"Hay una diferencia en la forma en que las administraciones o el Ayuntamiento atienden las reclamaciones vecinales de unas zonas de Madrid y de otras". Quien pronuncia esta frase es Jorge Nacarino, responsable de política institucional de la Federación Estatal de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que explica cómo la capacidad de hacer visibles las reclamaciones vecinales, la movilización social y la renta de los barrios condiciona el éxito o el fracaso de los objetivos que se fijan los ciudadanos cuando se plantan ante la Administración. 

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Madrid escuchaba las quejas de los vecinos de El Viso y paralizaba el plan del Ministerio de Defensa para levantar una torre de 18 plantas que albergaría oficinas militares. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, pidió a Defensa que se sentara con los vecinos, quienes protestan porque la construcción supondría una alteración del entorno y empeoraría el tráfico en un barrio residencial. Tras 88 alegaciones, el proyecto está actualmente detenido. A esto se suma la reciente victoria en los tribunales de los vecinos del Estadio Santiago Bernabéu, que han frenado la construcción de unos parkings en la zona, además de imponer su anterior reclamación por el ruido que generaban los conciertos.

Otro ejemplo de éxito, al menos momentáneo, es el del barrio de Montecarmelo. Cientos de residentes se habían organizado para defender su vecindario de la instalación de una infraestructura que consideran inadecuada por su proximidad a viviendas y colegios: un cantón de basura. A través de protestas, acciones legales y una intensa presión mediática, los vecinos han logrado arrancar al Ayuntamiento el compromiso de que no se tratarán residuos, ni habrá maquinaria ruidosa o compactadores. Aunque desconfían, porque el proyecto que sigue vigente es el mismo que llevan rechazando desde hace años. "Todavía no está del todo claro cuál va a ser la capacidad del cantón que el Ayuntamiento de Madrid prevé construir porque no han aclarado qué superficie tendrá finalmente", explican desde la FRAVM. En la misma lucha se encontraban los vecinos de La Elipa, aunque ellos no tuvieron tanta suerte y sí han visto cómo se ejecutaba la obra, de forma que, de ser un parque de maquinaria, el espacio pasó a transformarse en un área donde se trasvasa basura. 

La presión vecinal depende de la capacidad para influir en las administraciones, de expresarse en su lenguaje o de llegar a la opinión pública. También, de los medios económicos para sostener demandas que, en general, se prolongan en el tiempo. Pero hay muchos otros matices. 

"Hay una parte que resulta lógica y es que, con dos gobiernos conservadores [la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento], las respuestas a las reclamaciones vecinales parecen estar condicionadas por cierto cálculo político. Da la impresión de que estos gobiernos son más sensibles a las reclamaciones vecinales que surgen en zonas donde tienen un número de votantes más importante", apunta Nacarino. 

Y luego están los medios económicos. "Es mucho más fácil para los vecinos de la zona del Bernabéu o del barrio de Castilla poder conseguir fondos para iniciar un procedimiento contencioso contra una Administración —en este caso, contra el Ayuntamiento de Madrid y contra el Real Madrid— por las obras que se planeaban en el Estadio Santiago Bernabéu. O es mucho más fácil obtener esos mismos recursos económicos para los padres y madres del Colegio Alemán, en el barrio de Montecarmelo, que para los vecinos de San Fermín (Usera, en el sur de la capital) en su lucha contra el crematorio", señala el responsable de la FRAVM. 

La instalación del crematorio que el Ayuntamiento de Madrid quiere ubicar en el tanatorio de la M-40 lleva años en liza. "Se paralizó en el año 2015, pero lo han vuelto a intentar y desde entonces estamos batallando con el consistorio para que no concedan la licencia, ya que está muy cerca de las casas y de un centro educativo", explica una vecina de la agrupación del distrito de Villaverde. Para avanzar en el proceso, apunta, tratan de recaudar fondos propios "cuando se puede" y se apoyan en la Federación de Asociaciones Vecinales para obtener representación legal.

"La Administración hasta ahora nos ha ignorado y, en el fondo, nuestra queja es que este tipo de instalaciones están siempre en los mismos barrios de la zona sur", explica la vecina de Villaverde. "Siempre perjudican al mismo vecindario. Tenemos depuradoras, escombreras, crematorios... instalaciones que serían impensables en otros distritos de la capital", concluye.

Si bien es difícil establecer una comparación entre los diferentes casos, el capital social —ese conjunto de conocimientos adquiridos y contactos ligados a la posición económica— puede ser un matiz que termine de inclinar la balanza, más allá del peso evidente que tiene el factor económico. 

"El sur es el espacio donde se coloca todo aquello que la ciudad necesita, pero que resulta molesto. En el centro de la ciudad siempre hay un informe ambiental, una sentencia en contra, un juez que paraliza la licencia, etc. Pero en el sur es donde esas cosas terminan encontrando cabida", relata Antonio Abueitah, de la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque. Abueitah enumera varios ejemplos, entre ellos el festival de música MadCool, que se celebra en su distrito. "No se entiende que en el WiZink Center (ahora Movistar Arena) no se puedan prolongar los conciertos más tarde de las 11 de la noche, o que en el Bernabéu no se puedan celebrar, mientras que el MadCool se instala aquí con música hasta más allá de las dos de la mañana", apunta. "Así se termina normalizando la idea de que en el centro hay unas normas, mientras que en otros barrios estas regulaciones son más laxas", concluye.

Abueitah cuenta que esta constatación les ha obligado a elegir qué luchas pueden permitirse abordar y cuáles no. "Al final, si no fuese por el abogado de la federación regional (FRAVM), no podríamos pagar un equipo de abogados que nos represente". Su asociación de vecinos comparte un representante legal que trabaja con la FRAVM y que les ayuda, pero que también lleva otros casos. "Hay algunos casos, como este del crematorio, que por su gravedad y por la preocupación de los vecinos se decidió llegar a los tribunales, pero lo normal es que no se nos pase por la cabeza demandar". De hecho, la zona de Villaverde-San Cristóbal de Los Ángeles tiene una renta bruta media anual de 25.748 euros, según los datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas publicados por la Agencia Tributaria. A mucha distancia, la zona de Castilla-Chamartín, donde se sitúa el Santiago Bernabéu, tiene una renta media de 75.739 euros. En este último caso, los vecinos habían conseguido organizarse para pagar una derrama mensual de 200 euros que sustenta su asistencia legal.

Dar visibilidad y crear un espacio social que atraiga atención mediática es una de las cosas que desde la FRAVM consideran más importantes y que menos se tiende a considerar. "En el caso de Montecarmelo, lo que ha habido detrás —más allá de la capacidad económica que puedan tener estos vecinos con respecto a otras zonas de Madrid— es una gran movilización social", apunta Nacarino. La FRAVM cifra en 3.000 personas la asistencia a algunas de las concentraciones organizadas en este distrito, con las que, por el momento, han conseguido parar la obra del cantón.

"Los vecinos de San Fermín y de otras zonas de Usera y de Villaverde también se han unido y han sido capaces de sacar a más de 5.000 personas a la calle para protestar contra la instalación del crematorio", enumera Nacarino. "No todas las batallas que se pueden dar son judiciales y no podemos naturalizar que la forma de interactuar con la Administración sea la justicia, porque los vecinos merecen ser escuchados". Mandar ese mensaje, advierte, puede frenar la movilización y la voluntad de salir a la calle en aquellas zonas donde la capacidad económica para sostener un contencioso es más limitada.

“Me cuidan mis vecinas, y no la policía”, empezó a martillear mi cerebro justo después de que los coches de la policía se llevaran a siete de mis vecinas y vecinos, entre ellos a Serigne Mbayé. Estas cosas raras que hace a veces la mente. Se me pegó la cantinela, como si fuera la canción del verano, acompañando a un zumbido de pensamientos alocados. 

Se supone que la policía tiene que velar por la seguridad de la ciudadanía. A lo mejor, algunos de los agentes se creen que eso es lo que están haciendo cuando paran por la calle a una persona porque es negra, solo porque alguien negro resultó sospechoso a los ojos de un viandante que supuestamente hizo una llamada. No sé.

Yo no creo que todos los policías sean malos, ni pretendo deshumanizarlos, como sostiene el presidente de la Jupol. ¡Qué va! Otra cosa es la institución, la estructura. Muy al contrario, me gustaría que los policías se humanizasen más y trabajaran la empatía. Todos los años, algún alumno mío, con el que tengo vínculo, al que he acompañado durante meses, o incluso varios cursos, decide que esa es su salida laboral. Y eso es lo que les digo siempre: “No olvides que quien tienes enfrente es una persona, igual que tú”. De hecho, el jueves por la tarde buscaba con la mirada por si acaso hubiera entre aquellos hombres, uniformados o de paisano, alguno al que yo hubiera aburrido con el sintagma nominal y pudiera escucharme, para parar toda aquella sinrazón. Pero no lo había. No había nadie que escuchara.

Me gustaría haberles podido explicar que aquello que estaban haciendo, tirar al suelo a mis vecinos, ponerles la rodilla en el cuello, pegarles con la porra, no me hacía sentir nada segura. Tampoco saber que gente adulta, presuntamente preparada para afrontar momentos de tensión, se deja secuestrar la amígdala por la adrenalina y toma decisiones en caliente, apresuradas y sin ton ni son. Ninguno fue capaz de tomar la iniciativa de intentar tranquilizar a sus compañeros. “Yo no he venido aquí a hablar con usted, señora”, me espetó uno de ellos, cuando intentaba yo pedirle que alguien pusiera un poco de cordura a lo que estaba pasando. Me entraron ganas de preguntarle a qué había venido entonces exactamente.

Perdónenme, señores policías, pero yo no me siento segura con ustedes, no me siento protegida. El patio de mi casa, en mi imaginación, antes estaba siempre presidido por balones de espuma (para no molestar al edificio de al lado en los tiros a canasta), por patinetes desperdigados, por un balancín en forma de unicornio, por las risas de las niñas y los niños. Ahora, está lleno de hombres uniformados dándome órdenes incomprensibles, abalanzándose sobre uno de mis vecinos, y enarbolando la porra sobre otra. No, yo no me he sentido cuidada, y no me siento segura después de su actuación. Ni un poquito. Tampoco creo que el hijo de uno de los detenidos, que presenció cómo tiraban a su padre al suelo y le pisaban el cuello; u otro, que vio cómo se llevaban al suyo esposado, después de haberse identificado como periodista, se sientan protegidos por el Cuerpo de Seguridad del Estado. Las personas racializadas, que constantemente tienen que armarse de paciencia para identificarse ante ustedes (aunque constitucionalmente solo tengan que hacerlo en determinados contextos) para demostrar que no son delincuentes, me atrevería a decir, desde mi privilegio blanco, que tampoco se sienten protegidas. Ni un poquito siquiera.

Si esto hubiera sido lo único que sentí aquella tarde de jueves, este artículo se titularía como la canción de N.W.A, Fuck the police. Afortunadamente, además de la desolación, la brutalidad y el sinsentido, ocurrieron otras muchas cosas. La primera, que mis vecinas y vecinos bajaron de sus casas, en pantuflas, para socorrer a uno de nosotros. Para documentar lo que estaba pasando, o para pedir “que alguien pare todo esto”, “dejadle respirar”. No se cruzaron de brazos ni fueron indiferentes ante el abuso. Por eso, en mi cabeza empezó a sonar el lema de las manifestaciones, “me cuidan mis vecinas, y no la policía”.

Enseguida se acercaron a echarnos una mano amigas a quienes les había llegado por redes el vídeo de El Salto. Se encargaron de las niñas y niños. Alguien les puso una película. Se les dio de cenar. Otros, nos pasaban nombres de abogados solventes. Nos ayudaron a recuperar un poco la calma. Nos dieron abrazos.

Frente a la comisaría, nos acompañaron en la indignación. Nos dieron más abrazos. Gritaron conmigo, bien fuerte, “me cuidan mis vecinas, y no la policía”.¡Qué ganas tenía de decirlo en alto! “Me cuidan mis amigas, y no la policía”. Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo.

A mí, a nosotras, a todas, nos cuida una comunidad fuerte. La comunidad intencional del edificio, pero también la comunidad del vecindario, del barrio. La gente que salió del supermercado y también increpaba a la policía. La farmacéutica, que se acercó a preguntar cómo estábamos. El edificio de al lado, que nos escribió para ofrecerse a ayudarnos en lo que necesitásemos. Las asociaciones de familias de los coles de nuestras criaturas, que enseguida se mostraron solidarias. Esas amigas médicas, que se preocuparon por las conmociones y los meniscos. Nuestras organizaciones ecologistas, feministas, antirracistas, políticas, de vivienda, los sindicatos amigos, antimilitaristas…, que no han dudado de nuestra palabra en ningún momento, que nos abrazaron en la comisaría (¡cuánto hemos agradecido los abrazos!), que aplaudieron cuando soltaron a nuestros vecinos, que nos ayudaron a mover comunicados… y que sabemos a ciencia cierta que están ahí, siempre, construyendo vínculos fuertes, y alternativas a este sistema ecocida e injusto. 

Me cuidan las periodistas que hacen bien su trabajo, que son fieles a la verdad y contrastan las fuentes y las versiones (no como los deleznables garbanceros amarillistas). Me siento segura con abogados comprometidos, los de este proceso (¡gracias!), y también otros que nos han dado recomendaciones certeras. Me siento protegida por toda esta gente. Por Serigne Mbayé, por supuesto, que una y otra vez pone su cuerpo para denunciar lo intolerable, aunque sepa de sobra a qué consecuencias injustas va a tener que enfrentarse.

Todas estas personas, y muchas más, me han hecho sentir segura. Me cuidan. Aunque pueda parecer sorprendente, mi balance de esa tarde, y de los días que la han seguido, es positivo. Pese a los nervios y el proceso judicial que se avecina. Se ha hecho visible una comunidad fuerte, que muchas veces nos pasa desapercibida. A partir de ahora, cuando me venza el desaliento por el avance de la extrema derecha, cuando me parezca imposible que esté pasando lo que está pasando en Gaza, Líbano, Irán, Sudán… echaré mano del recuerdo de esta red comunitaria a veces invisibilizada, pero constante y potente. Estas vecinas, estas amigas que me cuidan, que nos cuidamos, me hacen sentir que la alternativa está ahí, viva, creciendo. Que vale la pena seguir construyendo. Cuando me parezca que no hay esperanza, cantaré bien alto, para darme ánimos: “me cuidan mis amigas, y no la policía”.

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Berta Iglesias Varela es integrante de Ecologistas en Acción y vecina.

Los centros sociales okupados y autogestionados (CSOA) son espacios ciudadanos que surgen en los noventa como una forma de dar un nuevo uso a lugares abandonados y que hoy ofrecen actividades variopintas. Se puede acudir a un taller de bicicletas, a clases particulares gratuitas, a recibir asesoramiento en materia de vivienda, a conciertos, a exposiciones de arte urbano o a eventos culturales. En ellos se habla de ecología, desigualdad, feminismo, modelos de ciudad, de trabajo... con un enfoque político de lo cotidiano. Pero también con un punto polémico: suelen ocupar espacios que, si bien estaban en desuso, no son de su propiedad. Esto los convierte en centros de protesta contra el sistema, su principio esencial, pero los vuelve también vulnerables a la hora de mantener su actividad. Tampoco son siempre un oasis de acuerdos asamblearios y luchas por la justicia social, pero cargan con un matiz negativo que no agota su definición.

La agenda de actividades depende del espacio y de quienes participen en él. Suelen describirse con un matiz underground, porque en muchos casos se ubican en edificios abandonados que se han okupado y rehabilitado a medias para prestar servicio o tejer una red vecinal. Muchas sedes eran (y aún son) ruinas de la burbuja inmobiliaria, locales que quedaron atrapados en la onda expansiva que dejó la crisis de 2007 y que nadie reclamó en aquel mar de quiebras y desahucios. Pero eso ha cambiado. Ahora, al calor de la fiebre inmobiliaria y de la crisis de la vivienda, los edificios abandonados se transforman en potenciales fuentes de rentabilidad y de poco sirve apelar a su función como espacio de socialización frente a una rentabilidad inmobiliaria desenfrenada.

