El impuesto sobre el patrimonio afecta a una minoría. En el caso gallego, concretamente, a 8.944 personas, según los datos que acaba de publicar la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) que corresponden al año 2023. Se trata de la pequeña parte de la población con un patrimonio superior a 700.000 euros —excluyendo la vivienda habitual hasta 300.000— o cuyos bienes suman, en total, los dos millones.

Ese año, 2023, el patrimonio acumulado por esta parte más rica de la población de Galicia superó los 67.000 millones de euros. En concreto, llegó a los 67.893 millones, lo que supone 8.913 millones más que en 2022, cuando esta minoría estaba compuesta por 8.634 personas, apenas trescientas menos. Este aumento de la riqueza de los más ricos se produjo en plena cruzada de la Xunta para perdonarles impuestos, es decir, en defensa del descuento del 50% en el impuesto sobre el patrimonio que Alfonso Rueda decidió aplicar poco después de llegar a la presidencia, duplicando el 25% que Alberto Núñez Feijóo había comenzado a aplicar el año anterior.

Esta defensa llevó al Gobierno gallego a emprender —y perder— un litigio ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto estatal a las grandes fortunas, creado por el Ministerio de Hacienda con la intención declarada de evitar la carrera de descuentos en el impuesto sobre el patrimonio emprendida por gobiernos autonómicos de derecha como el gallego. Así, a partir de 2023, los populares gallegos articularon una reforma presentada como "temporal" para, ante la imposibilidad de tumbar el impuesto estatal sobre las grandes fortunas, evitar que lo que los ricos no paguen a la Xunta por sus descuentos se lo acabasen pagando al Gobierno de España.

Sin embargo, en 2023, el descuento aplicado por la Xunta seguía siendo sustancioso. Según datos de la AEAT, la bonificación gallega liberó a los ricos de pagar 49,5 millones de euros, pero casi 40 de ellos acabaron pagando el tributo estatal a las grandes fortunas. La factura total ascendió a poco más de 79 millones, mientras que en 2022 el pago por este impuesto había sido de unos 10 millones menos.

Esto es lo que tuvieron que contribuir los ricos gallegos por un patrimonio en el que tiene un especial protagonismo (casi el 90%) el técnicamente denominado "capital mobiliario". En este apartado destacan las participaciones empresariales en compañías que no cotizan en bolsa (44.000 millones), seguidas de las acciones y participaciones en empresas cotizadas (7.000 millones). 

Aunque en menor proporción (casi el 8%), los ricos gallegos también acumulan patrimonio en el sector inmobiliario. Poseen bienes inmuebles por un importe superior de más de 5.000 millones de euros (un 4% más que el año anterior), la mayoría (80%) en zonas urbanas.

Más de 800 millones de euros en seguros y otras rentas, 260 millones en los llamados "bienes suntuarios" (joyas, pieles, coches de lujo, barcos, aviones u obras de arte) o casi 30 millones en monedas virtuales (en 2022 apenas había 2 millones) completan la fortuna de una población rica que, además, es notablemente desigual entre sí. No en vano, solo 723 de esos casi 9.000 ricos acumulan patrimonios que suman más de 52.000 millones. Es decir, el 8% de los ricos controla el 76% del patrimonio de esta población más adinerada. 

España será “un país mejor” con “más transporte público y menos Lamborghinis”. Son palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y han levantado polvareda. Según fuentes del sector, “no llegan a 270” los automóviles de esa firma italiana de lujo que se habrían matriculado en el país en la última década, aunque este año ya son 34. El precio de un Lamborghini puede variar, “en función del modelo y los elementos de confort que se elijan, entre los alrededor de los 230.000 euros, hasta más del millón. Y asegurarlo puede costar entre 4.000 y 5.000 euros anuales”, detallan.

El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explica a infoLibre que sus propietarios “tienen que pagar el impuesto de matriculación en España”, una cantidad que variará “en función de las emisiones oficiales de dióxido de carbono, cuyos modelos superan ampliamente los 200 gramos por kilómetro”, y habrán de hacerlo “aunque se traiga importado, salvo que sea alguien que haya residido en el extranjero al menos un año, traslade su residencia habitual a España y haya utilizado el vehículo durante los seis meses anteriores al cambio". A ello se suma “el impuesto municipal de circulación, que se abona en función de los caballos fiscales y estos modelos sobrepasan los 20”, y por el combustible “el IVA -del 21%- y los impuestos especiales de hidrocarburos”. En cualquier caso, aunque el aporte a Hacienda pueda ser de miles de euros, el total anual no será una cifra muy significativa para las arcas públicas, dado que los que adquieren esos vehículos no llegan ni a cuarenta personas.

De hecho, las fuentes sondeadas del ámbito económico, relacionan el comentario sobre los Lamborghinis con otra afirmación de Sánchez en la inauguración del nuevo curso político: “Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas”. Que podrían traducirse, a la espera de mayor concreción por parte del Ejecutivo, en que no se descartan más medidas tributarias enfocadas a los ricos. De acuerdo al informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Actualización : Septiembre de 2024 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la brecha entre las rentas del trabajo y las del capital crece. El estudio revela que la proporción mundial del ingreso laboral disminuyó en 0,6 puntos porcentuales de 2019 a 2022 y desde entonces se ha mantenido estable, lo que agrava una larga tendencia a la baja. Si la proporción hubiera sido la de 2004, las ganancias de los trabajadores habrían aumentado en 2,4 billones de dólares en 2024.

En España, únicamente 15.186 contribuyentes declararon ingresos del trabajo en el IRPF superiores a los 601.000 euros anuales en 2022, que les permitirían afrontar con cierta holgura los gastos de la adquisición de un Lamborghini medio. Eran el 0,07% del global de declarantes de ese impuesto, aunque están al alza. Y, a la luz del último dato de la serie histórica de la Agencia Tributaria, aquel ejercicio se alcanzó el récord de personas que han amasado más de 30 millones de patrimonio. Superaron las 850, pero sólo 235 aportaron fondos a través del Impuesto de Patrimonio. Para intentar paliar esa diferencia, posible gracias a que, entre otras cuestiones, en algunas comunidades como Madrid se bonificó esa carga fiscal, el Gobierno implantó a finales de aquel ejercicio el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), que grava el patrimonio neto de las personas físicas cuando éste sea superior a los tres millones.

Más allá de ese movimiento y de vuelta a las aseveraciones actuales de Sánchez, ¿tiene margen de maniobra el Ejecutivo para incrementar la recaudación vinculada a los millonarios? Mollinedo cree que sí y expone algunas vías: “Se podría crear un tramo más del impuesto de Solidaridad para que, por ejemplo, a partir de los 30 millones se tribute por encima del 3,5%”, propone. Y en relación a ese mismo gravamen recuerda que “los socios del Gobierno han planteado que tenga carácter permanente, no temporal, para que se siga exigiendo en el futuro”. En ese punto, anota que comunidades gobernadas por el PP como Madrid “han condicionado la aplicación del Impuesto de Patrimonio, que recuperaron tras estimar el Tribunal Constitucional la validez del impuesto de Solidaridad, a que perviva éste”. “Más de la mitad de las fortunas mayores de 6 millones de euros y el 60% de las de más de 30 millones de España residen en Madrid, hablando de patrimonio neto individual”, aporta. Y apostilla: “Son cantidades importantes y no es raro porque normalmente quien tiene un patrimonio tan abultado es porque obtiene grandes rentas y quien las percibe suelen ser los consejeros o los presidentes de las corporaciones que cotizan en bolsa, con domicilio fiscal en esa comunidad, futbolistas o deportistas de elite y personas que detentan presidencias de entidades e históricamente son grandes fortunas”. Dicho de otro modo: “Quienes tienen grandes rentas pueden seguir formando un gran patrimonio”, condensa.

Junto a lo expuesto, el secretario general de Gestha aborda otro camino de actuación: “Las medidas que se están promoviendo a nivel de la OCDE para las mayores fortunas del mundo”. En concreto durante la Presidencia de turno brasileña del G20 se ha recogido el guante lanzado por el Observatorio fiscal de la Unión Europea (UE) para crear un impuesto mínimo a los multimillonarios, la iniciativa conocida como Tax The Rich, equivalente al 2% de su riqueza. Esto permitiría meter en las arcas públicas “entre 200 y 250 mil millones de dólares por año a nivel mundial de unos 3.000 contribuyentes” y, si se extendiera la carga a los centimillonarios, “agregaría entre 100 y 140 mil millones de dólares". Gestha, que respalda el establecimiento del gravamen, ha calculado que en España recaudaría sobre 27 grandes fortunas por encima de los 1.000 millones de euros.

Sin abandonar la órbita de la OCDE, Mollinedo señala que, en paralelo al debate sobre ese impuesto, lo que sí entra en vigor en el país este año es “el acuerdo para exigir una tributación mínima para las multinacionales ligada al resultado contable”. Aquí también ve espacio de mejoría, dado que “España exige el 3,5%, pero sobre la base liquidable, donde no están los patrimonios exentos, que son aproximadamente la mitad del total”. ¿Cuáles no están? “Los bienes de patrimonio histórico artístico, cuando contribuyentes como los miembros de la Casa de Alba tienen una fortuna mil millonaria en palacios y elementos artísticos, y los activos del negocio, en el caso de autónomos o profesionales”, lo que alcanzaría “al paquete de acciones de los principales accionistas de un banco, como Ana Patricia Botín, o los presidentes de cualquier otra gran empresa”. Para terminar, aclara que “el impuesto del 2% a nivel global sí incluiría a esos patrimonios exentos, descontadas las deudas y gravámenes que pesen sobre esos bienes”, aclara.

Para Juan Gimeno, ex rector de la UNED, coordinador general de la Plataforma por la Justicia Fiscal y miembro de Economistas Frente a la Crisis, “es evidente que un impuesto para los mil millonarios no afectará a los Lamborghinis, porque quienes tengan que pagarlo seguirán pudiendo comprarse varios, o Mercedes, o lo que quieran”, lanza. A su entender, la comparación del presidente del Gobierno, “sólo tiene sentido si se van a fortalecer las políticas que se han venido haciendo durante los últimos años de subvencionar el transporte público, limitar la circulación de vehículos privados o similares, lo que además es muy positivo desde la perspectiva de la reversión de emisiones de CO2”, sostiene. “Aunque ahí -enlaza- el Gobierno estatal no tiene todas las competencias, siempre se pueden favorecer”.

Es más, manifiesta que “una de las ideas que dan fuerza a la propuesta del impuesto a los ultra ricos”, que respalda y sigue de cerca, “es que no va a variar para nada su régimen de vida, es decir, que el coste marginal para ese grupo es mínimo pagando esa tasa”. Gimeno confía en que la medida no acabe en un callejón sin salida, aunque es consciente de que, pese a existir “un aparente consenso internacional, los mil millonarios tienen un poder de influencia tan brutal, que hace difícil que al final los gobiernos se atrevan”, reconoce. Con todo, espera que éstos “pierdan el miedo”. “Para los ultra ricos, el impuesto que se propone no altera ni su consumo ni su poder ni su nivel de vida, lo que pasa es que la ambición no tiene límites”, remata.       

Nadie habría apostado a que Giorgia Meloni se atrevería a introducir una medida tan alejada de sus referencias políticas. A principios de agosto, la presidenta del Consejo italiano anunció su intención de gravar –un poco– a los ricos. En un momento en que Italia, al igual que Francia, está sometida a un procedimiento europeo por déficit excesivo, el gobierno, en el marco de su próximo presupuesto, propone duplicar el impuesto fijado sobre las rentas extranjeras de las personas adineradas que vayan a vivir al país: de 100.000 euros, pasará a 200.000 euros, sea cual sea el nivel de riqueza.

La medida es bastante simbólica, pero representa un giro de 180 grados, al igual que la retórica política que la ha acompañado. Si hasta ahora Italia se había declarado hostil a cualquier imposición sobre las personas más ricas, el ministro italiano de Economía, Giancarlo Giorgetti, admitió que era muy difícil de evaluar el impacto de esa medida, introducida en 2017 y destinada a atraer a las grandes fortunas.  Se mostró además contrario a cualquier política fiscal que favorezca a los más ricos: “Rechazamos la competencia fiscal, porque países como Italia, que tienen un margen de maniobra presupuestario limitado, solo pueden perder”, reconoció en rueda de prensa.

En el otro extremo del espectro político, el nuevo gobierno laborista británico se plantea seguir el mismo camino. Nada más ser nombrado, el primer ministro, Keir Starmer, puso en marcha una auditoría de las cuentas públicas. Los resultados fueron desastrosos: el gobierno de Rishi Sunak, considerado por definición un buen gestor por ser de derechas, dejó un agujero de 22.000 millones de libras (25.800 millones de euros). La ministra de Economía, Rachel Reeves, no ocultó sus intenciones: esta vez, el Gobierno no sólo iba a hacer recortes en los presupuestos sociales y en los hogares, sino también en las grandes fortunas. Con ello, prometía poner fin a la política de cuarenta años de favorecer a los más ricos.

La reacción ha sido inmediata y todos los interesados se apuntan ya a la competencia fiscal: Singapur, Dubai y Abu Dhabi, convertidos en los nuevos paraísos fiscales de los multimillonarios –y ahora en los centros mundiales del dinero negro– están encantados de acoger a los ricos y así lo hacen saber.

Muchos auguran ya una huida desbocada de capitales de Gran Bretaña, el descontento de los inversores con la City y el hundimiento del mercado inmobiliario londinense.

En Estados Unidos reaparece la misma amenaza tras la presentación del programa económico de Kamala Harris. Retomando un plan presentado por Joe Biden, la candidata presidencial demócrata ha prometido intensificar la lucha contra la evasión y la elusión fiscales y aumentar los  impuestos a los más ricos.

La perspectiva de tener que pagar algún día más impuestos que sus secretarias, como señaló el multimillonario Warren Buffet hace más de una década, hace temblar a muchos multimillonarios. Aunque algunos de ellos lanzaron en Davos el movimiento "Tax us", no son muchos los que están dispuestos a contribuir al gasto público. Entre bastidores, grandes fortunas, financieros de Wall Street y asesores de todo tipo que llevan décadas trabajando en la evasión fiscal y la gestión discreta de las grandes fortunas empiezan a movilizarse para cortar de raíz la idea.

Pero esta vez podrían fracasar. Las colosales deudas acumuladas en todo el mundo, los crecientes déficits presupuestarios y las gigantescas inversiones necesarias para llevar a cabo la transición ecológica obligan a los gobiernos a tomar medidas que no pueden apoyarse únicamente en las clases medias, cada día más pobres.

Según un estudio de la Tax Justice Network, publicado el domingo 18 de agosto, un impuesto global sobre la riqueza de los ricos, inspirado en el impuesto de solidaridad sobre el patrimonio introducido por el gobierno socialista español, podría recaudar dos billones de dólares (1,8 billones de euros). Los gobiernos difícilmente pueden descartar una medida semejante sin estudiarla, en un momento de desafíos financieros y climáticos, aunque el rendimiento sea mucho más limitado que las sumas presentadas por el estudio.

Además, la acumulación sin precedentes de riqueza en unas pocas manos y la ampliación histórica de las desigualdades han alcanzado tales proporciones que constituyen ya una amenaza que va mucho más allá de la injusticia fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es un riesgo para la estabilidad financiera y un peligro democrático que los gobiernos no pueden seguir ignorando.

Año tras año, ONG como Oxfam, Transparency International y otras revelan las cifras cada vez más asombrosas de la acumulación de riqueza por parte de los más ricos. Desde la crisis financiera de 2008, ha sido una auténtica explosión: la comunidad financiera y los ricos han acaparado más del 90% de las políticas monetarias ultra acomodaticias utilizadas para rescatar el sistema financiero y económico mundial.

Los bancos centrales que alimentaron el fenómeno no pueden eximirse de sus responsabilidades invocando su independencia y neutralidad. Miles y miles de millones de dólares offshore, no taxados, vagan ahora por la esfera financiera, moviéndose a la velocidad de la luz en busca de las ganancias más fáciles, a riesgo de provocar una catástrofe.

El último temblor, el 5 de agosto en la Bolsa de Tokio, ilustra perfectamente las amenazas que se ciernen sobre la estabilidad financiera de todo el sistema: el movimiento de cientos de miles de millones de dólares fuera de los mercados japoneses en el espacio de unas horas –porque el Banco de Japón había osado subir los tipos de interés un 0,25%– estuvo a punto de desencadenar un pánico general y provocar un auténtico terremoto, si no se hubiera frenado a tiempo. Gravar ese capital para recuperar su control es una necesidad y corresponde a los bancos centrales decirlo y tomar medidas para hacerlo posible.

Pero más allá de eso, estas acumulaciones sin precedentes de riqueza en pocas manos, fuente de inestabilidades socioeconómicas, son una amenaza creciente para la democracia.

Las cifras de los individuos más ricos del mundo ya están dando que hablar. Sólo los diez mayores multimillonarios –encabezados por Elon Musk (Tesla, SpaceX), Jeff Bezos (Amazon) y Bernard Arnault (LVMH)– suman una riqueza conjunta de 1,6 billones de dólares, equivalente al PIB de España, según la última clasificación de Bloomberg.

Cada año son más ricos y poderosos. Al ritmo al que crecen sus fortunas (+20% de media), algunos apuestan a que las fortunas de ciertos multimillonarios, principalmente del sector digital, podrían alcanzar el billón de dólares en una década, lo que les llevaría a superar a muchos países ricos del mundo.

Sin esperar, esos multimillonarios ya están dejando sentir su influencia en las decisiones gubernamentales. Aunque Elon Musk está muy por delante de los demás, los otros no se privan de hacer sentir su poder, y van mucho más allá de los juegos de influencia de los grupos de presión. Tanto es así que el senador Bernie Sanders expresó recientemente su preocupación por que la democracia esté dando paso a la oligarquía.

