Este viernes terminó el plazo de consulta pública que el Ministerio de Economía lanzó para recoger las opiniones sobre la creación de una cuenta de ahorro e inversión promovida desde lo público. El objetivo de esta medida es mover el dinero de los ciudadanos que tienen fondos de baja remuneración —1,2 billones en España— hacia otros productos financieros más rentables, pero sin un riesgo demasiado alto.

Hace unas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba también la creación de un fondo soberano llamado España Crece, que estará dotado de 10.500 millones del Plan de Recuperación y buscará también atraer capital privado. A la vez, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ponía el foco en los influencers que dan consejos de inversión en redes, los denominados finfluencers. “Promocionar un servicio o un producto financiero no es como promocionar zapatos”, advertía el director de la entidad, Carlos San Basilio. No hay que olvidar que estos consejos pueden tener consecuencias muy graves para quien pone todos sus ahorros en la misma cesta.

Por ello, tanto Europa como España empiezan a mirar hacia la inversión y las finanzas —campos áridos y poco conocidos para muchos mortales— como una de las patas para promocionar el mercado interno de la Unión Europea, tal como se ha pedido desde organismos como la OCDE o en el famoso informe de Enrico Letta y Mario Draghi. Sin embargo, el camino a recorrer parece largo. “En esta estrategia se combinan varias circunstancias. En primer lugar, se ha acumulado un volumen de ahorro no solo en las rentas altas, sino también en las medianas, y los gobiernos están tratando de canalizarlo, de forma que eso derive en un aumento de la actividad productiva”, explica Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada. En corto, que ese dinero que está “quieto” genere valor más allá del puramente especulativo y ayude a despegar a empresas, a financiar la economía con ahorro a largo plazo o a impulsar determinados sectores europeos.

En el documento publicado por el Ministerio de Economía señalan que el objetivo de productos como la cuenta remunerada es que entidades y brókeres ofrezcan un paquete de varios instrumentos de inversión con reglas simples, costes previsibles y un tratamiento sencillo para pequeños inversores. En cuanto al fondo soberano, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntaba que sería un instrumento destinado a “entrar en el capital de las empresas que así lo deseen” y lo ejemplificaba con las pymes y startups. “Tenemos un gran ecosistema de startups, pero necesitan financiación y escala, y ahora mismo les cuesta conseguirla dentro de la UE”, concluía.

En opinión de Torres, la intención es buena, aunque el resultado podría no ser tan evidente. “Yo creo que lo que pueda tener de bueno el movilizar el ahorro está muy limitado, porque en nuestras economías el sistema financiero no está orientado prioritariamente a financiar la actividad productiva”, y apunta a que promover instituciones o bancos “que estuvieran directamente comprometidos con la actividad productiva, como mejorar infraestructuras, servicios públicos o financiación para jóvenes” sería más eficaz.

Los pasos de España se enmarcan dentro del plan europeo denominado Unión de Ahorros e Inversiones, que busca crear mecanismos para que los ciudadanos de la unión inviertan sus ahorros en sectores estratégicos para Europa. De hecho, según Bruselas, 10.000 millones de euros ahorrados por los hogares están en depósitos donde no producen rendimientos. Y en el fondo de la idea, aparece de nuevo la incertidumbre geopolítica como motivación: “La Unión de Ahorros facilitaría la financiación en ámbitos como la descarbonización, la innovación tecnológica y la mejora de la seguridad, todos ellos esenciales para mantener la competitividad de Europa en el mundo”, señala el documento publicado por el Consejo de Europa. Y es que muchos pequeños ahorros juntos son el objetivo de las nuevas políticas europeas que quieren apelar a un mercado interno de 450 millones de ciudadanos.

En la jerga financiera, se denomina dumb money (dinero tonto, en inglés) al capital de pequeños inversores individuales que entran puntualmente en el mercado motivados por consejos, tendencias o redes sociales. Pero lo cierto es que la coordinación a través de foros y redes terminó por dejar patente su importancia y desmentir ese apelativo de “dinero tonto”. Por eso, controlar a quienes dan consejos de inversión se ha convertido en otro de los objetivos de las políticas financieras.

La palabra finfluencer seguramente no les diga nada, pero si les hablo de creadores de contenido dedicados a dar consejos sobre inversión, tal vez se hayan tropezado con alguno mientras paseaban por las redes sociales. Hay para todos los gustos: desde cuentas de divulgación, a otras de dudosa fiabilidad. Hay perfiles que tan pronto asesoran sobre una rutina de gimnasio, como te hablan de emprendimiento; hay coleccionistas de bolsos Hermès; prescriptores que te enseñan a invertir en 30 días o cuentas que te recomiendan una app para comprar criptomonedas de forma “supersencilla”.

El problema es distinguir quién es quién en este mar de consejeros y por eso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha empezado a vigilarlos de cerca y pretende hacerles responsables de sus consejos de inversión. También, por el riesgo que suponen para los pequeños inversores aficionados. De esta forma, el regulador prevé sanciones de hasta 500.000 euros por abuso de mercado en función de si es falsa la información que se da, de si la recomendación se hace es por conflictos de interés no declarados o por publicidad encubierta.

“Los riesgos de seguir los consejos de los prescriptores son altísimos y más cuando se trata de criptomonedas, porque son un producto sin respaldo”, explica Verónica Rodríguez, de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). “Hay que sospechar de cualquier promesa de inversión que te ofrezca una rentabilidad notablemente superior a la media del mercado, por encima del 5% o 6%, y a corto plazo”, explica. Además, puntualiza que no es imposible obtenerlas, pero suelen ser productos de alto riesgo, más recomendados para expertos que para particulares que se juegan sus ahorros.

Muchos seguramente piensen que lo que narra Asufín no les puede pasar o que las finanzas son cosas más serias, que suelen pasar por la oficina de un banco o un gestor. Pero resulta que hace no mucho, en 2021, un youtuber sentado en su casa hizo perder 1.200 millones de dólares en apenas 24 horas a varios fondos de cobertura de Wall Street. Se llama Keith Gill y su perfil en redes, Roaring kitty (gatito que ruge), consiguió que miles de pequeños inversores se organizaran a través de foros como Reddit para comprar masivamente acciones de GameStop, una empresa que los grandes fondos daban por perdida y contra la que habían apostado en corto.

El directo de Keith Gill provocó una subida histórica en el precio de la acción, hizo perder unos miles de millones a los fondos que apostaban a la baja y dejó claro que Internet tenía mucho que decir en el sistema financiero moderno. Pero no todos los influencers tienen alma de Robin Hood, ni sus consejos son desinteresados o sus intereses públicos.

Otra cosa que dejó patente este episodio, que incluso inspiró la película Dumb Money (2023), es que muchos pequeños inversores coordinados y juntos —dueños del citado “dinero tonto”— podían jugar un papel relevante en el mercado.

Por cierto, el fondo de inversión en cuestión terminó liquidando sus activos y cerrando en 2022 y también mucha de la gente que durante un momento se pensó millonaria terminó perdiendo su dinero. Porque, como concluye Rodríguez, “esa es la principal premisa que no podemos olvidar cuando se habla de inversiones”.

La tasa de ahorro de los hogares se situó en el 12,8% de su renta disponible bruta en el primer trimestre de 2025, 1,2 puntos menos respecto al mismo trimestre del año anterior, de acuerdo con los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa -calculada una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario- encadena dos trimestres consecutivos a la baja y se redujo en seis décimas desde el cuarto trimestre de 2024 (13,4%), según las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales y recoge EFE.

Entre enero y marzo de este año, la renta disponible bruta de los hogares fue de 245.976 millones de euros, un 5,1% más, y el gasto en consumo final alcanzó los 234.118 millones, lo que se traduce en un incremento del 7,1%.

Así, el ahorro de los hogares se cifra en 11.913 millones de euros, cifra inferior a los 15.068 millones de un año antes, mientras que la inversión aumentó un 9,1% respecto al mismo trimestre de 2024, hasta los 18.089 millones, y la necesidad de financiación se triplicó, hasta los 6.871 millones de euros.

Respecto al valor añadido generado por los hogares, aumentó un 3,8% (hasta 80.868) y su excedente de explotación y renta mixta bruta creció un 3% (hasta 63.133).

Sumado el resultado de los hogares al del resto de sectores institucionales (sociedades no financieras, administraciones públicas e instituciones financieras), la economía nacional registró en el primer trimestre del año una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 10.100 millones de euros, equivalentes al 2,5% del PIB.

Las sociedades no financieras registraron una capacidad de financiación menor, 8.993 millones en los tres primeros meses de 2025 frente a 12.411 millones del mismo periodo de 2024.

En el caso de las instituciones financieras, su capacidad de financiación aumentó a 12.697 millones, frente a 8.972 millones de hace un año, mientras que la necesidad de financiación de las administraciones públicas se redujo en 661 millones de euros, hasta los 4.719 millones.

Las mismas fuentes explican que la renta nacional disponible bruta se situó en 395.771 millones.

El horario de verano comenzará en España en la madrugada del sábado al domingo, cuando a las 02.00 los relojes se adelanten a las 03.00, con el objetivo de acercar las horas de actividad a las de luz solar y coincidiendo con una reapertura del debate sobre su posible supresión después de 2026, según informa EFE.

El 30 de marzo de este 2025 y el 29 de marzo de 2026 son las últimas fechas establecidas para la aplicación del horario de verano tanto en el Diario Oficial de la Unión Europea como el BOE, pero reina la incertidumbre respecto a lo que ocurrirá en adelante.

En la vida cotidiana, el cambio será inmediatamente perceptible en que amanecerá y anochecerá más tarde. A medida que avance la primavera, los días, que tienen ahora en España cerca de 12 horas y media, superarán las 15.

El horario de verano es una herencia de la crisis del petróleo de los años 70, cuando se consideró una medida útil para ahorrar energía. Ese planteamiento está actualmente superado por numerosos estudios, como los liderados por la organización internacional Time Use Initiative (TUI), que se ha mostrado favorable a la supresión del cambio horario y que colabora con el Parlamento Europeo en el análisis de sus efectos.

Esta semana el Parlamento celebró una conferencia en la que se retomaron las conversaciones sobre el futuro del cambio de hora, un debate que quedó interrumpido en 2020 por la pandemia.

"En ese acto participó una representante del equipo de la Comisión de Transportes, que es la que tiene el tema en su cartera, y ellos también tienen interés. Y falta el paso más complicado, el Consejo de la Unión Europea, porque ahí ya no solo se trata de decir si cambiamos el reloj dos veces al año, sino de decidir dónde nos quedamos, en qué horario", explica a EFE la subdirectora de TUI, Ariadna Güell.

El objetivo del parlamentario irlandés Seán Kelly, impulsor del proyecto, es que por parte de la UE esté aprobado en 2026. "Pero una cosa es aprobar y otra, implementar", advierte Güell, para quien el calendario de aplicación "depende de la voluntad política".

La representante de TUI admite que la supresión del cambio horario tiene cierto "mal márketing" porque los expertos señalan que el horario "más natural" sería el de invierno.

Por el momento, prácticamente todo el continente europeo adelantará la hora este domingo, con contadas excepciones como Rusia, Bielorrusia, Turquía o Islandia. 

Si el supuesto ahorro energético que proporciona esta medida está muy cuestionado, no lo están para casi nadie sus efectos negativos sobre la productividad laboral y la salud. Con el adelanto horario el reloj de muñeca pierde su sincronía con el reloj biológico o circadiano, que regula los procesos fisiológicos y al que le llegan señales que desconoce.

"El cambio de hora es una circunstancia extraordinaria en nuestra vida. Es muy difícil que el cuerpo logre dormirse una hora antes de lo que está acostumbrado", señala a EFE Agustín Peralt, doctor en Administración y Dirección de Empresas, experto en efectividad personal y creador de un método para el aumento de la productividad.

Ante lo que sucederá este domingo, Peralt recomienda "gestionar la energía en lugar del tiempo" y programar "recargas diarias" durante las primeras semanas, como "una siesta de diez minutos o un paseo energizante". También, extremar el cuidado con "la alimentación, la hidratación y la vitamina D", que se consigue más fácilmente gracias a la mayor cantidad de horas de sol. Hacer deporte cansa y ayuda a dormir.

Si todo cambio de horario afecta al organismo, el de este domingo, por suponer una hora menos de sueño, "puede generar fatiga, irritabilidad y falta de concentración", apunta a EFE Karina Reinoso, médico del servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 

Niños y ancianos, enfermos y aquellas personas que ya padezcan trastornos del sueño serán los colectivos más afectados, según la especialista. Necesitan mucho más tiempo para adaptarse, un tiempo que puede prolongarse "hasta varias semanas".

La clave está en la producción por parte del cuerpo humano de la hormona melatonina: "Empieza a secretarse por la noche. Si disminuye su producción porque hay más exposición a la luz, el cuerpo no descansa bien y por eso llega esa sintomatología", explica Reinoso.

Para mitigar esos perjuicios causados en el organismo no se recomienda recurrir a los ansiolíticos ni a la cafeína, advierte, sino ajustar el sueño desde unos días antes.

El problema es aún más acusado en los bebés, "que no tienen las referencias sociales o del reloj de pulsera", observa la matrona Emma Salado, especialista en sueño infantil. 