El espacio EKO, un espacio autogestionado en el barrio de Carabanchel (Madrid) con 14 años de recorrido, lleva tiempo denunciando las presiones que reciben para abandonar el edificio en el que desarrollan su actividad. Dos de sus miembros cuentan a infoLibre que la presencia de una empresa de desokupación y la presión policial arreció durante un tiempo, después de que un fondo de inversión comprase el edificio. "En agosto de 2025 vinieron a las cinco de la mañana varios desocupas y antes de que aparecieran estas personas, pasó un coche de policía por allí poniendo un sonido de "tic, tac" por el altavoz", relatan.

Durante más de una década el espacio de EKO estuvo dentro de un concurso de acreedores y terminó en manos de una sociedad inmobiliaria llamada Midtown Capital Partners en 2024. "Denunciamos públicamente el inicio de un proceso de intimidación y amenaza de desalojo por parte del fondo Midtown Capital Partners", relataban en septiembre a través de su página web. "Claro que la especulación se nota en la presión que reciben los centros sociales", confirman desde la Asamblea Popular de Carabanchel, otro espacio social conectado con este CSOA.

"Compran barato para maximizar beneficios y, antes de iniciar procesos judiciales largos, inician una escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan el espacio para intentar recuperar el edificio de manera rápida y efectiva aunque ilegal", protestaban desde EKO.

Pero la comunidad en torno al CSOA consiguió frenar el proceso de acoso. "El barrio respondió muy bien; como estábamos en la puerta todo el día, mucha gente se pasaba un rato o nos traía comida y también vinieron desde otros colectivos como las asociaciones de vecinos", cuentan. Desde esa primera intentona han tenido algún incidente más. Este mismo miércoles "a eso de la 1:30 de la madrugada han intentado entrar varias personas con una supuesta abogada", relatan. "Había varias personas en el centro y apareció después la Policía, por lo que el incidente no fue a más", explican, aunque la sensación de incomodidad sí ha aumentado en este tiempo. "Tenemos la sensación de estar en alerta todo el tiempo", concluyen.

Colectivos como La Atalaya, que estaba en el barrio madrileño de Vallecas, también llevaban más de una década de actividad, aunque terminaron siendo desahuciados. Su sede, un instituto abandonado que pasó a ser propiedad del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), fue desalojada por la Policía Nacional en 2024 sin ninguna notificación previa, según expone el grupo en sus redes.

No es un fenómeno exclusivo de Madrid y en la lista hay nombres que se hicieron famosos. Minuesa, La Quimera, La Rosa, el Patio Maravillas, EKO, La Ingobernable y La Gatoteca, en Madrid; Can Vies, El Palomar de San Andreu, Can Masdeu o La Ruïna, en Barcelona; Malatesta o La Huelga, en Sevilla; Escarnio e Maldizer, en Santiago de Compostela. Muchas han sido clausuradas y otras aún continúan. Algunas ciudades, como Berlín, presumen de este tipo de iniciativas y Madrid incluso llegó a ceder espacios en régimen de alquiler a colectivos como la Eskalera Karakola, pero su realidad actual parece otra.

Hay un rosario de ejemplos y no todos se ciñen a Madrid. En junio de 2014 la Policía desalojaba en Oviedo el centro social autogestionado de nombre La Madreña. Era un antiguo edificio de la Consejería de Salud del Principado de Asturias que pasó a manos de una constructora y había quedado en letargo, como todo el sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. En 2011, al hilo de la euforia del movimiento social 15M, pasó a convertirse en un edificio okupado en el que vecinos y estudiantes de las cercanas facultades realizaban actividades. Pero esta iniciativa popular desapareció apenas tres años después con una sorprendente protesta social en la vetusta ciudad asturiana. Hoy es un bloque de pisos blanco y negro. 

Los CSOA proliferaron con el movimiento ciudadano 15M en solares o edificios vacíos que habían quedado varados en embargos, expropiaciones, concursos de acreedores o simplemente en manos de empresas que no podían permitirse hacer nada con ellos. Suelos sin calificación adecuada y un sector paralizado hicieron que nadie se ocupase de esos espacios. Sin embargo, hoy, en 2026, un suelo urbano es un diamante en bruto y la materia prima más cotizada de las constructoras.

El déficit de 700.000 viviendas en España que cifra el Banco de España, el encarecimiento de la vivienda y las altas rentabilidades del sector hacen que estos espacios vuelvan a ser muy codiciados. Por ejemplo, el precio de los suelos en los municipios de más de 50.000 habitantes subió en 2025 un 15,9% interanual, según las estadísticas de suelo urbano del Gobierno. En Madrid el metro cuadrado se situó en el tercer trimestre en los 415 euros de media, la comunidad más cara según la serie del Ministerio de Vivienda.

En 2019 también se hizo efectivo el desalojo de La Ingobernable, situada en un edificio del Paseo del Prado. El local, cedido a la fundación privada Ambasz, permanecía vacío cuando se okupó, lo que no evitó que el CSOA fuese desalojado. Tres años más tarde, esa ejecución terminó siendo declarada ilegal por el Tribunal Supremo.

Precisamente es en la capital donde se acelera el desmantelamiento de estos proyectos autogestionados, cumpliendo con una promesa que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba en 2024: "Tolerancia cero con la okupación". Desde entonces , el cierre de espacios de este tipo ronda la decena.

Desde un punto de vista estrictamente legal, poco pueden hacer para mantener su actividad, ya que los desalojos suelen contar con órdenes judiciales. Ni pagan alquiler, ni el espacio es suyo. Sin embargo, la crisis en torno a la vivienda y la permeabilidad de los movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda y los espacios comunes, han amplificado la importancia de estos espacios de socialización. Y es que hay una corriente de pensamiento que ve en la okupación una forma de resistencia a la gentrificación y una lucha de clases moderna. Como un espacio al que acudir cuando los resortes sociales no llegan.

En un ensayo reciente titulado Generación Inquilina (Capitán Swing, 2026), el sociólogo del CSIC Javier Gil afirma que "la ciudad ya no se diseña para compartirla, sino para monetizarla" y critica un proceso de atomización que se agudiza por una crisis inmobiliaria que no permite a los ciudadanos asentarse en un lugar, hacer comunidad. En este punto confluye una teoría social que, al calor de la crisis inmobiliaria, habla de una lucha de clases moderna en la que "se disputa el derecho a permanecer, a habitar, a decidir qué se hace en el territorio y con los recursos", concluye el sociólogo. 

El movimiento okupa tiene una historia más larga y bebe de culturas como los punks o los movimientos anarquistas. En noviembre de 1985, un artículo de El País describía el fenómeno, novedoso en ese momento, sin encontrar un adjetivo claro para definirlo: lo llamaban "ocupar viviendas vacías por el procedimiento de la patada a la puerta". Se les describía como jóvenes entre 18 y 23 años y no acertaba el cronista a ligarles a un grupo o filiación política concreta. Sí contaba que quienes habían okupado un edificio en Barcelona habían terminado detenidos. Y es que, este colectivo arrastra también desde sus inicios un sambenito ligado a la delincuencia que tratan de quitarse de encima.

En el contexto actual, en plena crisis habitacional, es una lectura que se ha ido relativizando. Movimientos ciudadanos como el "Nos quedamos", que promueven los sindicatos de inquilinos para responder a la especulación inmobiliaria, o el propio escudo social que el Gobierno sostuvo desde la pandemia hasta este año para suspender el desahucio de personas vulnerables que no podían hacer frente al pago del alquiler, han abierto muchos matices en el debate.

Alexander Vasudevan, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Oxford, desliza esta idea en su libro La ciudad autónoma: una historia de la okupación urbana (Alianza, 2017). En él habla de formas alternativas de convivencia y de reivindicar la ciudad en una época de crisis habitacional. En una entrevista con el diario Público, el profesor hacía referencia a un proceso de relectura de la okupación: "El mito está cambiando porque la crisis mundial de la vivienda está afectando sobre todo a la gente joven. Hijos de familias de clase media cuyos padres pudieron comprarse una casa. Pero el sistema ya no funciona para ellos y ni siquiera sus padres pueden ayudarles a comprar", señalaba.

"Tenemos despensa solidaria, un grupo artístico que se llama La Silla, un gimnasio popular, yoga, tres grupos de consumo, taller de autodefensa laboral, acogemos a la Asamblea Popular de Carabanchel, taller de bicis, teatro...". Y la lista que enumeran desde EKO sigue varios minutos de conversación. En estos 14 años, explican, las actividades han cambiado mucho en función de sus miembros y de unos intereses que, para ellos, siempre deben ser "asamblearios y comunitarios".

El problema de la vivienda se dimensiona mejor al escuchar los relatos de la gente. Un burofax para dejar su piso, una tasa extra, una subida inasumible, un mercado de vivienda al que no se puede acceder aún teniendo trabajo, un hijo que no se puede independizar… Y lo peor es que las dinámicas especulativas se repiten una y otra vez. Problemas para encontrar casa, pagar el alquiler, desahucios, búsquedas interminables en portales inmobiliarios, incertidumbre o una peregrinación constante de piso en piso. Esas son algunas de las cosas que les ha tocado vivir, esta vez, a los vecinos del edificio Valverde 42, situado en Malasaña, dentro del distrito centro de Madrid.

Algunos tendrían que irse ya en febrero, pero los habitantes de nueve de los pisos han pronunciado un “nos quedamos” e intentan que se renueven sus contratos o al menos que se prorroguen por un tiempo razonable. “Los vecinos siempre hemos tenido relación entre nosotros, incluso teníamos un grupo de WhatsApp para pedir cosas prestadas, y cuando recibimos la noticia comenzamos organizarnos”, relata Carlos Rubio.

También les ha tocado otro clásico en estas situaciones, la presencia de un grupo de desokupación que patrulla su portal desde que la empresa Vencar Capital adquirió en noviembre el inmueble en el que residen y les pidió que se marchasen. “Desde hace un mes, un empleado de Desokupa puebla la que antes era la garita del portero, en teoría para evitar que «pase algo» en los pisos vacíos”, explica Sara Barquinero, otra vecina afectada. “De momento es majo”, apostilla con cierta sorna.

Pero además de con los vecinos, el ímpetu de la especulación inmobiliaria está arrasando también con muchos negocios de barrio. Este mismo jueves, la librería Tipos Infames, que llevaba 15 años en funcionamiento, anunciaba el cierre: “Lamentablemente, la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha pasado factura”, señalaban. Eso mismo le ha pasado al Bar Josefita, que regenta Sol Pérez-Fragero y se aloja en el bajo del edificio de Valverde en cuestión.

Ella narra, enfadada, cómo va desapareciendo el Madrid al que llegó hace dos décadas: “No queda nada de la ciudad que me abrazó cuando llegué y que ahora no reconozco. Yo vivo sorteando maletas trolley todo el día”, lamenta. Tipos Infames y Bar Josefita comparten barrio y, pese a ser negocios muy distintos, también habían colaborado. Durante el confinamiento por la pandemia de 2020, Sol compartía en las redes recetas de cocina con sus clientes y sorteaba, de paso, una cesta de libros que habían confeccionado sus vecinos libreros. De esta forma, se creó una comunidad que hablaba de libros y cocina mientras todo volvía a la normalidad. “Estoy destrozada desde que me enteré de que cierran, aunque ahora también empieza mi peregrinación fuera del centro de la ciudad”, cuenta.

Un bar de confianza en el que dejarle un recado a un amigo, una librería en la que sentarse a leer o una panadería que te fía: ese es el tejido de barrio que Sol ha visto descomponerse en el centro de la ciudad durante estos años. Su negocio, que da empleo a nueve personas y es plenamente rentable, se enfrenta al cierre porque los nuevos propietarios del edificio han decidido que cuanto antes se marche, mejor. “Me quedan dos años de contrato, pero me ofrecieron dinero para negociar mi salida”, cuenta. Y aunque no lo ha cogido, ya se ha buscado un local para comprar en Carabanchel “con los ahorros de su vida”, porque ningún negocio sobrevive a la incertidumbre de no saber si podrá mantener su ubicación a corto y medio plazo. De hecho, tiene otro negocio en el que, lamenta, le terminará pasando lo mismo cuando sus caseros, ya “mayores”, fallezcan. “Necesitaba un lugar al que poder ir y donde llevarme a mis trabajadores cuando se me termine el contrato en el otro local”, concluye.

Aunque asume la derrota, la propietaria del Bar Josefita ha decidido unir fuerzas con los vecinos. “Había tirado la toalla. En parte yo me quiero ir, porque el barrio ya no es nuestro, pero hablé con los vecinos y les dije que consideraba que tenía que salir con ellos a denunciarlo”, concluye.

“Nos enteramos cuando la venta ya se había realizado y nos comunicaron que no se renovaría ninguno de los contratos”, explica Sara Barquinero. Todos coinciden en que su anterior casero, fallecido recientemente, había tenido un comportamiento siempre correcto y alquilaba los pisos a unos precios “razonables”. Hasta que el mercado irrumpió en sus vidas y la rentabilidad pasó por encima del bienestar de los vecinos. “El edificio se vendió en 5,3 millones de euros y creemos que la intención de la compañía es revenderlo cuanto antes, ya que viene gente a verlo constantemente y se pasean por aquí contando lo que harían en tal o cual zona”, explica la afectada.

Y así es como los vecinos han dicho "basta": “Hay gente que lleva 20 años, y a otros —que finalizan su contrato en febrero— no les han dado ni siquiera más tiempo para buscar una alternativa”, cuenta Rubio. Ellos, junto con el Sindicato de Inquilinas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), han convocado para este sábado una protesta en la que desplegarán pancartas para protestar.

La oferta que han recibido de Vencar Capital es una “indemnización para aquellos inquilinos que opten por abandonar la vivienda antes del vencimiento legal de sus contratos”, recoge un correo al que ha tenido acceso infoLibre. “El importe de la indemnización disminuirá proporcionalmente cada mes que transcurra”, advierten, ya que lo que se les abonaría es el equivalente a los meses de alquiler que les queden hasta el fin de su contrato.

En Madrid los edificios que son propiedad de una única persona o entidad son un caramelo muy tentador para la especulación. En mayo del año pasado el Ayuntamiento aprobó el Plan Reside, con el fin de “garantizar una oferta turística ordenada y legal”. Una de las regulaciones que introduce es que no se otorguen licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico, o lo que es lo mismo, si una empresa quiere poner pisos turísticos, debe ser propietaria de todo el edificio. Pues bien, lejos de proteger a los inquilinos de los malestares del turismo, ha provocado que muchas personas reciban un burofax instándolas a abandonar sus pisos. Ha ocurrido en la calle de Galileo, 22; en San Ildefonso, 20 o en Tribulete, 7. Y ahora en Villaverde, 42. 

Pero los inquilinos y las agrupaciones sindicales se han rebelado contra una regulación en materia inmobiliaria que parece dejarlo casi todo a la buena voluntad de los caseros. “Nos quedamos” es el eslogan y la decisión que han tomado la mayoría de habitantes del bloque. “Hemos intentado negociar con la empresa para que nos permitan, al menos, quedarnos hasta que finalice el último contrato (en 2028), pero no hubo manera”, explica Rubio. Quizá con la “presión social”, apunta Barquinero, haya más suerte.

Según el último estudio de Sostre Cívic y Habicoop, el 75% de las cooperativistas pasan tiempo con sus vecinas en espacios comunitarios y gozan de una percepción de seguridad un 31% mayor que aquellas que viven en alquileres convencionales. Además, muestran un nivel de satisfacción con la vida 1,3 puntos más alto (en una escala de 0 a 10) y manifiestan mayor confianza, apoyo mutuo y bienestar emocional.