Este temor es cada vez más compartido. Asociaciones de Suiza han lanzado un debate sobre la creación de un impuesto federal de sucesiones: por encima de 50 millones de francos suizos (52,5 millones de euros), el Estado deduciría la mitad de la fortuna. La propuesta debe someterse a referéndum. El Gobierno ha indicado que se opone a la propuesta, que amenaza su reputación de paraíso para los ricos. Pero la cuestión dista mucho de estar zanjada, dada la exasperación de la opinión pública ante las prebendas concedidas a los poderosos.

El debate se ha globalizado. En la última reunión del G20 en Río (Brasil), los ministros de Economía dieron su apoyo al estudio del principio de un impuesto global sobre las mayores fortunas del mundo.

Invitado por el presidente brasileño Lula a asesorar al G20 sobre esta cuestión, el economista Gabriel Zucman elaboró un informe detonante: según sus cálculos, los multimillonarios, aprovechando todas las lagunas legales y los fallos de los sistemas fiscales, pagan una media del 0,3% de impuestos sobre su fortuna. Gravar la riqueza de las 3.000 personas más ricas con sólo un 2% cada año reportaría entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales.

Mientras gana terreno en muchos países la idea de gravar a los más ricos en nombre de la igualdad fiscal y la equidad democrática y social, sólo un país parece negarse a debatir la cuestión y resistirse a cualquier cambio: Francia.

En mayo, durante la reunión del G20 en Río de Janeiro, Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas ahora en funciones, no fue el último en subir al estrado y presentarse como ferviente partidario de gravar a los ricos. Debió ser sólo para ser el centro de atención por poco tiempo, porque a su regreso él mismo descartó cualquier revisión del sistema fiscal, especialmente para los más ricos, aunque fuera temporal, incluso para hacer frente al deterioro de las cuentas públicas.

A pesar de su fracaso en las elecciones legislativas, la posición del gobierno francés dimisionario, como la de Emmanuel Macron, no ha cambiado. Desde confidencias hasta pequeñas frases susurradas al oído de sus invitados a cenar, el presidente hace saber que está fuera de toda duda cambiar su política, a pesar de haber sido desautorizado en las urnas, o modificar los grandes ejes presupuestarios fijados desde que llegó al poder. Y acogió con indisimulada satisfacción el "pacto legislativo" de la derecha, rechazando categóricamente cualquier aumento de la fiscalidad o del impuesto sobre el patrimonio (ISF).

Según explican la derecha y los macronistas, retocar el ISF, revisar el “impuesto único” sobre las rentas del capital, incluso modificar ligeramente la escala del impuesto sobre la renta, destruiría irremediablemente el atractivo de Francia, ahuyentaría a los inversores y a los capitales, y provocaría un nuevo éxodo de las grandes fortunas.

Esos argumentos, usados hasta la saciedad, nunca se han podido concretizar. En sus distintos informes, France Stratégie, aunque no muy iconoclasta, ha dicho que era incapaz de medir los efectos beneficiosos de la supresión del impuesto sobre el patrimonio sobre el atractivo de Francia. Tampoco ha podido cifrar cuántos exiliados fiscales han regresado a Francia tras la supresión de los distintos impuestos sobre el capital, presentados como “confiscatorios”. En cuanto a las inversiones extranjeras, se trata principalmente de inversiones financieras que se van tan rápidamente como llegaron a la primera de cambio, como lo demuestra la multitud de quiebras de empresas en la actualidad, abandonadas de la noche a la mañana por sus accionistas.

Las consecuencias de esta política también son bien conocidas: una reducción sin precedentes de los ingresos públicos que conduce a déficits importantes, políticas de austeridad que se traducen en la destrucción de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, y de las conquistas sociales.

Incluso derrotado, Macron está más decidido que nunca a hacer frente a esta competencia fiscal internacional. Aunque sea suicida, aunque otros países, dándose cuenta de sus errores pasados, estén en proceso de cuestionar sus dogmas, para él su opción es la ganadora: Francia tiene 827.000 millonarios, según un estudio de Capgemini. Ocupa el quinto puesto mundial en número de multimillonarios.

Mientras, el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído un 3% entre 2022 y 2023 y Francia tiene más de 9 millones de hogares por debajo del umbral de la pobreza, su nivel más alto desde los años setenta.

Traducción de Miguel López

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "tremendo escándalo" la financiación singular que se plantea para Cataluña y ha proclamado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "tomando el pelo a todos". Lo ha hecho mientras daba un paso más en una de las singularidades que caracterizan a la Comunidad de Madrid: el uso de sus competencias en materia fiscal para reducir los tipos efectivos de figuras tributarias en las que tiene capacidad normativa, que gravan la renta y la riqueza de sus contribuyentes. En concreto el Consejo de Gobierno que comanda Ayuso ha dado vía libre al proyecto de ley que regulará una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones extranjeras. La rebaja será del 20% de la aportación realizada en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras. Para acogerse a ella se tendrá que mantener la inversión y la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años, presentar la declaración en ella, no haber sido residente en España durante los cinco años anteriores al cambio de ubicación ni invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales. De acuerdo a lo reflejado en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo ligada a la norma, los beneficiarios serán un máximo de 30.000 contribuyentes, que podrían aplicarse una deducción estimada de 60 millones de euros. 

Aunque la autonomía tributaria es la misma para todas las comunidades, excepto País Vasco y Navarra por su Régimen foral, los gobiernos regionales han hecho un ejercicio muy distinto de ella. Los del PP han optado desde hace casi tres décadas por convertir a Madrid en el epicentro del llamado dumping fiscal, la práctica por la que un territorio ofrece beneficios mediante bonificaciones o deducciones de impuestos a personas y a empresas. Destacan las modificaciones introducidas en los tributos estatales cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a lo que hay que añadir que han renunciado a tener tributación propia. El propio Gobierno madrileño cifra en casi 11.000 millones lo dejado de ingresar entre 2004 y 2023, sólo por las sucesivas podas al IRPF. Esa senda de recortes fiscales podría restar a Madrid ya en este ejercicio presupuestario 453 millones en su recaudación, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

En la última actualización del informe Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), se refleja que, “si se cuantifican los gastos fiscales que representan” las rebajas de impuestos, “Madrid deja de ingresar más de 4.400 millones de euros anuales, unos 677 euros menos por madrileño”. Más de la mitad de esos beneficios fiscales, 2.973 millones, se asociaban en 2021 a Sucesiones y Donaciones; 905 a Patrimonio; y 603 al IRPF. La merma en lo recaudado equivale, a la luz de ese estudio, al 20% de los ingresos de la comunidad madrileña. O, “lo que es lo mismo, sin esas rebajas los ingresos tributarios hubieran aumentado un 26%”, se indica en el trabajo consultado por infoLibre. Con esa entrada de fondos, Madrid “podría situarse nítidamente por encima de la media de ingresos por habitante, abandonando la última posición que ocupaba en 2018”, se anota luego.

Puede pensarse que la causa de esos menores ingresos públicos per cápita es que el sistema de financiación autonómica global destina a Madrid poco dinero, pero no es así. A este territorio se inyecta una financiación estatal por habitante ajustado ligeramente superior a la media. De hecho, en seis años de Gobierno de Sánchez, la comunidad ha recibido un 50,1% más de recursos que en los últimos seis años de ejecutivos de Mariano Rajoy, 36.221 millones más. En esa cuantía están incluidos fondos excepcionales ligados al covid, pero, igualmente, descontados éstos, en seis años, 2019-2024, la región logró del sistema de financiación 29.317 millones más que en los seis años de Rajoy. Esto supone un 40,5% más de recursos con ese destino.

Por tanto, la razón por la que los ingresos totales son menores es el ejercicio a la baja de las competencias normativas en impuestos que gravan la renta y el patrimonio, según comparten varios expertos consultados. Unos beneficios fiscales que se concentran en contribuyentes de mayor renta y riqueza. En ese sentido, en el informe del Ivie consta que “los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros son el 8% del total, pero se benefician del 41% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF” y aglutinarían “gran parte de los 4.453 millones de euros de beneficios fiscales” de las bonificaciones de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, “incentivando su cambio de domicilio fiscal”. Es más, aunque no sólo sea atribuible a las políticas fiscales del PP, entre 2009 y 2018, éstas han coincidido con un alza de cerca de 100.000 contribuyentes domiciliados en Madrid. A ello habría contribuido otro factor: el llamado efecto capitalidad, una ventaja que propicia la aglomeración de centros de decisión públicos y privados en el mismo territorio y que repercute en la densidad de rentas y patrimonios. En definitiva, las bases imposibles que atrae Madrid por los motivos expuesto, tienen efectos sobre el resto de comunidades con las que compite fiscalmente, ya que reducen los ingresos de éstas.

Para el portavoz de Presupuestos y Hacienda del Grupo Socialista en la Asamblea madrileña, Fernando Fernández-Lara: “Estamos ante una ilusión fiscal, se ilusiona a la gente con bajadas de impuestos que no le llegan. El PP presume de que unos 73.000 millones están en los bolsillos de los ciudadanos, pero no es así”, defiende. Y apostilla: “Hay bolsillos grandes y pequeños. Más de 62.500 de esos millones se los ahorran poco más de 140.000 madrileños, de los más de 3,6 millones de contribuyentes que hay en la región. Es decir, el 4% de éstos se lleva casi el 76,5% de todas las rebajas fiscales que dice Ayuso que hace”, aporta. Quiere dejar constancia de que “el ahorro para la gente trabajadora es de entre 11 y 30 euros al año, cuando el de las rentas altas es mucho más, por lo que se beneficia a los mismos de siempre”, afea. 

¿A qué lleva esto? “En el último ejercicio se dejaron de ingresar más de 6.200 millones, con los que se podían haber hecho políticas de vivienda, mejorar la sanidad o cualquier otro tipo de servicio público”, denuncia. Y hay más. “Los gastos están superando a los ingresos y esto nos está llevando al mayor déficit que he conocido desde que entré como diputado en 2019: 2.108 millones al cierre del ejercicio 2023”. “Esto significa”, a juicio de Fernández-Lara, “que no ingresamos lo suficiente para gastar y estamos costeando los servicios públicos con déficit en la comunidad donde se saca pecho por tantas cosas”. 

Por último, hay otra cuestión que “preocupa” al portavoz socialista: el débito y sus intereses. “El PP dice que tenemos la menor deuda del país, pero no cuenta la que está oculta como los 1.300 millones del Metro de Madrid o los más de 1.200 millones que se deben a los operadores de la sanidad privada. Si esto estuviera contabilizado, la deuda sería mucho mayor. Y un dato empieza a asustarnos: sólo en 2023, ha aumentado más de 2.700 millones, pasando de 34.300 a 37.000 millones”, afirma. Junto a ello, Madrid es el territorio, agrega, “que más intereses paga por la deuda, al pasar de 767 millones en 2022 a 1.260 en 2023, esto es, 399 millones más”. Todo porque “se ha acudido sólo a los mercados, por el empecinamiento en no querer recurrir a otros productos financieros que tienen un tipo de interés menor como el FLA -Fondo de Liquidez Autonómico-”. “Claro que hay cosas que funcionan bien en Madrid, pero otras no y se tapan, son las vergüenzas, mientras los principales problemas que tiene la sociedad siguen sin resolverse”, concluye.

De su lado, Eduardo Gutiérrez, coportavoz de Hacienda de Más Madrid, confirma que “las políticas fiscales” de Ayuso “generan un efecto succión de rentas". "La gente con grandes fortunas suele tener varias residencias y poner su sede fiscal en Madrid, para en cuestiones como las herencias, beneficiarse. Un caso paradigmático es el de la Duquesa de Alba, cuyos herederos se ahorraron algunos centenares de millones”, señala.

Comparte que gracias al dumping fiscal se “roban bases fiscales al resto de las comunidades”. En relación con esto, explica que Más Madrid apuesta por “poner un suelo tanto en el impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, para que por debajo de ese nivel homogéneo en toda España, no quepa la autonomía fiscal y tributaria autonómica”. Abogan por “poner un límite por abajo a las rebajas fiscales", en especial "en los impuestos que gravan aspectos de riqueza”. Entienden que “los primeros perjudicados de las rebajas fiscales son los madrileños, al disponerse de menos recursos para servicios públicos esenciales como sanidad, educación, vivienda, políticas sociales…”; y, “secundariamente, el resto de comunidades, que ven como se fugan de sus bases tributarias los contribuyentes de mayor nivel de renta y de riqueza”, incide.

Gutiérrez califica de “falsario” el “discurso que hace el PP” de que sus iniciativas fiscales “benefician a todos”. “La realidad es que los únicos agraciados son las grandes fortunas y rentas”. Según los datos que maneja su formación, “las rebajas fiscales en Madrid suponen aproximadamente entre 6.000 a 7.000 millones al año, o eso está presupuestado, y tres cuartas partes de ellos se concentran en rebajas en Patrimonio y en Sucesiones, de forma que aproximadamente un 5% de los madrileños se llevan la cabeza del león”, resume. “Pero ellos -engarza, en alusión a los populares- venden rebajitas fiscales para todos de 100 o 200 euros, que esconden millonarias rebajas para 3.000 o 4.000 familias muy adineradas, algunas originarias de Valencia, Galicia… y que ponen uno de sus domicilios en este paraíso fiscal que es Madrid”. 

Reconoce, asimismo, que la capitalidad “supone un efecto atracción de todas las sedes sociales de las grandes corporaciones multinacionales y nacionales por estar cerca del poder, por el lobby -actuar para intentar influir en los políticos-; así como de altos funcionarios y ejecutivos, con retribuciones por encima de 100.000 euros anuales, que salen beneficiados por las rebajas fiscales y pagan menos de lo que abonarían en otros puntos del país como Barcelona”. Si bien, "vuelven a ser un grupo reducido de madrileños los que salen ganando", mientras se "perjudica" al grueso "por la singularidad financiera y fiscal y el efecto capitalidad de Madrid”, recalca.

Con todo, asevera que, “como ha admitido la propia Ayuso”, el modelo “empieza a agotarse", ya que "se les acaban los márgenes para seguir bajando impuestos", pese a que se plasme en los programas electorales. "Ese unicornio mágico de que haciéndolo se recauda más es eso, un unicornio. Sabemos todos que no ocurre, por mucho que lo repitan”, finaliza el coportavoz de Hacienda de Más Madrid.

El juego del gato y el ratón al que se aplican con entusiasmo los evasores fiscales y las autoridades de todo el mundo es una partida interminable. También muy creativa. Pese a los esfuerzos de muchos gobiernos para tapar los agujeros por donde se les escapan los contribuyentes menos inclinados a pagar impuestos, la maquinaria de huida siempre encuentra cómo seguir funcionando. Pero no siempre es necesario recurrir a mecanismos ilegales. Porque los propios gobiernos crean esquemas que facilitan a grandes contribuyentes considerables ahorros en sus facturas fiscales, en principio con el objetivo de aumentar el atractivo económico de su país, acogiendo a trabajadores cualificados, ejecutivos o artistas, por ejemplo, y mejorar así su base imponible captando a contribuyentes ricos de otras naciones.

Es lo que ocurre con los llamados regímenes preferenciales, que se han convertido en una de las nuevas formas de competencia fiscal entre los países para atraer a grandes contribuyentes, junto con los subsidios para productores de energías verdes, según el diagnóstico del Observatorio Fiscal de la UE, una institución cofinanciada por la Unión Europea y alojada en la Paris School of Economics. El informe sobre la Evasión fiscal global de 2024, que firman Annette Alstadsæter, Sarah Godar, Panayiotis Nicolaides y Gabriel Zucman, detalla la evolución de estos regímenes, que han ganado protagonismo con los años.

De hecho, en 1995 sólo existían cinco en la Unión Europea y el Reino Unido, pero en 2023 ya eran 30. El español, el Régimen Fiscal Especial para Impatriados, conocido como Ley Beckham, permite a los extranjeros que se trasladan a España por motivos laborales tributar como no residentes durante un periodo de seis años; es decir, a un tipo del 24% hasta un máximo de 600.000 euros, y del 47% a partir de esos ingresos anuales. En enero del año pasado, se flexibilizó aún más el régimen, reduciendo de 10 a cinco años la residencia mínima en España, y ampliándolo a los profesionales altamente cualificados contratados por empresas emergentes o que lleven a cabo actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación, incluyendo los llamados nómadas digitales y los administradores societarios.

Existen tres tipos de regímenes preferenciales: los que ofrecen una fiscalidad especial para los ingresos obtenidos en el extranjero diferente a los tipos impuestos a los que se generen en el país, los que están destinados a determinados grupos de profesionales o actividades, como científicos, artistas y deportistas, y los que ofrecen condiciones fiscales ventajosas para los pensionistas. En total, según el estudio del Observatorio fiscal de la UE, en Europa –incluyendo al Reino Unido– 262.999 personas se benefician de estos esquemas, unos 30.000 más que en 2021. En conjunto los descuentos fiscales que consiguen estos contribuyentes hacen perder a las Haciendas europeas un total de 7.467 millones de euros. De media, cada uno de los beneficiados se ahorra en impuestos 34.300 euros al año.

Para hacerse una idea cabal del volumen de recaudación al que se renuncia, el informe lo compara con el presupuesto anual del programa Erasmus, 3.300 millones de euros o los 9.800 millones que costó el acuerdo del Brexit con el Reino Unido en 2023. Esos 34.300 euros anuales equivalen a tres salarios mínimos franceses –16.214 euros al año, superior a los 15.876 euros del español tras su reciente subida–.

Al régimen de impatriados español se acogieron en 2020, último año del que ha obtenido datos el Observatorio Fiscal de la UE, 9.852 expatriados, a los que Hacienda les ha perdona unos 134 millones de euros anuales. Se trata de una estimación realizada por los investigadores de la institución, puesto que el Gobierno no les ha facilitado sus números. Es decir, cada extranjero obtiene de media un beneficio fiscal de 13.601 euros anuales. Y eso es el cuádruple de la cantidad que paga a Hacienda cada año de media un contribuyente español.