"Lo que en un adulto es una diferencia de una hora, para un bebé es como un 'jet-lag' de varias", afirmó.

"Bajar persianas y cambiar los horarios en bloque: comidas-siesta-baño" es de nuevo la mejor forma de abordar las alteraciones del sueño. 

Mientras expertos y administraciones debaten sobre la oportunidad de prolongar o poner fin al horario de verano, por ahora solo hay una verdad indiscutible: este domingo, a las 2.00 serán las 3.00.

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha denunciado este miércoles ante el Ministerio de Consumo a los portales inmobiliarios Idealista y Fotocasa por publicar sistemáticamente anuncios de viviendas en su web sin certificados energéticos, así como por posible estafa, debido a que gran parte de las ofertas que sí los incluyen tienen etiquetas aparentemente falsas o incompletas. También han denunciado a la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro porque utiliza en sus anuncios un distintivo confuso que imita a la etiqueta energética, pero que no es legal.

La organización de consumidores ha estudiado 450 anuncios alquiler y venta de pisos en seis ciudades de España y ha determinado que uno de cada tres (el 33,8%) de los publicados en Idealista y Fotocasa no incluye el sello energético, pese a que es obligatorio, según el Real decreto de eficiencia energética de 2021. Como la normativa obliga a que los portales que se hagan eco de las ofertas también incluyan ese certificado, CECU ha optado por denunciar directamente a las dos webs. "Como había decenas de inmobiliarias implicadas, creemos que es más útil vigilar y sancionar a las plataformas que los agregan", señala Eloy Gutiérrez, responsable de Vivienda en CECU.

De los anuncios que sí tienen sello energético, el 74,2% "están incurriendo en un posible fraude", según la federación, porque están incompletos, porque el certificado está "en tramitación" o porque la letra que atribuyen a una vivienda es errónea teniendo en cuenta el consumo medio y las emisiones que publica el anuncio. Por ejemplo, incluyen una vivienda de Barcelona publicada en Idealista con unas emisiones de 52 kg CO₂/m² al año con una letra D, que en realidad debería ser una F. 

En el caso de Idealista, además de tener anuncios sin catalogación energética, también permite publicarlos con el certificado energético "en tramitación", una práctica que no contempla la ley. También son habituales los anuncios que alegan estar exentos de la obligación de poseer el certificado, pero, según el informe de CECU, ninguno de los que se han analizado cumplía con los requisitos para acogerse a esta exención.

Mientras que en la web Fotocasa, cuando un anunciante publica un anuncio sin esta información, el propio portal proporciona por defecto y de forma arbitraria unos valores predeterminados sobre el consumo y las emisiones que no se corresponden con la clase energética indicada, una "práctica engañosa", según la federación.

Las inmobiliarias son, de lejos, las que más incumplen la normativa, principalmente porque ocho de cada diez anuncios los suben estas empresas. De los anuncios fraudulentos o sospechosos de incurrir en fraude, el 81% corresponden a inmobiliarias, y el resto a particulares.

La denuncia queda ahora en manos del Ministerio de Consumo, que tendrá que decidir si investigar y sancionar a las empresas. Las multas pueden ser leves o graves, según el caso. Por ejemplo, la ley de eficiencia energética cataloga como leve "publicitar la venta o alquiler de edificios [...] sin hacer mención a su calificación de eficiencia energética", con multa de 300 a 600 euros por anuncio. Mientras que "exhibir una etiqueta que no se corresponda con el certificado de eficiencia energética válidamente emitido, registrado y en vigor" es una infracción grave, con sanción de 601 a 1.000 euros.

Paralelamente, la federación ha denunciado también ante Consumo a Alquiler Seguro por incluir en sus anuncios de internet certificados energéticos incompletos, que no están permitidos por ley. Junto a las fotos del inmueble incluye simplemente un color para la vivienda (equivalente a una letra energética, sin hacer mención a cuál) y da un número, sin aclarar si corresponde a emisiones de CO₂ o al consumo energético anual de la casa.

El informe, que recoge casos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, concluye que el mercado de la vivienda en España tiene una importante falta de transparencia en consumo energético, pese a ser una figura clave en el gasto de las familias. Un hogar medio gasta entre 600 y 1.000 euros de media al año en energía, y la eficiencia de la vivienda es determinante en esa cifra. 

"En general, el consumidor pone muy poca atención en la eficiencia de una vivienda, sobre todo al alquilar, porque se encuentra con un mercado tan tensionado y difícil que solo se fija en el precio mensual del alquiler. Pero es que tener un piso deficiente en energía supone sumar cada mes otros 100 o 150 euros en facturas", señala Eloy Gutiérrez.

Esta semana se han publicado las nuevas obligaciones de ahorro de energía para las empresas energéticas españolas en 2025: 5.815 gigavatios hora (GWh), el equivalente al consumo eléctrico del país durante ocho días y medio. Se espera que el sistema de Certificados de Ahorro Energético (el conocido como sistema CAE) represente la mayoría de estos ahorros, aunque los expertos insisten en que hacen falta cambios normativos para que los hogares que participen puedan beneficiarse, por ejemplo, recibiendo más dinero por reformar la envolvente de la fachada.

El año pasado fue el primero en el que funcionaron los CAE, y el sector residencial solo representó el 1,8% del total del ahorro energético de este sistema (35 GWh) y aportó el 11% de las solicitudes totales de actuaciones. La industria monopolizó la gran mayoría de la venta de certificados de ahorro, con 410 solicitudes (54% del total) y una reducción de consumo de energía de 1.342 GWh (70,4%). El sector terciario realizó el 35% de las actuaciones con un ahorro de 530 GWh (27,8%). En total, se repartieron más de 230 millones de euros para financiar actuaciones.

Los CAE permiten a empresas y particulares recuperar una parte del coste de actuaciones de ahorro energético, como mejorar el aislamiento de una fachada o sustituir una calefacción de gas por una bomba de calor. Y el dinero que reciben depende de cuánta energía han dejado de consumir, medida en kilovatios hora (kWh) el primer año tras la reforma. Un kWh ahorrado equivale a un certificado, que luego se vende en el mercado para recuperar parte de la inversión.

Pero expertos en eficiencia energética subrayan que el sistema no está optimizado para el sector residencial, y los ciudadanos de a pie apenas se benefician de él. Cecilia Foronda, directora de Energía y personas en la fundación Ecodes, calcula que en una rehabilitación de fachada se puede recuperar entre el 3% y el 8% del coste total mediante la venta de certificados de ahorro energético. 

"Ese porcentaje es muy, muy pequeños para el sector residencial, y por sí solo no va a impulsar la renovación de edificios ni la eficiencia energética en los hogares", explica. La venta de CAE es en este momento la principal herramienta para incentivar las obras energéticas, puesto que los famosos fondos Next Generation para edificios ya se han agotado en todas las comunidades autónomas. 

Peio Mendia, miembro del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, coincide con esta opinión. "Los CAE por si solos no impulsan las obras en los vecindarios, solo son una ayuda extra para reformas que ya estaban planeadas con los fondos europeos, que llegaban a darte 16.000 euros por cambiar la fachada. De hecho, los Next Generation se han acabado y las reformas energéticas residenciales están paradas totalmente", añade.

Desde Ecodes han planteado al Gobierno varios cambios para pulir el sistema de certificados energéticos para que lleguen a los hogares, especialmente a los vulnerables. Aislar la fachada o sustituir las calderas de un edificio del extrarradio construido hace medio siglo no solo permitiría a España cumplir con su objetivo de ahorro de energía -que viene dictado por la Directiva europea de Eficiencia Energética-, sino que reduciría los índices de pobreza energética. Sin embargo, el sistema CAE español se diseñó pensando en actuaciones que ahorren energía a corto plazo, y reformar una fachada es una operación pasiva, ahorra a lo largo de dos décadas.

Rodrigo Morell, director de Creara Energy, una consultora especializada en certificados energéticos, confirma que en este momento es muy difícil para una vivienda beneficiarse tanto como para que sea interesante la inversión. "Los CAE se pagan por el ahorro de energía que producen en un año, y aislar un edificio se rentabiliza en 15 o 20 años. Está pensado para inversiones en actividades muy intensivas en calor, como un motor industrial o una caldera de un hospital, donde se puede recuperar hasta el 80% de la inversión solo con la venta de certificados", explica.

De esta manera, la industria es la que más beneficio saca a este mecanismo, porque sus actuaciones son muy caras, pero se rentabilizan en menos de cinco años y ahorran mucha energía. "En general, los CAE están funcionando bien, pero hay que retocar el sistema para hacerlo más atractivo al sistema residencial. Aunque entiendo que el primer objetivo del Gobierno era incentivar grandes actuaciones industriales para que España cumpliese con sus objetivos de ahorro", añade Morell.

Ecodes propone retocar el sistema para que las actuaciones sobre edificios residenciales no calculen el ahorro de energía durante un año, sino durante 10 o 20 años, el ciclo real de ahorro de estas reformas. Si el cálculo se extiende en el tiempo, la comunidad de vecinos recibe mucho más dinero y hace más atractiva la obra. Este formato se utiliza por ejemplo en Francia, donde los CAE funcionan desde hace más de una década.

Cecilia Foronda también reclama a Transición Ecológica introducir los llamados multiplicadores. Si una actuación de eficiencia energética ahorra una cantidad de megavatios hora, y se realiza en un edificio de un barrio vulnerable, propone que la cifra se multiplique por 1,5 o por 2, para incrementar la compensación. Por último, solicita cambios menores, como eliminar el mínimo de concentrar 30 MWh para que una actuación reciba certificados, o que la actuación completa sea dentro de una sola comunidad autónoma.

"Lo ideal sería que una actuación de eficiencia residencial recuperase el 30% del coste vendiendo sus CAE, y que si la inversión es de una zona en riesgo de exclusión social, se llegue a cubrir el 100%", afirma Foronda.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica contestan que en julio del año pasado ya introdujeron en 15 de las actuaciones susceptibles de recibir certificados energéticos "la situación de vulnerabilidad de los hogares a la hora de contabilizar los CAE", de manera que en algunas de ellas ya se aplica el efecto multiplicador. "Los caes también persigue la equidad energética y por eso contamos con fichas para proteger a los más vulnerables", dijo a comienzos de febrero la ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, tras presentar los resultados del primer año del mecanismo.

Los Certificados de Ahorro Energético son unos títulos que se reciben cuando un grupo de hogares o empresas ahorran energía a través de una actuación, como la reforma del edificio, la modernización de la maquinaria o la compra de una flota de coches eléctricos.

Incluso el pequeño gesto de comprar una nevera de bajo consumo o cambiar la caldera permite solicitar CAE al Ministerio de Transición Ecológica, aunque está pensado especialmente para grandes inversiones industriales.

Por cada kilovatio hora de luz ahorrado (en un periodo de un año) con esa actuación, el beneficiario recibe un CAE, y ese certificado después se venden a las empresas energéticas (eléctricas, petroleras y gasistas) que operan en España.

Estas compañías compran los títulos porque tienen la obligación cada año de ahorrar una cantidad determinada de energía (este año 5.815 GWh) en función de su tamaño. Estas obligaciones se pueden cumplir mediante pagos directos al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) al precio de 189,17 euros por megavatio hora (MWh) o en su lugar comprar CAE a industrias, oficinas y hogares a un precio libre. De media, se vendieron el año pasado a entre 115 y 140 euros por MWh, según datos del ministerio.

El dinero recaudado por el FNEE, coordinado por Transición Energética, se destina después a convocatorias públicas de eficiencia energética, mientras que el nuevo sistema CAE, que echó a rodar en 2024, es una inyección directa del dinero en las empresas que han realizado las inversiones, un sistema más rápido y eficiente que el FNEE.

"Los CAE son una herramienta con buenos resultados y más rápida. Muchas veces el sector privado y los ciudadanos se quejan de que tardan en ver los resultados [de las políticas], pero no en este caso. Las certificaciones tardan de media tres meses en resolverse, un tiempo récord para la administración", afirmó la ministra Aagesen el mes pasado.

Los españoles deberán retrasar sus relojes una hora durante la madrugada del sábado 26 al domingo 27 de octubre por la entrada en vigor del horario de invierno, costumbre que sigue viva "gracias al mito del ahorro energético" según explica a EFE la codirectora de Time-Use Initiative, Ariadna Güell.

Al igual que en años anteriores, el último fin de semana de octubre forzará a cambiar la hora y a las 03:00 del domingo serán las 02:00, con lo que a partir de entonces amanecerá más pronto pero también habrá menos luz solar por la tarde ya que anochecerá antes.

El cambio de hora reaviva dos veces al año -cuando se adelanta al entrar en vigor el horario de verano y cuando se retrasa al comenzar el de invierno- un debate sobre si es realmente necesario, que se intensificó hace unos días cuando más de 200 organizaciones firmaron la Declaración de Barcelona sobre Políticas del Tiempo para abolirlo definitivamente.

Güell califica esta costumbre de "práctica desfasada que sigue viva gracias al mito del ahorro energético, cuando los estudios más recientes nos dicen que ese ahorro no es tal, que no hay diferencia, apenas un poco de consumo adicional al cambiar la hora" y sin embargo la medida trae "efectos negativos para la salud y la economía.