El 42,1% de los inquilinos en Madrid tiene miedo a aumentos futuros de la renta mensual, mientras que en Barcelona esta preocupación afecta al 26,4% de la población. Además, la proliferación de contratos de temporada y el alquiler informal por habitaciones en los últimos años han dado lugar a una hiperinseguridad generalizada, dejando a muchos inquilinos expuestos a una inestabilidad constante en sus hogares. Estos datos, que se desprenden del informe Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), no sólo desvelan una realidad socioeconómica más que alarmante. También exhiben los efectos en términos de ansiedad, miedo e inseguridad vital que trae consigo el sistema actual de alquiler. Hace meses, el Sindicato de Inquilinas ya alertaba públicamente de que, cuando las personas carecen de control real sobre su hogar y viven expuestas a una inestabilidad residencial cronificada, “todo lo demás en la vida se tambalea”. Dicho de otra manera, quien enfrenta la precariedad habitacional difícilmente va a poder gozar de una salud mental adecuada. 

El modelo privado de vivienda somete a las mayorías sociales, tan y como indican desde esta organización, a los inciertos y caprichosos vaivenes del mercado especulativo: imposición repentina de clausulas abusivas, desahucios invisibles, dinámicas agresivas de sustitución poblacional en los barrios céntricos… Como consecuencia, se estima que el 47% de los hogares no sabe si perderá su vivienda en los próximos 6 meses. Esta coyuntura impide poder trazar un plan de vida a largo plazo o conseguir, en el caso de muchos jóvenes, una emancipación real. Desde hace algunos años han ido ganando fuerza alternativas habitacionales que ofrecen garantías de estabilidad a largo plazo y, por ende, una mejora del bienestar colectivo, como ocurre con las cooperativas de cesión de uso. 

Se trata de un modelo comunitario no lucrativo que ya ha comenzado a implantarse tímidamente en Madrid y Barcelona y que tiene como eje central el apoyo mutuo entre vecinos, tanto en términos económicos como relacionales. Jordà Escolà, coordinador de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya (Habicoop), explica que en los bloques de pisos donde opera este sistema, el derecho de uso sobre un piso tiene carácter indefinido, lo que aporta seguridad vital a los habitantes, reduciéndose así la incertidumbre que sufren habitualmente los inquilinos del mercado privado. Los sindicatos de vivienda lo definen como un modelo intermedio entre la compra y el alquiler, ya que la propiedad del edificio es de la cooperativa y no de los vecinos que la integran -es decir, estos no son copropietarios, sino socios. Los distintos espacios que componen estos bloques, muchos de los cuales son de uso colectivo (como lavadoras, zonas exteriores, espacios de juego infantil…), se sostienen financieramente a través de una cuota mensual estable, muy inferior a los precios del mercado, así como una aportación inicial igualitaria de capital. 

Los datos dan cuenta de la funcionalidad de este modelo, todavía en fase primigenia. Según el primer estudio de impacto de la vivienda cooperativa elaborado conjuntamente por Sostre Cívic y Habicoop, que se basa en el análisis de 19 proyectos de vivienda cooperativa en toda Catalunya, las personas que viven en este tipo de comunidades tienen 8,3 veces más probabilidades de estar satisfechas con su vivienda que las que viven de alquiler. Por un lado, el estudio resalta la seguridad económica que proporciona vivir fuera del mercado residencial: El coste medio de una vivienda cooperativa es 3,66 €/m² inferior al del alquiler privado, y cuatro veces más personas consiguen dedicar menos del 30% de sus ingresos a la vivienda. En este sentido, Sostre Cívic ha observado, en los distintos proyectos vigentes, “una reducción del estrés y la ansiedad que genera normalmente la inseguridad económica y residencial gracias a las estrategias colectivas en la resolución de problemas comunes e individuales”.

Por otro, el informe hace hincapié en la importancia de las redes de cuidados basadas en la solidaridad y el apoyo mutuo, ya que el 75% de las personas cooperativistas pasan tiempo con el vecindario en los espacios comunes y mantienen relaciones sociales de calidad. La participación activa y autogestionada a través de asambleas periódicas y horizontales, la identificación con los valores del proyecto, la existencia de espacios destinados a los cuidados, la democratización de muchas de las tareas cotidianas, así como la posibilidad de establecer vínculos con el entorno cercano repercuten positivamente la autoestima y la ilusión de las vecinas. En Barcelona, la primera ciudad del Estado español en poner en marcha proyectos de vivienda cooperativa, este sistema arrancó en 2015 con la firma de dos proyectos (Princesa49 y La Borda) que sumaban 33 viviendas en total y actualmente ya hay 156 pisos cooperativos que forman parte del parque público catalán.

En Madrid, una de las cooperativas que han logrado desafiar al sistema rentista para generar modelos de convivencia más sostenibles es Entrepatios, que cuenta con cerca de 70 miembros. Creada en 2011 para “ofrecer respuestas a la crisis habitacional desde lo común”, cuenta actualmente con cuatro promociones en Las Carolinas (Usera) y otra Villa de Vallecas, así como otras dos en búsqueda de solar. Aunque arrancar con un sistema del que a penas se tienen precedentes en España y que difiere tanto del sistema residencial convencional plantea numerosos retos, las vecinas hoy confiesan sentirse “felices y llenas”. 

“En el proyecto notas que el índice de felicidad es superior a cuando vivíamos de alquiler porque no estás solo, sabes que tienes a tu alrededor gente que te ayuda. Esto da una tranquilidad frente a la inestabilidad global que nos rodea”, describe a infoLibre Nacho García, miembro de esta cooperativa. En proyectos similares se han reportado igualmente tasas elevadas de “empoderamiento personal”, cohesión de grupo y bienestar emocional sostenido. La cooperativa salió adelante gracias a la organización de una red de jóvenes de la FRAVM que en plena crisis económica plantearon al Ayuntamiento de Madrid disponer de viviendas de cesión de uso siguiendo el modelo exitoso de países como Dinamarca (muy especialmente su capital, Copenhague) o Uruguay, que cuentan con una dilatada experiencia con este sistema. Casi diez años después, y tras varios intentos infructuosos de convencer al consistorio, decidieron seguir adelante sin contar con el apoyo de las instituciones y en la actualidad disponen de más de 20 viviendas de esta naturaleza.

Hay una cuestión que se repite constantemente cuando las vecinas son consultadas sobre los aspectos destacables del modelo: los cuidados colectivos, que en este caso adquieren un lugar central en la funcionamiento de la comunidad. La visibilización y colectivización de los cuidados dentro de la organización del proyecto favorece las relaciones más equitativas, destaca Escolà. “Vivir en comunidad de forma horizontal disminuye la sensación de soledad, las personas experimentan menos el sentimiento de echar de menos gente a su alrededor y perciben con una probabilidad muy superior (6.7 veces más) que hay muchas vecinas en las que pueden confiar por completo”, determina. Esa relación de apoyo mutuo implica desde ayudar en tareas como acompañar a los niños al colegio hasta poner la bicicleta a disposición de la comunidad u otras más circunstanciales como echar una mano a un vecino al que se le ha inundado el baño o se le ha roto el televisor. Esto es impensable en el sistema actual de alquiler privado donde actualmente los vecinos ni siquiera conocen el nombre del resto de cohabitantes.

La idea de construir un espacio que permita a su vez disfrutar de estabilidad habitacional y combatir la soledad no deseada propició la creación de La Corrala de Rivas. Los organizadores del proyecto también lo denominan “cohousing senior” para señalar que el modelo aspira a convertirse en “una comunidad autogestionada de unidades residenciales, y en régimen de cesión de uso para personas mayores”. En su web inciden en que la cooperativa busca cubrir “las necesidades afectivas, psicológicas y sanitarias que pueden surgir a las personas en la última etapa de la vida, con un  modelo de relación basado en la solidaridad, la amistad y el cocuidado” como alternativa al modelo actual de residencias de mayores. Hasta la fecha han logrado obtener del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, mediante concurso público, la cesión de una parcela de 4.000 m2 de suelo público para 75 años, pero todavía queda pendiente la implantación del proyecto de construcción de 30 viviendas cuando consigan las licencias necesarias.

Para Paco Osorio, uno de los impulsores de este proyecto, la cooperativa posibilitará a sus futuros habitantes no depender de sus hijos cuando alcancen la tercera edad ya que dispondrán de espacios comunes adaptados y una voluntad común de cooperación. “Me da mucha tranquilidad y seguridad saber que disponemos de una estabilidad económica a largo plazo, pero lo más importante es que vamos a estar muy activos y nos vamos a cuidar unos a otros”, afirma a este medio. El diseño preliminar de proyecto contempla la creación de áreas comunes como gimnasio, biblioteca, jardín con huerto comunitario, una casita para alta dependencia y otros espacios de disfrute colectivo. “Vamos a estar uno al lado del otro, como se estaba antiguamente en las casas grandes de los pueblos y eso psicológicamente nos reduce la ansiedad y el estrés”, añade Mati, otra integrante del proyecto. 

De alguna forma el sistema pretende recuperar algunas de las formas de vida que regían las comunidades de vecinas antes de que estallara la fiebre de los alquileres en España. “El modelo tiene esas ventajas que algunos hemos vivido de pequeños, cuando en las casas vivíamos muchos miembros de una familia, tíos, primos, abuelos, que nos apoyábamos y al lado teníamos vecinos que eran parte de la familia”, cuenta Paco. A su juicio, este tipo de sistemas ponen en jaque el modelo aislacionista imperante en las ciudades y permiten ganar en felicidad y salud a largo plazo. 

El otro día presenté mi última novela en la localidad en la que resido y una mujer mayor me saludó con mucha efusividad antes de comenzar. Charlé con ella con cercanía porque me sonaba su cara pero no la reconocí a la primera. Supongo que eso se debe a que la última vez que hablamos, no sé si largo y tendido aunque sí un buen rato, ella tenía el pelo negro, era bastante más alta que yo y nuestra relación, luego lo supe, era muy diferente a la actual. Después de unos minutos, caí en la cuenta de que la persona que tenía delante era Marce, mi profe de 3º a 5º. No era la primera vez que me la encontraba puesto que sigo viviendo en el mismo municipio en el que cursé la EGB (sí, soy de esa generación); sin embargo, hacía bastantes años que no la veía y me emocionó que decidiera venir a apoyar cuando se enteró del acto leyendo la prensa local.

Después, ya en el acto en cuestión, me entrevistó Camino, excompañera del instituto que, a día de hoy, es técnica de cultura y muchas más cosas, ya que siempre fue súper estudiosa. A ella sí que la he ido viendo algo más, pero eso no implica que me olvide de la adolescente aplicada e implicada en luchas sociales que fue.

Este cruce de pasado y presente, cual Regreso al futuro, me encantó porque tras un paréntesis grande y a pesar de habernos perdido muchos episodios de nuestras vidas –es más, incluso si hemos cambiado un montón y nos parecemos poco a quienes fuimos–, hay un cariño heredado que habita en un tiempo encapsulado.  

Total, que empezó el acto y, un sábado a las once, la media de edad era bastante alta. Estaban ahí las vecinas y amistades de mis padres, que me conocen casi desde que empecé a escribir, algunas amigas mías; también Andrés, el señor que contribuyó a crear la Casa de Extremadura en esta periferia a la que la gente de esa comunidad vino y que sumó y se unió con quienes ya eran y estaban aquí para luchar y conseguir derechos. Y, por supuesto, entre todas esas personas se sentó Marce. No se situó en primera fila, pero sí lo suficientemente cerca como para que yo me cruzara, de tanto en tanto, con sus ojos e insuflarme fuerza. Igual que cuando iba al cole. 

Lo que vi en su rostro, no obstante, no solo fue ánimo o confianza, sino un orgullo grande. El que provoca, supongo, saber que ella es, en parte, responsable de que un montón de generaciones de Alcorcón lean, sumen, dibujen o escriban, aunque al decírselo delante de todo el mundo, ella lo negara.

Marce, mi profe, a la que por aquel entonces llamábamos “seño”, rompió la cuarta pared y miró más allá del escenario que compartimos, las aulas, y de la época en la que nos cruzamos, finales de los 80 y principios de los 90. Y fue bonito. Se acordaba de mi madre, que también andaba por ahí, cual ídem de la Pantoja, acompañándome en mis andanzas, y charlaron tanto que al día siguiente fue a casa a visitar a mi padre, otro maestro, que anda con achaques de los fuertes, y a dejar el ejemplar del libro que se compró para que yo se lo dedicara. 

Esta anécdota me sirve para explicar el vínculo precioso que puede darse entre la escuela pública y el profesorado consciente que trabaja ahí y las personas que habitan los vecindarios en los que esta se sitúa. Antes y ahora. Entre quienes buscan tender puentes más allá de las aulas, entender realidades, cerrar brechas, paliar las emergencias que, en ciertos hogares, en lugar de excepción son regla o, “simplemente”, formar, sí; educar, también, y cuidar desde su lugar. Y parece ser que, para eso, da igual que pasen los años.

Nos asomamos de nuevo al vacío, tras perder la cuenta de las veces que nos ha pasado esto como sociedad, llevándose por delante en cada ocasión a una generación: jóvenes, migrantes, hipotecadas o las que hicieron la huida del campo a la ciudad. Todas ellas y ellos tuvieron antes y tienen ahora que renunciar a un proyecto de vida que solo se puede alcanzar desde la seguridad que da una casa, al ser la principal puerta de entrada a otros derechos que consideramos fundamentales como la salud, la seguridad, el trabajo y la educación.

El problema no es nuevo y tampoco es exclusivo de Madrid. En todo el país, en el resto de Europa y en muchas partes del planeta, el acceso a una vivienda digna y sostenible es cada vez más un privilegio de las rentas altas y no tanto un derecho constitucional garantizado.

La tasa de emancipación juvenil se sitúa en estos momentos en España en el 14,8%, la más baja desde 2006, y de esos jóvenes emancipados, el 87% lo hace compartiendo piso para reducir gastos y el 70,5% lo hace dedicando más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. El 74,5% de la población joven trabajadora vive en el hogar familiar y el 22,8% se encuentra en situación de pobreza y exclusión social. No parece que las medidas sociales y económicas desplegadas por el conjunto de las administraciones estén garantizando de manera efectiva el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que queda sólo para quien se puede dar ese gusto.

Si mejorar las condiciones laborales, reducir la temporalidad en el empleo y subir el salario mínimo interprofesional quedan anulados ante el incesante aumento del precio de la vivienda, urge caminar hacia soluciones más garantistas para esa masa social que, hoy por hoy, no puede acceder a una vivienda o ve peligrar su permanencia en la que reside con la próxima revisión de su alquiler. Y que, desde luego, vive ajena a esa economía que, nos dicen, va como un cohete.

No hay margen para seguir apostando por recetas fallidas. La idea de que la simple construcción de nuevas viviendas bajará los precios es un sofisma ampliamente refutado, no sigamos intentándolo. En el periodo 1998-2008 se levantaron seis millones de viviendas en España y, sin embargo, el precio del suelo se multiplicó por cuatro y el de la vivienda por dos y medio. A día de hoy, en Madrid, el precio de compra ha subido un 20,2% en un año y el del alquiler un 15,3%. No hay tiempo para seguir esperando: la declaración de zonas tensionadas es imperativa. Regular los precios es la única vía para frenar un mercado sobrecalentado.

Junto a ello, es imprescindible gravar la vivienda vacía para que salga al mercado. En la capital hay casi 100.000 viviendas sin uso y en la Comunidad de Madrid, unas 180.000. Continuar con la receta de construir en los terrenos periurbanos, agotando los pocos espacios naturales que nos quedan, es un lujo que no nos podemos permitir en un contexto de crisis climática.

