prelatura que, por decisiones del pontífice, perdió poder en el Vaticano pero que mantiene intacto su espacio de poder e influencia en España.

“No se puede amar a la vez a Dios y a las riquezas" 

Mateo 6.24

Desde finales de marzo podemos ver carteles (35.000) en las paradas de autobuses y vallas, escuchar cuñas publicitarias en radio o verlas en televisión, o leer uno del millón de periódicos en papel dentro de la campaña de la Iglesia Católica que, bajo el eslogan X tantos, pide a los y las contribuyentes que marquen la casilla de la declaración del IRPF que les adjudica el 0,7% de la cuota a sus arcas particulares. 

Dentro de esa campaña emplean una “publicidad específica a gestores y asesores fiscales que hacen la declaración de la renta a los contribuyentes” (según explica la propia Conferencia Episcopal). Aunque invierta 5 millones de euros en dicha campaña, le sale rentable porque, aunque el 70% de los declarantes no le hizo caso, el año pasado recaudó por ese concepto más de 300 m€.

Europa Laica denunció ante el ministerio la campaña como fraudulenta, por mentir consciente y descaradamente. Sin embargo, hay algo de verdad en sus argumentaciones, que es una “forma sencilla” de colaborar con la Iglesia Católica. Solo poner una X o dos, sin que pongas ni un euro tuyo, atribuyéndote la libertad de decidir con ese simple gesto que un porcentaje del dinero de todos vaya a las cuentas de la Iglesia. Mucho más difícil es “no poner ninguna X” cuando rellenas la declaración online porque, si lo haces así, al terminar de rellenar te salta una alarma diciendo que no la has puesto, convirtiéndose en obligatorio. Por no se sabe qué razones la Agencia Tributaria hizo oídos sordos a la advertencia de Europa Laica y a la solicitud de eliminar dicha alarma y/o restituir la tercera casilla que decía explícitamente “ninguna de las dos”.

Todas las demás argumentaciones de la campaña son falsas y fraudulentas:

Las cantidades recibidas por el método de la asignación tributaria en la declaración, siendo tan grandes, no son más que una mínima parte de todo lo que la IC recibe por distintos medios:

Se puede calcular unos 12.300 millones de euros en 2022. 

Teniendo en cuenta estos datos y el enorme patrimonio en gran parte expoliado al dominio público, como la mayor parte de los 100.000 inmuebles inmatriculados por la IC, marcar esas casillas es objetivamente un acto de Robinhoodismo a la inversa, quitarle a la pobre ciudadanía una parte del dinero de sus impuestos para ingresársela a una de las corporaciones económica y patrimonialmente más ricas de este país. 

La casilla denominada de “fines sociales”, tampoco debería existir. Los fines sociales deben estar contemplados en los presupuestos del Estado y realizados por la administración pública y no puede depender de las subvencionas que reciban unas ONG, sin conocer los criterios por los que se le adjudican, aunque casualmente una parte muy importante de las que reciben subvención están relacionadas con la IC. 

La asistencia social es una cuestión de justicia, no de caridad privada con dinero público.

Por tanto, mientras no se corrija esta anomalía de la casillas 105 y 106, con lo que supone de privilegios a una entidad privada religiosa, mostremos nuestra solidaridad y sentido de la justicia con toda la sociedad, pensando principalmente en las capas más desfavorecidas. Independientemente de nuestras convicciones o creencias, no marquemos esas casillas, por solidaridad y por justicia.

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José A. Naz Valverde es el presidente de Andalucía Laica.

La Coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de colectivos que reclaman la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia, presentó en el Congreso de los Diputados el 9 de febrero de 2017 una iniciativa para que la Cámara demandase del Ejecutivo información sobre las inscripciones episcopales. Unas semanas más tarde, los grupos parlamentarios socialista y de Podemos promovieron sendas Proposiciones No de Ley (PNL) en tal sentido. El 4 de abril, la Comisión de Justicia aprueba la PNL presentada por el PSOE. El 19 de octubre de 2017, el Gobierno de Rajoy, tras varias negativas, responde que se ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo desde 1998.

Pedro Sánchez, en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020, manifestaba lo siguiente: “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.“ Con esta referencia explícita venía a comprometer los programas electorales del PSOE (apartado 2.3.1.) y de Unidas Podemos (apartado 137), y del programa del Gobierno de coalición (apartado 5.11).

Este inicio esperanzador de la legislatura se tornó oscuro cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, inició contactos con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal Española. En su día valoramos positivamente que el tema de las inmatriculaciones formase parte de la agenda del Gobierno de España. La opacidad de estas actuaciones, intensamente publicitadas, no podía traer nada bueno.

El listado de inmatriculaciones fue entregado a mediados de 2018 al Gobierno de Pedro Sánchez por el Colegio de Registradores de la Propiedad.

Casi tres años más tarde, la vicepresidenta del Gobierno traslada esta información al Congreso el 16 de febrero de 2021 en cumplimiento de esa petición parlamentaria. El listado de 35.000 bienes incluye desde lugares de culto (catedrales, iglesias, ermitas) a casas parroquiales, cementerios, plazas, locales, viviendas, frontones y todo tipo de bienes. Un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevaban años denunciando la privatización masiva de fincas e inmuebles en virtud de un privilegio franquista.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, señaló que, a partir de la publicación de ese listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepase, podía reclamar sus derechos, abandonando así a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litigasen en largos y costosos procesos judiciales la recuperación de sus bienes arrebatados. El Estado no ofrece una solución normativa y global al problema, tal como había prometido y, además, promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Por otra parte, si hay bienes que no se reclaman, ¿se da por hecho que son de la Iglesia?

Con la publicación de ese listado, el Gobierno ha pretendido dar carpetazo a la problemática de las inmatriculaciones, cerrando en falso el asunto y eludiendo responsabilidades también propias. Pero el listado es parcial e insuficiente.

Parcial porque no incluye los bienes inmatriculados con anterioridad a 1998. ¿Por qué insiste el PSOE en focalizar en 1998 el inicio de la problemática de las inmatriculaciones? Situar en 1998 el inicio de este procedimiento supone atribuir a la reforma de Aznar la responsabilidad exclusiva de este expolio y ocultar las responsabilidades socialistas. Pero, por otra parte, ignorar las inmatriculaciones realizadas entre 1946 y 1998 supone falsear los datos. Según lo que sabemos, por los datos de que disponemos, las inmatriculaciones anteriores a 1998 son mucho más numerosas que las posteriores a esa fecha.

Insuficiente porque ofrece escasa información, que en muchos casos impide la identificación de lo inmatriculado.

Pero, además, los listados ocultan los bienes que se incluyen en cada epígrafe del listado. Por ejemplo, la inmatriculación de la “Santa Iglesia Catedral de Sevilla, Parroquia del Sagrario de la Catedral y dependencias anexas” oculta la Giralda y el Patio de los Naranjos. También por eso, demandamos las notas simples de la totalidad de las inmatriculaciones realizadas entre 1946 y 2015.

Volvemos al principio. Es necesario disponer de las notas simples de todas las inmatriculaciones realizadas desde 1946 a 2015. La Subdirección General del Notariado y de los Registros dispone de ellas. Es una exigencia democrática de transparencia.

Es necesario realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia y cumplir así el compromiso que no se cumplió en la pasada legislatura.

Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de sus compromisos, Recuperando sí lo estará.

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Andrés Valentín es coordinador estatal de Recuperando.

No sabemos muy bien en qué momento el Ejecutivo ha pasado de defender la aconfesionalidad del Estado y, por tanto, el cierre del grifo de fondos públicos, a bonificar a todas las religiones. “El Estado no impone ninguna”, ha dicho el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, “es una cuestión muy de la izquierda, la igualdad en un Estado aconfesional es no imponer ninguna religión, las trata a todas por igual para que puedas tener la que te dé la gana, o ninguna”. El resultado ha sido consolidar privilegios para todas las confesiones religiosas a cambio de justificar los beneficios que mantienen los obispos. Y en esto, Patxi López defiende respetar todos los cultos y se olvida de la eterna promesa electoral de romper los acuerdos con la Santa Sede. 

Este año el PSOE cerró un acuerdo con la Conferencia Episcopal sobre dos impuestos menores a cambio de seguir exenta del IBI, el más importante. Y se ha aprovechado la ley de mecenazgo para aprobar esa tarifa plana al resto de confesiones sin aportar la cifra global que las arcas públicas van a dejar de percibir con esta medida. Se apela a la función social de las religiones, como los partidos políticos, para eximirles del IBI. Nada justifica que los Testigos de Jehová, con prácticas contrarias a la ética y la vulneración de derechos de los menores, dejen de pagar un impuesto que pagamos todos.  

Este gobierno ha logrado prohibir las subvenciones con fondos públicos a centros educativos que segreguen a alumnos por sexo. Era un agujero pendiente en democracia, herencia del catolicismo y la ideología reaccionaria que separaba a niños y niñas para darles distinta educación. El reciente aval del Constitucional supone un paso adelante en la laicidad del Estado que no ha tenido continuidad a la hora de tocar los bolsillos de la iglesia. 

La cultura democrática es laica por definición. Defender la separación entre la iglesia y el Estado sigue siendo una asignatura pendiente de los gobiernos progresistas. Cualquier beneficio fiscal consolida sus privilegios y hace más difícil la necesaria ruptura entre religión católica, identidad nacional y los fondos públicos que la sustentan. El escritor Antonio Muñoz Molina, en el ensayo Todo lo que era sólido, reflexionaba sobre la necesidad de rescatar la educación del poder de las órdenes religiosas para imponer la ley civil. 

 La hegemonía histórica de una confesión, por más fieles y arraigo que tenga, no puede gozar de privilegios. Y apuntaba Muñoz Molina: “Que la derecha española no se haya desembarazado de la reverencia servil hacia la iglesia católica no tiene nada de extraño. Que la izquierda los abrazara con tanta convicción fue otra de las grandes sorpresas que nos deparó el cambio de los tiempos”. Y en parte, así seguimos. El PSOE llevaba en el programa electoral de 2019 “denunciar los acuerdos con la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento con el precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa”. Y se comprometieron también en 2019 (como en 2013) a impulsar “un nuevo acuerdo basado en la laicidad”. Lo prometió Carmen Calvo y se ha olvidado ahora con Patxi López. 

Que el dinero público, los impuestos de todos y las bonificaciones fiscales sigan cuidando tan generosamente a la Iglesia no es propio de un país moderno. España, un Estado aconfesional reconocido por la Constitución, tiene pendiente todavía romper amarras con la financiación y los beneficios de la iglesia. Esta legislatura, otra vez, no va a ser.

La Iglesia española recaudó 320.723.062 euros en 2021 a través del 0,7% del IRPF, un 8,5% más (25,3 millones más) que el año anterior, cuando se recaudaron 295,4 millones de euros, según ha informado Europa Press.

Se trata de una "cifra récord", según ha destacado el vicesecretario general para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, este martes, en una rueda de prensa para presentar los datos de la Campaña de la Renta del año 2022 que corresponde al ejercicio fiscal de 2021.

La Iglesia española vuelve a recuperar así la tendencia al alza que se rompió el año anterior, cuando se produjo un descenso de 5,6 millones de euros en la recaudación, una caída que la CEE achacó a la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19.

El vicesecretario general para asuntos económicos de la CEE ha achacado este incremento al aumento de solidaridad de la población española cuando se atraviesan circunstancias difíciles, como ya ocurrió, según ha indicado, en la crisis de 2008.

"Va a permitir a la Iglesia hacer frente al aumento de las necesidades sociales en un contexto económico difícil como el que tenemos ahora mismo", ha subrayado Giménez Barriocanal.

Preguntado por si los escándalos que afectan a la Iglesia pueden influir negativamente, Giménez Barriocanal ha precisado que "la Iglesia tiene sus luces y sombras", que "sus sombras se conocen muy bien" y que "todo el mundo tiene derecho a opinar" pero ha puesto de relieve la "inmensa labor social, asistencial y de acompañamiento" que realiza "en momentos especialmente duros".

Además, han aumentado en 84.201 el número de declaraciones en favor de la Iglesia, más del doble que en el año anterior, según los datos provisionales presentados. En total, más de 8,5 millones de españoles han marcado la casilla en su Declaración de la Renta, lo que supone un 31,2% de las declaraciones presentadas. De media, la aportación que recibe la Iglesia de cada contribuyente que marca esta casilla es de 37,73 euros.

Por territorios, el número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 14 de las 17 comunidades autónomas (especialmente, en Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) y diez comunidades se sitúan por encima de la media en porcentaje de asignantes, destacando Castilla-La Mancha (44,2%), La Rioja (43,5%), Extremadura (43,4%), Murcia (42,6%) y Castilla y León (41,7%).

En relación con el importe asignado, se ha producido un incremento de la cantidad recaudada en todas las comunidades autónomas. En términos absolutos, los mayores aumentos en euros asignados se producen en Madrid (6,7 millones de euros más) y Andalucía (5,3 millones más).

Por delegaciones de Hacienda, la provincia con más asignación es Ciudad Real (51,62%), seguida de Jaén (47,35%) y Badajoz (43,03%). En valor absoluto, las delegaciones de Hacienda donde han crecido más el número de asignaciones son Madrid, Sevilla, Málaga y Murcia.

Giménez Barriocanal ha explicado que funcionan con un mecanismo de solidaridad de modo que las diócesis que están en provincias con rentas altas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Murcia ayudan a sostener a las diócesis de la España despoblada donde la acción pastoral sería "casi imposible" si no tuvieran esta ayuda.

Por otra parte, ha precisado que la asignación tributaria supone, como media, el 22% de la financiación de las diócesis lo que significa, según ha indicado, "una progresiva mejora de su capacidad de financiación propia por otras vías al margen de la declaración de la renta" como el aumento de las colectas propias o el trabajo de las oficinas de sostenimiento en las diócesis.

En concreto, ha avanzado que las colectas han experimentado un incremento de "más del 10% en este año", y también han observado aumentos en los "cestillos digitales" y en las aportaciones periódicas.

Sobre los resultados de la Declaración de la Renta, el director del secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad, ha señalado que están "ante una campaña histórica pues el número de contribuyentes que confían en la labor de la Iglesia es cada vez más alto" y les ha dado las "gracias".

Según ha indicado, estos resultados son "un espaldarazo al servicio social y espiritual" de la Iglesia, "tras años de especial dificultad por la pandemia y por la guerra en Ucrania". Además, ha puntualizado que este incremento de la recaudación será también un "balón de oxígeno" para las parroquias que han visto "sus facturas multiplicadas" por el aumento de los costes de suministros.

Con motivo de la presentación de resultados, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha lanzado un especial en su web 'portantos.es/gracias', que ofrece la información más relevante de una manera visual y accesible.

Tal y como ha explicado Albalad, en esta web se muestra a los contribuyentes qué ocurre desde que marcan la casilla hasta que el dinero llega a su destino para hacer frente a las "fake news" que "proliferan", las cuales dicen que "esta recaudación de más de 320 millones de euros es para los obispos, cosa que no es cierta", según ha insistido.

Por otro lado, preguntados por si el Gobierno ha planteado alguna modificación del sistema de recaudación a través de la Declaración de la Renta, Giménez Barriocanal ha precisado que "el tema de la asignación tributaria, a día de hoy no está en la agenda" pero ha precisado que "de todo se puede hablar".

Sobre otros asuntos económicos que están tratando con el Gobierno, ha puntualizado que algunos ya han "dado a luz" como el de las inmatriculaciones "donde la Iglesia hizo un ejercicio de transparencia" y otros están "pendientes en agenda". "Se están trabajando y espero que podamos llegar a fondo a la consecución de los objetivos", ha remarcado.

Por otro lado, preguntado sobre si la Iglesia incluirá en su próxima memoria de actividades un apartado de indemnizaciones por casos de abusos, Giménez Barriocanal ha indicado que, a día de hoy, no tiene información sobre ninguna "modificación" en esa partida y ha pedido "dejar trabajar y que concluyan" las investigaciones sobre abusos que están realizando tanto el despacho de Cremades & Calvo-Sotelo como el Defensor del Pueblo. Mientras tanto, ha asegurado que "la Iglesia sigue trabajando en prevención y reparación".

He aquí un primer vistazo al perfil y la actividad de los miembros del Comité de Bioética, el organismo público que asesora al Gobierno sobre temas como el aborto y la eutanasia. ¿Hay algo que llame la atención? Veamos.

El presidente, Federico de Montalvo, es vicerrector de una universidad católica y ha cargado duramente contra la Ley de Eutanasia, sobre la que asesora al Gobierno, en un acto organizado por el episcopado. Los vocales Álvaro Gándara y Nicolás Jouve, que figuran como profesores de una universidad católica, son destacados puntales del movimiento provida. Gándara impulsa un intento de tumbar en el Constitucional la ley de eutanasia, sobre la que firma informes en el comité público asesor. Ambos son firmantes del manifiesto contra la eutanasia de la Plataforma Los 7.000, integrada por grupos de la esfera ultracatólica. Jouve, premio Hazte Oír por su compromiso antiabortista, preside la asociación Cívica, que tiene un contador de bebés muertos por aborto. Además, firmó una carta enviada al papa para advertirle contra los planes de Pedro Sánchez antes de una reunión que ambos líderes iban a mantener.

