El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social asegura que ha aprobado sólo 3.966 solicitudes de Ingreso Mínimo Vital (IMV) a fecha de 7 de agosto, de un total aproximado de 600.000 que ha recibido desde el 15 de junio. Es un número mínimo. Pese a que, para tramitar los expedientes, el departamento dirigido por José Luis Escrivá contrató por 6,13 millones de euros a Tragsatec. Desde mediados de julio, 500 personas empleadas por la filial de la empresa pública Tragsa ayudan a los funcionarios de la Seguridad Social, afectada por una falta crónica de personal que les impide cubrir una sobrecarga de trabajo tan brutal. Otro tanto ha ocurrido en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con las solicitudes de prestaciones de los ERTE y del subsidio para empleadas domésticas. En ambos casos el Ministerio de Trabajo también ha parcheado con Tragsatec para gestionar los expedientes ante el déficit de plantilla.

Mientras tanto, casi 3.500 opositores a administrativos y auxiliares administrativos, ya aprobados, esperan para incorporarse a sus puestos. Pertenecen a los grupos C1 y C2, la categoría profesional que precisamente debería encargarse de tramitar esos expedientes tan urgentes para la vida de decenas de miles de personas. Sin embargo, no podrán empezar a trabajar hasta finales de año, según prevé el Ministerio de Función Pública, en el mejor de los casos. “Puede que incluso no se incorporen hasta 2021”, advierte Antonio González, coordinador de Acción Sindical de UGT en la Administración General del Estado (AGE).

A su juicio, semejante retraso es una “auténtica aberración”, teniendo en cuenta las necesidades de personal en muchos departamentos y organismos colapsados por la carga de trabajo. Los motivos de la demora son varios. Para empezar, el estado de alarma y el confinamiento, que implicó la interrupción de los plazos administrativos. Pero que también impidió a los funcionarios que teletrabajaban el acceso al registro central de personal y a la Comisión Superior de Personal reunirse durante las primeras semanas a falta de un sistema que la Administración considerara seguro, explica Javier Martínez, secretario de Empleo de la AGE en CCOO. Por desgracia, destaca, se trata, a excepción de los problemas derivados del confinamiento, del retraso “habitual” que llevan siempre los procesos de selección de trabajadores en la Administración. Con la agravante de que para los administrativos y auxiliares administrativos se acumularon las plazas de la Oferta de Empleo Público de 2018 y 2019, precisamente para acelerar los plazos. “Aun así, la primera lleva dos años retraso”, resume Javier Martínez.

La convocatoria se publicó el 17 de junio de 2019 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un total de 8.102 plazas, un 71,5% más que el año anterior, para cubrir vacantes, tanto por el turno libre como por promoción interna, en los cuerpos de Gestión de la AGE, General Administrativo y General de Auxiliares, así como en los de Gestión de los Sistemas de Informática y de Técnicos Auxiliares de Informática. De éstos, 3.729 plazas son para administrativos –2.029 de ingreso libre, el resto de promoción interna– y 2.444 para auxiliares administrativos –1.444 de ingreso libre y 1.000 de promoción interna–.

A los exámenes, que empezaron el pasado mes de octubre y terminaron en febrero de este año, antes de la pandemia, se presentaron casi 120.000 aspirantes. Las listas de aprobados se publicaron el pasado 17 de julio en el BOE. Pero aún quedan “múltiples trámites” hasta que los 3.473 administrativos y auxiliares del turno libre puedan sentarse en sus mesas, según reconoce el propio Ministerio de Función Pública en una nota informativa a la que ha tenido acceso infoLibre. Y para llevar adelante esas gestiones a una velocidad adecuada, “los responsables de Recursos Humanos de Función Pública dicen que no tienen personal suficiente”, lamenta Antonio González. Ellos también sufren del mismo déficit “crónico y estructural” que lastra a las administraciones públicas. De acuerdo con los últimos cálculos de CCOO, hacen falta 32.000 empleados públicos, entre funcionarios y personal laboral, en toda la Administración General del Estado. Amenazada además por el envejecimiento de la plantilla: la edad media supera los 52 años, en 10 años se jubilarán la mitad de los funcionarios.

Decisiones, actuaciones, negociaciones...

Pues bien, ¿qué trámites deben completarse aún para que los 3.500 administrativos se pongan a trabajar? Primero, Función Pública deberá comprobar que los aprobados cumplen los requisitos para adquirir la condición de funcionarios. También tendrá que abrir un plazo para que éstos presenten la documentación que el ministerio no ha podido verificar accediendo a las bases de datos de que dispone. Después, se elaborará un listado con la oferta de destinos, firmada por el secretario de Estado de Política Territorial, pero que antes deberán haber negociado los distintos departamentos y organismos de la Administración.

Esta tramitación, explica el ministerio en su nota informativa, “conlleva la toma de decisiones y numerosas actuaciones por parte de diferentes órganos administrativos”. Como, además, la actual situación pospandemia, “sin precedente alguno”, impide a la Administración “basarse en la experiencia de convocatorias anteriores ya resueltas para fijar un calendario aproximado de resolución de los procesos pendientes”, el ministerio sólo se atreve a considerar “previsible” que el final del proceso para los opositores del turno libre se produzca “en el último trimestre de 2020”.

La encomienda a Tragsatec para tramitar el IMV tiene una duración de sólo cuatro meses, en principio. Es decir, acaba en octubre. La de Trabajo para gestionar las prestaciones de los ERTE es más breve aún, dos meses. La que se encarga del subsidio para empleadas de hogar, seis meses. Es decir, cuando lleguen a su fin, los administrativos pueden no haber aún ocupado sus puestos. El ministro ya ha reconocido que la mitad de las solicitudes, que se han presentado en un volumen mucho mayor del previsto, van a ser denegadas por incumplir los requisitos. Pero habrá que tramitarlas y verificarlas antes igualmente. Tras tachar de “desastre” la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), José Manuel Ramírez, ha pedido que se simplifiquen los trámites de tal forma que baste con una gestión telemática que puedan hacer “las máquinas”, en lugar de los funcionarios, informa Europa Press.

A diferencia de los ERTE y el subsidio, el IMV no es una ayuda temporal, tiene vocación de permanencia. Por lo que los sindicatos piden, en lugar de “parches”, una solución definitiva y “más garantista”: incorporar interinos. “Con el mismo carácter urgente que alegó el ministerio para contratar a Tragsatec, se puede hacer una oferta pública extraordinaria para emplear a interinos en esas vacantes”, detalla Javier Martínez. Según aclara, el proceso se puede llevar a cabo con la misma rapidez con que se hizo la encomienda a la filial de Tragsa, que también tuvo que realizar sus propios procesos de selección de personal. Y lo mismo, añade, pudo haberse hecho para el SEPE, contratando interinos por acumulación de tareas, un sistema que permite emplearlos durante seis meses en el plazo de un año.

Tragsa, más cara

Además, las encomiendas a Tragsa salen mucho más caras. En el caso del IMV, los 500 trabajadores contratados por esta empresa cuestan 3.800 euros brutos al mes cada uno, mientras que un administrativo cobra unos 2.200 euros brutos. “Por el dinero que se pagó a Tragsatec se podían haber contratado 750 personas”, concluye Javier Martínez. Unos cálculos parecidos hizo el Tribunal de Cuentas en 2015 cuando fiscalizó la encomienda que el Ministerio de Empleo había firmado dos años antes con la misma filial para agilizar los expedientes que se acumulaban en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) por culpa de la crisis. Entonces la factura fue de 3,26 millones de euros. Según el Tribunal, el coste por expediente cobrado entonces por Tragsatec, 21,78 euros, era “desproporcionado”, con un desfase del 1.077% 1.077% sobre el importe medio que le suponía al Fogasa tramitar un expediente con sus propios funcionarios, sólo 1,85 euros.

El tribunal compara el coste de esta empresa con el del Plan Especial de Actuación que el propio Fogasa comenzó a aplicar en febrero de 2013 con sus propios funcionarios. Consistía en pagar una gratificación a quienes voluntariamente accedieran a trabajar fuera de su jornada habitual. El máximo cobrado por funcionario no superó los 1.000 euros al mes. Si el plan se hubiera extendido el tiempo necesario para dar salida a los 150.000 expedientes atascados, el gasto total habría ascendido a 274.281 euros, 12 veces menos que el contrato con Tragsatec.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Tragsa tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio con un 9,9%, y el resto del capital repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “medio instrumental” de las administraciones públicas, que son sus únicos clientes. Trabaja con ellas mediante encomiendas de gestión, un instrumento polémico porque no media licitación pública alguna. Tragsa cobra siempre según unas tarifas prefijadas y no puede rechazar ninguno de los encargos que se le hagan.

Hacen falta 800 trabajadores más en el SEPE

CCOO también ha echado cuentas para saber cuántos empleados son necesarios para sacar adelante el trabajo extra que les ha caído encima a la Seguridad Social y al SEPE con las nuevas prestaciones. En el caso del IMV, no sólo hacen falta los 650 trabajadores de los que habló en sus comparecencias públicas el ministro Escrivá –Tragsatec ha empleado a 500–, sino que debería reforzarse la plantilla de técnicos medios y superiores –los grupos A1 y A2–, los únicos que pueden aprobar o denegar las solicitudes. Los contratados por Tragsatec o los administrativos sólo están capacitados para preparar los expedientes, recogiendo la documentación, digitalizándola y comprobando los requisitos. Ésa es la única fase de la gestión donde se ha aumentado el personal, pero no en la segunda fase. “El resultado es que no se están dictando resoluciones al mismo ritmo que se elaboran los expedientes”, lamenta Javier Martínez.

En el SEPE, el sindicato cifra en 800 los empleados públicos necesarios para tramitar las prestaciones de los ERTE y el subsidio para empleadas domésticas despedidas por el covid. Los contratos con Tragsatec suponen la incorporación de sólo 57 personas. Aunque aquí sí se han añadido 1.000 interinos a las labores.

No obstante, aún no se sabe cuántos de esos casi 3.500 administrativos y auxiliares van a trabajar en la Seguridad Social y el SEPE. El reparto se hará en los próximos meses, en la negociación entre departamentos previa a la resolución del secretario de Estado de Política Territorial. El representante de CCOO critica que esa distribución no se haga antes y no sea transparente. Más aún ahora, cuando hay necesidades tan urgentes como las que están perjudicando a los trabajadores sometidos a ERTE y a las personas con menos recursos. “Si se hubieran dado prisa y hubiera habido voluntad política”, reprocha Antonio González, “para el verano ya podrían haber estado trabajando los nuevos administrativos”.

El Ministerio se Inclusión y Seguridad Social pagará a Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, un total de 7,6 millones de euros por los cuatro meses en los que, en principio, va a ayudarle a tramitar las decenas de miles de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que está recibiendo. Es el volumen de las dos encomiendas firmadas el pasado mes de junio para gestionar la nueva ayuda, destinada a hogares sin ingresos. El primero, por importe de 6,13 millones de euros, según consta en la web de Tragsa, ha supuesto la contratación de 500 personas que, en régimen de teletrabajo, “ayudan” en la tramitación de los expedientes, según explican fuentes del ministerio: “Capturan la solicitud, comprueban la documentación y reclaman la que pudiera faltar”. La segunda, 1,47 millones de euros más, proporciona la asistencia telefónica necesaria para los solicitantes del IMV.

El recurso a Tragsa en ocasiones anteriores, como ocurrió en 2013 cuando el ministerio encabezado entonces por Fátima Báñez le encargó reforzar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ha sido puesto en cuestión por el Tribunal de Cuentas, que consideró el contrato “contrario a los principios de legalidad y economía”. También advirtió de que las resoluciones basadas en expedientes tramitados por Tragsatec podían ser nulas de pleno derecho al haberse extralimitado sus trabajadores en las funciones que les habían encomendado. El Ministerio de Inclusión precisa ahora que “el acto de tramitar el expediente, aprobando o denegando la solicitud tras el análisis de los requisitos y realizando los trámites administrativos pertinentes, está siempre en manos de los funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)”, no en la de los empleados de la filial de Tragsa.

El pasado 27 de julio, el departamento que dirige José Luis Escrivá dio los últimos datos sobre el Ingreso Mínimo Vital, asegurando que había recibido “en poco más de un mes” cerca de 600.000 solicitudes y que, a finales de junio, ya había abonado el primer pago a 74.119 hogares, pero se trata de quienes ya percibían la prestación por hijo a cargo y que habían sido reconocidos de oficio como beneficiarios del IMV. El 3 de agosto el ministerio ha abonado la segunda mensualidad a estos beneficiarios, pero de momento no ofrece datos de cuántos más han visto reconocida la prestación a esa fecha.

Problemas crónicos de falta de personal

La gestión del IMV está resultando de una gran complejidad burocrática, según reconoce el propio ministerio –errores, multiplicidad de solicitudes registradas por un mismo ciudadano, falta de documentación–, lo que ha obligado a firmar protocolos de colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para reducir trámites y agilizar los expedientes.

Pero también pone de relieve la crónica falta de personal en la Seguridad Social. Según CCOO, debería haber 33.906 trabajadores, entre funcionarios y personal laboral, pero sólo están ocupados 26.840 puestos. Además se trata de una de las plantillas más envejecidas de toda la Administración: el 58% de sus trabajadores se jubilará en los próximos 10 años. El ministerio ha ofrecido una compensación económica a los funcionarios que quieran ayudar fuera de su jornada laboral en la tramitación del IMV, pero el departamento no ha facilitado a infoLibre, datos sobre el número de éstos que se han presentado voluntarios y colaboran en las gestiones.

Tampoco ha contestado a la pregunta de este periódico sobre una posible contratación de interinos –como ha llevado a cabo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para agilizar la tramitación de los ERTE– o si hay planes para una Oferta Pública de Empleo que aumente la plantilla, tal y como le piden los sindicatos. Éstos critican el parcheo de medidas para solventar la falta de personal, más aún cuando el IMV es una prestación “que nace con vocación de permanencia en el tiempo”. El ministerio indica que los contratos con Tragsatec, en principio de sólo cuatro meses de duración, pueden prorrogarse más allá de ese plazo.

Subsidio para empleadas domésticas

Los mismos problemas padece el SEPE con sus prestaciones y subsidios. Y ha recurrido a soluciones idénticas, firmando dos encomiendas con Tragsagtec. Esta empresa está ayudando a tramitar las solicitudes del subsidio extraordinario para las empleadas domésticas despedidas durante el confinamiento y las de prestaciones contributivas de los trabajadores sometidos a ERTE. La primera, con una duración de seis meses, costará 771.320 euros. Son 40 empleados extra en régimen de teletrabajo. El Ministerio de Trabajo asegura que ha aprobado sólo 9.400 de las más de 30.000 solicitudes que ha recibido, apenas un tercio. Según UGT, a 1 de agosto, aún no había cobrado la ayuda –por un importe del 70% de la base reguladora– ninguna empleada del hogar. 

La segunda, fue adjudicada el 26 de marzo y tenía una duración de sólo dos meses, para que 17 personas, también teletrabajando, agilizaran la tramitación de las prestaciones contributivas de los ERTE a cambio de 139.982 euros. Aun así, las denuncias sobre el retraso en el cobro han sido constantes en estos meses, añadidas a las de los funcionarios del SEPE por los problemas informáticos y de falta de personal, agudizados por el cierre de las oficinas. De momento, las prestaciones y bonificaciones de cuotas de los ERTE se mantienen hasta el 30 de septiembre, pero sindicatos, patronal y Gobierno se sentarán antes a negociar para prorrogarlas por lo menos hasta finales de año.

El covid-19 ha puesto patas arriba también el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Ambos organismos se han visto obligados a tramitar una avalancha de solicitudes de prestaciones en unas pocas semanas. “Hemos gestionado en mes y medio el mismo volumen de trabajo que tenemos en todo un año”, resume Pilar Seoane Vázquez, quien además de ser secretaria general de CCOO en el Ministerio de Trabajo dirige la oficina del SEPE en Boiro (A Coruña). Según las cifras oficiales del organismo, sólo en las tres semanas que van del 15 de marzo al 7 de abril el SEPE reconoció 659.791 prestaciones tras acordar casi un millón de citas previas y recibir más de 10,4 millones de entradas en la sede electrónica. Y todo ello con una plantilla que se ha recortado en un 25% en los últimos 10 años y cuenta ahora con menos de 7.900 trabajadores. El 17% de ellos, temporales.

En el INSS, la situación no es mucho mejor. Desde 2012 ha perdido un 16% de su plantilla. Actualmente cuenta con 9.761 funcionarios, más 598 laborales. De media, en el INSS se jubilan 272 personas al año porque su plantilla es de las más envejecidas de la Administración. Según los datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 84,7% de los trabajadores del INSS tienen más de 50 años. Sólo 61 de ellos no llegan a los 30. En el SEPE hay únicamente 32 jóvenes. Aquí el 64,4% del personal supera la cincuentena.

