Este viernes ha quedado visto para sentencia el juicio contra los 37 acusados por participar en los primeros años de la trama Gürtel los primeros años de la trama Gürtel(1999-2005), entre los que se encuentran el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, una decena de ex altos cargos del PP, como su extesorero Luis Bárcenas, y en la que se ha analizado si la formación política se ha beneficiado de estas actividades delictivas.

Desde el 4 de octubre de 2016, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha celebrado 125 sesiones para analizar las actividades de una trama de corrupción que ha centrado la agenda política desde que estalló en 2008.

Pese al año, un mes y 13 días que ha tardado el tribunal compuesto por los magistrados Ángel Hurtado (presidente), José Ricardo de Prada y Julio de Diego en concluir uno de los juicios más mediáticos, no ha sido ni el más duradero, ni el que más acusados ha sentado en el banquillo.

Un banquillo casi vacío que ha caracterizado la vista oral en gran parte del centenar de jornadas. El tribunal eximió a todos ellos de presenciar el juicio si en la sesión no se trataba algún hecho relacionado directamente con alguno de los 37 procesados.

El procedimiento se ha centrado en el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás concluyeron en el juicio que existe una "abrumadora prueba documental" que demuestra que la participación delictiva de los acusados "atentaron contra el Estado de Derecho" y su actuación resultará de "muy costosa reparación social".

El abogado del Estado Edmundo Bal subrayó que la organización liderada por Correa "se ha instalado en las administraciones públicas como un cáncer de corrupción", por lo que pidió al tribunal que dictase una sentencia "ejemplar" para que los empresarios españoles con "tentación" de sobornar digan: "jolín, qué miedo me da, fíjate la cantidad de años de cárcel que le han caído a estas personas".

Anécdotas durante las declaraciones

El juicio ha concentrado numerosas anécdotas como las revelaciones sentimentales de algunos de ellos. El exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno insinuó que su novia le abandonó por Correa, "de un día para otro y sin decir nada, sin decir ni pío", y que finalmente no quiso firmar la denuncia que destapó la trama porque prefirió marcharse a una granja de Extremadura a criar ocas para superar la ruptura.

También el rifirrafe vivido entre Correa y el denunciante, José Luis Peñas, cuando el líder de la trama increpó a este otro, durante un receso de la vista oral, instándole a que contase al tribunal que se había "llevado la pastuqui" que él le había dado.

En su turno de última palabra, el presunto cabecilla ofreció su "total colaboración" a la Fiscalía para "aclarar todas las causas pendientes", pero en libertad hasta que las sentencias en su contra sean firmes.

Tras reiterar que él no creó su entramado de empresas para trabajar para el PP o para delinquir, Correa sorprendió al tribunal pidiendo el indulto para el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque considera que su causa tiene un "tinte político y no jurídico".

Uno de los momentos más llamativos del juicio fue cuando el que fuera responsable de Orange Market Álvaro Pérez El Bigotes hizo una definición de sí mismo. Se calificó como un "genio de la creatividad" capaz de revolucionar la imagen "rancia" del PP y de transformar incluso el rictus "de mala leche" del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Asimismo, el juicio por la primera época de la trama Gürtel ha marcado un antes y un después en la democracia española. Ha sido la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio ha declarado ante un tribunal, como ha sido el caso de Mariano Rajoy, que compareció como testigo el pasado 26 de julio por su responsabilidad anterior al cargo actual en la organización de las campañas electorales.

No es el único político que ha testificado, pues entre los 300 testigos que han desfilado por la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) lo hizo también la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre -quién después de declarar, se mostró a la prensa conmocionada, y a punto de llorar, por la detención del que fuera su 'número dos', Ignacio González, por el caso Lezo-; el presidente del Senado, Pío García-Escudero; o los exministros Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja.

Fiscalía mantiene casi todas las peticiones de penas

Tras escuchar las versiones de los hechos de los 37 acusados, Anticorrupción ha mantenido su petición de pena para casi todos los encausados y ha sostenido la máxima solicitud, de 125 años y un mes de prisión, para el líder de la trama corrupta, Francisco Correa. Sin embargo, la Fiscalía insinuó a los magistrados que atendiesen a una rebaja en el castigo por el hecho de que confesó hechos "relevantes" para la causa.

Correa reveló datos que llevó a reabrir la investigación de una presunta caja b del PPb -o "contabilidad extrancontable", como la denominó Bárcenas-, al afirmar que algunas constructoras recurrieron a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente a cambio de comisiones de entre el dos y el tres por ciento abonadas al extesorero conservador.

Para sus números dos y tres, el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo y el El Bigotes, respectivamente, las fiscales piden 85 años y medio de cárcelEl Bigotes para el primero y cinco años y dos meses para el segundo. Las condenas impuestas para estos tres acusados se sumarán a los hasta 13 años de prisión que ya están cumpliendo desde el pasado mes de febrero por amañar los contratos del montaje del expositor de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

Al igual, insiste en que el PP se benefició de las actividades de la trama Gürtel en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, así como la exministra de Sanidad Ana Mato, quien, según las fiscales, disfrutó de los regalos que le hizo la red corrupta. Por ello, Anticorrupción reclama 245.492 euros para la formación política y 28.467,53 euros para la exmujer del exalcalde de Pozuelo.

No obstante, sí que ha introducido leves modificaciones con respecto al extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, al eliminar de su acusación delitos fiscales. Ambos se enfrentan finalmente a 39 años y medio de prisión -para Bárcenas se pedía inicialmente 42 años y medio de cárcel-, aunque sus penas pueden verse aumentadas si el tribunal decide responsabilizar a Bárcenas de las conductas delictivas de su esposa, Rosalía Iglesias, y en el caso de López Viejo si los suprimidos los convierte alternativamente en cohecho.

La trama Gürtel no acaba aquí, pues, además de los Papeles de Bárcenas, aún queda por terminar la instrucción de la pieza Época II: 2000-2009Época II: 2000-2009, relacionada con su actividad en Boadilla del Monte y Arganda del Rey (Madrid). Por otro lado, el próximo mes de enero está previsto que la Audiencia Nacional comience a juzgar las piezas relativas a la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las campañas de las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008.

El abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, ha insistido este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por participar en la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que su cliente no ha blanqueado dinero, ni lo ocultado en sus cuentas de Suiza fondos procedentes de las cuentas de los conservadores. "No se llevó ni una sola peseta de esa contabilidad", ha dicho.

En la jornada de este lunes -la número 121- ha sido el turno del letrado de Bárcenas para exponer sus conclusiones finales, en el que ha solicitado su libre absolución en contra de la petición de 39 años y medio de prisión de la Fiscalía Anticorrupción para el que fuera senador por Cantabria.

El Ministerio Público asegura que parte de los fondos del extesorero popular fueron "obtenidos por Correa, pero también por su intermediación en adjudicaciones públicas, al margen de Correa, y por la sustracción de fondos de la caja B" del PP y que llegó a esconder entorno cuatro millones de euros que nunca se han conseguido intervenir.

"Mi cliente no se ha llevado ni una sola peseta de esa contabilidad", ha enfatizado Ruiz de Infante, al mismo tiempo que ha precisado que el dinero en distintas cuentas helvéticas son "ingresos" -donde llegó a tener 48,2 millones de euros en 2007-, "una realidad que es pura matemática".

"Está diciendo la verdad"

Asimismo, ha destacado que la pieza separada que se está investigando sobre la existencia de una caja b PP nace a raíz del reconocimiento por parte del extesorero de sus anotaciones manuscritas conocidos como los Papeles de Bárcenas. "Si las acusaciones siguen diciendo que es un mentiroso, vamos a tener un problema. En 11 declaraciones a lo largo de todos los procedimientos está diciendo la verdad".

Durante su extensa intervención, el abogado ha arremetido contra los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, a los que ha reprochado lanzar acusaciones sin "constrastar". En este sentido, ha defendido que Bárcenas no tiene ninguna responsabilidad en las adjudicaciones públicas a las empresas del líder de la red corrupta, Francisco Correa, ya que no tenía ninguna "atribución política" para tomar decisiones al respecto.

En este sentido, sobre si Bárcenas influía en la selección de cargos públicos para intermediar en los contratos públicos, ha dicho que la unidad policial "parte de premisas no contrastadas", ya que supone una "manifestación gratuita". "¿Han analizado los estatutos del Partido Popular? No tenía esas atribuciones políticas", ha puntualizado.

Pero, claro, todo esto valdría si Mariano Rajoy y el PP hubieran sido mínimamente sinceros durante estos ocho años de investigación de la trama Gürtel. Si el propio Rajoy no hubiera empezado ya en febrero de 2009 proclamando que todo era “una trama contra el PP”. Si no hubiera continuado en abril del mismo año defendiendo a Luis Bárcenas y a Gerardo Galeote: “¡Nunca se podrá probar que no son inocentes!”. Si no hubiera puesto a Federico Trillo al mando de una estrategia de bloqueo y obstaculización permanente de la actuación judicial que se llevó por delante al juez Baltasar Garzón y que logró que el juez Antonio Pedreira archivara en 2011 la causa contra Bárcenas. Si no hubiera mantenido a Luis Bárcenas hasta enero de 2013 con el máximo sueldo del partido pese a que supuestamente ya ni siquiera militaba en él. Si el juez Pablo Ruz no se hubiera visto obligado a expulsar al PP como acusación ante las evidencias de que se dedicaba a defender a los procesados. Si no hubiera enviado Rajoy a su extesorero aquellos SMS de apoyo y ánimo cuando toda España ya conocía las cuentas millonarias en Suiza. Si Ruz no hubiera tenido que mandar finalmente a la Policía a registrar la sede nacional del PP para buscar unos ordenadores de Bárcenas cuyos discos duros habían sido destrozados a martillazos. Si no existieran los autos judiciales o los informes de Hacienda y de Fiscalía que acreditan que el PP financió con dinero negro actos electorales, reformas en el despacho del propio Rajoy o hasta la compra de ese plasma que servía para negarlo todo. Si hace un par de meses no hubiera defendido Rajoy en Onda Cero que “en este asunto es bueno que haya un juicio y que los tribunales actúen…” y no hubiera ofendido a la inteligencia de los oyentes al declararse “sorprendido” cuando Carlos Alsina le recordó que su partido pedía la nulidad de ese juicio…

En fin. Si de verdad el PP hubiera colaborado mínimamente con la justicia en lugar de cacarear esa disposición, entonces no habría tenido el menor sentido el comunicado oficial en el que el partido ha expresado este martes su rechazo a la decisión tomada por el tribunal de citar a Rajoy como testigo. Y menos la insistencia en denunciar que se trata de un “proceso mediático” que supone un “abuso de derecho”.

A falta de conocer en detalle los razonamientos de los magistrados que han aceptado la petición de la acusación popular, lo que debe hacer Mariano Rajoy es muy sencillo: sentarse en el banquillo y responder a todas las preguntas cumpliendo la obligación que afecta a cualquier testigo de decir la verdad y nada más que la verdad.

Será relevante saber si las preguntas van a limitarse a lo que afecta exclusivamente a esta causa, en la que el PP aparece como “partícipe a título lucrativo” de presuntos delitos de corrupción cometidos por la trama de Francisco Correa, o bien deberá aclarar Rajoy lo que conocía o no sobre la detallada fórmula de financiación ilegal y con dinero negro que describió el propio Correa en su declaración ante el tribunal. 

Será una oportunidad magnífica para que Rajoy responda a esa pregunta que uno se ha hecho cada vez que en estos ocho años el PP ha esgrimido el relato de que Correa y compañía fueron expulsados de la sede del PP en cuanto Rajoy se enteró de que utilizaban el nombre del partido para hacer negocios ilícitos. ¿Por qué no acudió inmediatamente a denunciar los hechos? No hizo lo que viene a ser “colaborar con la justicia”. Es más, lo que obligatoriamente hay que hacer cuando se conoce la existencia de un delito.