Más. Vicente Bellver, otro vocal, es también firmante del manifiesto contra la ley de eutanasia y miembro de la Academia Pontificia por la Vida, a la que ha pertenecido el también vocal José Miguel Serrano. Natalia López Moratalla, miembro del Opus, firma el manifiesto de la Plataforma Los 7.000. Manuel de los Reyes, otro vocal, tiene relación profesional con instituciones católicas.

Cuatro miembros del comité, de los 11 con derecho a voto, figuran como relacionados profesionalmente con organizaciones de la Iglesia católica, que mantiene una dura oposición a la ley de eutanasia y a otras materias sensibles desde el punto de vista bioético, como el aborto. Al menos cinco han participado en actos o iniciativas planteados de forma claramente contraria a la Ley de Eutanasia [ver La Caja Negra]. Cuatro pertenecen o apoyan a grupos del ámbito ultracatólico y provida.

Sobresale un dato. Más de la mitad de los miembros con derecho a voto del comité público asesor sobre aborto y eutanasia, 7 de 11, tienen estrecha vinculación con la Iglesia católica y sus instituciones. De Montalvo es vicerrector de la Universidad Pontificia Comillas y colaborador de San Juan de Dios; Gándara, profesor en la Católica de Ávila, es un destacado referente del movimiento católico provida, al igual que Nicolás Jouve. Vicente Bellver es miembro de la Academia Pontificia por la Vida, creada por Juan Pablo II, de la que ha sido miembro también José Miguel Serrano. Natalia López, miembro del Opus, también es firmante del manifiesto de la Plataforma Los 7.000, que reúne a la crema del lobby provida español. Manuel de los Reyes es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Bioética de Comillas y coordinador de la Comisión de Bioética de la Fundación Instituto San José, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Ley de eutanasia

No hay nada irregular en lo narrado en los anteriores párrafos, pero lo cierto es que las críticas al trabajo del comité se han extendido ya a las posiciones públicas de algunos de sus miembros. El detonante ha sido su trabajo sobre la eutanasia.

El organismo publicó en octubre de 2020 un informe contra el derecho a la eutanasia. En julio de este año, ya aprobada la norma, sacó otro a favor de la posibilidad de objeción no sólo de los sanitarios implicados, sino de todo el personal, incluso los celadores. El informe defendía –en contra de lo que dice la ley, el manual de buenas prácticas, el código ético de la Organización Médica Colegial y comités bioéticos como los de Andalucía y Cataluña– que la objeción de no debe ser sólo individual, sino también colectiva, con lo que pueden acogerse las instituciones de la Iglesia e imponerla a los trabajadores de sus hospitales, y todo ello sin perder sus conciertos públicos.

El informe sobre la objeción avala la posición de la Conferencia Episcopal (CEE), que ha solicitado el reconocimiento de los hospitales y residencias católicas como "zonas libres de eutanasia", y también con la de cinco agentes católicos de peso en el mapa sanitario que han advertido que no aplicarán la norma: la Orden de San Juan de Dios, la Federación Nacional Lares, Hospitales Católicos de Madrid, la Orden de Religiosos Camilos y la Conferencia Española de Religiosos (Confer).

De Montalvo, presidente del comité, ha acudido además en calidad de tal a un foro de la CEE contrario a la ley de eutanasia, donde se significó "en contra" de la norma. A su juicio, crea una "pendiente resbaladiza" que puede suponer 20.000 muertes al año. Ante los asistentes, De Montalvo habló de sí mismo como persona vinculada a la Iglesia. 

El Comité de Bioética está en el punto de mira. Y las críticas no se refieren sólo a sus argumentos, sino también a las conductas de sus miembros. El PSOE, a través de su secretaria de Salud, la exministra María Luisa Carcedo, ha afirmado que el comité se ha posicionado por las "creencias" de sus miembros. También se ha pronunciado el senador socialista y catedrático de Filosofía del Derecho Javier de Lucas, que calificó la presencia de De Montalvo en el foro de la CEE como "absoluta falta de decoro".

Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente, fue directo en Al Rojo Vivo. El comité, dijo, está siendo usado como una "herramienta" por la "jerarquía católica" para "dificultar la eutanasia". Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica, afirma que el comité, lejos de limitarse a su labor asesora, "intenta movilizar a la ciudadanía" contra la ley. En un voto particular al informe sobre la objeción, la vocal del comité Leonor Ruiz Sicilia apreciaba "incoherencias" que "parecen tener un carácter finalista con el fin de reconocer derechos de protección a determinadas instituciones", en aparente referencia a las organizaciones religiosas.

Comité de Bioética

De modo que las referencias a los nexos Comité de Bioética-Iglesia son múltiples. Pero, ¿quién forma este organismo que, a juicio de Derecho a Morir Dignamente, se ha sumado a una campaña de entorpecimiento de la ley? ¿Es justificable calificarlo de "herramienta" de la jerarquía católica?

El comité fue creado en 2007 por ley como un órgano "independiente" y "consultivo" adscrito al Ministerio de Sanidad para emitir informes para los poderes públicos “en asuntos con implicaciones bioéticas”, como el aborto, la eutanasia o las vacunas. Sus miembros son nombrados por Sanidad, a propuesta de las comunidades y el Gobierno, establece la ley. No ha entrado ni un solo miembro desde que gobierna el PSOE.

Su reglamento no sólo recoge que los miembros actuarán "con independencia de las autoridades" que los colocaron, sino que en el artículo 13, que regula el "conflicto de intereses", señala que "se inhibirán" de participar en asuntos "en que pudiera verse comprometida su independencia, imparcialidad u objetividad".

Federico de Montalvo

El presidente es Federico de Montalvo, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, de la que además es vicerrector y secretario general. Comillas, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, es una universidad erigida por la Santa Sede, con su dirección encomendada a la Compañía de Jesús. La universidad ofrece "una respuesta cristiana desde el mensaje de Jesús de Nazaret", dice la institución, cuyos profesores deben tener "identificación" con la "misión" de la universidad. De Montalvo, vicerrector de esta institución, trabaja con la Orden de San Juan de Dios y ha colaborado con las Hermanas Hospitalarias, explicó él mismo el martes en un acto de la Conferencia Episcopal.

De Montalvo niega, en conversación con infoLibre, que su criterio venga marcado por sus vínculos con instituciones católicas. Su posición en contra de "cargarnos un sistema que funciona", el de los conciertos con entidades de la Iglesia, "no es hacer clericalismo, es bioética" en defensa del paciente. Afirma que habla con total libertad, tanto de eutanasia en el foro de la CEE, como del pasaporte covid en la progresista Fundación Alternativas. De Montalvo recuerda que el informe contra la eutanasia como prestación de octubre de 2020 fue aprobado por unanimidad y el favorable a la objeción institucional sólo cosechó un voto particular. Y explica así el porqué de la abundancia de personas vinculadas a la Iglesia en el ámbito bioético y en el propio comité: "Los que han trabajado la ética y la moral históricamente han sido los teólogos. La ética a España llega con los jesuitas. La funda en España Francesc Abel. En la Iglesia, mucha gente se ha dedicado a eso".

Rogelio Altisent

El vicepresidente del comité, Rogelio Altisent, ya aparecía como un público opositor a la nonata ley de eutanasia antes de su nombramiento en 2018. En la presentación de ¡Doctor, no haga todo lo posible!, libro del sacerdote Pablo Requena, Altisent afirmó que “es una irresponsabilidad legislar la eutanasia en estos momentos” [ver La Caja Negra].

Álvaro Gándara

Álvaro Gándara, que figura como profesor del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Ávila, es un activista contra la eutanasia y la ley que la regula. Gándara ha protagonizado un intento de tumbar la ley en el Tribunal Constitucional mediante un escrito, firmado por él mismo, según el cual la ley "ha creado un nuevo derecho subjetivo individual, matar”.

Según explicó Gándara en abril a este periódico, la iniciativa pretendía –más allá de su propósito jurídico– “remover un poco el cotarro”, “tensar la cuerda” y “poner las pilas" a PP y Vox para que "no se duerman" y presenten sus recursos, como finalmente hicieron. Gándara ya celebraba los pasos de los dos partidos hacia el recurso desde antes de aprobarse la ley. Y todo ello siendo vocal del comité público que asesora al Gobierno sobre eutanasia.

Gándara es firmante de la campaña contra la eutanasia Plataforma Los 7.000, a la que están adheridos colectivos como One of Us –red europea provida liderada por Jaime Mayor Oreja–, Hazte Oír, Profesionales por la Ética, la Asociación Española de Abogados Cristianos, la Asociación Católica de Propagandistas y E-Cristians, entre otros. La plataforma anima a formar parte de la llamada Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad, liderada por Mayor Oreja. Además, Gándara figura como miembro del comité científico del Instituto Europeo de Bioética, contrario al aborto y la eutanasia y que ha hecho lobby provida en Bruselas.

Gándara es una figura destacada del mundo provida español. En 2015 los parlamentarios más antiabortistas del PP orillados por Mariano Rajoy recibieron una cena-homenaje, a la que asistieron numerosos referentes del lobby integrista y dirigentes de Vox. En la crónica del acto, Actuall cita a Gándara entre las personalidades que no asistieron pero "quisieron sumarse al aplauso".

Nicolás Jouve

Otro miembro del comité que, según la crónica de Actuall, quiso en 2015 "sumarse al aplauso" a Lourdes Méndez Monasterio –hoy puntal de Vox en el movimiento ultracatólico– y el resto de parlamentarios díscolos del PP fue Nicolás Jouve. Al igual que Gándara, este catedrático emérito de Genética figura como profesor del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Ávila. También suscribe el manifiesto de la Plataforma Los 7.000, contraria a la ley de eutanasia. Además, aparece como firmante de una carta al papa Francisco, de octubre de 2020, suscrita por grupos e individuos católicos para advertir al cabeza de la Iglesia, antes de una reunión con Pedro Sánchez, de los planes del Gobierno de impulsar las leyes de eutanasia, aborto y educación, que "chocan de pleno con la concepción cristiana de la vida".

Jouve es presidente de la asociación antiaborto y antieutanasia Ciencia, Vida y Cultura (Cívica), cuya última entrada en la web es un texto de un sacerdote y socio de la entidad contra la "criminalización de grupos provida". La web también tiene un "contador" de bebés muertos por aborto.

Jouve, miembro del órgano asesor del Gobierno sobre aborto y eutanasia, forma parte de la "red de expertos" de la Fundación Jérôme Lejeune, que colabora con la Universidad de Navarra (Opus) en "formación bioética". Tanto Cívica como Jérôme Lejeune están dentro de la red europea de asociaciones provida One Of Us (Mayor Oreja), de la Plataforma Sí a la Vida y de la Plataforma Los 7.000. Cívica formó además parte en 2016 del surgimiento de la Plataforma por las Libertades, contra la "ideología de género".

Eldiario.es publicó en 2013, tras ser nombrado Jouve miembro del comité el año anterior, que había escrito un artículo en el que afirmaba que "la conducta homosexual" es "un modo de vida" "irregular y desordenado”.

En 2010 Hazte Oír le dio uno de sus premios anuales por ser promotor del texto contra el aborto conocido como "Manifiesto de Madrid".

"Soy un académico, soy profesor, soy genetista, soy catedrático, lo único que me interesa es la verdad científica. Lo mío no son opiniones ideológicas. El inicio de la vida es la fecundación, eso no lo puede rebatir nadie. Sobre el aborto, sobre la utilización de los embriones, lo que yo puntualizo es que se trata de manipulaciones de vidas humanas", señala a infoLibre Jouve, que cree que en el comité hay suficiente pluralidad y que la política queda al margen de sus decisiones. Jamás se ha visto en conflicto, asegura. En la asociación Cívica, en la Plataforma Los 7.000, en su artículo sobre la homosexualidad, ¿no hay ideología?, le pregunta el periodista. Lo rechaza de plano. Lo único que hace es "puntualizar con datos científicos".

Vicente Bellver

La firma del filósofo del derecho Vicente Bellver figura también el manifiesto de la Plataforma Los 7.000 (contra la eutanasia). Bellver, miembro de la Academia Pontificia por la Vida, una institución creada por Juan Pablo II, fue anunciado por la Archidiócesis de Madrid como miembro de la mesa inaugural del X Congreso de Familias y Docentes Católicos de 2020 junto a Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Finalmente se suspendió.

"No parece que la respuesta del Gobierno ante la pandemia que sufrimos deba consistir en aprobar una ley que permita dar muerte a los más mayores, enfermos y dependientes", escribía Bellver en Las Provincias en noviembre de 2020 sobre la eutanasia. Y añadía: "Las personas con enfermedades crónicas o terminales van a sentir todos los días en sus oídos el susurro de una insidiosa pregunta: ¿seguro que te sigue valiendo la pena vivir en esas condiciones?".

Bellver no ve conflicto alguno. "Hay gente muy celosa de su libertad de conciencia y hay gente que obedece a instancias distintas de su conciencia. Yo te aseguro que no tengo más criterio de pensamiento y decisión que el de mi conciencia", explica el catedrático, que rechaza "la utilización de la biografía" de alguien para "proyectar un halo de sospecha" y destaca la pluralidad interna de la propia Iglesia. "El hecho de ser católico no significa tener un alineamiento alienante", expone. ¿No compromete sus posiciones formar parte de la Plataforma Los 7.000 o de la Academia Pontificia por la Vida? "Yo no soy un lobista, soy un académico", responde el miembro del comité, a cuyo juicio "lo fundamental" en un comité es "garantizar" la "pluralidad".

José Miguel Serrano

De la Academia Pontificia por la Vida creada por Juan Pablo II también ha formado parte José Miguel Serrano, filósofo del derecho y miembro del comité.

Natalia López

La catedrática emérita de Bioquímica y Biología Molecular Natalia López incluye en su trayectoria la dirección de estudios, un vicedecanato y un vicerrectorado de la Universidad de Navarra, controlada por el Opus Dei, organización de la que es miembro.

López "ha recibido la Medalla de Oro de la Universidad de Navarra y el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Panamericana de México [también católica] por su defensa de la vida desde la ciencia", señala su currículo en el comité, del que es vocal.

Al igual que Gándara y Jouve, también López figura como firmante del Manifiesto de la Plataforma Los 7.000. Es decir, milita en la causa contra la eutanasia.

En una entrevista publicada en 2013 por la Fundación Vida SV, de El Salvador, López respondía así cuando se le preguntaba qué pasa ante la posibilidad de abortar tras una violación: "Depende de los países. [...]. No se ha demostrado, pero si al trauma de la violación le sumas el del aborto, destruyes a la mujer". El Opus difunde puntos de vista de López Moratalla, a la que sitúa entre las "mujeres de vanguardia".

En respuesta por escrito a preguntas de este periódico, López señala que su "defensa de la vida es siempre desde la ciencia, con argumentos llenos de rigor científico y respeto a quienes opinan de forma diferente". "Nunca he tenido el más mínimo conflicto entre la ciencia y mi fe", asegura. Afirma que jamás ha observado ningún motivo para inhibirse en ningún tema. "Mis colegas en comité son profesionales de prestigio, cada informe tiene detrás un trabajo serio, que respeta las opiniones justificadas de los demás y procura y consigue el máximo entendimiento", señala.

Manuel de los Reyes

Manuel de los Reyes López, especialista en cardiología, es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. En su currículo en el Comité de Bioética, figura como coordinador de la Comisión de Bioética de la Fundación Instituto San José, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Emilia Sánchez Chamorro

Emilia Sánchez Chamorro, secretaria técnica del comité y por lo tanto sin voto, ha trabajado en Servicios Centrales de Sant Joan de Déu como directora de Desarrollo Profesional y Estratégico, y posteriormente como directora de Proyectos e Innovación.

Los otros vocales son Encarnación Guillén, Leonor Ruiz Sicilia y Fidel Cadena.

Los nombramientos

El comité tiene 12 miembros, ocho hombres y cuatro mujeres. Una no tiene derecho a voto, la secretaria.

Hay dos fechas clave para entender cómo se configuró la actual composición del cuadro de 11 miembros con voto. La primera es el 19 de noviembre de 2012, cuando la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato (PP), firma una orden, publicada el 12 de enero de 2013, que incluye el nombramiento de Federico de Montalvo, Nicolás Jouve, Vicente Bellver, Manuel De los Reyes –por acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud–, Natalia López –por acuerdo del Ministerio de Industria– y José Miguel Serrano Ruiz-Calderón –por acuerdo del Ministerio de Sanidad–. Además, también fue nombrado entonces, a propuesta del Ministerio de Justicia, el fiscal Fidel Cadena. Todos ellos, siete de los 11 miembros con derecho a voto, siguen hoy en el comité.

La segunda fecha que hay que observar es el 9 de mayo de 2018, cuando la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, firma otra orden que supone la renovación de De Montalvo, Jouve, Natalia López, José Miguel Serrano y Fidel Cadena, en virtud de la posibilidad de hacerlo que brinda la Ley de Investigación Biomédica. Además, el ministerio de la propia Ana Mato propone y nombra Álvaro de la Gándara y Rogelio Altisent.

