Quiero pensar que fue por la intensidad informativa de estos últimos días, y no por esa manía de fijarnos sólo en lo que no funciona y dejar de valorar los logros, que el pasado jueves pasó por debajo del radar de buena parte de los medios una noticia de alcance, de esas que desmienten los mantras instalados de la polarización, la imposibilidad de acuerdos y el “España se rompe”: todas las comunidades autónomas, todas, acordaron de forma unánime con el Ministerio de Vivienda el reparto de los 7.000 millones del nuevo Plan de Vivienda Estatal.¿Qué ocurrió para que obrara el milagro?

Como es habitual, no encontraremos un solo motivo, sino varios: la habilidad negociadora del ministerio, el correcto planteamiento del propio plan que permitirá ampliar el parque de vivienda asequible —especialmente la vivienda pública y protegida—, movilizar y dignificar la vivienda existente, e incrementar la protección para los colectivos con más dificultades… Pero más allá de todo esto, hay algo incuestionable: el papel que ha tenido la sociedad civil poniendo en el top de sus preocupaciones y sus movilizaciones la cuestión de la vivienda.

No es la primera vez que ocurre. De hecho, un recorrido que estudie la preocupación por la vivienda en los últimos años nos dice que ya en 1995 se encontraba —según el CIS— en el tercer puesto (por delante estaba el terrorismo de ETA y la crisis económica que golpeó con fuerza en 1992). Ya entrados en el siglo XXI, la vivienda volvió a ser objeto de enorme preocupación en los años posteriores a la crisis de 2008. De hecho, aunque ha desaparecido de la memoria colectiva, fue uno de los asuntos que hizo estallar la indignación el 15M, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos similares. A partir de 2013 va bajando en el listado de prioridades y en la primavera de 2023 empieza a repuntar.

Hoy, es un clamor: Oxfam analiza cómo la condición de inquilino es una brecha de desigualdad que atrapa en la “trampa del alquiler”, haciendo que, aun con mayores ingresos que los propietarios, los inquilinos tengan menor capacidad de ahorro; el Observatorio de la Emancipación acaba de publicar un informe en el que dice que la edad media de emancipación se ha elevado a los 30,2 años debido, fundamentalmente, al problema de poder hacer frente a un alquiler…. Los informes se suceden y las cifras no dejan lugar a dudas.

El clamor ha llegado a la calle en forma de una gran movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas, a la que se han sumado los sindicatos CCOO y UGT, además de otros colectivos sociales. Sin duda, el consenso político en torno al plan de vivienda no es ajeno a este clamor social. Luego podrán discutirse modelos de políticas de vivienda; habrá quien pondrá más el acento en la construcción de nuevos pisos y quién en el hecho de que sean públicos y/o asequibles, etc. Pero nadie puede negar que el problema de la vivienda ha entrado en la agenda política gracias a la preocupación y a la movilización social. Quien consiga dar con la tecla de cómo solucionarlo a corto —si es que eso es posible—, medio y largo plazo, contará con la confianza de la ciudadanía. 

Mientras tanto, extraigamos la lección y apliquémosla a otras cosas: cuando la sociedad civil se moviliza, la política no puede permanecer quieta.

La compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2% interanual y contabilizó 61.295 operaciones, un nuevo descenso que da lugar a un primer trimestre negativo, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge EFE.

Con este nuevo ajuste, el tercero consecutivo en lo que va de año, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 2,6% en el primer trimestre de 2026.

Tras crecer en 2025 un 11,5% y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5%, que siguió en febrero con un -0,5% y que continuó en marzo con un ajuste del -2,2%.

Todo ello en un contexto marcado por la escasez de viviendas disponibles para hacer frente a la demanda, lo que sigue presionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente para los más jóvenes y aquellos con menos recursos.

Por tipos de vivienda, las compraventas de vivienda usada, las más numerosas del mercado al concentrar más del 78% del total, subieron en marzo un 0,2% hasta las 48.238 operaciones. De hecho, se trata de la cifra más alta en un mes de marzo desde el inicio de la serie de esta estadística, en 2007.

Por el contrario, la vivienda nueva protagonizó en marzo una caída a doble dígito, del 10,2%, hasta las 13.057 unidades, encadenando tres meses a la baja. Por régimen, la vivienda libre concentró cerca del 94% de las compraventas, un total de 57.500, el 1,6% menos que en el mismo mes de 2025.

Por su parte, la vivienda protegida sumó 3.795 transacciones, el 10,4% menos, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

En marzo la compraventa de viviendas cayó en nueve comunidades autónomas y subió en las restantes. Los mayores descensos, de doble dígito, se dieron en Cantabria (15,4%) y Euskadi (11,6%).

A continuación se situaron las caídas de Canarias (8,9%); Baleares (8,3%); o Murcia y Andalucía (6,5% en ambos casos).

Del lado de los aumentos, los más acentuados fueron los de Castilla–La Mancha (11,5%), Navarra (8,2%) y La Rioja (5,2%). 

Entre los grandes mercados, la compraventa de viviendas se redujo un 3,5% en Cataluña y un 2,5 % en Madrid.

Si se comparan los datos de marzo con los de un mes antes (febrero), la compraventa de viviendas experimenta una subida del 2,7% en tasa intertrimestral.

La vivienda nueva sigue presentando una caída, del 5,4%, comparada con los datos del mes anterior, mientras que en el caso de la vivienda usada se registra un crecimiento del 5,1%.

Por régimen, tanto la libre como la protegida aumentaron en marzo frente a febrero. En concreto, la vivienda libre lo hizo un 2,8% y la protegida el 1,2%.

Con este nuevo ajuste, la compraventa de viviendas ha descendido un 2,6% en el primer trimestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Tanto la vivienda nueva como la usada han experimentado descensos, del 5,3% y del 1,8%, respectivamente.