El Observatorio también clasifica los distintos regímenes preferenciales según el perjuicio que ocasionan a sus respectivas haciendas nacionales. España se sitúa exactamente en la mitad de ese ranking. Los más onerosos para las arcas públicas son los de Grecia e Italia –ambos para contribuyentes por encima del medio millón de euros–, seguido del suizo –por encima de 900.000 euros– y del chipriota. Los que más beneficiarios tienen son los de Reino Unido –44.400–, Países Bajos –92.048– y Portugal –27.367–. Y los que más dinero cuestan a sus respectivas Haciendas son el británico, con una pérdida de recaudación de 3.200 millones de euros; el holandés, que se deja unos ingresos de 1.100 millones; y el portugués, con 893 millones de euros menos. Sin embargo, los más generosos per cápita resultan ser el de Grecia –156.896 euros de ahorro fiscal por contribuyente extranjero–, Italia –128.266 euros–, Suiza –72.000 euros– y Reino Unido –69.264–.

No sólo en España el ahorro fiscal para estos contribuyentes privilegiados es un agravio frente a los impuestos que paga el contribuyente medio. En Grecia, el descuento obtenido por un extranjero acogido a su régimen especial equivale a 134 veces la factura fiscal abonada de media por un ciudadano nacional; en Italia, es 30 veces superior y en Portugal, 19 veces. Incluso en Suiza la brecha es considerable: 13,5 superior.

Además, destaca el Observatorio Fiscal de la UE, estos esquemas son regresivos. En ciertos casos permiten a los extranjeros pagar una cantidad fija –el italiano, por ejemplo: 100.000 euros al año y 25.000 por cada hijo– por los ingresos obtenidos fuera del país, mientras tributan con el tipo ordinario por sus ingresos nacionales. O bien el tipo al que tributan es menor que el aplicado a los contribuyentes locales, como en Finlandia, donde los extranjeros pagan un 32% y los finlandeses el 37% o más. Los científicos extranjeros en Italia se ahorran el 90% de sus impuestos por la actividad que desarrollen mientras residan en el país. En Portugal, los pensionistas extranjeros empezaron no pagando impuestos cuando en 2009 empezó a aplicarse el régimen especial, se elevó hasta el 10% en 2020 y se anunció su supresión en octubre de 2023, tras años de polémica. Entre otros motivos, se culpa al Programa para Residentes no Habituales (RNH) de la subida del precio de las viviendas.

En efecto, no se trata sólo de la pérdida de recaudación, estos regímenes preferenciales tienen otros problemas añadidos: también facilitan el fraude –algunos permiten tributar menos a los extranjeros aunque no tengan un contrato o un negocio en el país– o, si están ligados a programas de visas oro –ciudadanía a cambio de la compra de una vivienda o una inversión– pueden suponer un problema de seguridad o disparar los precios de los inmuebles. Viviendas que, a su vez, pueden utilizarse para el blanqueo de capitales o eludir sanciones internacionales.

No obstante, parece improbable que estos regímenes decaigan en popularidad. Al menos es lo que augura el Observatorio Fiscal de la UE. El auge de los nómadas digitales es uno de los motivos. Cada vez son más quienes teletrabajan, por lo que aumenta igualmente el número de quienes pueden hacerlo desde el extranjero. “Así, para los residentes no domiciliados, crece el atractivo de los regímenes fiscales que les permiten no pagar impuestos en su nuevo país de residencia por los ingresos que obtienen en el extranjero. Además, los gobiernos se verán tentados a ofrecer regímenes fiscales preferenciales como complemento de los incentivos en el impuesto de sociedades”, advierte el informe.

Las comunidades autónomas han hecho caso omiso a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y no han resistido la tentación de aprovechar los ingresos récord que recibirán este año del sistema de financiación autonómica –las entregas a cuenta– para confeccionar presupuestos expansivos, con mayor gasto social que nunca, y al mismo tiempo anunciar nuevas rebajas de impuestos en 2024.

Este ejercicio el sistema de financiación autonómica va a repartir un total de 154.467 millones de euros, casi un 15% más que en 2023. De esa cantidad, 134.658 millones corresponden a las llamadas “entregas a cuenta”, que proceden de la recaudación del tramo autonómico del IRPF, así como del IVA y los Impuestos Especiales, y que son un adelanto que hace Hacienda sobre lo que calcula que ingresará por esos tres conceptos. La liquidación de las entregas, que crecen este ejercicio un 8,3%, se lleva a cabo con dos años de decalaje, por lo que en 2024 las comunidades recibirán los ingresos correspondientes a 2022, también enormes: 20.746 millones de euros, . En 2023 ya se repartieron un volumen “histórico” –dijo Hacienda– de dinero, un 11% más que el año precedente.

Esas transferencias se han disparado gracias al inusitado aumento de la recaudación fiscal, fruto a su vez de la recuperación económica y el crecimiento del empleo tras la pandemia, y de la inflación. Son esos impuestos con los que el Gobierno se está “forrando”, en palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, luego repetidas por el resto de los dirigentes del partido.

Pero la AIReF y su presidenta, Cristina Herrero, no han dejado de advertir a lo largo de 2023 de que el histórico aumento de recursos es sólo temporal y, por tanto, las comunidades autónomas no deberían aprobar aumentos de gasto o recortes de ingresos “estructurales”. Es decir, permanentes. Porque a partir de 2025 “el flujo de recursos del sistema de financiación se normalizará” y se pondrá en riesgo el objetivo de déficit.

Sin embargo, las comunidades han tirado la casa por la ventana y presentado presupuestos con volúmenes igualmente “históricos” de gasto social, presumiendo de cifras récord en sanidad y educación, al mismo tiempo que anuncian rebajas fiscales en cascada. Cuadrando el círculo –de más gasto y menos ingreso– gracias a los millones procedentes de los impuestos que recauda el Estado.

Según los cálculos de la AIReF, sólo por los recortes en el IRPF adoptados o previstos hasta octubre de 2023, las comunidades autónomas van a dejar de recaudar 2.800 millones de euros este año. Entre 2023 y 2028, la Comunidad de Madrid será la que más recaudación pierda en cifras absolutas, casi 1.000 millones de euros, un 0,3% de su PIB. Pero porcentualmente, la pérdida de Cantabria será aún mayor, un 0,5% de su PIB. La Rioja y la Comunitat Valenciana también se dejarán un 0,3% del PIB por las rebajas fiscales. El resto, entre el 0,1% y el 0,2%.

No todos los recortes de impuestos son iguales. Uno de los más publicitados es la deflactación del IRPF, ajustar los tramos del impuesto a la inflación para evitar que una subida de salario, al suponer un salto al siguiente tramo, implique una mayor tributación cuando el alza de los precios no le ha supuesto al contribuyente un aumento de su poder adquisitivo real. El PP lo ha pedido insistentemente para las rentas inferiores a 40.000 euros, pero su propuesta fue rechazada en dos ocasiones por el Congreso. También formaba parte de su programa para las elecciones del 23 de julio. Y lo ha aplicado en algunas de las comunidades autónomas donde gobierna.

El año pasado deflactaron el tramo autonómico del IRPF Madrid, Andalucía, Galicia, Comunitat Valenciana, Murcia, Canarias y País Vasco. Pero en 2024 cuatro de ellas, todas gobernadas por el PP, han renunciado a prorrogar la medida: Andalucía, Galicia, Comunitat Valenciana y Murcia.

El presupuesto de la Junta de Andalucía para este ejercicio alcanza los 46.753 millones de euros, un 2,5% por encima de 2023, de los cuales, tal y como ha proclamado el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, el 62% se destinará a gasto social. Al tiempo, prevé rebajas fiscales por un importe de 900 millones de euros que este año no incluyen la deflactación del IRPF que sí aplicó en 2023. Entonces el ajuste fue del 4,3% en los tres primeros tramos del impuesto sobre la renta, donde están incluidos los contribuyentes con ingresos inferiores a los 40.000 euros anuales. La previsión de la Junta era que se produjera una pérdida de recaudación de unos 360 millones de euros.

Este año, en cambio, el Gobierno andaluz dice estar aún “monitorizando cómo han afectado” las bajadas aprobadas en 2023 para saber qué impuestos debe “ir retocando”, según explicó la consejera de Economía, Carolina España, al presentar los presupuestos. Andalucía recibirá este año del Estado un total de 28.160,5 millones de euros, un 14,46% más que en 2023, entre las entregas a cuenta y la liquidación de 2022.

“Es llamativo que no haya deflactado el IRPF este año”, admite Diego Martínez López, catedrático de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, “porque la Junta de Andalucía deflactó el tramo autonómico basándose en el coste salarial que mide el Instituto Nacional de Estadística, no en el IPC, y resulta que ahora el coste salarial es más alto que entonces; en realidad, ahora tiene más motivos que antes para hacerlo”.

En efecto, en 2024 se dejarán sentir las subidas salariales acordadas en los convenios el año pasado. Según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral, publicada el pasado diciembre, en el tercer trimestre de 2023 el coste laboral –salario más cotizaciones sociales– creció un 5% respecto al mismo periodo del año anterior, y un 4,2% el coste salarial. En el tercer trimestre de 2022, el aumento del coste salarial respecto a 2021 fue inferior, el 4,1%. El avance también se refleja en los convenios colectivos firmados en 2024, que establecen una subida media del 4,14%, por encima del 3,49% que resulta de incluir en la muestra los convenios suscritos en años anteriores pero vigentes en el actual.

Diego Martínez cree que la deflactación no se hizo bien “técnicamente”, al escoger como parámetro el coste salarial. La inflación terminó 2022 en el 5,7% después de haber escalado hasta el 10,8% en julio, pero la deflactación en Andalucía fue sólo del 4,3%, no cubrió todo el desfase. Y sólo se aplicó a los tres primeros tramos, no al conjunto de los contribuyentes. Ahora el coste salarial está por encima de la inflación, que terminó 2023 en el 3,1%.

También utilizó como parámetro el coste salarial del INE en lugar de la inflación la Comunidad de Madrid, que deflactó todos los tramos del IRPF un 4,1% el año pasado. Y repite este ejercicio, aunque con un ajuste menor, el 3,1%, esta vez sí, tomando como referencia la inflación. Sumado a la rebaja de medio punto del tipo aplicable en todos los tramos de la escala autonómica del IPRF, ambas medidas rebajaron la recaudación en más de 530 millones de euros en 2023. Para 2024, la pérdida de ingresos sólo por la deflactación prevista por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso será de 153 millones de euros.

Del Estado central, la Comunidad de Madrid va a recibir este ejercicio 18.718 millones de euros en entregas a cuenta y 2.023,7 millones más por la liquidación de 2022, lo que en total supone un 12,2% más que en 2023. Así que ha presentado un presupuesto –“histórico”, de nuevo– de 27.558 millones de euros, un 19,6% por encima del año anterior. Ese dinero le va a servir para aumentar un 24% los conciertos con empresas sanitarias o un 15% el gasto en educación privada concertada, además de subir los sueldos a los altos cargos del Gobierno regional, entre otras medidas. También le permitirá mantener las bonificaciones de la cuota autonómica del IRPF a las familias numerosas e incluso introducir una nueva deducción del 20% en este impuesto para extranjeros que compren una vivienda en Madrid.

Galicia tampoco mantendrá este año la deflactación que aplicó en 2023 a los tres primeros tramos del IRPF. “Fue selectiva y en el momento en el que más se necesitaba, cuando el IPC alcanzaba los dos dígitos”, explicó la Consellería de Facenda a Europa Press cuando presentó los presupuestos de este año. El ajuste fue igualmente del 4,1%, en línea con el aumento del coste salarial, lo que apenas supuso una pérdida de recaudación de 46 millones de euros. Pero sí mantiene otros recortes de impuestos por los que dejará de ingresar unos 685 millones de euros, una cifra que eleva en un 16% la pérdida del año precedente. Sólo por la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones la Xunta dejará de recaudar 287 millones de euros. Por la rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales prescindirá de 56 millones. Y por la bajada del tramo autonómico del IRPF, 34 millones más, los mismos que por la bonificación del impuesto de patrimonio.

Esa rebaja de los ingresos no ha impedido al Ejecutivo gallego aumentar su presupuesto para 2024 en un 5%, hasta los 13.257 millones de euros, una vez más las cuentas más voluminosas de la historia. Con un 4% de mejora para sanidad y un 12% para políticas sociales. En entregas a cuenta, la Xunta recibirá del Estado 9.395,7 millones de euros, y 3.072,7 millones más por la liquidación de 2022, en total casi un 12,7% más de lo percibido en 2023.

Murcia no repetirá la deflactación del IRPF aplicada el año pasado, que fue del 4,1% para los tres primeros tramos. Pero que, como avanzó el presidente regional, Fernando López Miras, apenas supuso una rebaja media de 20 euros para 600.000 contribuyentes. En su lugar, mantiene deducciones en el impuesto a la renta y en el impuesto de transmisiones patrimoniales que sumarán una pérdida de recaudación de 420 millones de euros. No obstante, el presupuesto para 2024 crece un 9,8%, hasta los 6.526,56 millones de euros, que permitirá al Gobierno murciano “blindar el estado de bienestar” y poner en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales –150 millones de euros–, así como dedicar una partida a la “defensa de la unidad de la Nación Española”. Las transferencias del sistema de financiación autonómica crecerán un 15,6% este ejercicio, hasta los 4.825,6 millones de euros.

En la Comunitat Valenciana fue el Gobierno del socialista Ximo Puig el que aprobó la deflactación del IRPF para los contribuyentes con rentas inferiores a 60.000 euros en 2023, un año de elecciones autonómicas que pusieron en el Ejecutivo autonómico a PP y Vox. No habrá deflactación en 2024, pero sí deducciones en el IRPF que restarán 180,2 millones a la recaudación fiscal y otras rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales por importe de 19 millones más. El presupuesto valenciano para 2024 crece un 4%, hasta alcanzar los 29.739 millones de euros. La Comunitat Valenciana, la segunda peor financiada tras Andalucía, según el diagnóstico de la AIReF, aumenta este ejercicio un 13,3% sus transferencias estatales, que ascenderán a 15.346 millones de euros.

En el País Vasco, la deflactación del IRPF será este año del 2,5% y se aplicará a todos los tramos. El año pasado el ajuste se redujo al 2%, pero en 2022 se elevaba al 5,5%. Navarra va a copiar la medida este ejercicio, con un 4% retroactivo para 2023 y un 3% para 2024. Según los cálculos del nuevo Gobierno navarro, socialista, la pérdida de recaudación será de 29 millones en 2023 y de 22,5 millones en 2024.

Con el cambio de color del Gobierno autonómico, Aragón también se ha subido al carro de la deflactación del IRPF, un 5% para quienes ingresen menos de 50.000 euros al año, unos 700.000 contribuyentes. El impacto en las cuentas se calcula entre 40 y 50 millones de euros. El aragonés también es en 2024 un presupuesto con gasto récord en políticas sociales –con aumentos del 11% en educación y sanidad–, y rebajas en patrimonio y sucesiones. Eso sí, este año entrará en vigor un impuesto creado por el anterior Ejecutivo socialista, que gravará el impacto medioambiental de las energías renovables –tamaño de los aerogeneradores, hectáreas ocupadas— y con el que se prevé recaudar unos 50 millones de euros. Las transferencias que Aragón recibirá este año del Estado crecerán un 16,6%, hasta rozar los 5.200 millones de euros.

Canarias también ajustará por segundo año consecutivo el IRPF a la inflación. Los contribuyentes con ingresos inferiores a 30.000 euros volverán a tener descuentos de entre 125 y 225 euros según su nivel de renta. La medida, aprobada por el Gobierno socialista, ha sido prorrogada por el actual, de Coalición Canaria. Según sus cálculos, Canarias dejará de ingresar unos 245 millones de euros por el conjunto de las deducciones aplicadas al tramo autonómico del IRPF y las bonificaciones del impuesto de sucesiones. Su presupuesto, en cambio, ha crecido un 11%, hasta los 11.301 millones de euros, con un alza del 14,8% para sanidad, un 4,4% para educación y un 4,9% para políticas sociales. Del Estado recibirá un 12,5% más que en 2023, 7.394 millones de euros.

El resto de las comunidades autónomas ha preferido poner en marcha rebajas fiscales centradas en las deducciones y bonificaciones más típicas. Es el caso de Castilla y León –que tiene prorrogados los presupuestos de 2023–, Baleares –que perderá 45 millones de euros de recaudación bajando medio punto el tipo del tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 30.000 euros y también ha rebajado el impuesto de sucesiones y el de transmisiones patrimoniales–, Cantabria, La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña.

De todas ellas, es La Rioja la que más verá aumentadas las transferencias del Estado este ejercicio, un 21,6%, respecto de 2023. Le siguen Baleares, con un 18,7%, y Cataluña, con un 18%.

“La política fiscal de algunas comunidades es ciclotímica”, resume Diego Martínez. Suelen “sobrerreaccionar”, resalta, y no son “consecuentes en el tiempo”. Aunque tras la volatilidad de la deflatación del IRPF sí adivina un patrón: las que están bien financiadas la mantienen; las que sufren más no perseveran en un descuento que se presentó como medida estrella contra la inflación.

"Del nuevo tributo no han tenido noticia ni podrían haberla tenido, como muy pronto, hasta muy avanzado noviembre de 2022, momento en el que ya no podían dejar de ser residentes fiscales en España en dicho ejercicio, ni adoptar decisiones transcendentes para su situación tributaria". Esa es una de las argumentaciones defendidas por la Xunta ante el Tribunal Constitucional en su recurso fracasado contra el impuesto a las grandes fortunas creado hace un año por el Gobierno de España. 

El Gobierno gallego lamentó ante el alto tribunal que la rapidez con la que el Estado aprobó ese nuevo tributo "priva a los contribuyentes del tiempo mínimo necesario para organizar su patrimonio en aras de optimizar su tributación". Entre ellas la posibilidad de marchar del país para no pagar. Sin embargo, el Constitucional rechazó ese y otros argumentos y recordó que no existe "derecho alguno a la inalterabilidad del régimen fiscal, ni, en general, a la congelación del ordenamiento jurídico existente".