La nómina se completa con Leonor Ruiz Sicilia –por acuerdo de las comunidades autónomas– y Encarnación Guillén, por el Ministerio de Economía. El acuerdo se publicó el 2 de junio de 2018, el mismo día, exactamente el mismo, en que se publicó el cese de los ministros del último gobierno de Mariano Rajoy, que había caído víctima de una moción de censura unos días antes. Aquella fue la última renovación del Comité de Bioética, que reforzaba la mayoría conservadora que ya existía antes.

Al movimiento contrario a la impunidad de las inmatriculaciones de la Iglesia se le cierra otra puerta. Tras la decepción que sufrió por el aval del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a la inscripción de decenas de miles de bienes por parte de la institución católica, la asociación Movimiento Hacia un Estado Laico (Mhuel) había probado un camino inexplorado: una querella contra un registrador de la propiedad, que pretendía demostrar la complicidad del Estado con la jerarquía católica en las inmatriculaciones.

¿Resultado? Un juzgado de Zaragoza acaba de archivar el caso.

Tras la pista de un templo mudéjar

La asociación Mhuel, radicada en Aragón, interpuso la querella el 12 de marzo de 2021. La dirigió contra el registrador de la propiedad 2 de Zaragoza, J.J.O.A., y una alto cargo de la Dirección General de los Registros y Notariados, R.L.M., por los supuestos delitos de falsedad documental y prevaricación, respectivamente.

En la querella, la asociación relataba que en junio 2015 había solicitado al registro una certificación que contuviera el histórico de inscripciones completo de la Iglesia de San Pablo, de estilo mudéjar, a lo que el registrador respondió que no había inscrito ningún inmueble con ese nombre. Casi dos años después, en abril de 2017, el mismo registro expidió una nota a petición del Ayuntamiento de Zaragoza en la que sí aparece inscrita, concretamente con fecha de 5 de mayo de 1987. Los demandantes concluyeron que el registrador se había amparado en un detalle formal de su solicitud, la falta del nombre completo del templo, Iglesia Parroquial de San Pablo Apóstol, para escamotear a la asociación laicista la información sobre el templo, que había sido inmatriculado por la Diócesis de Zaragoza, explica Jorge García, presidente de Mhuel.

García, que acata y respeta el sobreseimiento del caso, cree que el registrador debía entender "sin lugar a dudas" a qué templo se refería la asociación al ser conocido inequívocamente en toda la ciudad. "Dentro de la lógica más elemental, Mhuel se pregunta si es posible la negativa por parte de un fedatario público cuando se le pregunta: '¿Dónde y a qué nombre está la Iglesia de San Pablo en la calle y plaza de San Pablo de Zaragoza?'", en palabras de la asociación.

Al considerar que la certificación del registrador no era "veraz", la asociación presentó una denuncia ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reclamando la apertura de un expediente sancionador. La respuesta fue negativa. A juicio de la asociación, la contestación incumplía las obligaciones a seguir en un caso como aquel. 

Admisión a trámite y sobreseimiento

En su querella, tras agotar la vía administrativa, la asociación consideraba que los hechos podían ser constitutivos de prevaricación y falsedad documental. La iniciativa penal fue admitida a trámite, lo que despertó expectativas en el movimiento de recuperación del patrimonio inmatriculado. El juzgado de instrucción 9 de Zaragoza, el mismo mes de marzo, inició diligencias previas por los delitos denunciados y citó a declarar a los dos querellados. Ahora, tras escucharlos, ha sobreseído el caso.

El 10 de septiembre el juez Eduardo López dictó un auto de sobreseimiento al considerar que "el contenido de la certificación emitida" por el registrador demandado "no falta a la verdad". "Ciertamente se trata de un edificio muy conocido en la ciudad y la referencia dada en la solicitud de la querellante es suficiente para saber de qué edificio se trata. Sin embargo, ha de concluirse que la certificación de 9 de junio de 2015 no contiene falsedad alguna", señala el auto, que tampoco cree que haya existido una "actuación arbitraria dolosa", mucho menos con relevancia penal. El juzgado también exime de responsabilidad a la alto cargo de la Dirección General de los Registros y Notariados, al no apreciar "ningún indicio de adopción de resolución injusta".

Tras conocer el auto, Movimiento Hacia un Estado Laico señala: "No nos quedó más remedio que judicializar este asunto después de más de cinco años de peloteo administrativo entre diferentes instituciones del Estado, en un cruce de escritos nada clarificadores y contradictorios sin poder dilucidar algo tan sencillo como: '¿Está la Iglesia de San Pablo en la calle San Pablo de Zaragoza y sí dicha Iglesia está inmatriculada a nombre de quién?'". "Opinamos que era un tema tan obvio y sencillo para su rápida aclaración que nunca pensamos que se prolongaría más de un lustro por la vía administrativa para luego terminar en un procedimiento judicial penal", añade la asociación, que no recurrirá el auto al considerar que existen escasas posibilidades de éxito y contar la asociación con pocos recursos para afrontar costas.

La pretensión de fondo

La iniciativa penal iba más allá del caso concreto del templo zaragozano. Organizaciones como la coordinadora de asociaciones contra las inmatriculaciones Recuperando y Europa Laica han puesto reiteradamente el foco del escándalo de las inmatriculaciones en el papel de los registradores de la propiedad, como una forma de implicar al Estado.

La querella se presentó en marzo, después de que en febrero el Gobierno echase un jarro de agua fría sobre el movimiento laico al avalar la legalidad de casi 35.000 inmatriculaciones de la Iglesia y estrechar los márgenes para la recuperación de bienes, empeño que requiere pleitos caso por caso, vía que suma contadísimas reversiones. El movimiento patrimonialista viene exigiendo desde entonces al Gobierno soluciones para evitar un cierre en falso del problema, en el que hasta la fecha la Iglesia católica se ha salido con la suya.

Jorge García, presidente de Movimiento Hacia un Estado Laico, explica a infoLibre que, en efecto, que la querella pretendía implicar al Estado en las inmatriculaciones para obligarlo a actuar y dar explicaciones. "Si pruebas que una Administración del Estado ha actuado en connivencia con la Iglesia católica en las inmatriculaciones, estás demostrando que han ido de la mano durante todo el tiempo. Entonces, ahí implicas a la parte política y al Estado, que tiene que moverse", señala García, que recuerda que el Gobierno está, a su juicio, en falta con sus compromisos: "Pedro Sánchez dijo lo que dijo y ha hecho lo que ha hecho". Añade García: "Pretendíamos demostrar, o intentar demostrar, que una persona normal va al registro y la tratan de manera y un arzobispo iba al registro como Pedro por su casa e inmatriculaba lo que le daba la gana".

García cree que hay motivos para pensar que "el Estado y la Iglesia han estado más que unidos", que "han sido absolutamente cómplices" y que "no hay voluntad política para remover eso". Añade que son frecuentes los casos en que los registros han enredado a los particulares y movimientos laicistas que han intentado arrojar luz sobre las inscripciones de bienes en laberintos administrativos que han terminado siendo disuasores. García advierte que en ningún caso su asociación, ni el movimiento laicista y patrimonialista, dejará de pelear por la reversión de las inmatriculaciones.

Se trata de una posibilidad, la imposición de la objeción, excluida por la ley y rechazada de plano por el Gobierno pese a la publicación de un informe a favor de las pretensiones de la Iglesia del propio Comité de Bioética. Este organismo, cuyo presidente ha participado ahora en las jornadas, ya fue criticado por el PSOE y la Asociación Derecho a Vivir Dignamente, en el primer caso por elaborar un dictamen basado en las "creencias" de sus miembros, en el segundo por ser una "herramienta" del episcopado.

De Montalvo, que además de presidente del Comité de Bioética es vicerrector de la Universidad Pontificia Comillas, trabaja con la Orden de San Juan de Dios y ha colaborado con las Hermanas Hospitalarias, según explicó. Ante los delegados de la Pastoral de la Salud en las diócesis, afirmó que está "en contra" de la norma. De la ley dijo que es "bastante mala en su redacción" y que genera las condiciones para una "pendiente resbaladiza" que puede provocar hasta 20.000 muertes al año. También dio indicaciones sobre cómo actuar ante la ley: "Creo que exige un esfuerzo por los que colaboramos con la Iglesia por dejar determinadas ideas claras", por ejemplo el "acompañamiento". "La obligación de todos los que estamos aquí, de las instituciones de la Iglesia, y yo trabajo en una organización de la Iglesia, la Universidad Pontificia Comillas, es reflexionar sobre cómo podemos ayudar a [...] evitar la pendiente resbaladiza [en la aplicación de la ley]".

En declaraciones a infoLibre, De Montalvo afirma que su participación no era "contra la Ley de Eutanasia", sino para dar libremente su opinión como la ha dado también, hablando del pasaporte covid, en la Fundación Alternativas, de signo progresista. Defiende su intervención en lo que entiende como un mero "foro de salud", donde ha hablado "en libertad" y sin que nadie le indique lo que debía decir. "Me sitúo en el plano jurídico, muy aséptico", afirma. Su posición en contra de "cargarnos un sistema que funciona", como a su juicio es el que incluye los conciertos con instituciones católicas, "no es hacer clericalismo, es bioética".

CEE: "Una ofensa contra Dios"

Las jornadas organizadas por la CEE consisten en un encuentro online de los delegados de Pastoral de la Salud en las diócesis, que se celebra este miércoles y jueves, con el tema "Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso (Lc 6, 36). Acompañar al que sufre". "La ley de la eutanasia también hace más urgente, como recuerdan los obispos en el documento Sembradores de esperanza, 'buscar el sentido del sufrimiento, acompañar y reconfortar al enfermo en la etapa última de su vida terrenal [...]'", señala la CEE sobre las jornadas. Dicho documento, Sembradores de esperanza, considera la eutanasia "éticamente inaceptable" e "ilícita", además de "una ofensa" contra el ser humano y, por tanto, contra Dios". "Esta es la razón por la que Dios pronunció el precepto 'no matarás'", señala el texto, enlazado en la presentación de las jornadas en la web episcopal.

Las jornadas se iniciaron con la bienvenida de Francesc Pardo Artigas, obispo de Girona y responsable de Pastoral de la Salud. Presentó a De Montalvo el director del Departamento de Pastoral de la Salud, José Luis Méndez Jiménez, que abrió la jornada con una oración: "Oh, Dios, tú quisiste que tu hijo unigénito soportara nuestras debilidades, para manifestar el valor de la enfermedad y la paciencia humana". También está prevista la participación de Francesc Ramis Darder, miembro de la Asociación Bíblica Española, así como representantes del Servicio Interdiocesano de Pastoral de la Salud, los Profesionales Sanitarios Cristianos (Prosac) y la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes.

La oposición de la Iglesia

¿En qué contexto se produce la participación del presidente del comité asesor del Gobierno en las jornadas? En un contexto de incertidumbre por el papel de la Iglesia católica y sus instituciones, contrarias a la aplicación de la eutanasia en sus centros y al mismo tiempo claves en el mapa sanitario español.

La Ley de Eutanasia, aprobada en marzo con el voto en contra de PP y Vox, reconoce el derecho a la objeción de conciencia, pero recalca que es "una decisión individual". Ello choca con las pretensiones de la CEE, que ha solicitado el reconocimiento de los hospitales y residencias católicas como "zonas libres de eutanasia".

Además, cinco agentes católicos de peso en el mapa sanitario han suscrito un manifiesto de rechazo a la aplicación de la norma, que advierten no estar "dispuestos" a aplicar: la Orden de San Juan de Dios, la Federación Nacional Lares, Hospitales Católicos de Madrid, la Orden de Religiosos Camilos y la Conferencia Española de Religiosos (Confer). 

Más contexto. La aprobación de la ley ha puesto en alerta a la jerarquía católica, donde se han multiplicado las voces de denuncia de las principales voces de la Iglesia en España. El propio papa Francisco, en una entrevista en la Cope, vinculó la eutanasia con una "cultura del descarte". "Los viejos son material descartable. Molestan", lamentó.

El aval del comité

El Comité de Bioética, a través de un informe de julio, ha dado aval a las posiciones de la Iglesia y los grupos católicos, que a juicio de la asociación Derecho a Morir Dignamente van a "generar problemas" para la aplicación de la ley. El comité que preside De Montalvo defiende la objeción institucional y concluye que el "ideario" de una "persona jurídica" se puede "imponer" a sus trabajadores, que así no podrían aplicar la norma en los centros católicos. El comité defiende además que las entidades religiosas objetoras deben poder seguir recibiendo dinero público por conciertos.

Tras la publicación en infoLibre de su posición a favor de la objeción colectiva, el comité ha sido acusado por la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo (PSOE) de guiarse por "las creencias personales de sus miembros" y por Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente, de ser usada como "herramienta" por la "jerarquía católica".

La intervención de De Montalvo

Retomemos la intervención de este martes de De Montalvo, que afirmó que la ley es "un tanto extraña", por haber sido tramitada como proposición de ley del PSOE y no como proyecto de ley del Gobierno, lo que a su juicio podría deberse al deseo de evitar informes como el del Consejo General del Poder Judicial. Además, es "bastante mala en su redacción", añadió.

Su pronóstico, a partir del caso holandés, es que en España acabará habiendo entre 35 y 50 muertes por eutanasia al día o incluso que podría llegar a haber 20.000 casos al año. "Si dentro de cinco años digo 'esta ley se ha aplicado sólo a unas pocas personas que lo querían y con unas garantías', reconoceré que me equivoqué en mi predicción", afirmó, después de advertir que "pueden ser los hijos los que sin intención animen a la persona a adoptar una solución rápida" o los propios enfermos los que quieran morir para no ser una carga para sus hijos. "Hay que pensar que esta ley se implanta en un momento en que vamos a afrontar unas enormes dificultades socioeconómicas", recalcó. De Montalvo lanzó la sospecha de intenciones ocultas en la ley, que "a lo mejor viene bien porque permite tapar otros problemas de mayor calado que tiene que afrontar nuestra sociedad". Y señaló que le parece "insólito" que se haya aprobado "en un momento en que han muerto tantas personas" por el covid-19.

"¿Cómo nos alientas, o qué caminos podíamos hacer en la Iglesia, en clave positiva, para vivir y propiciar más el final de la vida en su sentido más amplio?", le preguntó uno de los asistentes a las jornadas al presidente del organismo. "Todos tenemos que luchar para evitar la pendiente resbaladiza, todos tenemos que luchar para que esta ley no se aplique fuera del marco que es algo impreciso en el que está prevista aplicarse. Eso exige un esfuerzo de todos. Creo que exige un esfuerzo por los que colaboramos con la Iglesia por dejar determinadas ideas claras", respondió el presidente del comité.

"Los que nos pronunciamos en contra [de la norma] parece que hemos encontrado un punto de encuentro, y que todos estamos dispuestos a defender la sedación paliativa en el sufrimiento existencial refractario, como ha hecho la Orden San Juan de Dios en una publicación muy interesante", señaló De Montalvo, que explicó que acaba de ser nombrado vicerrector y secretario general de la Universidad Pontificia de Comillas. Además, trabaja con la Hermandad San Juan de Dios y ha colaborado con las Hermanas Hospitalarias, explicó.

El presidente del Comité de Bioética defendió el derecho de las organizaciones religiosas a la objeción de conciencia institucional, sin que ello suponga la pérdida de conciertos públicos, de forma que no dejen de prestar su "magnífico" servicio. "¿Qué pretende la objeción constitucional? Garantizar que quienes están prestando de manera extraordinaria el servicio lo puedan seguir prestando pese a esta ley sin la necesidad de ofrecer la eutanasia". Se trata, dijo, de evitar la "tentación" de alguna consejería de sustituir a la entidad católica por otra, que podría ser "un fondo privado". "No lo hago desde el punto de vista de defensa de Iglesia, o porque esté en una institución que es de la Iglesia. Es que me preocupo por los pacientes", afirmó De Montalvo, que durante la respuesta a las preguntas planteadas por los asistentes se mostró en contra del "mito" laicista español. "En España pensamos que la mayor expresión de democracia es el Estado laico [...]. Confundimos laicismo con democracia, es una cosa que no pasa en el resto del mundo", dijo.

La explicación del presidente del comité

"Lo que yo evito es el extremismo, en cualquier lado, los blancos o negros. He hablado con libertad", señala De Montalvo en declaraciones a este periódico. La reflexión sobre la eutanasia, afirmó, "trasciende la ideología" y no entenderlo es "empobrecer el debate". "Yo creo en los grises, todo tiene sus matices. Me sitúo en el plano jurídico, muy aséptico. Es un tema muy controvertido, no es dicotómico". A su juicio, su participación como presidente de un organismo público en el acto no es inadecuada porque ha sido en la Pastoral de Salud, ante "personas que trabajan en los hospitales ayudando a cumplir un derecho, que es la asistencia espiritual". "No me han invitado al congreso nacional del PP o de Vox. Estaban médicos, sanitarios y los capellanes que están en los hospitales, que cumplen un papel esencial", dijo.