Por otro lado, aplicar íntegramente la Ley de Vivienda, que el Gobierno regional se niega a implementar, es una necesidad urgente. La rebeldía institucional de Ayuso y Almeida no es un acto de autonomía, sino una acción irresponsable que condena a la ciudadanía madrileña en favor de los intereses de promotoras y constructoras. Estamos hartos de este tipo de antipolítica.

Las soluciones están sobre la mesa y han sido aplicadas con éxito en otros países: rehabilitación de viviendas, moratoria de licencias y fiscalización de los alquileres turísticos, prohibición de la compra de vivienda con fines especulativos, blindaje de la vivienda protegida y ampliación del parque público mediante la construcción, compra y captación. Sin embargo, ante la emergencia habitacional actual, estas medidas no bastan. Es imprescindible incorporar todas las viviendas de la SAREB al parque público en el primer semestre de 2025.

Por eso, el próximo domingo 9 de febrero a las 12:00 tenemos una cita en Atocha, en Madrid, porque la presidenta Ayuso no parece haberse dado por aludida con la multitudinaria manifestación del pasado 13 de octubre. Queremos que la vivienda deje de ser un negocio para convertirse de manera efectiva en un derecho. Porque tenemos derecho a una vivienda digna y sostenible, el #9FTomamosLaCalle.

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Quique Villalobos es responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM

Las comunidades de propietarios se han felicitado este miércoles por la reciente modificación de la Ley de la Propiedad Horizontal que establece que, a partir del próximo 3 de abril, podrán prohibir la apertura de nuevos pisos turísticos en el edificio si así lo deciden 3/5 partes de los propietarios.

En una nota de prensa remitida hoy y recogida por EFE, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) valora la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y recuerda que no afectará a los propietarios que ya tuvieran pisos turísticos antes de esa fecha, que podrán seguir desarrollando esta actividad.

Por el contrario, si después de entrar en vigor la Ley alguno de los propietarios decidiera desarrollar actividades turísticas sin el permiso de la comunidad, esta puede solicitar su cese inmediato.

Según explica el CGCAFE, los pisos turísticos generan "serios problemas de convivencia" en las comunidades de propietarios, entre ellos la "falta de respeto a las normas básicas de convivencia, ruidos, basura orgánica e incluso inseguridad para los vecinos". Por ello, consideran que, con esta Ley, se da seguridad jurídica tanto a las comunidades de propietarios como a los administradores de fincas colegiados.

El CGCAFE considera que es urgente que se apruebe una nueva Ley de Propiedad Horizontal que resuelva el resto de problemas con los que se encuentran las comunidades de propietarios, entre ellas, la validez de las juntas telemáticas.

Pinchos, barrotes, bolas de hormigón, bancos individuales, curvos o con relieves… El diseño urbanístico incorpora cada vez más elementos para controlar el uso y la distribución de calles, plazas y mobiliario público. Por detrás de un aparente ímpetu de modernización, los colectivos sociales denuncian el borrado y desplazamiento sistemático de las personas sin hogar de la vida pública. En otras palabras, que la pobreza sea cada vez menos visible en el corazón de las grandes ciudades.

"Cuando estás en la calle, te sientes tan invisible, tan poca cosa, que llega un momento que no esperas nada de los demás", recuerda Guillermo, un madrileño de apenas 25 años que tuvo que pasar casi un año viviendo en la calle. "No hablas con nadie. Vives aislado del mundo", continua. "Y cada vez que te echan, no hacen más que reforzar esa sensación de abandono absoluto".

En este punto insiste Rafa Maellas, director de comunicación de la Asociación Realidades, que lleva años asistiendo a personas sin hogar en la capital. "Este tipo de medidas tienen un peso psicológico importante en las personas que viven en la calle, que se suma al ya de por sí costoso proceso mental del sinhogarismo. Se les niega incluso la posibilidad de descansar, de estar, casi de existir, profundizando su sensación de desarraigo y marginalidad".

El pasado lunes 7 de octubre daban comienzo los trabajos de remodelación de la céntrica Plaza Nueva de Sevilla. En los bocetos presentados por el ayuntamiento, los bancos adoptarán una nueva fisionomía, con la instalación de respaldos de hierro forjado y reposabrazos centrales. “Para que se utilicen para sentarse y no para tumbarse”, aclaraban fuentes municipales a El Correo de Andalucía.

El nuevo diseño se propone a todas luces evitar el descanso y la pernoctación de personas sin hogar, las “estancias indeseadas” a las que se refería durante la presentación el gerente de urbanismo, Fernando Vázquez. “Pretendemos revitalizar el espacio y convertirlo en el escaparate ideal de la ciudad. El objetivo es cuidar el paisaje urbano tras años abandonado”, completaba el alcalde hispalense del PP, José Luis Sanz. Un escaparate "ensuciado" por la imagen del sinhogarismo.

No solo pasa en Sevilla. Alicante, Huesca, Zaragoza, Tenerife... Los ejemplos de mobiliario hostil se encuentran repartidos por ciudades de toda la geografía española. Barcelona es una de las más afectadas. Tanto es así, que el año pasado, la Fundació Arrels elaboró un mapa con hasta 334 elementos arquitectónicos hostiles distribuidos por la capital autonómica.

Los ayuntamientos tampoco son los únicos implicados. Locales, comercios y vecinos se suman habitualmente a estas prácticas. "Rejas en los portales, pinchos en escaparates y poyetes, bolardos a lo largo de las fachadas...", enumera Lucía Fernández, estudiante de trabajo social que colabora como voluntaria en Cáritas.

Basta con un paseo por el corazón de Madrid para darse cuenta de que la arquitectura hostil está cada vez más presente en las ciudades. Salimos del metro en la céntrica plaza de Callao, que parece, más bien, un enorme paso de cebra de cemento, generado por el cruce de calles. ¿Su uso? La colocación de stands comerciales. Al fondo, junto a la calzada, dos bloques de granito a modo de bolardos, ¡ah!, y también para sentarse. Por lo demás, un par de bancos individuales, en una plaza por la que pasan al año unas 113 millones de personas.

Seguimos por la calle Preciados en dirección a Sol. A un lado y otro de la calle se suceden las tiendas. Bershka, Zara, Primor, Stradivarius... Todas con sus correspondientes pinchos y barrotes protegiendo el ansiado asiento de sus escaparates. Ahora sí, llegamos al famoso kilómetro 0, símbolo madrileño por excelencia: la Puerta del Sol. Nos recibe otra explanada de cemento. Ni árboles –ni sombra–, ni fuentes, ni bancos convencionales. Tan solo los mismos bloques de piedra, esta vez adornados con incómodos relieves que obligan al asiento individual.

Bajando por la calle Mayor, tras una breve parada en la plaza del mismo nombre, una tercera "plaza dura" devorada por las terrazas, llegamos a nuestro destino final: la plaza de Tirso de Molina. Bancos individuales, taburetillos de piedra, bordillos de piedra con relieves... La salvan una fuente y algunos árboles.

Por el camino, las marquesinas de la EMT, herencia de la exalcaldesa Ana Botella, que dio el visto bueno a un nuevo modelo de bancos con una sobresaliente pieza rectangular en el centro. Desde el consistorio, en su momento, justificaron el diseño como un asidero para facilitar el apoyo de las personas mayores, lo que no evitó el estallido de todo un debate político, social y urbanístico. Hasta hoy.

¿Conclusión de nuestro recorrido? El centro de Madrid está pensado para las compras, las cañas y las visitas turísticas, no para el disfrute y aprovechamiento de sus zonas comunes. Mucho menos por aquellos sin el suficiente nivel económico como para sumarse a la vorágine de consumo y negocio. Madrid no es para sus vecinos.

"Las políticas de urbanismo hostil son el golpe definitivo para las personas que viven en la calle. Son el culmen de la aporofobia y la deshumanización", denuncia Maellas. Los colectivos sociales se muestran tajantes: se trata de un caso de persecución y violencia estructural. "El espacio público es de todos, para todos. Las medidas que buscan limitar el uso del mobiliario urbano de las personas sin hogar refuerzan su estigmatización y criminalización. Les arrebatan derechos básicos", añade Fernández.

El desplazamiento forzoso de sus lugares habituales desvincula a las personas sin hogar de los equipos de apoyo social de la zona. "La clave del sinhogarismo es la pérdida de una red social y de apoyos. Tener aunque sea a un vecino pendiente puede marcar la diferencia. Aporta un pequeño sentido de pertenencia y de relación con el entorno. Desplazarlos les hace perder sus vínculos y les obliga a volver a empezar una y otra vez", explica Maellas.

Y lo que es aún más importante, no ofrece soluciones reales al sinhogarismo, invisibilizando una problemática social que afecta cada vez a más personas. "¿No quieres que haya personas sin hogar en tu distrito? Me parece bien. Soluciona el problema dándoles un hogar. Que se les trate como personas y se les dé la oportunidad y el apoyo para demostrar sus capacidades, que las tienen", sostiene.

Las personas sin hogar son las víctimas más evidentes de un urbanismo cada vez más deshumanizado. Pero no son las únicas. Ancianos, niños o personas con movilidad reducida resultan también especialmente perjudicados. "Afecta a la calidad de vida de todos los vecinos", señala Maellas. "Las ciudades se están convirtiendo en espacios cada día más áridos para el desarrollo de la vida pública y vecinal".

El sinhogarismo es, de por sí, el caso extremo de una situación más generalizada. La actual crisis de vivienda dificulta enormemente el acceso de los ciudadanos menos pudientes a un hogar digno y estable, expulsándolos a un extrarradio cada vez más lejano o condenándolos a condiciones de vivienda precarias. "La amenaza del sinhogarismo no es tan ajena como parece", incide Guillermo.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, el año pasado, un 16,6% de las personas ocupadas, es decir, con empleo, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Cifra que sube hasta casi el 60% en el caso de los desempleados. "No somos conscientes de esto. Es nuestra lucha, del colectivo y del tercer sector", declara Maellas. "No somos mendigos ni criminales, somos personas con los mismos derechos y dignidad que el resto", concluye Guillermo.

Dicen que “sobran los motivos”. Dicen que se ha cercenado “un derecho constitucional como es el de la vivienda”. Por eso, 39 colectivos han unido fuerzas para, más allá de decir, convocar este próximo domingo, 13 de octubre (13O), una manifestación que recorrerá el centro de Madrid, en la que demandar a las distintas administraciones que hagan posible el acceso de la ciudadanía a “un lugar digno para vivir”.

Calientan motores. Bajo el lema La Vivienda es un derecho, no un negocio, sindicatos como el Inquilinas, el de Estudiantes, CCOO y UGT; plataformas como la de Afectadas por la Hipoteca (PAH), por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) o por la Línea 7B de Metro desde donde exigen “soluciones ya”; entidades sociales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) o Amnistía Internacional; y organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra, entre otras, marcharán desde las 12:00 horas, con salida en Atocha y hasta Cibeles. Lo harán con un objetivo: "Cambiar el paradigma de la vivienda". Algunos de esos entes forman parte de la Plataforma por el derecho a la vivienda en Madrid, que se constituyó en octubre de 2023, ante "un malestar que empezaba a ser palpable".

Desde la FRAVM animan a “desbordar las calles” para que “las administraciones públicas empiecen a tomarse en serio este problema social porque la vivienda es un derecho, no un negocio, que es en lo que se ha convertido gracias a modalidades como los pisos turísticos", recalcan. Llaman a formar el domingo una “amplia columna vecinal” y confían en que la protesta sea “el arranque de una movilización social” que obligue a “cambiar las políticas de vivienda". “Hay que pasar a la acción”, sintetizan.

La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, explica a infoLibre los motivos que los han llevado a secundar la iniciativa: “La vivienda se ha convertido en una emergencia social impostergable. Saldremos a la calle para exigir que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que siga siendo un derecho y no un privilegio, como lo es ahora, y que no sea una fuente de negocio para los grandes especuladores, los bancos, los fondos buitres y los rentistas, que hacen de algo que es un derecho una forma de vida muy rentable”. Se enfoca en los estudiantes, “en la juventud en general”, para criticar que tengan que “lidiar” a diario “con los precios, las cláusulas abusivas, con lo difícil que es encontrar un piso en las grandes ciudades, o con que la edad de emancipación sea a los 30 años, precisamente porque no hay facilidades para poder irse de casa de los padres”. A lo expuesto suma “el negocio multimillonario que son las residencias universitarias privadas” que les “exprimen hasta el último euro”.

“Salimos a decir que basta ya. El Gobierno tiene que tomar medidas urgentes y radicales para solucionar este tema. Entre las comunidades y el Ejecutivo central se lanzan la pelota, pero no se pueden lavar las manos. Si de verdad se quiere apostar por una vivienda accesible y digna, hace falta un parque público, que los alquileres no se coman más del 10% del salario, o contratos indefinidos para los inquilinos, aunque haya que confrontar con los bancos, los fondos buitre…”, resume. Se muestra convencida de que será “una manifestación multitudinaria” que reflejará “la rabia que hay por debajo. Y ahí estará el Sindicato de Estudiantes”, cierra.

El portavoz de la PAH Vallecas, Diego Sanz, confirma que “la mayoría de PAH” estarán en la protesta del 13O, “con acentos distintos”. Cree que si la manifestación ha de “servir de algo”, debe ser para “señalar el fracaso absoluto de la Ley de Vivienda, un año y medio después de ser aprobada”. Lo argumenta: "Avisamos en su momento de que dejaba fuera el alquiler temporal, el alquiler social obligatorio antes de un desahucio, la prohibición efectiva de éstos, porque el proceso de mediación que incluyeron en la norma es un unicornio que no los está parando… Ayuso no es la única culpable de que suban los alquileres en Madrid, que también, y están empezando a elevarse a máximos históricos, por encima de la burbuja inmobiliaria”, lanza.

Censura que entidades “como Sareb o Caixabank, con participación pública", estén "funcionando para que suban los precios de la vivienda y vuelva a haber un ciclo constructor e hipotecario, que pareciera que es realmente la agenda de los partidos del Gobierno”, proclama. “Con nosotros que no cuenten, si de lo que se trata es de volver a dar hipotecas y de avalar las que no pueden dar los bancos, porque venimos de un drama con el tema hipotecario, como para que nos vuelvan a meter a los bancos en casa”, anticipa. Para terminar poniendo el acento en que se “ha dejado fuera de toda regulación de precios a caseros que tienen tres, cuatro o seis viviendas”, al no considerárseles “grandes tenedores, por no contar con más de diez”.   

¿Qué busca el Sindicato de Inquilinas con la marcha del 13O? "Expresar un gran clamor popular como es el que el tiempo de los políticos se ha terminado en lo que a gestión de vivienda en este país se refiere", verbaliza su portavoz Lucas Vaquero. "Durante los últimos años –enlaza–, los gobiernos de cualquier signo político han fracasado estrepitosamente en adoptar cualquier medida que pudiera solucionar, al menos de forma parcial, el grave problema de vivienda que se vive en España". A su juicio, esto ha tenido una consecuencia: "Que la clase inquilina sea hoy muy numerosa y cada vez más desprotegida frente a los abusos de rentistas y especuladores que de forma parasitaria viven a costa del fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Por eso, basta ya".

Han demandado estos días la dimisión de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, por "su connivencia con la minoría rentista", entre otras razones, y mandan un mensaje claro a la clase política y a las instituciones: "Vamos a ser nosotras las que nos organicemos para conseguir victorias y cambios sostenibles y perdurables en el tiempo. Vamos a comenzar a diseñar estrategias que nos permitan caminar hacia una huelga de alquileres. Si ellos no bajan los precios, nos los vamos a auto regular nosotros”, remata Vaquero.