La compraventa de vivienda protegida volvió a ser la que protagonizó la caída más intensa, del 6,9% entre enero y marzo.

Además, las compraventas de viviendas libres cayeron un 2,3% en el trimestre.

De todas las disonancias que hay en el mercado inmobiliario, la de los datos es una de las más llamativas. Los porcentajes y las cifras llenan informes de todo tipo que se publican casi a diario, pero paradójicamente, es un área en la que los números no están claros, ya que los registros oficiales son insuficientes. En materia de compraventas, el Portal del Notariado ofrece desde hace apenas un año la evolución de las compraventas y de los precios, pero en materia de alquiler es mucho más complicado, ya que no todas las comunidades tienen un mecanismo de depósito de fianzas y la gran mayoría no ofrece datos sobre importes o tipos de arrendadores. Grandes o pequeños tenedores, socimis, empresas, comunidades autónomas… Saber quién pone casas en alquiler y a qué precio resulta complicado y, además, alimenta relatos y propuestas de solución muy dispares. Si son pequeños propietarios, se justifica apoyar con medidas que incentiven la oferta; si son empresas o profesionales, las sugerencias van más a penalizar la especulación y topar el mercado.

En el ámbito del alquiler, el vacío estadístico es patente, pero conocer su comportamiento es clave, sobre todo para dar una estimación de la forma en la que afecta a los hogares con menos renta. Esa falta de datos fiables es algo que ha reconocido el propio Gobierno y que recientemente ha desatado una bronca entre economistas y expertos en torno a un informe publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que identificaba un porcentaje de multipropietarios de inmuebles superior al 60% del conjunto de los alquileres. La metodología y la interpretación de los datos, así como la nomenclatura, desataron en la red social X una disputa sobre relatos y conflictos de intereses. Los autores eran acusados de utilizar términos cargados como "multiarrendador" o afirmar que los pequeños caseros eran minoría. También de no desagregar los datos —creados a partir de fuentes oficiales como las estadísticas de IRPF o el Catastro— por número de posesiones. En su respuesta, los autores del estudio señalaban que utilizaban fuentes oficiales y que su elaboración no respondía a ninguna posición ideológica. Pero, más allá de las disquisiciones metodológicas entre expertos, ¿qué se necesita en España para tener datos limpios y claros?

Iván Auciello es investigador en CY Cergy París Université y especialista en vivienda. Explica a infoLibre que la clave está en crear fuentes públicas y accesibles, algo que aún está lejos de ser así. "En cuestiones como el alquiler, tenemos información de muestras, pero no del universo, es decir, faltan datos agregados", apunta. "Lo mejor que tenemos son los datos de los depósitos de alquiler, pero no están completos y tampoco están centralizados a nivel nacional", lamenta.

"Las críticas al informe del CSIC han sido, a mi modo de ver, demasiado grandes. Si bien es cierto que las definiciones y la metodología deben estar claras en este tipo de informes y podrían ser mejorables, la base de datos que han utilizado es habitual en los estudios y se ha empleado muchas veces en otros casos", valora el experto.

Algunas de las críticas que recibió el informe tenían que ver con el uso de las referencias catastrales en la contabilización de inmuebles, ya que se pueden dar duplicidades, o en denominar como "multipropietarios" sin desagregar por cortes a todas las personas con más de dos inmuebles. Aunque el debate de fondo era más político, ya que la idea que se trata de cuestionar es si realmente el perfil de persona jubilada que alquila una segunda residencia para complementar su pensión es tan habitual o el mercado está en manos de inversores y profesionales de la especulación inmobiliaria. Esto último, justificaría un tipo de política más intervencionista con el mercado, algo a lo que se opone la derecha y las inmobiliarias.

Uno de los puntos en los que suelen coincidir todas las propuestas es en la necesidad de construir más vivienda para responder al déficit acumulado tras la burbuja, a la demanda y a la creación de hogares, pero aquí terminan los consensos. Si a largo plazo esa es la solución más compartida, el problema sobre cómo atajar la escasez a corto plazo es mucho más complicado y aquí las posiciones políticas empiezan a marcarse.

El mero hecho de aumentar el parque de vivienda no es suficiente, según advierten expertos como el urbanista Gerardo Roger. "No se puede resolver el problema del acceso a la vivienda de las clases medias sin una empresa pública. Resulta que en los diez años de la burbuja se edificó y se urbanizó el doble de la demanda normal. Según esa teoría, las viviendas se tendrían que haber regalado, pero resulta que subieron más que nunca”, explicaba el experto a infoLibre.

Por un lado, los sindicatos y partidos de la izquierda como Sumar o Podemos son partidarios de una intervención del mercado con medidas como la prórroga de los alquileres que decayó en abril. A la derecha del espectro, el Partido Popular y las asociaciones inmobiliarias, se posicionan a favor de reducir la fiscalidad y respaldar a los caseros para incentivar la puesta en el mercado de las viviendas. Para unos, los multipropietarios son un problema grave, mientras que para otros, son quienes deben proveer de oferta inmediata.

La parte socialista del Gobierno no había aclarado del todo su postura en este debate, aunque la pasada semana el presidente del Ejecutivo entraba al debate planteando esta disyuntiva. “El dilema es intervenir el mercado o mirar hacia otro lado”, señaló Pedro Sánchez. Aunque por el momento, solo se ha quedado en unas declaraciones. En el otro extremo, el argumento de quienes quieren evitar topes en el mercado inmobiliario se basa, principalmente, en que afectaría negativamente a ciudadanos corrientes que alquilan una vivienda que no utilizan para sacarse un pequeño "extra".