Curiosamente (o no) lo demostrado cronológicamente es que, cuando el PP perdió el Gobierno en 2004, Correa y compañía trasladaron el negocio a los gobiernos autonómicos donde ese mismo partido manejaba los mayores presupuestos: Madrid y Valencia, especialmente. En toda esa etapa, mientras la trama trabajaba en la organización de actos para el partido y Correa entraba y salía de Génova como si fuera su propia casa, Rajoy dirigía las campañas electorales o era secretario general del PP o más tarde presidente. Ante un tribunal, obligado a decir verdad, tendrá un poco más difícil declararse "sorprendido", como acostumbra.

El extesorero del PP Luis Bárcenas confesó al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se celebra el juicio por el caso Gürtel que en 2011 intermedió entre la empresa Mercadona y la finca argentina del también extesorero de la formación conservadora [Alianza Popular], Ángel Sanchís, para que su amigo fuera proveedor de la firma de supermercados valenciana.

En concreto, logró que la firma de La Moraleja, que es una finca situada en el norte de Argentina en la que se producen sobre todo limones, multiplicara sus ventas por cinco, según declaró Bárcenas este martes por la tarde en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional.

"Yo no me dedicaba a lo que es gestionar los envíos ni nada por el estilo. Lo que hacía en función de alguna relación que podía tener es poner en contacto, en este caso concreto puse en contacto a Ángel Sanchís padre con una importante cadena de distribución que quería comprar directamente en finca el producto, que no quería intermediarios en la operación, hice un contacto y se consiguió cerrar un acuerdo comercial de venta directa entre la finca de argentina y esta empresa que significó, creo recordar, multiplicar por cinco" las ventas, según especificó Bárcenas en relación a la supuesta existencia de un contrato suyo con el propio Sanchís.

Y Bárcenas, que en un principio no quiso identificar el nombre de la sociedad con la que Sanchís habría hecho negocio gracias a sus contactos, acabó confesando tras la insistencia de la fiscal Concepción Sabadell: "Mercadona".

Una empresa de Mercadona

Bárcenas aseguró que en concreto fue una filial de Mercadona, cuyo nombre no identificó, "pero que es la que compra para ellos. No recuerdo, pero es una empresa específica que tiene Mercadona. Es la única gestión que hice. Pero cubrí de sobra mis honorarios", completó el que también fuera exsenador del PP por Cantabria.

Según consta en la contabilidad B del PP, Mercadona realizó dos aportaciones en 2004 y 2008 en la caja B controlada por el propio Luis Bárcenas de 90.000 y 150.000 euros, respectivamente. Por ello, el principal dueño de Mercadona, Juan Roig, declaró como testigo en la Audiencia Nacional en la pieza separada denominada papeles de Bárcenas, en los que se refleja la contabilidad en negro del partido, que el pasado lunes Bárcenas denominó "extracontable". Roig negó los pagos a Bárcenas, pero reconoció aportaciones a la Fundación FAES de José María Aznar.

Con esta confesión, el extesorero del PP trata de desmontar la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que Sanchís, amigo de la familia de Bárcenas, le ayudó a sacar de Suiza hasta tres millones de euros tras la detención de Francisco Correa, y que después se los devolvió de diferentes formas.

Actividades de su mujer

Según Anticorrupción, entre esas transferencias devueltas estarían varios pagos de hasta 143.689 euros a la firma de Bárcenas, Conosur Land, que disponía de una cuenta en España, y en concreto en Bankia. Los honorarios de La Moraleja se abonaban, según Bárcenas, en esta empresa, creada para canalizar "las actividades de [su mujer] Rosalía [Iglesias] en el mundo del arte". El extesorero también dijo que pese a que negoció con Sanchís, no consiguió cobrar a porcentaje y sus emolumentos fueron fijos.

Por aquella operación, el que fuera también gerente del PP hasta el Congreso nacional del partido de Valencia celebrado en 2008, tenía fijados beneficios trimestrales de 100.000 dólares que después pasaron a ser mensuales y que recibía de la compañía de Sanchís.

Para la Fiscalía, sin embargo, y así se lo dijo la fiscal Concepción Sabadell al extesorero en un momento del interrogatorio, el contrato de asesoramiento pretendía dar apariencia a la reintegración por los Sanchís [padre e hijo] a Bárcenas del dinero que salía de sus cuentas suizasBárcenas. "Eso es lo que dice usted", le indicó el extesorero popular a la representante de la acusación pública.

Bárcenas resaltó, también, que la relación con Mercadona se rompió en 2013 tras ser imputado por "riesgo reputacional", por lo que no le habría dado tiempo a realizar más contactos para la empresa de Ángel Sanchís.

Mientras cobraba del PP

Bárcenas emprendió esta nueva faceta profesional antes del verano de 2011, cuando -según explicó- ya no desempeñaba funciones de tesorero en el PP aunque sí continuaba cobrando del partido. "Tenía todo el tiempo del mundo y me ofrecí", dijo.

Para la firma del contrato con la empresa de Ángel Sanchís, Bárcenas se desplazó a Argentina en junio de 2011 y firmó la documentación ante notario, razón por la que únicamente estuvo 24 horas en el país sudamericano. Según Bárcenas, la brevedad del viaje obedeció sin embargo a que la erupción del volcán chileno Puyehue le obligó a modificar sus planes, ya que tenía previsto estar allí varios días para conocer Buenos Aires.

El supuesto interés de Bárcenas por la fruta fresca no se detuvo con este acuerdo, ya que aseguró que llegó a estudiar un subproducto del limón, la cáscara, con la intención de darle valor añadido a través de la obtención de pectinas. Este uso ya había sido empleado en Dinamarca con excelentes resultados, destacó Bárcenas ante el tribunal.

Elude las cajas B regionales

Por otra parte, el extesorero del PP se negó este martes a contestar a cualquier pregunta relacionada con la existencia de la caja B en las sedes regionales del PP , ya que, según recordó, se trata de una investigación que no es objeto del procedimiento que está juzgando en este momento la Audiencia Nacional, relativo a la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), informa Europa Press.