Alfredo Villafranca, secretario de Política Sectorial de CCOO Madrid, asevera que "la vivienda debería ser un bien de uso, un derecho irrenunciable", sin embargo, "es cada vez más un bien inmobiliario. Se legisla, de hecho, para que lo sea", afea. Relata que desde la Plataforma por el derecho a la vivienda empezaron hace unos meses a plantear la convocatoria de una manifestación, a la que se han adherido más colectivos. "Cada vez carece más de sentido que firmemos un convenio con una subida salarial del 2 o del 3%", expone, en relación a la labor de su organización sindical específicamente, "si luego en tu ciudad la vivienda ese año se eleva el 15%. Al final es como si fuera un salario diferido", lamenta.

Espera que el 13-O sea "un primer paso". “No es el punto de llegada, es el de salida para poner el foco en la calle de que se tiene que legislar de una vez por todas y a nivel de todas las administraciones, aunque no todas tengan la misma culpa", matiza. Y finaliza: "La Comunidad de Madrid la tiene en especial por su modelo inmobiliario".

Desde la esfera ambientalista desean igualmente que los ecos del 13-O retumben con fuerza. Fuentes de Ecologistas en Acción aportan que “sólo en Madrid hay más de 100.000 viviendas vacías” y entienden que la dificultad creciente de que los inmuebles acojan "personas" es “una consecuencia del modelo especulativo y depredador de recursos” que se ha instalado, en el que “la especulación inmobiliaria y la ausencia de políticas decididas de vivienda pública, ha provocado la expansión de los precios hasta unos niveles que resultan inalcanzables para muchos". Y ello, mientras, "paradójicamente, se ha ampliado el suelo urbano a costa de los agrarios o de espacios naturales”.

Por su parte, María Prado, responsable de campaña de Energía, Clima y Movilidad de Greenpeace, traslada a este periódico que son convocantes de la protesta ciudadana al pensar que la vivienda “es un derecho fundamental” y porque reclaman “dignidad en el acceso y dignidad en su habitabilidad”. “La vivienda es una palanca de cambio para tener vidas más dignas, no sólo ha de ser refugio climático, sino que es un elemento de transformación del modelo socioeconómico”, defiende.

La multinacional "verde" apuesta por el impulso a “viviendas descarbonizadas y que sean eficientes energéticamente, porque de nada sirve acceder a ellas, si son agujeros de temperatura donde la gente no puede pagar sus facturas de luz, calefacción o de comida, en un mercado de la energía bastante perverso”, anota. Y abrocha: “La exigencia de entornos, barrios y municipios sostenibles ha de empezar en las casas. Es el primer elemento dentro de la comunidad que construimos para contribuir a vivir en un planeta más sostenible”.   

En general, los convocantes alimentan la ilusión de que "ésta sea la manifestación por la vivienda que marque el punto de inflexión", como lo fue el 15M, conscientes de que "quizás" deberían "haber intentado lograr más movilización ciudadana antes," dado que "hay mucho mar de fondo", reconocen. En cualquier caso, miran al próximo domingo con "optimismo". "Ahora que no llueva", piden algunas de las fuentes sondeadas. El sol no es un requisito imprescindible para manifestarse, pero contribuye a que el recuento de asistentes sea al alza. Aquel "Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo" del 15M volverá, de otra forma, a rugir en las calles.

Sube la cuesta. Un camino sin asfaltar. Parece un milagro, pero es posible. El autobús se pasea por primera vez en 1978 por las calles de Torre Baró, ese barrio nacido en la montaña en Barcelona construido con las manos de los emigrantes que llegaron durante la década de los cincuenta desde Extremadura y Andalucía. Manolo Vital lleva la esperanza a sus vecinos, la lucha de ciudadanos a los que nadie quería escuchar. Los que andan kilómetros para ir a trabajar a las fábricas y a las casas de la burguesía. 

Es la historia de El 47, la película de Marcel Barrena con los rostros de Eduard Fernández y Clara Segura, que lleva varias semanas entre las diez más vistas en España provocando lágrimas en las butacas. Es la fotografía de una España que no se quería ver, que se ubicó en la periferia de las grandes ciudades, de sudor entre chabolas. De persecución de la Guardia Civil que destruía las casas si no tenían techo al amanecer. Y el lugar donde surgieron los movimientos vecinales, que se extendieron por todo el país clamando por la dignidad. 

“Salí llorando del cine”, confiesa Félix López-Rey, histórico activista vecinal de Orcasitas (Madrid) y hoy concejal en el Ayuntamiento de la capital. “Esa es también mi historia, yo me hice persona en el movimiento vecinal”, ahonda, y echa la vista atrás: “Se han cumplido 54 años desde que formamos en mi chabola la asociación de vecinos pidiéndole al sereno que se vistiera de sereno por si venía la Guardia Civil, que era la encargada de reprimirnos. Fue en la cocina que yo había hecho a escondidas en el corral. Viví allí hasta marzo de 1980”.

“Desde los ocho años vivía en una chabola, desde que llegué de Polán. Dormía a los pies de la cama de mis padres. Mis hermanas dormían en la otra cama de la misma habitación. Mi padre era el primero que se levantaba y defecaba allí mismo”, cuenta López-Rey, que continúa: “Trabajo desde los trece años, era artesano. Escuchaba la radio y en el programa de Madrid protagonistas la gente se quejaba de cosas. Yo llamé y dije: ‘El hombre ha llegado a la luna y en Orcasitas todavía cagamos en una lata’. Lo escuchó la gente, sabían que había hablado el hijo de la señora Tomasa. A raíz de eso nos reunimos de forma clandestina y nació la asociación en septiembre del año 1970”. La realidad de una España que refleja en otro momento: “La primera vez que utilicé una bañera fue el día de mi boda en junio de 1970. Fui a una casa de baños privada en la calle Escalinata. Sólo lo había visto en el cine. Pagué veinte pesetas y me dejaron media hora. La gente en Orcasitas, en El Pozo o en Palomeras nos lavábamos en barreños”.

“En la periferia de Madrid, desde San Blas a la carretera de Extremadura, vivíamos 32.734 familias en chabolas y casas bajas sin agua y sin alcantarillado. El día que llegó la luz fue como un milagro. Los autobuses urbanos no vinieron hasta los ayuntamientos democráticos. La gente de Orcasitas teníamos que ir hasta el metro a Legazpi a tres kilómetros, allí es donde empezaba para nosotros la civilización”, retrata. “Teníamos el ansia de vivir un poco mejor”, defiende al recordar el momento en el que surgió la asociación de vecinos, y pone en valor el papel olvidado de muchas mujeres en los barrios: “Han sido las grandes luchadoras”.

“La primera vez que nos reunimos con el Ayuntamiento fue en febrero de 1971. El concejal era José Morán Navalón, que fue el último edil de Falange. La Junta Municipal estaba en el Rastro”, rememora, antes de repasar: “Desde ahí hicimos de todo. Al acabar un pleno en 1972 me abalancé sobre el alcalde. Aquel día la prensa me salvó de la policía. Hay que recordar también que los gerentes de urbanismo en la capital hasta la llegada de la UCD eran siempre militares. La conclusión a la que he llegado es que era por si nos tenían que reprimir. ¡¿Quién mejor lo iba a hacer?!”. Y esa lucha poco a poco fue dando resultado: el consistorio aprobó asfaltar tres calles. Fueron los propios vecinos los que tuvieron que votar cuáles serían. “Pero no había aceras, era echar hormigón”, puntualiza. En 1975 hubo otra “revolución” cuando empezaron a poder meter agua en las casas y se fue estableciendo un sistema de alcantarillado. En 1986 hicieron una gran fiesta cuando se acabaron las chabolas en Orcasitas. En aquellos años lograron también que los parados del barrio trabajaran en las obras. 

Una lucha vecinal de Orcasitas que también supuso un cambio histórico en la jurisprudencia con una sentencia del Tribunal Supremo de 1977. En aquel momento se consolidó lo que se conoce como la “memoria vinculante”, que ahora da nombre a una de sus plazas. El Alto Tribunal falló a favor de los vecinos frente al Ayuntamiento de Madrid y reconoció que toda memoria de un plan urbanístico tiene efecto jurídico, es vinculante y de obligado cumplimiento. Aquel grupo de ciudadanos cambió para siempre la historia de la legalidad urbanística y se reconoció el derecho a volver a su barrio.

Han sido muchos pasos, pero todavía quedan más por dar en el movimiento vecinal. “Esto es como el teatro, siempre se dice que está en crisis… Cada tres años hay elecciones, se ponen carteles en los portales. Las quince personas más votadas conforman la junta directiva. Pero todavía hay gente que no quiere cargos importantes por si les causa daño en el trabajo. Pero las satisfacciones son grandes. En las asambleas hay trescientas personas”, cuenta.

Orcasitas es uno de los ejemplos de esta lucha que surge a partir de los cincuenta pero que se da especialmente en los sesenta, el final de la dictadura de Franco y la Transición. “El movimiento vecinal estaba vinculado a la nueva realidad social de nuestro país, que tras la devastadora Guerra Civil se había urbanizado. Se convirtió en un movimiento en el que participó la clase obrera, pero también las nuevas clases medias. El elemento aglutinador fue la lucha por mejorar la vida de las personas en su barrio”, describe Ricardo Esteban Bouzas, en su estudio De la movilización a la organización: el viaje del movimiento vecinal a las asociaciones de vecinos tras la ley de asociaciones de 1964, publicado por la UNED.

El texto radiografía así la situación: “Las carencias materiales en aspectos tan básicos como la vivienda, la falta de servicios públicos básicos y la falta de arraigo de los nuevos habitantes venidos del éxodo rural fueron fundamentales para el surgimiento de este movimiento. El origen fue una lucha por la dignidad de los barrios y sus gentes en un contexto, como el franquista de alta represión social, y enorme déficit de libertad”.

Para Esteban Bouza, existía en España “un gran deseo de ejercer el derecho de asociación, y la Ley de Asociaciones de 1964 fue un hito para el nacimiento de nuevas formas de asociación”. “La modificación no supuso per se la aparición de un movimiento social, pero sí consolidó un cierto tipo de estructura formal, sobre la que se asentará el movimiento vecinal. Esta normativa supuso una grieta en el régimen franquista, los grupos de personas disconformes tuvieron una vía más permisiva para participar en la sociedad, y el resultado fue que la vida pública se fue democratizando de una manera muy tímida durante los últimos años del franquismo. Un régimen que se debilitaba como lo hacía la salud del caudillo, hasta la llegada de la democracia con la promulgación de la nueva Carta Magna”, remarca en su estudio. Ese derecho quedaría blindado en la Constitución en su artículo 22.

Durante la época final de la legislatura el propio Ministerio del Interior encargó a la Policía un informe sobre la “subversión de los barrios” en 1975, en el que se evaluó que el movimiento vecinal tenía una forma de actuar “insidiosa con grandes posibilidades de arraigo en una masa que desconoce el verdadero rostro que se oculta o pueda ocultarse detrás de una Comisión de Barrio”. Y añadía: “La masa popular será fácilmente arrastrada a la realización de actos externos que siempre se les presentarán como apoyo necesario para la resolución de sus problemas”. En 1979, según recoge Manuel Pérez Ledesma, en la obra La Transición, treinta años después. De la dictadura a la instauración y consolidación de la democracia, había hasta 5.000 asociaciones de vecinos en activo en aquella época.

La histórica abogada Paca Sauquillo estuvo implicada de lleno en la lucha vecinal en aquellos años. Y reflexiona así sobre las asociaciones: “Las montamos a raíz de la ley de 1964. Iba todas las noches desde mi despacho a Vallecas, a Palomera Bajas, y junto a un sacerdote creamos la primera asociación de vecinos. Nos reuníamos en la sacristía y luego conseguimos un localito. En Madrid había 30.000 chabolas, también había en Barcelona y Bilbao. Principalmente eran de emigrantes que habían venido de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha buscando trabajo y huyendo de la miseria, del hambre y de la dictadura. Incluso tenían que cambiar de nombre, de Vladimiro a Blas o quitarse el de Libertad”.

“Las asociaciones jugaron un papel muy importante en la democratización de la sociedad. Entonces había concejales elegidos a dedo, en muchos casos eran falangistas. Eran el elemento de selección de los vecinos. En Palomeras Bajas, por ejemplo, teníamos en cada calle un delegado. Empezamos a reclamar que hubiera luz, centros educativos, pavimentación, la llegada del autobús. Y fundamentalmente planteamos el tema de la vivienda y el derecho a vivir donde habían construido la chabola”, subraya.

Fue la lucha de un barrio donde hoy está la Asamblea de Madrid. Para Sauquillo, “las asociaciones jugaron un papel clave”. “Son únicas. En Europa no hubo un movimiento así. Han venido a estudiarlo desde el Reino Unido o Alemania. Además lo teorizamos abogados, arquitectos y sociólogos. La policía entraba hasta en las iglesias para detener a vecinos”, ilustra. Y explica: “Fue un movimiento muy importante, pero luego pasó que en las elecciones de 1979 muchos de los líderes vecinales se presentaron. Con los ayuntamientos democráticos parecía que el papel de las asociaciones no tenía tanto sentido. Pero luego a partir del año 2000 se ha vuelto a ver que son necesarias”.

Son historias de lucha también dentro de la propia Andalucía. Uno de los barrios más peleones siempre ha sido Pino Montano, en la periferia de Sevilla. Francisco Delgado, conocido como Pacorro, ha sido durante décadas un referente en la protesta ante el ayuntamiento hispalense.  Mientras saluda a sus vecinos, pone en valor también la historia de la zonas obreras: “Empezamos con problemas concretos como la vivienda y el transporte. Aquí se inició el movimiento en los setenta. A la vez que crecía la zona, se incrementaba la reivindicación. Queríamos escuelas y centros de salud. Todo era autogestión. Los vecinos nos organizábamos para dar los servicios que no ofrecía el consistorio”.

“El barrio tenía cerca de cinco mil viviendas, con la fuerza de unos 20.000 habitantes. El ayuntamiento temblaba cuando protestaba Pino Montano”, hilvana Pacorro, que indica que de aquella lucha queda la estructura vecinal de la zona, que lleva en su ADN que las calles tienen el nombre de los diferentes oficios a los que se dedicaban sus habitantes. “Queda menos, pero existe ese espíritu combativo”, añade, para lanzar: “La lucha vecinal no ha muerto”. En su mente siempre estarán “las muchas victorias, pero también las derrotas”: “El balance es positivo”. Entre sus recuerdos salta cuando los propios vecinos empezaron a arreglar las calles porque el ayuntamiento no lo hacía y fue toda la prensa sevillana para retratarlo.

La lucha vecinal ha evolucionado durante estos años y supuso además el salto de muchos de sus líderes a partidos una vez se instauró la democracia. Pero eso no significó su desaparición, ya que fue adoptando otras formas y otras causas a lo largo y ancho de toda España. En los últimos tiempos ha tenido grandes referentes como el barrio del Gamonal en Burgos o la resistencia de los vecinos del Cabanyal en Valencia para parar su destrucción. 

En esta España de 2024 la vivienda se está convirtiendo en el gran tema que está uniendo a los vecinos en barrios de todo el país. Las asociaciones de una quincena de grandes ciudades españolas, bajo el paraguas de CEAV, han lanzado un frente común para presionar ante la situación actual bajo la Declaración de Barcelona. Piden a los poderes públicos que se aplique la ley de vivienda, regular el alquiler de temporada y turístico, eliminar las golden visa y aumentar la construcción de viviendas de protección oficial. El sentimiento de indignación cada día sacude más a vecinos que se ven expulsados de sus barrios de toda la vida y de aquellos que ven subir el alquiler de manera desproporcionada, algo que comparten desde Madrid hasta Valencia pasando por Zaragoza, Gijón y Valladolid.