Y en este contexto aparecen los choques y las fricciones. También los conflictos de intereses sobre quién dice qué, y los intereses que pueden motivar esa posición. Por un lado, el peso de los datos de compañías privadas sigue siendo muy relevante. Idealista, Pisos.com, Alquiler Seguro, Fotocasa y otras empresas dedicadas al sector, siguen siendo proveedores principales de información. "Son estudios que se deben tomar como estudios de lobby, que si están bien hechos son adecuados, pero todo es más sano si se referencia a datos oficiales y los conflictos de intereses quedan claros", apunta Auciello. "Nadie duda de que en el mercado laboral los datos que se deben usar son los oficiales y no los de las empresas más grandes, y en vivienda debe ocurrir lo mismo", sentencia.

Por otro lado, el carácter incompleto de los datos públicos, explica Auciello, provoca que las elaboraciones de informes a partir de muestras generen discrepancias metodológicas como la que afecta al CSIC. "En los últimos años ha habido una mejora en cuanto a la recogida de datos, pero falta un gran salto para estandarizar las bases administrativas y que se puedan usar de forma generalizada y por defecto", concluye el investigador.

A Mariano Ordaz (67 años, Madrid) una orden religiosa le ha intentado desahuciar en tres ocasiones durante el último año. Cinco veces en los últimos seis años. Ha residido toda su vida en el mismo lugar, en un piso cuyo primer contrato firmó su abuela y que llegó hasta él. El alquiler de renta antigua se extinguió por el camino y pasó a pagar un precio de mercado que un día superó sus ingresos y dejó de poder abonar. Su pelea es la de muchas personas en España, que tratan de mantener un techo en un mercado de la vivienda que no admite fallos, porque salir de un piso te aboca casi indefectiblemente a pagar más en otro lugar. Si no puedes, te quedas fuera. “Lo intento sobrellevar de la mejor manera, con mucha pena y con la ayuda de amigos y del sindicato, pero no me lo puedo quitar de la cabeza”, cuenta a infoLibre. “No tengo a dónde ir”.

Su casero es la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que hasta ahora no se ha reunido con él y que se acoge a unas supuestas obras que necesita el edificio para insistir en la necesidad de que Ordaz abandone el inmueble. “Yo puedo pagar un alquiler social, pero no quieren atenerse a ninguna negociación ni nada”, apunta.

La situación que le ha llevado hasta este punto se remonta a la pandemia. “El tema del desahucio vino por un problema laboral en la época del covid. Terminé un contrato y lo único que tuve luego eran contratos vacacionales en el hospital Gregorio Marañón, en temas de limpieza”, cuenta. Solo tenía 480 euros de paga que en ese momento no le alcanzaban para abonar los 600 de alquiler y ahí comenzó a contraer la deuda. “Intenté hablar con ellos, decirles que me quedaba poco para la jubilación y que después, ya con la pensión, podría pagar, pero me pidieron una cantidad imposible”. Ordaz cuenta que durante ese momento en el que no tenía ingresos les daba “150, 100, 200 euros al mes, lo que podía en ese momento”, pero contrajo una deuda de 15.000 euros.

Responder con silencio a los intentos de negociación de los inquilinos es una técnica habitual. “Después de que rechazasen llegar a un acuerdo, incluso estuve hablando con la procuradora de la Orden Tercera Franciscana y ella decía que no tenía potestad para poder negociar, que me informaría sobre el tema. Pero vamos, ni me han llamado, ni me han dicho nada”, explica. “La única alternativa que tengo es que el juzgado o el juez instructor anulen el desahucio, porque ellos no aceptan nada”.

Para poder quedarse en un piso que además sufre de graves desperfectos, le piden que se ponga al corriente con la deuda acumulada más 800 euros de mensualidad. “Pero si yo voy a cobrar 1.030 euros al mes de pensión, ¿cómo voy a pagar eso?”, remarca. Además, tiene miedo de que, si sale de casa para que arreglen el inmueble, no le permitan regresar. “Yo no quise abandonar la vivienda para la obra porque temía que fuera una estrategia de ellos para cambiar la cerradura y no dejarme volver”. A Ordaz se le desprendió una parte del techo de la cocina por un problema de humedades y su baño también está inutilizable, lo que le obliga a ducharse en casa de sus vecinos o de amigos.

Sin otro sitio al que ir y sin unos ingresos que le permitan acceder al mercado del alquiler, las alternativas de Mariano no son muchas. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que la Venerable Orden Tercera no es un pequeño propietario: “Es una entidad con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís. Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso, que teniendo recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo, explican en una nota de prensa.

La Venerable Orden Tercera es una rama religiosa ligada a los franciscanos y orientada tanto a clérigos como a laicos. En Madrid, la asociación vinculada a la orden posee uno de los hospitales más antiguos de la capital, fundado en 1697, que lleva el mismo nombre.

Si nada lo remedia, este jueves Mariano Ordaz se verá abocado a dejar la casa familiar que ha habitado durante toda su vida. El sindicato ha convocado para la tarde del miércoles una vigilia “contra el rentismo” con la que intentarán detener, por quinta vez, el intento de desahucio.

Si hay unos responsables de que no se prorroguen los alquileres a miles de familias ahogadas por la presión económica y los precios voraces de la vivienda estos son PP, Vox y Junts. Los populares, por partida doble. No haría falta el decreto de prórroga si se aplicara la ley de vivienda. El muro levantado por el PP en las comunidades autónomas pasa por rechazar los topes de precios a los más vulnerables en zonas tensionadas. La medida no resolvería la totalidad de los casos, pero sí la mayoría. En las zonas de alta especulación es donde más se mueven los precios hacia arriba, donde más aprietan los fondos buitre para doblar la rentabilidad a costa de las rentas medias. 