De modo que ante el desbordamiento de la carga de trabajo y la urgencia de atender las situaciones de necesidad de quienes pasan a depender de una prestación pública, tanto el Ministerio de Trabajo como el de Inclusión y Seguridad Social optaron por la misma solución: contratar a Tragsatec, filial del grupo público Tragsa para que sus trabajadores ayuden a tramitar la avalancha de expedientes. Así, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha firmado tres encomiendas –encargos– con esta empresa para gestionar las solicitudes del subsidio extraordinario para empleadas domésticasy de las prestaciones de los ERTE, por un importe provisional que roza el millón de euros. Una cantidad que más que se duplica si se le añade el encargo de mayor volumen, el del departamento de José Luis Escrivá para gestionar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital.las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital Es decir, para sacar adelante el paquete completo de ayudas del Gobierno destinado a paliar la situación de emergencia de millones de personas por culpa de la pandemia y la paralización económica.

La primera encomienda fue adjudicada el 26 de marzo a Tragsatec para que ayudara durante dos meses en la gestión de las prestaciones que deben cobrar los 3,8 millones de trabajadores incluidos en ERTE. Las 17 personas que ha contratado la empresa pública por un importe de 139.982 euros ya han empezado sus tareas desde casa, teletrabajando.

El 18 de mayo Trabajo firmó un segundo encargo con Tragsatec para que tramite durante los próximos seis meses los subsidios a las empleadas domésticas que se han quedado sin trabajo por culpa del coronavirus. A cambio de 771.320 euros, 40 personas han empezado ya a dar vía a estos expedientes, también teletrabajando. Hasta el momento el SEPE ha recibido 27.815 solicitudes, explica el Ministerio de Trabajo a infoLibre. Pese al refuerzo, sin embargo, aún no ha cobrado ninguna empleada del hogar de las que han pedido la ayuda, aprobada el pasado 31 de marzo. “Lo harán este mes”, subraya un portavoz.

Pero la mayor encomienda es la que ha hecho el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para reforzar la tramitación de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, aprobado el pasado viernes y que debería beneficiar a 850.000 hogares. Según ha asegurado el ministro José Luis Escrivá, sólo en las primeras 24 horas en que ha estado en marcha el simulador de la web del ministerio, este mismo miércoles, ha recibido ya cerca de un millón de consultas. Serán 700 trabajadores los que proporcionará Tragsatec para gestionar las ayudas. El ministerio no ha querido revelar a infoLibre el importe del contrato, porque “aún no está firmado”. Sin embargo, Tragsa asegura que la selección de personal concluyó la semana pasada, tras haber recibido unos 7.000 currículos, y prevé que los escogidos empiecen a incorporarse la semana próxima y a lo largo del mes. De ellos, 125 serán personas con discapacidad.

Cobros indebidos, Garantía Juvenil, prestaciones internacionales

En cualquier caso, no son éstos los únicos encargos que ambos ministerios han hecho a Tragsatec en los últimos meses. Aunque no relacionados con la pandemia, sí que van dirigidos a poner un parche a la ya histórica falta de personal de algunos de sus principales departamentos. Así, Trabajo le encomendó en marzo la gestión de las prestaciones de desempleo indebidamente cobradas, un contrato de 383.110 euros por el que la empresa pública reforzará al SEPE durante 14 meses, prorrogables otros seis. Para empezar, son unos 24.759 expedientes. A diferencia de las encomiendas anteriores, el trabajo se llevará a cabo de forma presencial en las instalaciones de la Dirección Provincial de Madrid del SEPE. En el documento de la licitación, accesible a través de la Plataforma de Contratación del Estado, el director del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, reconoce que “la falta de personal” en el organismo impide disminuir los plazos del procedimiento para recuperar las prestaciones de paro cobradas de forma indebida, un fallo que pone en peligro el reintegro de esas cantidades y del que ha sido advertido el SEPE tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Intervención General del Estado.

Desde 2015, además, el SEPE ha encargado a la filial de Tragsa parte de los procesos necesarios para tramitar las solicitudes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil –ofertas de empleo y ayuda para menores de 30 años–. Un contrato que superaba el millón de euros y se ha ido renovando al menos hasta 2018 con importes más pequeños.

El INSS, por su parte, lleva desde 2018 contratando con Tragsatec la gestión de las prestaciones económicas concedidas “al amparo de normas internacionales”. Este año la encomienda firmada en marzo asciende a 857.180 euros y, como la anterior, tiene una duración de 24 meses. El organismo se ha visto obligado a pedir refuerzos para tramitar las cada vez más numerosas prestaciones sanitarias y pensiones a los ciudadanos españoles en el extranjero y a los turistas foráneos. Un aumento de movilidad internacional, admite el INSS en el propio contrato, para el que el organismo necesita “unos recursos materiales y humanos de los que a corto plazo no puede disponer”.

En total, y sin contar con la encomienda de mayor volumen, para gestionar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, la factura desde marzo asciende a 2,15 millones de euros, sin contar con el encargo que todos los años la filial de Tragsa recibe del Instituto Social de la Marina, dependiente del Ministerio de Inclusión, para organizar sus cursos de formación, un trabajo de cuatro meses de duración por importe de 782.861 euros.

El precedente del Fogasa

Las encomiendas a Tragsatec para gestionar expedientes ya levantaron polémica en 2013 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy le encargó tramitar los que se amontonaban en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en lo peor de la anterior crisis. El Fogasa abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Por lo que durante la crisis se formó una bolsa de expedientes sin resolver que el propio Fogasa cifraba en 153.698 a 30 de abril de 2013. A su vez, el atasco provocaba dilaciones en la tramitación que alcanzaban los dos años en algunos casos. Legalmente, el organismo debe responder en un plazo inferior a tres meses. El 75% de los expedientes, sin embargo, superaban ese límite. Así que el ministerio que entonces encabezaba Fátima Báñez recurrió a Tragsatec a cambio de 3,26 millones de euros.

Dos años después, el Tribunal de Cuentas dictaminó que ese contrato era “contrario a los principios de legalidad y de economía”, además de resultar “perjudicial para los fondos públicos gestionados por el Fogasa”. Y ello es así porque el tribunal advierte de que podían ser nulas de pleno derecho las casi 150.000 resoluciones del Fogasa que se basaron en expedientes tramitados por Tragsatec. Cada una de ellas dio lugar a una prestación económica, lo que supuso un desembolso de 1,32 millones de euros, a razón de una media de 8.899 euros por trabajador.

El motivo de que esas resoluciones pudieran ser nulas era, según el Tribunal de Cuentas, que los empleados de Tragsatec se “extralimitaron” en las funciones teóricamente encomendadas por el Fogasa, ya que no sólo realizaron “tareas de apoyo, instrumentales y carácter accesorio” –como recoge la letra del contrato–, sino que, en realidad, también “instruyeron” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos.

Además, el informe critica que el personal de Tragsatec tuviera acceso a las vidas laborales de los trabajadores que figuran en el sistema informático de la Tesorería de la Seguridad Social, algo que está “permitido única y exclusivamente a los funcionarios públicos del Fogasa” y que considera una vulneración de la Ley de Protección de Datos.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas denuncia que el coste por expediente cobrado por Tragsatec, 21,78 euros, era “desproporcionado”, con un desfase del 1.077% sobre el coste medio que le supone al Fogasa tramitar un expediente con sus propios funcionarios, sólo 1,85 euros.

Tanto Trabajo como Seguridad Social coinciden ahora en precisar que se ha recurrido a Tragsatec para “tareas muy puntuales en las que se espera un importante volumen de solicitudes”. “Se trata de un aumento puntual y excepcional por la puesta en marcha de una nueva prestación, en absoluto un recurso para soluciones estructurales”, explica un portavoz de José Luis Escrivá sobre los 700 nuevos trabajadores para gestionar el Ingreso Mínimo Vital. Sobre los problemas desvelados por el Tribunal de Cuentas en los contratos del anterior Gobierno con el Fogasa, Trabajo asegura que los encargos más recientes se han hecho “con sumo cuidado”: “El de Tragsatec es personal de apoyo, no realiza las funciones de los empleados públicos, sólo tareas mecánicas y administrativas, en ningún caso validarán ni aprobarán expedientes”.

Condiciones “discriminatorias” para las empleadas domésticas

En el documento donde el SEPE encarga a Tragsatec la tramitación de los subsidios para las empleadas del hogar que se han quedado sin trabajo por culpa del covid-19, el director general reconoce de nuevo que el organismo “carece de medios humanos y materiales suficientes para poner en marcha y gestionar” la nueva ayuda. Sin embargo, Pilar Seoane cree que el problema no es exactamente de carga de trabajo, sino de su mala distribución. “El SEPE tiene una estructura provincializada, del siglo XIX”, critica, “por ejemplo, los funcionarios sólo pueden trabajar con usuarios de su propia oficina”. De forma que conviven oficinas con una enorme carga de trabajo, como las de Madrid y Barcelona, con otras que no sufren tanto, explica. Seoane menciona provincias como A Coruña y Pontevedra, donde se las han tenido que ver con cerca de 90.000 ERTE cada una, frente a otras como Lugo y Ourense, que se han quedado en 20.000.

Pilar Seoane cuenta también que los funcionarios del SEPE han estado trabajando hasta 12 y 14 horas diarias, incluidos sábados, tanto en las oficinas como en sus propias casas y al principio utilizando sus propios ordenadores y móviles. “En algunos casos gratis, además, porque no a todo el mundo le han pagado”, denuncia. Trabajo, por el contrario, se remite a un acuerdo de compensación, de 21 euros la hora, que se firmó hace semanas. Además, tanto el SEPE como el Fogasa han sido una suerte de patitos feos de la Administración durante años. El desgaste del trabajo de cara al público o los límites que se les imponían a los funcionarios de ambos organismos a la hora de presentarse a los concursos de traslados son un fuerte desincentivo laboral. “Hay muchos que en cuanto pueden se van, incluso perdiendo dinero”, reconoce Seoane Vázquez.

En su oficina de Boiro les han tocado dos de los 1.000 interinos que Trabajo está incoporando en el SEPE para acelerar la tramitación de las prestaciones de los ERTE. En toda España ya están en sus puestos unos 800, según el ministerio. En Boiro trabajan ahora 10 personas, para una oficina que en algunos meses puede llegar a atender a más de 3.000 trabajadoras fijas discontinuas de las muchas conserveras asentadas en la ría de Arousa. “Sabemos que no trabajamos con licencias de pesca, sino con personas, y ahora muchas de ellas se encuentran en una situación desesperada”, apunta. Por eso escribió el pasado abril una carta al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, denunciando las condiciones establecidas para que las empleadas domésticas pidan el subsidio, que ella tacha de “discriminatorias”. Sólo pueden presentar la solicitud en los registros administrativos, previa obtención del certificado o clave digitales, un proceso no apto para quien no tiene destrezas informáticas, critica. Además, se les exige que presenten declaraciones juradas de todos sus empleadores, tanto de los que han dejado de contar con ellas por el coronavirus como de los que siguen pagándoles. Si uno de ellos no quiere firmar ese documento, se le deniega el subsidio. Finalmente, se ha centralizado toda la tramitación de estas solicitudes en Madrid.

“Es lo más eficiente”, replica por su parte el Ministerio de Trabajo, ya que se trata de una prestación nueva “para la que no existía un sistema o una aplicación previa que pudiera reutilizarse”. Sobre la presentación en los registros, el departamento esgrime que, al estar las oficinas del SEPE cerradas, es la opción “más fácil” y que también se puede solicitar el subsidio en papel a través de Correos. “Pero se exige que sea por correo certificado, lo que es un coste añadido para la trabajadora”, aclara Pilar Seoane. “Se pide la declaración jurada de todos los empleadores porque se trata de una ayuda topada, no puede superar el Salario Mínimo Interprofesional, pero los pagos también se pueden acreditar con otros documentos”, matiza un portavoz. Seoane Vázquez indica que no hacen falta las declaraciones juradas porque toda la información sobre horas, salario y base de cotización de las empleadas domésticas se halla en las Vidas Laborales de la Seguridad Social. “Unos datos a los que tenemos acceso los funcionarios del SEPE, no sé si lo tendrán los trabajadores de Tragsatec”, concluye.

La carga de trabajo no ha sido el único problema con el que han tenido que lidiar los funcionarios del SEPE. También han tenido que solucionar los errores múltiples que les está dando el nuevo programa informático instalado para tramitar las prestaciones de los ERTE. Se llama Hope, y es “demasiado simple para una tarea de la complejidad que tienen las prestaciones, así que ahora tenemos que corregir los errores a mano”. Los detectados por el propio programa y los que sólo se descubren a posteriori, cuando el beneficiario se da cuenta de que está cobrando menos de lo que debería: “Sólo en A Coruña, estamos corrigiendo ahora unos 1.000 errores detectados por la aplicación”.

La Seguridad Social ha perdido 4.249 empleados desde 2009. La plantilla de la Tesorería General (TGSS) se ha reducido en un 17,2% desde 2011. La del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en un 16%. Bien por jubilaciones bien por traslados. De hecho, se trata de una de las plantillas más envejecidas de toda la Administración. Sólo 10 de los 11.090 trabajadores de la TGSS tienen menos de 29 años. El 83% de ellos supera los 50. En el INSS el panorama es similar: según las previsiones del propio organismo, el número de sus funcionarios se recortará en un 31,6% hasta 2020, cuando sólo tendrá 8.329 empleados públicos de carrera. De media, en el INSS se jubilan 272 personas al año. En la Tesorería, 426.

De forma que, como denuncian insistentemente los sindicatos, hay decenas de oficinas gestionadas por sólo uno, dos o tres trabajadores. Y se han cerrado un buen número de ellas en Madrid, Huelva, Valladolid, Valencia…, clausuras “enmascaradas como reorganizaciones”, sostiene UGT. CCOO denuncia que el 16% de los puestos de trabajo se encuentran sin cubrir. Según CSI-F, desde 2012 la Seguridad Social pierde un empleado público cada cuatro días.

Pero el problema no se limita a la atención al público. Alcanza a la tramitación de los expedientes de Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente y pensiones de jubilación, viudedad y orfandad en la Dirección Provincial de Madrid. Según las fuentes consultadas por infoLibre, unos 4.000 expedientes de Incapacidad Permanente se encuentran atascados allí. La primera medida para intentar aliviar el bloqueo fue incentivar a los funcionarios de otras provincias –Valladolid, Zaragoza– con el abono de seis euros por expediente tramitado. El sindicato CGT, que ha denunciado los pagos, asegura que incluso se ha “presionado” al personal para que aceptara ese trabajo extra.

Como no ha sido suficiente, este mismo mes la Dirección Provincial de Madrid ha activado un plan de apoyo, junto con la Subdirección General de Prestaciones, para “distribuir el trámite de los expedientes de Incapacidad Permanente de Madrid con dictamen de propuesta EVI [Equipo de Valoración de Incapacidades] entre todas las direcciones provinciales”. En un correo electrónico del subdirector general, César Luis Gómez Garcillán, al que ha tenido acceso este periódico, el funcionario admite “la pendencia acumulada en el trámite y resolución de los expedientes de Incapacidad Permanente”, que atribuye a “un notable incremento” de estos procedimientos en Madrid en los últimos cuatro años y a la “pronunciada disminución de la plantilla efectiva”.

A partir del 2 de enero, explica el subdirector general, los expedientes se asignarán de manera “automática”, uno por cada tramitador, para que “la carga de trabajo” se distribuya “de forma gradual”, sin “colapsar ninguna provincia”. En toda España, repartidos por las diferentes direcciones provinciales, trabajan más de 400 tramitadores, detalla el correo.

El precedente del Fogasa

Además, el INSS ha firmado una encomienda de gestión con la empresa pública Tragsatec para que preste “atención telefónica y apoyo” en el seguimiento de los partes de Incapacidad Temporal y tramite las incidencias que surgen en las prestaciones ligadas a esas bajas laborales. La Tesorería General también ha suscrito otra para que le dé apoyo en la gestión del Sistema de Liquidación Directa de Cuotas. Son encargos para los dos próximos años: el primero por importe de 800.496 euros y el segundo, de 3.18 millones de euros.

Tragsatec es la filial de la empresa pública Tragsa. Ambas son entes instrumentales, “medios propios” de los que se sirve la Administración para realizar trabajos por lo general urgentes. Empleo ya recurrió a Tragsatec en septiembre de 2013 para desatascar los expedientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un departamento especialmente lastrado por la falta de personal y cuya carga de trabajo se multiplicó en plena crisis por el aumento de las insolvencias empresariales. Entonces la encomienda a Tragsatec fue motivo de polémica por el acceso que los trabajadores contratados por la empresa pública tuvieron a datos confidenciales, pero también por los posibles problemas de seguridad: los expedientes fueron trasladados en furgonetas de Correos desde las delegaciones provinciales hasta la sede de Tragsatec en Madrid. Además, para el trabajo con el Fogasa, la empresa contrató de forma temporal a 80 personas mientras negociaba un Expediente de Regulación de Trabajo (ERE) para 1.636 empleados.