La Iglesia católica ha acumulado 51,7 millones de euros de superávit en cuatro años gracias al dinero público que recibe cada año por las equis marcadas en la declaración de la renta, según las memorias económicas de la Conferencia Episcopal Española (CEE) examinadas por infoLibre. Casi el 60% de este superávit fue a parar a Trece, brazo televisivo del grupo mediático de la Iglesia. Este envío de dinero de origen público a una sociedad mercantil es una práctica cuestionada por el Tribunal de Cuentas, que cree que podría vulnerar la normativa europea sobre libre mercado. El resto, algo más del 40%, ha pasado a engordar el llamado "fondo de reserva" de la institución católica. Ni la CEE ni Trece respondieron a las preguntas planteadas por este periódico para este artículo.

El superávit de la Iglesia en 2016 gracias al dinero público que le llegó vía IRPF fue de 19,3 millones, de los que 9 fueron a Trece y 10,3 al fondo de reserva de la Iglesia.

Ingresos y gastos de la Iglesia con el dinero público llegado vía IRPF en el ejercicio 2016.

En 2017, el saldo positivo ascendió a 15,9 millones: 11 para Trece y 4,9 para la hucha. Un año después, en 2018, el superávit descendió hasta 3,76 millones, íntegramente dedicado a la televisión que emite El Cascabel. ¿Con qué justificación se envió allí el dinero? Así lo explicaba Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, en el documento Principales cifras de la economía de la Iglesia católica en España. Año 2018: "La Asamblea Plenaria [de la CEE] entiende que se trata de un proyecto plenamente coincidente con los fines propios de la Iglesia de apostolado, además de permitir participar de la eucaristía diaria a miles de personas impedidas, enfermas o de avanzada de edad en hospitales, residencias de ancianos o sus propios domicilios". El también presidente de COPE señalaba que "en los ocho años de vida del canal se han retransmitido cerca de 3.000 eucaristías con una audiencia acumulada de más de 200 millones de personas".

En 2019, el último ejercicio del que la CEE ha elaborado memoria, la cuenta favorable a la Iglesia gracias al IRPF fue de 12,74 millones, resultado de sumar los 6,8 millones para Trece y 5,94 para el fondo de reserva. Esta vez, no aparece calculada esta cifra ni rotulada como "superávit", un apartado que sí está en memorias anteriores. No obstante, los conceptos que componían el "superávit" en memorias anteriores –Trece y fondo de reserva– se repiten en la del 2019. Se trata de un cambio en la forma de presentación, que se produce justo después de que el Tribunal de Cuentas cuestionase que la Iglesia católica obtuviese superávit gracias al IRPF.

Ingresos y gastos de la Iglesia con el dinero público llegado vía IRPF en el ejercicio 2019, último del que hay memoria publicada.

Es necesario hacer una puntualización para entender de qué superávit estamos hablando. No se trata del saldo positivo que recogen las cuentas de las diócesis para el conjunto de su actividad económica, que incluye ingresos privados como por ejemplo las donaciones. Dicho superávit, que podríamos llamar global, fue de 22,1 millones en la última memoria presentada (2019). No, aquí lo que se aborda es el superávit obtenido gracias el IRPF, que supone para la Iglesia un ingreso mayor del que gasta y justifica. Ese superávit gracias al dinero público pagado por todos los contribuyentes es el que ha ascendido a 19,3 millones en 2016, 15,9 en 2017, 3,76 en 2018 y 12,74 en 2019.

De modo que el superávit gracias al IRPF en el periodo 2016-2019 asciende a 51,7 millones, según la información recogida en las memorias de la CEE, que hasta el año que viene no presentará el resumen del ejercicio 2020. Ese saldo favorable se debe a que la institución católica no emplea todo lo que llega año a año gracias a la casilla de la Iglesia, cantidades que desde 2008 han rondado los 250 millones al año para luego ir subiendo hasta situarse en más de 300 millones en 2019, ejercicio récord, como se observa en el cuadro de evolución de la asignación vía IRPF realizado por la propia CEE.

Evolución de la asignación del Estado a la Iglesia vía IRPF, en el periodo 2008-2019.

De esos 51,7 millones de superávit gracias al dinero público, 30,56 (59,1%) fueron destinados a Trece y 21,14 (40,9%) al fondo de reserva de la Iglesia, siempre según las memorias de la jerarquía católica.

infoLibre preguntó a la CEE, entre otras cuestiones, a cuánto ascendía el fondo de reserva, sin respuesta. Lo que sí se sabe por las memorias publicadas –una exigencia del Gobierno a raíz de subir la asignación por cada equis en la casilla de la Iglesia del IRPF del 0,5239% al 0,7%– es que entre 2016 y 2019 se le asignaron más de 21 millones.

Ni la CEE ni Trece aclaran cuánto ha dedicado en total la Iglesia a la emisora, ni qué parte sale del IRPF.

Cuestionamiento del Tribunal de Cuentas

Tanto el superávit gracias al dinero público como su entrega parcial a Trece son prácticas controvertidas. El informe del Tribunal de Cuentas sobre la relación económica Iglesia-Estado, aprobado en julio de 2020, era claro: "El importe de la aportación debería ajustarse al valor de las necesidades a cuyo sostenimiento se ayuda". Y añadía: "Ha de señalarse que no ha sido objeto de acuerdo entre el Estado y la Iglesia, o de regulación, el tratamiento de eventuales desajustes (déficits y superávits)". Hay un vacío. El informe alertaba también de "una posible divergencia entre el compromiso de colaboración adquirido por el Estado y las necesidades efectivas de financiación de la Iglesia".

El destino del superávit es lo que más preocupa al órgano fiscalizador, que recalca que las memorias recogen “aportaciones de fondos propios a una entidad mercantil controlada por la Iglesia [Trece TV] procedentes de la asignación tributaria”. Y eso plantea posibles problemas. ¿Por qué? Lo señala el propio informe, que recuerda que el Tratado de Funcionamiento de la UE prohíbe las ayudas con fondos estatales, "bajo cualquier forma", que "falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas”. El informe concluye: “A estos efectos, resulta relevante la intervención del Estado en la exacción de los fondos que constituyen la asignación tributaria, y la naturaleza pública de esta intervención”. El Tribunal de Cuentas pone así bajo sospecha el dinero entregado a Trece, para lo que se apoya también en jurisprudencia europea. El informe recomienda regular el "tratamiento" que se dé a los superávits, así como la información que le permita al Estado "comprobar si el destino" del dinero público es compatible con el derecho comunitario. El Gobierno está negociando con la CEE diversos asuntos, entre ellos la introducción de reformas de la relación económica Estado-Iglesia. Está por ver en qué se traduce y si afecta a este punto.

Enrique Ruiz del Rosal, economista miembro de Europa Laica, critica que la Iglesia logre superávit gracias a fondos públicos y lamenta que parte del mismo vaya a una empresa privada. "Es una alteración del mercado incompatible con el derecho comunitario", señala Ruiz del Rosal, que ya lo decía antes del informe del Tribunal de Cuentas. "Estamos jugando con fuego, porque si acaba llegando una sanción, no la va a pagar la Iglesia, la va a pagar el Estado", advierte. El economista también afirma que la Iglesia peca de falta de transparencia por no hacer público a cuánto asciende su fondo de reserva.

El enfoque del Comité de Bioética estatal sobre la objeción de conciencia ante la Ley de Eutanasia no es, ni de lejos, unánime en el campo de la bioética. Al menos dos comités autonómicos, los de Andalucía y Cataluña, se oponen a la polémica objeción de conciencia en bloque –de carácter institucional y no de cada individuo– a la que pretende acogerse la Iglesia católica y que sí cuenta con el apoyo del comité estatal.

La Ley de Eutanasia, aprobada en marzo con el voto en contra de PP y Vox, reconoce el derecho a la objeción de conciencia, pero recalca que es "una decisión individual". El manual de buenas prácticas del Consejo Interterritorial de Salud abunda en esa definición y añade que "no podrá discriminarse a ningún profesional sanitario que haya declarado su condición de objetor". El código ético de la Organización Médica Colegial también considera que "no es admisible una objeción de conciencia colectiva o institucional".

Todo ello choca con las pretensiones de la Conferencia Episcopal, que ha solicitado el reconocimiento de los hospitales y residencias católicas como "zonas libres de eutanasia". Se trata de un posicionamiento relevante. La última memoria de la CEE cifra en 878 las "casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad" y en 69 los hospitales de la Iglesia, sumando casi 850.000 usuarios. Además, cinco agentes católicos de peso en el mapa sanitario han suscrito un manifiesto de rechazo a la aplicación de la norma, que advierten no estar "dispuestos" a aplicar: la Orden de San Juan de Dios, la Federación Nacional Lares, Hospitales Católicos de Madrid, la Orden de Religiosos Camilos y la Conferencia Española de Religiosos (Confer). Sólo la Fundación Lares aglutina más de 1.000 centros y servicios.

El Comité de Bioética, a través de un informe de 21 de julio, ha dado aval a las posiciones de la Iglesia y los grupos católicos, que a juicio de la asociación Derecho a Morir Dignamente van a "generar problemas" para la aplicación de la ley. El comité, presidido por Federico de Montalvo, defiende la objeción institucional o colectiva y concluye que el "ideario" de una "persona jurídica" puede funcionar como "un límite" a la "libertad" de su trabajador cuando este atenta contra dicho ideario. Ante un posible acto eutanásico, "no cabe esgrimir tal libertad", añade. Es decir, los centros de la Iglesia "son titulares de la objeción de conciencia en su condición de titulares de un ideario", el cual "puede imponerse a sus trabajadores". El comité defiende además que las entidades religiosas objetoras deben poder seguir recibiendo dinero público por conciertos.

Tras la publicación en infoLibre de su posición a favor de la objeción colectiva, el comité estatal ha sido acusado por la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo (PSOE) de guiarse por "las creencias personales de sus miembros" y por Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente, de ser usada como "herramienta" por la "jerarquía católica".

La objeción "no puede imponerse" 

Como ha comprobado este periódico, la posición sobre la objeción del Comité de Bioética, que ya se opuso en un informe en 2020 a que la eutanasia fuera un derecho, difiere de la expresada por al menos dos organismos similares de ámbito autonómico.

El comité andaluz señala que "la objeción de conciencia se ejerce de manera individual, no colectivamente". "La conciencia moral tiene su origen en la libertad individual y tiene un carácter autónomo [...]. El individuo apela a la objeción de conciencia cuando un comportamiento concreto que le exige una norma externa colisiona gravemente con los mandatos de su propia conciencia, y lo hace para evitar esa colisión. Por eso la objeción de conciencia no puede imponerse colectivamente en ninguna institución. Es un posicionamiento estrictamente personal para preservar la libertad de conciencia de uno mismo, no de otros", señala el comité, que añade que "la objeción de conciencia se desnaturaliza si se interpreta políticamente como herramienta para cambiar instituciones o leyes o para evitar que se lleven a cabo comportamientos que sean considerados moralmente inaceptables". A diferencia del comité estatal, que considera que incluso los celadores pueden ser objetores, el andaluz recalca que sólo afecta a los "profesionales sanitarios" que están "directamente implicados en la prestación”.

El informe del comité andaluz sobre objeción de conciencia es del mes de abril, es decir, es anterior al estatal. Su contenido fue citado por Leonor Ruiz Sicilia, miembro del Comité de Bioética estatal, en un voto discrepante en el informe estatal. Para Ruiz Sicilia, miembro también del comité andaluz, la conciencia moral "habita de la piel hacia dentro de un ser humano concreto donde es única, y desde donde conforma en ese individuo, y no en otro, la experiencia originaria del deber". Es decir, no cabe la objeción de conciencia colectiva.

En cuanto a las entidades religiosas con concierto público, "el tema es de mayor calado", recalca el voto discrepante: "Estas instituciones reciben recursos públicos y el conflicto se plantea entre el derecho [...] a que se respeten sus idearios institucionales y el derecho de la ciudadanía, que no las eligió, a recibir las prestaciones que la ley les garantiza". A juicio de Ruiz Sicilia, son necesarios contratos "claros, públicos y transparentes".

"Personal, individual e intransferible"

El informe del comité catalán señala que "la objeción de conciencia es personal, es decir, individual e intransferible" y "no puede nunca consistir en la negación de la prestación", porque de ese modo "se estaría imponiendo a la ciudadanía, que es moralmente plural, una opción moral particular".

El dictamen señala que "todas las instituciones que gestionan servicios sanitarios, sociosanitarios o residenciales" deberían "cumplir con las prestaciones de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud" si trabajan con un convenio o concierto. "Si [...] no aceptan aplicar la ley, poniendo su ideario por encima del consenso social patente en la norma, no sólo no respetarían la autonomía del paciente, sino que le impondrían un criterio ajeno", señala el informe, que recalca que "la negativa a atender su petición [de eutanasia] por permanecer fieles a su ideario dejaría desprotegido, o dificultaría, el derecho de las personas que atienden".

El informe del Comité de Bioética de Cataluña, que al igual que el andaluz evita citar expresamente el conflicto con la Iglesia católica y los centros religiosos, es compartido y firmado también por el Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña. El texto señala que "no es aceptable" que una "incompatibilidad ideológica" acabe por "imponer al paciente unas incomodidades añadidas, como traslados a domicilio o a otros clínicas, forzando su voluntad". "Poner el ideario de la organización por encima del compromiso de servicio hospitalario o asistencial, que siempre debe ser respetuoso con la autonomía de la persona, infravalora el hecho de que es la relación asistencial la que legitima la razón de ser de estas instituciones", añade el informe, para el que la ciudadanía vería lesionados sus derechos al ver cómo "hay organizaciones que, amparándose en su ideario, deciden no acatar leyes prudentes y garantistas de derechos, haciendo un agravio al principio de igualdad ante la ley".

El dictamen catalán señala el riesgo de que se cree un "ambiente de fuerte presión profesional" sobre los profesionales de estos centros que, en la práctica, "obligue a objetar". "El profesional que trabaja en organizaciones que niegan el derecho a la eutanasia podría sentir que incurre en mala praxis si el respeto a la autonomía del paciente, a la que se debe deontológicamente, se viera obstaculizado por un tercero que impone un ideario", señala el documento, con fecha de 22 de julio, es decir, un día después del informe del comité estatal. El informe señala además que "imponer a los profesionales de la institución un ideario o unos valores determinados por encima de la ética profesional [...] entorpece el ejercicio profesional". Los derechos del profesional se verían "lesionados", al no "obrar en conciencia sino por imposición o presión laboral".

El comité catalán hace un llamamiento al diálogo entre las organizaciones opuestas a la ley y las autoridades sanitarias para encontrar "puntos de acuerdo" y para garantizar "que no haya presiones para hacer objetar los profesionales" de estas instituciones y que "se les den facilidades para que actúen en conciencia". El informe catalán tiene un voto discrepante, de Joan Viñas Salas, que entre sus argumentos señala que las "instituciones" también tienen "principios" que preservar.

El Gobierno de España establece en una nueva ley que el Estado cooperará con la Iglesia para "enriquecer" y "conservar" el patrimonio histórico eclesiástico. Así lo recoge el último borrador del anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley del Patrimonio Histórico Español, que está previsto que llegue este martes al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso infoLibre.

El texto, redactado por el Ministerio de Cultura y Deporte y que aún debe pasar por toda la tramitación parlamentaria, recoge lo siguiente en una disposición adicional: "La Administración General del Estado cooperará en la conservación y el enriquecimiento del Patrimonio Histórico eclesiástico, garantizando siempre el cumplimiento de su función social".

La colaboración patrimonial de la Iglesia con el Estado topaba en ocasiones con dificultades técnicas, a pesar de estar recogida en el acuerdo sobre asuntos culturales con la Santa Sede de 1979, señala una fuente autorizada del Ministerio de Cultura y Deporte, que afirma que la reforma legal pretende superar estas dificultades.

¿Qué dificultades, concretamente? "A veces resulta complicado cooperar. Por ejemplo, si quieres ayudar [a una institución religiosa] a arreglar una iglesia que se está cayendo, hay dudas sobre cuál es el título jurídico necesario. Si se está cayendo un ábside de la catedral de Palencia, ¿podemos ayudar? Hay funcionarios que tienen sus dudas y alegan que podría hacer falta un acuerdo con la diócesis", añade. Del mismo modo, continúa, hay interventores que ahora, a la hora de fiscalizar un gasto, piensan que no es posible establecer la cooperación económica con la Iglesia sin "un título jurídico adicional". Con la redacción del anteproyecto, la colaboración es más sencilla. Queda tallado en la piedra del BOE que "la Administración General del Estado cooperará". Fuera dudas.

La Iglesia católica es considerada la mayor propietaria de patrimonio histórico de España, país en el que tiene una implantación secular. La institución acumula 22.993 parroquias, 87 catedrales y 639 santuarios, según la última memoria de la Conferencia Episcopal, que suele alegar –ante las críticas por la aportación de dinero público a su funcionamiento– que su patrimonio tiene un impacto total en el PIB de 22.620 millones de euros y supone 225.000 empleos de manera directa, indirecta e inducida. Los críticos con el apoyo del Estado a la Iglesia, como Europa Laica, denuncian que entre subvenciones, ayudas, asignación vía casilla de la Iglesia en el IRPF, exenciones y salarios, las arcas públicas benefician a la institución religiosa con miles de millones de euros al año.

La institución católica no es la única que se beneficia de la redacción de la nueva ley, que también establece que la cooperación para "enriquecer" y "conservar" su patrimonio histórico se extiende a otras confesiones religiosas "si poseen los necesarios valores culturales". Las otras tres confesiones con acuerdos de cooperación con el Estado son la judía, la evangélica y la islámica.