De la culpa de la derecha, a la responsabilidad de la izquierda. La prórroga de los alquileres venida abajo deja lecciones vitales para el Gobierno y su socio. Ambos subestimaron el daño de su estrategia. Si empezamos por Sumar, presionaron para impulsar un decreto que nació muerto y sin la mayoría suficiente. Lo hizo el ministro Pablo Bustinduy sin tener las competencias y en oposición a la ministra Isabel Rodríguez. Mostrando una división interna que en un contexto de fragilidad parlamentaria les debilita. El ministro tiene legitimidad para hacerlo, pero desde fuera, para quien está pendiente de renovar su alquiler, la imagen es un Ejecutivo que confronta sin encontrar salida. Ahondando en la sensación del ‘yo me estoy ahogando y tú me hablas de competencias o mayorías’. Prometer algo que no puedes cumplir aumenta la frustración de quien lo sufre… y el cabreo. El ciudadano y el votante se quedan con el que remanga y a favor de quien lo hace cuando está en juego lo más elemental. Salud, educación, vivienda. No importa el orden. 

El Gobierno no creía en la iniciativa forzada por el plantón de Sumar en el Consejo de Ministros y dejó hacer al socio a sabiendas de que se estrellaría. Al final del camino, Pablo Bustinduy hizo un buen discurso y forzó el debate. Pero a ese buen combate le siguió el llanto de los afectados. Al lucimiento y la victoria en corto sobre el PSOE (ausente en un debate fundamental), una mujer afectada lloraba en la puerta, fotografiada por Olmo Calvo como símbolo del millón de familias afectadas. El grito en tribuna “¡Haced algo ya, coño!” fue un clamor a toda la bancada. 

Sumar prometió lo que iba a ser imposible y el ministerio de Vivienda ha tenido que asumir la necesidad de hacer más. Tenía razón la ministra Isabel Rodríguez en defender medidas garantistas y tenía razón Sumar en presionar. La estrategia, ir separados, fue el error. Y como en política no hay nada imposible, Junts ya ha aceptado sentarse a negociar. Si aprueban parte de la prórroga de alquileres es más de lo que había antes de que el PSOE renunciara al decreto. Lo inconcebible es que sea Junts y no el PP quien se sienta interpelado para buscar soluciones. 

El Gobierno progresista está obligado a sacar adelante como sea políticas públicas para aliviar y resolver una crisis profunda que ha tocado fondo. Por su transversalidad, hunde a la sociedad en la desigualdad y condena a generaciones a una discriminación intrínseca. Más allá de la riqueza, el ascensor hoy es tener o no vivienda. Todos los partidos y gobiernos se han dado cuenta, salvo PP y Vox, incapaces de impulsar propuestas de consenso. Isabel Rodríguez tiene razón en el relato ganado. Casi nadie se atreve a defender abiertamente la vivienda como producto especulativo. Quienes lo hacen, el ala más liberal de los populares, buscan subterfugios para hablar de los derechos de los propietarios y el libre mercado. Más allá de la obviedad del daño de los fondos, los coliving y tantas otras fórmulas similares, un tenedor de diez viviendas es un profesional del negocio y mercadea con un bien de primera necesidad. Quienes exigen el cumplimento de la Constitución con la presentación de presupuestos, se lo saltan por partida doble con la "prioridad nacional" y la vivienda. La Carta Magna es explícita con la regulación del suelo, la bestia negra de la derecha desde la primera ley de Aznar. “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Más claro, imposible. Por eso ha hecho bien Pedro Sánchez en reivindicar esa regulación como condición obligada. Lo hizo hasta el rey Felipe VI hace dos discursos navideños. 

La crisis de la vivienda es la espada de todos los partidos y gobiernos. Vox perdió la oportunidad de lepenizarse y votar a favor, descolocando al PP. Al final demostró que el discurso de Carlos Quero es propaganda electoral, el abono de sus mítines, PPC más. A la hora de votar, entre las familias y los fondos extranjeros, eligió el negocio. Igual que ante el soldado español y Netanyahu prefirió defender al segundo. El debate destapó la falsa disyuntiva populista de Vox. Las casas que faltan no las tienen los inmigrantes. No hay un ellos extranjeros y un nosotros nacional. La sesión demostró que tras el eslogan xenófobo y discriminatorio no hay medidas ni soluciones. Al PP no le ha ido mejor: hasta Ayuso tuvo que aceptar el fondo estatal de más de mil millones para vivienda social blindada a la especulación. Ni con esas Alberto Núñez Feijóo se ha sentido aludido para sumarse a las negociaciones de un futuro decreto.

Tras la derrota, se ha tomado nota. La agenda de vivienda está viva y todo es posible. Es más, debería serlo. Las movilizaciones sociales están en marcha. Hay un millón de contratos de alquiler en el aire. Un fraude de ley con el alquiler temporal y turístico por donde se cuelan las subidas abusivas y los desahucios. Desgravaciones necesarias. Fondos y ayudas pendientes. Y un consenso imprescindible. Quien no lo lea, sufrirá.

“Ya están en marcha las 4.000 viviendas públicas comprometidas en esta legislatura y este año se entregarán las primeras en Santiago de Compostela y Pontevedra”. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, se expresaba de este modo hace pocos días en una comparecencia ante la prensa para detallar las modificaciones que va a aplicar su departamento en materia de vivienda protegida: subir los límites de renta a 4 veces el IPREM para poder acceder a una de ellas y reservar el 30% de las que salgan a la venta para familias de entre 36 y 45 años con menores a cargo.