Las denuncias por el atasco en el Fogasa llegaron a los juzgados y al Defensor de Pueblo. Y finalmente un informe del Tribunal de Cuentas dictaminó en 2015 que el personal de Tragsatec no sólo realizó “tareas de apoyo, instrumentales y de carácter accesorio” –como recogía la letra del contrato con Empleo–, sino que también “instruyó” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos. El tribunal advirtió incluso de que podían ser nulas de pleno derecho las casi 150.000 resoluciones del Fogasa que se basaron en expedientes tramitados por Tragsatec. Las consecuencias podrían haber sido gravosas: cada resolución da lugar a una prestación económica, puesto que el Fondo de Garantía Salarial abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas.

Además, el Tribunal de Cuentas reprochaba a Empleo que el contrato había supuesto un perjuicio para los fondos públicos: su coste multiplicó por 12 el del mismo trabajo realizado por los funcionarios del Fogasa. Según el informe, Tragsatec cobró por cada expediente 21,78 euros, mientras que al Fogasa tramitarlo con sus propios funcionarios sólo le suponía 1,85 euros.

El órgano fiscalizador también echaba en cara al ministerio la “evidente insuficiencia de personal del Fogasa” y que, en lugar de haber provisto a este organismo público de más funcionarios, hubiera encomendado “la ejecución de funciones reguladas por el derecho administrativo” a una empresa externa.

Gestionar incidencias y verificar datos

Pues bien, pese a todos estos reparos, Empleo ha vuelto a recurrir a Tragsatec para suplir la falta de personal. Aunque en este caso sólo contratará a ocho personas hasta 2019, que prestarán sus servicios en las dependencias de la Seguridad Social, a diferencia de lo ocurrido con el Fogasa.

Su tarea consistirá en “identificar” a 150 grupos empresariales, las mayores empresas españolas, y comunicarse con ellas para “gestionar las incidencias” que se produzcan en el reconocimiento de las prestaciones por baja laboral en sus plantillas y que puedan afectar al nuevo Sistema de Liquidación Directa de Cotizaciones implantado desde 2015.

También deberán prestar atención telefónica a las reclamaciones por esas mismas bajas ante los servicios públicos de salud y las mutuas, para detectar de forma “temprana cualquier incidencia”. Según consta en la encomienda con Tragsatec, publicada en el Portal de Transparencia del Gobierno, los empleados de esta empresa deberán atender 450 llamadas mensuales sobre incidencias relacionadas con el Sistema de Liquidación Directa.

Finalmente, tendrán que dar “apoyo a las labores de verificación” de los datos comunicados por las empresas, los servicios públicos de salud y las mutuas que “dificulten” la presentación de la liquidación de cuotas a la Seguridad Social. Así, deberán acreditar los procesos de Incapacidad Temporal –es decir, que hay datos médicos que avalen la baja laboral–, identificar los periodos de pago, comprobar las recaídas –la acumulación de bajas– o, por ejemplo, si una Incapacidad Temporal se convierte en Incapacidad Permanente. En resumen, deben subsanar errores para que la liquidación de cuotas sea correcta. La encomienda prevé que Tragsatec gestione telemáticamente unas 550 incidencias de este tipo al mes.

Hasta ahora, estas incidencias en las Incapacidades Temporales las resolvían los funcionarios del INSS tras recibirlas en el Buzón Acredita y el Buzón Subsidios –dos buzones de correo electrónico–. Los empleados públicos contrastan los datos cuando se produce una una recaída, se pide una prórroga o hay un dato erróneo en la base reguladora...–. Tienen de plazo 48 horas para resolverlas, aunque se suelen contestar en un día, según las fuentes internas consultadas por infoLibre.

“No hay atasco, sólo un decalaje al comunicar datos”

Un portavoz del Ministerio de Empleo niega que exista un atasco de expedientes en Madrid, y sitúa el problema en el hecho de que en la capital se concentren las grandes empresas españolas. “Siempre existe un decalaje en la comunicación de los datos de los trabajadores que hacen estas empresas”, explica. Tragsatec añade, hará un trabajo de “apoyo en la gestión de esos datos”, pero “no tramitará expedientes”. “El objetivo es que se reduzca el número de incidencias y se mejore el sistema de liquidación directa”, resume el ministerio. Según destaca, se trata de un mero procedimiento administrativo, no de evaluación, y Tragsatec no tendrá acceso a datos confidenciales.

En efecto, la encomienda deja claro que la labor de la empresa no implicará “la manipulación de bases de datos corporativas o la toma de decisiones finales que afecten al reconocimiento, mantenimiento o extinción de derechos de prestaciones económicas a corto plazo”. Lo que no significa que los empleados de Tragsatec no tengan acceso a datos personales. La misma encomienda obliga a la empresa pública a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos en los casos en que “resulte necesario” para prestar el servicio trabajar  con ficheros del INSS. Así, por ejemplo, se la obliga a “adoptar, implantar y cumplir” medidas de seguridad técnicas y organizativas “de nivel medio” para garantizar la seguridad e integridad de esos datos. Además, Tragsatec está autorizada a subcontratar con otras empresas hasta el 50% de los trabajos que le ha encargado Empleo, por lo que deberá obligar a su vez a éstas a cumplir con esos estándares de seguridad al acceder a datos personales de trabajadores.

Además las fuentes internas consultadas por este periódico confirman que para resolver las incidencias en las bajas laborales el tramitador trabaja con  una pantalla en la que aparecen los datos personales del trabajador, desde su dirección, número de teléfono o fecha de nacimiento hasta el diagnóstico médico.

Once contratos por 9,16 millones de euros

Este año la Tesorería General de la Seguridad Social también ha repetido con Tragsatec la encomienda que firmó en 2015 para que le prestara “asistencia técnica de apoyo” a la implantación del Sistema de Liquidación Directa de cuotas. Entonces le pagó 3,71 millones de euros por el trabajo de 11 personas durante dos años. En la encomienda la TGSS reconoce que acude a Tragsatec porque necesita contar “con unos recursos materiales y humanos especializados de los que actualmente no dispone” el departamento. A partir de ahora seguirá dos años más cumpliendo la misma tarea por 3,18 millones.

Además, Empleo ha recurrido a Tragsatec para que le ayude a gestionar las inscripciones en el Sistema de Garantía Juvenil –317.275 euros– durante los próximos cuatro meses, después de haber hecho lo mismo en 2015 por importe de 1,03 millones de euros. Tanto en el Portal de Transparencia del Gobierno como en la web de Tragsa sólo aparecen publicadas las encomiendas firmadas este año 2017. El pasado mes de enero también suscribió otro encargo con Empleo, por importe de casi un millón de euros, para realizar el seguimiento del Programa de Empleo Juvenil hasta 2019. En total, esas cuatro encomiendas suman 5,29 millones de euros. Si se les añaden los siete encargos para que personal de Tragsatec inspeccione este año los cursos de formación de la plantilla del Instituto Social de la Marina (ISM), la cifra se eleva hasta los 9,16 millones de euros.

La falta de convocatorias de empleo público en los años de recorte del gasto se ha dado por terminada con la oferta publicada el pasado mes de julio. De las 20.280 plazas anunciadas para este año y 2018, 564 corresponderán a la Seguridad Social, a las que hay que sumar otras 470 de promoción interna. No obstante, según los cálculos de CCOO, sin cubrir hay en la Seguridad Social 4.751 puestos de trabajo.

La Audiencia Nacional ha vuelto a anular el convenio colectivo de una empresa de seguridad low cost. Después de que el Tribunal Supremo tumbara dos convenios de Marsegur y el descuelgue del convenio estatal del sector que aplicó Seguridad Integral Canaria, le ha tocado el turno a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Todas ellas, mercantiles vinculadas al empresario canario Miguel Ángel Ramírez.

Sólo desde 2016 las administraciones públicas han adjudicado 15 contratos a Sinergias de Vigilancia y Seguridad por importe de 13 millones de euros. Según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, la Agencia Tributaria le encomendó la vigilancia de sus instalaciones en Canarias; el Ministerio de Cultura, la de la Filmoteca Nacional; el de Fomento, la seguridad de las oficinas del Fogasa y de cuatro Centros de Acogida de Refugiados, y el de Sanidad, la de las oficinas del Imserso. También las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Canarias y Castilla-La Mancha le adjudicaron contratos a esta empresa en el último año. Sinergias paga a sus trabajadores salarios un 40% por debajo del convenio estatal del sector aplicando el convenio colectivo que acaba de ser anulado.

Los motivos de la Audiencia Nacional para declarar la “nulidad total” de los convenios colectivos de estas empresas son idénticos: se negociaron de forma ilegal. En el caso de Sinergias, a la mesa se sentaron el empresario y los delegados de cinco centros de trabajo situados en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Pero el ámbito de la norma, tal y como quedaba establecido en el texto, era todo el territorio nacional. De forma que el pasado mes de enero la empresa extendió el convenio a los trabajadores de cuatro nuevos centros de trabajo, situados en Alcobendas y Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla.

Como señala la sentencia, los delegados de personal y los representantes de Sinergias sólo necesitaron dos reuniones para llegar a un acuerdo sobre el texto. Hubo otras dos citas después de aprobado, pero para subsanar los errores que había encontrado en el convenio el Ministerio de Empleo y que impedían su registro y publicación. Fue entonces cuando las partes ampliaron el ámbito de aplicación del convenio a “todos los trabajadores del territorio nacional español”. Además, fue impugnado por el sindicato USO. El juicio no llegó a celebrarse porque las partes llegaron a un acuerdo previamente y suspendieron siete artículos.

Para anular el convenio, la Audiencia Nacional acude a la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual debe existir una correspondencia entre el ámbito de representación de los trabajadores y el ámbito de aplicación de la norma. Es decir, “los delegados de personal de cinco centros de trabajo no pueden atribuirse la representación de todos los centros de trabajo” de la empresa, ni siquiera de los que “se creen con posterioridad” a la aprobación del convenio. Por tanto, los delegados que firmaron el convenio de Sinergias “carecían de legitimidad” para negociar un convenio colectivo que podía “extender su ámbito de aplicación fuera del límite geográfico que se correspondía con su propia representatividad”. La comisión negociadora, destaca la sentencia, se excedió en sus competencias al atribuir un ámbito geográfico nacional al convenio.

Esa ruptura del principio de correspondencia “ponía en peligro” la participación en la negociación de los trabajadores que fueron contratados después en otros centros: se les impuso a futuro un convenio en cuya negociación no pudieron intervenir, argumenta la sentencia. La Audiencia Nacional entiende, como también el fiscal, que esa ruptura es un “vicio esencial” que no puede subsanarse ni corregirse, por lo que el convenio colectivo debe ser anulado.

Con mandos intermedios y sin casi negociar

En la sentencia que anuló el descuelgue –no aplicar algunos de los artículos del convenio colectivo, como los referidos al salario o la jornada– de Seguridad Integral Canaria, el Tribunal Supremo describe el mecanismo utilizado por estas empresas para rebajar al mínimo las condiciones laborales de las plantillas. Los representantes de los trabajadores, mandos intermedios, fueron “simples receptores” de los documentos que les entregó la empresa para justificar las causas económicas de la medida. En ninguna de las reuniones pidieron a la compañía “explicaciones sobre los motivos” por los que ésta quería recortar el salario a la plantilla. Por el contrario, añade la sentencia, se limitaron a “aceptar las proposiciones impulsadas y promovidas por la empresa”.

Tanto Seguridad Integral Canaria como Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. En Sinergias figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Anulado pero se sigue aplicando

También el convenio de Marsegur fue anulado por la Audiencia Nacional. Pero la empresa lo sigue aplicando a sus trabajadores mientras recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, la Audiencia deja claro que las sentencias que anulan convenio son inmediatamente ejecutivas, aunque hayan sido recurridas. El hecho de que se siga aplicando no es sólo una cuestión legal. El convenio de Marsegur establece salarios y conceptos retributivos un 30% inferiores a los incluidos en el convenio estatal del sector.

El convenio de Sinergias fija un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal. El convenio tenía una duración inusual, 10 años, de los cuales cinco eran de congelación salarial.

Los sindicatos de los vigilantes privados han emprendido una fuerte campaña contra estas empresas, a las que califican de “piratas”. No sólo por las cuantiosas rebajas que imponen a los salarios, sino también porque algunas de ellas retrasan el pago de las nóminas o directamente se las adeudan a sus plantillas.

Es el caso de Seguridad Integral Canaria, que aún no ha pagado los finiquitos de los 500 trabajadores que vigilan las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España y acumula retrasos con los asignados para el Metro de Madrid. El contrato de Defensa con esta empresa finalizó el pasado mes de abril. Los guardias jurados no han ingresado aún el finiquito de Seguridad Integral Canaria y ya cobran sus nóminas de la empresa que acaba de ganar el contrato para los próximos dos años: Marsegur. Por tanto, ahora perciben casi 400 euros menos al mes por hacer el mismo trabajo que hace dos meses. Así que este mes de julio los vigilantes han convocado huelgas, en Defensa y también en el Metro de Madrid.

Contratos rescindidos

Las protestas de los trabajadores han empezado a calar en algunas administraciones. El Ayuntamiento de Madrid ha establecido cláusulas sociales en las licitaciones de sus contratos, que incluyen el respeto por parte de las empresas candidatas a los convenios sectoriales. La Junta de Castilla-La Mancha rescindió a Sinergias el pasado junio, sólo un mes después de la adjudicación, el contrato para vigilar sus edificios administrativos y los del Servicio de Salud en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, tras comprobar que la empresa pagaba por debajo del convenio estatal.

Y el Ayuntamiento de Barcelona ha cancelado el contrato que tenía con Marsegur para vigilar los centros municipales de servicios sociales. En este caso, el motivo no es sólo el pago de salario por debajo del convenio, sino también las denuncias de malas prácticas y abusos hechas por los trabajadores, así como las deficiencias en el servicio que la empresa debía prestar. Por el contrario, ni Defensa ni Empleo, los dos ministerios que más contratos ha adjudicado a estas tres empresas, se han pronunciado sobre las condiciones laborales y los impagos de quienes vigilan sus instalaciones.

El restaurante que la cadena Tommy Mel’s tiene en Alcalá de Henares (Madrid) despedirá a sus nueve trabajadores. Así se lo ha comunicado este martes a la plantilla el dueño de la hamburguesería, que explota en régimen de franquicia y se ha declarado en concurso de acreedores.

El empresario ha planteado a sus empleados un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción. “Nos ha remitido al Fogasa”, explica Raquel, una de las empleadas que dio a conocer en un vídeo difundido en las redes sociales el impago de sus nóminas. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es el organismo del Ministerio de Empleo que paga los salarios debidos y las indemnizaciones por despido en caso de que una empresa se declare insolvente o entre en concurso de acreedores. Pero esos pagos están limitados a una cuantía que duplica el Salario Mínimo Interprofesional y con un máximo de 120 días. Los nueve empleados de la hamburguesería trabajaban a tiempo parcial, de jueves a domingo. Y sus nóminas eran semanales, con un número distinto de horas en cada una de ellas que el empresario cambiaba a voluntad. Al mes cobraban entre 400 y 600 euros.

Las trabajadoras del Tommy Mel’s de Alcalá temían el cierre de la hamburguesería desde el momento en que la pasada semana no les proporcionaron el horario de ésta. “Este fin de semana estamos trabajando gratis”, aseguraban en un vídeo grabado desde la misma cocina del restaurante el pasado domingo. Aunque la cadena aseguraba este lunes que su franquiciado había llegado a un acuerdo con la plantilla el pasado jueves y que ya había hecho el ingreso de las nóminas, las trabajadoras indican que de momento sólo han cobrado tres personas el último sueldo.

No rescatará la hamburguesería

Los nueve empleados tienen contratos de apoyo a los emprendedores, por lo que su periodo de prueba es inusualmente largo, un año. Si no lo superan, la ley permite al empresario despedirlos sin indemnización. De la plantilla, únicamente un trabajador tiene cuatro años de antigüedad, otro tres y medio y el resto, “sólo unos meses”. La franquicia abrió en el centro de Alcalá de Henares en noviembre de 2013. Es decir, sólo un empleado se mantiene desde que se inauguró el negocio. “El dueño dice que no han dejado de perder dinero desde el comienzo”, lamenta Raquel. Según explica, el empresario ha pedido a Tommy Mel’s que se haga cargo de la hamburguesería, pero la enseña se ha negado. La marca posee un total de 37 restaurantes, de los que sólo nueve son propios; el resto, franquicias.