La costumbre "nos parece como de toda la vida" pero en realidad, recuerda, "se ha ido experimentando" con ella a lo largo del tiempo y, de hecho, la actual normativa surge de 1940 cuando, recién terminada la última guerra civil española y con los ejércitos alemanes cosechando éxitos en la Segunda Guerra Mundial, "la dictadura franquista decidió alinear nuestro horario con el de Alemania".

Y ello, "a pesar de que el horario de invierno se adapta mejor al horario geográfico nacional que el de verano" porque "nuestra hora geográfica, aquélla en la que las 12 del mediodía es el momento en que el sol está más alto en el cielo", en realidad es la misma que la del Reino Unido, Portugal o Canarias.

Esto implica que durante el horario de verano, "España registra un desfase de dos horas con respecto a su huso horario geográfico", que es especialmente destacable en Galicia, la comunidad autónoma más occidental de la península, donde "durante la estación estival, el sol no se va hasta las 11 de la noche".

Además, Güell ha señalado que el cambio de hora tiene "efectos negativos a corto y largo plazo" para la salud ya que "acabamos desincronizados entre nuestra hora del reloj y la hora del sol" y eso, asegura, incrementa la posibilidad de padecer trastornos del sueño, un factor de riesgo para enfermedades graves como diabetes, dolencias cardíacas e incluso algunos tipos de cáncer.

"Ahora mismo el 60% de los países del mundo no tienen cambio de hora", una cuestión que refuerza la reivindicación, ante las autoridades de la UE, para que finalice también esta costumbre en los países europeos.

De hecho, una encuesta de 2019 reflejó que el 90% de los europeos se mostraba de acuerdo con la posible abolición por lo que, ese mismo año, el Europarlamento y la Comisión Europea elaboraron un proyecto al respecto que, finalmente, quedó paralizado por la pandemia."Ahora el nuevo Parlamento Europeo que ha salido de las elecciones tendrá que reiniciar este proceso" afirma Güell, que ve "factible" una abolición del cambio de hora en España para 2026, "en caso de que la Unión Europea dé luz verde".

Llegado el caso, el Gobierno deberá plantear qué horario determinar como fijo, el de verano o el de invierno, si bien según el barómetro publicado por el CIS en noviembre de 2023 el 66% de los españoles preferiría mantener el horario de verano.

Los hogares españoles incrementaron el ahorro en el segundo trimestre del año, hasta colocar su tasa en el 21,2% de la renta disponible bruta. Ello supone 1,6 puntos porcentuales más que el 19,6% que se registró en el mismo periodo de 2023, de acuerdo a los datos hechos públicos este lunes 30 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las familias gastaron menos de lo que ingresaron y su renta disponible aumentó un 8,7% interanual, hasta los 278.195 millones de euros, mientras que lo dedicado al consumo subió en su caso un 6,7%, traduciéndose en 219.807 millones. Como consecuencia de todo ello, los hogares ahorraron en el segundo trimestre 59.031 millones de euros, cuantía un 17,6% superior a la del mismo trimestre del pasado ejercicio.

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro de los núcleos familiares llegó en el segundo trimestre al 13,1% de su renta disponible, tasa un punto inferior a la del trimestre anterior. Al poder financiar con sus propios recursos la inversión que realizaron, esas familias mostraron una capacidad de financiación de 41.212 millones de euros, frente a los 34.265 estimados para la misma etapa de 2023, lo que significa un repunte del 20,3% en valores relativos.

“Los hogares ahorran mucho más que antes de la pandemia y ello se debe a un combinado de ingredientes, entre los que sin duda habría que incluir la existencia de una desconfianza en la economía, que se arrastra desde incluso antes de esa crisis sanitaria”, afirman fuentes del ámbito financiero, que califican además de “buena noticia” el que se hayan podido guardar fondos incluso “con la subida de precios que ha afectado a la alimentación”.

Pero la economía española va bien, crece por encima de la media europea y las previsiones son optimistas. ¿A qué se debe entonces ese temor? Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, lo explica: “Una cosa es la macroeconomía y otra lo que vemos todos los días en el telediario sobre el precio de la vivienda, por ejemplo, que es el gasto más importante de las familias, y sobre las subidas del alquiler”. Es de quienes piensan que “la incertidumbre” marca el ahorro. “La gente está atesorando para un futuro que va a ser más costoso y la única manera de hacerlo es ahorrar”, señala. Como también influye en estos momentos en la contención del gasto “la perspectiva de comprar una vivienda, ya que se han encarecido mucho”, incide. 

Y hay otro par de motivos, a su juicio, por los que no se ha cejado en el gesto de guardar dinero en el segundo trimestre del año: “Los tipos de interés estaban muy altos, por lo que muchos ahorran en deuda pública y en bonos corporativos para tener una rentabilidad mayor cuando bajen, como ya están haciendo”, argumenta, para finalizar con un tercer punto: quienes están amasando dinero "para complementar las pensiones" cuando les llegue la edad de jubilación.   

Por su parte, Mónica Mellet, profesora de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, aporta que “el ahorro está siendo sobre todo de rentas altas", junto a que "los salarios han crecido algo y la inflación se está moderando”. Sostiene que, “con la crisis de 2008 se vivió una situación difícil y los hábitos de consumo y ahorro cambiaron a partir de ahí”. “Las familias -enlaza- tratan de tener siempre algún remanente, por si viene alguna coyuntura peor. Algunos medios vaticinan que va a haber una hecatombe en algún momento, eso condiciona", asimismo, "y la banca ha reducido bastante los créditos al consumo y los hipotecarios”, condensa. 

Otras fuentes hacen notar que las cifras actualizadas se refieren al ahorro del global de los hogares y “hay más con miembros trabajando, dado el buen comportamiento del mercado laboral, lo que influye positivamente”, aseveran, para poner igualmente la lupa en "lo que está pasando con la vivienda". "Es muy difícil comprarse una y la hucha es un buen comienzo", lanzan.

Javier Ferri, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de Fedea, abre el abanico de factores a los que achacar el ahorro disparado. Arranca por el envejecimiento: "Los mayores tienen una tasa de ahorro más alta que los jóvenes y que los que tienen una edad media y esto se liga, a su vez, al hecho de que si ha habido una renta que ha sufrido poco las fluctuaciones de los ciclos son las pensiones porque están indexadas para mantener su poder adquisitivo y han padecido poco los vaivenes de las últimas crisis".

En segundo lugar resalta el flujo de migrantes que, "tradicionalmente, tienden a ahorrar más que las personas nacidas en España, en parte porque usan su estatus para enviar remesas a sus países de origen". "El hecho de que la población activa este aumentando sobre todo por la entrada de inmigrantes, hace que la tasa de ahorro tienda a elevarse", sintetiza.

Luego, Ferri alude a un componente vinculado "con el aprendizaje". Lo desarrolla: "Como España sufrió tanto la gran recesión, se ha quedado en la mente colectiva que esos episodios donde la demanda interna se dispara, el consumo es elevadísimo y los hogares se endeudan, tienen a generar burbujas que se pinchan y esto genera mucho sufrimiento".

Y del lado de los jóvenes, atribuye la tendencia a ahorrar entre ese colectivo a "las dificultades que tienen de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como alquilada. Muchos de ellos viven aún con los padres y, como no pueden comprar una casa, no se endeudan y ahorran", dice. Por último, el catedrático expone que "las decisiones de ahorro no dependen sólo de lo que los hogares vean a su alrededor y aunque sea una época de expansión, la economía española tiene problemas estructurales de largo plazo". "La tasa de ahorro y el consumo, que es la otra cara de la moneda –une–, es muy reactiva al ahora, pero también a lo que pensamos que va a ocurrir en el futuro. Sabemos que estamos creciendo, pero la economía tiene déficits estructurales relacionadas con la productividad, el capital humano, la organización empresarial…", desliza.

Ahonda en esa idea: "España está en expansión, va mejor que otros países, hay verdor en la economía española, pero si se amplía el zoom, vemos que el alrededor es desierto. El largo plazo puede que no sea tan halagüeño, y eso afecta al ahorro porque sirve como un seguro frente a contingencias futuras. La gente no se fía", cierra.  

En ese dibujo de situación, cabe preguntarse cómo puede repercutir en la evolución de la economía estatal el que las familias se hayan abonado a contar con un colchón. Pampillón opina que esto “puede influir positivamente en la inversión porque hay más financiación de los bancos a los empresarios, es decir, el ahorro bancario va más hacia los créditos a las empresas y puede crecer el crédito hipotecario”, pero, “a la vez, ese mayor ahorro lleva a un menor consumo y éste puede quedar tocado”, avisa. O expresado de otra forma: “Si el ahorro se dirige a la inversión, fenomenal, porque ayudará a financiar la economía y la inversión. Pero lo que le queda a las familias después de pagar los impuestos es la renta disponible y eso, o se consume o se ahorra, por lo que el primero se puede resentir”, advierte.   

Mellet augura que “la economía va a crecer en torno al 3%" en 2024, "por encima de lo previsto a comienzos de año", y considera que "el ahorro no afectará, si se transforma en inversión”. Engarza: “El consumo no va mal, pero la clave será que el ahorro contribuya a incrementar la inversión, porque posibilitará mejorar la productividad y el tejido empresarial e industrial y permitirá crecimientos de cara al futuro", finaliza. Pase lo que pase en ese sentido, los españoles parecen haber optado por no deshacerse de un dinero que pueda ser la diferencia entre la tierra firme económica y el abismo.

La tasa de ahorro de los hogares españoles se disparó hasta el 17,3% de su renta disponible bruta en el último trimestre del año pasado, un nivel cercano a los registros de pandemia, frente al 15% del mismo periodo de 2022. En el global de 2023, el porcentaje fue del 11,7%, esto es 4,1 puntos superior al del ejercicio anterior y el tercero más alto de la serie histórica, según las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales actualizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las familias españolas ahorraron 108.139 millones de euros, un 70,6% más que en 2022. En paralelo, incrementaron su gasto en consumo un 6,1%, hasta los 813.066 millones, y elevaron su inversión en un 8,1%, hasta los 64.539, de acuerdo a la información difundida por el organismo estadístico.

En concreto, en el último trimestre de 2023, los hogares gastaron 206.731 millones, un 6,9% más que el año precedente. Y su renta disponible bruta se acrecentó un 9,8%, hasta los 250.382. Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro alcanzó en el cuarto trimestre el 13,1%, lo que supuso 3,4 puntos más que en el trimestre previo, siendo el porcentaje más alto desde el tercer trimestre de 2021. La remuneración a cobrar por los asalariados se estiró un 8,8%. Y, tenido en cuenta el saldo de transferencias de capital del sector, los hogares atesoraron una capacidad de financiación de 23.017 millones de euros, mientras para el mismo periodo de 2022 se estimó en 19.571.

Esas cifras se produjeron en un contexto económico complejo con los tipos de interés en máximos, lo que se tradujo en un encarecimiento de la financiación, y una inflación aún sin domar del todo, lo que repercutió en el poder de compra, dado el mayor coste de la vida. ¿Cómo se conjuga entonces la mayor tasa de ahorro y el mantenimiento del consumo de las familias?

Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, lo vincula con “el impacto de la desinflación”. Lo desarrolla: “La tasa de ahorro cayó en 2022 hasta el 7,6% desde el 13,8% de 2021. Se esperaba que bajara, que desembolsara la bolsa de liquidez por la pandemia, pero no tanto. Y fue porque hubo inflación y los hogares se vieron sorprendidos porque compraban más o menos lo mismo, pero todo costaba más caro”. A ese descenso se ha sumado que “en 2023 pasó lo contrario: la desescalada de los precios fue significativa, más de lo que se esperaba, y los hogares, ya sea porque se creó empleo –más de 500.000 puestos en el año–, las medidas del Gobierno, y que los salarios crecieron por los fenómenos de compensación como convenios colectivos u otros en empresas"; vieron contrarrestada, "al menos parcialmente, la pérdida de poder adquisitivo del año anterior”. Para Torres, “ese doble movimiento, más ingresos salariales y menos inflación de la prevista” fue lo que “produjo el fenómeno de una subida de la tasa de ahorro”.

Por lo que respecta al consumo, que “supone más de la mitad del PIB -Producto Interior Bruto- y es el componente más importante de la demanda”, indica que aunque “subió un 1,8% en 2023, en cierto modo, costó más barato de lo que se había anticipado y produjo una subida en sentido inverso de la tasa de inflación”. Amplía el foco y asevera que algo similar a lo que apuntan las estadísticas del INE “ha pasado en otros países europeos, con una caída importante de la tasa de ahorro en el 22 y una ligera subida, a lo mejor más ligera que en España en el 2023”. “También en España la desescalada ha sido más rápida, una parte del año pasado tuvimos una tasa de inflación inferior al resto porque se produjo un reflujo de los precios mayor”, apostilla.

A su juicio, en 2024, “el consumo probablemente se podrá sostener”, pese a que “el fenómeno de la desinflación va a ser casi nulo, y la compensación salarial no se producirá tanto este año, pero la tasa de ahorro es superior al valor normal”, concluye.