Con “en marcha” la conselleira se refiere a que la Xunta tiene en diferentes puntos de tramitación —desde trámites de contratos para trabajos previos a las obras propiamente dichas— esa cifra redonda de 4.000 pisos (en realidad son algo más de 3.900, había indicado en fechas previas). Si llegase a cumplir el objetivo, incluso atendiendo solo a la vivienda de promoción pública, la actual sería la legislatura con más vivienda protegida desde hace una década y media, esto es, desde la legislatura en que el PP retornó al Gobierno con Alberto Núñez Feijóo y le correspondió rematar o entregar los últimos proyectos heredados del Ejecutivo de PSdeG y BNG, que a su vez habían tenido que hacer lo propio con algunos de los tiempos de Manuel Fraga.

Como muestra el gráfico sobre estas líneas, que compara el total de viviendas protegidas terminadas en Galicia en cada legislatura desde que hay datos comparables (la segunda de Fraga, la salida de las elecciones de 1993), 4.000 viviendas públicas están muy por encima de las cifras residuales del total de vivienda protegida atribuible íntegramente a la era Feijóo, esto es, desde su segundo mandato (2012-16) hasta su dimisión en 2022. Pero precisamente esa parálisis, inicialmente muy ligada a la gran recesión y después con más explicaciones políticas, implica un lastre que limita el impacto del giro del Gobierno gallego en la materia debido a una demanda que está disparada.

Esto sucederá incluso teniendo en cuenta la vivienda protegida que pueda llegar en un futuro más o menos próximo por la vía de la promoción privada. Atendiendo a los datos oficiales más recientes del Ministerio de Vivienda, también procesados por el IGE, entre 2024 y 2025 comenzó en Galicia la construcción de 654 viviendas protegidas. Entre ellas están 224 de promoción pública, promovidas directamente por la Xunta: 3 en 2024 y 221 en 2025. Las restantes 430 son viviendas protegidas de promoción privada.

Incluso sumando esas cifras de viviendas de protección pública y promoción privada a las totalmente públicas proyectadas por la Xunta para toda la legislatura, un virtual total de unas 5.000 viviendas protegidas nuevas en cuatro años supondría situarse en niveles más o menos próximos al primer mandato de Feijóo —el de la herencia del bipartito—. Pero muy lejos no solo de las más de 12.000 viviendas terminadas durante el mandato del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG, también de las más de 10.000 de cada legislatura de Fraga desde que hay datos comparables.

La intención del Gobierno gallego, matiza Vivienda, es seguir tapando este hueco por la vía del desarrollo de suelo residencial “para 25.000 viviendas, de las cuales 20.000 serán protegidas” —de promoción privada— en diferentes ayuntamientos de Galicia. Ese desarrollo lo está realizando a través de las figuras de los denominados proyectos de interés autonómico (PIA), que concretan una apuesta política similar a la del Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que aprobó en 2007 el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas (2005-2009) con el objetivo de sumar 37.000 nuevas viviendas protegidas. Fue cancelado en 2010 por el gabinete de Feijóo, con Rueda como número dos, tras anunciar una reformulación que nunca llegó.

Esta semana, tras aprobar uno de estos PIA para desarrollar suelo que acoja hasta 3.609 viviendas en el barrio compostelano de Mallou, el 80% protegidas de promoción privada, la Xunta recordaba que tiene en tramitación estas figuras también en otros ayuntamientos. Son Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo, Arteixo, A Coruña y Vilagarcía y, en fases previas, trabaja en los de Marín, O Porriño y Ribadeo, indica Vivenda.

Mientras se desarrollan esos suelos residenciales para vivienda protegida de promoción privada en diferentes localidades, los nuevos pisos que parecen más tangibles a corto plazo, los alrededor de 4.000 que la Xunta dice tener ya “en marcha” para esta legislatura, cubren apenas el 13% de la demanda registrada. Esto es, de las más de 30.000 solicitudes anotadas en el Registro de Demandantes de la Consellería de Vivienda, requisito imprescindible para poder optar a alguna de estas viviendas.

Admite la propia Xunta que sus sucesivos anuncios, de cuyo cumplimiento en esta legislatura recelan tanto BNG como PSdeG, están estimulando las inscripciones en un registro que este 21 de abril —las estadísticas se actualizan continuamente y no existe una base histórica donde repasar su evolución— contaba con 31.256 solicitantes.

Incluso teniendo en cuenta los requisitos de caducidad de las solicitudes —las peticiones se desactivan a los tres años si no se renuevan en los tres meses previos—, el fuerte aumento en apenas dos años es buena muestra no solo de la fuerte demanda de vivienda protegida, sino de la crisis de vivienda en general. Y también de cómo los planes del Gobierno gallego en marcha tienen un impacto limitado, precisamente, por la parálisis anterior.

Así, las actuales más de 31.000 peticiones suponen, atendiendo a los datos que pudo recuperar Praza.gal, un 55% más que hace apenas un año. Con relación a los primeros meses de la actual legislatura, iniciada en febrero de 2024, se dispararon casi un 90%.

Llevamos varios días hablando de la cocina del CIS. De nuevo los sondeos electorales interpretados con el método de Tezanos dan una clara mayoría al PSOE de Pedro Sánchez. En un país dividido en burbujas sociales, una parte de la opinión pública se congratula de que las medidas sociales de las últimas semanas estén siendo reconocidas por el electorado. Otra sigue cantando "Pedro Sánchez hijo de p***" en eventos públicos, segura de que la derecha está con un pie en la Moncloa. Pero sea como fuere, algo está pasando, aunque Tezanos rime con "inflar los resultados de sus hermanos".