La fiscal Concepción Sabadell le preguntó sobre si las sedes locales de la formación política como Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), cuyos exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, también están acusados en esta causa, tenían cajas B.

"Es una pieza separada", subrayó el extesorero del PP. Ante esto, la fiscal le destacó que en abril de 2014 ya declaró ante el entonces juez instructor Pablo Ruz que la formación política tenía "una caja B en todas las provincias y regiones de España" para financiar las campañas electorales.

"No recuerdo la declaración. En cualquier caso no estamos hablando de una declaración que no estamos viendo en estos momentos y no le voy a contestar", dijo.

No habla de la reunión con Rajoy

Bárcenas tampoco quiso responder a las preguntas relacionadas con la presencia de su mujer en una reunión que celebró en marzo 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, y en la que presuntamente se pactó que seguiría cobrando del partido pese a abandonar su cargo como tesorero.

"De eso tampoco voy a contestar", respondió ante la cuestión planteada por la fiscal Sabadell por tratarse de una cuestión "de ámbito privado". Rosalía Iglesias ratificó en una declaración prestada en 2014 que estuvo en ese encuentro en el que se fijó la "indemnización en diferido" por sus servicios.

Respecto a aquel encuentro, la esposa de Bárcenas aseguró al juez Pablo Ruz, entonces instructor de la causa, que ambos dirigentes del PP les dijeron que "todo seguiría igual"dirigentes del PP.

Pérez, que se ha negado a responder a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, y del resto de partes personadas, sí lo ha hecho a las de su abogado, Javier Vasallo, que le interpeló si en algún momento había negociado con los cargos del PP, ante lo que Álvaro Pérez contestó de manera rotunda: "No".

En su testimonio, que se alargó durante más de tres horas, El Bigotes aludió en varias ocasiones al Partido Popular, aunque siempre para marcar distancias con esta formación política por la que Francisco Camps, "su amiguito del alma" según las grabaciones de la Policía, presidía el Govern de la Comunidad Valenciana.

"Sólo disgustos del PP"

"Yo del PP sólo he recibido disgustos, yo he estado montando los mítines, me he dejado mi vida trabajando para el PP, he trabajado como un condenado y muy bien, con un éxito absoluto y además era muy bueno", relató Álvaro Pérez, siempre a preguntas de su letrado en el caso.

Jesús Sepúlveda. 

En este sentido, El Bigotes precisó que su función era la organización de los mítines del PP, en los que según explicó introdujo cambios que supusieron una verdadera revolución. Respecto a uno de los protagonistas de los actos de campaña, el expresidente del Gobierno José María Aznar, explicó que mejoró su imagen, ya que tenía "la ceja muy poblada y el ojo muy hundido" lo que provocaba que ofreciera "cara de mala leche".

No se ocupaba -dijo- de actos menores por lo que nunca organizaba "cumpleaños". Así, negó que sufragara las fiestas de los hijos del exalcalde de Pozuelo y su entonces esposa, la que fuera ministra de Sanidad Ana Mato. "Yo estaba para eventos importantes, para mítines del PP, no para cumpleaños", destacó el procesado que también rechazó haber realizado entregas de dinero en efectivo a Sepúlveda.

El Bigotes también negó haber entregado dinero al extesorero del PP Luis Bárcenas e incluso llegó a decir que "ni siquiera sabía que existía". Según especificó, trataba de los detalles de organización de los actos de campaña con Jesús Sepúlveda, que entonces ocupaba el cargo de secretario nacional de Acción Electoral de la formación, y con Juan Carlos Vera.

"Quién era" Bárcenas

Sobre el exgerente y extesorero del PP, Álvaro Pérez llegó a decir al tribunal que tuvo que preguntar en un mitin "quién era" Bárcenas y que fue entonces cuando le explicaron que se trataba del gerente de la formación. "Teníamos que cambiar la imagen de un partido muy rancio y dar una imagen muy fresca y dinámica", describió.

Álvaro Pérez 'El Bigotes'. 

Con respecto a las empresas de Correa, el declarante negó tener cualquier responsabilidad en su gestión. En este sentido, se llegó a autodenominar "un auténtico desastre" por haber provocado "un boquete" a la firma Special Events, ya que cuando organizaba los eventos no se preocupaba del coste de los mismos: "Yo me dedicaba a crear", completó Álvaro Pérez, que aseguró que jamás estuvo con el responsable económico de la red de empresas de Correa, Ramón Blanco Balín, y que no tenía ninguna autorización para gestionar cuentas bancarias: "Jamás".

Preguntado también por el motivo por el que en los documentos requisados a la trama aparecía su nombre y el del exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda junto a unas cantidadas, El Bigotes aseguró que pidió dinero para invitar a comer al exmarido de la ministra de Sanidad.

La confesión del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, de las irregularidades cometidas por su grupo de empresas entre los años 1999 y 2006 abre nuevas incógnitas sobre la actuación de los responsables de tres ministerios del Gobierno de José María Aznar: Economía, Medio Ambiente y Fomento.

En el segundo Ejecutivo de José María Aznar, el ministro de Fomento fue Francisco Álvarez-Cascos; los de Medio Ambiente fueron Jaume Matas hasta 2003 y en 2004 la ya expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, mientras que el titular de Economía era Rodrigo Rato. Aunque el escrito de acusación de Anticorrupción apunta hacia un cargo concreto del Ministerio de Economía, el entonces secretario general de Comercio Exterior, Francisco Utrera Mora, que fue senador desde 2011 hasta enero de este año 2016, cuando cesó de su cargo en la diputación permanente de la Cámara Alta.

Matas, que abandonó el Ejecutivo del PP para ser presidente de Illes Balears, fue condenado a seis años de cárcel por delitos de corrupción en el caso Palma Arena, mientras que Rodrigo Rato está sentado en el banquillo de los acusados como autor de los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Rato también está siendo investigado en el caso Bankia, en el que se investiga la fusión y salida a bolsa de la entidad financiera.