De su lado, Ariane Aumaitre, consultora independiente de políticas públicas e investigadora en el Instituto Universitario Europeo, señala “dos claves” para explicar el comportamiento económico de las familias: “El punto de partida, la tasa de ahorro del año anterior había sido particularmente baja, ya que 2022 fue un año bastante especial por las consecuencias de la covid y una inflación desbordada; y que en 2023 aumentó la capacidad de los hogares por el buen comportamiento del empleo, porque subieron los salarios un 8,8%, las prestaciones sociales como las pensiones, las rentas de la propiedad…”. A su juicio, “donde se concentraron más" las crecidas de empleo y de salario, "pudieron aumentar su consumo y su ahorro en proporción con respecto al año anterior”.

El investigador de Fedea y profesor de la Universidad de Valencia José Emilio Bosca cree que los datos publicados por el INE son “coherentes” con que “la gente está ahorrando por el motivo precaución, porque tiene una cierta desconfianza con el futuro”. Comparte con los otros expertos que ha ayudado a engordar la hucha "el que los sueldos subieron como efecto de la inflación fuerte que hubo los años anteriores”. “Se recuperó algo de poder adquisitivo", constata, para incidir en su interpretación de la escalada "tan grande de la tasa de ahorro, una de las más altas de los últimos años": tiene que ver "con un efecto de incertidumbre de futuro”.

“Las hipotecas siguen estando caras -sostiene Bosca-, los tipos de interés y el crédito continúan estando altos y la gente posiblemente está ahorrando para esperar menores precios en cuanto a inversión en vivienda y ante la incertidumbre de lo que pueda pasar. Las familias han decidido ahorrar más. Los acontecimientos de los últimos años han influido”.

Mira por el retrovisor y comenta que “en la pandemia se ahorró mucho, con un poco de desfase se gastó también mucho y los últimos acontecimientos, subida de la luz, shock de oferta, los propios tipos de interés elevados… han hecho que, aunque el consumo privado no haya ido mal, se haya retraído a la hora de acometer determinadas compras de consumo de bienes duraderos como lavadoras, coches…”, alimenta la idea. Y cierra: “Es cierto que el consumo creció bastante, pero menos que la renta disponible, y en menor medida que el consumo público y las exportaciones”.

La tendencia no parece que vaya a cambiar demasiado, según la encuesta del Banco Central Europeo (BCE). Los españoles confían en que la economía se expanda los próximos 12 meses, no así los ciudadanos de los otros grandes países de la zona euro, y que esto repercuta en los ingresos de sus hogares, pero no prevén intensificar su consumo, con lo que el ahorro se mantendrá.

José Manuel Cansino, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla y del Instituto San Telmo, hace notar que "la mayor tasa de ahorro, en torno al 17%" del año 2023 se dio "en el trimestre donde más gasto hay, la Navidad, que es un impulsor del gasto por las compras". "Pero es verdad –enlaza–, que coincide con la paga extraordinaria y, si la empleas en regalos, no tiene que verse afectado el sueldo".

A su entender, "los datos de afiliaciones y de cotizantes a la Seguridad Social, incluidos los fijos discontinuos, indican que hay mucha gente trabajando y esto, desde el punto de vista de los hogares, significa que hay una mayor cantidad de miembros de la unidad familiar que pueden aportar un sueldo, lo que ayuda a generar una bolsa de ahorro entre todos". "Tenemos a mucha gente con sueldos bajitos -engarza-, pero que les permiten tirar y hoy en un día con un buen teléfono móvil puedes estar horas sin necesidad de gastar. El modelo de vida con ingresos reducidos vale, sobre todo si no te vas a comprar una casa, sigues viviendo con tus padres y no pagas alquiler", finaliza el profesor.

La Seguridad Social terminó 2023 con 20.774.625 trabajadores registrados en diciembre, descontando la estacionalidad y el efecto calendario, el mejor dato de la serie histórica. Y el sistema llegó el pasado marzo por primera vez al récord de 21 millones de afiliados.

Hay una frase a la que seguimos dando vueltas: ¿Vivimos peor que nuestros padres? Sujeto, la generación millennial. Padres, la generación del baby boom. Muchos dicen, y tienen razón, depende de quiénes sean tus padres. Hay una brecha generacional demostrada y siempre ha habido brecha de clase. Una no niega la otra. Muchos hijos baby boomers de la clase obrera pudieron lograr una vida más acomodada que la de sus familias, y sus hijos millennials ni siquiera han podido replicar la suya.

Con la generación millennial, en España ha habido algunas confusiones. Como hemos emigrado con portátil y quizás un iPhone, no se nos ha llamado emigrantes, sino aventureros, incluso expats. Pero un expatriado tiene un billete de vuelta pagado por su empresa y nosotros llegamos tarde a ese y otros banquetes. Ni billete pagado, ni vuelta posible, ni casi nunca empresa. La estabilidad de la generación de nuestros padres ha tapado, sigue tapando, las carencias económicas de la nuestra. Somos una generación mucho más precaria de lo que parece. Por eso, claro que importa quiénes son y cómo les fue a nuestras familias.

Con nosotros se ha roto el progreso. Y por eso seguimos dándole vueltas a esta pregunta, atravesando un duelo. No nos educaron para tener lo mismo, sino más: sobre todo más opciones. A muchos millennials nos cuesta pronunciar que vivimos peor que nuestros padres porque con la mitad de su edad ya hemos vivido más que ellos en toda su existencia. Y vivir más no es poca cosa. No tenemos su estabilidad laboral, ni su acceso a la vivienda, ni su capacidad de ahorro, pero hemos podido saber quiénes somos en distintos escenarios, y eso, que se ridiculiza bastante, tiene un valor que no se debe negar.

La promesa para nuestra generación era tener ambas cosas –seguridad y posibilidades–, y no se ha cumplido. Ese es un fracaso para todo el país. También para quienes nos educaron con tantísimo esfuerzo y confianza. Sobre todo, quizás, para quienes vienen detrás y no tienen ni lo que nosotros sí tuvimos: la ilusión del progreso. En el último congreso nacional de Psiquiatría, los especialistas decían que el aumento de los problemas de salud mental de los más jóvenes no viene sólo por la irrealidad de las redes sociales, sino también por el realismo del apocalipsis que se les anuncia, que ven, fuera de ellas.

A los baby boomers se les presentaron menos caminos, pero al menos tuvieron uno. Nosotros tenemos aparentemente opciones infinitas, pero ningún sendero seguro. Y se necesita un trabajo con el que sostener las aspiraciones y una casa donde resguardarlas. Yo no creo que pedir tener lo mismo, lo básico, que tuvieron nuestros padres sea una renuncia. Creo que ellos y nosotros seguimos queriendo eso y más: cuando una generación se estanca sufren sus miembros y todos los de antes y los que vendrán. No se trata de enfrentar generaciones, sino de honrar el esfuerzo de todas ellas. De exigir que siga el progreso. 

Siete de cada diez hogares españoles, el 73%, tuvo dificultades para ahorrar dinero durante el año 2022, frente al 66% en 2021 y el 60% en 2020, en tanto que el porcentaje de familias con "graves" obstáculos para llegar al final de mes fue el año pasado del 11%, casi el doble que en 2020, según los datos publicados en la revista OCU Compra Maestra de abril y recogidos por Europa Press.

En este sentido, las dificultades económicas se han concentrado en Andalucía, donde el 81% de los hogares observa obstáculos para ahorrar, seguido de Canarias (80%), Galicia y Baleares (78% en cada caso) y Castilla-La Mancha (75%).

Asimismo, el índice de solvencia familiar elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que mide la capacidad de las familias para afrontar los gastos del hogar ponderados según su relevancia sobre el conjunto de su economía doméstica, ha descendido en todas las comunidades autónomas, salvo en el País Vasco, Murcia, Asturias y Canarias.

Adicionalmente, el 53% de los encuestados ha considerado que el pago de los suministros de electricidad, gas y agua también supone un gasto difícil de afrontar, mientras que al 48% de las familias se les complica afrontar la adquisición de alimentos frescos, como la carne y el pescado.

Por ello, OCU ha pedido incrementar las ayudas directas a los consumidores vulnerables, especialmente en hogares con niños y padres en situación de desempleo que, según la encuesta, son los más afectados.

Los hogares españoles situaron en 2022 su tasa de ahorro en el 7,2% de su renta disponible, tasa 6,6 puntos inferior a la registrada en 2021 y la más baja desde 2018, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), y ha recogido Europa Press.

En un año marcado por altas tasas de inflación y un mayor coste de la vida, las familias españolas ahorraron 58.457 millones de euros, un 46% menos que en 2021, al tiempo que elevaron su gasto en consumo un 11,5%, hasta los 756.862 millones de euros, e incrementaron su inversión un 13,7%, hasta los 59.291 millones de euros.

De esta forma, los hogares presentaron en 2022 una renta disponible de 817.536 millones de euros, un 3,6% más que en 2021.

El ahorro generado por los hogares fue insuficiente para financiar la inversión que realizaron en el conjunto del año, por lo que mostraron una necesidad de financiación de 1.753 millones de euros, frente a la capacidad de financiación de 57.636 millones de 2021.

La imagen de las colas en el Banco de España refleja una nueva época monetaria: el fin de los tipos de interés en negativo y la vuelta de la rentabilidad para los ahorradores. La cola no se debe a una mero congestión puntual. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, en enero los ahorradores han obtenido Letras por valor de 400 millones de euros a través de la página web del Tesoro. Es decir, en un solo mes, una cifra similar a la de todo 2022 (403 millones).

El fuerte repunte de la demanda tiene que ver con la falta de alternativas para el ahorrador. Ante la subida de los tipos de interés, la banca española, aunque ha encarecido inmediatamente todo su catálogo de préstamos e hipotecas, sigue sin remunerar a los ahorradores por sus cuentas corrientes. El tipo de interés medio de los bancos está en el 0,41%, frente al 2,98% que ofrece el Tesoro por unas Letras a 12 meses. 

“Los ahorradores ven que los tipos de interés han subido, pero que los bancos no los han repercutido en sus cuentas de ahorro”, señala Antoni Garrido, catedrático de Economía Aplicada en la Universitat de Barcelona y experto en sector bancario. “Lo que buscan es una forma de colocar el ahorro de manera segura y líquida, similar a la del ahorro bancario. Las Letras del Tesoro son un activo seguro”, señala el profesor.

“El Banco de España estaba abarrotado. Todos los que estábamos allí éramos jubilados”, señala Antonio Sánchez, de 65 años. Este gallego, que ha trabajado toda la vida como periodista económico, es uno de las miles de personas, que han decidido acudir este mes a la ventanilla de la sede del Banco de España, en Madrid, para adquirir unas Letras del Tesoro. “Fui con mi mujer porque intentamos hacerlo por Internet, pero había un problema con el sistema de autofirma. Tenemos certificado digital, pero aún así daba problemas”, expresa. 

“Los bancos en España son un oligopolio, hacen lo que quieren. Miras la media del interés que pagan aquí y en otros países de la UE y alucinas. En el Tesoro tienes el mínimo riesgo posible. Recordemos que el PP y el PSOE modificaron la Constitución por la puerta de atrás para que lo primero que pagara el Estado fuera la deuda pública, ¡fíjate si es seguro!”, recuerda Sánchez.  

El periodista jubilado se presentó en el Banco de España el 10 de enero: “Fuimos físicamente porque ya habíamos ido en junio del año pasado para otro trámite y estaba vacío. Éramos tres personas para 10 ventanillas. Pero esta vez ha sido diferente. Cuando fui, fuera del edificio no había mucha gente, cuatro o cinco personas, pero dentro estaba abarrotado. Pese a que fuimos con cita, cogimos un número para esperar a la ventanilla y calculamos que tardaríamos unas dos horas”, expresa. 

Al final, Antonio Sánchez decidió irse a casa. Pidió información sobre cómo resolver el problema con la autofirma, que le aconsejaron que hiciera con "clave permanente", y consiguió resolverlo. O eso parece. Sánchez consiguió terminar el trámite el 23 de enero. Hoy, 1 de febrero, de madrugada ha recibido dos mensajes del Banco de España. El primero le indicaba que la operación había sido rechazada y el segundo, todo lo contrario. “A día de hoy no sé si he comprado o no he comprado Letras del Tesoro. No sé si habrá sido un error del organismo, hay tan poca claridad…”, critica Sánchez.  

La remuneración media que ofrecen los españoles por confiarle los ahorros es del 0,41%, por debajo de la media del 1,12% que ofrecen las entidades en la eurozona, y muy por detrás de otros países del entorno. Los bancos alemanes ofrecen el 1,34% de media; los austríacos, un 1,44%; los belgas, el 1,50%; los italianos, el 1,78%; los franceses, el 1,83% y los holandeses, el 1,85%. 

Como informó infoLibre, el escaso interés de la banca por elevar la remuneración descansa en tres razones fundamentales. En primer lugar, la banca dispone de suficiente liquidez y ahora mismo no necesitan el ahorro de los ciudadanos de manera urgente. En segundo lugar, en España el sector está muy concentrado, lo que facilita que haya escasa competencia por elevar las remuneraciones. 

Por último, en España los depósitos de los ahorradores tienen mayor peso en los balances de los bancos que en otros países. Por ejemplo, una remuneración media del 0,4% supone para el cliente apenas unos pocos euros, pero en España hay 927.000 millones de euros en depósitos. Ese 0,4% supone a la banca transferir a los clientes 3.700 millones al año. 