Llevamos una semana de regularización extraordinaria. Quienes, como yo, han trabajado durante seis años para llegar aquí entenderán que para mí esto es un momento de júbilo, pese a todas las trabas, las colas interminables y los toques de confusión. No dejo de hablar con personas esperanzadas porque su vida va a cambiar para siempre. Amigas, vecinas, cuidadoras de alguno de los abuelitos que viven en mi bloque. Mi barrio tiene muchos bloques que se construyeron para una población obrera y de clase media baja entre los años 60 y 70. Quienes en aquella época tenían 30 años ahora tienen entre 80 y 90. Con la gentrificación y el encarecimiento del centro, en mi barrio coexisten familias con niños pequeños, ancianitos y personas que cuidan a unos y otros. Muchas de esas personas están ahora regularizándose. La gran mayoría son mujeres latinas. Algunas tienen historias tremendas que, cuando te las cuentan, te dan ganas de llorar o de estrujar una pelota antiestrés hasta romperla. Son historias que no representan el país que yo habito, la burbuja social que me acoge. 

Me preguntaban ayer en una entrevista qué pensaba yo que iba a cambiar con la regularización extraordinaria. Respondí que estamos haciendo historia, que hemos conseguido tener una sociedad unida, orgullosa de poner orden y legalidad, de reconocer derechos y responsabilidades a todas sus ciudadanas por igual. Y si hacer una regularización premia al progresismo, entonces quizás los progresistas vuelvan a serlo. Que llevamos años esperando que las políticas sociales sean la prioridad y defiendan los intereses de la mayoría y no los de una pequeña élite. Y si lo malo se pega, lo bueno también. Tenemos los ojos de millones de ciudadanos en todo el mundo pendientes de cómo saldrá esto. Y va a salir bien, y se va a convertir en el combustible que necesitan las propuestas progresistas de los países de la OCDE.

Pero por muy importante que sea para mí la regularización, hay que admitir que el punto de giro ha venido de la mano de la prórroga de los alquileres. Según el CIS, la vivienda es la mayor preocupación, con una decena de puntos sobre el resto. No sé tú, pero yo vivo rodeada de familias con niños pequeños y gente que comparte piso, todas atenazadas por la inseguridad habitacional. Yo tengo la suerte infinita de tener unos caseros que se han convertido casi en mi familia. Fuimos las primeras inquilinas de Pablo y Manuel tras la muerte repentina de sus padres. Esta es la casa donde nacieron y crecieron. Durante la primera visita, Pablo me confesó que un idealista le había escrito para advertirle que podía pedir 200 euros más por el alquiler. Qué asco de especulación, dijimos los dos. Aquí llevo siete años, protegida por la integridad y los valores de dos personas que, por desgracia, son excepcionales. Y por eso, porque al final esto es una lotería y no debería serlo, pago emocionada mi cuota al Sindicato de Inquilinas. Y si el Gobierno avanza lo suficiente en las medidas de vivienda, es posible que yo sea una de esas excepciones que ha identificado Tezanos y mi voto se tiña de rojo por primera vez en muchos, muchos años. Y de nuevo, todos los ojos del mundo atentos a lo que hará nuestro país para ver si merece la pena copiarlo o no. Por el momento, la encuesta encargada por el grupo europeo The Left y publicada el pasado 20 de abril aporta unos resultados absolutamente indiscutibles: el 73,6% de la población de nuestro país apoya la medida. Eso quiere decir que la mayoría de los votantes del PP y de Vox también están ahí. Y en efecto, el 65% de los votantes del PP y el 60% de los de Vox se declaran a favor de la prórroga, pero incluso un tercio de esos electores confiesa que este asunto podría llevarle a cambiar de voto.

Después de tanto miedo resulta que todo era más fácil de lo que parecía. Que la agenda puede ser progresista y ganar elecciones. Pues claro que sí. Esto ya lo predijo Piketty en el año 2013 cuando publicó El Capital. La distancia entre las grandes fortunas, que viven del rendimiento del capital, y el resto cada vez es mayor. La gran mayoría de las personas formamos parte de una clase media cada vez más empobrecida a la que el sistema machaca por defecto. Y hemos estado un poco confundidas con todos los cambios, tecnológicos y comunicativos, que nos obligan a correr y nos someten a una sobrecarga informativa que está siendo casi inasumible y no nos ha dejado pensar. Pero este ciclo de confusión puede estar llegando a su fin. Como anunció Piketty, parece razonable aplicar un impuesto progresivo global sobre la riqueza. El movimiento Tax the Rich está poco a poco más presente en países como el nuestro. Los Verdes de Reino Unido están subiendo vertiginosamente en las encuestas llevando esta propuesta como una de las principales de su campaña. Igualmente, Bernie Sanders y los demócratas socialistas en Estados Unidos, abanderados del Fair Share Act for Billionaires, un impuesto del 5% para los súper ricos, suben peldaños en las encuestas. Zohran Mamdani, uno de los representantes más mediáticos de este movimiento y alcalde de Nueva York, ya ha anunciado su apoyo al llamado Impuesto Pied-à-Terre para las segundas residencias de lujo de los más ricos, con el fin de financiar servicios públicos.

En el debate público aparece claro que la culpa de las miserias de la clase media no la tienen ni los migrantes, ni las personas trans, ni las personas musulmanas, como nos han intentado hacer creer. Igualmente, la solución a la violencia no es la securitización sino la comunidad y la inversión cultural, como en Medellín, o como en Nueva York, que iluminó las calles y vio cómo el crimen caía un 30%. Cada vez se habla más de amor y menos de odio. Estamos recuperando la esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Es gratificante, después de tanto tiempo, volver a sentir que tenemos voz y que nuestro voto puede ser decisivo para que nuestra vida sea mejor. Así que a lo mejor esta vez Tezanos rima con "dale que nos vamos" y resulta que la burbuja de "queremos una sociedad inclusiva, equilibrada, con servicios públicos de calidad, donde se proteja a las personas más vulnerables, y quienes más tienen más aporten" gana las elecciones otra vez. Ya veremos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Este martes el Consejo de Ministros ha ratificado la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Esta medida, dotada con un presupuesto total de 7.000 millones, ha generado polémica desde que se anunció el año pasado. Si bien el Gobierno insiste en que el tono de las negociaciones con las distintas comunidades autónomas ha sido sosegado, algunas autonomías como Madrid ya han reiterado su rechazo al plan del Ejecutivo. “Es un plan que se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”, ha dicho el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo donde insistía en que la nueva regulación es una injerencia en sus competencias.