“Sin duda existe el movimiento vecinal hoy en España, pero de una manera bien diferente a lo que se refleja en El 47. Son dos circunstancias diferentes obviamente. En los últimos años, además de las asociaciones clásicas de vecinos, el movimiento ha ido tomando forma en relación al derecho de la vivienda y en torno a la defensa de la sanidad pública. Los vecinos siguen siendo un actor fundamental sin duda”, reflexiona Rafa Mayoral, abogado, experto en movimientos sociales y ex parlamentario de Podemos.

A lo que añade: “Las asociaciones de vecinos han sido fundamentales para cambiar las cosas en nuestro país. No hay que olvidar que hay muchos barrios en las principales ciudades que hoy tienen luz, agua y colegios fruto de esa lucha que se produjo en los sesenta y en los setenta. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con los sindicatos de vivienda y de inquilinos como respuesta a la especulación”. ¿Qué papel pueden jugar estas asociaciones de vecinos en el tema de la vivienda? Mayoral responde: “Creo que tienen capacidad para hacerlo. Los vecinos van a defender sus intereses, como están haciendo los propios fondos buitre, que vuelven a estar protegidos por los grandes partidos”. No tiene duda de que queda empuje vecinal para largo en España: “Los motores de cambio son las propias personas con su manos de forma colectiva. Eso representa el movimiento vecinal como expresión del movimiento popular y obrero que se asienta sobre el terreno y se lo disputa a la especulación”.

Desde hace cuarenta años está en primera fila del movimiento vecinal Mari Carmen Lostal, trabajando en la asociación de Villa Rosa, en Hortaleza (Madrid). Ella también ha vivido con pasión la proyección de El 47. “Empecé a participar cuando llegué al barrio. Teníamos el problema de los mil baches por milla de la carretera de Canillas. Hasta lo dibujó Forges. Un día también paramos un autobús y desinflamos las ruedas, por no decir otra cosa. Después empezamos a pedir que llegara el metro”, pone sobre la mesa.

Esa protesta día a día llevó a conseguir un polideportivo, el centro de salud, el instituto y el parque Paco Caño. “Ahora estamos a la espera de que nos hagan una biblioteca pública, que está aprobada en los presupuestos participativos. La presión de los vecinos consiguió también parar el megaproyecto de José Luis Moreno, que iba a ser el Coliseo de las Tres Culturas: “Curiosamente en la misma parcela donde Nacho Cano quería hacer la famosa pirámide”. También han podido frenarla: “Lo que no hemos conseguido es que en ese espacio se haga un centro de formación profesional. Nos queda seguir luchando”. Otras de sus victorias han sido frenar el macro parking que se quería hacer en la zona de Mar de Cristal y el cierre del vertedero de Las Cárcavas.

En la asociación de vecinos de Villa Rosa habrá unas 800 personas. “La pandemia hizo daño al tejido asociativo, pero nosotros nos mantenemos”, asevera Lostal, que comenta que el movimiento vuelve a tener “bastante fuerza”. “Aunque se quiera decir que no somos nadie, no estamos debilitados”, indica, para avanzar que una de las principales luchas estará en los problemas de los festivales al aire libre en la zona del recinto ferial de Ifema: “Ya tenemos una plataforma. Es que cuando nos quitan una cosa, viene otra. También llegan ahora los pisos turísticos y la Fórmula Uno”. “Nos queda muchísima lucha”, vaticina.

Esa vigencia al alza la describe Julio Molina, del movimiento vecinal de Badalona y al frente de la confederación estatal: “Estamos en una fase de recuperación importante. Se ha abierto un camino muy interesante. Nos hemos ido recuperando. A día de hoy tenemos dentro 110 federaciones y confederaciones autonómicas y unas 3.000 asociaciones vecinales en todo el territorio”. 

Él tiene muy en la mente todavía la película de El 47 y ese sentimiento de “autoorganización”. Ve un hilo conductor con la actualidad: “La necesidad de la vivienda. Estamos en un momento en el que estamos reclamando casi lo mismo”. Antes era en plena construcción de barrios, mientras que ahora está el fenómeno de la expulsión de los vecinos: “Es lo que estamos viviendo. Es un desastre el tema de la vivienda de los jóvenes en este país. Ahora estamos con el tema de la gentrificación. Es terrible cómo se echa a la gente de los barrios, fundamentalmente en el centro. Es una locura lo que está pasando en Palma, en el Raval de Barcelona o en Lavapiés en Madrid. Hay plazas en las que no ya no hay vecinos fijos”.

“Las asociaciones de vecinos, después de Cáritas, somos la organización más extendida en todo el país. Es verdad que somos un poco como el ejército de Pancho Villa. Pero cuando nos ponemos de acuerdo, la cosa funciona porque tenemos una fuerza interesante”, concluye a sus 65 años mirando a todas las luchas que quedan por delante y con la misma ilusión que cuando entró en la asociación de su barrio de La Pau a los trece años.

Vecinos de los distritos madrileños de Usera y Villaverde salieron en tromba a la calle para protestar por la decisión del Ayuntamiento de autorizar la construcción de un crematorio en San Fermín, histórico barrio delimitado por el río Manzanares, la Avenida de Andalucía y la M-40. 

No acudieron únicamente los habitantes de las manzanas colindantes con la futura ubicación del horno activo las 24h del día, sino que la totalidad de los residentes en ambos distritos caminaron juntos para mostrar su indignación. ¿Era tan solo una discusión sobre la licencia lo que trascendía? ¿O era una gota más en un vaso que rebosó hace demasiado tiempo? Para poner en contexto la discusión jurídica, podemos resumir que la empresa del crematorio solicitó la oportuna licencia hace años, la cual fue denegada y recurrida. Tras un largo periplo judicial, el Tribunal Supremo estimó que la resolución negativa del consistorio se basaba en una normativa en exceso antigua que no contemplaba en su espíritu las novedades tecnológicas. Para la empresa, los 250 metros de separación entre una instalación como esta y las viviendas que exige la Ordenanza de aplicación han quedado superados por los adelantos en materia de emisiones de gases. Así, el Tribunal retrotrae las actuaciones y coloca el expediente de nuevo en el momento destinado a que la administración motive su resolución.

En este punto, el pasado 24 de agosto, el Ayuntamiento de Madrid terminó por conceder la licencia del crematorio. Las asociaciones de vecinos no estuvieron conformes y anunciaron los pertinentes recursos. Pero no crean que en las calles de San Fermín, y de todo Usera o Villaverde, se discute sobre el aspecto legal de la sentencia o de la ordenanza. Poco importa al vecindario si se pasa por un centímetro de los 250 metros o si la ordenanza dice una u otra cosa. La pregunta es si el ayuntamiento cumple con la obligación de analizar el impacto de un crematorio en la salud de las personas. Que el hecho de construir un campo de golf o un crematorio hayan sido exceptuados por la Comunidad de Madrid de declaración ambiental ya no sorprende al vecindario. Cada vez me miran más allá de su barrio sienten que el mandato de hacer ciudad que tiene todo gobierno local no va con ellos. ¿Para que unos barrios progresen tienen que pagar otros? Ese sería el modelo a debatir. Barrios para vivir o para servir. Es lo que quieren sus vecinos. Ser escuchados. San Fermín tiene mucho que contar al resto de Madrid. La prometida escuela infantil no llegará finalmente. El polideportivo sigue siendo una quimera. Las tres depuradoras parecen lo único que el barrio tiene derecho a acoger. La ciudad tiene que ser algo más que zonas que progresen en función de otras. Vecinos y vecinas exigen que gobernar no sea únicamente aplicar normas o sentencias, sino velar por la calidad de vida de todos los barrios. Si hay que estrujarse la cabeza para idear soluciones, que así sea. Pero exprímase el intelecto, no la paciencia de quienes a menos les queda.

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Gerardo Centeno es Letrado Consistorial, Vocal Asesor de Más Madrid y escritor.

El Real Madrid ha cancelado temporalmente los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, según han adelantado varios medios y ha confirmado una de las artistas afectadas, la cantante Aitana, a través de un mensaje en sus redes sociales.

El club deportivo aún no ha comunicado oficialmente la decisión y el Ayuntamiento de Madrid se ha limitado a explicar a través de una fuente a la Agencia EFE que "es un asunto del Real Madrid".

Aitana es una de las artistas afectadas por esta suspensión, pues tenía anunciados dos conciertos en ese estadio para los días 28 y 29 de diciembre de este año. En su mensaje difundido por redes sociales ha indicado que las nuevas fechas de los conciertos van a ser el 27 y 28 de junio de 2025.

El presidente de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, Enrique Martínez de Azagra, ha dicho a EFE que no tienen notificación oficial de la cancelación de los conciertos y dice haberse enterado por los medios de comunicación de la "buena noticia". "(Suspender los conciertos) era lo menos que tenían que hacer. Además son reincidentes, han seguido programando conciertos y los del fin de semana fue horroroso", ha dicho en declaraciones a EFE Martínez de Azagra. José Manuel Paredes, miembro de la misma asociación, ha dicho a EFE que era una noticia "esperada" y ha considerado que la medida supone "solo un primer paso" .

El martes pasado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, insistió en que el Ayuntamiento seguiría trabajando con el Real Madrid para “minimizar definitivamente” las molestias que los conciertos celebrados en el estadio generan en el vecindario, en tanto en cuanto las medidas adoptadas hasta ahora han supuesto cierta mejora, aunque, admitió, que no eran suficientes.

Los conciertos de Romeo Santos celebrados este fin de semana suponían el retorno de la música al Santiago Bernabéu, pero con una serie de medidas acordadas entre el Consistorio y el club para minimizar las molestias de los conciertos, como la obligatoriedad de que los recitales acaben antes de las once de la noche. 

“Estoy en una situación límite. La incertidumbre mata, cuando uno tiene certeza, para bien o para mal, se puede buscar una solución. Pero en la incertidumbre de no saber dónde vas a estar mañana, no se puede vivir”, confiesa J., que prefiere no revelar su identidad, a infoLibre. En 2017 formalizó un contrato de alquiler con una promotora en la calle El Yesero, del barrio madrileño de Vallecas, donde vivía a gusto hasta que en 2020 le comunicaron “por carta” que “la gestión de esos pisos pasaba a otra empresa”, a la que comenzó "a pagarle”. Intentó ponerse en contacto con la entidad “por email y en un teléfono”, pero el silencio fue la respuesta. Más tarde, “alguien del juzgado vino a mi casa a decirme que esos pisos eran propiedad de la Sareb –Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el llamado banco malo– y que en algún momento se haría un proceso de lanzamiento”, relata.

Durante ese proceso siguió abonando la renta “hasta que la cuenta donde enviaba la transferencia me empezó a devolverlas y nadie me atendía”, se queja. Finalmente le llegó la fecha del desahucio: el pasado 10 de abril. “El día antes saqué algunas cosas y las dejé en casas de familiares”, admite, pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas actuó y el lanzamiento “se suspendió 60 días”. El día 10 tuvo que “ir a Correos a recoger una carta” y cuando regresó se encontró “con una persona de la Sareb, dos cerrajeros y un trabajador de seguridad cambiando la cerradura” de su todavía vivienda. De acuerdo a su narración, les explicó que era su casa y les mostró las llaves. “Me dijeron que pensaban que allí no había nadie, pero ya la puerta la habían roto porque no habían podido cambiar una cerradura muy buena que yo había puesto tras quedarme una vez encerrado". Lamenta que tuvo que pasar “desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde en las escaleras sin comer ni nada, esperando, hasta que volvieron a poner una cerradura y darme las llaves nuevas”. “Nadie nos ha explicado nada y estamos siendo víctimas de una seria de cosas sin tener información. Estamos en un limbo”, lamenta el afectado.

José, jubilado y “con una discapacidad de un 59% por la vista”, llevaba nueve años en El Yesero cuando recibió “una notificación del juzgado de que el 10 de abril había un lanzamiento”. “Y, como mucha gente con miedo, te buscas algo por ahí”, desliza. En su caso acabó “dos o tres días antes” de la supuesta salida forzosa, “en un pueblo de Toledo”. Pese a que su desahucio se retrasó igualmente, “cambiaron la cerradura y pusieron una puerta antiokupa”, aunque asegura que ni ha "entregado llaves" ni ha "firmado ningún documento". Reclama "un alquiler social, dada su situación".

Son dos ejemplos de vecinos de ese barrio de Vallecas por los que el movimiento Plan Sareb, integrado por colectivos como Stopdesahucios, la PAH o el Sindicato de Inquilinas de Madrid, irrumpió el jueves 4 de julio en la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –dueño de algo más del 50% de la sociedad de gestión– para exigir la paralización de acciones como esa y de una oleada de desahucios en viviendas ligadas a la Sareb. Fuentes del Plan Sareb cifran en “27” los desalojos que “se iban a intentar ejecutar en unas tres semanas” en distintos puntos del país. Además, denuncian que se “ha cometido allanamiento”.

"Se han ejecutado 20 desahucios en Els Pallaresos, (Tarragona), otro en Villalba (Madrid) y tres en la carretera de Villaverde a Vallecas, y otro por la zona”. Y había previstos más en Els Pallaresos el día 8 julio, junto a los del El Yesero, el 10 de julio. “Sólo nuestra presión ha evitado que se ejecutaran otros 12 desahucios entre el 26 de junio y el 10 de julio: seis en Alcobendas y seis en Casarrubuelos”, señalan, para añadir que denunciarán “penalmente” los intentos de “realizar desalojos extrajudiciales” a través de “allanamientos” y “no sólo contra Sareb". Tienen en el punto de mira a "los mediadores que no han movido un dedo y saben que el allanamiento es ilegal” e implicarán, asimismo, al Defensor del Pueblo en el asunto de los desahucios.

En relación al caso de J., fuentes de la Sareb dan una versión distinta y sostienen que han “recuperado algunas viviendas de El Yesero siguiendo el procedimiento legal y siempre bajo tutela judicial". Y añaden que, “para que el juez permita lanzar, o no hay vulnerabilidad acreditada o no hay colaboración”. Y es en torno a este término sobre el que hay más discrepancias entre las partes. 

Del lado del banco malo aseveran que llevan a cabo un protocolo que incluye hasta cuatro visitas y el diálogo con las familias afectadas. Cuando se trata de personas vulnerables o que han firmado un contrato con “una empresa explotadora”, por ejemplo, “si colaboran y aportan la documentación”, inciden, arranca el programa de alquiler social. Pero, si no lo hacen, “se tiene que seguir adelante con el desalojo de la mano de los servicios sociales”. 

Por parte de los inquilinos, critican que “la Sareb está presionando a la gente para que se vaya, a través de prácticas cuestionables, sobre todo para un ente público”, y sus alquileres están “llenos de cláusulas abusivas dirigidas a vender la casa” con ellos “dentro”. De hecho, han elaborado una guía sobre éstas para “poder reaccionar”.

Diego cuenta su experiencia sobre lo que tilda de “acoso inmobiliario”: “A casa llamó al telefonillo sin avisar una persona que decía ser trabajadora social y no tenía ni tarjeta de identificación. Mi pareja y yo teletrabajamos y tuvimos que abrir. Afirmó que no venía de parte del banco, que era independiente, y que ahora estas casas iban a ser del Estado. Le dije que mentía, nos pedía que le pasáramos datos personales cuando se supone que le pagaba una gestora privada, un fondo, que trabajaba para la Sareb”. Afea que hagan a las familias “visitas personales en las que no queda registrado lo que se habla”. Su mujer y él llevaban siendo “inquilinos de Sareb desde hacía seis años” cuando pasó y algunos meses después: “Nos llegó un burofax amenazándonos con una demanda por usurpación, acusándonos de un delito. Es coacción”, encuadra. “Eso es para ellos no colaborar. Por eso nos hemos organizado para hacerlo todo por escrito y formal", frente al "que somos hostiles o no estábamos", señala. Y concluye: "Ellos quieren una negociación singular con cada familia y nosotros una colectiva a través de nuestros representantes de la plataforma. En este país existe la libertad de asociación y no pueden decidir por los 300 hogares que estamos en la campaña. Ya no abro a nadie sin entregarle todo por escrito”. Valoran “llevar a los tribunales” el presunto mobbing inmobiliario.