El impuesto a las grandes fortunas fue implantado hace un año por el Gobierno de España ante la disparidad de rebajas aprobadas por diversas comunidades autónomas en el impuesto de patrimonio, que ellas mismas gestionan. En Galicia el impuesto del patrimonio afecta a unas 8.000 personas, las que cuentan con bienes y derechos por más de 700.000 euros sin tener en cuenta la vivienda habitual hasta los 300.000 euros y las que, en conjunto, superen los 2 millones. A ellas, Feijóo les rebajó en 2022 en un 25% la cuota final a pagar, bonificación que en este 2023 Rueda amplió al 50%.

Frente a estas rebajas, el impuesto a las grandes fortunas introducido grava de manera progresiva a quien tiene más de 3 millones de euros, descontando ya "lo abonado en el impuesto sobre el patrimonio". Así, si en 2021, último año certificado por la Agencia Tributaria, las 8.000 personas a las que afecta el impuesto de patrimonio acumulaban 57.000 millones de euros por los que abonaron 79 millones, el impuesto a las grandes fortunas solo fue pagado este 2023 por una muy pequeña parte de los anteriores, 91 personas que abonaron 9,8 millones.

Frente a este nuevo impuesto estatal varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Galicia y Madrid, recurrieron ante el Tribunal Constitucional. A principios del pasado noviembre el Constitucional rechazó el recurso de Madrid, el primero que analizó, y avanzó que aplicaría la misma doctrina al resto de comunidades, entre ellas Galicia. Dos semanas más tarde, el Constitucional confirmaba también el rechazamiento del recurso gallego. Pero es ahora cuando el tribunal hace pública la sentencia que responde a las alegaciones concretas de la Xunta desechándolas y que cuenta con los votos discrepantes de cuatro magistrados.

Si la sentencia de Madrid tenía cerca de cien páginas, la gallega no llega a la veintena ya que el tribunal se remite a la anterior para dar respuestas a las alegaciones que fuesen parecidas. Entre ellas, la principal era la de que el nuevo tributo vulneraba la autonomía de las comunidades para fijar su política fiscal. El Constitucional reitera nuevamente a la Xunta que no es así ya que el impuesto estatal "deja intactas las competencias normativas autonómicas reconocidas en el régimen de cesión del impuesto sobre el patrimonio", que "seguirán siendo, única y exclusivamente, las que ella decida".

Pero la Xunta también alegaba que la manera en que fue aprobado el impuesto estatal vulneraba la seguridad jurídica. La sentencia del Constitucional hecha pública recientemente recoge las argumentaciones del Gobierno gallego al respecto y entre ellas figura la de que entre el anuncio, la aprobación y la entrada en vigor del nuevo tributo pasó demasiado poco tiempo y las personas afectadas por él no tuvieron margen para gestionar su patrimonio de manera que pudiesen pagar menos. El tribunal refleja como la Xunta considera que las mudanzas de impuestos deberán ser previsibles "con el fin de adoptar las decisiones que se tengan por pertinentes", entre ellas la de que los ciudadanos afectados pudiesen "dejar de ser residentes fiscales en España" para así evitar pagar el nuevo tributo. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechaza esa supuesta inseguridad jurídica. La sentencia dice que "respecto de que [el impuesto] se hubiese establecido de forma "imprevisible'", en su resolución previa sobre el caso madrileño ya había recordado a su "reiterada doctrina" según la cual "entre las exigencias de la seguridad jurídica no se incluye derecho alguno a la inalterabilidad del régimen fiscal, ni, en general, a la congelación del ordenamiento jurídico existente".

Tras conocerse el rechazamiento del Constitucional al recurso de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, antes mismo de que el tribunal hiciese pública su decisión al respecto del recurso de Galicia, Xunta y PP presentaron hace un mes una reforma legal para un aumento "temporal" del impuesto de patrimonio gallego que permita que no se aplique en el país el impuesto subsidiario estatal. 

Revirtió así el Gobierno gallego, a la vista de la resolución inminente del Constitucional ya conocida en detalle, su intención previa de perdonar más impuesto de patrimonio a 8.000 ricos gallegos que todas sus deducciones por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.

Eran paisaje habitual de estaciones de transporte, de mercados y lugares transitados, desde la mitad del siglo XIX hasta, al menos, la década de los ochenta del pasado siglo. Los mozos de cuerda, hombres corpulentos, cuando no esforzados, que acarreaban el equipaje de los viajeros, a veces en carretilla, otras al hombro uniendo hábilmente los bultos con un cordel, de ahí su nombre. En la vieja estación de Atocha, la que más tarde se convirtió en un vergel, esperaban la faena bajo el hierro forjado y el tabaco negro, en actitud vigilante para evitar la competencia desleal.

Aunque su profesión estaba regulada, lo que les proporcionaba unas tarifas, una insignia que lucían en la gorra o el abrigo, e incluso, durante un tiempo, les otorgó funciones auxiliares en la seguridad pública, disolviendo riñas o sacando a los borrachos de las fuentes, en el tumulto de la ida y llegada de los trenes siempre se colaban espontáneos, conocidos como soguillas, que hacían la misma labor tirando los ya bajos precios por los suelos. Si quien esperaba en el andén traía abundante equipaje, con las iniciales grabadas, había que andarse al quite. Lo mismo hasta caía propina.

Estampas de una España, más que en blanco y negro, en daguerrotipo. Un país de escasez y frío, de esfuerzo y astucia, de buscarse el sustento de la manera que fuese. Los mozos de cuerda desaparecieron de las estaciones entre otras cosas porque ya casi nadie viaja con la casa a cuestas, pero sobre todo porque, al menos por un tiempo, aparecieron empleos con nómina, derechos y sindicatos: no hay nada más moderno que formar parte de una plantilla con convenio. Eso hasta que llegó el siglo XXI y trajo el triunfo del sálvese quien pueda, caracterizado por un mochilón amarillo a la espalda.

Tras la verborrea del neoliberalismo tan sólo se hallaba esto, que los empleos pasaran de ser oficios regulados a ocupaciones caóticas: nuestra contemporaneidad, por muchos colorines con los que se vista, tiende empujada por la rapiña digital hacia lo pretérito. Y así los mozos de cuerda, que pensábamos extintos, transportan hoy una hamburguesita de buey de Kobe, seguramente de vaca de Parla, justo el día que cae un intenso chaparrón, cumpliendo así otra de las reglas de nuestros días: lo profundamente gilipollas que nos hemos vuelto.

Este tipo de economía crea muchos pobres con faena y unos pocos millonarios de postín, que, unidos a los de rancio abolengo, necesitan a sus 'soguillas' para que les lleven las cuentas de la forma más creativa posible, esto es, con mucho paraíso fiscal y poca vergüenza. Además de los profesionales de la materia, que tendrán alguna denominación en inglés de esas que dan tanta rabia, tienen a unos cuantos políticos para hacerles la elusión fiscal aún más fácil. Mejor ponerles nombre: los presidentes autonómicos del PP, que, con el cordel al cuello, gritan en el andén diciendo que ellos se lo hacen por menos.

Y así, Isabel Díaz Ayuso, la adelantada, decidió regalar a 500 ricos en el año 2021, último del que tenemos cifras, 1.200 millones de euros al dejarlos exentos de pagar el impuesto de patrimonio. Juanma Moreno, ese señor tan popular, le copió la idea, y con la llegada de Vox a las comunidades gobernadas junto al PP, se acaban de unir a esta fiesta la Comunitat Valenciana, Extremadura, Aragón, Baleares y, en nada, también Murcia. Una carrera indecente, con el pitillito en la boca, en el que las derechas gritan a los del equipaje con iniciales que ellos se lo hacen por menos.

Ahora que tanto se va a hablar de solidaridad territorial, de independentismo, de egoísmo de los que más tienen, convendría recordar que Ayuso ha situado a Madrid como la comunidad responsable del 98% de este agujero fiscal para dar satisfacción a un 0,2% de los madrileños. Efectivamente, en España aún existe un procés, el tramado por la inquilina de la puerta del Sol, para convertir la región que gobierna en un lupanar para millonarios, arrastrar por el suelo la solidaridad con el resto de provincias y humillar de paso a los ciudadanos que le dieron su voto: a ellos les deja la conspiranoia y las guerras culturales.

Cada vez que alguien promete una rebaja fiscal debería detallar a continuación de qué partida va a restar el dinero que dejan de ingresar las arcas públicas, qué servicios van a empeorar o cuáles de ellos van a echar el cierre. Y también, ya que estamos, promover que los ricos nos enseñaran qué van a hacer con la pasta de los impuestos que se les han condonado: el duodécimo deportivo, tomarse un té cultivado por vírgenes nepalíes o alimentar con ternera de Kobe, esta de verdad, al velociraptor de su finca pacense. Será por ideas.

Ahora en serio. Que todo esto suceda en los años posteriores a una pandemia, en plena guerra en Europa, en un proceso de transición energética, cuando lo público se ha demostrado condición necesaria para equilibrar, avanzar y, sencillamente, sobrevivir, es un disparate. Ya no se trata tan sólo de una cuestión de justicia social, algo que no es poco, sino de que los países que consigan salir fortalecidos de esta encrucijada tomarán mucha ventaja en un mundo que será mucho más crudo que en el que crecimos. No estamos para caprichos, al menos que quede por escrito.

Los contribuyentes que declaran patrimonios superiores a los 30 millones de euros se han multiplicado por más de dos en la última década, pasando de 352 declarantes en 2011 a 831 en 2021, de acuerdo con los últimos datos de la Agencia Tributaria sobre la recaudación del Impuesto de Patrimonio y recoge Europa Press.

Desde el inicio de la recuperación económica en España tras la crisis de 2008, el número de 'ricos' con patrimonios declarados superiores a más de 30 millones de euros no ha hecho más que aumentar, desde los 443 en 2012, los 471 de 2013, los 508 de 2014, los 549 de 2015, los 579 de 2016 y los 611 de 2017. En 2018 se produjo un ligero retroceso, hasta los 608, pero repuntó en 2019 hasta los 701 y en 2020 llegó a los 724.

Atendiendo al total de contribuyentes que estaban en disposición de declarar este impuesto en 2021, el número alcanzó los 231.367, frente a los 218.991 de un año antes, por lo que más de 12.300 declarantes nuevos se sumaron a la declaración del Impuesto de Patrimonio. Estos contribuyentes declararon un patrimonio total de 849.214 millones de euros, lo que situó la media en 3,67 millones.

El Impuesto de Patrimonio se suprimió a partir del 1 de enero de 2008 y tras la crisis económica, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo recuperó en 2011, en principio temporalmente hasta el año 2013, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy y ahora el de Pedro Sánchez lo han mantenido y prorrogado sucesivamente.

Este impuesto ha estado en el punto de mira en los últimos meses después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara el 'Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas', que grava con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros.

Con este nuevo impuesto temporal -que grava el ejercicio 2022 para empezar a recaudar este 2023-- se pone el foco en aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones aprobadas para el Impuesto de Patrimonio por algunos gobiernos regionales.

En la distribución de los datos por comunidades autónomas, de los declarantes del Impuesto de Patrimonio en 2021 la mayor parte se concentra en cuatro regiones: Cataluña, con 85.876, que encabeza la lista a cierta distancia con la siguiente región, que es la Comunidad Valenciana, con 27.615 declarantes; seguida de Madrid (20.030) y Andalucía (19.834).

En cambio, en la distribución por importe del patrimonio declarado, la clasificación regional cambia considerablemente, ya que en este caso Madrid encabeza el ranking, con un patrimonio medio declarado por contribuyente de 11,1 millones de euros.

Basta con que la ley reduzca los requisitos de declaración del patrimonio, sin subir siquiera el tipo que deben pagar, para que los más ricos se presenten enseguida ante Hacienda como más pobres de lo que realmente son. Es lo que ocurrió en Francia a partir de 2011, cuando se permitió a los contribuyentes hacer una declaración simplificada del Impôt Sur la Fortune (ISF) en lugar de la declaración detallada exigida hasta entonces, donde debían precisar todas las características de sus activos e incluso adjuntar pruebas de su valor.

Según un estudio elaborado por los economistas Bertrand Garbinti, Jonathan Goupille-Lebret, Mathilde Muñoz, Stefanie Stantcheva y Gabriel Zucman y publicado por el National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos, los franceses afectados, aquellos con un patrimonio inferior a los tres millones de euros, empezaron a declarar que cada vez eran menos pudientes. El crecimiento de su riqueza se redujo en 0,5 puntos porcentuales tras la reforma del impuesto del patrimonio, que es una respuesta significativa en términos de lo que los economistas denominan elasticidad de la base imponible: el grado de sensibilidad de los contribuyentes a los cambios impositivos; o dicho de otro modo, cómo reaccionan éstos, modificando sus decisiones económicas, para eludir los efectos de las reformas fiscales.

El estudio del NBER destaca que esa respuesta en Francia fue impulsada por una minoría de contribuyentes, el 15% de los que se encontraban justo por debajo del umbral de los tres millones de euros, que redujeron el índice de crecimiento de su riqueza en al menos tres puntos porcentuales. Como esa menor declaración de patrimonio no vino acompañada de un recorte en sus retribuciones laborales o del capital –declarados ante otras instancias–, se demuestra, a juicio de los autores del estudio, que la respuesta de esos contribuyentes fue la evasión fiscal antes que un cambio real en sus decisiones de ahorro o inversión. En 2011 también se elevó el umbral de quienes quedaban exentos de tributar por su patrimonio, de 800.000 euros a 1,3 millones, mientras que el tipo impositivo se elevó del 0,55% al 0,75%.

Además, los economistas aseguran que la exigencia de información a estos grandes contribuyentes es “crucial”, puesto que, en comparación, no han hallado cambios en su respuesta a una subida de los tipos del impuesto sobre el patrimonio o éstos han sido “mínimos”. Por el contrario, una declaración simplificada como la que se introdujo en Francia –sólo debían comunicar el patrimonio bruto total, el patrimonio imponible, las donaciones, las inversiones directas y las inversiones en pymes– “puede dar lugar a una erosión creciente de la base imponible, acumulativa durante varios años, ya que el patrimonio no declarado en un año sigue sin ser declarado por los contribuyentes en años posteriores”.

En otros países como Suecia, el descenso en la base imponible de la riqueza tras modificarse los umbrales de exención del patrimonio se situó entre 0,1 y 0,3 puntos. En Dinamarca, la elasticidad fue superior, cercana a un punto porcentual. Y en Colombia, la reacción de los mayores contribuyentes ocultando su riqueza fue mucho mayor, hasta de 4,4 puntos.

En España, tres economistas de la Universitat de Barcelona, José María Durán-Cabré, Alejandro Esteller-Moré y Mariona Mas-Montserrat, calcularon en un 44% la brecha fiscal en el impuesto del patrimonio –la diferencia entre lo que se recauda y lo que debería pagarse– en Cataluña para el año 2014. Un porcentaje muy por encima, resaltan, del fraude en el IVA o el IRPF, puesto que en estos dos impuestos la información fiscal se puede obtener de otras fuentes y dificulta el engaño. No así en el impuesto sobre el patrimonio. De hecho, el 97% de la brecha procede de la infradeclaración: de los bienes en el extranjero –el 56%–, de la aplicación indebida de la exención de la empresa familiar –36%– y de la no declaración de bienes improductivos como joyas u obras de arte. Además, esta ocultación no sólo se traduce en una pérdida recaudatoria, sino que también es regresiva: se concentra sobre todo en los contribuyentes más ricos.

Pero no sólo declaran menos de lo que tienen, sino que también utilizan estrategias de elusión, y evasión, fiscal. Los economistas de la Universitat de Barcelona analizaron las declaraciones del impuesto sobre el patrimonio presentadas en la Agencia Tributaria de Cataluña entre 2011 y 2015; es decir, después de que se reintrodujera ese gravamen, eliminado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008. En este caso, calcularon que el efecto fue de 0,64 puntos. Según concluyen, un aumento de 0,1 puntos porcentuales en el tipo medio del impuesto sobre el patrimonio reduce la base imponible un 3,24% en cuatro años. La reacción de los contribuyentes catalanes fue adoptar “estrategias elusivas”, aprovechando el límite conjunto del IRPF y el impuesto sobre el patrimonio, por un lado, y las exenciones de la empresa familiar, por otro.

El límite conjunto, establecido para evitar que el del patrimonio fuera un tributo confiscatorio, impide que el contribuyente pague por la suma del IRPF y el impuesto sobre la riqueza más del 60% de la base imponible del primero. De esta forma, puede darse el caso de que a un ciudadano con mucho patrimonio le interese tener un salario muy bajo, o incluso carecer de él, al menos en forma de una nómina al uso. De hecho, aseguran los autores del estudio, el límite conjunto de renta y patrimonio hace menos redistributivo el impuesto porque impide gravar a los contribuyentes “con poca renta, pero mucha riqueza”.

Por lo que se refiere a las exenciones a las empresas, en principio estaban diseñadas para incentivar la inversión en pymes. Pero han terminado convirtiéndose en un estupendo mecanismo de evasión fiscal: cuanto mayor es el patrimonio, mayor es el porcentaje de acciones exentas, que llegan a representar hasta el 60% de los activos propiedad del 1% más rico de los contribuyentes catalanes.

En España, el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio se sitúa en 700.000 euros, pero tampoco se grava la vivienda habitual hasta 300.000 euros. Aunque, como su gestión está cedida a las comunidades autónomas, hay variaciones sustanciales según el territorio donde se recaude. Así, la Comunidad de Madrid y Andalucía lo han bonificado hasta el 100%, por lo que no se paga ni un euro por el patrimonio. Otras comunidades han modificado el mínimo exento –en Aragón se rebaja hasta los 400.000 euros, en Cataluña hasta los 500.000— o han creado sus propias deducciones o bonificaciones. Está obligado a presentar una declaración todo ciudadano que supere los dos millones de euros de patrimonio bruto. El Gobierno de Pedro Sánchez creó el año pasado un impuesto temporal de solidaridad para las grandes fortunas, complementario al de patrimonio, que deben pagar los contribuyentes que superen los tres millones de euros. El tipo del gravamen se sitúa entre un 1,7% y un 3,5% para las superiores a 10 millones.