Hoy también se ha conocido cómo quedará el reparto de fondos que se ha realizado teniendo en consideración parámetros como la tensión del mercado, la dispersión poblacional, las tasas de desempleo y otros similares. Las comunidades que más se llevan son Andalucía y Madrid. La primera, con un importe total de 1.197 millones, de los cuales el Estado aportaría 718 millones (un 60%), mientras que el 40% restante correspondería a la región. En el caso de Madrid, recibiría en total 1.113 millones, de los cuales 667 millones provendrían de las arcas del Gobierno central. En la cola quedarían La Rioja y Cantabria, con una dotación total de 119 millones y 133 millones, respectivamente.

La propuesta queda ahora en fase de implementación y aún tiene camino por delante. Primero, el Ministerio de Vivienda se reunirá con las comunidades para explorar su implementación técnica y para la redacción de convenios. Además, se espera que en abril se celebre una comisión multilateral como primera toma de contacto con las diferentes autonomías. En mayo se celebrará la primera conferencia sectorial donde se aprobará la distribución territorial de los fondos y, finalmente, (considerando que haya acuerdo) se espera que el plan se despliegue entre julio y diciembre de este año.

El Gobierno ha condicionado los fondos al cumplimiento de determinados puntos, algo que le reprochan comunidades como Madrid o Andalucía. La primera línea roja es que toda la vivienda pública que se haga a partir de este plan debe estar blindada de por vida, esto es, que no deje de llevar la etiqueta VPO nunca. La segunda es la cofinanciación, es decir, que las comunidades pongan un 40% del dinero. La tercera es el control de los datos y la transparencia en materia de precios o de depósitos de fianza.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, justificaba las condiciones impuestas señalando que el Estado no podía seguir siendo un mero pagador: "Que nunca más con este dinero público se pueda especular", insistió. Sobre el rechazo de la Comunidad de Madrid, la primera en pronunciarse, señaló que su presupuesto en vivienda subiría desde "apenas 300 millones el año pasado a más de 1.100 millones".

La respuesta era al hilo de las declaraciones de Jorge Rodrigo, que calificó la financiación de inviable. "El Estado dice que aporta el 60%, pero obliga a las comunidades autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”, señaló.

En el documento compartido por el Ministerio de Vivienda señalan que un 40% de la financiación debe destinarse a construcción de vivienda; un 30% debe canalizarse a la rehabilitación de vivienda existente y el 30% restante a ayudas directas para los ciudadanos. Por otro lado, ni País Vasco ni Navarra están incluidas en este plan, ya que no forman parte del régimen común.

Como se observa en el gráfico posterior, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las tres comunidades que más presupuesto tendrían. En la cola, La Rioja, Cantabria y Baleares serían las regiones con menos dotación. Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se llevarían siete millones cada una en total.

A la espera de lo que ocurra en las próximas semanas, la previsión del Gobierno de llegar a acuerdos con las autonomías ha encontrado en Madrid un primer escollo. Sobre esto, la responsable de Vivienda se mostró dura con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Ella [en referencia a Isabel Díaz Ayuso] cree que daña al Gobierno cuando no aplica la ley, pero a quien está dañando es a un millón de personas que viven de alquiler en Madrid". Rodríguez señaló que durante este tiempo se habían reunido con la comunidad y se mostró escéptica ante una posible renuncia: "Tras el trabajo de estos meses con todas las comunidades, incluida la de Madrid, a mí no me entra en la cabeza que vayan a renunciar a estos mil millones. Tengo que verlo", concluyó.

El consenso de los ciudadanos para percibir la vivienda como un problema es un hecho innegable desde hace tiempo, pero ahí parecen terminar los acuerdos. Las medidas a derecha e izquierda para combatir esta crisis no suelen apuntar en la misma dirección y ese choque se ha escenificado de forma clara en la negociación del Plan Estatal de Vivienda que llega al Consejo de Ministros este martes. Cuando se concretó el año pasado, la iniciativa del Gobierno recibió un no rotundo por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP).

En septiembre de 2025 los populares emitían un comunicado acusando al Ejecutivo de legislar “contra las comunidades” y de hacerlo “sin diálogo”. Tras varias reuniones, conferencias sectoriales y una incorporación de alegaciones, fuentes del Ministerio de Vivienda señalan a infoLibre que el tono ha sido “más sosegado y más constructivo de lo que pueda parecer” y cuentan con que las autonomías se adapten sin reticencias significativas.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, llegó incluso a recurrir la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional, aunque la resolución avaló en su mayoría la propuesta del Gobierno. Otras comunidades como Cantabria o Madrid (que también apeló al Constitucional sin éxito) se mostraron muy reticentes y pedían incluir medidas relativas a la okupación o a la liberalización de suelo. “No se está topando (el alquiler) en Madrid porque el PP no quiere, ni en Andalucía porque el PP no quiere y ni en Aragón porque el PP no quiere”, lanzaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en respuesta a la posición de Madrid.

Estas discrepancias han prolongado la concreción del plan fuera de los plazos establecidos inicialmente, ya que la idea era ponerla en marcha antes de que finalizase 2025. Pero fuentes de la negociación señalan que se ha optado por dilatar las conversaciones para poder alcanzar consensos. “Siempre puede haber una orden de Génova de última hora, que no sería la primera vez que pasa, pero si las comunidades autónomas van en la misma línea de lo que se ha trasladado en las negociaciones, confiamos en que pueda haber un acuerdo”, concluyen las mismas fuentes. 