Pese a las malas noticias recibidas esta tarde del empresario, el objetivo declarado de la plantilla es mantener los puestos de trabajo. Para ello Raquel y sus compañeros van a seguir grabando vídeos y difundiéndolos en las redes sociales, en un último intento por conjurar la adversidad.

La Seguridad Social alcanzó en 2016 el mayor déficit de su historia, 18.096 millones de euros, tras aumentar un 37,6% el último año. La cifra equivale al 1,62% del PIB. Así, la Seguridad Social se convierte en la administración que más ha aportado al déficit público, muy por encima del 2,52% del Estado central y el 0,82% de las comunidades autónomas. Los ayuntamientos siguen teniendo superávit, que en 2016 ha crecido un 0,64%.

Pero la cifra es superior si se mide sólo el sistema de Seguridad Social, excluidos el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que en términos de Contabilidad Nacional se suman en el mismo epígrafe. El superávit del SEPE, 2,294 millones de euros, así como el descenso del déficit del Fogasa, casi un 40%, atemperan el dato final. Considerada de forma aislada, pues, la Seguridad Social tiene un déficit de 20.283 millones de euros, el 1,82% del PIB. Es el resultado de unos ingresos por cotizaciones sociales que han crecido un 3,1% –el mismo aumento que ha registrado la afiliación, 540.655 cotizantes más– superados por unos gastos en prestaciones sociales que han experimentado un alza del 3,4%.

En cifras absolutas, la Seguridad Social ingresó en 2016 un total de 103.875 millones por las cuotas de los ocupados y de los parados, pero gastó 132.640 millones en prestaciones, la mayor parte de ellas pensiones contributivas –no sólo de jubilación, también de invalidez, viudedad y orfandad–. El Ministerio de Hacienda, en su informe sobre las cuentas trimestrales de las administraciones públicas, destaca que el número de perceptores de pensiones contributivas ha crecido un 1,2% y la pensión media ha aumentado un 1,9% –quienes se jubilan tienen cada vez salarios más altos, por tanto también mayores prestaciones–.

Por el contrario, el ministerio reconoce que los ingresos del sistema son lastrados por las tarifas planas de cotizaciones, las exenciones y bonificaciones de cuotas a los contratos indefinidos que el Gobierno ha potenciado desde 2013. El informe no precisa la cifra, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calculó en su día el impacto de estas reducciones de cuotas en un 0,14% del PIB en 2015 y un 0,19% en 2016; es decir, casi en 3.700 millones de euros.

La brecha de los ingresos por cotizaciones es aún mayor si se comparan las cantidades recaudadas con las previsiones iniciales del Gobierno, que ascendían a 117.242 millones de euros. Los derechos reconocidos del sistema, sin embargo, sumaron un 11,7% menos. Para 2016, el Ejecutivo había calculado que las cotizaciones sociales crecerían un 6,7%, un aumento que la Airef desechó por demasiado optimista. Esos derechos reconocidos, en realidad, subieron únicamente un 2,93%, según las cuentas hechas públicas este mismo jueves por el Ministerio de Empleo. Sólo las cuotas ingresadas por los asalariados del Régimen General se quedaron un 12% por debajo de las previsiones del Gobierno.

El gasto en pensiones de jubilación crece un 4%

Además, el Estado redujo en 2016 un 1% sus transferencias a la Seguridad Social, que también ingresó un 37% menos por los intereses del Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones. Como a la hucha sólo le quedan ya 15.900 millones de euros –llegó a acumular 67.000 millones en 2010–, sus rendimientos –los fondos están invertidos en deuda pública española– son cada vez más exiguos.

Del otro lado, en pensiones de jubilación, la mayor partida de prestaciones del sistema, la Seguridad Social se gastó el año pasado un total de 79.652 millones de euros, un 4% más que en 2015. Las prestaciones por incapacidad temporal de los trabajadores se dispararon un 11,2%, hasta los 6.657,4 millones.

Durante la presentación del cierre del Presupuesto del Estado de 2016, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intentó disipar cualquier duda sobre la viabilidad del sistema y el pago de las pensiones asegurando que el déficit de la Seguridad Social “se puede absorber en el conjunto de las administraciones públicas”. Y auguró que 2017 será el primer año en que “los ingresos del sistema de pensiones crecerán más que los gastos”.

Cumple el objetivo de déficit por primera vez

Montoro anunció que España cerró 2016 con un déficit público del 4,33% del PIB, que se eleva hasta el 4,54% si se le suman los 2.389 millones de euros de las ayudas a la banca. De esta forma, cumple por primera vez el objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea. Aunque España lo ha alcanzado después de conseguir que Bruselas se lo ampliara del 2,8% inicial al 4,6%, que finalmente no ha llegado a rozar. El ministro se mostró seguro de que este ejercicio volverá a cumplir con la meta de déficit, un 3,1%, y que España dejará de ser en 2019 “formalmente” el único país de la UE sometido al procedimiento de déficit excesivo, “aunque nadie duda de que ya en 2018 bajará del 3%”.

Cristóbal Montoro se felicitó por haber conseguido recortar el déficit público gracias al “impulso del crecimiento económico y la creación de empleo, no a su costa”. Pero también reconoció que no había cumplido la previsión de ingresos, porque la rebaja de la recaudación ha tenido “más intensidad de la inicialmente” calculada. Los impuestos subieron en 2016 un 1,7%, mientras que los gastos del conjunto de las administraciones públicas sólo aumentaron un 0,3%. Según los cálculos del ministro, la recaudación ha subido 39.000 millones de euros desde 2011. Pero el dato aún se sitúa por debajo del registrado en 2007. En 2016 el fisco ingresó un total de 240.805 millones de euros en concepto de impuestos sobre la producción y las importaciones – IVA, impuestos sobre el alcohol, combustibles…– e impuestos sobre la renta y el patrimonio –IRPF, Sociedades…–. Hace una década, recaudó 259.275 millones, un 7,7% más.

En cualquier caso, los ingresos por el IVA crecieron un 2,3% el pasado ejercicio, y por los impuestos especiales, un 1,5%. Los del IRPF, por el contrario, bajaron un 2,3%, y los del Impuesto de Sociedades aún más, un 2,9%Impuesto de Sociedades. La recaudación del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes se ha disparado un 30,8%. En cambio, la del Impuesto de Sucesiones ha caído un 28%.

Montoro también proporcionó una cifra del impacto que ha tenido en los ingresos tributarios la reforma fiscalreforma fiscal: 11.300 millones de euros desde 2015 que han escapado del fisco. El ministro aseguró que la recaudación crecerá según vaya aumentando la actividad económica, estimulada, dijo, por la bajada de impuestos del Gobierno.

En el capítulo de gastos, las administraciones públicas se ahorraron 4.675 millones de euros por el adelanto del cierre presupuestario –de noviembre a julio– y por el acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros en créditos. También se ahorraron otros 1.500 millones en intereses de la deuda y se redujo la aportación de España a la Unión Europea.

Además del recorte del déficit conseguido por el Estado central, once de las 17 comunidades autónomas cumplieron el objetivo fijado, el 0,7%. Sólo Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón y Cataluña se situaron por encima.

Finalmente, Cristóbal Montoro culpó de la abultada deuda pública –el 99,4% del PIB– al déficit y a las ayudas financieras. Como solución, recetó “más crecimiento económico”.

Un juzgado de lo Social de Barcelona acaba de señalar un juicio para el 2 de mayo de 2019. En abril de 2016, otro de Sevilla ya había fijado una vista oral para el 21 de febrero de 2020. El Gabinete Jurídico de UGT Catalunya asegura que tiene 110 casos en los juzgados de Barcelona con fechas fijadas de juicio para 2018 e incluso tres más ya trasladados a 2019. La crisis económica y la reforma laboral dispararon el número de despidos y, en general, de conflictos en las empresas. Hasta el punto de desbordar los tribunales. Los juzgados de lo Social, tradicionalmente rápidos en la resolución de unas demandas que pueden implicar el pago de cantidades importantes para las empresas y vitales para la subsistencia de los trabajadores, han acumulado tales retrasos que se tardará años en aligerar la bolsa acumulada de casos.

Aunque la recuperación económica ha rebajado el número de litigios que entran en los juzgados de lo Social españoles, a un ritmo del 6% anual desde 2015, y un 8,8% en 2014 respecto al año anterior, el atasco sigue lastrando los niveles de resolución. “Ha bajado un 5,5% la entrada de asuntos, pero como antes aumentó hasta un 40%, vamos a necesitar 10 años para normalizar la situación”, se lamenta Xavier González Rivera, delegado del decano en los Juzgados de lo Social de Barcelona.

Y eso, contando con que no se produzca ninguna novedad legislativa, alerta el juez. Porque ya se está empezando a notar, según dice, el aumento de las demandas ocasionado por la recientesentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos. Abogados y sindicatos auguraron un “alud” de demandas después de que el TJUE reconociera el derecho de los interinos de las administraciones públicas a recibir la misma indemnización que los indefinidos no fijos, 20 días por año trabajado.

De forma que en los 33 juzgados de lo Social de la capital catalana aún se tarda un año y medio en señalar juicio. En algunos casos se llega a los dos años, asegura González Rivera. Más o menos la misma media que se sufre en los 41 juzgados de Madrid, según explica Fernando Fernández Olmedo, el delegado del decano en la capital madrileña.

Más de 1.000 demandas al año por juez

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establece en 850 asuntos anuales el módulo de entrada, la carga de trabajo máxima que puede soportar razonablemente un juzgado. Si se supera el módulo, deben crearse nuevos juzgados o nuevas plazas, o aumentar plantillas. Los juzgados de lo Social de Madrid tienen una entrada media de asuntos que supone el 141,5% del módulo. Los de Barcelona, del 122%, aunque llegó a estar en el 152% en 2015.

Sin embargo, el peor tapón lo padecen en Sevilla. Si se comparan las tasas de pendencia y congestión de sus juzgados con las de Madrid y Barcelona, el bloqueo se hace patente. Son sólo 11 juzgados. Su tasa de pendencia –el cociente entre los asuntos pendientes al final del año y los resueltos– es de 8,86. Duplica las de Barcelona –4,50– y Madrid –3,40–. Cuanto menor sea la tasa, en mejor situación está el juzgado. Otro tanto ocurre con la tasa de congestión –cociente entre los asuntos pendientes al inicio del año y los resueltos al final–. Sevilla, con un índice de 9,88, dobla los de Barcelona, 5,59, y Madrid, 4,43.

De hecho, y a diferencia de lo ocurrido en Barcelona y Madrid, en Sevilla el número de asuntos ingresados ha aumentado en 2016 respecto al año anterior. Así, sus juzgados superan en un 146% el módulo de entrada del CGPJ, que está seis puntos por encima del índice que tenían en 2015. En 2014, en cualquier caso, llegó a ser del 156%. Es decir, en cada uno de sus juzgados entraron 1.323 asuntos ese año.

Planes de refuerzo insuficientes

Para lidiar con la avalancha de demandas, el CGPJ dispuso planes de refuerzo: más jueces. Deben ser completados por el Ministerio de Justicia, de quien dependen los letrados de la Administración de Justicia –los secretarios judiciales–, y por las 12 comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, que deben aportar los funcionarios necesarios. Y no siempre caminan las tres administraciones en la misma dirección.

Este mismo mes el CGPJ debe decidir si proporciona a los juzgados de lo Social de Barcelona “dos o tres” jueces de refuerzo de los seis que en principio propuso el decanato de la capital catalana. Aunque no serán suficientes, se lamenta Xavier González, para desatascar los juzgados barceloneses. “Es sólo un parche, y además pequeñito, como poner una tirita en una herida de 10 centímetros, cuando lo que hace falta es coser y vendar”, describe gráficamente quien también es titular del Juzgado de lo Social número 3.

Coincide con él Fernández Olmedo. Los refuerzos ayudan a sacar adelante el trabajo, pero no bastan para atajar un problema “endémico”. De hecho, estos planes son temporales, se prorrogan cada seis meses. El juez elogia el sistema que en los últimos años ha ayudado a rebajar los “tiempos de respuesta” en los juzgados madrileños hasta los 5,8 meses, por debajo de la media nacional, que se sitúa en 7,1 meses. La tasa de pendencia, destaca, ha bajado un 19,2% en seis meses gracias al refuerzo.

Pero advierte de que, en realidad, harían falta 29 nuevos juzgados de lo Social en Madrid para alcanzar unos niveles óptimos de respuesta –de la demanda a la sentencia–.

Jueces recién aprobados

El plan de refuerzo para Madrid consistió en 10 jueces, cinco letrados y 32 funcionarios, explica Fernández Olmedo, para 20 de los 41 juzgados con mayor sobrecarga de trabajo, los que superaban los 1.000 casos. Esta decena de jueces, todos ellos de adscripción territorial, comenzaron a funcionar en septiembre de 2015. Se trata de jueces que acaban de aprobar la oposición. En noviembre de 2016 se añadió un letrado más y siete funcionarios, para ejecuciones de sentencias. En enero de este año el refuerzo se ha extendido a los 30 juzgados más sobrecargados, aquellos con más de 900 demandas.

También se acordó crear una nueva unidad de ejecución, para las sentencias que dicten los jueces de refuerzo, pero aún no se ha puesto en marcha porque la Comunidad de Madrid aún no ha dispuesto el dinero necesario para los funcionarios, protesta el juez. La estadística del CGPJ cifra en un 11,7% la rebaja de la tasa de congestión en el último año. En Barcelona ha sido del 13,2%. “Queremos más juzgados”, recalca en cualquier caso Fernández Olmedo, “porque el volumen de trabajo sigue superando nuestra capacidad”.

En los juzgados de lo Social más saturados de España, los de Sevilla, el pasado 5 de septiembre comenzaron a trabajar cuatro jueces de refuerzo y dos de adscripción territorial. También se les proporcionó dos letrados judiciales, tres gestores, seis gestores, seis tramitadores y cuatro funcionarios, detalla el CGPJ a infoLibre.

Además, han recibido refuerzos los 10 juzgados de lo Social de Bilbao –uno de adscripción territorial desde 2013, pero sin letrado ni funcionarios– o los 17 de Valencia, donde se han dispuesto cuatro jueces adicionales –tres en comisión de servicio y uno de adscripción territorial–.

“El problema no somos nosotros, sino los trabajadores que agotan las prestaciones por desempleo mientras esperan una sentencia o los que llevan cuatro o cinco meses sin cobrar su salario cuando presentan la demanda y todavía deben aguardar siete u ocho meses más para que le señalen el juicio”, explica Xavier González, “o a quienes no se les resuelve la incapacidad temporal antes de un año”.

Menos conciliación

Además, los jueces vienen observando los efectos colaterales de algunos de los cambios imprimidos por la reforma laboral. La eliminación de los salarios de tramitación –los dejados de percibir por el trabajador desde su despido hasta la fecha de la sentencia que lo declara improcedente o nulo– ha aumentado la litigiosidad, asegura el juez barcelonés. “Los empresarios son más renuentes a conciliar antes del juicio y se la juegan más”, explica, “y con el recorte de las indemnizaciones [de 45 a 33 días], aún más”. Al haber desaparecido para ellos el riesgo de tener que pagar esos salarios, tienen menos prisa y, si pierden, sólo tienen que abonar 13 días más al año de indemnización –los despidos objetivos se liquidan con 20 días–, en lugar de 25 más como antes de la reforma laboral. “Antes querían conciliar cuanto antes, y ahora ya no”, resume.

En cambio, lo que sí ha mejorado es la rapidez con que resuelve el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), otra víctima de la inflación de demandas ocasionada por el alza de despidos. El Fogasa paga salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en quiebra. Y llegó a acumular retrasos superiores al añoretrasos superiores al año, por falta de abogados y de funcionarios. Desde que el Tribunal Supremo dictaminó que si el Fogasa no conseguía resolver los asuntos antes de tres meses, tal y como le exigía la ley, las prestaciones se consideraban aprobadas de oficio, las demandas respetan ese plazo, se congratula González Rivera.

Este viernes se reúne la mesa de contratación que debe adjudicar los servicios de seguridad privada en los locales que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tiene en Madrid. De las 10 empresas candidatas, dos son Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur, lque los sindicatos califican de marcas blancas del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, condenado por el Tribunal Supremo por un delito urbanístico y pendiente de un nuevo indulto del Gobierno tras haber sido anulado el primero que le concedió Mariano Rajoy en 2013.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, Marsegur y Sinergias son las mejor colocadas, de forma provisional, para ganar la licitación. La tercera es Gestión Especializada de Seguridad (GES), la actual adjudicataria del servicio. Se trata de un contrato sustancioso, por importe de 1,35 millones de euros y un plazo de ejecución de un año, prorrogable a dos, por lo que su valor se duplica. Las dos primeras del concurso han ofertado precios por debajo del millón.