El de patrimonio siempre ha sido un impuesto polémico. Los economistas de la Universitat de Barcelona le reprochan sus “dificultades de control, las facilidades de elusión y los problemas de valoración de los activos”. También critican que, con su diseño actual, no es redistributivo ni progresivo. “No cumple con los objetivos para los cuales fue diseñado, más allá de generar una pequeña contribución financiera a las arcas públicas”, concluyen.

Según sus cálculos, el impuesto sobre el patrimonio debería recaudar unos 3.700 millones de euros al año, pero sólo recoge 1.500 millones. La primera cifra la obtienen incorporando y actualizando la recaudación que Madrid consiguió en 2007, el último año en que exigió el impuesto antes de bonificarlo al 100%.

Mariona Mas-Montserrat también ha calculado el importe que restan a los ingresos públicos las exenciones de que disfrutan las participaciones en empresas familiares. Eliminarlas habría aumentado un 87% la recaudación del impuesto sobre el patrimonio en Cataluña en 2015, que alcanzó los 464 millones de euros. Cataluña es la comunidad autónoma que más ingresos fiscales aporta al Estado, el 21% en 2020, según recogen las estadísticas del Ministerio de Hacienda, y el 45% de lo que se recaudó por el impuesto sobre el patrimonio.

Las cifras de recaudación fiscal de 2022 confirman que, en contra de lo que debería demostrar la famosa curva de Laffer, las rebajas de impuestos no mejoran los ingresos tributarios. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León, abanderadas de las bajadas de impuestos como fórmula de estímulo fiscal, aumentaron menos su recaudación que el resto de las comunidades autónomas el año pasado. Los ingresos tributarios totales crecieron de media un espectacular 14,4% en 2022, sólo siete décimas menos que el ejercicio precedente, como efecto de la recuperación económica tras el confinamiento pandémico. Pero en Andalucía la mejora de la recaudación –12,2%– fue dos puntos inferior a la media nacional, en Castilla y León –9,7%– se quedó 4,7 puntos por debajo, en Galicia –12,2%– la distancia fue de 2,2 puntos, y en Murcia –3,1%, donde menos creció– nada menos que de 11,3 puntos. Sólo en Madrid los ingresos fueron superiores a la media nacional, aunque apenas una décima.

Por el contrario, las que más subieron su recaudación fueron Cantabria –48,3%–, Baleares –un 47,5%–, Canarias –el 36,6%–, La Rioja –23,2%– y Asturias –19,8%–.

Esas cifras se refieren a los ingresos del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y los Impuestos Especiales, que gestiona la Agencia Tributaria. Pero si la lupa se pone sobre los impuestos cedidos a las comunidades autónomas –Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Matriculación y Juego– también se observa la misma brecha.

De esas cinco comunidades autónomas, Andalucía es la que peor se ha comportado tanto en los impuestos estatales como en los de gestión autonómica. La recaudación del IVA creció en 2022 un 7,3% respecto al año anterior, la mitad de la media nacional y ocho puntos por debajo de lo que mejoró el ejercicio precedente. Los ingresos del Impuesto sobre Sociedades subieron un 8,4%, mientras que la media nacional alcanzó el 20,8%. La tasa de variación de 2022 se quedó, además, 20,3 puntos por debajo de la que se registró en 2021. Los Impuestos Especiales –hidrocarburos, tabaco, alcohol– se hundieron, con un recorte del 26,4%, mientras el alza nacional fue del 2,5% de media. Sólo la recaudación del IRPF, con un crecimiento del 20,4%, superó la media española, situada en el 15,8%. “Pero eso es algo que lleva ocurriendo desde 2015, no es un fenómeno que pueda atribuirse a las últimas bajadas de impuestos en Andalucía, donde, además, como las rentas están por debajo de la media nacional, la recaudación tiene más recorrido”, precisa Diego Martínez López, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), la recaudación en Andalucía aumentó un 10,03%, tres puntos y medio por debajo de la media española y hasta siete, 12 y 17 puntos por debajo de los crecimientos de Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias. En Sucesiones, los ingresos cayeron un 17,64%, por sólo un 3,89% en el resto de España, mientras que en Patrimonio el alza del 6,93% se quedó a la mitad del 14,75% en que subió de media lo recaudado en las otras comunidades autónomas. Lo mismo ocurrió con el Impuesto de Matriculación, cuyos ingresos mejoraron cuatro puntos menos en Andalucía que en el resto del país. Tampoco el juego recaudó por encima de la media nacional, que mejoró un 19,5%.

Las cifras, por tanto, “contradicen los argumentos usados por el Gobierno andaluz”, asegura Diego Martínez, para defender las rebajas fiscales aprobadas, seis desde 2018 si se cuentan las de septiembre de 2022: desde una bonificación del 99% en Sucesiones y más deducciones en el Transmisiones Patrimoniales hasta una rebaja del 4,3% en el IRPF en los tres primeros tramos, la supresión de Patrimonio y hasta el canon del agua. “Su tesis es que las bajadas fiscales en esos impuestos permitirían recuperar las bases imponibles de otros, como el IVA, el Impuesto sobre Sucesiones o el IRPF”, abunda el profesor de la Pablo Olavide. Pero eso es algo que desmienten las cifras de recaudación de 2022.

Y no sólo para Andalucía. En Madrid, que lidera la ola de rebajas fiscales imitada por otras comunidades gobernadas por el PP, los ingresos del IRPF crecieron en 2022 un 14,7%, un punto por debajo de la media nacional y en los de Sociedades la distancia fue aún mayor, 4,5 puntos. Aun así, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar una nueva bajada, medio punto en todos los tramos del IRPF, si gana las elecciones del próximo 28 de mayo. En cambio, sí mejoró Madrid los resultados del resto de las comunidades la recaudación del IVA –cinco puntos– y los Impuestos Especiales –un punto–. También subió con brío en Madrid en 2022 el cobro del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, un 91,8%, 30 puntos por encima de la media española. Lo mismo sucede en Castilla y León –15 puntos–, pero no en Galicia, Murcia y Andalucía. Diego Martínez lo atribuye al “boom” de la inversión extranjera directa en España en los últimos tiempos, “sobre todo en Madrid”. Se trata, explica, del impuesto que pagan personas físicas asociadas a estas inversiones y que, con el tiempo, debería convertirse en impuesto sobre la renta de residentes.

En Madrid la recaudación de Transmisiones Patrimoniales creció un punto y medio por debajo de la media española, mientras que el Impuesto sobre el Patrimonio es inexistente desde 2009 y los tributos sobre el juego mejoraron sólo un 2,39%, 17 puntos por debajo de lo que lo hicieron de media en el resto del país. Por el contrario, el cobro del Impuesto de Matriculación creció ocho puntos más. También aumentaron los ingresos de Sucesiones y Donaciones, un 6,6% –la recaudación nacional se redujo casi un 3,89%– “muy apoyados en el impuesto sobre los grupos de parentesco 3 y 4”, apunta Diego Martínez: hermanos, sobrinos, tíos, primos. El pasado mes de octubre, la Comunidad aumentó al 25% las bonificaciones para el tercer grado de parentesco.

En Galicia crecieron por encima de la media nacional igualmente los ingresos de Sucesiones y Patrimonio, pero se redujeron los de Transmisiones Patrimoniales, así como los del IRPF, el IVA –nada menos que 11 puntos de caída– y los Impuestos Especiales, cuya recaudación se hundió un 15,7%. Por el contrario, mejoró Sociedades seis puntos por encima de la media española.

Sin embargo, el impuesto que grava los beneficios de las empresas se desplomó en Castilla y León, cuyo cobro cayó un 10,3% en 2022 respecto al ejercicio anterior, mientras que la media nacional disfrutó de un alza del 20,8%. En Murcia la mejora se quedó a 7,5 puntos de esa cifra. En Castilla y León, además, sólo creció la recaudación del Impuesto de Patrimonio entre los tributos cedidos. Y entre los estatales, mejoró únicamente el IRPF –2,8 puntos–respecto de la media española, pero se comportaron peor, aparte de Sociedades, también el IVA y los Especiales, cuya recaudación se desplomó un 41,3%. En Murcia evolucionaron peor que la media nacional tanto el IRPF –7,3 puntos por debajo– como el IVA, que se redujo un 21,2% respecto a 2021.

Las pérdidas de recaudación repercuten en la capacidad de las administraciones para gastar. Pero también tienen otros efectos menos visibles. Es lo que ha pasado con Andalucía, según destaca el profesor Diego Martínez. Sus ingresos tributarios se han quedado por debajo de la recaudación normativa del Sistema de Financiación Autonómica, la cantidad que cada comunidad debe aportar al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, fijado en un 75% de lo que recolectan por los impuestos cedidos.

Pues bien, debido a los recortes fiscales practicados, la recaudación real de algunas comunidades es inferior a esa aportación a la que están obligadas. Por tanto, contribuyen más de lo que recaudan, y son cientos de millones de euros, advierte Diego Martínez. También le ocurre a la Comunidad de Madrid. En el IRPF, las cantidades fijadas para la recaudación normativa de las comunidades autónomas son correctas. No así las de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones, objeta, que están “muy mal calculadas, a partir de valores históricos que se actualizan según unos índices de referencia”. En todos los casos, critica el profesor de la Pablo de Olavide, aportar más de lo que se recauda se convierte en un “mal negocio” para las comunidades autónomas.

El plazo de presentación de la declaración del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que grava con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros, será el comprendido entre los días 1 y 31 de julio de 2023, según informa Europa Press.

Según recoge el proyecto de orden ministerial que actualmente se encuentra en fase de audiencia pública, el Departamento que dirige María Jesús Montero está ultimando el diseño del modelo de declaración 718 por el que los patrimionios de más de tres millones de euros tendrán que asumir este nuevo gravamen extraordinario.

Con este impuesto —que grava el ejercicio 2022 para empezar a recaudar este 2023— se pone el foco en aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales.

Eso sí, en el también llamado impuesto de solidaridad se podrá deducir la cuota abonada en concepto del Impuesto de Patrimonio autonómico, para evitar que las grandes fortunas tributen dos veces por el mismo hecho imponible.

El nuevo gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

Además, para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros.

Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar.

En cuanto al plazo de presentación, dado que de la cuota resultante de este impuesto el sujeto pasivo puede deducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio efectivamente satisfecha, cuyo plazo de pago termina el 30 de junio, se establece la presentación del impuesto de solidaridad el comprendido entre el 1 y el 31 de julio.

Los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas entraron en vigor este jueves, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que los crea. En principio, se recaudarán sólo durante los dos próximos años, aunque al acabar 2024 el Gobierno evaluará los resultados de los tres nuevos gravámenes y decidirá si se eliminan o se convierten en permanentes. El preámbulo de la ley recoge una prolija justificación de los tres impuestos, que tiene su eje en “la necesidad de reforzar el pacto de rentas”. Como instrumento fundamental para luchar contra los efectos de la escalada de precios, el pacto de rentas es, explica el Gobierno, “una fórmula de concertación de todos los agentes económicos para el reparto equitativo del coste de la inflación”. Y los poderes públicos, que son uno de esos agentes económicos, deben actuar como “catalizador” de ese pacto de rentas.

El problema es que ese pacto no existe. El Gobierno quiso ponerlo en marcha ya en primavera, pero sin ningún éxito y, como le reprochan los sindicatos y la patronal, sin siquiera una agenda. Sin embargo, la ley lo invoca hasta 21 veces a lo largo de su preámbulo. Las nuevas “prestaciones patrimoniales públicas no tributarias” que deberán pagar los grandes bancos y energéticas se configuran así como una “aportación obligatoria” que gravará, y reducirá, sus beneficios empresariales para “reforzar la acción pública dotándola de recursos adicionales para el sostenimiento del pacto de rentas respecto de los más desfavorecidos”.

En el mismo pacto de rentas, el Ejecutivo incluye, por ejemplo, el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la revalorización de las pensiones, las ayudas directas a trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas, además de a los sectores agrario, pesquero, del transporte y la industria gasintensiva, los más afectados por la subida de los precios energéticos. El Gobierno aduce que el coste de esas medidas públicas es muy superior al aumento de la recaudación, pese al vigoroso impulso que está recibiendo de la inflación. Los ingresos tributarios han superado este año en 10.000 millones los previstos en los Presupuestos Generales. Pero, según explica la ley, el Impuesto sobre Sociedades no es capaz de garantizar por sí solo un pacto de rentas “equilibrado y justo”, debido a los incentivos fiscales, regímenes especiales y créditos fiscales de ejercicios anteriores, que reducen las bases imponibles de las empresas.

Para sustentar su análisis, el Gobierno hace acopio de cifras. Los cuatro grandes grupos del sector eléctrico, gasista y petrolero del Íbex 35 –Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa– sumaron 9.000 millones de beneficios en 2021. Su volumen de operaciones en el IVA creció un 70% respecto al año anterior. Y los cinco grandes bancos –Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter– ganaron 20.000 millones en 2021. Para 2023, Morgan Stanley preveía que las ganancias aumentaran hasta 26.000 millones de euros, en un cáculo anterior a las subidas de tipos de interés del BCE, subraya el Ejecutivo.

El Ejecutivo también se apoya en el Banco de España para asegurar que el alza de los tipos ensancha los márgenes bancarios, que el BCE ha subido a su nivel más alto desde 2008 para controlar la inflación. La ley se extiende en detallar los millones de euros cobrados por los bancos según ha ido aumentado el coste del dinero: 26.512 millones netos anuales entre 2016 a 2019, con un tipo medio del 1,93%, pero 35.037 millones cuando el tipo medio era del 4,25% entre 2005 y 2012. El Gobierno añade incluso los 13.400 millones de euros que los cinco mayores bancos pagaron en dividendos a sus accionistas en 2021, cuando los tipos de interés aún estaban por los suelos. Según el INE, el tipo de interés medio en octubre alcanza ya el 2,66%.

Además, en ambos sectores, el peso de los gastos de personal respecto al valor añadido que generan está por debajo de la media de las grandes empresas, que alcanza el 52,73%. Por el contrario, en las energéticas apenas supera el 25% y en los bancos el 30%.

La prestación impuesta a la banca gravará con un 4,8% los intereses y comisiones de las entidades que facturaron más de 800 millones en 2019. Según los cálculos del Gobierno, el coste de ese gravamen para los grandes bancos equivale sólo al 0,06% de sus activos. “El impacto de la prestación es muy reducido”, resalta la ley, si se comparan los 1.500 millones de euros que se pretenden recaudar al año con las cifras de negocio de las mayores entidades: 660.844 millones en préstamos a hogares a más de un año y 396.054 millones a empresas, así como 917.105 millones en depósitos de hogares y 289.728 millones en depósitos de sociedades, aparte de 82.408 millones en hipotecas, de acuerdo con los datos del Banco de España.

Además, el Gobierno no deja de recordar el rescate financiero, los “importantes recursos públicos movilizados” para sanear el sector a partir de 2012. Entonces, “el conjunto de la sociedad” hizo “aportaciones” para el “rescate directo de unos pocos”. Ahora, son “unos pocos” los que deberán contribuir “en favor del conjunto de sociedad”, en nombre del “bien común y un futuro de prosperidad compartida”. El destino de estos recursos adicionales es financiar medidas de apoyo a los hogares vulnerables y a las empresas que más energía consumen, así como al ahorro y la autonomía energéticos, precisa la ley.

Finalmente, el preámbulo descarta que la prestación patrimonial impuesta a la banca se acumule con el Impuesto de Sociedades y resulte “desproporcionado”. El 4,8% del nuevo gravamen, sumado al tipo efectivo que paga la banca, el 23,02%, no alcanza el tipo nominal del 30% en Sociedades que se aplica al sector financiero, destaca el Gobierno, que intenta con todos estos argumentos “poner en perspectiva” el impacto de la nueva figura tributaria. “Como cualquier otra medida que reduce el beneficio empresarial, en este caso para reforzar el pacto de rentas, produce efectos, pero no parece que vayan a ser significativos en relación con las grandes cifras del sector”, concluye.

Tanto el impuesto a la banca como el de las energéticas han recibido fuertes críticas, desde los propios afectados hasta la oposición política. Uno de los rasgos más atacados ha sido que graven la cifra de negocio y los márgenes y comisiones, en lugar de los beneficios. El Gobierno replica que, convirtiendo esos dos parámetros en el hecho imponible, se asegura que la aportación de bancos y energéticas se aproxime a su cuota de mercado, lo que a su juicio garantiza una “distribución equitativa” del gravamen. Se trata, añade, de una contribución a un “fondo virtual solidario”, necesario –una vez más– para “reforzar el pacto de rentas”. Así diseñados, ambas figuras no tienen, por tanto, “carácter tributario”, sino que forman parte de la “intervención del Estado en la economía”, con el fin de “cumplir los principios y valores constitucionales que rigen el contrato social”.

El impuesto a las grandes energéticas gravará con un 1,2% la cifra de negocio de aquellas empresas que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019, una vez excluidos de esos ingresos los procedentes de las actividades reguladas –el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, la Tarifa de Último Recurso–. El objetivo de recaudación asciende a 2.000 millones anuales.

La misma ley incorpora también el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que deberán pagar quienes posean un patrimonio superior a los tres millones de euros. Al igual que los gravámenes para bancos y energéticas, este impuesto a los más ricos tiene, en principio, una duración de dos años, aunque se evaluará su desempeño al final de su vigencia para decidir si se mantiene o se suprime.

Se trata de un impuesto complementario al de Patrimonio, por el que se tributará sólo por la parte de los bienes que no hayan sido gravados en la comunidad autónoma de residencia del contribuyente. Porque muchas de ellas, con Madrid a la cabeza, lo bonifican en un altísimo porcentaje. Este nuevo impuesto tiene un mínimo exento de 700.000 euros, a partir del cual tributan un 1,7% los patrimonios de entre tres y 5,3 millones de euros, un 2,1% los de entre 5,3 y 10,6 millones y un 3,5% los superiores a 10,6 millones.

La coalición y sus socios de investidura funcionaron como La Roja frente a Costa Rica. Un símil que se escuchó mucho en los pasillos del Congreso a lo largo de todo el jueves durante un maratoniano Pleno que se alargó hasta la madrugada del viernes. Y que tuvo como resultado a un Gobierno sacando con una holgadísima mayoría los Presupuestos Generales del Estado, los nuevos impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas y la admisión a trámite de la reforma de la sedición.