Que si habrá o no habrá foto. ¡Cuánto se ha hablado de eso! Tan icónica se ha vuelto la "foto de Colón", el posado conjunto de Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) y Santiago Abascal (Vox) en febrero de 2019 para reclamar elecciones a Pedro Sánchez por las "cesiones" al independentismo, que es inevitable que ahora se especule sobre si se repetirá una instantánea parecida este domingo, de nuevo en la Plaza de Colón. A priori, parece que no. Ciudadanos, una parte de cuyo menguante electorado ha sido devorado por Vox, huye de las fotos con la ultraderecha como de la guadaña, aunque arrastra el problema de gobernar gracias a ella en Andalucía y en el Ayuntamiento de Madrid. Incluso en el PP el tema levanta ampollas. Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Fernando López Miras (Murcia) sí tienen previsto ir, pero no Juan Manuel Moreno (Andalucía), Alberto Núñez Feijoó (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León). Se diría que compartir espacios con el partido de Abascal sigue teniendo algo de línea roja...

... Aunque existe un espacio sociopolítico donde esa línea roja está borrada.

Se trata del lobby integrista, sobre todo en su frente madrileño, aguirrista y aznarista, donde no es sólo que el PP y Vox se hagan a diario su particular "foto de Colón". Es que se podría decir incluso que es un vídeo. Y si la película tuviera un director, sería Mayor Oreja.

La figura clave

Mayor Oreja (San Sebastián, 1951) lo fue casi todo en el PP: diputado, cabeza de lista en las elecciones europeas, candidato a lehendakari, ministro del Interior y uno de los nombres con los que se especulaba como posible sucesor de José María Aznar, cuya figura reivindica con devoción. Apartado de la política de partido desde 2014, hoy es un referente de la derecha católica más conservadora y beligerante, bajo cuyo manto coinciden significativas figuras del PP y Vox. Su empeño desde la llegada al poder del PSOE en 2018, defendido desde su alta tribuna en el movimiento ultracatólico, ha sido la unidad de la derecha para derrotar al "Frente Popular". En ello sigue.

Jaime Mayor Oreja se presenta como presidente de la federación europea de asociaciones "provida" One of Us, dedicada al rechazo al aborto, la eutanasia y la "ideología de género". One of Us aglutina en torno a 50 organizaciones. En realidad, son más. Porque tiene algo de muñeca rusa. Un ejemplo: uno de los grupos integrados, Provida, integra a su vez a una treintena organizaciones antiabortistas en toda España. España es el país que más organizaciones aporta, con un total de 17. Mayor Oreja se sitúa en la cúspide, con el máximo grado de representación, de un entramado en el que figuran puntales del movimiento ultracatólico como Hazte Oír y el Foro Español de la Familia. También está en One of Us la asociación Familia y Dignidad Humana, presidida por Lourdes Méndez Monasterio, diputada por Murcia y portavoz de Vox en la comisión de Igualdad, la voz del ultraconservadurismo católico en el partido, además de hermana de Kiko Méndez Monasterio, hombre de la máxima confianza de Santiago Abascal y miembro del equipo español del instituto de formación de líderes en la órbita de Vox que ha montado en Madrid la sobrina de la francesa Marine Le Pen.

La vinculación de elementos de Vox con en el lobby es abundante. Además de Lourdes Méndez Monasterio, son figuras destacadas el diputado en el Congreso Francisco Contreras, las parlamentarias en la asamblea de Madrid Rocío Monasterio, Alicia V. Rubio y Gádor Joya o la concejal en el Ayuntamiento de Sevilla Cristina Peláez. Méndez Monasterio es muy próxima a Mayor Oreja, que la incluye en su “grupo de expertos” de One of Us. Ahora bien, sólo una mirada superficial llevaría a concluir que no hay sinergia con el PP en los espacios de la derecha católica más dura. Sí los hay. Y abundan precisamente bajo el manto Mayor Oreja, que alienta y promueve el encuentro entre PP y Vox. Bajo su égida, ambos partidos multiplican sus coincidencias.

Fundaciones y coincidencias

Además de One of Us, Mayor Oreja preside su propia organización, la Fundación Valores y Sociedad, a su vez integrada en la federación europea. En el patronato de Valores y Sociedad, por supuesto, aparece Vox, en este caso en la figura del diputado Francisco Contreras. Pero también está el PP. No un PP de primera línea, pero sí con historia. Ejemplos: María San Gil, expresidenta del PP vasco; Eugenio Nasarre, exdiputado del PP y patrono de la Fundación FAES de José María Aznar; Luis Peral, exsenador y exconsejero de Educación y de Trabajo en Madrid; Ángel Pintado, exdiputado; y Margarita Gari Durán, exsenadora.

Los nombres del patronato de Valores y Sociedad se despliegan en forma de red por nuevas organizaciones. Luis Peral es secretario de Familia y Dignidad Humana, por debajo de Lourdes Méndez-Monasterio; Ángel Pintado es presidente de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia; Eugenio Nasarre es patrono las fundaciones Humanismo y Democracia y Educación Católica... Valores y Sociedad colabora asiduamente con la Asociación Católica de Propagandistas, con la que Mayor Oreja está vinculado desde su juventud. Manuel Zayas, patrono de Valores y Sociedad, es a su vez presidente de Qveremos, una organización que se ofrece a recoger todas las cruces derribadas por la Ley de Memoria Histórica en la iniciativa La Pradera de las Cruces.

Así es el espacio sociopolítico en el que se mueven juntos Mayor Oreja y figuras bien conectadas del aznarismo y el aguirrismo.

María San Gil, también en el patronato de Valores y Sociedad, es a su vez vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, una organización en cuya dirección coinciden el propio Mayor Oreja, Esperanza Aguirre, Isabel Benjumea (eurodiputada del PP) y Hermann Tertsch (eurodiputado de Vox). La Fundación Villacisneros, que ya ha anunciado su participación en la manifestación del domingo, encarna a la perfección uno de los rasgos más extendidos del movimiento ultracatólico español: al conservadurismo moral se une el neoliberalismo económico.

El presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda, fue el autor de la sugerencia, en mayo de 2020, en la fase más aguda de la pandemia, de retirar el voto a los "subvencionados por el Estado", para reducir así la población "cautiva" del Gobierno y por lo tanto el apoyo electoral de la izquierda.

En parecidas coordenadas ideológicas se sitúa también la Red Floridablanca, entre cuyos fundadores está la propia Isabel Benjumea (PP) y en la que, dentro de las actividades dedicadas a la "batalla cultural", también se da voz al diputado de Vox Francisco Contreras.

Mayor Oreja es el máximo estandarte de esa línea de pensamiento: neoliberalismo bajo la cruz. ¿El cañamazo de su discurso? Hace falta una "alternativa cultural" al "Frente Popular", tras "décadas de incomparecencia" de las ideas y convicciones de la derecha. Alerta además del creciente "desorden y el caos", que le trae ecos de la República y la Guerra Civil. También "del colectivismo y de una España tan subsidiada que no hay iniciativa", lo cual es "una base social que puede ser aprovechada por el Frente Popular". Ese es el campo político de Mayor Oreja. La unidad de España también está amenazada. "Cataluña ya está al límite de la violencia terrorista", decía en 2019 en El Mundo. Además de este deterioro socioeconómico y nacional, advierte del retroceso de los valores cristianos en una sociedad que no reacciona ante el aborto y la eutanasia mientras avanza la "ideología de género".

El pegamento de la eutanasia

El rol de Mayor Oreja en el ámbito de la derecha católica dura es propio e intransferible: si Ignacio Arsuaga (Hazte Oír) es el alborotador que trata de escandalizar a la izquierda con sus campañas y de presionar al PP para que apoye las posiciones más intransigentes, Polonia Castellanos (Abogados Cristianos) lidera la batalla judicial y Leonor Tamayo (Profesionales por la Ética) encarna el antifeminismo y la defensa de la "mujer-madre", Mayor Oreja es la voz del conservador de orden bien conectado políticamente y con prestigio por su destacada trayectoria institucional. Con esas credenciales ha sido elegido portavoz de la agregación de asociaciones Asamblea por la Vida, constituida en enero de 2021 y destacada en su activismo contra la Ley de Eutanasia. En su presentación participaron representantes de los Propagandistas Católicos, la Fundación Villacisneros, el Foro Español de la Familia, E-Cristians, Cristianos en Democracia y la Federación Española de Asociaciones Provida, además de Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. También One of Us forma parte de la Asamblea por la Vida.

Dicha agrupación de organizaciones ha permitido a Mayor Oreja alcanzar algunos hitos en su gran propósito: la unidad de la derecha para ofrecer una "alternativa cultural" al "Frente Popular". En marzo, poco antes de la aprobación de al Ley de Eutanasia, el exministro compareció en calidad de portavoz de la Asamblea por la Vida a las puertas el Congreso, acompañado, entre otros, por los diputados José Ignacio Echániz (PP) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox). Era él quien hablaba, y los diputados quienes lo escoltaban. La figura de referencia de la comparencia era Mayor Oreja. “En mi etapa en el País Vasco, ETA socializó el miedo. Hoy se socializa el mal, el mal entre los médicos, el mal entre los pacientes”, afirmó, tras haberse reunido en el Congreso con un grupo de diputados del PP, Vox, UPN –la derecha foralista navarra– y Foro Asturias.

La unidad de la derecha

Aquel día, con Vox y PP unidos en torno a una causa, se fijaba un hito hacia el mayor anhelo de Mayor Oreja, cuyo mensaje más insistente es la defensa de la unidad de lo que él llama "el centroderecha". Las declaraciones del exministro en esa línea abundan. Enero de 2020: "Si hacemos una competencia de los tres partidos [PP, Cs y Vox], uno ganará a otro, pero perderemos todos". Enero de 2020: "Cuanto más tiempo pase, mayores dificultades tendremos para concretar una alternativa y, para ello, hace falta más humildad, más grandeza, más generosidad y más sacrificio. En definitiva, mucho más pensar en España que en los legítimos intereses de cada uno de nosotros”. Enero de 2021: "Me produce tristeza que los partidos del centroderecha estén en competencia. La alternativa existirá cuando haya un proyecto o dirección común". Marzo de 2021: "El problema es que si el PP no entiende que su función social es unir el centroderecha, está perdiendo su objeto social". María San Gil es otro de los puntales del discurso de apelación a la unidadpara ofrecer una "alternativa". infoLibre trató de recabar la opinión de Mayor Oreja y María San Gil para este artículo, a través de las fundaciones Valores y Sociedad y Villacisneros, sin respuesta.

Conforme Cs ha declinado, Mayor Oreja ha ido reduciendo el protagonismo del partido naranja en sus apelaciones a la unidad. Pero Cs también ha estado en el punto de mira del proyecto de unidad del exministro. En mayo de 2019, Valores y Sociedad, presidida por él mismo, logró reunir a José Luis Martínez-Almeida (PP), Juan Carlos Girauta (Cs, aunque la presencia anunciada era la de Begoña Villacís) y Rocío Monasterio (Vox) en un acto moderado por el exacalde madrileño José María Álvarez del Manzano dentro del ciclo La alternativa al Frente Popular: un debate cultural. En el público, junto a Mayor Oreja en calidad de anfitrión, estaban Ana Botella, Esperanza Aguirre –sentadas juntas– y Javier Ortega Smith (Vox). El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tratado de capitalizar la posición de autoridad de Mayor Oreja, llegando a tantearlo sin éxito como candidato en su moción de censura, según una información no desmentida de Abc.

Las coincidencias PP-Vox no se limitan a las organizaciones bajo el manto de Mayor Oreja o de María San Gil. Son un hecho frecuente en el movimiento ultracatólico. La Plataforma Los 7.000, contra la eutanasia, aúna organizaciones más alineadas con los postulados de Vox, como Abogados Cristianos, CitizenGo y Familia y Dignidad Humana, con otras como la Fundación Valores y Sociedad o Red de Familia, presidida por el que ha sido concejal del PP durante ocho años en Leganés Ángel Juárez. Esperanza Aguirre figura como principal atractivo en la inauguración de la "escuela de verano" del Instituto de Política Social, una organización de derecha católica radical que tiene como vicepresidenta a Sofía Muñoz, exdirigente de Vox en Valladolid.

En cuanto a Cs, su papel es residual comparado con el de Vox y el PP. Es, en algún caso, un invitado. Poco más. Su aproximación más significativa al mundo del activismo católico está en su respaldo a la plataforma Más Plurales, donde figuran organizaciones integradas en diversas plataformas provida.

Ecos de hace 15 años

En el Informe de la Fundación Rosa Luxemburgo sobre la derecha radical De los neocón a los neonazis, Miquel Ramos, su coordinador, ha identificado como un hito fundamental del auge de la ultraderecha lo que él llama "la revuelta neocón", que eclosionó en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). Hoy, en el espacio de la derecha ultracatólica, escucha ecos de aquella etapa. "Se repite el mismo patrón que hace 15 años, con otro gobierno progresista al que se niega su legitimidad", recalca en conversación con infoLibre. Ramos destaca que tanto entonces como ahora las organizaciones de derecha católica radical han desempeñado el mismo papel de "lobby", dedicado a "empujar" hacia el extremo las posiciones de la derecha. Lo que han cambiado son las circunstancias. Si hace tres lustros se empezaba a formar un frente que acabaría desencantado con el PP –sobre todo a raíz del abandono de la reforma de la Ley del Aborto por parte de Alberto Ruiz Gallardón– y que sería clave en el surgimiento de Vox, ahora ese frente se ha hecho mayor, tiene en Vox a un referente con 52 diputados y es el PP el que ocupa ahí un lugar secundario. Un ejemplo elocuente es Hazte Oír, miembro de la federación One Of Us de Mayor Oreja. La organización liderada por Ignacio Arsuaga, hoy muy próxima a Vox, nació en 2001 alineada con Aznar y desde que se alejó del PP en la etapa de Mariano Rajoy trata de arrastrar hacia la derecha al partido de la gaviota.

Hazte Oír, que estos días se ha esforzado en la promoción de la manifestación de Colón, tuvo un papel destacado en la eclosión de la derecha teocón desbocada contra José Luis Rodríguez Zapatero en su primera legislatura, junto Foro Español de la Familia, E-Cristians, los kikos e incluso significativos sectores de la Conferencia Episcopal, con Rouco Varela a la cabeza. Quizás el día más emblemático del movimiento fue aquel de 2005, en la manifestación contra el matrimonio gay, con aquel cartel que decía "Sodomía no con mi dinero", como narra la crónica de El País. Allí estaba, por cierto, Mayor Oreja. Eso sí, hay una diferencia clara con 2005: hoy no hay un Rouco.

El Vaticano ha conseguido el estatus de observador permanente en la Asamblea Mundial de la Salud, máximo organismo de decisión de la OMS, institución que se dedica a cuidar de la salud de todos desde un prisma científico, es decir basado en la evidencia demostrable. Desde 1953 era observador por invitación del director general de turno. Ya tiene escaño fijo, el siguiente paso será influir en las decisiones.

Es el mismo camino recorrido en la ONU, donde es observador permanente desde 1964, una posición que utiliza para poner trabas a los avances en los derechos sexuales de la mujer y en la planificación familiarponer trabas a los avances en los derechos sexuales de la mujer y en la planificación familiar.

(El vídeo que encabeza este texto pertenece a una charla de Sam Harris, a quien The Guardian considera representante destacado de un nuevo ateísmo con un lado espiritual).

Italia tuvo la idea del estatus permanente en la OMS; y las ultraconservadoras y ultracatólicas Polonia y Hungría la apoyaron con fervor. La España de Pedro Sánchez, pese a todo lo que dicen de él y de sus terribles socios comunistas, podemitas e independentistas, secundó cristianamente la moción junto a otros 70 países, incluido Arabia Saudí, cuna de la tolerancia religiosa y de los derechos humanos. Ya se sabe que los extremos se tocan, o eso sostiene el PP de Podemos y Vox.

Luigi di Maio, ministro de Exteriores italiano y jefe del Movimiento 5 Estrellas, afirmó que la Santa Sede (que se opone a los derechos de los homosexuales, al aborto, a la fecundación in vitro y a la teoría de la evolución de las especies de Darwin, la educación en igualdad y a todo avance científico que estropee su relato fantástico de la Creación) será una gran ayuda que servirá de inspiración a los Estados miembros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defensora de la libertad extrema para bares y turistas de botellón, mantiene a 73 curas católicos en nómina en los hospitales públicos. Además del coste anual cercano al millón de euros, ¿qué pintan esos santos varones en los comités médicos que deciden los cuidados paliativos de los enfermos, sean creyentes o no? ¿No se trata de un atropello a la libertad de no culto?.

Existen dos salas de despedida en el crematorio de la Almudena de Madrid. Una es católica, es decir, decorada con una cruz y demás simbología propia de esta religión, que incluye la lectura exprés de un responso por parte de un sacerdote que no se sabe el nombre del muerto. La otra, la dedicada a los no creyentes, es tan diminuta que no cabe en ella ni un alma (atea, se entiende). ¿No sería más fácil una única sala multi confesional?