“La banca española va a tener que hacer frente a la competencia de las Letras del Tesoro. Las fotos de gente normal y corriente haciendo cola llegarán a parte de la población, que empezará a exigir mayor retribución”, señala el catedrático Antoni Garrido. 

“Las letras del Tesoro son el sustituto perfecto para un depósito. A diferencia de las cuentas corrientes, sí está recogiendo el repunte del euríbor” explica Javier Pino, analista financiero de la consultora Afi. Pino considera que este incremento de la demanda en letras del Tesoro no presionará a los bancos para que mejoren las remuneraciones de los clientes: “Creo que es remota la posibilidad. Hay fuerte demanda, pero los bancos todavía no tienen necesidad de liquidez”, apunta el analista.

La compra de letras y bonos del Estado se puede hacer a través de tres métodos: de la web del Tesoro, del Banco de España y de las entidades bancarias. Las dos primeras, están libres de comisión. El catedrático Antoni Garrido prevé que antes de que los bancos suban la remuneración a las cuentas de los ahorradores, tratarán de cosechar todo lo posible con el pago de comisiones, de los ahorradores que quieren comprar letras del Tesoro y no quieran hacerlo directamente con los organismos del Estado. “El interés de las cuentas bancarias tradicionales será lo último que subirá”, pronostica.

La subida de tipos de interés ha tenido un efecto negativo inmediato, que conocen bien las personas que han estado valorando comprar una casa en los últimos meses: las hipotecas se han encarecido a un ritmo vertiginoso. Desde abril de 2022, el crédito ha ido encareciéndose de manera acelerada, como consecuencia de las fuertes subidas de tipos de interés. Pero esto tiene otro efecto que sí beneficia al consumidor, aunque ese, sin embargo, no ha llegado apenas a España: los bancos deberían haber ido incrementando la remuneración de los depósitos y de las cuentas de ahorro. 

Según datos del Banco Central Europeo, los bancos españoles y los portugueses son los que menos están compensando a los ahorradores. Los bancos españoles ofrecen de media una rentabilidad del 0,41% en depósitos con vencimientos menores a un año. La media de la eurozona es del 1,12%. Portugal se mantiene por debajo de España (0,31%), lo que supone una excepción en relación al resto de vecinos. Los bancos alemanes ofrecen el 1,34% de media; los austríacos, un 1,44%; los belgas, el 1,50%; los italianos, el 1,78%; los franceses, el 1,83% y los holandeses, el 1,85%. 

Cabe señalar que todos estos países comparten las mismas condiciones de la eurozona, por lo que la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo afecta a todos por igual. “Aunque el punto de referencia es el mismo, en cada país la banca funciona de manera diferente”, explica Antoni Garrido, Catedrático de Economía Aplicada en la Universitat de Barcelona y experto en el sector bancario. Según el profesor, hay tres motivos esenciales que explican la baja remuneración de los depósitos en este momento: la escasa competencia entre la banca, la abundante liquidez de la que disponen y el particular peso que tienen los depósitos en la banca española. 

El Banco Central Europeo, en su último boletín económico, constata esta situación: “La mayor revisión de los tipos de interés de los préstamos bancarios en comparación con los de los depósitos está respaldando el margen de intereses de los bancos a través de los mayores diferenciales préstamos-depósitos de las nuevas operaciones”. El organismo señala, con este mensaje, que los bancos están aprovechando la coyuntura para ampliar su margen de beneficios: suben los intereses que cobran más rápido que los intereses que pagan. 

La asociación Adicae, que agrupa a consumidores de banca, critica que las entidades financieras se han "malacostumbrado a generar beneficios sin ningún esfuerzo". La asociación ha comparado el comportamiento de la banca con el de 2005, cuando se subieron los tipos de interés hasta el 4,25% y constatan que ese proceso de subidas sí iba acompañado de un aumento de la remuneración.

El sector financiero en España está muy concentrado desde la crisis financiera. La caída de las cajas de ahorro ha configurado un sector con menos entidades, pero de mayor peso. La menor competencia hace más posible una colusión tácita: a ninguna entidad le conviene dar una mayor remuneración por los depósitos. No hace falta sentarse para negociar: es suficiente con que ninguna ponga en su escaparate una remuneración superior a la que se está ofreciendo. 

Según los datos de Funds People, en 2021 las cincos principales entidades financieras suponen más de un 60% de los activos de toda la banca. El ranking lo componen Banco Santander (19%), Caixabank (17%), BBVA (14%), Bankinter (7%) y Sabadell (5%). Si ampliamos a los 10 bancos más grandes, el volumen de activos que concentran es de alrededor del 77%.

“Las que más pagan son las nuevas o las extranjeras, porque quieran aprovechar el momento para ganar mayor cuota de mercado, o la digital, porque se lo puedan permitir por el ahorro de costes”, añade el profesor Garrido.

Adicae recuerda que ya expresó su preocupación por el grado de concentración de la banca debido a las fusiones tras la crisis financiera. “Es una concentración que ha borrado del mapa la supuesta competencia que debe imperar en el libre mercado y que ha terminado, como no podía ser de otra forma, perjudicando claramente a los ahorros de los consumidores en lo que la asociación ya definió como claro movimiento oligopolista del sector”, explica la asociación en un artículo.

La organización critica la “inacción” de supervisores nacionales, a los que insta a poner fin a esta situación, que califican de “pantomima”: “Esa resistencia espartana para dotar de una remuneración mínimamente digna a los ahorros de los consumidores contrasta con la rapidez con la que las subidas de tipo se han trasladado a la financiación de vivienda u otros productos de consumo”, critica Adicae.

Un vistazo a los comparadores de cuentas remuneradas muestra que la remuneración por los depósitos se ha convertido en una mera estrategia de cebo de clientes, más que el hecho en sí de compensar a los ahorradores por confiar su patrimonio al banco. Salvo alguna excepción, los principales bancos no aparecen en estos comparadores, algunos porque directamente no ofrecen remuneración; otros, porque la oferta es baja. 

La cuenta que ofrece mayor remuneración, y es así desde hace varios años, es la cuenta Bankinter, que ofrece un TAE del 5% [Tasa Anual Equivalente, porcentaje de remuneración anual, que habitualmente se divide en 12 entregas mensuales]. Esto queda muy por encima de lo que ofrecen el resto de entidades grandes. Pero no es permanente: remunera solo los primeros 5.000 euros a los nuevos clientes, y solo en los 12 primeros meses, por lo que la oferta supone hasta 250 euros el primer año. 

Sabadell es el segundo banco grande que ofrece una remuneración superior a la media: un 2% durante 12 meses hasta 30.000 euros, lo que supondría un ahorro de hasta 600 euros. OpenBank, que pertenece al Grupo Santander, también aparece en las primeras posiciones, con un TAE de un 1%. Estas dos ofertas también están limitadas durante un año, es decir, a los clientes actuales no se les aplica. 

La asociación de consumidores Adicae califica estas ofertas de "limosnas": "CaixaBank ha sido la última en sumarse a esta tendencia y remunerará los 5.000 primeros euros al 5% de sus clientes con nóminas superiores a 2.500€. ¿Su objetivo? Hacer negocio a través de la colocación de seguros, fondos de inversión, planes de pensiones…", critica la asociación en un comunicado.

“La banca española tiene una posición de liquidez muy holgada, en parte obligada por el Banco Central Europeo. A corto plazo su necesidad de liquidez no es perentoria, aunque tarde o temprano tendrán que remunerar a los depositantes. El Tesoro está pagando casi un 3% a corto plazo”, indica el profesor. 

En este sentido se pronunciaron los portavoces de los principales bancos a lo largo de la presentación de resultados del tercer trimestre. “Hay muchísima liquidez en el sistema. No va a haber una guerra de depósitos”, dijo Onur Genç, consejero delegado de BBVA. 

Antoni Garrido advierte que los clientes podrían empezar a sacar el dinero de sus cuentas de ahorros para colocarlos en letras del Tesoro. Según los datos de la última subasta, el organismo está abonando los intereses más altos de la última década, que quedan en el 2,998% en un plazo de doce meses, una cifra muy superior a la remuneración del 0,41% de media que ofrecen las entidades. “Los clientes también tenemos que ser proactivos. Decir: ‘Si no me paga más, me voy al Tesoro”, señala Antoni Garrido, que recuerda que solo es necesario disponer de un DNI electrónico y conexión a Internet para recurrir a este instrumento de ahorro, que supone comprar deuda pública del Estado.   

Los ahorros de los hogares y empresas en España tienen más peso en el conjunto del pasivo (deuda) de las entidades financieras respecto a otros países europeos. Esto también explicaría en parte por qué hay una mayor reticencia a elevar la remuneración: les afectaría en mayor proporción que a otras entidades que tienen los ingresos más diversificados.

Un informe del Banco de España, aludiendo a datos de la Autoridad Bancaria Europea de junio de 2022, constata que el depósito de hogares y empresas ocupa un 51% del pasivo de la banca española (36% y 15%, respectivamente). La media de la Unión Europea sitúa el peso en torno al 40%. Como referencia, en Alemania estaría alrededor del 28%. En cifras, en España los hogares tienen 927.000 millones en los depósitos de las entidades financieras. Aunque para el cliente suponga solo unos pocos euros, remunerar con el 0,4% supone más de 3.700 millones de euros para la banca. 

El Banco de España da fe de la escasa traslación que ha habido del aumento del tipo de interés del euríbor a doce meses a los tipos de interés de los depósitos. “El incremento acumulado de 325 puntos básicos registrado en el euríbor a doce meses durante los primeros nueve meses de 2022 no se ha trasladado en ningún grado apreciable a los tipos de interés de los depósitos de hogares, ni a la vista ni a plazo”, indica el organismo en el mencionado informe, publicado en otoño pasado.

La inflación termina el año en el 5,8%, tras una desescalada desde el 10,8% histórico en que se encaramaron los precios en julio. Es el IPC más bajo de la Unión Europea, a falta aún de que publiquen sus respectivos índices de diciembre el resto de los países miembros –sólo Portugal lo ha hecho ya: un 9,6%–. Pero ya lo era en noviembre, cuando estaba en el 6,8%. La media europea se sitúa en el 11,1%, que superan Italia –12,6%– Alemania y Países Bajos –11,3%– y roza Bélgica –10,5%–. Estados Unidos y Francia llegan al 7,1%, mientras que el Reino Unido está en el 10,7%.

Sin embargo, la frenada que ha pegado el índice general viene acompañada de una mala señal, el repunte de la inflación subyacente, la que excluye tanto los alimentos como la energía –los componentes más volátiles–, que sube hasta el 6,9%. Por tanto, supera por primera vez desde febrero de 2021 el IPC general. Sólo que entonces la brecha era de sólo tres décimas y el índice general dormía en el cero.

La bajada de la inflación en la segunda parte del año se explica por los precios de la electricidad, que no han dejado de moderarse en los últimos meses, y por el descenso de los carburantes. En el primer caso, la luz cayó este sábado hasta los 1,82 euros el megavatio hora, el precio más bajo desde enero de 2021. Basta con recordar que el 8 de marzo el precio había escalado hasta los 544,98 euros para valorar la magnitud de la desescalada. La guerra en Ucrania había estallado apenas dos semanas antes. El mecanismo ibérico, que topa el gas usado para generar electricidad, es el principal responsable del desplome del precio de la luz en España. Empezó a aplicarse el 15 de junio. Sin él, el megavatio hora costaría hoy 50,53 euros.

Pero durante estos meses también ha caído la demanda de gas natural, un 3,7% comparada con la de 2021, según los datos de Enagás, el gestor del sistema. En realidad, el descenso es mucho mayor, del 21,4%, que es lo que se ha reducido el consumo de hogares, comercios e industrias este año. La diferencia entre ambas cifras se debe al aumento experimentado por el consumo de gas para generar electricidad, en un año marcado también por la sequía, así como por las mayores exportaciones a Francia y Portugal.

La influencia capital de la energía en los precios ha llevado a Funcas, el gabinete de estudios de las cajas de ahorro, a elegir el IPC energético como “dato del año”. Según sus cálculos, ese índice ha aumentado un 28,7% hasta noviembre. Un alza que no se veía desde la crisis del petróleo de los años 70. En marzo, nada más estallar la guerra en Ucrania, el IPC energético se disparó un 61%, para moderarse a partir del otoño. El tope al gas, acompañado de la caída de la demanda y la entrada en el mix de nuevas fuentes de suministro –renovables– son las causas de la frenada.

Por lo que se refiere a los carburantes, la gasolina encadena ya su sexta semana consecutiva de descenso –1,565 euros el litro– mientras que el diésel suma nueve –1,643 euros–, según el Boletín Petrolero de la UE. Los precios han retrocedido al nivel previo a la invasión rusa de Ucrania y se encuentran lejos de los máximos de este verano: 2,141 euros la gasolina y 2,1 euros el diésel.

Aun así, sólo el IPC energético explica casi el 41% de la inflación total de 2022, subraya Funcas. Y pese al alivio que proporcionan estas bajadas de precios al bolsillo del consumidor, y de las empresas, el Banco de España alerta de que ha crecido el contagio de los precios energéticos al resto de la cesta de consumo y subraya el riesgo para 2023 de ese mayor impacto.

