NUEVO CURSO POLÍTICO

Las ayudas anticrisis se llevan casi los 16.500 millones que Feijóo pide devolver a los ciudadanos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado durante el debate sobre la crisis energética.

La recaudación fiscal en los seis primeros meses del año ha aumentado un 18,3% respecto al mismo periodo de 2021, un total de 16.534 millones más. En su último informe mensual, la Agencia Tributaria atribuye la mayor parte de ese crecimiento al IVA, espoleado por la escalada de los precios y el alza del consumo. Los ingresos por este impuesto indirecto se han disparado un 20,6% hasta junio. La recaudación del IRPF ha mejorado un 15,2% gracias al aumento de la masa salarial, razona la Agencia Tributaria, debido a la buena marcha del empleo –284.000 ocupados más, según la EPA–. También se han elevado los ingresos por el impuesto sobre sociedades, un 10,6%, por la caída de las devoluciones del ejercicio de 2020. Son esos 16.534 millones los que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama que les sean “devueltos a los ciudadanos”.

Al mismo tiempo, el expresidente de la Xunta pide que se dupliquen las ayudas para libros de texto y se repartan cheques de 200 euros por hijo, así como la creación de un fondo extraordinario de cooperación territorial destinado a financiar el transporte, el comedor y el material escolar. También quiere que las guarderías de cero a tres años sean gratuitas, para fomentar la natalidad; un plan de ayudas e indemnizaciones para moderar el impacto de los precios de la energía en las industrias electrointensivas, y extender la rebaja del IVA del gas y la electricidad hasta marzo de 2023. Y bajar los impuestos.

Esos aumentos de gasto público, sostiene, deben sufragarse con la mejora de la recaudación este año. “Deberían haberse utilizado ya para ayudar a las rentas medias y bajas”, apremió el líder del PP en una entrevista publicada por el diario La Razón. Pues bien, esos 16.534 millones cubren prácticamente el importe de las ayudas que se están pagando y de las rebajas fiscales puestas en marcha hasta ahora por el Gobierno contra la inflación y los precios desbocados de la energía: 15.000 millones de euros hasta el momento.

Rebajas fiscales de casi 4.000 millones

Al menos, ésa es la cifra en que el propio Ejecutivo calculaba el pasado junio el coste de los sucesivos planes de respuesta y decretos anticrisis. El primer plan, anunciado el pasado marzo, al poco de estallar la guerra en Ucrania, ascendía a 6.000 millones de euros, entre ayudas directas y rebajas de impuestos. El segundo, aprobado en junio, sumaba 9.000 millones, de los que 5.500 millones corresponden a gasto y 3.600 millones a rebajas fiscales que recortan la recaudación. Más aún, de hecho. A tenor de las cifras que aporta la Agencia Tributaria, Hacienda ha dejado de ingresar 3.987 millones de euros desde el pasado enero por la rebaja del tipo de IVA de la electricidad, la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y la supresión del Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica.

La mayor recaudación, además, ha servido para aumentar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Según explicó el pasado julio la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en 2023 las aportaciones del Estado a los territorios crecerán un 24%. Las comunidades recibirán 26.130 millones más respecto al año anterior, gracias a una mejora en la recaudación fiscal, ya en 2021, de 8.000 millones de euros. Más del 50% de los ingresos por impuestos se comparte con las comunidades autónomas.

De los 20 céntimos de la gasolina a las subvenciones a los agricultores

¿En qué medidas se está empleando la recaudación fiscal este año de inflación y crisis energética? Una de las primeras ayudas, la bonificación de 20 céntimos por litro de los combustibles –que se ha prorrogado hasta diciembre– tiene un coste de 1.423 millones de euros. Una de las últimas, reducir un 50% el abono mensual del transporte, supondrá un gasto de 221 millones más. El plan de ayudas al transporte, aprobado tras la huelga de los camioneros en febrero, sumaba otros 1.050 millones de euros, de los que 600 millones correspondían a la citada rebaja del precio de los carburantes y otros 450 millones eran ayudas directas.

Entonces también se aplicaron ayudas directas para agricultores y ganaderos por importe de 362 millones, mientras que el sector pesquero recibió 68,8 millones. Para las industrias electrointensivas se aprobaron ayudas de 500 millones –250 millones para el recorte del 80% de los peajes por uso de redes de transporte y distribución de electricidad– y 125 millones para las grandes consumidoras de gas.

Además, se subió un 15% el Ingreso Mínimo Vital (IMV), un alza que en junio se prorrogó hasta final de año y que costará 270 millones de euros. En junio se aumentó también un 15% la cuantía de las pensiones no contributivas –de jubilación e invalidez--, una factura adicional de casi 180 millones. Estas prestaciones, de entre 421 y 462 euros al mes, las cobran 445.000 personas. El IMV lo están percibiendo unas 380.000 familias, con una media que apenas supera los 500 euros.

Otra de las medidas del último decreto anticrisis fue la ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados que residan en hogares con rentas inferiores a los 14.000 euros. Para hacer ese pago único, el pasado mes de julio, hubo que desembolsar 540 millones de euros, repartidos entre 2,7 millones de personas.

Finalmente, la beca complementaria de 100 euros para estudiantes mayores de 16 años necesitará de un aumento del presupuesto de 400 millones para que la reciban un millón de alumnos hasta diciembre.

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