El alquiler se ha convertido en “la trampa de la pobreza”: un 45% de los inquilinos vive en riesgo de exclusión social
La desigualdad es un problema cada día mayor en una España que atraviesa un proceso de disonancia entre los buenos datos macroeconómicos y un pesimismo creciente por parte de la ciudadanía. Tenemos una de las tasas de desigualdad más altas de todo el continente europeo con 4,3 millones de personas en situación de exclusión social severa, de acuerdo con Cáritas. Los factores más claros: la vivienda y el empleo precario. Para los analistas, el precio de los alquileres es "la trampa de la pobreza" en España, ya que su progresión no se detiene y cada vez se lleva un trozo más amplio de los ingresos de las familias.
Al menos así lo afirma el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Este informe ha sido elaborado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector. El estudio refleja un problema estructural en España y, como afirma Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, “España se encuentra en una encrucijada que define no solo su presente, sino el horizonte de posibilidades para las próximas décadas”.
Vivienda inaccesible más precariedad, igual a pobreza
La cuenta es sencilla y sale de carrerilla. Si a un país con un índice de precios de vivienda disparado, le sumas una precariedad laboral que afecta a casi la mitad de la población activa (47,5%), el resultado es una población abocada a la marginalidad, con una tasa pobreza consistente de un 8% aproximadamente.
España, con su modelo de vivienda, promueve la adquisición en propiedad (sobre todo libre) como producto de inversión directa de los hogares. Con un parque de vivienda pública que ha supuesto apenas el 10% del construido en las últimas décadas, se ha provocado una gran dependencia del modelo de propiedad (75,5% de hogares en propiedad en 2021) lo que ha hecho que, a su vez, los precios de los alquileres también aumenten haciendo aún más inaccesible la vivienda, sobre todo para las clases más bajas. “La vivienda en España siempre ha sido un refugio de patrimonio y herencia y al final esto la convierte en un producto de inversión”, explica la abogada y experta en vivienda Alejandra Jacinto.
Los altos precios de los alquileres han supuesto que entre 2015 y 2023, aproximadamente el 45% de la población bajo este régimen se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la cifra más alta de la UE. Este problema se une al de un parque urbano infrautilizado, cuya cifra, según el informe, alcanza los 3,8 millones de viviendas vacías en España, lo que supone un 14,4% del total. Para Jacinto la única manera de abordar el problema es conseguir que se blinde como un derecho la posibilidad de tener un hogar, independientemente de si es en propiedad o de alquiler. “Creo que la clave está en poner el foco en la garantía del derecho y no en el régimen de tenencia, que es lo que no hacen desde las instituciones españolas”, concluye.
Las mujeres y los inmigrantes, los más discriminados
El primer grupo que sufre de esta desigualdad estructural son las mujeres. El secretario general de la Fundación FOESSA y coordinador del informe, Raúl Flores, señaló que las mujeres “asumen una doble e invisible carga: la parcialidad, la precariedad laboral y la brecha salarial fuera de casa, así como el trabajo de cuidados dentro” y que “la falta de corresponsabilidad real es un acelerador directo de la pobreza femenina”.
Según estos datos, los hogares encabezados por mujeres han pasado de una tasa de exclusión del 17% en 2007 al 21% en 2024. Un factor que se agrava más en las familias monoparentales, donde ha pasado del 12% en 2007 al 29% en 2024. De hecho, del total de hogares excluidos en situación grave, casi la mitad están encabezados por mujeres (el 42%, más de 15 puntos porcentuales desde 2007).
Los inmigrantes, por su parte, sufren este problema de manera mucho más radical que las personas autóctonas y la situación administrativa se ha convertido un determinante potenciador de esta situación. Casi la mitad de la población de origen inmigrante se encuentra en exclusión (47,4%). Además, según el informe, el 68% de las personas extracomunitarias en situación irregular sufre exclusión, frente al 43% de quienes tienen permiso.
Esta discriminación étnica se ha duplicado desde 2018, aunque desde la Fundación FOESSA admiten que “no es un problema inherente al origen, sino el resultado de barreras estructurales y políticas fallidas”.
Los jóvenes, una generación condenada al ostracismo
Más allá del cliché de que las generaciones venideras serán las primeras en vivir peor que sus padres, lo cierto es que los grandes perdedores de esta fractura social son los jóvenes. 2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentando tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos que duplican la media española.
La especulación inmobiliaria se cuela por las grietas de la ley: los inversores cambian el alquiler por el 'coliving'
Ver más
El informe refleja que este grupo accede a su primer empleo en peores condiciones y con salarios entre un 15% y un 30% inferiores a las generaciones anteriores. Los menores de edad también son unos de los más damnificados ya que un tercio se encuentra en exclusión severa en España.
Todo esto se traduce no solo en desigualdad material, sino en problemas anímicos y de salud mental que además van de la mano con el auge de la extrema derecha y políticas neoliberales. Problemas, que según Cáritas, “paradójicamente no se está traduciendo en acción colectiva transformadora, sino en un repliegue individualista, en un «sálvese quien pueda» que resulta ineficaz y peligroso”.
El nivel de aislamiento de las personas en exclusión severa se ha quintuplicado, pasando del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024. Pero desde Cáritas junto con la Fundación FOESSA mantienen la esperanza en que la situación cambie: “Necesitamos un cambio radical de paradigma civilizatorio, un nuevo pacto social basado en valores diferentes que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. No somos individuos aislados y autosuficientes. Dependemos los unos de los otros y dependemos de la naturaleza”, concluyó el coordinador del informe.