De hecho, el comportamiento de la inflación el próximo año dependerá no sólo de los precios de la energía, sino también del índice subyacente –los componentes contagiados de los que habla el Banco de España: 100 de los 192 productos que componen el IPC han subido por encima del 6%– y de los alimentos, que hasta noviembre se encarecieron un 15,3%. La carne de pollo, un 14,4%. La cerveza, un 10,2%. El aceite de oliva, un 24,8%. La harina, aún más: un 34,7%. La leche es un 29,6% más cara. Los huevos, un 26,1%.

El precio de los fertilizantes, que han subido un 54% por culpa de la guerra en Ucrania, de las semillas –un 30% más caras–, además del gasóleo, se suma a la sequía para explicar buena parte del alza de los alimentos. Factores a los que hay que sumar los márgenes aplicados por la distribución. Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que engloba a las mayores marcas, como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, el aumento de los precios de la distribución ha subido un 7% este año, por debajo del 12,6% que atribuyen a la industria, por ejemplo. No obstante, el Banco de España destaca el creciente aumento de márgenes sobre ventas en el comercio y la hostelería, que partían en desventaja tras sufrir más las restricciones de la pandemia.

Sea como fuere, la inflación se ha comido ya los ahorros acumulados durante el año largo de coronavirus. Según los más recientes datos del INE, la tasa de ahorro de los hogares españoles es un 3,2% inferior a la de hace un año, cuando aún creció un 6,4% interanual. En el tercer trimestre de este ejercicio, los españoles gastaron 192.034 millones de euros, un 12% más que un año antes, mientras que su renta disponible bruta mejoró sólo un 1,6%. También se redujo su inversión, un 2,9%. En consecuencia, acudieron a financiarse por importe de 19.453 millones, la mayor cuantía desde 2007, lo que multiplica nada menos que por 20 la cifra del año pasado, 954 millones de euros.

Ese dato se explica también por la cicatera subida de los salarios. Los aumentos firmados en convenios se han quedado en una media del 2,69%, menos de la mitad en que ha terminado la inflación, pero a enorme distancia del máximo anual, ese 10,8% de julio. Los sindicatos no cesan de reclamar que se mejoren los sueldos para evitar la ya inevitable pérdida de poder adquisitivo sufrida por los trabajadores, así como el alza del salario mínimo, que se actualizará el próximo enero en una cuantía aún desconocida. La patronal, en cambio, ofrece subida pero siempre por debajo de la inflación. Para el SMI accede hasta el 4%. Para el acuerdo de negociación colectiva general, rechaza la inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen subidas iguales al IPC.

¿Cómo se comportará la inflación el año próximo: seguirá la misma tendencia que los últimos seis meses o son esperables nuevos sustos –resurge el covid en China, la guerra se alarga…–? “Lo que pase con el IPC dependerá de la persistencia del tirón de los alimentos y, sobre todo, del comportamiento de la inflación subyacente; es decir, de los llamados efectos de segunda ronda”, avanza el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, preguntado por Europa Press. Esos temidos efectos, que la subida de precios empuje a subidas de salarios y éstas retroalimenten los precios, no se están produciendo de momento, según reconoce el Banco de España. Pero la escalada de la inflación subyacente no es un buen presagio. Habrá que ver también cómo funciona la bajada del IVA en los alimentos de primera necesidad que entrará en vigor a partir del 1 de enero. Y cuánto suben los carburantes una vez que se haya retirado la subvención general de los 20 céntimos. Aunque ya algunas grandes petroleras –Repsol, Cepsa, BP, Shell, DISA– han anunciado que mantendrán sus descuentos hasta marzo.

Además, el BCE seguirá subiendo los tipos de interés –“a un ritmo de 50 puntos básicos durante un periodo de tiempo", ha advertido su presidenta, Christine Lagarde– y parando las compras de deuda. Lo que agranda el fantasma de la recesión que hasta ahora España ha esquivado: la actividad económica y el empleo siguen con el motor en marcha. Raymond Torres, no obstante, apunta la caída del volumen de nuevos préstamos hipotecarios, un 22% en los últimos dos meses, y de los préstamos a empresas, un 17% como síntoma de un posible enfriamiento de la economía.

Las previsiones de los analistas e instituciones económicas para 2023 coinciden en pronosticar que la inflación se mantendrá por encima del 4%. Credit Suisse llega al 4,6%, Bankinter al 4,9%. Funcas se queda en el 4,7%. La Comisión Europea habla del 4,8%, al igual que la OCDE. El Banco de España prevé un 4,9%. Pero es que las avances para la eurozona son peores: una media del 6,3%. También están de acuerdo en vaticinar que España no volverá a índices en torno a la cifra mágica del 2% hasta acabar 2024.

De momento, en enero van a subir un 4% los peajes en 11 autopistas, mientras que quedan congelados los de las ocho rescatadas por el Estado en 2017. También se encarecerá la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas, un 8,67%. Los sellos, un 4%. Movistar aumentará sus cotas un 6,8%, mientras que Vodafone lo hará un 6,5%. Sin olvidar que el euríbor ya está en el 3%, el nivel que no tenía desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria.

El Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros de este martes el plan de contingencia para abordar un ahorro de energía este otoño/invierno en el actual contexto de crisis energética por la tensión con Rusia tras su invasión a Ucrania, ha informado Europa Press.

El Ejecutivo ha retrasado ya en dos ocasiones el plan debido a que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, decidió esperar a conocer el resultado del Consejo Europeo de Energía, y la semana pasada por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.

En un principio, está previsto que el plan marque una serie de recomendaciones para facilitar el ahorro y la eficiencia energética, aunque en ningún caso se contemplarán cortes en el suministro.

El ahorro de gas natural que recogerá este plan para España será algo inferior al previsto en el compromiso inicial con Bruselas, que era del 7%, quedándose en un 6,4%.

A lo largo de los últimos meses, Teresa Ribera ha llevado a cabo una ronda de conversaciones con los principales agentes sectoriales, sociales, políticos y de la sociedad civil para analizar la situación y recabar propuestas que contribuyan a que España reduzca su consumo de gas, de acuerdo con el compromiso adquirido en el marco europeo. En este sentido, a finales del mes pasado, la Conferencia Sectorial de Energía, presidida por la propia Ribera, informó a las comunidades autónomas sobre los avances realizados en la elaboración del plan de contingencia.

El Ministerio ha trabajado durante los últimos meses en la elaboración de un documento estratégico que dé respuesta a la situación de crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Al mismo tiempo, el plan está diseñado para una nueva etapa en el ámbito de la energía en la UE y acelerará un cambio de modelo energético basado en la las renovables, la electrificación de la economía, el ahorro y la eficiencia.

Estas nuevas medidas se sumarán a las que ya se aprobaron a principios de agosto para fomentar el ahorro y la eficiencia energética, como la limitación de la temperatura a 27 grados en verano y 19 en invierno en comercios, cines, hoteles y edificios públicos; o el apagado de escaparates a las diez de la noche o el cierre automático de puertas.

El Ejecutivo ha descartado cortes de gas y electricidad para este otoño/invierno por la falta de suministro, debido a la importante diversificación y red de regasificadoras en España.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que la tasa sobre los beneficios extraordinarios de las compañías de combustibles fósiles que propone para contener los precios se fije en al menos un 33%, además de pedir a los Estados miembros reducir su demanda eléctrica un 10% –y un 5% del consumo en horas punta– y establecer un límite de 180 euros/MWh para el precio al que la tecnologías inframarginales –como las renovables o la nuclear–, según informa Europa Press.

Los ministros de Energía de la UE discutirán a finales de mes que esta propuesta de la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, sea adoptada con rapidez, si bien ha apuntado durante un debate en el Parlamento Europeo que la "gran reforma" para "desligar el precio del gas del resto de energías llegará a finales de año".

"Los próximos inviernos, no este, serán difíciles", ha señalado el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en rueda de prensa. Al tiempo, ha mostrado su convencimiento porque "estas medidas traerán progreso, igual que lo han hecho las anteriores" y ha recordado que las importaciones de gas ruso al mercado comunitario han descendido del 40% al 9%.

Así, la propuesta legislativa de la Comisión Europea contempla establecer una contribución de "solidaridad" a las empresas de combustibles fósiles, como petróleo, gas, carbón o el sector del refino, y que no se vean afectadas por el límite aplicado a las tecnologías inframarginales. La medida deberá empezar a aplicarse desde el arranque del próximo año.

Lo que plantea Bruselas es aplicar una "contribución" del 33% sobre los beneficios obtenidos a partir del ejercicio 2022 y que se sitúen un 20% por encima de la media de los tres últimos años fiscales o después de enero de 2019. Si el importe resultante fuera negativo, la tasa a aplicar sería cero.

Este impuesto solidario y temporal se aplicará adicionalmente, es decir, como añadido al resto de tributos de la legislación nacional de cada Estado miembros y los ingresos, recaudados por los países de la UE, se destinarán a los hogares más vulnerables, a las empresas más afectadas y las industrias electrointensivas.

"Los Estados miembros podrán utilizar los ingresos de la tasa de solidaridad de las compañías de petróleo y gas para impulsar la producción de fertilizantes en Europa", indicó la presidenta de la Comisión Europea en la Eurocámara.

Estas medidas temporales afectan a "aquellos ingresos extra que las compañías están obteniendo", ha señalado la comisaria de Energía, Kadri Simson, que ha añadido que los precios de la electricidad se encuentran en "niveles insostenibles".

El vicepresidente de la Comisión Europea ha instado a establecer líneas de solidaridad entre países para aquellos que "no producen electricidad" y la "importan de otros países". "Esta medida será para el país en donde la energía se produce y no donde se consume", ha señalado Timmermans tras referirse a ejemplos como el de Malta, Chipre o Lituania.

Otra de las propuestas del Ejecutivo comunitario pasa por fijar una reducción "obligatoria" del 5% del consumo de la electricidad durante las horas de máximo consumo así como una reducción adicional mínima de un 10% de la demanda de electricidad hasta el finales de marzo de 2023.

Con este mecanismo, Bruselas pretende atajar las horas con los precios de la electricidad más elevado, precisamente cuando las centrales de ciclo combinado de gas juegan un papel más relevante en la generación de electricidad e impactan en el precio de la misma.

Dependerá de los Estados miembros implementar las medidas necesarias para alcanzar tales objetivos, incluyendo compensaciones económicas. En todo caso, el objetivo de la Comisión Europea lograr un recorte del consumo de gas de 1.200 millones de metros cúbicos durante el invierno.

Además, Bruselas plantea establecer un límite temporal al precio al que las tecnologías inframarginales, como las renovables o la nuclear entre otras, pueden vender electricidad de 180 euros/MWh.

Con ello se pretende atajar los beneficios extraordinarios que estas productoras de electricidad han obtenido dado el alto coste de la electricidad que han marcado las plantas de ciclo combinado de gas en el mercado mayorista de electricidad.

Así, los Estados miembros recaudarán los beneficios que obtengan las productoras de tecnologías inframarginales que se sitúen por encima de este límite de 180/MWh, un importe que se destinará a cubrir la factura energética de los colectivos más vulnerables.

Con estas medidas, Bruselas prevé que los Estados miembros recaudarán 140.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente 117.000 millones de euros anuales provendrán del límite temporal a los productores de electricidad inframarginales, mientras que la tasa de solidaridad a las empresas de combustibles fósiles aportará en torno a 25.000 millones de euros, según han detallado los servicios comunitarios.

Entre las medidas presentadas este miércoles no figura, sin embargo, el límite al precio del gas ruso prometido por Von der Leyen hace días ya que los Veintisiete no han llegado a un acuerdo sobre si extender ese techo a todas las compras de gas sin importar su origen, por lo que el Ejecutivo comunitario se ha dado más tiempo para evaluar las opciones posibles y su impacto.

Las medidas presentadas por el Ejecutivo comunitario son compatibles con las que ya ha puesto en marcha España para limitar el alza de los precios de la energía, como limitar el precio del gas en el sistema de formación de precios del mercado de la electricidad, la llamada excepción ibérica, según han confirmado fuentes del Ejecutivo comunitario.

"La excepción ibérica es posible porque los dos países no tienen suficiente interconexión con el resto del mercado energético europeo", ha explicado la comisaria de Energía, Kadri Simson, a los medios tras la presentación de la propuesta, que ha añadido que el mercado de la Península Ibérica tiene una mayor disponibilidad de gas con "muchas terminales de gas natural licuado".

Sin embargo, Bruselas analizará si el impuesto del 1,2% sobre los ingresos del sector energético en la que trabaja España es compatible con la "contribución de solidaridad presentada por Bruselas".

La comisaria de Energía ha precisado que dados los problemas de liquidez del sector energético en algunos Estados miembros, la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, ha empezado a trabajar en una medida para solventar "los problemas de liquidez de los mercados energéticos de futuros".

Además, Bruselas trabaja en la creación de un índice de referencia para el gas natural licuado ya que el TTF holandés, "no está actualizado con la situación del mercado".

La batería de medidas de la Comisión Europea viene encauzada por los Veintisiete después de que el pasado viernes convinieran, qué medidas a poner en marcha.