Confirma la acusación

Correa, que ha confirmado en todos sus términos el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, reconoció ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Ángel Hurtado, que realizó gestiones para que la empresa Ros Roca obtuviera contratos de la secretaría de Estado, en concreto en la República Dominicana.

Precisamente este escrito de acusación de las fiscales del caso, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, especifica que los procesados, entre los que se encontraban el propio Correa, además de Luis Bárcenas, Jesús Merino, Jesús Sepúlveda y Pablo Crespo "facilitaron, mediante contactos e indicaciones al entonces secretario general de Comercio Exterior, Francisco Utrera Mora, la concesión de créditos al desarrollo (FAD) a la República Dominicana de los que resultaba finalmente beneficiado el grupo Ros Roca".

"Hicimos una campaña con Ros Roca. No sé quién nos presentó esta compañía catalana de recogida de residuos, y me pidieron un favor. Nos solicitaron que les ayudáramos para un crédito FAD en la República Dominicana, y lo trabajé con Gerardo Galeote", entonces eurodiputado del PP, que no está procesado. 

Créditos para Colombia

"Mantuve la relación con Gerardo Galeote. En la reunión estuvo Luis Bárcenas presente, pero la gestión la llevaba Gerardo Galeote. Estaba en esta reunión porque éramos amigos", confirmó Correa a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, que también interpeló a Correa sobre otro crédito FAD para Colombia. "Esto es un tema que Gerardo Galeote me presentó a un señor de la región de Cauca (Colombia) que quería hacer un tema importante y tuve varias reuniones, y decidí que una empresa adecuada para este proyecto podría ser Ros Roca", completó el cabecilla de la Gürtel.

El acuerdo se gestó, relató Correa, en una cena en la casa de Gerardo Galeote: "Lo conoció en Europa en una de las sesiones de la Comunidad Económica Europea (Sic). No cobré nada de las gestiones que hice para el grupo Ros Roca. Para resumir, Ros Roca debería haber pagado 120.000 o 130.000 euros, y no me lo pagaron. Yo pacté que si conseguían este crédito FAD nos tenía que dar 120.000 euros, no fueron muy correctos conmigo".

Las gestiones de Correa y Bárcenas, según la declaración del primero, no se acabaron en la Secretaría de Estado de Comercio: "Sí, crearon una planta de purines de cogeneración en Castilla y León, gobernada por el PP. Y creo recordar que en esa sociedad participábamos nosotros: Galeote, Merino, Bárcenas y yo, y no recuerdo si estaba Sepúlveda. Pero nunca supe más de la planta", completó Correa.

Agilizar permisos

La labor que hacía el propio Correa era colaborar en la solicitud de los permisos: "Y cuando tienes una buena relación se agilizan más rápido. Yo ahí no intervine, no sé si se ocuparía Jesús Merino".

El segundo Ministerio implicado, según Correa, en el pago de comisiones es Fomento. En el segundo Gobierno de Aznar el titular de esta cartera fue Francisco Álvarez-Cascos, que años después fue presidente de Asturias con la formación Foro Asturias (FAC).

Correa citó a las constructoras OHL, ACS y Dragados, como las responsables de los pagos a la trama en los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Según un informe de la Udef, que cita los datos aportados por las propias empresas, el Ministerio de Fomento de Álvarez-Cascos adjudicó cuatro contratos públicos por un importe global de 382.524.416 euros y una concesión de una autopista cercana a aeropuerto Luis Suárez-Barajas.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) otorgaron contratos por 117.969.848 euros y 124.823.891 euros.

Las obras de Fomento

En 2003, OHL obtuvo del organismo autónomo GIF y el Ministerio de Fomento, con los que firma cuatro y siete contratos, que le suponen unos ingresos de 194.537.458 euros y 121.265.679 euros, respectivamente.

Sin embargo, Correa desvinculó en su declaración de este viernes al exsecretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos del reparto de beneficios obtenidos por la organización de las campañas electorales municipales, autonómicas, generales y al Parlamento Europeo que se celebraron en los años 2003 y 2004, facturadas a través de las sociedades Spinaker y Rialgreen.

Admitió que dividió el 50 por ciento de los ingresos obtenidos con el extesorero del PP Luis Bárcenas, Gerardo Galeote, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y exdiputado por Segovia Jesús Merino. Sin embargo, negó que la sexta persona con la que se dividieron los ingresos, identificada en su contabilidad con las siglas PAC, fuera Álvarez-Cascos. "No es Paco Cascos", dijo rotundamente y apuntó que podía tratarse de él mismo y que cedió esa parte a su presunto número dos, Pablo Crespo.

Las actuaciones de Medio Ambiente

Precisamente, el ex vicepresidente del Gobierno Álvarez-Cascos está citado a declarar como testigo para contrastar el contenido de la llamada que hace Correa a Bárcenas sobre la supuesta derivación de dinero de comisiones por adjudicaciones en obras del Ministerio de Fomento cuando este estaba al frente de este departamento.

En relación con el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Jaume Matas y Elvira Rodríguez, figuran adjudicaciones para OHL, del empresario Juan Miguel Villar Mir, por 3.085.926 euros (2002) y 13.218.244 euros en 2003. El nombre de Matas apareció en los papeles de Bárcenas, como receptor de 21.000 euros para el alquiler de una vivienda en Madrid. El propio Matas reconoció haber recibido ese dinero.

Según declaró Bárcenas, la expresidenta de la CNMV recibió en febrero de 2009 un total de 6.000 euros de la contabilidad B del PP. El extesorero del PP indicó que ese dinero fue abonado en concepto de compensación, pues fue candidata del PP en la Región de Murcia, cuando su residencia estaba en Madrid. Rodríguez negó haber cobrado ese dinero en negro.

Según la Udef, el Ministerio de Medio Ambiente sacó a concurso unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón que finalmente no fueron a Ros Roca. Correa se dedicó a esta intermediación entre 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta y el jefe de la red Gürtel era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas y actos del entonces presidente José María Aznar.