El pasado día 10 Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada envió una carta a la Junta de Contratación de la TGSS. El sindicato le pide que adjudique el contrato a empresas que respeten el convenio colectivo del sector. No las cita, pero alerta a la junta de que Marsegur y Sinergias, entre otras, aplican salarios por debajo de convenio. Entre el 30% y 40% en el caso de las marcas blancas de Ramírez. En este servicio están empleados 37 vigilantes jurados, algunos con antigüedades que superan los 18 años. Temen, como ya ha ocurrido en otros casos, que al cambiar de empresario sus nóminas, ya de por sí escasas, pierdan más de 300 euros mensuales.

Tanto Sinergias como Marsegur llevan tiempo siendo el centro de las críticas tanto de los sindicatos como del resto de las empresas del sector que sí aplican el convenio estatal y les acusan de dumping, de competencia desleal. También han estado sometidas a la acción de los tribunales. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado el descuelgue del convenio estatal aprobado en su empresa de referencia, Seguridad Integral Canaria, y los convenios colectivos de Marsegur y Sinergias, negociados de forma irregular.

Empleo, a la cabeza

Pero las dudosas prácticas laborales de estas empresas no han impedido que las administraciones públicas sigan adjudicándoles contratos. El año pasado Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. De los 22,12 millones de euros citados, 16 millones corresponden al macrocontrato para vigilar las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España, que fue adjudicado el pasado 30 de diciembre. Este mismo servicio lo prestaba hasta ahora la empresa de bandera de Miguel Ángel Ramírez, Seguridad Integral Canaria.

Descontado ese concurso, la mitad de las adjudicaciones conseguidas por estas empresas llevan la firma del Ministerio de Empleo. Casi tres millones de euros. Los vigilantes de seguridad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) de Alcobendas y Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla son de Sinergias, mientras que los del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en Madrid, la Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Tenerife los pone Marsegur.

Salario de 660 euros y seis céntimos la hora nocturna

La jibarización de los salarios es la ventaja competitiva que exhibe Miguel Ángel Ramírez para ganar los concursos en unas empresas cuyo coste principal es la mano de obra. Incluso en su buque insignia, Seguridad Integral Canaria, los sueldos son inferiores a los fijados en el convenio nacional. Ramírez recortó las nóminas de cada uno de sus vigilantes en unos 300 euros al mes gracias a ese descuelgue del convenio estatal que fue anulado por el Supremo. El tribunal dictaminó que la medida había sido negociada de forma ilegal: pactándola sólo con un sindicato independiente integrado por mandos intermedios de la empresa.

Es el mismo sistema que el empresario canario ha utilizado para negociar los convenios de Sinergias y Marsegur. Así se garantizaba convenios “a la carta”, ciertamente poco usuales: con 10 años de duración, de los que cinco son de congelación salarial en el caso de Sinergias, y tres en el de Marsegur.

El de Sinergias fijaba un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

Como paga sueldos por debajo de convenio, Miguel Ángel Ramírez fue expulsado de la patronal del sector. A continuación, creó la suya propia, Acosepri, integrada únicamente por sus empresas: Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias. Fue Acosepri la que recurrió las bases del concurso elaboradas por el Ayuntamiento de Madrid el pasado septiembre para adjudicar la vigilancia del organismo autónomo Madrid Salud. Los pliegos incluían por primera vez unas cláusulas sociales; es decir, las mesas de contratación deben tener en cuenta para puntuar a las empresas que éstas ofrezcan calidad y estabilidad en el empleo, fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, salvaguarden la seguridad y salud laboral, ofrezcan formación, y permitan conciliar la vida familiar y laboral.

Para esta patronal, sin embargo, esas condiciones “infringen la libertad de negociación colectiva, perjudican a empresas con convenios propios y comprometen el futuro de la empresa”. Marsegur, que ya era la adjudicataria del contrato, pretendía que el ayuntamiento le permitiera subcontratar el servicio con Sinergias, que paga salarios aún más bajos. El Ayuntamiento no lo autorizó y el pasado noviembre le dio el contrato a Clece, la empresa de servicios del grupo ACS.

Adif suspende un macroconcurso

También el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de suspender el concurso con el que iba a adjudicar los servicios de seguridad para sus instalaciones en toda España. Se trata de un macrocontrato de 123 millones de euros dividido en seis lotes geográficos. Cada uno de ellos supone unos 20 millones de euros durante dos años, prorrogables a tres. Los sindicatos USO y CCOO recurrieron los pliegos. En el caso de USO, porque permitían que se presentaran al concurso “empresas piratas”, que no respetan las condiciones laborales del convenio del sector. Adirf ha asegurado a este periódico que suspendió el procedimiento para “potenciar la valoración de la calidad de los servicios” que deben prestar las empresas.

Por el contrario, otras administraciones han elegido los precios mínimos ofertados por Sinergias y Marsegur sin atender a escrúpulos sociales. El Ministerio de Cultura ha concedido a Sinergias la vigilancia de la Filmoteca Nacional; Fomento, la Agencia de Seguridad Ferroviaria y la Agencia Tributaria, la seguridad de sus embarcaciones en Canarias. También el Imserso y el Boletín Oficial del Estado (BOE). El CSIC, el INE y Segipsa han preferido a Marsegur.

Miguel Ángel Ramírez es el dueño de Ralons, en el que ya no está integrada Seguridad Integral Canaria, la empresa que fue el germen del grupo. Tampoco Sinergias ni Marsegur. En la primera figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas.

Historial

Ramírez está aún pendiente de juicio por un fraude fiscal y a la Seguridad Social cifrado en 13,78 millones de euros: entre 2008 y 2013 pagó a la plantilla de Seguridad Integral Canaria sus horas extraordinarias como dietas, que no tributan ni a Hacienda ni a la Seguridad Social.

Por esta investigación han pasado hasta el momento tres jueces: Victoria Rosell, Salvador Alba y la actual instructora, Carla Vallejo. Los dos primeros terminados enzarzados por culpa del caso. Rosell, que pidió una excedencia para presentarse a las elecciones generales en las listas de Podemos, fue acusada por el exministro José Manuel Soria de haber retrasado la instrucción por intereses personales. Alba ha sido expedientado por el CGPJ, que considera que cometió dos faltas muy graves y una grave por favorecer a Miguel Ángel Ramírez y perjudicar a Rosell. Todo ello sazonado con una grabación del empresario al juez Alba que terminó en todos los medios de comunicación.

Finalmente, la Fiscalía investiga a Ramírez porque cree que simuló su divorcio en 2015 para ocultar su patrimonio a la Justicia, según publicó en su día El País.

Cuando las empresas no pagan las cotizaciones a la Seguridad Social y piden un aplazamiento, la Tesorería (TGSS) debe consignar en sus cuentas el riesgo que corre de no cobrar. Según el Tribunal de Cuentas, la TGSS infravalora el riesgo o deterioro del valor de esas deudas en una cantidad nada despreciable: 148,9 millones de euros. El mismo error de cálculo lo cometen el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y las mutuas. En total, el riesgo está subestimado en 186 millones de euros.

El informe donde el Tribunal de Cuentas fiscaliza la Cuenta General del Estado correspondiente a 2014 destaca que el índice de fallidos que aplica la Tesorería de la Seguridad Social se queda corto e “incumple el principio contable de prudencia”. El motivo es que para hacer el cálculo sólo se incluyen las deudas que carecen de las “garantías suficientes” exigidas por la ley. Pero el documento apunta que las deudas que sí tienen las garantías requeridas presentan también riesgo de falta de cobro, “como lo demuestra el hecho de que pasen a la vía ejecutiva y sigan sin cobrarse debido a la falta de consistencia o depreciación” de esos avales. Además, revela el órgano fiscalizador, la Tesorería de la Seguridad Social “carece de información sobre el índice histórico de recuperación de esta deuda en los casos de ejecución de tales garantías”.

Así, la TGSS debería haber corregido el riesgo de impago, hasta que alcanzara el 32,43% del saldo de las deudas aplazadas –1.353 millones de euros– en lugar del 20,55% que aplicó. El deterioro de valor de esa deuda asciende, por tanto, a 439 millones de euros, y no a los 290 millones que anotó en sus cuentas.

Como el SEPE, el Fogasa y las mutuas aplican el mismo índice que la Seguridad Social –de hecho, la liquidación y recaudación de sus deudas la realiza la propia TGSS–, deberían haber aumentado el deterioro del valor de los 49,7 millones consignados en sus cuentas a 86,8 millones. En sus alegaciones al informe, tanto el SEPE como el Fogasa se limitan a justificar el valor aplicado explicando que usan el que le facilita la Tesorería de la Seguridad Social. 

El Fogasa sólo recupera el 1,5% de su deuda

No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas saca los colores a la gestión de las deudas que desarrolla el Fogasa. En un informe de 2014, revelaba que de los siete millones de euros que le debían entonces 174.804 empresas, sólo recuperó el 1,5%. En realidad, el índice de cobro es mucho menor cuando de personas físicas se trata: sólo el 0,2%.

Si el foco se pone sobre los morosos que han firmado e incumplido convenios de recuperación de deuda, es la Agencia Tributaria la encargada de cobrarla por la vía ejecutiva, pero tampoco es muy efectiva, según el Tribunal de Cuentas. El fisco ha devuelto sin cobrar un total de 27,26 millones de euros, correspondientes a 52 deudores. De ellos, nada menos que 11,11 millones corresponden sólo al ejercicio de 2013. El Fogasa se encarga de pagar salarios e indemnizaciones a los trabajadores cuando sus empresas se declaran insolventes o en concurso de acreedores.

Moratoria de 22 años para la deuda de la sanidad privada

Pero no es el único problema que el órgano fiscalizador ha descubierto en las cuentas de la Tesorería de la Seguridad Social y del Fogasa. El mismo el infracálculo del riesgo de impago lo sufren con las cotizaciones sociales adeudas por las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro que disfrutan de una moratoria desde 1995. El informe cifra en 192,44 millones de euros la cantidad en que se ha subestimado el riesgo de impago.

A estas instituciones, la mayoría hospitales y centros concertados de Cataluña, se les concedió en los Presupuestos Generales del Estado de 1995 una moratoria de 10 años y tres años de carencia, sin intereses ni recargos, para la deuda que habían acumulado hasta esa fecha. A cambio, debían estar al corriente de los pagos a partir del 1 de enero de ese año. La moratoria se ha ido prorrogando hasta hoy a través de disposiciones adicionales en las correspondientes leyes de Presupuestos. También en los de 2016: 22 años de carencia y 10 de moratoria. En este último caso se hizo a través de una enmienda presentada por el PP. En los de 2014 se incluyó igualmente después de que CiU lo pidiera en el Congreso.

Es más, tanto los convergentes como las patronales catalanas de la sanidad concertada han solicitado de forma reiterada la condonación de esa “deuda histórica”. El Tribunal de Cuentas destaca ahora que las sucesivas prórrogas concedidas “hacen dudar sobre la efectiva cobrabilidad de la deuda”. El informe la cifra en 554,71 millones de euros, de la que 218 millones corresponden a instituciones sanitarias privadas. El riesgo lo calcula en 190,46 millones, el 34,33% del saldo. El dato se refiere a la deuda de estos centros sanitarios con la Seguridad Social. Al Fogasa le deben 5,77 millones de euros en cotizaciones aplazadas desde 1995, por lo que el organismo debería haber anotado un deterioro de su valor de 1,98 millones de euros. Como queda dicho, se trata de una deuda que no ha generado intereses ni recargos desde hace 21 años.

La Ley de Modernización de la Seguridad Social de 2011 obligaba al Gobierno a elaborar, en el plazo de un año, un informe con “propuestas concretas” para resolver el problema de la deuda sanitaria. Según las cifras manejadas por la propia Tesorería en su memoria de 2014, la última publicada, al final de ese ejercicio estaban en vigor 99 expedientes de moratoria, por un importe total de 687,1 millones de euros. Es decir, por encima de la cifra incluida por el Tribunal de Cuentas en su informe.

Las oficinas de Empleo y ocho inmuebles de la Consejería de Educación, todos ellos dependientes de la Comunidad de Madrid, pueden quedarse sin vigilancia en las próximas semanas. La empresa Magasegur, adjudicataria del servicio de seguridad privada en ambas consejerías, solicitó el preconcurso de acreedores el pasado día 1. Lleva dos meses sin pagar la nómina a sus más 300 trabajadores repartidos por toda España. Y a partir de ahora van a seguir sin cobrar. La empresa debe a Hacienda 2,6 millones de euros, según el sindicato USO, por lo que tiene todas las cuentas embargadas y bloqueadas. Los problemas, en cualquier caso, vienen de lejos. Desde hace un año los retrasos en el abono de los salarios son constantes. Tampoco les ingresan las horas extraordinarias. Así que los vigilantes están cumpliendo estrictamente su jornada mensual, sin hacer horas extra. Muchos servicios, por tanto, no quedan cubiertos, según denuncia el Sindicato Libre de Seguridad (SLS). Además, este lunes los trabajadores decidieron en asamblea convocar una huelga a partir del próximo día 26.

Magasegur es la adjudicataria de dos contratos con la Comunidad de Madrid, por los que vigila las oficinas de empleo, dependientes de la Consejería de Economía, y ocho edificios administrativos de la Consejería de Educación. En total, 214 vigilantes. El primero de ellos por un importe anual de 8,8 millones de euros. Le fue prorrogado el pasado 1 de enero, hasta junio, seis meses, por otros 1,17 millones. El segundo, fue adjudicado por otros 1,19 millones de euros.

Pero también es la encargada de la seguridad de 17 oficinas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de las delegaciones provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga y Almería. El Ministerio de Hacienda le adjudicó la vigilancia de los edificios de la Agencia Tributaria en el País Vasco, por 818.181 euros. En Murcia, donde Magasegur tiene su sede central, es una habitual ganadora de concursos del Gobierno regional. Los vigilantes del Hospital de Lorca llevan un año denunciando los retrasos en el pago de sus nóminas. El pasado septiembre Magasegur contrató como asesor al exvicepresidente del Gobierno del PP Francisco Álvarez Cascos para ayudarle en su expansión por Asturias y el norte peninsular. Ha dejado de estar en nómina, según ha confirmado un portavoz de la empresa, que reduce su trabajo a “colaboraciones puntuales”.

Rescisión de contratos y cesión a a otra empresa

Magasegur comunicó a la plantilla el pasado día 4 el preconcurso y su disposición a “rescindir de mutuo acuerdo” y “a la mayor brevedad” los contratos que la vinculan a las administraciones. Por su parte, la Comunidad de Madrid está “analizando las distintas opciones”, pero aún no ha tomado ninguna decisión, asegura un portavoz de la Consejería de Economía. Esas posibilidades son, según explica Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad, ceder el contrato a otra empresa, en principio la que quedó segunda en los respectivos concursos, o volver a licitar el servicio lo más rápidamente posible. En ambos supuestos, la nueva adjudicataria deberá subrogar a la actual plantilla, por lo que los vigilantes conservarán sus empleos. Esos procesos, no obstante, llevarán su tiempo, meses en que los trabajadores no cobrarán sus salarios y la vigilancia de los edificios oficiales quedará sin cubrir debidamente. Pero será “lo menos malo”, concede Basilio Febles, responsable de Seguridad Privada en USO: esperar a que se resuelva el concurso de acreedores prolongaría durante cinco o seis meses la precaria situación de los trabajadores, apunta.

Para reclamar los salarios impagados en el juzgado, la ley exige al menos tres meses de falta de abono. “Hay voluntad política de solucionar el problema, garantizando que se presta el servicio de seguridad en los edificios públicos y que se mantiene el empleo”, explica el portavoz de la consejería.

Lo que no puede precisar es si el Gobierno de Cristina Cifuentes incluirá “cláusulas sociales” en sus concursos como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahora, el Consistorio premiará a las ofertas que incluyan políticas de igualdad y garanticen el mantenimiento de la plantilla y sus condiciones laborales. No sólo la proposición económica será tenida en cuenta a la hora de evaluar la oferta de una empresa. Se pretende evitar así situaciones como la de Magasegur, algunas concesionarias de limpieza que han ejecutado despidos colectivos , y otras firmas de seguridad, que pagan salarios por debajo del convenio del sector para hacerse con los concursos.

Competencia desleal con precios por debajo de coste

El caso de Magasegur repite los de Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, por ejemplo. Ambas, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, firmaron con sindicatos de mandos intermedios y jefes sus propios convenios de empresa. Éstos fijan salarios inferiores hasta en un 40% a los del convenio estatal del sector. Los tribunales los han anulado. También el de Magasegur se encuentra en la misma situación. Según el SLS, la empresa murciana paga hasta un 20% por debajo del convenio nacional.