De esta manera, el Gobierno cogió mucho aire de cara a lo que queda de legislatura. Atada con esos nuevos Presupuestos (terceros en tiempo y forma), que ahora pasan al Senado. Con varios mensajes muy claros: la suma de votos sigue funcionando a pleno pulmón frente al griterío de las derecha sobre fracturas internas, la política económica explora el lado más a la izquierda y se sigue adelante con la hoja de ruta para calmar el clima en Cataluña.

Es el resultado panorámico tras cuatro días durísimos en el Congreso de los Diputados, marcados principalmente por los feroces ataques de Vox contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, que tuvo que escuchar exabruptos contra ella del calibre de: “Su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”. El clima impulsado por la ultraderecha se convirtió en un auténtico bochorno y en un espectáculo que superó todos los límites por parte de los de Santiago Abascal.

Todo el espectro progresista defendió a Montero posteriormente, tanto en el Hemiciclo como en los pasillos y entrevistas en los medios. “Una vergüenza”, lo describió la titular de Hacienda, María Jesús Montero, el rostro más visible de este superjueves al ser la impulsora de los Presupuestos Generales para el año que viene.

A pesar de estos momentos que superaron los límites del parlamentarismo por parte de la ultraderecha, el resultado es arrollador para un Gobierno que venía de una semana muy complicada por los efectos de la aplicación de la ley del sólo sí es sí y la polémica por la posible reforma del delito de malversación.

Pero el contador en verde de los votos devolvió la fuerza a los integrantes de la coalición. Demostrando una estabilidad potente, que se retrata en el aumento del propio bloque de la investidura: se ha pasado de 167 votos a un grupo de 188 síes. A estos Presupuestos Generales del Estado se han sumado a UP y PSOE los diputados de Esquerra, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, PDeCAT, Coalición Canaria y PRC.

“Es la victoria del entendimiento entre dispares”, sentenció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los periodistas después de la votación de las cuentas públicas. Todo esto, agregó, en un momento “tan complejo”, por lo que celebró que salgan esas cuentas tan “importantes” que ayudarán especialmente a los más vulnerables. Se trata del proyecto con mayor gasto social de la historia de España (seis de cada diez euros van para servicios públicos). Ahora pasa al Senado, con la idea de que entren en vigor el próximo 1 de enero.

Y, para el presidente, esto supone dar estabilidad al país. Estos Presupuestos se interpretan políticamente como el seguro para aguantar todo lo que queda de legislatura, algo que parecía casi imposible para muchos cuando arrancó la coalición a principios de 2020. La idea del presidente es que las elecciones sean a finales del año que viene, cuando corresponden, y no tiene intención de anticipar esos comicios. 2023 será un mega ciclo electoral, que arrancará con las municipales y autonómicas del 28 de mayo. El PP quiere convertirlas en un especie de moción de censura, según trasladó en el Senado el martes el propio Alberto Núñez Feijóo, pero en La Moncloa están convencidos de que sus territorios aguantarán bien y que el PP va ya hacia abajo en los sondeos.

Además, esa estabilidad se ha visto también entre los propios miembros de la coalición. A pesar del malestar por la respuesta ante la aplicación de la ley del sí es sí, los ataques machistas a Irene Montero por parte de Vox han servido para unir a los miembros del Gobierno. La parte socialista ha salido en tromba a defender a la ministra de Igualdad durante estas horas.

“Creo que los ciudadanos, a esta casa (el Congreso) y a los políticos, lo que nos exigen, sobre todo en un momento como el actual, es que hagamos política útil. El insulto, la descalificación y el hooliganismo político al final lo que demuestran es una ausencia total de proyecto político, de ideas y propuestas para solucionar los problemas. A pesar de todo el ruido, en las Cortes hoy se han aprobado los terceros presupuestos de esta legislatura”, ahondó el propio presidente Sánchez.

Pero es que esta jornada sirvió también para aprobar tres impuestos que hasta hace poco parecían también inabarcables: los relacionados con las grandes energéticas, la banca y las grandes fortunas. Tres tasas que van en la misma dirección que en otros países y que suponen un paso en la línea de la justicia fiscal. Provocaron un auténtico terremoto político, pero se consolidan ya parlamentariamente. En un momento, además, en el que el contexto internacional marcó que las bajadas masivas de impuestos, como las defendidas por el PP, van en contra de lo que dictan los propios mercados, como pasó en el Reino Unido con la debacle de la libra y la caída de Liz Truss. El resultado en la Cámara Baja: 186 síes, 152 noes y 10 abstenciones.

El tercer punto clave, y de importancia especial para la política territorial, fue el paso dado para reformar el Código Penal, en el sentido de cambiar el delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados, que supone rebajar a cinco años las penas máximas de cárcel frente a los quince actuales. Además, se contempla que la inhabilitación por cargo público ahora se puede quedar entre los seis y los ocho años. 

La ley, pese a los ataques furibundos de la derecha y la ultraderecha, sigue a partir de ahora su tramitación parlamentaria. La idea del Gobierno es que sirva para amainar la situación en Cataluña y con el argumento de que ahora la comunidad está mucho mejor que en 2017. La gran duda es si durante su paso por las Cortes se incorporará un cambio también en el Código Penal respecto a la malversación. ERC tenía la intención de presentar una enmienda en ese sentido, pero ha enfriado la posibilidad en los últimos días (por la vertiente de la corrupción). El presidente del Gobierno no terminó de cerrar la puerta y dijo que hay que esperar a que los grupos la presenten y se debata.

La proposición de ley fue motivo de un duro debate entre los grupos parlamentarios. La derecha volvió a atacar salvajemente a la coalición. Pero no le salió al PP su objetivo. Pidió que la votación fuera por llamamiento con la idea de que hubiera disidencias entre los socialistas, pero no lo logró. De hecho, los miembros del PSOE se mostraron más orgullosos que nunca de sus decisiones y se levantaron todos a la vez en el primer sí. La diputada Inmaculada Oria, del PSOE de Granada, dijo: "Aquí estamos todos las y los socialistas juntos. Sin fisuras. Sí". La pantalla, minutos después, dejaba el resultado: 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones.

Salvo sorpresas de última hora, los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas se aprobarán este jueves en el pleno del Congreso tal y como han quedado diseñados tras su paso por la Comisión de Economía la semana pasada. El dictamen de la proposición de ley presentada por los grupos socialista y de Unidas Podemos contó con el respaldo de 21 votos y el rechazo de 16 diputados, e incluye enmiendas de PNV, PDeCat y EH Bildu. De forma que el diseño final de los tres gravámenes ha incorporado algunas variaciones sobre el esquema elaborado por el Gobierno. Incluso menciona el informe del Banco Central Europeo (BCE) del 2 de noviembre, que advertía al Ejecutivo de los riesgos que aplicar el impuesto a los bancos puede suponer para el sector financiero y para el crecimiento económico en general.

Además, alguna de las enmiendas aprobadas se ajusta a las recomendaciones del BCE, que no son vinculantes, pero que las entidades financieras han aplaudido como sostén de sus argumentos para las demandas judiciales que ya han anunciado contra el impuesto.

Así, la recaudación del nuevo gravamen a la banca por sus beneficios extraordinarios se destinará a unos fines determinados, “en línea con lo aconsejado por el dictamen del Banco Central Europeo de 2 de noviembre de 2022”, se señala en la exposición de motivos. De hecho, la proposición de ley reproduce literalmente una de las recomendaciones del BCE, que considera necesaria “una clara separación entre la cuenta extraordinaria creada a partir de los ingresos procedentes de los gravámenes y los recursos presupuestarios generales de las administraciones públicas para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general”.

Varios grupos parlamentarios habían pedido al Gobierno en sus enmiendas que precisara los fines a los que se van a dedicar los ingresos procedentes de estos tres nuevos tributos. Ciudadanos y PDeCat se remitieron a los detallados en el reglamento de la UE sobre intervenciones de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía. Mientras que Vox reclamaba que la recaudación del impuesto a las energéticas se destinara “íntegramente, hasta el último céntimo”, a rebajar las facturas de la luz de “las familias españolas”, en especial las que se encuentren “en riesgo de pobreza”. Y el impuesto a la banca, a sufragar incentivos fiscales o ayudas a la compra o alquiler de la vivienda y al pago de hipotecas.

Finalmente, PSOE y Unidas Podemos han incorporado la lista de fines establecidos por la UE para el impuesto a eléctricas y petroleras: apoyo financiero tanto a los hogares vulnerables en el pago de las facturas como al ahorro de energía, a las empresas grandes consumidoras de energía, siempre que inviertan en renovables o medidas de eficiencia, y al desarrollo de la autonomía energética. También podrá destinarse la recaudación de estos impuestos a financiar “la protección del empleo y el reciclaje profesional”.

El dictamen del BCE desaconsejaba igualmente que el impuesto a la banca se aplicara sólo a determinadas entidades de crédito españolas, porque “podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones, tanto dentro del país como en toda la unión bancaria”. Tras su paso por el Congreso, el nuevo gravamen va a afectar también a los bancos extranjeros que tengan sucursales en España, “con independencia de la suma de sus ingresos por intereses y comisiones”. Es decir, “a todas las entidades radicadas en España que, por su tamaño, importancia económica […] quedan bajo la supervisión directa del BCE”. De forma que “no se altere la competencia en el mercado” y se favorezca “la igualdad de condiciones”. La idea original era que gravara sólo a las entidades españolas con ingresos por intereses y comisiones superiores a los 800 millones. Tanto Ciudadanos, como el PNV y PDeCat habían pedido que se grave únicamente a las entidades que operen en territorio español y se elimine el límite de los 800 millones, que sin embargo se mantiene.

El impuesto a las energéticas sólo se aplicará a la parte del negocio de estas compañías que se desarrolle en España, según explica la enmienda de PSOE-UP, igualmente para “alinearse” con el reglamento comunitario sobre precios de la energía.

También pedía el BCE al Gobierno que hiciera un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas del impuesto a la banca, en particular sobre el impacto en la rentabilidad de las entidades financieras. En su momento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que, ya antes de elaborar la proposición de ley, el Ejecutivo había evaluado el margen de los bancos para hacer frente al gravamen, que se ha configurado como una prestación patrimonial. Y, por iniciativa de EH Bildu, el Gobierno se ha comprometido a preparar un estudio, al finalizar 2024, sobre los resultados del gravamen. Y lo hará, de nuevo, “a la vista de las consideraciones que efectúa el BCE en su dictamen del 2 de noviembre de 2022”, evaluando la situación del sector bancario, la evolución de los tipos de interés y las comisiones”, así como el efecto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades”. Antes, en el último trimestre de 2023 también tendrá que hacer un informe provisional sobre el primer año de aplicación del impuesto. Pero el objetivo de esos análisis será decidir si el gravamen se convierte en permanente o no. Al mismo examen y con idéntico fin se someterá el impuesto a las energéticas.

Sobre la rentabilidad de las entidades financieras, el Banco de España publicó la semana pasada los datos del segundo trimestre de este año: la han mantenido en los niveles que tenían en 2021. La rentabilidad sobre capital alcanza el 10%, superando por tanto “con holgura”, destaca el supervisor, el coste del capital medio, que se sitúa en el 7%. El Banco de España también hará su propio análisis sobre el impacto del nuevo tributo una vez que se apruebe en el Congreso.

Tanto EH Bildu como el BNG querían que se eliminara de la proposición de ley todas las menciones al pacto de rentas, que el Gobierno promueve con sindicatos y patronal para repartir el coste de la crisis energética y de precios, precisamente con el fin de que el impuesto no fuera una medida temporal. Las referencias al pacto –bloqueado desde su mismo anuncio y sin visos de prosperar–se mantienen, al igual que la prohibición a empresas energéticas y bancos de que repercutan el coste del gravamen en los clientes. Pese a que era esta una de las críticas del BCE al diseño del tributo, además de otra de las peticiones tanto de Ciudadanos como de PDeCat. La formación naranja y los catalanes también pretendían que el tributo a las energéticas fuera deducible del Impuesto sobre Sociedades. Ciudadanos pidió que se excluyera de la prestación patrimonial a las eléctricas. Los catalanes, a las empresas que carecen de instalaciones de refino.

Sí que prosperó la idea de Ciudadanos, PDeCat y PNV para que no se gravara la parte regulada del negocio de las energéticas, la que ofrece el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC). Como el precio está fijado por ley, esa actividad, razonan los grupos, no generan un beneficio extraordinario.

Por el contrario, se quedó en el tintero una modificación que promovieron PDeCat, ERC, Junts y Compromís: que los tributos recaudados tanto con el impuesto a los bancos como a las energéticas se repartieran en un 50% para el Tesoro Público y otro 50% entre las comunidades autónomas. En el primer caso, en función del porcentaje en que cada territorio participa de los ingresos obtenidos con el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Y en el segundo, según el consumo neto de electricidad en cada comunidad autónoma.

Con la prestación patrimonial que deberán pagar las grandes energéticas, se gravará su cifra de negocio con un tipo del 1,2% a las que superaran en 2019 los 1.000 millones de euros de facturación. Los bancos que ingresaron más de 800 millones en 2019 en concepto de intereses y comisiones deberán pagar un 4,8% de esa cantidad. Ambos gravámenes se cobrarán durante 2023 y 2024. El Gobierno preveía recaudar 2.000 millones de euros al año con el primero y 1.500 millones con el segundo, pero tras la exclusión del negocio regulado y de las empresas extranjeras, los ingresos por el tributo a las energéticas se reducirán a la mitad, de acuerdo con los cálculos realizados por Bankinter y citados por Europa Press.

Finalmente, el impuesto a las grandes fortunas, que fue incluido como una enmienda en la proposición de ley, se ha diseñado como complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, que gravará a quienes superen los tres millones de euros también en 2023 y 2024. Los tipos serán del 1,7% para los patrimonios entre tres y 5,3 millones, del 2,2% para quienes posean entre 5,3 y 10,6 millones y del 3,5% para los que estén por encima de 10,6 millones de euros. 

Alberto Núñez Feijóo ha incorporado a Portugal como parte recurrente en el argumentario económico para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La última ocasión fue este martes, durante el cara a cara que ambos dirigentes mantuvieron en el pleno del Senado. El presidente del PP puso de ejemplo a Portugal, que lleva desde 2015 bajo un Gobierno socialista, en materia de contención de gasto público, revalorización de las pensiones, subidas salariales o en política fiscal. “¿Por qué no copia usted a ministros socialdemócratas, a primeros ministros de países, por ejemplo, de Alemania o Portugal?”, le espetó Feijóo a Sánchez.

En materia de impuestos, el expresidente gallego formuló la siguiente retahíla: “Portugal tiene seis puntos porcentuales menos de IRPF que España (...), un impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) que es la mitad que el de España y no tienen impuesto sobre el patrimonio, ni de sucesiones, ni de donaciones”. Basándose en estas diferencias fiscales, el presidente del PP defendió que Portugal está creando un “entorno competitivo”, que atrae talento e inversión. Es cierto que el panorama impositivo portugués podría resultar más ventajoso para las rentas muy altas, tras la aprobación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas en España. No obstante, las tres referencias que hace el presidente del PP a los impuestos portugueses no son precisas, o directamente son incorrectas. 

El IRPF portugués no es seis puntos más bajo que el de España: el presidente del PP está comparando el tipo portugués exclusivamente con el de la comunidad que lo tiene más alto. No es correcto decir que el ITP es “la mitad” que en España, por la enorme variabilidad de deducciones y bonificaciones que hacen imposible semejante comparación. Y por último, es cierto que Portugal no tiene un impuesto sobre el patrimonio o las herencias, pero sí tiene uno municipal sobre el patrimonio inmobiliario y su transmisión a herederos, un hecho que Feijóo no menciona. 

El presidente del PP afirma que el IRPF de Portugal tiene seis puntos porcentuales menos que en España. Sin embargo, en una comparación del IRPF portugués con cualquier región española, en la gran mayoría de los casos los tipos portugueses resultan superiores. De hecho, como apunta el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha, basándose en datos de Eurostat de 2019, la presión fiscal del IRPF en Portugal fue del 15,2%, frente al 11,7% en España: “Portugal tiene una mayor composición de los impuestos indirectos que en España. Son 3,5 puntos, que es tanto como decir que España tendría que recaudar 43.494 millones de euros más para equipararse a Portugal". España recauda más en impuestos indirectos, como el IVA, y en cotizaciones sociales. En el ranking europeo de impuestos directos, Portugal ocupa el puesto 9, frente a España, que está el 23.

InfoLibre ha consultado a fuentes del PP, que señalan que, al hacer esa afirmación, lo que hace Feijóo es comparar los tipos máximos de España y Portugal. El presidente del PP, al comparar el dato portugués con el español, ha usado el tipo más alto de las comunidades autónomas, que es el de la Comunidad Valenciana, y lo ha atribuido a toda España. Así, sostiene que el IRPF de este país es seis puntos superior al portugués, del 54% frente al 48%, por lo que la conclusión resulta falsa. En esta comparación obvia que esta situación solo se aplica a rentas de más de 300.000 euros, solo en el caso valenciano y sin tener en cuenta un recargo de solidaridad extra del 5% que aplica Portugal a rentas mayores de 250.000. 

Si atendemos a los tramos del IRPF portugués, comprobamos que el tipo máximo del 48% se aplica a rentas superiores de 75.000 euros. Sin embargo, el tipo máximo estatal español se aplica a partir de 300.000 euros, que es del 24,5%. A este tipo, que es común para todas las comunidades autónomas, se le debe sumar el marginal que aplica cada una, con sus respectivos tramos de renta. Por ejemplo, una renta anual de 100.000 euros en Portugal pagaría un 48%, mientras que en Madrid sería del 43%; en Cataluña, del 46% y en Andalucía, del 45%. Además, Portugal aplica una tasa extra de solidaridad a partir de rentas superiores a 80.000 euros del 2,5%, por lo que definitivamente en este caso el tipo portugués también es más alto. Si esta comparación se hace en cualquier tramo de rentas bajas o medias (hasta 60.000 euros), en todos los casos en Portugal se pagan más impuestos sobre la renta. 