El magistrado Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtelen el Tribunal Superior de Madrid (TSJM), falleció el pasado martes a los 66 tras llevar tres años hospitalizado por un accidente cerebral.

Así lo ha confirmado a Europa Press fuentes de la Asociación Parkinson Madrid, de la que era presidente Pedreira desde el año 2009. Además, han indicado que previsiblemente el funeral se celebrará el próximo septiembre.

Pedreira, natural de A Coruña, fue nombrado en 1989 magistrado del TSJM. Fuentes de su entorno profesional hablan con cariño del magistrado, quien antes de ser juez fue abogado del Ayuntamiento de Madrid. "Era una persona muy culta, un gran jurista y una gran persona", dicen estas mismas fuentes que lamentan su fallecimiento.

El nombre de Pedreira saltó a la fama al ser el instructor del caso Gürtel caso Gürtel durante tres años, periodo en el que sufrió "presiones" desde diferentes ámbitos. Asumió en marzo de 2009 el procedimiento penal de manos del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien halló indicios de la comisión de delitos en los diputados regionales populares Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

En julio de 2011, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM acordó que Pedreira se inhibiera de la rama madrileña de la trama Gürtel en favor de la Audiencia Nacional. Aceptaba así un recurso de Francisco Correa, principal acusado en la trama corrupta.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid acogerá este jueves una vista oral en la que el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, exigirá al Ayuntamiento de Madrid la retirada de tres multas de tráfico del coche que conduce Carmen Rodríguez, la exmujer de Francisco Correa, pero que formalmente está a nombre del propio Peñas.

Tal y como denunció el exconcejal ante el juez Baltasar Garzón, Correa le pidió que pusiera a su nombre el vehículo que en realidad utilizaba la mujer del cabecilla de la trama.

Y según consta en una ampliación de la denuncia inicial de Peñas, aceptó con la intención de recabar una prueba más de que Correa no quería tener propiedades a su nombre. En ese momento el exedil de Majadahonda ya había iniciado sus grabaciones, que acabaron por destapar una de las mayores tramas de corrupción de la democracia española.

"Un amigo"

La propia Carmen Rodríguez reconoció ante la policía que ella utilizaba el coche, aunque estaba a nombre de "un amigo". Esta persona es Peñas, que desde la detención de Correa en febrero de 2009 ha recibido en su domicilio más de un centenar de multas del mencionado vehículo, un Mini BMW.

"En la mayor parte de los casos yo identifico al conductor, y por eso las multas las paga la mujer de Correa. Pero en tres ocasiones no recibí las notificaciones, por lo que las denuncias se han dirigido contra mi. Ahora lo que queremos es que el Ayuntamiento de Madrid reconozca su error", explica Peñas a infoLibre.

Ángel Galindo

Pero lo que más llama la atención es que entre las pruebas solicitadas por el abogado Ángel Galindo en este juicio, se incluye la declaración de la propia Carmen Rodríguez. Y será el titular del juzgado el que decida si declara o no la mujer de Correa.

La propiedad del coche es un problema que arrastra Peñas desde el inicio del caso. Y por eso su abogado, Ángel Galindo, quien también firmó la denuncia inicial de Gürtel, presentó un escrito al anterior instructor del caso, Antonio Pedreira, en el que solicitaba que modificara la propiedad del vehículo. No obtuvo respuesta, por lo que este exconcejal del PP sigue recibiendo en su domicilio las multas de la mujer de Correa.

Cuatro años después de que Luis Bárcenas fuese imputado en el caso Gürtel, el PP aún conserva los dos ordenadores que utilizaba su entonces tesorero, en prisión incondicional desde la tarde del jueves. Son justamente los dos portátiles que Bárcenas intentó recuperar en vano una vez fue archivada en marzo la denuncia por robo planteada contra el abogado del PP, al que acusó de haber forzado el despacho que seguía usando en la sede de Génova. El juez dictaminó que los ordenadores pertenecían al PP y no a Bárcenas.

El partido accedió a devolver a su antiguo gerente y tesorero todas sus pertenencias excepto esos dos ordenadores. Uno de ellos, aseguran fuentes próximas al exsenador, está cargado de datos internos. Y entre esos datos podría figurar la copia informática de la supuesta contabilidad B del PP, aquella que reflejan los llamados papeles de Bárcenas, que en realidad son una fotocopia de algunas páginas de un supuesto manuscrito original que incluiría otras anotaciones todavía desconocidas.

El entorno de Bárcenas asegura que los archivos informáticos –que como todos los de esa índole pueden datarse con absoluta exactitud– estaban encriptados. Es decir, acceder a ellos requería la introducción de una clave o la participación de un informático experto en descifrar documentos.

Las fuentes consultadas aseguran que el extesorero del PP, que siguió cobrando del partido hasta el 31 de enero de este año, no posee copia del disco duro de esos ordenadores.

Pero todos los hechos conocidos hasta el momento retratan a Bárcenas como un hombre extremadamente precavido. Si en esos ordenadores hay o había alguna información comprometedora, resulta por tanto difícil de creer que no se hubiera asegurado de mantener a buen recaudo una copia del disco duro.

Qué había realmente en esos ordenadores y por qué el PP se negó a entregárselos a Bárcenas pese a su relativamente escaso valor económico es una incógnita. Lo único cierto es que en los casi cuatro años y medio que dura la instrucción del caso Gürtel ninguno de los tres jueces que se han sucedido al frente de la investigación –Baltasar Garzón, Antonio Pedreira y el actual, Pablo Ruz– ha ordenado el registro del despacho o sala que siguió usando Bárcenas en la sede del PP ni el de su propio domicilio.

Salvo excepciones, los jueces ordenan diligencias a petición de parte. Y ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones populares personadas en el caso han solicitado en ningún momento al instructor que se incautara de ellos. Nadie lo pidió durante los casi tres años en que la investigación se desarrolló con Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado nombrado a propuesta del PSOE ni en el año y medio ya transcurrido con Eduardo Torres-Dulce al frente del ministerio público a propuesta del PP.