La mayor parte de los costes de estas empresas corresponde a las nóminas. Rebajando los sueldos, presentan ofertas mínimas a los concursos públicos y, al menos hasta ahora, los ganan. Además, con la crisis y la necesidad de recortar el gasto público, los precios de licitación han caído considerablemente. El resultado es que estas empresas consiguen adjudicaciones con precios por debajo de coste. Además de que hacen competencia desleal a las compañías que sí se atienen a las condiciones laborales del convenio estatal, denuncian los sindicatos del sector.

“Trabajamos con márgenes muy bajos”, reconoce un portavoz de Magasegur a infoLibre cuando se le pregunta por las causas de la mala situación de la empresa. “Nuestra competencia es muy fuerte y tenemos que ser muy competitivos en precio y en profesionalidad”, explica. La empresa reconoce los problemas con las nóminas, aunque los limita al último mes, así como los retrasos en el pago de salarios y los embargos de Hacienda. “Todas estas empresas”, aclara el sindicalista de USO, “funcionan de forma similar: estiran todo lo que pueden los pagos de las nóminas  –Magasegur no ingresaba los sueldos nunca antes del día 15 de cada mes– y las horas extra las abonan sólo cada dos o tres meses, cuando van cobrando de la Administración”.

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debe pagar 366 millones de euros por no haber tramitado en menos de tres meses 38.238 expedientes de trabajadores. La cifra corresponde sólo a las solicitudes de salarios e indemnizaciones cursadas antes del 2 de octubre y que no se habían resuelto a 31 de diciembre de 2014. El Fogasa está obligado a abonar las cantidades a estos trabajadores en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado 16 de marzo dictaminó que, si se excede el plazo que marca la ley para tramitar una solicitud, “debe entenderse estimada por silencio positivo”.

Ese plazo es de tres meses. Pero por culpa de la crisis –que disparó el cierre de empresas y los despidos–, aunque también de la falta de medios del Fogasa, el atasco de expedientes ha dilatado hasta los dos años la tramitación de un buen número de expedientes. Según el informe de fiscalización que elaboró el Tribunal de Cuentas a principios de este mismo año, el 75% de los expedientes superaban los tres meses legales. Así, a 30 de abril de 2013, la bolsa de expedientes sin resolver alcanzaba los 153.698.

Ahora la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, acaba de hacer público su informe de auditoría del Fogasa. El pasado 30 de octubre este organismo, dependiente del Ministerio de Empleo, envió al IGAE un escrito en el que reconocía que esos casi 40.000 expedientes deben ser abonados independientemente de cuál hubiera sido su resultado de haberse concluido su tramitación. Un portavoz del Ministerio de Empleo asegura que el Fogasa ya ha empezado a pagarlos.

El Fondo de Garantía Salarial abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Hasta el 1 de enero de 2014, además, pagaba en aquéllas con menos de 25 trabajadores ocho de los 20 días por año trabajado que fija la ley para los despidos objetivos.

La auditoría del IGAE destaca que los 366 millones calculados por el Fogasa suponen un importe medio por expediente de 9.497,12 euros, que no coincide con la cuantía media por expediente utilizada para calcular la provisión para responsabilidades. Y afea al organismo que no haya justificado la diferencia.

Caos contable

Pero no es el único reproche que hace la IGAE al Fogasa. El informe es demoledor con la gestión del organismo. De hecho, la Intervención se niega a aprobar las cuentas del Fogasa, por segundo año consecutivo, porque el organismo de Empleo carece de una norma que regule el pago de las prestaciones. Sólo cuenta, desde el 1 de octubre de 2014, de un manual para gestionar los expedientes que no incluye ni el cálculo de prestaciones por concurso de acreedores ni por responsabilidad subsidiaria.

Así, el informe explica que los criterios que se aplican para calcular las prestaciones varían según la unidad administrativa que tramite el expediente e incluso dependiendo del funcionario que curse la solicitud dentro de una misma oficina. En definitiva, los auditores públicos se declaran incapaces de determinar si fueron correctos hasta el 83% de los pagos que hizo el Fogasa en 2014. Y fueron cuantiosos. Ese año, abonó un total de 2.288,6 millones de euros.

Según resume el informe, el Fogasa carece de normas internas que “regulen los procedimientos administrativos a través de los cuales desarrolla su gestión contable”. Y ésta incumple el Plan General de Contabilidad Pública. A lo largo del documento, los auditores explican que el Fogasa no les ha facilitado la información que le pidieron o la suministrada era incompleta o incluso “caducada”. Por ejemplo, no aportó ni contratos ni resoluciones de adjudicación, o tipifica como contratos de servicios lo que son contratos de obras o patrimoniales.

El polémico encargo a Tragsatec

Un apartado sustancial se dedica también en el informe de auditoría a criticar la polémica encomienda de gestión que el Fogasa hizo a Tragsatec –filial de la empresa pública Tragsa– para intentar solventar el atasco de expedientes en 2014. El personal de Tragsatec, revela la IGAE, carecía de la experiencia y la formación necesarias para hacer ese trabajo. Pero gestionaron 148.260 expedientes, que supusieron el desembolso de 1.369,6 millones de euros, casi el 60% del gasto en prestaciones del Fogasa ese año. Tragsatec cobró más de tres millones de euros por ese trabajo, que también fue cuestionado en su día por el Tribunal de Cuentas.

Según el órgano fiscalizador, ese contrato resultará “perjudicial para los fondos públicos gestionados por el Fogasa”, porque pueden ser nulas de pleno derecho esas casi 150.000 resoluciones basadas en los expedientes tramitados por Tragsatec. El Tribunal de Cuentas asegura que los empleados de esta empresa pública se “extralimitaron” en las funciones teóricamente encomendadas por el Fogasa: no sólo realizaron “tareas de apoyo, instrumentales y carácter accesorio” –como recoge la letra del contrato–, sino que, en realidad, “instruyeron” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos.

La falta de control del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, sobre la gestión de las prestaciones de paro cobradas de forma indebida le impide recuperar 81,6 millones de euros. Las reclamaciones prescriben a los cuatro años. Se trata del 10,6% del saldo de deuda a 31 de diciembre de 2013 y corresponde a deuda anterior a 2010 que no ha sido tramitada a tiempo. En 2013 el SEPE tenía pendientes de reingreso un total de 769 millones de euros, correspondientes a 418.272 personas. Es la cifra resultante del inventario que el Tribunal de Cuentas ordenó hacer al organismo dependiente del Ministerio de Empleo para gestionar su gestión. Porque el SEPE carece de un registro de contable de los derechos de cobro y de una base de datos histórica sobre los cobros indebidos, tampoco cuenta con una aplicación informática específica para gestionar esta deuda.

Según el informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas, el descontrol es tal que el saldo resultante de ese inventario es entre un 25% y un 28% superior al que los servicios centrales y las direcciones provinciales del SEPE remitieron al órgano. También aparecieron casi 100.000 deudores más que los contabilizados por Empleo. Es más, las cifras enviadas por el SEPE y por sus direcciones provinciales ni siquiera coincidían. Para el Tribunal de Cuentas, las discrepancias revelan el “deficiente control” y la “inadecuada” gestión que Empleo hace de esta deuda por las “incoherencias, inconsistencias y errores” de los datos que maneja.

El informe se detiene a analizar el trabajo de las direcciones provinciales del SEPE en Madrid y Barcelona. Los errores e ineficiencias de la gestión, sumadas a la falta de medios técnicos y de personal en ambas, producen demoras considerables en los trámites. Así, tanto Madrid como Barcelona tardan una media de dos años y medio –883 y 927 días, respectivamente– en emitir una certificación de descubierto. La de Madrid puede tardar casi un año –330 días– sólo en detectar un cobro indebido. “En diciembre de 2014”, destaca, “se estaban tramitando las certificaciones de descubierto de expedientes correspondientes al ejercicio de 2011”. Es decir, si se sigue manteniendo ese ritmo de tramitación, harían falta 16 años en Madrid y 18 años en Barcelona para resolver las 13.866 certificaciones de descubierto pendientes en la primera dirección provincial y las 24.420 pendientes en la segunda.

Esos cobros indebidos no son sólo imputables a trabajadores. Tampoco equivalen siempre a conductas fraudulentas. Hay casos en que es el empresario quien debe reintegrar las prestaciones percibidas indebidamente “por causa no imputable al trabajador”; por ejemplo, si el juez declara improcedente o nulo su despido.

El 52% de la deuda de las empresas, de díficil cobro

La deuda de las empresas tampoco la tiene contabilizada el SEPE. Según el Tribunal de Cuentas, Empleo no le envió dato estadístico alguno sobre la deuda derivada de la responsabilidad empresarial. Del inventario hecho a instancias del órgano fiscalizador, no obstante, surgió una cifra: 47,2 millones de euros, correspondiente a 5.593 empresas. El informe considera que el 52% de esa cantidad “de muy difícil cobro”: el 65% de las empresas están dadas de baja en el fichero general de afiliación a la Seguridad Social. Otras 36 sociedades se habían declarado insolventes. Y cifra en 1,22 millones de euros los créditos que son sencillamente incobrables. El SEPE no lo sabía porque no consulta los ficheros de empresas de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tampoco recibe la información pertinente del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que paga salarios e indemnizaciones de las empresas en quiebra. Pese a que la ley le obliga a comunicar al SEPE qué trabajadores perciben salarios de tramitación –mientras esperan sentencia tras un juicio por despido–, no siempre lo hace, o lo hace con mucho retraso, asegura el Tribunal de Cuentas.

Finalmente, el SEPE no cruza sus datos ni con los servicios de empleo autonómicos –para saber qué perceptores de ayudas rechazan ofertas de empleo o abandonan cursos de formación, por ejemplo–ni con el Registro Civil –para saber si algún perceptor de prestaciones ha fallecido– ni con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –a fin de conocer las sentencias favorables a los trabajadores tras un despido–. Ni siquiera el banco con que el SEPE tiene contratado –desde el 15 de diciembre de 2009 y hasta el 16 de diciembre de 2015– para gestionar los reintegros, le proporciona la información necesaria, asegura el órgano fiscalizador.

O se reclama dos veces o no se reclama en absoluto

Y las consecuencias no son menores. En Madrid, detalla el informe, ha ocurrido que, en el periodo entre que se recibe el fichero con los errores detectados en los cruces de ingresos y se identifica al deudor, se ha vuelto a reclamar una deuda que ya había sido abonada. O bien se ha trasladado el expediente a la vía ejecutiva para su gestión por la Tesorería de la Seguridad Social, por lo que se ha embargado a un trabajador por una deuda inexistente.

No es de extrañar, pues, que en la Dirección Provincial de Madrid, el 82% de su saldo de deuda sea en realidad “deuda reintegrada o deuda duplicada”. Al tiempo, el impago en aplazamientos o fraccionamientos de la deuda alcanza en la capital del Estado el 54%, pero la dirección provincial ni emite la providencia de apremio ni aplica el recargo del 20%.

Además, la falta de integración de las aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión y control de estos cobros indebidos de prestaciones provoca errores, datos duplicados y otras ineficiencias que obligan a los funcionarios a incorporar información “por procedimientos manuales”. También sucede que, al carecer la aplicación informática que gestiona las prestaciones de un aviso, cobros indebidos que han prescrito terminan compensadas con nuevas prestaciones por desempleo. Tampoco dispone el SEPE de un “manual de gestión de cobros indebidos”. Mientras, sus servicios centrales se limitan a “dictar instrucciones sobre aspectos parciales del procedimiento de gestión”, pero no coordinan las actuaciones de las 52 direcciones provinciales.

Finalmente, el informe del Tribunal de Cuentas reprocha a la Tesorería de la Seguridad Social que no reclame las prestaciones indebidas cobradas cuando el deudor es una administración, organismo o empresa pública. Así, ha dejado de cobrar casi 8,5 millones de euros.

Un juzgado de lo Social ha condenado al Ministerio del Interior a pagar 6.084 euros, de forma solidaria con su subcontrata, a un operario de mantenimiento de su comisaría en Cádiz al que esta última despidió en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

El ERE que la subcontrata presentó en junio de 2013 fue declarado nulo tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo. Cuando la empresa valenciana Arción despidió a los 136 operarios encargados del mantenimiento de las comisarías de la Policía Nacional de casi toda España éstos llevaban cuatro meses sin cobrarcuatro meses sin cobrar sus nóminas. El 1 de julio el Ministerio de Interior dio orden de no permitirles la entrada en las comisarías.

Desde entonces Arción Construcciones se encuentra en concurso de acreedores. Había acumulado unas pérdidas de 3,34 millones de euros. Era la adjudicataria de tres contratos con el Ministerio del Interior para encargarse de las obras y reparaciones en las comisarías. Uno de ellos fue resuelto y los otros dos suspendidos porque Arción no prestaba el servicio en las condiciones exigidas.

En octubre Interior volvió a adjudicar el mantenimiento de las instalaciones policiales. En el caso de Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, la Unión Temporal de Empresas Mantenimiento DGP Sur, integrada por Tecmo SA y Generaquatro, ganó el contrato, de 1,2 millones de euros y presta desde entonces el servicio.

Una vez resuelta por el Supremo, con sentencia firme, la nulidad del despido colectivo ejecutado por Arción, las demandas individuales interpuestas por los trabajadores están siendo dilucidadas por los juzgados de lo Social. La del número 2 de Cádiz ha sido la primera sentencia que aplica el fallo del TS. Así, declara la nulidad del despido de dos operarios de las comisarías de la Policía Nacional en Cádiz y ordena a la UTE Mantenimiento DGP Sur, la nueva subcontrata, a readmitirlos.

Además, el juez ordena tanto a Arción, como a la UTE y al Ministerio del Interior que abone a ambos trabajadores los salarios que dejaron de cobrar desde que fueron despedidos. La empresa valenciana deberá pagar a sus dos extrabajadores 13.307 euros por este concepto. Mantenimiento DGP Sur, 35.768 euros. En Andalucía y Extremadura, un total de 21 antiguos operarios de Arción han presentado demandas, por lo que la UTE debería pagar 1,4 millones de euros si las pierde, según alegó en el juicio. En el caso de Arción, al encontrarse en concurso de acreedores, será el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el encargado de pagar a los salarios debidos. En cualquier caso, la sentencia no es firme y tanto la UTE como Interior pueden recurrirla.

Obligada por el convenio provincial

En su día, la Audiencia Nacional rechazó que el Ministerio del Interior fuera el “empleador” de los operarios subcontratados. La relación laboral, aseguraba la sentencia, se mantuvo con la empresa, y no con el ministerio, precisamente lo que defendían los trabajadores despedidos en su demanda. Éstos alegaban que fue Interior, y no la empresa, la que los despidió.

Sin embargo, el Juzgado de lo Social de Cádiz hace pagar al ministerio los salarios que dejó de percibir uno de los operarios durante el tiempo, de julio a octubre de 2013, en que ese departamento tuvo que encargarse de las tareas de mantenimiento de las comisarías “por sí mismo o por terceras empresas”. Es decir, entre la fecha en que rescindió el contrato con Arción y adjudicó el nuevo concurso a la UTE. Esa actividad “indispensable y continuada” es, según el juez, “inseparable” de la propia actividad del ministerio. El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores establece que el “empresario principal” –en este caso, Interior– deberá responder solidariamente de las “obligaciones de naturaleza salarial contraídas por sus contratistas y subcontratistas durante el año siguiente a la finalización del contrato”.

Ochenta demandas de readmisión

Arción se hizo con el mantenimiento de las comisarías de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares y Murcia. También se encargaba de estas tareas en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Vigo, la Guardia Civil de Tráfico de Murcia, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y los parques de bomberos de Madrid.

Los trabajadores de esta subcontrata llevaban más de una decena de años haciendo el mismo trabajo en las comisarías aunque cambiando de empresa en empresa, según iban cambiando las adjudicatarias. Ahora, al menos 80 de ellos han reclamado ya su readmisión en las nuevas concesionarias de Interior.

Aunque los operarios de Alicante, Almería, Baleares, Castellón, Granada, Jaén, Málaga, Murcia y Valencia tendrán que esperar al próximo mes de julio, cuando el ministerio lleve a cabo una nueva licitación: el pasado mes de septiembre la anterior adjudicataria, la UTE formada por Telecso y Electrotecnia Monrabal resolvió su contrato con Interior. La sentencia del juzgado gaditano entiende que la UTE Mantenimiento DGP Sur está obligada a contratar a los operarios despedidos por Arción porque así la obliga el convenio colectivo del metal de la provincia de Cádiz para pymes, aunque el pliego de condiciones del concurso no incluyera la subrogación.