"La mayoría de los que están desahuciando no es gente que haya entrado pegando una patada en la puerta ni comprando una llave ni nada eso, sino que tenían su contrato de alquiler. No todo son okupas, como han transmitido vecinos de la zona a algunos medios de comunicación –han tenido conflictos con propietarios de alguna urbanización distintos a la Sareb, aunque los achacan a que temen que "los pisos sociales bajen el precio de los suyos"–, y muchos, cuando les llega el burofax de la Sareb cogen las maletas por no saber qué hacer", proclama desde el movimiento Plan Sareb, para enlazar: "Blanquean su gestión garantizando que ponen mediadores, que lo que hacen es desahuciar sin antidisturbios, según nuestra experiencia".

La Safeb ha anunciado, tras las protestas, que ha solicitado aplazar de forma temporal los desahucios de El Yesero, con el objetivo de recabar “de nuevo la colaboración imprescindible de los habitantes de varias viviendas de su propiedad para confirmar si existen o no situaciones de vulnerabilidad, siempre en coordinación con los servicios sociales municipales”. “La entidad, siguiendo la política de apoyo social implantada desde 2022, mantendrá reuniones uno a uno con el resto de casos para resolver la situación en un breve plazo”, ha hecho público vía comunicado.

La relación con los inquilinos no es la única zona de sombras de la Sareb. El denominado banco malo fue creado en el marco del rescate de las entidades financieras españolas que quebraron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. “Nace por la necesidad, compartida por el Gobierno español y las autoridades europeas, de recapitalizar varias entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria iniciada en 2008. Su mandato es gestionar y liquidar los activos deteriorados procedentes de esas entidades y con ello repagar la deuda que Sareb emitió, con el aval del Estado, para su pago”, se puede leer en su propia página web. 

Se constituyó con un capital de 4.800 millones, de los que el 45% fue aportado por el Estado a través del FROB, si bien, su financiación provenía de un préstamo de 51.000 millones de euros del Banco Central Europeo (BEI) que fue avalado por el Estado. Debido a ese aval y a las pérdidas millonarias de Sareb, la Comisión Europea planteó en 2021 que el Estado español contabilizase su abultada deuda –31.276 millones, según las cuentas de 2022–, por lo que pasó a ser pública. “Se montó para vender sus bienes y, con ese dinero, devolver el préstamo que concedió el BEI, pero cada vez tienen menos viviendas y ha cedido la gestión a dos fondos buitre: Blackstone y KKR”, aporta el abogado Manuel Gabarre. “La Sareb es una entidad pública –engarza–, pero se está privatizando mediante dos fondos que no dan ninguna información de a quién están vendiendo los pisos que son objeto de desahucio de las personas que hay allí. No sabemos ni con quién ni por qué precios ya que, mientras la venta de cualquier bien público está sujeta a la Ley de Patrimonio del Estado, los de Sareb excepcionalmente no lo están”.

A su juicio, “se está malvendiendo el patrimonio público, es un agujero negro”, lanza. A la luz de la información que maneja Gabarre, se han enajenado “activos inmobiliarios a fondos de inversión por valor de 7.500 millones de euros y los actores más relevantes del mercado español” como Cerberus y Blackstone, “han obtenido importantes comisiones”, al tiempo que “promotores locales y pequeñas inmobiliarias han adquirido activos de Sareb” y consumidores “muchas de sus viviendas”. Finaliza lamentando que el “secretismo de Sareb” impide tener una radiografía fiable sobre la misma. Lo que sí tiene claro es que el hecho de que cuando se declaró pública “en vez de pasar a la Secretaría de Estado de Vivienda, lo hiciera a la de Economía, demuestra que la vivienda en España, y Sareb en concreto, se considera un bien financiero y no un derecho, que es lo que es”. 

En ese sentido, expertos han censurado que “se haya pretendido que las administraciones paguen precios elevados por casas en las que ya se habían invertido fondos públicos”. “Han ido dando bandazos”, indican fuentes del Plan Sareb y en la actualidad “están ofreciendo el poco parque que les queda a las administraciones públicas, pero las casas están destrozadas o en zonas donde nadie quiere vivir, por lo que no están entrando”, advierten las fuentes sondeadas.

Con todo, la compañía destaca que “fruto de su mandato y compromiso social”, ha aprobado en los últimos dos años “más de 7.000 alquileres sociales y ha fomentado la inserción laboral de 2.700 inquilinos”. Los contratos firmados eran 5.292, al cierre del Informe de actividad de 2023, según consta en dicho documento. Y se está en la última fase de preparación del Proyecto Viena, por el que se construirán unas 15.000 viviendas de alquiler asequible con un modelo de colaboración público-privada. 

Ya no les valen los trucos discursivos. “Llevamos años presionando para poner en la agenda el problema de los pisos turísticos y no vamos a parar”, avisan desde una asociación vecinal de Málaga, en la que están cansados del “trajín de maletas a diario”. Y no están solos. Entidades ciudadanas de distintos puntos de España se están organizando en red para combatir “asuntos como este”. Desde la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) mantienen que “en las ciudades más afectadas como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga”, las viviendas turísticas “se están extendiendo hacia los barrios periféricos” que “están siendo colonizados por estos pisos, lo que está cambiando la naturaleza de alguno de ellos, afectando indirectamente a la reducción de ofertas de pisos de alquiler” y a la crecida de los precios. El presidente de la entidad, Julio Molina, confirma que “este tema se extiende como una mancha de aceite, que va corriendo”. “En Mallorca, con la federación de allí, lo pude comprobar. El proceso de gentrificación y turistificación está echando a los vecinos de sus casas. Los fondos buitres no paran de actuar e incluso en la época de verano, personas que iban a trabajar no podían acceder a una vivienda de alquiler. Es un problema muy serio con el que hay que acabar”, subraya.

Molina explica que encargaron a las federaciones de Barcelona y Madrid, “que son muy activas en estos temas porque los están sufriendo mucho”, la elaboración de “un documento que nos permitiera a las 15 federaciones de las 15 grandes ciudades -entre ellas, Palma de Mallorca, Menorca, Valencia, Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid o Gijón- situarnos y poner en común la realidad de cada cual”. A finales del año pasado llevaron a cabo un encuentro en Barcelona “con las aportaciones de los territorios” de las que nació una documentación que “ya está llegando a más de 120 federaciones y a 3.000 asociaciones vecinales que tenemos dentro de la confederación estatal”, asevera el presidente.

Se avanza, a veces a trancas y barrancas, pero se progresa. Tras reclamaciones impulsadas por asociaciones vecinales, el goteo de multas de la Comunidad de Madrid no para. En concreto el pasado día 15 de enero se notificó una sanción de 12.000 euros y la anulación de la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas al propietario de una vivienda turística ubicada en la calle Cabeza de la capital. A finales de septiembre de 2023, se produjo otra en los mismos términos ligada al dueño de un inmueble en la calle madrileña de Núñez de Arce. Y antes fue anotada una tercera por un importe de 6.000 euros en la calle Juanelo. Hay una evolución numérica y de cuantías, aunque no siempre lineal.

Si en 2014 la Comunidad de Madrid tramitó sólo un expediente asociado a las viviendas turísticas, en 2023, hasta octubre, fueron 363, según la documentación que maneja la Oficina de Información Vecinal de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico que han montado asociaciones vecinales de la capital.

En 2016 hubo tres resoluciones sancionadoras imponiendo multas por cuantías de 450, 450 y 600 euros, respectivamente. En 2017 dos, pero el valor de la mayor ascendió hasta los 2.600 euros. Al siguiente año fueron ocho, tres sanciones de 300, otra de 1.200, una más de 1.500 euros, otra de 3.001 y dos que escalaron hasta los 5.000 y los 6.000 euros. En 2019 hubo siete multas y la cuantía mayor ya fue de 9.003 euros y en el ejercicio siguiente, la Comunidad de Madrid elevó el volumen hasta 23 resoluciones sancionadoras, con una decena de 12.000 euros y dos por una cuantía de 15.000. Si se sigue el trazo temporal, en 2021, las multas fueron 30 y se contabilizaron entre ellas 15 de 12.000 euros, otra de 12.450, dos de 15.000, cuatro de 16.001 y una última de 15.000 euros. En 2022 la cantidad se redujo a 13, pero se materializaron de nuevo cinco de 12.000 euros, una de 12.450, otra de 15.000 y una más de 29.360 euros. Aún no cuentan con información completa de 2023. En ese dibujo de situación, entre 2020 y 2023, se anularon además 35 inscripciones en el registro de empresas turísticas y se dio traslado a 66 propietarios de documentación que implicaba obligación de pagar, mientras los seis años anteriores fueron 20.

Los entes vecinales han puesto la vista en Barcelona. En menos de un mes, entre el pasado diciembre y los primeros días de enero, el Ayuntamiento de la ciudad condal ha ultimado multas por valor de 1.020.000 euros. De un lado tramitó una de 600.000 contra el cabecilla de una trama de pisos turísticos ilegales que sumaba al menos 71 alojamientos irregulares en los distritos de Ciutat Vella y del Eixample, tras un frondoso expediente y más de un lustro de investigación de inspectores del consistorio. De otro, se ha sancionado con un total de 420.000 euros al propietario de un edificio, radicado en el distrito de Ciutat Vella, que alquilaba 14 viviendas para comercializarlas a través de las plataformas Booking y Airbnb como alojamientos turísticos ilegales. “No es un trabajo de un día, pero los políticos ahora saben que los estamos mirando”, tiran a dar desde una asociación de aquella ciudad.

Con todo, Víctor Rey, coordinador de la Oficina Vecinal madrileña advierte de que queda por hacer. Apunta primero en una dirección: "La tardanza que tiene la administración en resolver y sancionar situaciones que vienen denunciadas en muchos casos desde hace cinco años, tiempo que la gente ha sufrido en sus edificios actividades conflictivas”. Lo achaca a “la falta de recursos materiales y humanos para agilizar los procedimientos. Si reduces equipos de inspectores, los procesos se alargan y, como consecuencia de ello, hay procedimientos que decaen o se archivan porque se han pasado los plazos administrativos y hay que volverlos a iniciar. Tienen que poner más empeño para resolver lo antes posible”, insta. Esta denuncia no se reduce al ámbito de Madrid, es común a otros puntos del país. Rey agrega que, aunque en lo que respecta a la Comunidad de Madrid van en aumento, la normativa permite todavía una horquilla mayor de multas. “Sancionar los casos más flagrantes de una manera ejemplarizante, puede tener un efecto disuasorio”, defiende, buscando un resultado inverso al imán que atrae.

Una meta precisa que se han marcado en la CEAV es reunirse con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Es más ya le han solicitado la cita para abordar las conclusiones del III Encuentro Vecinal de Grandes Ciudades sobre la materia, entre las que se incluye “la regulación de los alquileres de uso turístico, temporal y de usos comerciales”. “Queremos tratar con ella de qué forma a nivel de Estado se puede influir en las políticas de vivienda, teniendo en cuenta que las competencias las tienen las comunidades”, indican fuentes del ente, para avanzar luego que, a su parecer, “podría ser premiando de algún modo a las que vayan en la línea de la concesión de viviendas públicas en régimen de alquiler”. Sin olvidar, apostillan, “la implantación en sí” de la primera ley sobre este ámbito de la democracia que fue aprobada por el Congreso en 2023. Una norma que, según acentúan otras fuertes, "regula aspectos como que el alza anual del alquiler no puede ser mayor del 3% para los contratos que deban renovarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, tanto si el dueño es un gran tenedor -propietario de 10 o más viviendas- como si no", pero "de nada sirve contra los pisos turísticos", lamentan.

El Tribunal Supremo ha determinado que una comunidad de propietarios no puede imponer el nudismo en las áreas comunes de la urbanización —incluida la piscina o los jardines— y ha explicado que privar a los vecinos que quieren disfrutar con ropa de dichos espacios vulnera el derecho de igualdad y el derecho a la intimidad, entre otros, según informa Europa Press.

Los magistrados se han pronunciado sobre un caso que tuvo lugar en Almería, en el que la comunidad de propietarios declaró como indispensable la práctica nudista para el acceso a los elementos comunes de la finca. Estos incluso contrataron un servicio de seguridad para velar por el nudismo en dichas zonas.

En una sentencia de la Sala de lo Civil ha dado la razón a los propietarios que querían ir vestidos a la piscina y a los jardines de la urbanización. Los magistrados han corregido al juzgado y a la Audiencia Provincial que desestimaron las demandas de estos propietarios.

El Supremo ha apreciado un error patente en la valoración de las pruebas que sustentaban que se habían aprobado por unanimidad unos estatutos en los que se fijaba la obligatoriedad de la práctica nudista en las áreas comunes. El alto tribunal ha subrayado que la simple lectura de las actas de la comunidad demuestra que dichos estatutos no fueron aprobados.

Asimismo, los magistrados han incidido en que, ante la falta de unos estatutos que justifiquen que se prohíba el acceso a la piscina y los jardines a quienes no vayan desnudos, se aprecia una vulneración del derecho de igualdad de aquellos vecinos que querían disfrutar con ropa de dichos espacios.

Según el tribunal, dicha prohibición supone una discriminación de estos vecinos por razón de sus ideas y pensamientos y atenta a su libertad de movimientos y a su derecho a la intimidad.

El Supremo ha estimado los recursos de casación presentados al considerar que "no cabe arbitrariamente, por actos de fuerza, mediante la contratación de servicios privados de seguridad, impedir a los demandantes el disfrute de los derechos que les corresponden en el régimen de propiedad horizontal sobre elementos comunes si no practican el nudismo".

Así las cosas, los magistrados han precisado que ir desnudos a la piscina y los jardines es "una opción personal perfectamente respetable y legítima", pero han insistido en que no se puede obligar a los vecinos a hacerlo.

El tribunal, al considerar vulnerados los derechos fundamentales de los ocho demandantes, ha fijado una indemnización por daños morales de 1.000 euros para cada uno de ellos.

Me dirijo a ti, como presidente de la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos Tetuán, pero esta carta va dirigida a cuantas personas os conjuráis en esa aventura de defender los derechos de la ciudadanía, el vecindario, el pueblo llano, que sufre cada día las ineficacias, las ineficiencias, la desidia de nuestros gobernantes. Una carta abierta a quienes dedican tiempo de su vida a defender lo que es de todas y todos en las Asociaciones de Vecinos y Vecinas.

Acabáis de entregar los premios Constitución la del 31, inequívoca muestra de vuestras convicciones republicanas y me habéis honrado con uno de ellos. En el diploma habéis escrito, Por su contribución al conocimiento de “los nadies”. Entre los premiados se encuentran otras personas que, desde la política municipal y autonómica, el teatro, el urbanismo, el cine, la pintura, el diseño, colaboran con vuestro esfuerzo por situar al barrio en una de esas centralidades que pugnan por convivir con el Madrid Central. Reconocimientos que no han olvidado a mujeres y hombres que nos han dejado, pero que han compartido vuestra vida y empeños.

Mi primera afiliación, fue a una asociación de vecinos de Villaverde, cuando aún se llamaban Asociaciones de Cabezas de Familia. Dicho de otra manera, las mujeres y los jóvenes estábamos legalmente de prestado, aunque teníamos un extraoficial carnet juvenil. Eran aquellos tiempos dictatoriales de democracia orgánica (nunca supimos bien de qué órganos se trataba, aunque podíamos imaginarlo), en la que la representación venía de la familia, el municipio y el sindicato (vertical, por supuesto).

Si los militantes de las CCOO, desde las empresas, se fueron infiltrando en el sindicato vertical hasta ganar las elecciones sindicales, en los barrios, como vecinos, también se fueron haciendo con algunas de aquellas asociaciones vecinales, especialmente las ubicadas en los barrios obreros.