Tras la apertura de una pieza separada a raíz de que el diario El País publicase en enero los papeles de Bárcenas, otra acusación popular, la que representa a Izquierda Unida, a la Asociación Libre de Abogados (ALA) y a Ecologistas en Acción, se ha sumado al caso aunque solo en su nueva rama.

¿Por qué nadie ha pedido al juez que requiera al PP la entrega de esos dos ordenadores? Una fuente que sigue de cerca la investigación de la pieza separada sobre los papeles de Bárcenas ofrece la siguiente respuesta: “Pedirlos ahora entraña el riesgo de que en el disco duro interno no quede nada”. Y, a menos que alguien hubiese eliminado archivos y que de ese borrado quedase un rastro detectable, eso se convertiría en la práctica en una prueba de descargo para el PP, cuyos dirigentes llevan meses proclamando que el contenido de los papeles de Bárcenes es rotundamente falso.

Un vídeo como salvaguarda

Pero aun si Bárcenas no conserva copia del disco duro de los dos ordenadores que mantuvo el PP en su poder, sus allegados aseguran que guarda otra baza: hace más de un año, y a modo de mecanismo de salvaguarda por si su situación procesal empeoraba de modo irreversible, el extesorero depositó ante notario una declaración y un vídeo en el que, según las fuentes consultadas, se le ve leyendo ese mismo texto. La existencia de ese vídeo fue adelantada ayer por los programas Las Mañanas de Cuatro y Te vas a enterar, el magacín matutino y el vespertino de la cadena.

Posteriormente, el entorno de Bárcenas confirmó a infoLibre que el vídeo obra en poder de un notario y, aunque nadie ha precisado la fecha exacta de su entrega, el marco temporal –entre un año y año y medio– sugiere que pudo producirse en torno al momento –marzo de 2012– en que la Audiencia Nacional volvió a imputar al extesorero, a quien el juez madrileño Antonio Pedreira había exonerado de culpa. 

El contenido de esa declaración no ha trascendido. Pero los cercanos a Bárcenas sostienen que, si llegara a conocerse, resultaría demoledor.

Quienes todavía apoyan a Bárcenas desde el ámbito del PP creen que el extesorero no desvelará ninguna información gravemente comprometedora por el momento, aunque el solo anuncio de su existencia ya constituye un serio aviso. El abogado de Bárcenas presentará a comienzos de semana un recurso contra el encarcelamiento de su cliente sin posibilidad de fianza. Será la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional la que resuelva el litigio.

El magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decidido 'expulsar' al Partido Popular como acusación popular, según confirma un auto firmado este viernes, que justifica esta decisión, entre otras cosas, por la conexión entre la pieza separada de los papeles de Bárcenas y en la investigación principal sobre la red corrupta de Francisco Correa. El razonamiento del magistrado, que coincide con el de la Fiscalía Anticorrupción, es que si el PP puede ser considerado responsable civil subsidiario al investigar la supuesta contabilidad b del partido, sería incompatible mantenerlo como acusación popular en el caso Gürtel.

Ruz incluye varios precedentes del propio caso Gürtel, que dan pie a la expulsión de los populares. Y en concreto de un auto del 11 de febrero de 2010 dictado por el anterior instructor, Antonio Pedreira, en el que relataba actitudes procesales contrarias a la función propia de una acusación popular: "Que hubiera podido suponer fraude de ley procesal por parte del PP"fraude de ley procesal, especificando que este partido podría ser objeto de la expulsión. Entre estas actuaciones contrarias a la acusación popular, Ruz recuerda que el PP presentó escritos y recursos, impugnó los autos de prórroga del secreto de las actuaciones e incluso la inhibición acordada a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. También presentó una queja para que se eliminaran del sumario escritos y recursos referidos a la recusación del juez Baltazar Garzón, que fue quien inició la investigación sobre la trama corrupta presuntamente dirigida por Francisco Correa.

Y el juez especifica actuaciones concretas del PP que considera contrarias al ejercicio de la acusación popular. La primera que cita es la decisión de oponerse a la reapertura de la investigación sobre el exsenador del PP y extesorero Luis Bárcenas. Al mismo tiempo que destaca que todas las alegaciones del PP han tenido la finalidad de que se acabara con la investigación sobre Bárcenas. "Del mismo modo, los indicios racionales de criminalidad existentes frente al referido imputado por su participación en presuntos delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales, pese a haber sido reiteradamente negados tanto por la defensa letrada [de Luis Bárcenas] como por parte de la representación ostentada por el Partido Popular (en ejercicio de la acusación popular), fueron posteriormente confirmados", indica Ruz en su auto.

Al igual que en el caso del extesorero, el PP actuó de forma contraria a lo que se espera de una acusación popular en relación con la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar. En todo momento el abogado del PP se opuso a la reapertura de la investigación contra esta mujer, y en concreto su declaración como imputada.

El tercero de los precedentes que justifica la expulsión del PP como acusación popular, según Ruz, es la actuación del letrado del PP en relación al archivo de las acusaciones contra Jesús Merino, exdiputado del partido de Mariano Rajoy. El PP siempre quiso que la investigación se cerrara, llegando incluso a enviar un escrito al juez en el que aseguraba que era "imposible concretar indicio incriminatorio alguno contra Jesús Merino Delgado y Luis Bárcenas". Frente a este actitud del PP, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la imputación de Merino.

Por todo ello Ruz rechaza las explicaciones del PP que, para tratar de seguir como acusación popular, registró un nuevo escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que aseguraba que su única intención era "colaborar activamente" en la investigación judicial. "No pudiendo ser acogidas las alegaciones del PP", determinó el magistrado.

Blanco Balín, según un perfil publicado en el diario El País el 8 de diciembre de 2002, comenzó a trabajar en Repsol en 1996. Y en diciembre de 2002 fue nombrado consejero delegado de Repsol YPF, o lo que era lo mismo, el número dos del entonces presidente Alfonso Cortina. Estaba considerado un hombre muy próximo al PP, entonces en el poder.