Respecto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que grava la compraventa de inmuebles de segunda mano, Núñez Feijóo indica que en Portugal es “la mitad” que en España, una expresión que no es correcta, dado que depende de cada caso. El presidente del PP hace un resumen de todas las posibilidades. En Portugal los tipos van desde el 1% al 7,5%, en función del valor del inmueble. En España, el impuesto está cedido a las comunidades autónomas y hay un enorme rango de posibilidades. Según un estudio de la OCU, el tipo general se ubica entre el 4% y el 11,5%. Feijóo se basa en la comparación de estas dos horquillas para hacer dicha afirmación.

Pero esto no quiere decir que en Portugal se pague la mitad de impuesto que en España. Por ejemplo, en Portugal, todas las viviendas a partir de 172.348 euros pagan al menos un 7% de ITP. En la Comunidad de Madrid, el tipo es del 6%, independientemente de su valor (y del 4% para familias numerosas). Por lo tanto, vender una vivienda por encima de ese valor en todos los casos será más barato en Madrid que en Portugal. 

Pero no solo en Madrid. En España hay una gran cantidad de variables que reducen el tipo, por ejemplo, dependiendo de factores como el coste de la vivienda, la edad de los compradores, si tienen discapacidad, si se trata de la primera vivienda, si esta se encuentra en un entorno rural, etc. En Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra o el País Vasco, hay tipos de entre el 4% y el 6% para la primera vivienda.

Si atendemos a las particularidades de cada caso, hay diferencias más evidentes. Algunas comunidades autónomas aplican tipos reducidos para jóvenes y familias numerosas, como La Rioja (3%), Murcia (3%) o el País Vasco (2,5%). En Castilla y León, el ITP es del 0,01% para jóvenes que compren su primera vivienda en un entorno rural. Debido a la enorme variabilidad de los factores, pese a que los tipos generales en España son, a priori, superiores a los de Portugal, el enorme abanico de bonificaciones impide hacer una comparación si no se trata de un caso concreto. No es posible, por tanto, generalizar que el ITP en el país vecino sea “la mitad”.

Feijóo añade también que Portugal no tiene impuesto sobre el patrimonio, así como sobre las sucesiones y donaciones, pero esto tampoco es del todo cierto. En Portugal no existe tradición de figuras fiscales parecidas a estas, pero desde 2017 sí existe un tributo municipal sobre viviendas que, aunque no grava el patrimonio en general, en la práctica el resultado es parecido. Se denomina Impuesto adicional municipal en inmuebles (Adicional ao Imposto municipal sobre imóveis) que, como su nombre indica, grava el patrimonio inmobiliario en territorio portugués, así como las herencias.

La base imponible de este impuesto es el valor patrimonial de edificios residenciales o terrenos con licencia de construcción de cualquier persona física o empresa cada 1 de enero. Los tipos se mueven del 0,7% al 1,5% en tres tramos, con un mínimo exento de 600.000 euros.

Las herencias de bienes inmuebles están gravadas con el 0,7%. Las parejas tienen derecho a hacer tributación conjunta, lo que en la práctica eleva los tramos al doble. Asimismo, las empresas son gravadas con un 0,4%, y de un 7,5% el valor de los inmuebles que están ubicados en territorios de paraísos fiscales. 

La manera de calcularlo es la siguiente: si una persona dispone de un inmueble valorado en 1,3 millones de euros, en primer lugar se descuentan los 600.000 euros del mínimo exento. Luego, los 700.000 euros restantes tributan según los tramos. Los primeros 400.000 euros estarían gravados con el 0,7% (2.800 euros) y los 300.000 restantes con el 1% del segundo tramo (3.000 euros). En total, esta persona en Portugal pagaría 5.800 euros, una cantidad que podría asemejarse a lo que resulta en España tras aplicar un impuesto sobre el patrimonio o las sucesiones.

Los mercados no creen en la curva de Laffer. Al menos no creen que la bajada de impuestos anunciada en Reino Unido, la mayor en 50 años, vaya a aumentar la recaudación fiscal en volumen suficiente como para sostener las cuentas públicas sin aumentar el déficit cuando, al mismo tiempo, el Gobierno de Liz Truss quiere gastar 150.000 millones de euros en ayudas a empresas y hogares para combatir la crisis energética. La prima de riesgo británica se ha disparado mientras la libra se desploma frente al dólar y ha forzado la intervención del Banco de Inglaterra.

Sin embargo, un poco más al sur, y no hace tanto tiempo, Elías Bendodo, exconsejero de Presidencia andaluz y actual gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, esgrimía, sin mencionarla, la famosa, y cuestionada, curva que Arthur Laffer dibujó en una servilleta hace casi medio siglo. “Bajar impuestos aumenta la recaudación”, sentenció Bendodo en febrero de 2020 mientras informaba del cierre del ejercicio fiscal de la Junta de Andalucía.

Pero no era así. En efecto, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla había bonificado hasta el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones. Su recaudación cayó un 12,68%. Las arcas públicas habían ingresado 38 millones de euros menos. También había aumentado las deducciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), del que se recaudaron 76,1 millones menos que en 2018, un 4,55% menos. Sin embargo, Moreno Bonilla dejaba traslucir entonces que la bajada de unos se había traducido en la subida de otros: “Por cada euro que hemos dejado de recaudar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones hemos recaudado cuatro euros por IRPF”. Los ingresos del tramo autonómico del impuesto sobre la renta habían crecido un 11,4%.

“Establecer esos vasos comunicantes ya es dar un doble salto mortal”, rebate Diego Martínez, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, quien asegura que no hay “evidencia empírica alguna de que el tramo descendente de la citada curva haya funcionado nunca”. En realidad, ocurre lo contrario: recortar los tipos implica menores ingresos tributarios.

Así sucedió, por ejemplo, en Extremadura, la única comunidad autónoma donde se recaudó menos en el IRPF en 2019 que en 2017, después de que la Junta aprobara un recorte del tipo autonómico del 10,5% al 9,5% en 2018. Los ingresos cayeron un 5,71%, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

En ese periodo, el resto de las comunidades autónomas aumentó sus ingresos por el IRPF, pero no todas habían bajado sus tipos. En 2018 los recortaron Canarias, Madrid, Murcia y País Vasco. En 2019, Andalucía, Canarias, Murcia de nuevo, y La Rioja. Sin embargo, fue Baleares el territorio donde más creció la recaudación, un 24,56%, pese a que no había tocado los tipos del tramo autonómico. El aumento fue mucho mayor en las islas que en Madrid, cuyos ingresos aumentaron un 17,43% o Andalucía, donde subieron un 10,5%. En Canarias el alza fue del 15,39% y en Murcia de sólo el 6,4%. En La Rioja, de un 7,9%. Por el contrario, en Cataluña, donde tampoco se bajaron los tipos, la recaudación mejoró un 16,77% entre 2017 y 2019, mientras que en Navarra lo hizo un 19,38%, la segunda comunidad con mayor subida de ingresos.

Los factores que explican los aumentos de recaudación tributaria son múltiples, precisa Diego Martínez. No hay relación de causalidad directa entre bajada de impuestos y crecimiento económico. Los gobiernos de José María Aznar rebajaron impuestos y los ingresos de Hacienda subieron, pero al mismo tiempo que se hinchaba la burbuja inmobiliaria y el PIB no dejaba de crecer. La recaudación no puede desligarse del aumento de la actividad económica o de la inflación, como está ocurriendo en España desde hace meses. “Teóricamente, la curva de Laffer acierta en que, si el tipo es tan alto que llega a ser confiscatorio, se pierde recaudación”, concede únicamente Juan Antonio Gimeno, catedrático de Hacienda Pública de la UNED.

La teoría dicta que, si aumentan los tipos impositivos, se desincentiva la inversión, el consumo, el ahorro y el trabajo, por lo que el crecimiento económico quedará tocado. Y al revés, bajarlos movilizará recursos adicionales, la economía crecerá y, por tanto, se ampliará la base impositiva y también los ingresos tributarios del Estado. Así es como el recorte fiscal terminará por pagarse solo con el tiempo y no habrá déficit.

El problema es averiguar en qué fase de la curva se encuentra una economía. Por ejemplo, los defensores de la curva argumentan que el fiasco de la enorme bajada de impuestos de Ronald Reagan en Estados Unidos, que condujo a un déficit récord del 6%, no se debió a que la curva no funcione, sino a que el propio Arthur Laffer se equivocó cuando diagnosticó que la economía estadounidense se encontraba en la parte decreciente de la curva –donde un recorte fiscal aumenta la recaudación–, porque estaba en la creciente –aumentando tipos suben los ingresos tributarios–. En realidad, lo que ha ocurrido ya es que las bajadas de impuestos reducen los ingresos del Estado, que incurren en mayores déficit, y éstos obligan a los gobiernos a aprobar más adelante subidas de impuestos para enjugarlos.

Tanto el Impuesto sobre el Patrimonio como el de Sucesiones y Donaciones han sido la diana favorita de los gobiernos autonómicos en los últimos años cuando han querido aplicar deducciones. El de Patrimonio lleva años en proceso de demolición. Fue suprimido en 2008 y restablecido en 2011. Después se ha prorrogado año a año hasta que en los Presupuestos Generales de 2021 su vigencia ha pasado a ser indefinida. Esperanza Aguirre ya lo sometió en Madrid a las primeras bajadas en 2005 y lo bonificó al 100% en 2008. En la actualidad, La Rioja lo bonifica al 50% y Galicia, que lo tenía al 25%, ha anunciado que subirá el descuento hasta el 50%. Andalucía acaba de anunciar que lo suprimirá a partir de 2023.

Obviamente, la catarata de deducciones y modificaciones normativas para reducir el tributo se ha traducido en un recorte de la recaudación considerable, el 42,5% desde 2008 hasta 2019, a tenor de los datos del Ministerio de Hacienda recopilados en el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral que elabora cada año el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Otro tanto ocurre con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Andalucía es la comunidad con mayor número de declarantes por herencias, el 23,5%. Le siguen de lejos Madrid, con el 12,1%, Cataluña con el 11,1% y Castilla-León con el 10,8% En donaciones, Madrid es la comunidad con más declarantes y mayor participación en la base imponible total, el 31,8% y el 50,1%, respectivamente, según los datos proporcionados por el Libro Blanco sobre la reforma tributaria que elaboró el comité de expertos designado por el Gobierno.

Las múltiples deducciones aprobadas en los últimos años han ocasionado una merma de su recaudación total de sólo el 1,34% desde 2015 hasta 2019. En Madrid, el impuesto está casi eliminado para los parientes más cercanos desde 2007, gracias a una bonificación del 99%. Y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar la ampliación al 25% de la que tenían los parientes de segundo y tercer grado. En las demás comunidades autónomas, el abanico de bonificaciones y reducciones es enorme. En 2018, bajaron este impuesto Andalucía, Cantabria, Navarra y Extremadura. Y su recaudación en 2019 también se resintió. Galicia, en cambio, no lo tocó… pero su recaudación se recortó igualmente. De hecho, fue la segunda donde sus ingresos cayeron más, un 34,1%, sólo superada por Canarias, donde se redujeron un 39,4%. La de Madrid, por el contrario, creció un 21,6%, pero también lo hizo la de Cataluña, y en una proporción similar, un 20,78%.

Pero trasladar las bajadas fiscales de algunos impuestos al aumento de otros, que terminan engordando la recaudación total, no es un efecto automático pese a las declaraciones de Elías Bendodo. Madrid, la comunidad más adelantada y contumaz en recortar impuestos, mejoró sus ingresos tributarios entre 2017 y 2020 un 12,8%, menos de lo que lo hicieron dos comunidades tan dispares económica y fiscalmente como Castilla y León y Baleares, cuyas recaudaciones fueron las que más crecieron en esos años: un 18,8% y un 18,7%, respectivamente. La tercera que más aumentó sus ingresos tributarios fue Cataluña, con un 15,8%. Es curioso, además, que Baleares sea la segunda comunidad con mayor presión fiscal –recaudación dividida por el PIB– después de Navarra, un 12,7%, mientras que Madrid sea la segunda con menor presión fiscal, un 9,48%, detrás de Galicia, con un 9,4%, según los datos de Hacienda relativos a 2019.

Donde menos creció la recaudación entre 2017 y 2020 fue en Extremadura, con sólo un 3,8%, y en Andalucía, con un 6,3%. Son también las comunidades con menor renta y recaudación per cápita. Pero sólo si se exceptúa Canarias, donde en realidad los ingresos fiscales cayeron un 3% debido al hundimiento de la recaudación en 2020 por culpa de la pandemia. Si se hace la cuenta hasta 2019, en cambio, los ingresos tributarios crecieron un 5,8% desde 2017. Aun así, un aumento también de los más bajos en la comunidad con menor presión fiscal de todas, sólo un 7%, debido a que el archipiélago disfruta de un régimen económico especial. 

En medio del intenso debate fiscal de los últimos días, el Gobierno ha dado este jueves un golpe de efecto y va a obligar a los grandes patrimonios y empresas a aportar más al erario. El nuevo paquete fiscal no implica una reforma estructural del sistema tributario, sino que más bien es un remiendo temporal para aliviar las enormes cargas que arrastran las cuentas públicas españolas, que cerraron 2021 con una deuda del 118% y un déficit fiscal del 6,9%, impactadas fuertemente por la pandemia y por la invasión de Ucrania. Sin embargo, tras las medidas más llamativas, como el impuesto a las grandes fortunas, sí hay modificaciones en el IRPF que se quedarán tras 2024. 

“El IRPF funciona como una escalera”, ha declarado María Jesús Montero, este jueves. “Si reducimos el tamaño del primer escalón, el conjunto de la escalera, incluso para el que más alto sube, también queda reducido”. Con este mensaje, la ministra de Hacienda ha disparado un torpedo a la propuesta económica que una a una estaban anunciando o barajando varias comunidades autónomas, incluyendo algunas gobernadas por el PSOE: la deflactación del IRPF. La alternativa ha sido un paquete fiscal que, además del impuesto a las grandes fortunas, también incluye cambios permanentes en el IRPF que benefician a los trabajadores de los tramos más bajos, sin que beneficie a las rentas altas.

En el balance de aumentos y rebajas fiscales, el Gobierno espera obtener unos ingresos extraordinarios de 3.144 millones en dos años. Esto será teniendo en cuenta medidas tanto temporales como permanentes. Los impuestos serán de aplicación entre 2023 y 2024. No obstante, gran parte de la recaudación se percibirá a posteriori. Por ejemplo, el impuesto sobre las grandes fortunas irá parejo a la declaración del IRPF, por lo que el Gobierno hará caja en 2024 de lo correspondiente al año 2023.  

La medida que ha eclipsado a las demás es el impuesto a las grandes fortunas, que inutilizará parte del efecto de las bonificaciones del 100% que han aprobado la Comunidad de Madrid y Andalucía. Se trata de un tipo en tres tramos: los patrimonios entre tres y cinco millones de euros aportarán un 1,7%; entre cinco y diez millones, un 2,1%; y a partir de esa cifra, el tipo impositivo será de 3,5%. Esto afectará, según cálculos del Gobierno, a unos 23.000 contribuyentes y dejará unos ingresos potenciales de unos 1.500 millones de euros. Será una medida temporal que se aplicará solo en 2023 y 2024.

Para evitar la doble imposición, la cuota abonada en el impuesto del patrimonio de las comunidades autónomas será deducible. El impuesto del patrimonio es una figura estatal, aunque su gestión y recaudación está cedida a las comunidades autónomas. Afecta a los declarantes que posean bienes y derechos valorados en más de 700.000 euros (o un millón de euros, si se tiene en cuenta la deducción de hasta 300.000 euros por la primera vivienda). Por ello, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid los patrimonios de entre 700.000 y tres millones seguirán sin tributar por su patrimonio. Esto también implica que el Estado va a acabar ingresando un tributo que esta comunidad ha rechazado. 

Por otro lado, es posible que alguna región ya aplique un impuesto del patrimonio más alto que el de las grandes fortunas: en ese caso el declarante solo pagará a las arcas autonómicas. En la mayoría de los casos, la comunidad ingresará la parte que le corresponda por patrimonio, y el resto lo percibirá el Estado. Aunque es posible que las comunidades autónomas reivindiquen una parte del tributo: “No sé si el lío que va a provocar va a merecer la pena el aumento de ingresos”, advierte el analista financiero Javier Santacruz. “En el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, si antes llovían cuchillos, ahora van a venir armados con morteros. Las comunidades autónomas van a exigir una parte proporcional de ese impuesto”, señala el analista. 

Otra medida de calado, aunque también de carácter temporal, será la disminución de la compensación de las pérdidas que tienen las filiales de las grandes empresas españolas en el extranjero. Por ejemplo, una entidad bancaria española tiene una filial en China, que presenta pérdidas. La compensación le permite solo tributar por la diferencia entre los beneficios de la matriz y las pérdidas de la filial en el país asiático. Esta medida reduce la compensación en un 50%. 

Trasladándolo en cifras, si la entidad bancaria ha ganado cinco millones de euros en España, pero ha perdido tres millones en China, antes podía tributar por los dos millones de euros que obtiene de beneficios; ahora tributará por tres y medio (la compensación de la filial china se reduce a un millón y medio de euros). La medida afectará, en estimaciones del Gobierno, a 3.609 empresas, el 0,2% de las declarantes del impuesto de sociedades. Se espera percibir 2.439 millones de euros entre los ejercicios de 2023 y 2024. 

El impuesto de sociedades es un tributo que ha sido calificado de “obsoleto” por numerosos organismos, por su escasa efectividad a la hora de gravar los beneficios de las empresas tecnológicas, que tienen una mayor facilidad para deslocalizarse y tributar en regiones con una fiscalidad más favorable. Fuentes de Hacienda han explicado este jueves que si no se ha entrado a reformar este tributo a fondo es porque ahora mismo existe un debate a nivel internacional que está tratando de instaurar un tipo mínimo del 15%, por lo que no tendría sentido reformarlo de manera aislada en España. Dado que a estas alturas, parece imposible que ese impuesto vaya a arrancar en 2023, por la dificultad de alcanzar un consenso a nivel europeo, el Gobierno prevé que esta figura quizás exista en 2024; si no a escala europea, al menos por parte de un grupo de países que se pongan de acuerdo para coordinarse.  