El tanatorio del parque de San Isidro de Madrid dispone de un espacio considerable que llama capilla. Del techo cuelga un Cristo crucificado. Si su deudo es ateo o similar, la familia no podrá despedirle en ese espacio sin la presencia invasiva de los símbolos católicos porque son fijos, no dispone de botones que los escondan según la circunstancia. La familia del no creyente deberá conformarse con las estrecheces de la sala que le haya tocado en suerte. Como el tanatorio es privado puede saltarse la letra y el espíritu de la Constitución.

España no es un Estado laico porque los padres de la Carta Magna de 1978 no se atrevieron, lo dejaron en aconfesional en el artículo 16.3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Pues ni eso.

Dos de cada tres españoles (61,1%) se declara católico (porque los bautizaron en una edad en la que no se preguntan las preferencias y no se han tomado la molestia de apostatar, que es más difícil que cambiar de compañía eléctrica). De esos católicos teóricos, un 21% acude a la misa semanal. El número de ateos y agnósticos llega al 34%. Ya se puede decir que Manuel Azaña tenía razón.

Pese a estos datos del CIS, la Iglesia Católica es un poder parasitario incrustado en el Estado, que cobra de él, determina el tamaño de las salas de difuntos, impone sus símbolos en las juras de cargos públicos (si eres de derechas), influye en las decisiones de los gobiernos, inmatricula inmuebles al por mayor gracias a una reforma legal del hombrecillo insufrible, que ríase usted de los okupas.

También tiene secuestrada la educación de los niños en una edad en la que se inculcan los prejuicios que gobernarán sus vidas. Lanza a sus adeptos a manifestarse contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía o cualquier variación más o menos laicista. Defiende a los padres que dicen tener un derecho de propiedad física e intelectual sobre sus hijos para decidir sobre sus derechos. Un disparate que serviría para justificar la ablación y la infibulación.

La escuela, un lugar para el aprendizaje de valores humanos y de hechos científicos, permite la entrada del caballo de Troya de la religión católica, no de la historia de las religiones, como un igual de la Filosofía, una asignatura que detestan desde hace siglos. Una religión que quemaba a los que osaban afirmar que la Tierra era redonda vive en una permanente retirada narrativa.

Ni siquiera conservan el Limbo, sin que la Iglesia haya informado debidamente del destino de los millones justos no bautizados, se supone que el cielo, y de las indemnizaciones pagadas por tantos siglos de detención ilegal. ¿Han pedido perdón por tanto dolor?

El Papa Francisco cree en la bondad de los cuidados paliativos y en la sedación para acabar con el enseñamiento terapéutico. También cree en las vacunas contra el covid. Pero vendrá otro más conservador, émulos de Rouco Varela o de Cañizares, que dará marcha atrás en todos los avances. Como dice Manuel Saco en su libro No hay dios (Editorial Sapere Aude), que saldrá en los próximos meses y que gustará mucho al 34% de la población, Francisco es el único Pontífice que parece elegido por el llamado Espíritu Santo, lejos de las componendas mundanas de la Curia, la compra de votos y, en su tiempo, de asesinatos selectivos.

Ahora, con la OMS bendecida de manera permanente por un dios que no se presenta para paliar la situación de millones de pobres de la Tierra ni para salvar a los migrantes que cruzan los mares y saltan los muros, todos deberíamos sentirnos mucho más seguros y felices.

Que generosa es la señora marquesa; primero crea a los pobres y luego, un día, los sienta en su mesa.

Fue Berlanga que en Plácido desnudó a la señora marquesa. La hipocresía venía desde lejos y continúa hoy en día.

No parece creíble que una sociedad como la española pueda tener este nivel de desigualdad, donde las estadísticas nos desvelan que el sur está en nuestras calles. Uno de cada tres niños nacidos hoy en España está bajo el nivel de la pobreza. Eso quiere decir, que no habrán ido a la escuela bajo la pandemia, que sus padres viven en la precariedad laboral, que muchas veces van a las colas del hambre para poder pagar los recibos, que no hay como comprar los libros de los niños, que de ordenador en casa, nada (el 386 ya no funciona)… que cuando crezcan serán los ninis encolerizados y expulsados del sistema. De ellos no sabemos qué saldrá.

En lo inmediato, la sociedad civil reacciona e intenta dar solución inmediata. Es histórico el concepto de caridad cristiana al que la Iglesia más conservadora nos tiene acostumbrados. Tenemos en Madrid toda una red de pobres organizados que, a las puertas de las principales Iglesias, arriendan sus puestos de pedigüeño. Es la organización del trabajo. En la Iglesia madrileña del santo de Medinaceli, la caridad es una tradición de los primeros viernes de mes, incluido los pobres, eso sí, bien limpios. Seguro que de otro modo no pasarían las pruebas de selección para pobre de barrio rico.

Ahora la Iglesia no hace más que poner anuncios en la SER para que marquemos su casilla en la declaración de la Renta 2020. Parece que hay mucha gente que piensa que ese dinero no va donde les gustaría. El tren de vida que llevaron algunos altos cargos de la Conferencia Episcopal se comían buena parte de recursos que podrían haber ido a los pobres. Seguimos sin saber cómo se contabilizan esas limosnas en negro o esas entradas a museos como la mezquita de Córdoba. Si ponen anuncios es porque la cosa debe ir floja. Lo de que hay más pobres ya se ve en la calle.

Muchas asociaciones de origen católico se han empleado duro en atender la grave situación creada no solo ahora con la pandemia, sino también con el austericidio made in Rajoy y la entrega vergonzosa al neoliberalismo de la Comisión Europea. El sacrosanto déficit del que hoy nadie quiere hablar. Son las colas del hambre, de esa Es…paña, bisílaba... mejor compuesta. Porque la primera “Es” quiere decir que todo “es” de ellos y, lo que queda, la “paña”, para los pobres. En Peru, “paña” significa recogida del algodón, que, como todo el mundo, sabe se hace encorvada y destroza las manos. No es cosa de ricos. Así queda dividido el país.

A estas asociaciones católicas de base poco dinero público les llega.

Luego, muchas asociaciones vecinales laicas han entrado a cubrir esa necesidad y atienden a algo que muchos ayuntamientos y comunidades autónomas ni miran.

La caridad siempre ha sido y es la de la señora marquesa, porque cumple dos objetivos: primero, no toca su bolsillo. Sus fincas siguen en el mismo sitio, si antes eran esclavos, luego siervos, luego obreros del campo… ahora son mares de plástico tecnológico y, muchas veces, solo para sus toros.

El segundo objetivo es que la pobre sale comida un día año. Además, contenta con la señora marquesa: qué buena es… (mi querida Regula). El pobre no toma conciencia de su propia situación, por lo tanto, no se rebela, se vuelve sumiso, “es lo que hay” que se dice ahora. Le induce a una depresión moral que se extiende en muchos barrios. Podríamos cambiar el escenario de los Santos Inocentes pero el fondo es el mismo. “Que viene el señorito”.

Yo prefiero a Azarías. No perdona que, con una escopeta, el señorito Iván mate por gusto a su “milana bonita”. Es la rebeldía ante la injusticia. Es la insumisión frente a un sistema que tiene a uno de cada tres niños en el umbral de la pobreza.

La atención a las personas que más están sufriendo con la crisis es una cuestión social, que deben resolver los gobiernos, que se debe pagar con el dinero de todos, mucho más los que mucho más tienen. Y sobre todo… sobre todo… se debe recibir como un derecho y no como una humillación. Porque todo ser humano por el hecho de nacer debe tener asegurada, la salud, la educación, el trabajo, la vejez digna. Si no alcanzamos esta conquista, esa nueva sociedad solidaria, esa democracia económica y social avanzada, el mundo camina a su autodestrucción.

La caridad de un signo u otro le es muy útil a la marquesa.

Marcelo Camacho Samper es socio de infoLibre

¿Quién no ha oído aquello de que la familia es el "pilar básico de la sociedad"? A priori parece una afirmación poco discutible. Y lo sería, seguramente, si nos refiriésemos sólo a la experiencia individual de cada uno de nosotros. Porque, ¿qué tiene más peso en la vida de alguien que su familia? En cambio, mirada con lupa, la frase puede tener truco ideológico. Al oírla, de hecho, el sociólogo Daniel Sorando, profesor de la Universidad Complutense, se pone en alerta. ¿Por qué? En la respuesta hay una explicación no sólo al subdesarrollo del Estado del bienestar en España, sino también a las dificultades de la izquierda para armar discursos mayoritarios sobre familia, maternidad y natalidad, asuntos traídos a la actualidad por el –polémico– discurso de la escritora Ana Iris Simón, del que el lector probablemente habrá oído hablar. Asuntos, además, en los que la derecha despliega con mayor convicción sus discursos, aunque los datos demuestren que tampoco tiene soluciones al gran problema subyacente: la precariedad. 

Escuchemos a Sorando explicar por qué la reivindicación de la familia como "pilar básico de la sociedad" esconde ideología tras su fachada neutra: "Normalmente –explica Sorando– solemos hablar de Estado del bienestar, pero en sociología tiene más sentido referirse al régimen del bienestar, que incluye diferentes actores además del Estado: el mercado, la familia y el tercer sector. Según qué tipo de régimen del bienestar tenga un país, más importancia tendrá una pata u otra. En España se da un régimen que podríamos llamar familista, a su vez con fuerte arraigo en el discurso, consistente en descargar sobre la familia buena parte de las responsabilidades sociales y enfatizar mucho su importancia. El resultado final es que la distribución material de recursos hace imprescindible apoyarse en la familia, que es la que te saca las castañas del fuego. El problema, claro, es que todas las familias pueden hacer algo, pero algunas mucho y otras muy poco. Porque la familia, y esto no lo podemos olvidar, es una institución clave en la reproducción de la desigualdad".

Ahí está, indica Sorando, el truco ideológico. El "familismo" dominante, señala, acaba ofreciendo un marco óptimo para el discurso conservador. Del lado económico, da cobertura al rechazo a la intervención del Estado para corregir desigualdades, aspecto del que ya se encarga la familia. Del lado cultural, entronca con la tradición católica, que exalta a la familia-hogar como espacio natural de la mujer-madre y a la reproducción como sagrado deber para con la patria. Además, reserva a la Iglesia un importante papel como garante de asistencia social. El historiador Ángel Luis López Vilaverde cree que la Iglesia pone el trasfondo a la patrimonialización conservadora de la idea de familia, sobre la que ha ejercido un "monopolio" de siglos, aunque ahora está retrocediendo. "Pasa como con la bandera o con la patria. Hay quien piensa que hablar de familia es reaccionario. Pero no lo es. Lo único reaccionario y excluyente es negar su diversidad", indica. El discurso de Vox sobre la "familia natural" es un ejemplo de esta exclusión, ya que sólo permite entrar bajo el paraguas de la familia a lo que cabe en la relación heterosexual. De ahí el empeño de Vox –por ejemplo, en Andalucía– de formar una "Consejería de Familia", en singular.

Sorando recalca que la izquierda tiene "problemas" para oponer a estos marcos restrictivos un discurso propio sobre "familia" y "maternidad", espacios en los que se expresan con mayor comodidad las posiciones conservadoras. Y estos problemas se dan a pesar de que el "familismo", señala el sociólogo, da cobertura ideológica al atraso del gasto social en España, que dedica a todas las áreas englobadas dentro de la "protección social" 3,6 puntos menos de PIB que la UE y 8,3 menos que Francia. Además, nuestro país queda por debajo del conjunto de los 27 en gasto en todas las áreas clave del Estado del bienestar. El atraso es sangrante en vivienda, como subraya el autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades (Catarata, 2016). España, que se encuentra a la cola en alquiler social entre los principales países europeos, gasta en políticas públicas de vivienda 27,3 euros por habitante al año y un 0,1% del PIB, frente 115 euros y un 0,4% de la UE-27. Es decir, la UE cuadruplica a España. ¿Puede España con estos datos definirse como un país que cuida de la familia?

Es en las condiciones materiales que dificultan la formación y sostén de las familias es donde debería situarse el debate, señala Sorando, al que le resulta "llamativa" la polémica suscitada por las palabras de Ana Iris Simón, sobre todo en el ámbito de la izquierda. A juicio del sociólogo, la reflexión de Simón abre para la izquierda todo un espacio para fijar posiciones y acudir a grandes temas como precariedad, gratuidad de la educación infantil, precio de la vivienda... En cambio, el debate se ha trasladado a la polémica sobre las resonancias ideológicas del discurso. ¿Qué dijo concretamente la escritora? El pasado sábado, durante la presentación de un plan para la España rural con presencia de Pedro Sánchez, Simón, de 29 años y embarazada, pronunció un alegato a favor de las políticas públicas, sobre todo de empleo y vivienda, que permitan a las mujeres que lo deseen tener hijos.

Su intervención, de unos 4 minutos, tocó varios palos: la "envidia" por la vida de mayor certidumbre de sus padres, la crítica a la desindustrialización, el rechazo a la idea de que el problema de las pensiones y la despoblación se resuelva con mayor inmigración... Seguramente quien lea estas líneas ya conozca la polémica suscitada por estas palabras, que han sido tan aplaudidas –por quienes creen que señala las causas profundas de graves problemas– como denostadas –por quienes la acusan de una idealización del pasado que habría llegado a incurrir en marcos fascistoides–. 

Superar los "conflictos de identidad"

"Cuando oyes a alguien hablar de maternidad y de familia, lo asocias a la derecha, a estas organizaciones profamilia... Y no debería ser sí. La gente, de todas las ideologías, sigue queriendo tener hijos. Además, la mayoría quiere la parejita. Hay demasiados prejuicios sobre la maternidad, también por la historia del país, con una tradición católica", señala la demógrafa y socióloga María Sánchez-Domínguez. Además, los esquemas progresistas de comprensión de la sociedad se encuentran a menudo con "contradicciones" derivadas de dificultades sociales, recalca. Un ejemplo hipotético en tres pasos, siguiendo a la profesora de la Complutense. 1) Una trabajadora que haya puesto todo su esfuerzo en alcanzar independencia tendrá muchas reservas a la hora de sacrificar su carrera con una interrupción para ser madre. 2) Eso la puede hacer menos receptiva ante discursos a favor de la familia y la maternidad. 3) Ello determina a su vez en enfoque de la izquierda política y social, que conoce esta predisposición.

Para superar los "conflictos de identidad" que pueden sufrir las mujeres "obligadas a elegir", la mejor vía según Sánchez-Domínguez son las políticas públicas a favor de la igualdad de oportunidades. Y destaca una: la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, una medida urgente si se pretende un acceso igualitario a la maternidad. Atacar la precariedad sería la lucha a largo plazo, dice, pero la gratuidad de 0 a 3 años tendría efectos "a corto y medio plazo". "Hay que blindar a la población de 20 a 35 años, protegerla al máximo, también con ayudas a la vivienda. ¿Cómo vas a pensar en tener hijos si no puedes pensar en tener relaciones sexuales?", pregunta Sánchez-Domínguez, que recalca que, para lanzarse, los posibles madres y padres "necesitan seguridad en el Estado del bienestar".

Campos "en disputa"

Esther Vivas, autora de Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad (Capitán Swing, 2019), también señala que las voces progresistas a menudo encuentran dificultad para encontrar las palabras al hablar de familia y maternidad. "El gran problema es que son conceptos que socialmente se asocian a opciones conservadoras", dice Vivas, sin entrar en el discurso de Ana Iris Simón. "Históricamente", añade, "el patriarcado se los ha apropiado con un punto de vista reaccionario, que no tiene en cuenta los derechos de las mujeres ni la diversidad de la familia y la maternidad".

A su juicio, se trata de "campos en disputa con los sectores conservadores", en los que "la izquierda y los feminismos" deben presentar alternativas. "Si no nos apropiamos de estos conceptos desde una perspectiva emancipadora, quedan en manos de sectores con posiciones muy restrictivas, que defienden modelos de maternidad en los que la mujer no puede decidir sobre su cuerpo, en los que se ignora la responsabilidad colectiva. Somos herederos de una cultura machista, que asocia feminidad con maternidad. Ese mandato hay que romperlo. Pero poner en cuestión el mandato de maternidad sólo puede hacerse desde posiciones progresistas", señala.

La igualdad de género no es el único campo en que se puede expresar una defensa progresista de la maternidad. Hay otra cuestión clave: la precariedad. En la medida en que la precariedad y el retraso en la emancipación son obstáculos para poder ser madre –o padre–, existe una "desigualdad de clase", señala Vivas. La caída de la fecundidad, añade, tienen causas "socioambientales" –los "tóxicos alimentarios" reducen la fertilidad, recalca– y "socioeconómicas". Se despliega así todo un campo para hablar de maternidad fuera del repertorio tradicionalista: precio de la vivienda, calidad del empleo, emancipación. Una frase que deja la autora de Mamá desobediente: "La maternidad se puede acabar convirtiendo en otro privilegio". Del máximo interés son los datos de la Encuesta de Fecundidad del INE. Uno elocuente: entre las mujeres sin ingresos, el 50,3% no tiene hijos, porcentaje que baja hasta el 25% entre las mujeres que cobran entre 2.000 y 3.000 euros.