Ni documentación ni negociación ordenada

La Audiencia Nacional anuló el despido colectivo en Arción porque no aportó la documentación necesaria a los representantes de los trabajadores durante la negociación del ERE. También porque hubo hasta siete comisiones negociadoras, repartidas por los diferentes territorios donde Arción tenía adjudicaciones, en lugar de una sola.

Además, a tenor de los hechos que expone la sentencia, el periodo de consultas fue de todo menos ordenado. Sólo en Valencia y Sevilla contaban los trabajadores con delegados sindicales. La empresa hizo “ofrecimientos distintos en unos lugares y en otros”. Mientras en la Comunidad Valencia, Galicia, Asturias y Toledo se propuso una suspensión temporal de contratos, en el resto sólo se plantearon despidos. Y se ofrecieron diferentes cuantías indemnizatorias en los 30 centros de trabajo.

El Tribunal de Cuentas ha aplicado un severo correctivo al Ministerio de Empleo por haber utilizado a la empresa pública Tragsatec para desatascar el bloqueo de expedientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Según el órgano fiscalizador, ese contrato es “contrario a los principios de legalidad y de economía”, además de que resultó “perjudicial para los fondos públicos gestionados por el Fogasa”. Y ello es así porque el tribunal advierte de que pueden ser nulas de pleno derecho las casi 150.000 resoluciones del Fogasa que se basaron en expedientes tramitados por Tragsatec. Cada una de ellas dio lugar a una prestación económica, lo que supuso un desembolso de 1,32 millones de euros, a razón de una media de 8.899 euros por trabajador.

El informe del órgano fiscalizador sobre la gestión que el Fogasa hizo de las prestaciones abonadas en 2013 asegura que los empleados de Tragsatec se “extralimitaron” en las funciones teóricamente encomendadas por el Fogasa, ya que no sólo realizaron “tareas de apoyo, instrumentales y carácter accesorio” –como recoge la letra del contrato–, sino que, realidad, “instruyeron” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos.

La crisis económica y “la falta de previsión” del Ministerio de Empleo –precisa el Tribunal de Cuentas– provocaron una bolsa de expedientes sin resolver que el propio Fogasa cifraba en 153.698 a 30 de abril de 2013. A su vez, el atasco provocaba dilaciones en la tramitación que alcanzaban los dos años en algunos casos. Legalmente, el organismo debe responder en un plazo inferior a tres meses. El 75% de los expedientes, sin embargo, superaron ese límite, lo que ya ha sido causa de demanda –que el Fogasa ha perdido–.

“Evidente insuficiencia de personal”

El Fondo de Garantía Salarial abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Hasta el 1 de enero de 2014, además, pagaba en aquéllas con menos de 25 trabajadores ocho de los 20 días por año trabajado que fija la ley para los despidos objetivos. Esta subvención del despido la hizo desaparecer el Gobierno en la Ley de Presupuestos del año pasado. Sólo por este concepto el Fogasa pagó en 2013 unos 315 millones de euros.

Así pues, con la crisis y el cierre de multitud de empresas, el número de trabajadores que acudía al Fogasa para conseguir sus salarios o indemnizaciones se multiplicó. Pero no su plantilla, que incluso menguó. En 2004, cuando la carga de trabajo era de sólo 44.053 expedientes, la plantilla de este organismo ascendía a 403 trabajadores en toda España. En 2013, 393 funcionarios tramitaban 154.357 expedientes, casi cuatro veces más.

Empleo decidió entonces recurrir a medios externos para intentar diluir el atasco. Y firmó con Tragsatec, filial del grupo Tragsa, una encomienda de gestión –el contrato que suscriben las administraciones con sus entes instrumentales–. No sin polémica. Los sindicatos pusieron el grito en el cielo y alertaron del riesgo desacar los expedientes de las oficinas del Fogasa en toda España y mandarlos a una empresa ubicada en Madrid. También desconfiaban de que el personal contratado a tal efecto por Tragsatec manipulara expedientes personales con información confidencial. Y que, al tiempo, se abandonara presupuestariamente al Fogasa.

Ahora el Tribunal de Cuentas ha venido a dar la razón a estas críticas. El informe reprocha al ministerio la “evidente insuficiencia de personal del Fogasa” y que, en lugar de proveer a este organismo público de más funcionarios, encomendara “la ejecución de funciones reguladas por el derecho administrativo” a una empresa externa.

Acceso a vidas laborales y datos confidenciales

Además, critica que el personal de Tragsatec tuviera acceso a las vidas laborales de los trabajadores que figuran en el sistema informático de la Tesorería de la Seguridad Social, algo que está “permitido única y exclusivamente a los funcionarios públicos del Fogasa”. Esa tarea implica que los trabajadores de Tragsatec realizaron tareas de instrucción, no sólo de apoyo administrativo, destaca el Tribunal de Cuentas. Y, al acceder igualmente a los datos personales de los trabajadores solicitantes de prestaciones, vulneraron la Ley de Protección de Datos. El informe revela que cinco funcionarios del Fogasa dieron un curso de formación a algunos de los empleados de Tragsatec, para que luego éstos instruyeran al resto de la plantilla, y que en ese curso se les enseñó precisamente a “instruir expedientes”, calculando prestaciones y examinando causas de denegación de las solicitudes, por ejemplo.

A su vez, el personal de esta empresa enviaba a los funcionarios del Fogasa consultas con las incidencias que les surgían en la tramitación de los expedientes. Un total de 953 entre octubre de 2013 y el 30 de mayo de 2014, que quedaron grabadas en una base de datos. Y esas consultas, asegura el informe, versaban sobre problemas de instrucción –no meramente administrativos– de los expedientes.  El tribunal concluye que los empleados de Tragsatec “invadieron las competencias reservadas a los funcionarios del Fogasa”.

Además, esos funcionarios son en su mayoría licenciados en Derecho, a diferencia del personal contratado por Tragsatec, “menos cualificado y preparado jurídica y procesalmente”. Para el tribunal, esa carencia puede ser motivo de errores y futuras demandas por parte de trabajadores perjudicados.

Es más, una vez tramitados, los expedientes enviados a la empresa debían ser revisados por cuatro jefes de unidad del Fogasa nombrados a tal efecto. Cada uno de ellos, pues, debería haber comprobado 147 expedientes diarios, una cifra que el órgano fiscalizador considera “totalmente desproporcionada”. Otro motivo, aduce, para dudar de la corrección del trabajo realizado en Tragsatec.

Tragsatec: 221,78 euros; Fogasa: 1,85 euros

Pero no es la anulación de esos expedientes la única causa de un posible perjuicio económico para el Fogasa. El Tribunal de Cuentas denuncia que el coste por expediente cobrado por Tragsatec, 21,78 euros, es “desproporcionado”, con un desfase del 1.077% sobre el coste medio que le cuesta al Fogasa tramitar un expediente con sus propios funcionarios, sólo 1,85 euros.

El contrato con Tragsatec tenía un coste de 3,26 millones de euros. La empresa debía gestionar 150.000 expedientes, a razón de 1,56 trabajadores por expediente. El tribunal compara el coste y el rendimiento de esta empresa con los del Plan Especial de Actuación que el propio Fogasa comenzó a aplicar en febrero de 2013 con sus propios funcionarios. Consistía en pagar una gratificación a quienes voluntariamente accedieran a trabajar fuera de su jornada habitual para agilizar expedientes. Se les abonaba 1,50 o 1,80 euros dependiendo del tipo de expediente, aumentados en 0,20 a 0,80 euros según el número de trabajadores incluidos en cada uno de ellos. El máximo cobrado por funcionario no superó los 1.000 euros al mes.

Un total de 87 funcionarios aceptaron durante cinco meses trabajar por las tardes. En ese plazo instruyeron 37.391 expedientes y pagaron 1,85 millones de euros en prestaciones a trabajadores. Cobraron por esa tarea adicional 69.065 euros. El tribunal calcula que, si el plan se hubiera extendido el tiempo necesario para dar salida a los 150.000 expedientes atascados, el coste del plan habría ascendido a 274.281 euros, 12 veces menos que el coste del contrato con Tragsatec.

Y ello sin contar con los costes indirectos, que el informe del Tribunal de Cuentas no cuantifica pero que incluyen los de formación del personal de Tragsatec o el tiempo que los funcionarios emplearon en seleccionar, ordenar y remitir los expedientes a esa empresa, por ejemplo.

Los funcionarios fueron más eficientes

El informe ataca la propia gestión de la empresa para resolver el trabajo que le encomendaron. Porque los funcionarios del Fogasa fueron un 22% más eficientes en la aprobación de expedientes que el personal contratado por Tragsatec. Ratios parecidas resultan de medir las prestaciones pagadas por el Fogasa y por el número de trabajadores a quienes se abonaron –un 25% más en ambos casos–.

Y por si quedara algún aspecto más sin criticar, el Tribunal de Cuentas desvela que el Fogasa “alteró el orden de despacho de los expedientes” –deben resolverse por riguroso orden de entrada– al pagar antes un total de 2.053 prestaciones, por importe de 12,81 millones de euros, que fueron solicitadas después de las que se habían enviado a Tragsatec. Ésa fue una de las quejas más repetidas por los trabajadores afectados, que terminaron organizándose en foros de internet para conseguir la información sobre sus expedientes que les negaban tanto el Fogasa como Tragsatec.

Las reclamaciones de estos trabajadores llegaron hasta el Defensor del Pueblo, que en 2012 y 2013 exigió a Empleo, con la “mayor urgencia”, medidas efectivas para solventar la “insuficiente dotación de personal” de sus oficinas, así como “la inadecuada gestión de los expedientes”. También recibieron denuncias los juzgados de lo Social.

Báñez: “El Fogasa ha resuelto el colapso de expedientes”

Una vez concluido el contrato, el pasado diciembre, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció en el Congreso que el Fogasa había “resuelto el colapso de expedientes” gracias al trabajo de Tragsatec. Para pagar las prestaciones debidas, el Ministerio de Empleo tuvo además que solicitar al de Hacienda un suplemento de crédito de 940,6 millones de euros ese mismo mes.

El varapalo que el Tribunal de Cuentas da a los gestores del Fogasa alcanza incluso al pago de las prestaciones. Asegura el informe que pueden haberse “cobrado prestaciones por duplicado”, debido a la falta de controles efectivos y de comunicación tanto con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como con la Agencia Tributaria. Tampoco fue muy eficaz el Fogasa en el cobro de las deudas que mantienen con él los empresarios: de los siete millones que le deben 174.804 de ellos, sólo se recuperaron el 1,5%. Hay que recordar que son fondos públicos.

El Ministerio de Empleo ha pedido al de Hacienda 900 millones de euros para eliminar la bolsa de expedientes atrasados del Fondo de Garantía Social (Fogasa). En diciembre las solicitudes atascadas superarán los 120.000, según los cálculos de CCOO y UGT. Los 1.368 millones de euros presupuestados este año para abonar indemnizaciones y salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores se han vuelto a quedar cortos.

En junio de 2013 el Consejo de Ministros ya tuvo que aprobar otro suplemento, de 530 millones, para hacer frente a los pagos de ese año. Porque el presupuesto inicial era sólo de 868,39 millones, que enseguida se agotaron: en 2012 el Fogasa había terminado gastándose 1.530 millones de euros, 255 millones por encima de lo presupuestado. El gasto final en 2013 fue de 1.373 millones, una cantidad similar a la que se consignó en los Presupuestos Generales de este ejercicio.

Sin embargo, esa experiencia previa no ha servido para aumentar la partida que recibirá en 2015, porque el presupuesto del Fogasa se reducirá un 23%, según han denunciado CCOO y UGT tras reunirse el Consejo Rector del organismo el pasado miércoles. Es decir, volverá a faltar dinero antes de que termine el ejercicio, temen los sindicatos.

El triple de expedientes para la misma plantilla

La crisis, que disparó el número de despidos y las quiebras empresariales, desbordó al Fogasa y a su plantilla. Sus 400 trabajadores tramitaron en 2004 un total de 44.000 expedientes. En 2013 tuvieron que pelearse con 154.000, más del triple. Los sindicatos calculaban que hacían falta 200 trabajadores más durante 18 meses para desatascar los expedientes. Sin embargo, el Ministerio de Empleo se limitó a parchear: contrató sólo a 48 interinos por un plazo de seis meses y encomendó en septiembre a Tragsatec, la filial del grupo público Tragsa, la tramitación de una bolsa de 150.000 expedientes.

Además, recurrió a letrados de la Tesorería de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo o la Agencia Tributaria, para que asistieran a los juicios a los que no puedan acudir los 190 abogados del Fogasa. Éstos no pueden asistir más que al 31% de los 90.000 procedimientos laborales o mercantiles a los que es convocado cada año este organismo de garantía salarial.

Según los términos de la encomienda que Empleo firmó con Tragsatec, a 31 de octubre la empresa debía haber cerrado esos 150.000 expedientes. Y, según fuentes de CCOO, casi va a cumplir en esa fecha. Los expedientes fueron enviados en camiones desde las delegaciones del Fogasa de toda España hasta las oficinas de Tragsatec en Madrid. Los sindicatos se han quejado de los errores “materiales” que se han detectado en muchos de ellos: al calcularse mal la antigüedad u otros parámetros, la prestación subsiguiente resulta inferior a la que debería recibir el trabajador. La respuesta que ha dado Empleo, explican fuentes de CCOO, es que estos errores son “mínimos”, sólo del 1,4%. Por el contrario, hace escasos días, los responsables de CCOO en Salamanca denunciaban que las equivocaciones en los expedientes de la provincia enviados a Tragsatec llegaban al 60%.

¿La mitad en sólo dos meses?

El Ministerio ya solicitó en marzo pasado dinero para contratar a otros 50 interinos, una petición que le fue denegada, explican las mismas fuentes. En su lugar, se han ampliado a 18 meses los seis para los que habían sido contratados como refuerzo los 48 interinos el año pasado. Así, y con la ayuda de Tragsatec, Empleo dice haber pagado hasta el 31 de agosto pasado un total de 115.155 expedientes. De ellos, casi la mitad, 55.162, fueron cerrados sólo en dos meses: en julio y agosto, de acuerdo con las cifras que facilitaron los responsables de Empleo a CCOO y UGT.

El Fogasa terminó 2013 con un bloqueo de 208.854 expedientes. Hasta agosto entraron 106.000 nuevos. Por tanto, la carga de trabajo con la que sus trabajadores y los de Tragsatec tenían que lidiar este año era de unos 315.000 expedientes. La han reducido casi a la mitad.

El atasco en el Fogasa obliga a los trabajadores a esperar más de un año para cobrar indemnizaciones y salarios adeudadosa, cuando por ley el fondo está obligado a resolver los expedientes en menos de tres meses.

Las penurias del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) no menguan pese a los intentos de parcheo del Gobierno. Ni el recurso a Tragsatec para agilizar la tramitación de las decenas de miles de expedientes atrasados ni el ahorro de 300 millones de euros que supondrá para las cuentas del fondo la supresión del pago de indemnizaciones por despido en empresas de menos de 25 trabajadores van a evitar que este año el Ministerio de Empleo deba recurrir, de nuevo, a un crédito adicional para atender sus obligaciones.

El presupuesto del Fogasa para este año es de 1.375 millones de euros. Pero esa cantidad será necesaria para abonar los salarios impagados y las indemnizaciones de los 150.000 expedientes que se acumulan en la lista de espera del fondo. Y que los responsables de Empleo se han comprometido a poner a cero en octubre. Gracias, en buena parte, al trabajo de los administrativos contratados ad hoc por la filial de Tragsa.

Para pagar a los trabajadores que acudan al Fogasa desde ahora, hará falta más dinero. En la última reunión del Consejo Rector del organismo, Empleo se ha comprometido a pedir ese suplemento de crédito, según las fuentes sindicales consultadas.

En junio de 2013 el Consejo de Ministros tuvo que aprobar otro suplemento, de 530 millones, para hacer frente a los pagos ese año. Porque el presupuesto inicial era sólo de 868,39 millones, que enseguida se quedaron cortos: en 2012 el Fogasa había terminado gastándose 1.530 millones de euros, 255 millones por encima de lo presupuestado. El gasto final en 2013 fue de 1.373 millones, una cantidad similar a la que se ha consignado en los Presupuestos de este ejercicio.

Los parches

La culpa de estos desfases es de la crisis, que ha cuadriplicado el gasto del Fogasa desde los 380,5 millones de 2007. Ese año los funcionarios del organismo resolvieron 39.032 expedientes. En 2013 se habían disparado hasta los 154.357. Según los datos del Ministerio de Empleo, un total de 234.685 trabajadores recibieron prestaciones del Fogasa en 2013, un 7,9% menos que en 2012, cuando los beneficiarios ascendieron a 254.931 personas. Pero para afrontar la avalancha de la crisis, la respuesta de los dos últimos gobiernos ha sido casi nula. En estos seis años, la plantilla del fondo ha quedado congelada en 400 funcionarios para toda España. Como refuerzo, Empleo contrató en 2013 a 130 interinos, cuyos contratos acabaron el pasado 31 de diciembre. También firmó una encomienda de gestión con Tragsatec que, a cambio de tres millones de euros, está tramitando en sus oficinas de Madrid los expedientes atrasados que le envían de toda España las oficinas del Fogasa.