El confinamiento obró un primer cambio en los hábitos de consumo de la ciudadanía: aumentó los pedidos por internet y el servicio de todo tipo de mercancías a domicilio. Menos tiendas y más aplicaciones en el móvil. Menos estrenar y más vender en la Red lo comprado de más o sencillamente olvidado en el armario. Pero, una vez levantadas las restricciones y recuperadas las calles, la tendencia no sólo se ha consolidado, sino que, además, está en pleno apogeo. Los motivos hay que buscarlos en la nueva crisis que sacude 2022. La inflación erosiona los sueldos y amenaza con seguir haciéndolo muchos meses más de los inicialmente temidos. La guerra en Ucrania ha disparado los precios de la electricidad, el gas y los carburantes. Los cuellos de botella en las cadenas de suministro siguen bloqueando la oferta de muchos productos cuyos precios también suben. La incertidumbre de la que no cesan de hablar economistas y políticos retuerce los bolsillos de los ciudadanos, que postergan o suspenden sus decisiones de compra al mismo tiempo que se esfuerzan para recortar la factura del supermercado.

Según La red del cambio, un estudio elaborado por la plataforma Wallapop y la consultora Kantar, el 43% de los encuestados asegura que compra o vende artículos usados para obtener ingresos extra. El mismo porcentaje explica que la segunda mano figura ya entre sus primeras opciones de compra y el 60% dice que se plantea comprar más productos ya utilizados en los próximos tres años. El porcentaje aumenta cuando se trata de consumidores en la veintena, el 71%, y son los treintañeros quienes más venden artículos de segunda mano, el 70% en los últimos tres años.

El mercado de los artículos usados ha dejado, pues, de ser marginal a disfrutar de una buena imagen, ecológica y responsable, a la que ahora se añade el impulso que recibe de los apuros económicos del consumidor. El resultado es que la segunda mano está alcanzando máximos nunca vistos tanto en número de operaciones como en precios. Se venden más viviendas usadas que nuevas, y más coches, que consiguen precios casi de vehículos de estreno; la ropa y los móviles son productos estrella tanto en tiendas físicas como virtuales; las compras de libros de texto, uniformes y ordenadores o tabletas reutilizados prometen récords este mes de septiembre.

El portal Milanuncios cifra en 5.600 millones de euros el mercado de segunda mano que gestionó en su plataforma en 2021. Unos 6,3 millones de anuncios. Su producto estrella son los coches, 4.700 millones de euros, cuyos anuncios crecieron ese año un 22% respecto al anterior. Thredup, la mayor tienda online de ropa usada, calcula que este año las ventas mundiales de textiles de segunda mano sumarán 119.000 millones de dólares, un 24% más que el anterior, pero la mitad de las que se harán en 2026. Es más, prevé que en 2030 el mercado de ropa reutilizada duplique el tamaño de la moda rápida, la fast fashion de Primark, H&M o Zara. La cadena insignia de Inditex tiene en España unos 10 millones de clientes; la plataforma la plataforma lituana Vinted cuenta con más de 12,5 millones de usuarios en Francia. Thredup destaca que los estadounidenses ahorran 390.000 millones de dólares al año comprando ropa de segunda mano.

Así que los prejuicios sobre los artículos usados dieron paso en un primer momento a la búsqueda de la sostenibilidad reduciendo el consumo y, ahora, con la crisis a las puertas, se le suma la indudable ventaja de su menor precio, aunque también ayuda a su auge la escasa oferta de determinados artículos nuevos.

Es el caso de la vivienda. En los meses de mayo y junio se han vendido más inmuebles de segunda mano que en ningún otro mes desde enero de 2007, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Entonces se cerraron 50.233 operaciones, según recoge la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En mayo las operaciones ascendieron a 49.791 y en junio a 48.188. En el primer semestre de este año se han vendido 269.696 viviendas usadas en España, un 26,23% más que en el mismo periodo de 2021. De hecho, casi todo el mercado es de segunda mano. Porque las operaciones con inmuebles nuevos fueron sólo 61.301 y su número creció un 11%, menos de la mitad de lo que lo han hecho las de pisos de segunda mano. ¿Por qué se compra tanta vivienda usada? No hay casi promociones nuevas, así que el ahorro acumulado tras la pandemia y las ganas de cambiar de residencia tras los muchos meses de confinamiento, además de la premura por aprovechar el euríbor antes de que suban los tipos de interés, empujan al comprador a la segunda mano.

De ahí también el consiguiente aumento de los precios. El Índice de Precios de Vivienda (IPV) que calcula el INE, creció un 8,2% para la vivienda usada en el primer trimestre del año respecto del de 2021, el mayor aumento desde el segundo trimestre de 2007. Para el primer semestre, un informe de Tecnocasa basado en las operaciones en las que participa la inmobiliaria y elaborado junto con la Universidad Pompeu Fabra, cifra en un 4,4% la subida del precio de los inmuebles de segunda mano. Y en 2.475 euros el metro cuadrado, aún un 29 % por debajo de los casi 3.500 euros del récord histórico que se registró entre finales de 2006 y principios del 2007.

El portal Idealista ofrece los datos más recientes, del mes de julio: los pisos usados se han encarecido un 3,4% respecto al mes anterior, hasta alcanzar un precio medio de 1.888 euros el metro cuadrado. Pero en Madrid capital se eleva a 3.900 euros y en San Sebastián, a 5.111 euros el metro cuadrado, tras subir un 3,7% y un 3,5% anual, respectivamente.

También hierve el mercado de coches de segunda mano. En este caso, la culpa debe atribuirse a los problemas en el suministro de chips y otros componentes, que viene lastrando la fabricación de vehículos nuevos desde la pandemia. A falta de oferta de estreno, quien quiere cambiar de automóvil acude al usado. También las dudas a la hora de elegir entre eléctricos, diésel y gasolina abonan mientras tanto a los conductores a la opción más barata, explica en su último Barómetro Coches.com y la patronal de la distribución de vehículos Ganvam.

Así que los precios de los coches usados han subido un 17,2% en lo que va de año. Y, de forma sorprendente, los que más se han revalorizado son los más antiguos, con más de 15 años, un 36%. Un 31% los de entre 10 y 15 años. Por tanto, se han encarecido más de lo que lo han hecho los nuevos, que según la Agencia Tributaria han aumentado su precio medio un 7,7% en este primer semestre. De hecho, un vehículo usado con menos de tres años de antigüedad cuesta de media 21.900 euros, muy poco menos de lo que se paga por uno de estreno, 21.862 euros. Cuando tiene más de 15 años, el precio baja a 3.950 euros, una diferencia considerable.

Pero si los conductores prefieren coches tan antiguos no es por amor al vintage, sino, de nuevo, por falta de oferta de vehículos con menos de tres años de rodaje. Como la fabricación se redujo ya durante la pandemia, la oferta de seminuevos aún es pequeña. Sus ventas han caído un 38,3% en el primer semestre respecto a idéntico periodo de 2021. Por el contrario, las de automóviles de más de 15 años han crecido un 10,4%. En total, entre enero y junio se han vendido 916.438 coches de ocasión, más del doble que nuevos, 407.757. Y esta cifra es, además, inferior en un 10,7% a la de 2021. También se han vendido menos coches usados, pero el descenso es mucho menor, un 4,1%. De los de segunda mano, el 38% tienen más de 15 años, tras aumentar en siete puntos la cuota de hace un año. Cada vez se venden más vehículos usados y más antiguos.

Otro factor que está cambiando las pautas de compra de vehículos es, además de la mayor conciencia medioambiental, la escalada de precios de los carburantes y la creación de zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes. Las ventas de coches eléctricos o híbridos de segunda mano se están beneficiando de esos tres factores. Según las cifras que maneja Coches.net, entre enero y junio sus ventas han crecido un 44,6% y su precio ha subido un 31,5%, lo que duplica los aumentos de los diésel y gasolina. En Canarias, la comunidad autónoma más cara para este segmento, un eléctrico usado cuesta de media 41.699 euros. Aún son pocos los eléctricos usados vendidos, 6.328, pero la intención de compra de estos coches ha crecido un 18%, mientras que la de diésel cae un 5% y un 6% la de los propulsados con gasolina.

Si hay un periodo del año donde se nota la carestía de la vida es septiembre, cuando muchos hogares tienen que hacer frente a los gastos extra del inicio del curso escolar. Milanuncios asegura que la demanda de libros de texto de segunda mano se ha disparado un 67% entre junio y agosto. El precio medio de cada libro, de acuerdo con los anuncios publicados en esa plataforma, ha subido un 8% respecto a 2021, hasta alcanzar los 24 euros de media. Milanuncios cifra en 2,9 millones de euros el valor de este tipo de operaciones en los últimos 12 meses.

La demanda de uniformes de segunda mano es mucho mayor y ha crecido nada menos que un 223% en un año. La de tabletas ha aumentado un 16%, la de portátiles un 10% y la de ordenadores de mesa, un 9%. En 2021 la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calculaba en 1.980 euros el gasto medio de una familia en el inicio del curso. De esa cantidad, 500 euros se dedican a la compra de material escolar, uniformes y libros de texto.

Finalmente, la segunda mano también triunfa entre los artículos que no son de primera necesidad. O al menos no tanto. En 2021, la oferta de teléfonos móviles en Milanuncios creció un 10,4%. Si se les añaden los relojes inteligentes y los accesorios, las compraventas movieron ese año 60 millones de euros. El precio medio de un móvil usado era entonces de 151 euros, pero si se trata de un iPhone sube hasta 414 euros; nuevo cuesta 909 euros. Un Samsung vale 324 euros si se reutiliza, 700 euros si no se ha estrenado. El 36,4% de los anuncios de móviles en la citada plataforma con de iPhones y el 25,3% para teléfonos de Samsung.

Pero el año pasado la estrella de la tecnología con segundas oportunidades fueron los relojes inteligentes, cuya oferta explotó hasta crecer un 254,5% respecto a 2020. Mucho menos de lo que aumentaron los anuncios de bicicletas, otro artículo reinventado tras la pandemia, cuya oferta sólo subió un 9,6%.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sustenta su respaldo a las movilizaciones de los sindicatos en que es necesario subir los salarios en España. “Para una familia trabajadora normal, con un país que tiene salarios más que moderados, es imposible vivir. Los trabajadores tienen razón y le pido a la patronal española que negocie. Hay que subir los salarios”, explicó este lunes en una entrevista en la Cadena Ser. Díaz se apoyó en las cifras de la inflación y en el bajo número de convenios colectivos negociados en lo que va de año para pedir “altura de miras y compromiso con su país” a la CEOE, que rechaza subidas salariales en consonancia con la inflación y acusa a la ministra de cargar contra la patronal por motivos “electorales”.

Pero hay más datos que respaldan una mejora de los sueldos. Éstos son algunos:

La inflación alcanzó el 10,8% en julio, su nivel más alto desde septiembre de 1984. Los alimentos han subido un 13,5% desde el mes de julio del año pasado, pero los alquileres y los gastos de luz y gas en las viviendas lo han hecho aún más, un 23%, según los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por citar algunos productos: la harina es ahora un 38% más cara que hace un año, el pollo un 16,3%, la leche un 23%, el aceite de girasol un 83%, la fruta un 15%. El transporte, debido al aumento de costes que supone el encarecimiento de los combustibles, también ha aumentado sus precios un 16,2% en el último año. Este aumento de precios afecta más a las rentas bajas, ya que tanto su factura energética como la del supermercado representa un porcentaje más elevado de su gasto que en el caso de los hogares más acomodados. Según el Banco de España, la subida de la electricidad, el gas y los carburantes elevó el peso de estas partidas en el gasto en 1,4 puntos porcentuales para los más ricos, pero en 3,1 puntos para los más pobres. Además, las rentas bajas tienen menos colchón para hacer frente al aumento del coste de la vida porque sus tasas de ahorro suelen ser más reducidas.

Si al encarecimiento de la cesta de la compra y de los recibos de luz y gas se le suma que los salarios pactados en convenio sólo han subido un 2,56% hasta el mes de julio, la pérdida de poder adquisitivo asciende a 8,24 puntos. Hasta que la mesa de negociación se rompió el pasado mes de mayo, los sindicatos pedían subidas salariales del 3,5% para este año; por tanto, aún muy por debajo del IPC actual e incluso de la previsión media prevista para este ejercicio, en torno al 7%. También inferior a la inflación subyacente –la que excluye alimentos y energía–, que en algún momento se ha propuesto usar como referencia y que en julio también había escalado hasta el 6,1%, la mayor desde 1993. Para compensar esa brecha, CCOO y UGT reclamaban que se incluyeran cláusulas de revisión salarial en los convenios, con las que se recuperara a final de año el poder adquisitivo perdido. La CEOE rechaza de plano esas cláusulas porque, argumenta, las empresas aún no se han recuperado de la pandemia y sufren un recorte de márgenes debido al aumento de sus costes debido al encarecimiento de la energía y las materias primas.

Aunque no hubieran subido los precios, los salarios españoles tampoco estarían para muchas alegrías. La devaluación que sufrieron por culpa de la crisis financiera y la reforma laboral de 2012 aún se mantenía cuando llegó la pandemia. El INE también publica un índice similar al IPC, pero con salarios, el Índice de Precios del Trabajo (IPT), según el cual los salarios pagados en 2020 –el último año publicado– por realizar el mismo trabajo están un 6,4% por debajo de los de 2008 en términos reales. El salario medio en España ascendía a 25.165,51 euros en 2020, tal y como revela la última Encuesta Anual de Estructura Salarial. Pero el salario mediano es de 20.920,12 y el salario más frecuente, aún menor: 18.480 euros.