Ramón Blanco Balín es considerado por la policía la persona que desde 2005 "dotó de nuevos elementos" la estructura societaria del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, con la finalidad de "dar opacidad" a las operaciones que realiza Correa. "Entre las funciones que realiza están el diseño de la estructura de blanqueo mediante la constitución de sociedades en España y en paraísos fiscales o territorios no cooperantes", indica un informe de la Policía Judicial del 30 de enero de 2009.

Tres beneficiarios desconocidos

Pero en estos dos pagos, tal y como demuestran las transferencias, no participa Correa. En concreto, en el primero, abonado en enero de 2002, el montante total es de 398.120 dólares. De los que Blanco Balín se lleva el 31,10%, lo que suponen 123.815 euros. Los otros tres beneficiarios de la cuenta denominada Soleado, controlada por la empresa Rhône Gestión de Arturo Fasana, también imputado en Gürtel, no son identificados por SuizaGürtel, al no entrar sus nombres dentro de la comisión rogatoria solicitada desde España. Uno de ellos cobra 160.206 dólares (el 40,39%), mientras que los otros dos se reparten el resto. Uno de los documentos suministrados por Credit Suisse especifica que el donante de la orden es "YPF Sociedad Anónima", cuya dirección es Avenida Roque Sáenz Peña 777. Buenos Aires Argentina". Y llega a concretar que la orden de pago se da desde la quinta planta del edificio.

La dirección anterior coincide con la sede histórica de la petrolera YPF, que tras fusionarse con la española Repsol se trasladó a otra parte de la capital federal argentina. El motivo que se incluye en los estractos bancarios sobre el pago de enero de 2002 de 398.120 dólares es, tal y como muestran los documentos suministrados por Suiza, "transferencia a Soleado".

El segundo de los pagos abonados por YPF, nacionalizada el año pasado por el Gobierno argentino, se efectuó en octubre de 2002. Y gracias a él Ramón Blanco Balín se hace con 19.889 dólares (11,81%) de los 168.289 dólares totales. Suiza no identifica a los otros dos beneficiarios del pago, que reciben el 55,38% y el 32,79%, respectivamente. Tampoco en este caso se identifica a los acompañantes en la cuenta de Blanco Balín.

Al igual que en el primero de los casos, el abono del dinero tiene su origen en YPF Sociedad Anónima, con la misma dirección de la Avenida Roque Sáenz Peña 777 de Buenos Aires. En este caso, a diferencia del pago realizado en enero de 2002, sí se incluye de forma expresa el nombre de Arturo Fasana: "Transferencia a Soleado".

Cuentas ómnibus

Precisamente, un informe policial incluido en el caso Gürtel especifica que el titular de la "posición bancaria" Soleado es la compañía Rhône Gestión y su presidente Arturo G. Fasana: Dichas cuentas "de carácter transitorio", relata la Policía, presentan la característica de recoger fondos que pertenecen a diversas personas y, por tanto, en ellas se mezcla el patrimonio de diversos clientes, que mantienen contratos con el titular de la cuenta, que es Fasana.

Estas cuentas que recogen valores a nombre de distintos titulares se

denominan cuentas globales o cuentas "ómnibus". Y la legislación suiza admite este tipo de posiciones bancarias, siempre que las entidades financieras conozcan quiénes son los beneficiarios económicos últimos o reales. "Normalmente dichas cuentas presentan un saldo cero al servir como cuenta puente para canalizar los fondos hacia el verdadero destino de los mismos, y por tanto el tiempo que el dinero está en esa posición es muy corto".

De esta forma, en las cuentas como Soleado figuran una pluralidad de personas "sin poder correlacionar los fondos que transitan por la misma con las personas a las que pertenecen. Es el propio Arturo Fasana el que conoce las operaciones, y por tanto puede individualizar cada movimiento de dinero que ha pasado por esa canal con el titular del mismo, y es él, el que da las órdenes para la posterior transferencia de los fondos hacia una posición bancaria u otro destino requerido por el beneficiario del dinero", relata el informe policial.

Precisamente, el nombre de Fasana aparece en dos de las 12 preguntas registradas en el Congreso por IU, el pasado 20 de marzo, para que el Gobierno aclarase entre otras cuestiones si el rey Juan Carlos había cobrado por sus gestiones como intermediario en operaciones comerciales. En concreto, la formación de izquierdas quiere que el Gobierno aclare si le consta alguna relación entre la amiga especial del rey, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y el gestor de fondos Arturo Fasana. Además, entre las preguntas formuladas por el diputado Alberto Garzón se incluye otra sobre la posible existencia de una relación entre la compañía Rhône Gestion y la princesa Corinna. La Mesa del Congreso no vetado estas dos preguntas al considerar que no se referían a personas del Gobierno.

"Un acuerdo cocinado por el rey Juan Carlos y el presidente Menem"

Las especulaciones sobre el papel del rey en operaciones comerciales no son un asunto del que se hable sólo en España. La senadora argentina de la oposición María Eugenia Estenssoro, incluye en su blog personal varias referencias a la posible intercesión de Juan Carlos en la venta de YPF a Repsol. Esta venta la califica la representante política argentina como una "entrega política", en la que no operó ni el mercado, ni la libre competencia. "Fue un arreglo o, como decimos en la Argentina, un negocio cocinado por dos personajes políticos del más alto nivel: nada menos que el rey Juan Carlos de España y el presidente Menem".

En opinión de esta senadora, el monarca fue el encargado de comunicarle a Menem que Repsol estaba interesada en comprar las acciones de YPF. "Los españoles estaban dispuestos a pagar un precio superior al de mercado. Entonces, Menem le aconsejó a Repsol que contratara como abogado a su fiel y hábil amigo Roberto Dromi". La senadora insistió en dos artículos publicados en los diarios argentinos  Página/12 y La Nación en el tema de la participación del rey en la venta de YPF a Repsol.