Además, se ha echado mano de letrados de la Tesorería de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo o la Agencia Tributaria, para que asistan a los juicios a los que no puedan acudir los 190 abogados del Fogasa. Éstos no pueden asistir más que al 31% de los 90.000 procedimientos laborales o mercantiles a los que es convocado cada año este organismo de garantía salarial.

El Fogasa abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Y, hasta el pasado día 1 de enero, pagaba en aquéllas con menos de 25 trabajadores hasta ocho de los 20 días por año trabajado que fija la ley para los despidos objetivos. Esta subvención del despido la hizo desaparecer el Gobierno en la última Ley de Presupuestos. Sólo por este concepto el Fogasa pagó en 2013 unos 315 millones de euros.

Continúan los retrasos

A pesar de estas medidas, los trabajadores tardan un año o más en cobrar sus prestaciones, cuando por ley el Fogasa está obligado a resolver los expedientes en menos de tres meses. De forma que mientras algunos afectados han comenzado a acudir a los juzgados para reclamar sus salarios e indemnizaciones, otros han denunciado los retrasos al Defensor del Pueblo y muchos más se han organizado en internet en torno a blogs y plataformas para intercambiar una información que el Fogasa les niega o suministra con cuentagotas. En enero CCOO y UGT exigieron a la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, una solución urgente para el organismo, en una carta donde advertían de que emprenderían “acciones legales” si no tomaba medidas.

El retraso en los pagos no es una cuestión menor cuando en 2013 se han declarado en concurso de acreedores un total de 7.965 empresas, un 11,90% más que en los 12 meses anteriores, de acuerdo con la estadística mercantil del Colegio de Registradores de España. La Defensora del Pueblo lo subraya: las prestaciones que paga el Fogasa “pueden incluso ser el apoyo económico que evite que [los afectados] lleguen al umbral de la pobreza y al riesgo de exclusión social”.

Las investigaciones sobre el caso Gürtel han destapado en el banco suizo Clariden Leu lo que, en principio, parecen movimientos de dinero ajenos a la trama pero que tienen por protagonista a la empresa española Dusen SA, durante años sinónimo de pantis y medias, y cuyos últimos 80 trabajadores deberán esperar a que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) los indemnice con dinero público. 

Sólo en 2008, al año que Dusen se librara de sus primeros 50 empleados bajo el argumento de las pérdidas que le ocasionaba “la competencia asiática”, su directora financiera cursó al Clariden Leu de Ginebra 12 órdenes de transferencia por importe global de 400.000 euros al cambio. El dinero pasó primero por la cuenta de una de las sociedades investigadas en el caso Gürtel en relación con el pelotazo urbanístico de Martinsa en Arganda, Versement SA. Y finalmente llegó a sus destinatarios: varias compañías chinas del sector textil proveedoras de Dusen.

La información sobre Dusen SA aparece en uno de los paquetes de documentación enviados por Suiza a petición del juez del caso Gürtel, Pablo Ruz. El magistrado trata de averiguar quién se esconde tras la panameña Versement SA, a la que uno de los empresarios imputados por el pelotazo urbanístico de Arganda (Madrid), el empresario zaragozano Manuel Salinas, transfirió en 2008 nada menos que dos millones de euros.

El viernes, los únicos ocho trabajadores excluidos del ERE de extinción –pero sólo para que puedan hacer inventario antes del cerrojazo final- mantenían abierto en la fábrica de Castellón un mercadillo de prendas. Confían en que la venta de los restos del naufragio textil permita a los despedidos llevarse alguna indemnización a casa. 

InfoLibre ha intentado sin éxito desde el jueves por la mañana localizar a algún miembro de la familia Senar, propietaria de Dusen y de la que partieron las órdenes de transferencia al Clariden Leu. Otras fuentes conocedoras del proceso de liquidación de la compañía castellonense recalcaron su absoluta sorpresa por la existencia de esas operaciones. En la contabilidad de la empresa, confirmaron los consultados, no hay una sola línea que apunte a que sus propietarios estaban manejando cuentas extranjeras. Trabajadores a los que también preguntó este diario ofrecieron la misma respuesta: jamás nadie habló de Suiza ni de Panamá ni de más pagos a los proveedores chinos que los que se hacían desde las oficinas castellonenses del grupo Dusen.

Sin respuestas

El porqué de esos movimientos es un misterio. ¿Cabe la posibilidad de que hubiera fondos ocultos mientras la plantilla original de 340 empleados iba sufriendo sucesivas sangrías? Las fuentes manejadas por infoLibre eludieron, por cautela, pronunciarse sobre ese aspecto. infoLibre llamó en reiteradas ocasiones al teléfono fijo registrado a nombre de Cristina Senar, al móvil que había facilitado a distintas personas; al de su padre, Javier Senar, que como persona física constaba como segundo máximo accionista de Dusen –el primero era otra sociedad del grupo-; y, por último, al móvil que supuestamente utiliza su marido. Ningún miembro de la familia ostenta ya cargos en Dusen, dado que su entrada en concurso, en 2013, implicó su cese y el nombramiento de administradores judiciales.

La documentación parece indicar que Versement SA actuó de intermediaria entre otra sociedad pantalla panameña vinculada a Dusen -Hagerstown Investments Inc- para canalizar el dinero hasta cuentas de sociedades chinas, algunas de las cuales eran proveedoras de la compañía textil española. Es decir, las órdenes de transferencia y los correos electrónicos enviados al banco procedían de la directora financiera de Dusen SA, Cristina Senar. Pero el dinero ingresado a Versement SA y que luego esta hacía llegar a China tenía su origen en una cuenta de Hagerstown Investments Inc de la que, o bien los Senar eran propietarios, o bien mantenían algún acuerdo de uso con sus titulares, sean quienes sean. La sociedad Hagerstown Investments fue disuelta en Panamá en marzo de 2013, apenas cuatro meses antes de que Dusen SA solicitara su liquidación final.

Casi 700.000 euros

La documentación enviada por Suiza al juez Ruz incluye 12 órdenes de transferencia enviadas vía fax al Clariden y por casi 400.000 euros de importe global, así como otros tantos emails enviados desde su correo corporativo a modo de anuncio por la ya exdirectora financiera de Dusen SA, Cristina Senar.

Senar cursó esas 12 órdenes de traspaso de fondos entre el 26 de agosto de 2008 y el 17 de diciembre de ese mismo año. Y la mecánica siempre fue la misma: Senar remitía la orden al banco, este transfería la cantidad ordenada de Hagerstown Investments a Versement y esta los mandaba a China. Pero los papeles muestran que, antes, Hagertown Investments hizo otras nueve transferencias por 253.000 euros a Versement SA para que, a su vez, esta traspasara el dinero a las compañías asiáticas. Según las fuentes consultadas, las compañías beneficiarias de los pagos eran proveedoras de Dusen: Ningbo, Texone, Zhejian CPO y Mayer.

Uno de los expertos con los que contactó infoLibre sugirió la hipótesis de que Versement SA estuviera funcionando “como una especie de intermediario o agente de aduanas”. En ese caso, la compañía panameña habría usado su cuenta del Clariden Leu como estación colectiva de tránsito por la que diversos clientes hacían fluir fondos opacos que confluían allí un tiempo y se bifurcaban luego para alcanzar su destino final. Algo parecido a lo ya detectado con otra de las cuentas investigadas en el caso Gürtel, la enigmática Soleado, que gestionaba en el Credit Suisse el testaferro profesional Arturo Fasana y que nutría de fondos a otros clientes, entre ellos Francisco Correa, el supuesto jefe de la trama.

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, sobrepasó el presupuesto previsto para el año 2013 en un 63,45%. En concreto gastó 533 millones de euros más de lo previsto.

Así, el Gobierno que había previsto un presupuesto inicial de 840 millones de euros para el pago de las prestaciones de Fogasa, se vio obligado a elevar la cuantía en agosto hasta alcanzar los 1.373 millones de euros, que es el dinero que se ha gastado este organismo el pasado año. Es también la misma cantidad que el Gobierno ha presupuestado para el pago de prestaciones de garantía salarial en 2014.

El gasto en prestaciones de garantía salarial del Fogasa se ha multiplicado casi por cuatro en los últimos seis años. Así, mientras que en 2007 ascendió a 380,51 millones de euros, al ejercicio siguiente creció hasta 434,01 millones de euros y en 2009 hasta los 833,76 millones de euros.

A partir de 2010 se produjo el mayor crecimiento en el gasto en prestaciones, con 1.287 millones de euros, para ascender en 2011 hasta los 1.500 millones de euros y en 2012 hasta los 1.530 millones de euros. En 2013, el gasto ha bajado hasta los 1.373,6 millones de euros, su primer descenso anual desde 2005.

Baja un 20,2% la cuantía destinada a pagar salarios

El Fogasa dedicó en 2013 un total de 400,4 millones de euros al pago de salarios, un 20,2% menos que en 2012, mientras que 973,1 millones de euros se destinaron al abono de indemnizaciones, un 5,3% menos.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Empleo, un total de 234.685 trabajadores recibieron prestaciones por parte del Fogasa en 2013, un 7,9% menos que en 2012, cuando los beneficiarios ascendieron a 254.931 personas.

Cataluña lidera el gasto del Fogasa

Cataluña fue la comunidad autónoma en la que mayores pagos del Fogasa se efectuaron en 2013, con 302,5 millones de euros, seguida de Andalucía (176,2 millones), Comunidad Valenciana (131,8 millones), País Vasco (122,4 millones de euros), Castilla y León (90,4 millones), Madrid (89,9 millones), Galicia (89,1 millones), Castilla-La Mancha (74,7 millones), y Aragón (55,1 millones).

A continuación se situaron Canarias (47,1 millones), Navarra (34,6 millones), Baleares (32,9 millones), Murcia (30,8 millones), Extremadura (30,3 millones), Cantabria (23,7 millones), Asturias (22,8 millones), y La Rioja (17,6 millones).

Movilizaciones contra los retrasos en los pagos de Fogasa

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado movilizaciones para el próximo 13 de febrero ante las unidades administrativas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y las delegaciones de Gobierno contra los retrasos que acumula dicho organismo en el abono de créditos salariales e indemnizaciones pendientes de pago, por declaración de insolvencia o concurso de acreedores.

En un comunicado, ambas organizaciones señalan que los expedientes han aumentado significativamente durante la crisis, pasando de 39.032 resueltos en 2007 a 154.357 en 2013, si bien existen en la actualidad más de 180.000 procedimientos sin resolver más allá del plazo legal de tres meses que marca el Reglamento del Fogasa. El retraso llega en algunos casos a los dos años, aseguran.

Los retrasos en la tramitación de los expedientes en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que en algunas provincias superan ampliamente el año, han llegado al Defensor del Pueblo y a los jueces. Pese a que el Ministerio de Empleo lleva desde septiembre enviando a la empresa pública Tragsatec decenas de miles de documentos para que administrativos contratados por esa empresa pública los gestionen, los afectados no han notado aún mejoría alguna. De hecho el pasado día 1 terminaron sus contratos los 130 interinos que fueron incorporados este año para ayudar a los 400 funcionarios que el Fogasa tiene repartidos por toda España. La oficina del Defensor del Pueblo explica que son “numerosas” las quejas de trabajadores que les han llegado los dos últimos años y que en el informe que presentará en el Congreso el próximo febrero hará públicas las conclusiones de la investigación que ha llevado a cabo.

Porque la institución abrió este año una actuación de oficio ante la “inaceptable situación en que se encuentra el Fogasa”. Así se lo comunica el Defensor del Pueblo a uno de los afectados por el atasco de expedientes. En la carta, el organismo que preside Soledad Becerril recuerda que las prestaciones abonadas por el Fogasa “pueden incluso ser el apoyo económico que evite que [los afectados] lleguen al umbral de la pobreza y al riesgo de exclusión social”. Y reclama al Fondo con la “mayor urgencia” medidas efectivas para solventar la “insuficiente dotación de personal” de sus oficinas, así como “la inadecuada gestión de los expedientes”. También cita a las unidades de Madrid y Valencia como dos de las que más retraso acumulan.

El Fogasa abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Y, hasta el pasado día 1, pagaba en aquéllas con menos de 25 de trabajadores hasta ocho de los 20 días por año trabajado fijados para los despidos objetivos.

Reconoce que necesita personal

A requerimiento del Defensor, el Fogasa le remitió un “pormenorizado informe” sobre los problemas que sufre, según revela la carta. En ese documento, el Ministerio de Empleo reconoce que el organismo padece “un problema estructural de escasez de personal” y que, por tanto, precisa de un “redimensionamiento de la plantilla con carácter estructural y estable”. También admite que el número de solicitudes de prestaciones se ha “cuadriplicado” desde 2008 por culpa de la crisis, mientras que, por el contrario, “la plantilla se ha mantenido estable”. Al tiempo, atribuye parte de la responsabilidad a la “inadecuada gestión de algunas unidades provinciales”, que mantienen “procedimientos ineficaces” para afrontar la avalancha de expedientes.

El Fogasa le explica al Defensor la puesta en marcha de un plan de viabilidad “como solución temporal y transitoria”, un “plan de choque” que debería acabar con el atasco de expedientes “en un plazo inferior a un año”. Se refiere el organismo a la encomienda de gestión a Tragsatec, que comenzó a ocuparse de las solicitudes el pasado octubre.

Además, el Fogasa dice estar “ultimando” un nuevo “manual de procedimiento de gestión de solicitudes”, que debería haberse implantado el pasado noviembre.

En su informe anual de 2012, el Defensor ya se ocupó del bloqueo en el Fondo, pero entonces se limitó a reproducir la respuesta que Empleo le dio entonces a su solicitud de información y a prometer un "atento seguimiento" a la labor del organismo.

Blogs y web oficial

La carta remitida por el Defensor del Pueblo ha sido publicada en uno de los blogs (Hablemos de todo un poco) que en los últimos meses han abierto los afectados. En ellos (también Tiempo de espera), los trabajadores tratan de suplir la falta de información oficial sobre sus expedientes, compartiendo en qué fase se encuentra su tramitación, cuánto se tarda en cobrar dependiendo de la provincia, si hay alguna manera de agilizar el proceso… Cuando un expediente sale del Fogasa y cae en manos de Tragsatec, se quejan, resulta imposible obtener información sobre su estado. Los funcionarios la desconocen y la empresa pública la niega y remite de nuevo al Fogasa.

En su página web, el Fondo ha colgado un texto donde se limita a explicar que los expedientes presentados antes del 1 de octubre en 22 provincias recibirán un “tratamiento preferente”, “directo y más rápido” en una “empresa pública estatal” cuyo nombre no menciona. Su relación con ella, destaca, “es de carácter interno, dependiente y subordinado”. Promete que el tiempo de trámite de estos expedientes será “sustancialmente menor del que habría empleado la unidad provincial” del Fogasa en la que el trabajador presentó su solicitud.

Sentencias

Pero, al menos de momento y según denuncian los sindicatos, está ocurriendo lo contrario. Al ponerse a cero el contador en algunas oficinas provinciales, éstas dan respuesta con mayor rapidez a las solicitudes presentadas en fechas más recientes, mientras que las más antiguas continúan esperando. Según la Ley de Procedimiento Administrativo, el Fogasa debe responder en un plazo de tres meses. De hecho, dos recientes sentencias de juzgados de Granollers y Valencia, y otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenan al Fondo de Garantía Salarial por haber tardado más. La ley también obliga al organismo a despachar “asuntos de igual naturaleza por orden de entrada” y a resolverlos “cuando por turno corresponda”, como le recuerda el Defensor del Pueblo en la carta antes citada.

Según las cifras del organismo, en noviembre un trabajador tardaba 138 días de media en cobrar los sueldos o la indemnización que había solicitado, 20 días menos que 12 meses antes. Pero se trata de una media nacional que disfraza el atasco en las oficinas más colapsadas. Así, en Barcelona el retraso es de 367 días, 90 más que el año pasado. El mayor lo sufre Las Palmas, con 425 días. En Valencia, una de las provincias con mayor bloqueo, el pasado mes de octubre ascendía a 423 días la espera media. Sólo un mes después, se supone que tras el viaje a Madrid de miles de sus expedientes, la cifra ha caído a 254 días. Y es en Valencia donde los juzgados han empezado a recibir denuncias de trabajadores perjudicados por el atasco. En Barcelona, según los blogs de afectados, han comenzado a caer también.