Otra forma de medir el comportamiento de los salarios es la remuneración de los asalariados tal y como la recoge la Contabilidad Nacional. Del primer trimestre de 2021 al primero de este año, esta partida ha crecido un 7,1%, mientras que el excedente de explotación bruta, que se asimila a los beneficios empresariales, pero incluye también el consumo de capital y las rentas inmobiliarias, ha aumentado un 12,7%, 5,6 puntos más.

El Banco de España calcula que la cifra de negocio de las empresas aumentó un 45,3% en términos nominales –sin restar la inflación– durante el primer trimestre de este año, antes de que comenzara la guerra en Ucrania. También lo hicieron los consumos intermedios, los que necesitan las empresas para producir sus bienes, un 49,9%. Pese a que la subida de éstos fue mayor que la de las ventas, el Valor Añadido Bruto (VAB) creció un 11,1%. Por encima de esa media se situaron el comercio y la hostelería, con un 29,2%. Aun así, el VAB de las empresas incluidas en la Central de Balances del Banco de España –una muestra de 910– se encuentra todavía un 5,3% por debajo de la cifra del primer trimestre de 2019, menos en los casos del comercio, la hostelería y la industria. Con estas cifras, los beneficios ordinarios de esas empresas aumentaron un 62,4% comparadas con 2021. Muy por encima de esa media se han situado los beneficios de la industria, un 110% –es decir, los han más que duplicado–, y del comercio y la hostelería, un 181% –casi los triplican–.

El Banco de España también elabora una Encuesta sobre la Actividad Empresarial, donde pregunta a 14.500 sociedades. Las respuestas se refieren ya al segundo semestre del año, con la guerra en pleno desarrollo. El 38,1% de las empresas dicen que han subido los precios. Sobre todo, las de hostelería y construcción. Otro 35,7% adelanta que los subirá en el tercer trimestre. Para dentro de un año prevén hacerlo un 54%.

Tanto los sindicatos como la propia Yolanda Díaz acusan a la CEOE de bloquear la negociación colectiva. Hasta julio, se han firmado y registrado 450 convenios, cuando en 2019 la cifra alcanzaba los 556 y en 2018 los 663. También se superaron los 600 en 2016 y 2017, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Al año se suelen firmar y registrar entre 1.800 y 1.900 convenios –2.502 en 2013–. Si en 2019, a estas alturas del año, 1,22 millones de trabajadores tenían reguladas sus condiciones laborales, en 2022 su número es de 1,09 millones, 131.758 menos, una caída de casi el 11%. En 2018 la cifra de asalariados protegidos era aún mayor, 1,52 millones. En total, cada año se firman convenios para más de 4,5 millones de trabajadores.

Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la subida del coste de la vida y la tímida subida salarial están recortando el consumo de los españoles. Así, el 42% compra productos de marca blanca, más baratos, mientras que el 21% ha reducido alimentos básicos como la carne y el pescado. El 33% va menos a bares y restaurantes y el 29% renuncia o aplaza la compra de ropa. Pero, con la inflación, lo importante son las expectativas. Dos de cada tres encuestados tienen miedo a gastar y prefieren ahorrar por si el futuro se complica. Y uno de cada tres dice que no dispone de ahorro suficiente para afrontar nuevas subidas de precios los próximos meses. El 45% ya bajó la temperatura de la calefacción en invierno y el 42% desconectó aparatos para rebajar la factura de la luz. El 36% ha dejado de usar el coche por el elevado precio de los combustibles.

El Banco de España también mide el ahorro de los hogares y empresas. El de las familias encadena 11 meses consecutivos de subidas. Entre julio de 2021 y julio de este año, el alza ha sido del 5,78%. Disparado tras la pandemia, el ahorro se mantuvo en 2021 y en lo que va de 2022 ha seguido aumentando. Los depósitos de las familias han crecido un 17% desde febrero de 2020, antes de que apareciera el coronavirus.

El consumo representa casi el 80% del PIB; por tanto, es fundamental para el crecimiento económico. Y una manera de sostenerlo es subiendo los salarios, argumentan los sindicatos. Pero en el segundo semestre del año, según los datos de la Contabilidad Nacional, la contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB ha sido de 3,6 puntos, cuatro décimas inferior a la del primer trimestre. El consumo de los hogares creció de abril a junio un 3,2% respecto al mismo trimestre de 2021, por debajo del alza interanual de hace un año, que alcanzó el 4,9%. Es probable que el gasto se haya mantenido durante los meses de verano, pero afronta un otoño e inviernos en los que la cesta de la compra y los recibos de luz y gas incitarán al repliegue.

El Gobierno probó una vez más en el Congreso su capacidad de alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas sacando adelante todos los decretos y leyes que se sometían a votación en el pleno extraordinario celebrado este jueves, entre ellos el de medidas de ahorro energético contra el que el PP de Alberto Núñez Feijóo y sus presidentes autonómicos, con especial protagonismo de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, lleva semanas movilizándose.

La iniciativa salió adelante con el apoyo de una amplísima mayoría de 187 diputados (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, PRC, Teruel Existe y la exdiputada de UP que se pasó al grupo mixto), once por encima de la mayoría absoluta de la Cámara. En contra, 161 ‘noes’, los de PP, Vox, Ciudadanos, Junts, Coalición Canaria, CUP, los dos tránsfugas de UPN y Foro Asturias. El único diputado del BNG se abstuvo.

No fue una excepción. Los reales decretos del Gobierno de modificación de las cotizaciones de los trabajadores autónomos y de medidas urgentes contra los incendios forestales cosecharon mayorías aun más relevantes: 260 votos a favor la primera y 265 la segunda (el PP sí votó a favor de ambas iniciativas). 

La aprobación de la ley de libertad sexual, conocida como ley del sí es sí, también con un amplísimo respaldo (205 votos a favor, 141 en contra, los del PP y Vox, y tres abstenciones), completó un reinicio del curso parlamentario muy cómodo para el Gobierno.

Con las iniciativas aprobadas este jueves, la coalición presidida por Pedro Sánchez, que no tiene mayoría absoluta en el Congreso y está obligada a pactar todas sus propuestas, suma desde el inicio de la legislatura 161 iniciativas aprobadas en la Cámara Baja y una única derrota: la convalidación del real decreto para que los ayuntamientos pudiesen usar el superávit acumulado que la mayoría de diputados rechazó en septiembre de 2020.

El resultado de la votación del real decreto de medidas de ahorro energético valida las ayudas extraordinarias concedidas por el Gobierno a los estudiantes con becas, la expedición de bonos gratuitos de transporte ferroviario o la concesión de ayudas al sector del transporte, así como la limitación del uso del aire acondicionado, de la calefacción y de la iluminación de los escaparates para contribuir a la reducción de consumo que Europa busca con el fin de prevenir problemas de escasez cuando empiece el invierno, especialmente si la Rusia de Vladímir Putin decide cortar completamente el suministro de gas a los países de la Unión Europea.

Al PP estas medidas le siguen pareciendo frívolas y así lo confirmó su líder desde Pontevedra, donde sigue de vacaciones. Allí defendió que sólo las administraciones ahorren energía y que el sector privado lo haga únicamente de forma voluntaria. 

Feijóo insiste en pedir al Gobierno que se siente a negociar con el PP, pero no medidas de ahorro energético sino de política energética. En ese ámbito recuperó la idea tercamente defendida por su antecesor, Pablo Casado, de dejar de cobrar derechos de emisión de CO₂ a las empresas. 

Como hace siempre que se desmarca del Gobierno, acusó a Pedro Sánchez de preferir llegar a acuerdos con Bildu y con Esquerra. Y como achacó el voto negativo de su partido a las medidas de ahorro energético a que Transición Ecológica no ha negociado con ellos, se vio obligado a justificar por qué el PP sí ha apoyado el real decreto de medidas urgentes contra los incendios a pesar de que tampoco hubo negociación: “Porque en materia de incendios toda unidad es poco”, alegó dando a entender que no es ese el caso de los problemas energéticos que sufren España y Europa. “Seguimos siendo el partido de votar que sí a los intereses de España y no a los intereses de Sánchez”.

Para atraer el apoyo de la mayoría del Congreso, el Gobierno ha llegado a diferentes acuerdos con los grupos parlamentarios, incluido un compromiso para no demorar su incorporación al decreto más allá de cuatro semanas. 

El PNV ha celebrado que el Gobierno escuche a la oposición y a las comunidades autónomas para el próximo Plan de Contingencia, con nuevas medidas de ahorro, que debe enviarse a Bruselas. EH-Bildu ha propuesto revisar al alza, reformular y acelerar los objetivos contenidos en la Ley de Cambio Climático, con las correspondientes inversiones, y empezar a planificar con las comunidades estrategias a medio y largo plazo para transformar modelos de producción y consumo más eficientes y con mayor peso de las energías renovables.

Por su parte, el PDeCAT ha asegurado tener el compromiso del Ejecutivo para aprobar una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados. Es una medida reivindicada también por ERC, que reclama al Gobierno financiación adicional a las comunidades para sufragar estas actuaciones, así como las actuaciones de inspección correspondientes, pero también una moratoria hasta el 30 de noviembre en las obligaciones que deben hacer frente pymes y autónomos.

Con todo, y a pesar de estos acuerdos, los socios habituales del Gobierno no escatimaron sus críticas a la forma en que se ha tramitado el real decreto y a su contenido. Varios de ellos han afeado al Ejecutivo el carácter de las medidas, reclamando ERC y Bildu medidas estructurales, y no temporales, pero sobre todo más ambiciosas. “Parecen más medidas efectistas que efectivas, el decreto se queda corto”, dijo Joan Capdevila (ERC). Íñigo Errejón, de Más País, pidió “un plan de largo alcance, trabajado y acordado con grupos” y “no ir saltando de decreto en decreto”.

Unidas Podemos también llamó a ir más lejos en el próximo Plan de Contingencia. Su diputado Juantxo López de Uralde pidió mayores esfuerzos y un reparto “justo” de los mismos, con un objetivo global de reducción y una distribución más exigente en el transporte y la industria.

La posición del PP dio pie a duras acusaciones por parte del PSOE y del Gobierno. El diputado socialista César Ramos aseguró que cuando su partido intentó ponerse en contacto con el PP durante la última semana para negociar cambios, como con otras fuerzas políticas, “no había nadie al otro lado”. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmó en TVE que el Gobierno se reunió dos veces con los grupos parlamentarios, entre ellos el PP, el pasado mes de julio para negociar las medidas de ahorro energético y que hasta la fecha han recibido de ellos “cero propuestas”.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, les acusó de ser “la derecha más rancia de Europa” y de practicar un “conservadurismo retrógrado y negacionista” que contrasta con las medidas que están aprobando otras formaciones conservadoras europeas.

Según la ministra, las medidas aprobadas el 1 de agosto son ya un éxito porque han logrado una reducción del consumo del 9,5% en la última semana y del 8,5% con respecto al año pasado, por encima de los compromisos voluntarios adquiridos con la Unión Europea (del 15%, pero del 7% para España).

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha manifestado este miércoles que el Gobierno "no tiene ningún problema" con la posibilidad de que el decreto de ahorro energético, que se vota mañana en el Pleno del Congreso, se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría introducir modificaciones al mismo vía enmiendas, pero ha dejado claro que prefiere su convalidación para no generar incertidumbre entre los ciudadanos.

"Lo deseable sería no someter a la ciudadanía a un escenario de incertidumbre y que mañana se pueda convalidar el decreto, pero evidentemente hay una tramitación parlamentaria que es posible y, por lo tanto, eso son los cauces y el PP, antes que decir que no, debería abrirse a esa posibilidad", ha subrayado la ministra, que ha recordado que las medidas de ahorro energético se seguirían aplicando con independencia de que puedan tramitarse como proyecto de ley.

Sánchez, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha asegurado que el Gobierno está trabajando "cada segundo y cada minuto" para lograr los apoyos políticos necesarios que permitan sacar adelante este decreto.

"No vamos a cejar en el empeño de convencer al conjunto de las fuerzas políticas, en especial al PP, que desde el primer día y casi sin mirarse el contenido de este Real Decreto-Ley dijo que no lo iba a apoyar, situándose fuera de las necesidades de este país", ha subrayado.

En este sentido, ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a explicar por qué su partido va a votar en contra de unas medidas que benefician al conjunto de los ciudadanos y que están acordadas con la Unión Europea.

"Si vota en contra de estas medidas, le recuerdo al PP que no vota en contra del Gobierno, sino en contra de los intereses de los españoles, que lo están pasando muy mal en un contexto en el que hoy se cumplen seis meses del inicio de la guerra en Ucrania", ha apuntado la ministra.

Sánchez ha apelado a la responsabilidad del PP para que respalde esta norma y le ha instado a demostrar "su sentido de Estado" y a "no poner excusas de mal pagador" para mantener su actitud "negacionista y obstruccionista" frente al Gobierno.

"El señor Feijóo, que se nos quiere presentar como un líder de Estado, no está la altura. España le viene grande. Le pido esa responsabilidad mínima y que no ponga excusas", ha añadido.