La otra reforma que afecta al impuesto de sociedades beneficia a las empresas más pequeñas, que son la mayoría de las que componen el tejido productivo español. Este cambio, a diferencia del anterior, sí es permanente. El impuesto de sociedades pasará de un 25% a un 23%. Afectará a pymes que tengan una cifra de negocio inferior a un millón de euros y supondrá una pérdida de ingresos para el Estado de 292 millones de euros.

Una de las reformas que sí es estructural y que afecta a los mayores patrimonios es la de las rentas del capital, es decir, los rendimientos de las inversiones, dividendos, alquileres inmobiliarios, etc. Hasta ahora, existen cuatro tramos, gravados entre el 19% y el 26%. El objeto de esta medida es el último tramo.

Los declarantes que obtengan rendimientos de más de 200.000 euros pasarán a tributar un 27%, en lugar de un 26%. Asimismo, se crea un nuevo tramo, para rendimientos superiores a los 300.000 euros, que será del 28%. El Gobierno estima que esta medida afecta a 17.814 contribuyentes y supondrá un aumento de los ingresos de 204 millones de euros. 

Los cambios en el IRPF para las rentas medias y bajas son también estructurales, es decir, seguirán aplicándose después de 2024. En primer lugar, hasta ahora el mínimo de ingresos anuales para presentar la declaración de la renta era de 14.000 euros. Este ahora ha pasado a ser de 15.000. Por otro lado, se aplica una mejora en los beneficios fiscales a las rentas de entre 18.000 y 21.000 euros, que supone una pérdida de ingresos para el Estado de 1.881 millones de euros. El impacto en el bolsillo de los beneficiados es sustancial. Según un ejemplo que aporta el Gobierno, un trabajador sin hijos que ingresa 18.000 euros tributaría un 40% menos, unos 746 euros.

La ministra Montero se ha mostrado crítica con las comunidades autónomas que han utilizado la deflactación de los tramos, porque esto beneficia a todas las rentas, ya que todas deben subir los mismos peldaños de la escalera, siguiendo la metáfora. Aquí el Gobierno ha esgrimido un truco para garantizar que la bajada de impuestos exclusivamente afecta a las rentas medias y bajas: “Las reducciones por rendimientos del trabajo es un componente que reduce la base imponible de la declaración de la renta”, explica el analista Javier Santacruz. “Es un cálculo que estima cuánto le cuesta trabajar al empleado, y se le resta de su renta. En la última reforma fiscal del PP, eliminó este beneficio fiscal en los tramos altos y hoy en día solo afecta a las rentas medias y bajas. Por lo tanto el Gobierno ha recurrido a esta figura, que es rara, pero permite que la medida así solo afecte a las rentas bajas”, explica el analista. 

El Gobierno ha anunciado que esta medida afecta al 50% de los trabajadores. Justifica esta cifra porque pone el límite de este beneficio en una renta de aproximadamente 21.000 euros, que es el salario mediano, es decir, el salario que está justo en medio si se ordenaran por orden todas las rentas de España. Según ese dato, la mitad de los españoles cobra por debajo de alrededor de 21.000 euros y la otra mitad, cobra por encima. 

No obstante, la medida no beneficia a todos los trabajadores que componen el 50% que queda por debajo, como indica el Gobierno. Hay que tener en cuenta que una cantidad importante de los trabajadores no consigue ingresos suficientes para presentar la declaración de la renta, por lo que no se verán beneficiados. Según los datos de la Agencia Tributaria, 8,7 millones de trabajadores declararon menos de 12.000 euros en 2020. Fuentes de Hacienda explican que por la naturaleza del IRPF, no es posible beneficiar a estas rentas, porque ya están por debajo del mínimo, por lo que para las rentas más bajas se aplican otro tipo de medidas, de gasto público. 

Siguiendo la misma filosofía que la rebaja anterior, el Gobierno ha anunciado una medida que beneficia a los autónomos, pero a diferencia de la anterior, es de naturaleza temporal. Se trata de una elevación al 7% (desde un 5%) de los gastos deducibles de difícil justificación en la tributación. Esta medida beneficiará a alrededor de 956.000 autónomos.

Por otro lado, el Gobierno también ha anunciado una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos, también de manera temporal, durante dos años, para aproximadamente 577.000 trabajadores por cuenta ajena. “Los autónomos cotizan por módulos. Desde taxistas hasta personas que regentan una peluquería, Hacienda calcula cuánto gastan estos trabajadores para ingresar lo que ingresan, y lo hacen mediante unas tablas que periódicamente se inspeccionan. La rebaja se aplica sobre esas tablas”, explica Javier Santacruz. Ambas medidas supondrán una pérdida de ingresos para el Estado de 184 millones de euros. 

Andalucía quiere atraer empresarios, y ha puesto el foco en los que están instalados en Cataluña. El Gobierno andaluz, liderado por el dirigente popular Juanma Moreno, ha lanzado una campaña para atraer empresas que consiste en la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio y una bajada de los tres primeros tramos del IRPF. Para que no quede duda de sus intenciones, según publica El Español, el Gobierno andaluz abrirá una delegación en territorio catalán para “captar inversiones”. No obstante, no está claro que consiga atraer el perfil deseado: empresarios que generen actividad económica y empleo. 

Un informe que analiza el impacto de la mencionada medida en la Comunidad de Madrid determina que esta medida sí consiguió atraer rentas altas, aunque fundamentalmente se trató de personas que viven de su capital (por ejemplo, inversiones o alquileres), que no generan actividad económica en la región. La investigación añadió que la comunidad madrileña consiguió duplicar el crecimiento del grupo que reúne al 1% más rico, así como aumentar un 4% su recaudación en el IRPF, a costa del resto de regiones, lo que provocó un aumento de la desigualdad entre estas.  

El impuesto del patrimonio fue eliminado en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente socialista lo calificó de “desigual” y criticó que “penalizara el ahorro”: “Eliminaremos el impuesto sobre el patrimonio para todos los ciudadanos de este país. Prácticamente un millón de ciudadanos, fundamentalmente clase media”, dijo en un acto pocos meses antes de las elecciones generales de 2008. En 2011, trascendió que el candidato a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, le pidió recuperarlo. La Comunidad de Madrid, la región donde más impacto tenía, lo bonificó al 100%, para evitar su regreso.

En 2020 se publicó un estudio en la revista SSRN (Social Science Research Network), y revisado en 2022, que estudió la movilidad de patrimonio que generó la tributación descentralizada. Este analiza si esta medida del Gobierno de Esperanza Aguirre ha actuado de imán de riqueza frente a otras comunidades autónomas. Y la conclusión es positiva: el estudio detecta un aumento relativo del 10% en la cantidad de declarantes entre 2011 y 2015 (la línea roja de la gráfica).

Este aumento no se produjo en el resto de regiones, ni tampoco había ocurrido en la Comunidad de Madrid en los años previos a 2011. En total: 6.000 declarantes extra del impuesto, mientras que en el resto de comunidades fueron 375, según atribuyen a datos cruzados del Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Para demostrar que el efecto imán se debió a la supresión del impuesto sobre el patrimonio, se estimó la evolución de los declarantes de personas que, aunque tenían rentas altas, no estaban obligadas a presentar el impuesto sobre el patrimonio. En este grupo no hubo aumento (en la gráfica, la línea azul). 

“Esto hay que analizarlo dependiendo de a qué se dedica ese rico”, explica el economista Alejandro Inurrieta y ex asesor del Ministerio de Economía. “Si es un profesional, por cuenta propia o ajena, no tiene demasiado incentivo. Sin embargo, si es un rentista, que vive de las rentas del capital, como inversiones o alquileres, podríamos pensar que sí. Como esas rentas se pueden gestionar desde cualquier sitio, no existe atadura profesional. No está apegado a una infraestructura empresarial. Para este perfil puede ser interesante decir: si en Cantabria tributo 'x', y en Andalucía tributo cero, pues sigo gestionando mi patrimonio desde allí”, explica el economista. 

Este extremo queda también confirmado por la mencionada investigación académica, que determinó que el grupo de personas que se trasladó a Madrid tiene de media 65 años y vive principalmente de las rentas del capital, no del trabajo. Es decir, de alquileres, intereses, dividendos, etc. El economista considera que, por ello, esta medida no tiene ningún impacto sobre la actividad económica ni el empleo: “Estos anuncios son propagandísticos, de carácter político. No tiene base económica ninguna. Cuando Moreno Bonilla dice: ‘Venid a Andalucía’, con todos mis respetos, el consejero delegado de una empresa industrial catalana no tiene ningún incentivo para instalarse en esa comunidad”, explica Inurrieta. 

El PIB per cápita en Andalucía es de 17.747 euros, frente a los 27.821 de Cataluña, lo cual implica una enorme diferencia en la capacidad de consumo de los hogares y de inversión de las empresas. “Esto tiene un recorrido económico nulo. Es el cuento de la lechera. Las empresas no se van a trasladar, porque dependen del impuesto de sociedades, que es el mismo en toda España”, añade Alejandro Inurrieta. 

“Los empresarios no van a plantearse cambiarse de comunidad por este motivo, principalmente por una cuestión: las empresas familiares ya tienen una gran cantidad de exenciones fiscales. De esto nunca se habla, pero estas exenciones generan unos ahorros fiscales escandalosos. Están exentas de pagar impuesto al patrimonio. Si un empresario fallece y transmite las acciones de su empresa a sus hijos, tienen un descuento del 95% del impuesto de sucesiones. Por ejemplo, Amancio Ortega no paga impuesto al patrimonio por sus acciones en Inditex, porque gestiona su patrimonio a través de una empresa familiar”, explica el profesor Albert Sagués, que imparte Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra. 

El fundador de Inditex dispone de 1.848 millones de acciones de la empresa textil a través de Pontegadea, la empresa que gestiona el patrimonio familiar. La acción de Inditex cotizaba este viernes a 21,04 euros, por lo que Ortega tiene un patrimonio de 38.881 millones de euros en acciones que queda fuera del margen de actuación del impuesto. “Siguiendo este ejemplo, Amancio Ortega no se mudaría a Andalucía, no tiene incentivo”, sentencia el profesor. El Instituto de la Empresa Familiar estima que el 88,8% de las empresas son de esta naturaleza. Estas son las responsables de generar el 57,1% del PIB.

Leonardo Neri, experto en asesoramiento fiscal a grandes patrimonios y socio codirector del despacho de abogados Montero-Aramburu, explica a infoLibre que el aspecto tributario sí tiene peso en las decisiones de sus clientes a la hora de fijar la residencia, especialmente en los que viven del capital: “En muchos casos no es el motivo exclusivo para cambiar la residencia fiscal, pero hay que tenerlo muy en consideración. Tenemos profesionales a caballo entre dos comunidades autónomas, por ejemplo, que viven en Castilla-La Mancha y trabajan en Madrid. Pueden tener la residencia en un sitio y el trabajo en otro. El aspecto tributario tiene peso en la decisión”, explica el experto.   

El asesor especifica que su despacho solo aconseja el cambio de residencia fiscal cuando hay un traslado real a un domicilio en otra comunidad: “No somos partidarios de hacer cambios ficticios, no tiene sentido”. Los autores de la mencionada investigación sí detectaron que había un porcentaje de cambios que eran “ficticios”: “Desafortunadamente no es posible cuantificar qué porcentaje de dichos cambios lo es, puesto que las estrategias que llevan a cabo los declarantes para eludir el impuesto son complejas y requieren de una gran cantidad de recursos por parte de las administraciones”, explicaron los autores en el blog Agenda Pública. 

Los autores del estudio publicado en la revista científica SSRN determinaron que la Comunidad de Madrid consiguió aumentar su recaudación autonómica del IRPF, a costa de los ingresos de otras comunidades. Los autores determinaron que la región capitalina consiguió aumentar un 4% más de IRPF entre 2011 y 2015, en detrimento de aquellas comunidades de las que salieron las rentas altas que se trasladaron. Estas podrían haber perdido hasta un 5% en recaudación, tanto de IRPF como del impuesto sobre patrimonio, en comparación con la simulación de no haberse suprimido el impuesto. En general, la iniciativa madrileña se tradujo en menos recaudación nacional, primero por la supresión en sí de los ingresos vía impuesto sobre el patrimonio, y en segundo lugar, porque el IRPF de la Comunidad de Madrid tiene tipos más bajos, en comparación con otras comunidades. 

El efecto del impuesto también se ve en la concentración de riqueza. Una simulación estima que, sin movilidad de rentas altas entre comunidades, el porcentaje de riqueza en manos de los ricos debería haber aumentado en torno al 8,7% en la Comunidad de Madrid, siguiendo su tendencia. En la práctica lo hizo el 16%, casi el doble. Mientras tanto, dicha concentración disminuyó en el resto de regiones, propiciando un aumento de la desigualdad de riqueza entre ellas.

Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), publicado en 2017, evaluó el impacto que tiene en las comunidades autónomas el ejercicio de su derecho a elevar o reducir los impuestos que controlan. “La Comunidad de Madrid es la que se comporta de manera muy diferente a las demás, perdiendo más de 4.100 millones de recaudación (...)”. El informe determina que la Comunidad de Madrid en 2017 es la que menos recaudó en 2017, en comparación con el resto de regiones: 2.515 euros per cápita. “Si Madrid no hubiese utilizado su capacidad para disminuir impuestos, sus ingresos no financieros per cápita habrían aumentado a 3.147 euros”, señala el informe.   

"Lo que pasa entre las comunidades autónomas es un problema global", señala Juan Arrieta, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. "Internacionalmente pasa lo mismo. La Comunidad de Madrid puede permitírselo porque juega con ventaja, tienes las cartas marcadas. Es la capital del país, un motor, económico. En ese sentido, la decisión de Andalucía me ha sorprendido más... Madrid puede recuperarlo a través del IRPF, porque le resulta más fácil atraer rentas altas, pero quizás Andalucía está sacrificando un dinero que sí es importante en su presupuesto", reflexiona el académico.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que la Xunta ampliará la bonificación al impuesto de patrimonio, que pasará de un 25% al 50% en el presupuesto de 2023. "Tomaremos decisiones en materia fiscal", ha dicho sobre unas cuentas centradas, ha avanzado, en "proteger la actividad empresarial y a las personas".

"Estamos estudiando otras medidas –en materia fiscal–, pero adelanto que no subiremos impuestos". "Es mucho mejor bajar impuestos que subirlos, no tiene ningún sentido subirlos", ha recalcado en un foro organizado por La Voz de Galicia y en el que ha pronunciado una ponencia sobre 'Competitividad e innovación para una Galicia con más certezas'.

"Estamos acabando de terminar un presupuesto serio al que le faltan variables importantes para acabar de cerrarlo", ha afirmado también en respuesta a las demandas de información sobre el mismo de la oposición.

En su intervención, ha vuelto a criticar la ejecución de los fondos europeos por parte del Ejecutivo central. "A día de hoy está despertando más incertezas que seguridades", ha manifestado tras rechazar la gestión "centralizada" de los mismos que, a su juicio, está suponiendo, entre otras cuestiones, "la incapacidad reconocida para hacer llegar los fondos a las pymes".

Por ello, ha reclamado un "cambio de sistema absoluto" antes de hablar de la segunda fase de estos fondos. "Que espabile el que tiene que espabilar", ha añadido sobre el Gobierno. "Otra solución para ya es que se descentralicen los 'pertes'", ha indicado sobre los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica.

Además, en referencia al contexto económico actual y los discursos políticos a este respecto, ha apelado, "frente a triunfalismo sin razón y un catastrofismo sin esperanza", a no "esconder los problemas" y trabajar para "dar esperanzas" y que la economía sea un mundo de "oportunidades".

"La vía del sentidiño, analizar las cosas, ver lo qué hay y dar soluciones", ha expuesto el titular del Ejecutivo gallego en una intervención en la que ha admitido que el invierno "va a ser duro".

Con todo, ha considerado que hay "indicadores para el optimismo", aludiendo, entre otros, a los datos del paro, aunque admitiendo que hay que avanzar "mucho" para responder a las necesidades de empleo y adaptarlas a lo que pide el mercado.

En su discurso, ha defendido, sobre la situación económica, que "Galicia aprendió a exportar en tiempos complicados" y ha citado, en materia energética, que "el 74% de la energía eléctrica que se produce en Galicia es de renovables, ese objetivo está marcado en la UE para el 2030".

"No sé si la central térmica de As Pontes está medio abierta o medio cerrada", ha asegurado, no obstante, ante una "rectificación a medias" por parte del Gobierno". "Incertezas innecesarias", ha argumentado Rueda, quien ha rechazado aplicar "ideología y slogans" y concretar una "senda" en relación con la transición energética.

En el turno de preguntas, ha reclamado diálogo al Gobierno con las comunidades autónomas en cuestiones como la "sobrerecaudación" actual por el precio del combustible. "No entiendo cómo retrasando la eólica marina", ha manifestado, pidiendo que se tomen decisiones.

Mientras, ha vuelto a rechazar un "ecologismo mal entendido" en alusión al veto a la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico. Una medida, ha añadido, que "condena a la ruina" al sector.

"La Xunta está intentando defender los intereses de la gente", ha añadido pidiendo al Ejecutivo central que recurre el veto de Bruselas. "Entiendo que hay que prepararlo bien, ofrecemos toda nuestra ayuda", ha apostillado.

Antes ha intervenido el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, quien ha apelado a la "innovación" de las empresas como "el factor diferenciador, que permite dar un salto cualitativo".

También ha aludido a los retos existentes, entre los que ha citado el cambio climático, la aceleración tecnológica o la búsqueda de la estabilidad de los mercados. "Galicia tiene en el conjunto de España una especial solidez, un camino recorrido y capacidad para sacar el mejor provecho de los fondos europeos y proyectarse como una economía líder".