Fecundidad y derechos individuales

A juicio de Albert Esteve, director del Centre D’Estudis Demográfics de la Universidad Autónoma de Barcelona, la maternidad debe ser mirada ante todo como una cuestión de "derechos individuales". ¿A qué se refiere? A que la caída de la fecundidad es ante todo una causa de insatisfacción en la sociedad española. Esteve rechaza los enfoques en clave patriótica y baja la cuestión a la tierra. "Hay muchas personas, muchas, que quieren reproducirse y no pueden", afirma. En efecto, la tasa global de fecundidad, es decir, el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres, se quedó en 2019 en su mínimo desde que arrancó la serie en 1975: 34,2. El número medio de hijos por mujer se situó en 1,23. Los nacimientos han descendido un 27,3% en una década. La situación se agravó en 2020. En la primera mitad del año, se registraron 168.047 nacimientos, un 4,2% menos que en el mismo periodo de 2019. A esta situación de partida se suma la pandemia, con un poderoso efecto disuasorio. Todo esto genera insatisfacción. Casi tres de cada cuatro mujeres quieren tener al menos dos hijos. Más de la mitad de las mujeres con más de 40 años que no tienen hijos desearía ser madres.

Esta epidemia de objetivos incumplidos tiene causas sociales. El propio Esteve vincula la caída de la fecundidad a los problemas de trabajo y vivienda, interconectados. La juventud española es una de las que más tarde se independiza de toda Europa occidental. En concreto, la media se sitúa en los 29,8 años. El marco de posibles propuestas políticas se extiende, siguiendo a Esteve, desde el empleo juvenil –clave– a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y las facilidades para el acceso a vivienda. A pesar de todo este campo político, Esteve señala que existe una "incomodidad" en los discursos progresistas sobre maternidad y familia, que se deriva de la dificultad para abordar el tema "desde el punto de vida de los derechos individuales". "Hay que quitarse esos complejos, que pueden tener que ver con el temor a reproducir mensajes tradicionales. Los países en los que la fecundidad real está más cercana a la fecundidad deseada, que son los países nórdicos, son socialdemocracias con muchas ayudas. Y, a la vez, son países con roles femeninos y masculinos muy parecidos".

Uno de los elementos del discurso de Ana Iris Simón que más polémica ha suscitado es su oposición a la idea de que la inmigración tenga que ser la solución para las pensiones futuras. Esteve no conoce las palabras de la escritora, pero sí tiene claro algo: el problema español con las pensiones –recalca– es que "la capacidad de generar empleo está por debajo de lo que debería". "Si las tasas de actividad de las mujeres fueran como las de los hombres, si los sueldos fueran iguales en los jóvenes que en los sénior, la base cotización sería muchísimo mayor. España tiene una capacidad de crecimiento brutal. No sacamos provecho económico a la demografía que tenemos, ni a su capacidad de cotizar", señala. A su juicio, presentar como "solución" a la sostenibilidad de las pensiones a la llegada de inmigrantes es un "recurso trampa" que impide mirar de frente la raíz estructural y económica del problema, relacionada con la escasa calidad del empleo.

"El feminismo ha descarrilado y es odio al varón, es victimismo, es supremacía, es lucha de sexos, rechazo a la maternidad". Así calienta motores para el 8M Women of the World, el buque insignia del feminismo a la inversa, una red internacional de organizaciones de mujeres, con cuartel general en España, cuya presidenta difunde un curso de formación para que los universitarios aprendan "cómo actúa el feminismo radical y cómo combatirlo” ¿Antifeminismo? No, según sus protagonistas: ellas serían defensoras de la "verdadera igualdad", seguidoras del "auténtico feminismo", el que prescinde de la "ideología de género" y tiene claro su modelo: "La mujer tiene una identidad propia y exclusiva cuyos rasgos fundamentales vienen determinados por la maternidad, tenga hijos o no”. Es el hombre –aducen– el que empieza a estar discriminado. Esta corriente, a la que se suman perfiles reconocibles de Vox, cuenta con una organización que carga no sólo contra la ley de violencia de género, o del aborto –dos clásicos del lobby integrista–, sino también contra la legislación del divorcio. 

Women of the World

Women of the World (WoW), con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), habitual de los listados de municipios más ricos de España, se presenta como una “plataforma internacional” integrada por 147 organizaciones, que suman 170.000 mujeres en 72 países. España tiene el papel más significativo. La plataforma fue puesta en marcha por la organización española Profesionales por la Ética, en colaboración con la belga Woman Attitute y la francesa Femina Europa, que aparecen como “cofundadoras” con un segundo nivel de protagonismo. De los 24 grupos destacados como socios, cinco, más del 20%, tienen marca española, entre ellos puntales del movimiento ultracatólico como la ya mencionada Profesionales por la Ética, Citizen Go –grupo en el que se integra Hazte Oír– y Enraizados.

WoW afirma ser “la voz de las mujeres que hablan en términos de mujeres”. “Rompemos con el feminismo radical pasado de moda y con la ideología de género. [...] Recuperamos para las mujeres su plena identidad […]. Vamos a devolver a la maternidad su valor y su dignidad”, explica. Su declaración de principios, que insiste en la defensa del valor de la “maternidad”, reivindica que “las mujeres y los hombres necesitan recuperar y afirmar su identidad y complementariedad”. Y añade: “Existe una identidad femenina que se desarrolla en toda su dimensión en complementariedad y reciprocidad con los hombres”.

Leonor Tamayo

El principal referente de WoW es Leonor Tamayo Colomina (Madrid, 1973), que se presenta como fundadora y “presidente” de la organización y como “esposa y madre de diez hijos”. “Eso es lo que realmente me define y me hace ser lo que soy. No entiendo lo femenino sin lo masculino ni la plena realización de las mujeres rechazando su identidad y negando la maternidad”, señala la autora del blog Mi historia y once más.

Tamayo muestra públicamente su afinidad con Vox, defendiendo y apoyando al partido. Ha compartido activismo tanto con Abascal, en primera fila y detrás de la misma pancarta contra el aborto, como con Rocío Monasterio y otras figuras del partido. Los unen causas comunes: rechazo de la ideología de género y la influencia del “lobby Lgtbi”, la oposición al aborto y la eutanasia, el combate contra el feminismo "morado"... Tamayo y su marido despuntaron en el mundillo de la derecha católica más combativa como objetores a Educación para la Ciudadanía, ya en 2007. Se oponían a que sus hijos cursaran la asignatura en el colegio concertado católico al que asistían. Con los años, Tamayo ha ido ganando relieve hasta convertirse en uno de los referentes y rostros más reconocibles del lobby, junto con Ignacio Arsuaga (Hazte Oír), Jaime Mayor Oreja (One of Us) y Polonia Castellanos (Abogados Cristianos).

Tamayo, líder de Woman of the World, fue en 2015 la anfitriona de un significativo homenaje: el brindado por Profesionales por la Ética a los diputados más antiabortistas del PP, enfrentados con la dirección de Mariano Rajoy. Allí estaba la diputada “marginada” por el PP Lourdes Méndez, hoy en el Congreso con Vox y el miembro del partido de Abascal con mayor penetración en el lobby ultracatólico junto con Francisco Contreras, actual compañero de bancada en el Congreso y que también acudió a aquella cita. ¿Quiénes más posaron para la foto, publicada por Actuall, el medio promovido por Hazte Oír? Figuras hoy destacadas de Vox –entonces un partido marginal– como Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Tamayo tomó la palabra para agradecer a los diputados “marginados” por Rajoy “la defensa del bien común y la vocación de servicio por encima de los intereses personales”. Los llamó “compañeros en la batalla cívica y social”.

Forman parte del equipo liderado por Tamayo en WoW al menos otras dos mujeres vinculadas a Vox. Una de ellas, “coordinadora internacional” de WoW, fue candidata de Vox en Tarragona en las últimas elecciones catalanas; y otra es de Vox en Villanueva del Pardillo (Madrid) y ha trabajado como voluntaria en Hazte Oír. Vox, que no aclara el alcance de su relación con Wow a preguntas de este periódico, se ha distinguido por un discurso extremadamente crítico con el feminismo, en línea con los sectores del catolicismo ultraconservador y nacionalista de parte de la extrema derecha europea.

WoW, a preguntas de infoLibre, afirma que la plataforma carece de conexión con Vox, “más allá de las interacciones y entrevistas” en las que hace llegar al partido de Abascal u “otros partidos” sus “propuestas” e “inquietudes”. La respuesta llega a través de otra de las integrantes del equipo, Miriam Gómez de Agüero, que se presenta como coordinadora de la organización y graduada en Derecho con “especialización en feminismo”. WoW “se financia gracias a las aportaciones y donativos de personas particulares”, añade Gómez de Agüero, partidaria de “un feminismo auténtico, libre de ideología de género”.

El feminismo es "odio al varón"

Gómez de Agüero explica que su organización celebra un 8M “diferente”, de forma que “no se vuelva el día contra el varón”. La plataforma ya está desplegando sus actos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además de campañas para dar visibilidad a WoW en las redes sociales, la plataforma ha lanzado un documento y un vídeo, que reúnen elementos de interés para entender este movimiento.

1) WoW no rechaza el feminismo en abstracto, sino que se dice depositario de una especie feminismo original, el bueno, el que habría sido auténtico antes de perder el norte. “Si por feminismo entendemos a aquellas mujeres que lograron ese primer paso para la igualdad y el reconocimiento del genio femenino, no sólo estamos a favor sino que seguimos por el camino que abrieron ellas”, señala el documento.

2) Dicho feminismo bueno se opone al malo, el dominante hoy. “Pero hoy, el feminismo ha descarrilado y es odio al varón, es victimismo, es supremacía, es lucha de sexos, rechazo a la maternidad”. La defensa de la maternidad, como argumento de oposición al feminismo "descarrilado", es frecuente. Al margen de WoW, la Asociación Católica de Propagandistas, otra las organizaciones que lideran el movimiento integrista y provida en España, ha lanzado una campaña de publicidad en la calle con motivo del 8M, consistente en el Ave María sobre un fondo morado, destacando las palabras "mujeres" y "Madre".

3) Se defiende la identidad de la mujer como complementaria, en un “todo armonioso”, del hombre, en cuya defensa se sale porque es víctima de este feminismo “descarrilado”. Según WoW, ahora mismo el hombre es discriminado. Dice el documento: “Creemos en la igualdad en dignidad y ante la ley, la igualdad en derechos y deberes. La igualdad que en muchos países tenemos ya, y que empiezan a no tener los hombres en algunos casos, como la presunción de inocencia o el veto en algunos puestos en pro de las 'cuotas'”. Y añade: “Nos negamos a ver 'machismo' en cada rasgo de la masculinidad, en la caballerosidad, en el romanticismo… en todo eso que llaman 'micromachismos' y que anulan la identidad masculina tachándola de machista”. En esa línea se inserta su celebración del Día de San Valentín como “acto revolucionario” y de “rebeldía”

4) Se insiste en que la verdadera discriminación a la mujer no se produce en los países “occidentales”, sino en otras “culturas”, en referencia implícita al Islam, de forma que se conecta esta causa con otra, la del choque de civilizaciones, clave en la "guerra cultural".

"Formación de feminismo"

Tamayo y Gómez de Agüero forman parte de la nómina de participantes en una jornada de “formación de feminismo” celebrada este sábado por el Instituto de Liderazgo Blas de Lezo, una iniciativa que se dice “orientada a potenciar el liderazgo social mediante una formación práctica, cercana y de valores”. “Sé el líder que España necesita”, dice la web del instituto. La presidenta de WoW, que difunde la convocatoria, señala que el curso está dirigido a universitarios que quieran “saber cómo actúa el feminismo radical y cómo combatirlo”.

¿Quiénes imparten la “formación de feminismo”? La propia Tamayo, Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid y autora de Cuando nos prohibieron ser mujeres... y os persiguieron por ser hombres y de Feminismo sin complejos, y Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox, entre otras. El Instituto Blas de Lezo encabeza la presentación de De la Pisa con el dato de que es “madre de ocho hijos”. Esta eurodiputada ha criticado en el Parlamento europeo que se realicen enfoques “con la denominada igualdad de género” sobre el coronavirus, ya que “el virus afecta más a hombres”.

Profesionales por la Ética

Tamayo lleva la voz cantante de Wow en la antesala del 8M, con una importante producción de contenido poniendo al feminismo “morado” o “descarrilado” en el punto de mira. “No buscan igualdad, saben de sobra que ya existe, quieren supremacismo hembrista, enfrentamiento y lucha de sexos, porque el feminismo morado no es sino una vertiente más del marxismo”, explica en un artículo. Y añade: “Hoy la mujer necesita otro ‘feminismo’, uno que ponga el foco en el reconocimiento de su identidad propia y exclusiva, y su complementariedad con la masculina, que ha de ser también reconocida y valorada. En definitiva, un movimiento que le ayude a ser mujer y que los hombres sean hombres”. En otro artículo, afirma que “la mujer tiene una identidad propia y exclusiva cuyos rasgos fundamentales vienen determinados por la maternidad, tenga hijos o no”.

Tamayo es presidenta de Profesionales por la Ética, uno de los puntales del lobby ultracatólico español y que es precisamente la organización fundadora de WoW. Formada en 1992 y con sede también en Pozuelo de Alarcón, Profesionales es un ejemplo canónico del tipo de preocupaciones del movimiento integrista español, especialmente alborotado durante el confinamiento: aborto, eutanasia, lobby Lgtbi, ideología de género, “pin parental”, supuesta persecución a los cristianos... Y también rechazo a la Ley Celaá y defensa de la “libertad de elección”, es decir, de la financiación pública de la educación concertada.

Profesionales por la Ética forma parte de una tupida red internacional de organizaciones “provida”, que incluye Euthanasia Prevention Coalition, Life is Beautiful y Family Rights Caucus. A ello se suma la pertenencia a One of Us, lo cual introduce en escena a Jaime Mayor Oreja, presidente de este lobby y think tank de ámbito europeo, con presencia en 19 países. En One of Us se encuentran Mayor Oreja y Lourdes Méndez (Vox). El movimiento es una red de redes.

Profesionales es una de las organizaciones españolas que realizan tareas de presión ante las instituciones europeas, en su caso a favor de la “afirmación del valor singular, absoluto y único de cada ser humano, dotado de una dignidad y unos derechos inviolables, creado por Dios”. Con afiliados en Estados Unidos y México, Profesionales gastó en lobby en Bruselas en 2019 entre 10.000 y 24.999 euros, según la información del registro de transparencia de la UE. infoLibre intentó contactar con Leonor Tamayo, tanto a través de WoW como de Profesionales por la Ética, sin éxito.

Citizen Go

Además de Profesionales por la Ética, forma parte de Women of the World, es decir, de “la voz de las mujeres que hablan en términos de mujeres”, la organización Citizen Go, con sede en Madrid, que incluye a Hazte Oír, ambas presididas por Ignacio Arsuaga con el propósito de luchar "a favor de la vida, la familia y la libertad". Hazte Oír, gracias a una retórica reaccionaria y al impacto mediático de sus iniciativas –autobús contra la transexualidad, vídeo de Pedro Sánchez rodeado de cadáveres–, se ha convertido uno de los referentes de la revuelta de la derecha ultraconservadora, clave en el nacimiento y éxito de Vox.

Citizen Go, puntal de la conocida como “guerra cultural”, también forma parte de One of Us. Actúa como agitador de todo este espectro político, con continuas campañas. ¿Ejemplos? En defensa de la cruz y de los monjes del Valle de los Caídos, a favor de que Pablo Echenique pague los destrozos de la violencia callejera tras el encarcelamiento de Pablo Hasél... Da idea de sus inclinaciones políticas un repaso a los galardonados desde 2004 con el Premio Hazte Oír, cita de lo más granado del conservadurismo católico español. En 2019, última edición, entre los premiados estuvo el candidato andaluz de Vox, el juez Francisco Serrano, por su lucha “contra la dictadura de lo políticamente correcto”. Arsuaga es una de las personalidades destacadas a nivel europeo en el informe Restoring natural order. The religious extremists' vision to mobilize European societies against human rights on sexuality and reproduction, elaborado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo, una red de responsables políticos preocupados por el auge de los discurso integristas.

Enraizados

Enraizados, otra destacada organización del movimiento ultracatólico, también está integrada en Women of the World. Fundada y presidida por José Castro Velarde, Enraizados, nacida en 2012 y con sede en Madrid, tiene como propósito aportar una “visión cristiana” de la sociedad. Entre sus iniciativas: una ofensiva legal contra activistas de Femen –en colaboración con Abogados Cristianos– por "interrumpir semidesnudas una marcha por la vida", denuncias por supuestas ofensas contra los sentimientos religiosos, campañas a favor del pin parental...

Enraizados, que no respondió al requerimiento informativo de este periódico, hace lobby en Bruselas a favor de causas como la “libertad religiosa en España”, la “libertad de educación en España”, la “defensa de la familia” y la “protección de toda vida humana”, según la información del registro de transparencia de la UE. En 2019 estimó un gasto en tareas de lobby en la UE de entre 25.000 y 49.999 euros.

El Instituto de Política Familiar, con sede en Madrid, es una organización en “defensa de la familia” y “de la vida” que también forma parte de Women of the World, la organización liderada por Leonor Tamayo, junto a Profesionales por la Ética, Hazte Oír y Enraizados. Su presidente es Eduardo Hertfelder de Aldecoa, otro habitual de los circuitos provida, presente en aquel homenaje de Tamayo a los díscolos del PP.