Barrios como Vallecas, Chamartín de la Rosa, Carabanchel, Canillejas, Fuencarral, Villaverde, habían sido antes pueblos, absorbidos por la capital a finales de los 40 y principios de los 50 del siglo pasado. Se habían convertido en lugares de asentamiento de los miles de trabajadores y trabajadoras que llegaban de toda España buscando un empleo en la siempre pujante industria del suelo y la construcción, en sus empresas auxiliares, talleres y en las industrias del metal, automoción, la alimentación, la electricidad, el gas, tabacos, o la confección.

Casa baratas, chabolas, Unidades Vecinales de Absorción, poblados dirigidos, colonias benéficas, obras sindicales del hogar, fueron rodeando los viejos núcleos urbanos, conformando extraños desarrollos urbanísticos. Calles sin asfaltar, alcantarillados deficientes, transportes insuficientes, sin centro sanitarios, ni colegios.

Luego vendría el asalto a los pueblos de la periferia, esta vez sin absorciones de por medio, que dieron lugar al crecimiento acelerado de los pequeños municipios que rodeaban Madrid. Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, Coslada y San Fernando, Getafe y Leganés, Móstoles y Alcorcón, Fuenlabrada, entre otros muchos.

No fue fácil el duro recorrido vecinal. Cuando llegó la democracia era mucho el trabajo por hacer, muchas las carencias, los desastres urbanísticos, las necesidades de servicios públicos esenciales. No fue fácil ir construyendo espacios de convivencia. La limpieza de las calles, el asfaltado de las calzadas, las aceras transitables, plazas, parques, colegios, centros de salud, ambulatorios y hospitales, centros de atención a la drogodependencia que consumió a muchas familias, universidades, centros culturales, autobuses, metros, cercanías. Nada hubiera sido posible sin vuestro trabajo vecinal.

Miro el tablón de anuncios de vuestra asociación y allí veo que los años han pasado deprisa, pero los problemas siguen siendo parecidos. Muestras de cine en barrios que han ido viendo echar el cierre a todos sus cines. Premios Superbache para unas calles abandonadas de la mano de los gobernantes. Defensa de los servicios públicos. Derecho a la vivienda. Convivencia de generaciones, culturas, nacionalidades distintas. Comercio de barrio. Oposición a la proliferación de las casas de juego. Teatro comunitario. Cuestionamiento de movimientos especulativos como la Operación Chamartín, o el Paseo de la Dirección.

Ahora entiendo mejor esa reivindicación de lo constitucional y republicano en vuestros premios. España fue un día República democrática de Trabajadores organizada en régimen de Libertad y Justicia. Luego, tras una larga dictadura, se convierte en Estado social y democrático de Derecho que persigue la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Dicho de otra manera, la legitimidad de los valores republicanos de la Constitución del 31, son los que legitiman la Constitución del 78.

Ahora comprendo que lo esencial de ser republicano, ya sea bajo una dictadura, o en una monarquía constitucional, no es esperar el advenimiento de un régimen republicano, sino trabajar por la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, en cada momento del día, en cada instante de la vida. Proteger lo que es de todos y de todas. Ser republicano, como lo sois en Cuatro Caminos-Tetuán, es sostener los valores republicanos. Defender la vida.

Francisco Javier López Martín

Si hay un político que se muestre identificado con las agrupaciones vecinales, ese es Lluís Rabell, candidato de Catalunya sí que es pot a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. Por ello, no es de extrañar que su recomendación para este verano sea el ensayo Barris, veïns i democràcia Barris, veïns i democràcia(Barrios, vecinos y democracia, en castellano), una obra del periodista e historiador Marc Andreu que narra las actividades de estas agrupaciones barcelonesas en los últimos años del franquismo para traer la democracia.

Las historias contenidas en el ensayo —que por el momento sólo se encuentra disponible en catalán— se enmarcan entre los años 1968 y 1986, unos momentos en los que la organización de las asociaciones de vecinos de Barcelona en una federación supuso un impulso en su capacidad de presionar para la vuelta de la democracia a España. No obstante, pese a que ya han transcurrido casi treinta años desde entonces, Rabell asegura que el libro "ayuda a entender la Barcelona de hoy en día y el papel de lucha de los vecinos".

"Es un libro precioso y sorprendente, que recopila momentos históricos que se habían perdido", sostiene el candidato de Catalunya sí que es pot. Y es que, según la sinopsis de Barris, veïns y democràcia, "este movimiento hizo posible en Barcelona una ruptura política, social y cultural con el franquismo sin parangón" y consiguió imponer "su agenda política y reivindicativa durante los dos años de mandato del singular alcalde de la transición Josep M. Socias Humbert".

Barris, veïns y democràcia. Marc Andreu. Els llibres de L'avenç. Barcelona, 2015. 512 páginas. 25 euros.

Participación, transparencia, rendición de cuentas... Son algunas de las demandas ciudadanas que más se han incrementado desde el nacimiento del movimiento 15-M y, en especial, desde que Podemos diera la sorpresaPodemos en las pasadas elecciones europeas. Pero este fenómeno no es nuevo. Vecinos de algunas localidades, como Torrelodones (Madrid) o Etxebarri (Bizkaia), comenzaron hace años a organizarse para llevar sus reivindicaciones a las instituciones municipales.

Vecinos por Torrelodones ha sido el caso más conocido, con gran proyección mediática, pero no el único. El partido torrelodonense organiza este sábado una jornada sobre política local en la que se espera la participación de un centenar de personas vinculadas a la política y a movimientos sociales o vecinales. 

La organización explica que este evento es fruto de la cada vez mayor demanda de información proveniente de organizaciones de toda España sobre la experiencia de Vecinos por Torrelodones, que "consiguió sacar adelante una gestión honrada y sensata de la administración local".

La jornada, que puede seguirse en Twitter bajo el hastag #OtraPolítica, será moderada por el director editorial de infoLibre y tintaLibre, Jesús Maraña, y contará con la presencia de la alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, así como de los concejales de la formación. No serán los únicos que contarán su experiencia. La Voz del Pueblo e Independientes Muskiz también tendrán su espacio en el evento. Además, participarán el periodista Juan Luis Cano, el creativo publicitario Carlos Sanz de Andino o el asesor de comunicación Luis Arroyo, entre otros.

De las protestas vecinales al gobierno local

Los orígenes de Vecinos por Torrelodones se remontan a 2005, cuando se conforma el movimiento vecinal Torrenat. Era un movimiento centrado en "la lucha contra la recalificación urbanística de territorios, el modelo del ladrillazo", cuenta a infoLibre la presidenta del partido y alcaldesa de la localidad, Elena Biurrun, que recuerda que la iniciativa "fue creciendo como la espuma gracias a los vecinos".

A comienzos de 2007, algunos integrantes de Torrenat consideraban que el movimiento ya estaba "agotado", por lo que había que dar un paso más: formar un partido político y presentarse a las elecciones. La formación fue bautizada como Vecinos por Torrelodones, y consiguió un 23% de los votos, logrando cuatro concejales en el ayuntamiento y pasando a convertirse en la primera fuerza de la oposición. 

"Nacimos sin crisis, cuando la gente no lo pasaba tan mal como ahora", reivindica Biurrun, que define la aparición de Vecinos por Torrelodones como un "enfrentamiento contra el sistema establecido en ese momento", que, subraya, "era un cortijo".

En los siguientes comicios, celebrados en 2011, lograron el 37,39% de los votos, 9 concejales, frente a los 10 del PP. El apoyo de PSOE y ACTÚA (una escisión de IU) en el acto de investidura, hizo posible el gobierno de Vecinos por Torrelodones Vecinos por Torrelodones.

Biurrun destaca la importancia de las nuevas tecnologías para ofrecer "canales de acceso al vecino"; por ejemplo, mediante la apertura de un portal de transparencia en el que se pueden ver detallados todos los gastos del municipio "para que los ciudadanos sepan cómo y en qué se gasta el dinero", apostilla la alcaldesa. Pero esta forma de hacer política no se limita a Internet, también se han habilitado formas de participación clásicas, de carácter asambleario, como los Consejos de Participación, formados entorno a diversos temas y en los que cualquier ciudadano puede intervenir. O el cambiar al horario de tarde los plenos, para que muchos más vecinos puedan asistir.

Por otro lado, Vecinos por Torrelodones ha conseguido, pese a las drásticas reducciones de presupuesto, acabar todos los años con superávit en las cuentas del ayuntamiento, algo que les ha permitido reducir la deuda casi un 40%: de 13 millones euros a 8. Una tarea a la que se añadía tener que afrontar una herencia de gastos sin pagar por parte de la administración anterior del PP que rondaba los 6 millones de euros.

También han conseguido reducir, dentro de los márgenes entre los que se mueven los municipios, la presión fiscal y han hecho un enorme recorte de gastos que consideraban innecesarios. 

Vecinos por Torrelodones, además, ha hecho una apuesta por el ecologismo. "Hemos comprado suelo en el que estaba previsto edificar para convertirlo en zonas verdes", cuenta la alcaldesa, que cita como ejemplo los huertos urbanos.

"No nos posicionamos, somos transversales", responde Biurrun cuando le preguntan sobre la posición ideológica de su formación, a la que cuenta que apoya "gente que ha votado a todos los partidos". Su vocación exclusivamente local es otro de sus pilares, ya que no tienen ambiciones de carácter regional o de otro tipo. De hecho, tienen acordado abstenerse cuando llegan a pleno asuntos que no sean de ámbito local.

El partido ya está trabajando en los próximos comicios de mayo, para los que tienen buenas expectativas. "Esperamos haber convencido a los vecinos, ellos serán los que decidan", apunta la alcaldesa.

Gobernando con asambleas desde hace 24 años

A finales de la década de los 80, Etxebarri (Bizkaia) se encontraba en una difícil situación, especialmente en el ámbito social y urbanístico. La falta de capacidad de reacción de los partidos tradicionales provocó que en 1991 un grupo de vecinos decidiera en asamblea concurrir a las elecciones municipales bajo el nombre La Voz del Pueblo.

Consiguieron su objetivo: fueron la primera fuerza política, con un 37,75% de los votos, y marcando una holgada ventaja respecto al resto. Desde entonces, sus resultados electorales han ido creciendo exponencialmente y en los últimos comicios de 2011 lograron obtener su mejor cifra (64,24% de los votos).

"Hemos dado una vuelta tan espectacular que sería largo relatarlo", explica Pedro Lobato cuando le preguntan por las principales políticas llevadas a cabo por el gobierno de La Voz del Pueblo. Lobato ha sido alcalde de Etxebarri durante 20 años, desde 1991 hasta 2011, cuando decidió que era el momento de dar el relevo. Entre las principales obras realizadas en este periodo, destaca el polideportivo y la casa de la cultura de la localidad. También menciona la creación de 250.000 metros cuadrados de parques y zonas verdes. "En cuanto salimos del socavón económico que heredamos, no hemos parado de hacer obras para mejorar el pueblo", relata Lobato a infoLibre.

La participación ciudadana también ha sido otra de las claves de sus gobiernos en Etxebarri. "Nosotros funcionamos con asambleas que se convocan periódicamente, donde los vecinos manifiestan sus inquietudes", explica el exalcalde de la localidad, que añade que cuando estaba al frente de la Alcaldía "contestaba personalmente en el foro ciudadano". Además, en este municipio los proyectos urbanísticos que se van a llevar a cabo cuentan con un seguimiento por parte de los vecinos, que participan en la toma de decisiones junto a los técnicos.

En cuanto a la transparencia, Lobato explica que desde 1991 siempre han hecho públicas las cuentas, las subvenciones recibidas y, en ocasiones, se han elaborado presupuestos participativos. "El Tribunal de Cuentas acabó felicitándonos", apostilla.

La Voz del Pueblo tampoco adopta una definición ideológica, Lobato explica que el partido "es un conglomerado variopinto de sensibilidades políticas", algo por lo que, reconoce, obtienen "votos de todos los partidos". No obstante, deja algo claro: "estamos más próximos a aquellos partidos que se preocupan por el bienestar social que de los que recortan derechos y servicios".

Sobre iniciativas como Podemos o Ganemos, Lobato subraya que "promulgan los principios" que ellos han venido "practicando durante 24 años". Ni Podemos ni Ganemos tienen previsto presentarse a las elecciones en esta localidad, algo que el exalcalde cree que se debe a su "fuerte implantación", que hace "inviable" que surjan candidaturas de este tipo. Además, aspiran a salir fortalecidos de las próximas elecciones y superar la barrera de los 10 concejales, su techo electoral.

La administración local, la más opaca

La Fundación Civio es otra de los participantes en el evento que este sábado convoca Vecinos por Torrelodones. Dos de sus miembros, Eva Belmonte y David Cabo, ofrecerán la ponencia "Las bases para cambiar un municipio: participación y transparencia". Esta fundación subraya que no suele trabajar directamente con partidos políticos, aunque sí les hacen llegar sus propuestas.

No obstante, Torrelodones es una excepción: es el único ayuntamiento con el que han colaborado, al menos de momento. Tanto el ayuntamiento como la fundación trabajan estrechamente para sacar adelante la web en la que se explica cómo se distribuye y ejecuta el presupuesto de la ciudad.

Asimismo, una de las iniciativas más exitosas de Civio es tuderechoasaber.es, una web desde la que los ciudadanos pueden mandar sus preguntas a cualquier organismo público. Civio se encarga de informarles cuando estas tienen respuesta por parte de la admnistración. 

David Cabo asegura que "es importante que la información se publique" para facilitar una "mayor rendición de cuentas". Este miembro de Civio cuenta a infoLibre que "el principal problema" que tiene España en esta materia es la tardía entrada en vigor de la Ley de Transparencia, algo que genera "un vacío legal", apunta. 

Esta es la causa principal por la que "se depende demasiado de la buena voluntad de los ayuntamientos, que no tienen la obligación de dar esa información". En concreto, Cabo apunta que la experiencia de tuderechoasaber.es ha demostrado que la administración local es la más opaca, ya que el 60% de las preguntas que se le plantean no son respondidas y solo un 13% son respondidas satisfactoriamente. De cualquier modo, asegura que el resto de administraciones no son mucho más transparentes, ya que "la situación es bastante mala en general".

Cabanyal Z es una webserie que surgió como un proyecto colaborativo donde están implicados varios colectivos vecinales del barrio valenciano del Cabanyal. La serie narra el después de un apocalipsis zombi en Valencia, centrándose en la resistencia vecinal en ese barrio. En los fotogramas de los epidosios podemos contemplar una urbe con edificios derruidos y columnas de humo que se se yerguen sobre la ciudad.

El primer capítulo de la serie se estrenó a finales de 2012. Su presupuesto se basa en la colaboración de vecinos y colectivos tanto del barrio del Cabanyal como de otras zonas de la ciudad. El proyecto cuenta de momento con seis truculentos episodios.

En Cabanyal Z participan todos los agentes sociales del barrio. De este modo, en la serie se visibilizan algunos colectivos vecinales que han sido presentados siempre como olvidados: clases desfavorecidas, sin papeles, etnias apartadas, etc…

Cabanyal Z nació como una nueva actividad dinamizadora del barrio. Así, está abierta a la participación de todos los colectivos y personas individuales que quieran adherirse al proyecto. Se puede participar saliendo en la propia serie e incluso aportando ideas a la trama. Los precursores de la serie creyeron que, desde un género popular como es el de zombis, se podía dar una visión de la realidad del barrio. 

FICHA TÉCNICA

¿Cuándo? 2012

¿Quién dirige? Colectivos vecinales del Cabanyal

¿De qué va? La ciudad de Valencia ha sufrido un apocalipsis zombi. Únicamente el barrio del Cabanyal sobrevive a los ataques de los no muertos.