El Instituto de Política Familiar, implicado contra la Ley Celaá, defiende la derogación de las leyes de violencia de género y del aborto. Y va más allá. “El divorcio no arregla ningún problema sino que agrava los que trata de resolver”, afirma su documento 100 medidas de apoyo a la familia, de 2019, que hace la siguiente propuesta: “Derogación de la Ley del divorcio exprés, ya que ha resultado ser claramente desacertada y, al cabo de doce años de aplicación, ha demostrado su rotundo fracaso duplicando el número de divorcios”. Esta organización no aclara, a preguntas de infoLibre, si es partidaria de que no haya divorcio en España o sólo de que los requisitos se endurezcan.

La quinta organización española en WoW es Temps de Dones, una plataforma de mujeres catalanas nacida en 2010 en defensa de la “meritocracia” y contra el “feminismo a ultranza” y el "pensamiento único feminista".

El Opus –o mejor dicho el conjunto de hombres del Opus en la esfera conservadora de la Transición– emerge como una importante fuerza opuesta al cambio político impulsado por Adolfo Suárez. "Tiene mucha lógica que miembros del Opus estuvieran muy activos durante la Transición. La presencia en el tardofranquismo del Opus fue decisiva. Y durante la Transición lo fue también. Los más destacados miembros del Opus mantuvieron sus puestos, porque la Transición se hizo manteniendo a los grupos de presión, y el Opus es un importantísimo grupo de presión muy metido no sólo en la política, sino en el empresariado, en la escala técnica, entre banqueros, ingenieros... Es un poder fáctico, que tenía muchos intereses que defender", explica el periodista Mariano Sánchez Soler, que conoce las dinámicas de La Obra por trabajos como Las sotanas del PP (Temas de Hoy, 2002). 

“Cuando hablo de pertenencia al Opus en el libro, sobre todo describo una ideología. Son fundamentalmente ultraconservadores, cercanos a la idea del proyecto político de los años 60, partidarios de una monarquía que conservara ciertos poderes en una democracia limitada”, apunta Muñoz Bolaños. Veamos en detalle su trabajo. La investigación El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición, publicada coincidiendo con el 40º aniversario de la toma del Congreso, está salpicada de múltiples nombres del Opus. Y aquí hay que hacer una puntualización: las más de 600 páginas de su documentada crónica no se refieren sólo al 23F, ni mucho menos a su dimensión de golpe militar, que tiene ya claramente delimitados a sus 30 responsables penales. El trabajo amplía el foco a lo que Muñoz Bolaños da en llamar la transición paralela, toda una serie de operaciones civiles, no golpistas, que no tenían el objetivo de propiciar una dictadura, como sí el 23-F, sino de "moderar en sentido conservador el proceso de cambio político". En el 23F hubo personajes que tuvieron participación o conocimiento en la transición paralela, pero la investigación de Muñoz Bolaños desvincula a los civiles del golpe.

Hecha la distinción, reclama foco un personaje: Alfonso Armada, condenado a 30 años por el golpe de Estado. Una de las cabezas más destacadas del golpe, hombre crucial en la evolución del rey Juan Carlos I, friso entre el 23F y la transición paralela, Armada ha sido frecuentemente identificado como miembro del Opus Dei. Y no sólo en el último libro de Muñoz Bolaños, sino también por la Real Academia de la Historia, en una entrada elaborada por dicho historiador, que se apoya a su vez en Ricardo de la Cierva. "Era una de esas personas que confunden su ideología con la verdad absoluta, como buen miembro del Opus", declaró el que fuera director del Cesid Javier Calderón a El País en 2009.

Consultado por infoLibre, el Opus Dei lo niega de forma tajante a través de su oficina de información: "Alfonso Armada no perteneció nunca al Opus Dei". Este periódico insistió, dado que la condición de miembro del Opus de Armada está recogida en múltipes artículos.  La pregunta al Opus fue: "¿No había [entre Armada y el Opus] ningún tipo de relación ni vinculación?". Respuesta: "Así es. Ninguna". Y añadió, en contestación por escrito: "La relación de la Obra con el 23F es cero, nada que ver. Puede interesar recordar que el Opus Dei no interviene ni puede intervenir nunca en opciones políticas porque sus fines son exclusivamente espirituales. [...] Los avatares políticos de una nación –cualquiera que sea– y el Opus Dei son realidades que se mueven en planos totalmente diferentes. La Prelatura impulsa a sus miembros a ejercer sus derechos y a cumplir diligentemente sus propios deberes como cristianos coherentes. Cada uno es libre en las opciones temporales". 

Gregorio López-Bravo

Al margen de Armada, en la transición paralela contada por Muñoz Bolaños aparecen más nombres de La Obra. El más destacado fue Gregorio López-Bravo (1923-1985), cuya pertenencia al grupo es admitida por la propia Obra y reconocida por la Real Academia de la Historia. ¿Quién era? Había sido ministro con Franco entre 1962 y 1973, portando las carteras de Industria y Exteriores. Ya era ministro con 39 años. Antes había ocupado la dirección general del Instituto de Moneda Extranjera (1960) y participado junto a los ministros de Comercio, Alberto Ullastres –Opus–, y Hacienda, Mariano Navarro Rubio –Opus–, en la puesta en marcha del Plan de Estabilización (1959). Un carrerón. Era de la familia franquista de los tecnócratas, vinculada al Opus y enfrentada a los falangistas. Y políticamente destacaba sobre sus pares. López-Bravo aparece así descrito en las memorias de Alberto Oliart: "El más dotado para la política [...], inteligente, listo y simpático con toda clase de gente, que se declaraba independiente y liberal [...], único en lo social: un tipo tan guapo, tan joven, tan listo, tan ejecutivo, tan eficaz".

López-Bravo figura en las principales operaciones civiles hasta 1979 para desplazar a Adolfo Suárez, contra el que se había ido desarrollando un agudo descontento en los sectores conservadores por la reforma castrense en marcha, la legalización del PCE y lo que se veía como mano blanda ante ETA. Los sectores vinculados a la organización fundada por Escrivá de Balaguer apoyaron a Suárez en su arranque en la Moncloa, pero dicho respaldo se derrumbó cuando el presidente optó por “una democracia plena” y por “sentar las bases del Estado del bienestar”, según Muñoz Bolaños. Ahí sitúa el historiador, de hecho, el arranque de la transición paralela.

He aquí las operaciones recopiladas por el investigador. Todavía con Carlos Arias Navarro en la presidencia, “desde el entorno del Palacio de la Zarzuela, el general Armada y el coronel de Caballería Nicolás de Cotoner y Cotoner –marqués de Mondéjar–, secretario y jefe de la Casa [Real], respectivamente, y ambos supernumerarios del Opus Dei intentaron devolver el poder a los tecnócratas, poniendo en marcha la operación Lolita”, anota el historiador. ¿En qué consistía? En convertir a López-Bravo o al también exministro tecnócrata José María López de Letona en presidente del Gobierno, tentativa que se encontró con la oposición de Torcuato Fernández-Miranda, que “se negaba a dejar el Ejecutivo en manos de inmovilistas”, expone Muñoz Bolaños. 

Más. En abril de 1977, el gabinete de Defensa de Manuel Gutiérrez Mellado recibió un informe enviado por el general Manuel Fernández-Monzón. ¿Qué planteaba el informe? Sustituir a Suárez por López-Bravo, “un hombre excepcionalmente inteligente y no sólo preparado respecto a la temática política, sino también respecto a la económica”. No en vano, los tecnócratas tenían un marchamo de experiencia en la gestión económica tardofranquista. Entre 1957 y 1975 hubo al menos ocho ministros del Opus, incluyendo las carteras de Hacienda, Industria y Comercio. 

10 de octubre de 1977. Almuerzo en la Agencia EFE convocado por su presidente, Luis María Ansón, destacada figura de la transición paralela, según Muñoz Bolaños. La nómina de asistentes no tiene desperdicio. Acuden los exministros y empresarios Juan Miguel Villar Mir y Carlos Pérez de Bricio; los banqueros Luis Valls Taberner (Popular), Alfonso Escámez (Central) y Jaime Carvajal (Urquijo); Max Mazin, vicepresidente de la CEOE; y el exministro de Obras Públicas Federico Silva Muñoz. ¿Qué posible presidente surge? En efecto: López-Bravo, de nuevo en el abanico de opciones junto a López de Letona. Un inciso: aunque López de Letona, que fue gobernador del Banco de España entre 1976 y 1978, formó parte de la familia tecnocrática y a menudo se lo presenta como miembro de La Obra, la prelatura lo niega expresamente en su web. Quien sí era un destacado miembro del Opus era Luis Valls Taberner, presidente del Popular, dentro del Opus desde 1945. “Desde su juventud era miembro numerario”, señala su reseña en la Real Academia de la Historia.

Ansón, según Muñoz Bolaños, también tenía en mente a López-Bravo –y a Villar Mir, y a Pérez de Bricio– cuando en 1978 pensó en el líder de un equipo civil para gobernar España dos años en situación de excepcionalidad. Más tarde –siguiendo a Muñoz Bolaños– se activó el plan López-Bravo, consistente en la sustitución de Gutiérrez Mellado como paso previo al desplazamiento de Suárez. López-Bravo llegó a promocionarse ante el embajador de Estados Unidos, Terence Todman. En 1979, concedió una entrevista a ABC en la que se dejaba querer como posible “ministro de Defensa civil”, una figura con la que se venía especulando ante el malestar de la cúpula militar con Gutiérrez Mellado.

¿Por qué se frustraron todas las operaciones para encumbrar a López-Bravo, ese político puro, simpático, fotogénico, experimentado, con idiomas y contactos, y además sobrado de ambición? "Por sus antecedentes", responde el autor de El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición. "Por haber sido ministro de Franco". Es decir, su trayectoria franquista, su etapa de ministro, el hecho de haber formado parte de la terna de posibles presidentes junto a Silva Muñoz y el propio Suárez, todo eso era lo que le daba legitimidad de origen franquista ante los sectores conservadores... pero lo que lo invalidaba para protagonizar el cambio político. El rey no lo apoyó.

¿Y ser del Opus no lo lastró? En absoluto, responde Muñoz Bolaños. “Porque Armada también era del Opus”. 

Alfonso Armada

Alfonso Armada (1920-2013), que había sido instructor militar del príncipe –luego rey Juan Carlos I– y hasta 1977 secretario de la Casa Real, es la figura militar que se abre paso como líder de la transición paralela cuando queda en evidencia que la misma no puede ser liderada por un civil, según Muñoz Bolaños. "Además de su adscripción al ámbito castrense, ese líder debía tener suficiente prestigio, educación formal, formación, vinculación con la élite civil conservadora y, sobre todo, absoluta lealtad al rey [...]. Ese militar sólo podía ser Armada: políglota, aristócrata, de educación exquisita y con capacidad para moverse en las altas esferas, prestigioso en el Ejército, relativamente joven, con contactos internacionales, miembro del Opus Dei", enumera el autor de la investigación, que recuerda que el general, durante las tensiones en la Transición entre el Gobierno y la Iglesia, "se presentaba como un devoto católico practicante, ligado al Opus Dei, miembro activo del apostolado castrense y partidario de la confesionalidad del Estado". La Real Academia de la Historia también le otorga el estatus de supernumerario, concretamente en la entrada sobre el militar Juan Castañón de Mena. El Opus, como se ha dicho, lo niega.

Las operaciones manejadas en la esfera civil para convertir a Armada en presidente no incluían un golpe de Estado. La versión civil más problemática era la solución, mediante la aparición salvadora de Armada, de un hipotético golpe de Estado duro. Es lo que se ha dado en llamar solución Armada. Lo que estaba fuera de guión es que Armada acabase implicado en un golpe de Estado, el 23F, del que luego quiso aparecer como remedio. Lo cierto es que por el 23F sólo hubo condenado un civil, Juan García Carrés, amigo de Antonio Tejero y ajeno a las élites económicas, mediáticas y políticas que pilotaron la transición paralela.

El 23F fue pues una operación militar. Por su implicación en la misma Armada quedó estigmatizado. Actualmente, aunque aparece vinculado al Opus en numerosos artículos, y a pesar de que incluso lo identifica como supernumerario la Real Academia de la Historia, La Obra no lo presenta como tal en su página web. En dicho espacio no niega expresamente su pertenencia al Opus, como sí hace con López de Letona y Carrero Blanco, pero tampoco lo menciona, como sí hace con López-Bravo y otros siete ministros. Ahora bien, preguntado expresamente, sí lo niega.

Más apariciones. El 6 de febrero de 1981 tuvo lugar una importante reunión entre Armada y el rey, que lleva casi 40 años siendo objeto de múltiples especulaciones. Sobre dicho encuentro, Armada informó a dos de sus hombres de confianza, "ambos del Opus Dei", según Muñoz Bolaños, y militares destacados: José María Sáenz de Tejada y José Ramón Pardo de Santayana. 

Laureano López Rodó y más

Otra figura clave del Opus en la Transición es el exministro franquista Laureano López Rodó (1920-2000), falangista en su juventud y miembro de La Obra desde 1941, según la Real Academia de la Historia. El historiador Muñoz Bolaños, profesor de las universidades Francisco de Victoria y Camilo José Cela y del Instituto General Gutiérrez Mellado de la UNED, sitúa a López Rodó en varias escenas: explicándole a Fernando de Santiago, el que fuera vicepresidente del Gobierno para Asuntos de Defensa, que España estaba en situación "prerrevolucionaria"; también como "íntimo amigo y correligionario" de Armada. No obstante, la pimienta está en la teoría de que López Rodó fuese el autor de un influyente informe que defendía la inconstitucionalidad de los estatutos vasco y catalán, y que sirvió para agitar aún más las ya agitadas aguas políticas. "Me ha llegado el rumor, no puedo asegurar, de que pudo haber estado escrito por López Rodó [...]", expresó Milans. El autor de la investigación señala que, por su relación con Armada y su condición de catedrático de Derecho Administrativo, López Rodó le parece el autor más verosímil. El informe tuvo un notable recorrido político: le llegó a Armada –que nunca desveló el autor– y lo pasó a Zarzuela y a Milans del Bosch. También llegó al Consejo Superior del Ejército, tan sensible con la cuestión territorial.

Hay más nombres vinculados al Opus en aquella época de conspiraciones (hay que insistir: no vinculados al golpe de Estado). Ahí está el militar Juan Castañón de Mena (1903-1982), que fue procurador en Cortes y ministro del Ejército durante el franquismo. "Su ideología monárquica neotradicionalista y su vinculación al Opus Dei como socio supernumerario" le permitieron "jugar un papel clave en la elección de Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey", señala la Real Academia de la Historia en su reseña biográfica. El autor de El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición inscribe a Castañón de Mena entre los que en la Transición fueron "defensores de un franquismo coronado en la persona de Juan Carlos I", en una línea representada por Armada y Milans.

Otra figura es Álvaro de Lacalle Leloup (1918-2004), vinculado al Opus por Muñoz Bolaños. En el periodo previo al 23F en el que los partidos planteaban todo tipo de soluciones como plan B para evitar o reconducir un golpe duro, se movió incluso en círculos socialistas el nombre de De Lacalle Leloup como posible presidente de circunstancias, según el historiador. Como señala Muñoz Bolaños: "La pertenencia al Opus y su papel como cofundador de la revista Fuerza Nueva Fuerza Nuevahacen que resulte difícil explicar esta posición de los socialistas, a no ser que hubieran entrado en contacto con los planificadores de la transición paralela". De Lacalle Leloup se encontraba entre los miembros de la “élite militar” que, ante el convulso cambio político, se reunían desde 1977 compartiendo coincidencia en su “posición crítica con el proceso”, escribe Muñoz Bolaños, que les atribuye una “estrecha relación” con Armada. Al menos a una de esas reuniones acudió otro miembro del Opus, Víctor Castro San Martín. El Opus ha mantenido peso en las Fuerzas Armadas, ya en democracia [ver aquí información en detalle].

El empresario José María Ruiz Mateos (1931-2015), cuya trayectoria estuvo marcada por su vinculación al Opus Dei, se quedó al margen de las operaciones civiles de la transición paralela. Eso sí, según Muñoz Bolaños, que cita un testimonio escrito del empresario, Ruiz-Mateos puso dinero para comprar silencios tras el 23F. Dichas aportaciones, que habrían superado los 1.000 millones de pesetas, no han sido acreditadas fehacientemente. A la pregunta concreta sobre la relación de José María Ruiz Mateos, entre otros, con el Opus Dei, la organización responde: "La vinculación de una persona con el Opus Dei es bien conocida en su ambiente, y cada persona de la Obra es un ciudadano que vive con libertad y responsabilidad sus opciones".

"Cuando terminó el régimen de Franco, los tecnócratas diluyeron rápidamente el hecho de que habían sido una familia del franquismo. Hubo un reciclaje masivo”. A juicio de Sánchez Soler, el Opus se anotó grandes logros ya en democracia, como la consagración del modelo de concertada, gracias a que era una organización “impregnada en el poder”, concluye el periodista.