Para tratar de suavizar las reticencias iniciales, el Ministerio de Vivienda abrió un periodo de alegaciones e incorporó algunas de ellas a la propuesta. En concreto, ayudas a la urbanización de suelo, ayudas para sufragar los gastos de gestión y puesta en marcha del propio Plan, medidas de flexibilización en la gestión y ayudas para jóvenes.

En primer lugar, la propuesta del Ejecutivo plantea que se blinden las viviendas públicas de forma permanente y sin que puedan pasar al mercado libre al cabo de unos años. Esto es, además, una línea roja que, de no cumplirse, dejaría a las regiones que no lo asuman sin la posibilidad de acceder a los fondos del plan. Fuentes de la negociación señalan que muchas comunidades han asumido este compromiso de forma amplia y otras solo lo implementarán de forma limitada para aquellas casas que se construyan con fondos estatales.

Otro punto central será el reparto de la financiación. Con un presupuesto total de 7.000 millones, la intención es que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista y que las comunidades autónomas aporten el 40% restante. También este reparto generó polémica en su momento, ya que hasta ahora el aporte de las comunidades era inferior (en torno a un 25%). La aportación que recibirá cada comunidad se determinará teniendo en cuenta parámetros como la tensión del mercado, la dispersión poblacional, las tasas de desempleo y otros similares. Una vez determinado, es cuando se calcula el porcentaje que cada comunidad deberá añadir para completar el paquete. Esta nueva estructura de cofinanciación la justificaba el Gobierno apelando a la búsqueda de una mayor implicación autonómica en lo que tiene que ver con la vivienda, pero disgusta a las comunidades populares, que la han tachado de "ideológica".

Desde Vivienda explican que, ante las quejas que apuntaban a unos plazos demasiado cortos para su puesta en marcha, será el Gobierno quien asuma los gastos hasta que las comunidades puedan ajustar sus presupuestos. "El primer año lo damos de cadencia y luego ellos comienzan a financiarlo los cuatro años siguientes”, concluyen.

Además del blindaje de la protección pública y del dinero, la norma prevé poner orden en el caos de datos para que se pueda seguir la evolución de los precios a través de organismos oficiales, como los depósitos de fianzas de las comunidades, y no por entidades privadas como los portales inmobiliarios. Este es otro de los requerimientos que Vivienda ha lanzado a las comunidades, exigiendo más transparencia en, por ejemplo, los datos sobre depósitos de fianzas de cada administración o el número de viviendas vacías.

Más allá del marco general y de la batalla política están las medidas destinadas a facilitar el acceso y contener los precios. El documento recoge ayudas a jóvenes para el alquiler con opción a compra de hasta 300.000 euros y para compra y construcción de primeras viviendas en municipios con problemas demográficos. Estas últimas con una dotación que superaría los 10.800 euros. También se incrementa la cuantía del bono joven hasta 300 euros al mes y se concede una ayuda de hasta 250 euros mensuales para alquiler de vivienda habitual.

En conjunto, el reparto porcentual de los fondos pasa por destinar un 40% del presupuesto a la nueva construcción o a la compra de vivienda protegida y un 30% a la rehabilitación.

El otro punto clave es ampliar el parque de vivienda y movilizar casas vacías. Se crearán ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías con una cuantía de hasta 35.000 euros si después se ponen en alquiler residencial un mínimo de cinco años a un precio asequible. El plan incluye, también, ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán destinarse a la venta.

Los plazos para la puesta en marcha de la nueva regulación se conocerán tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la ministra de Vivienda, aportará información al respecto.

El Congreso vota este próximo jueves la convalidación del decreto que permite prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027. No es perfecto, pero tumbarlo sería un error histórico.

En 2026 vencen más de 630.000 contratos. En 2027, otros tantos. En total, más de 1,2 millones de contratos y hasta 2,7 millones de personas afectadas. La subida media prevista al renovar a precio de mercado es de 1.735 euros al año por hogar. Eso supone 1.100 millones de euros adicionales solo en 2026 y más de 2.000 millones en dos años.

En un país donde el 36,42% de los inquilinos ya destina más del 30% de sus ingresos al alquiler, no aprobar el decreto significa empujar a cientos de miles de familias al sobreesfuerzo, la pobreza o el desahucio.

Se ha dicho que el decreto “invade la propiedad privada”. No es cierto. No expropia, no congela rentas de por vida y no altera la titularidad. Es una prórroga temporal, excepcional y prevista en la LAU desde hace décadas.

Se ha dicho que “genera inseguridad jurídica”. La inseguridad real es dejar 630.000 contratos sin protección. Además, los decretos‑ley tienen plena validez desde su publicación: las prórrogas solicitadas antes del jueves no pueden ser revocadas, aunque el decreto no se convalide. Tumbarlo generaría un limbo legal inmediato.

Se ha dicho que “reduce la oferta”. Pero la oferta lleva cayendo desde 2013 por razones estructurales: falta de vivienda protegida, desaparición del crédito convenido, parque público insuficiente. Este decreto afecta a contratos existentes, no a nuevas promociones. No aprobarlo no creará ni una sola vivienda nueva.

Y se ha dicho que “es insuficiente”. Y lo es. Pero su insuficiencia no justifica tumbarlo. Justifica aprobarlo ya y negociar un decreto complementario que recupere la protección frente a desahucios con garantías para arrendadores, introduzca avales públicos al pago del alquiler y empiece a reconstruir una política de vivienda basada en oferta y estabilidad.

Ese decreto complementario debe incluir medidas que amplíen consensos. Entre ellas, una propuesta razonable: la opción de compra con apoyo público, no para este decreto, sino para los siguientes. Un modelo voluntario en el que parte de la renta pagada pueda computar como ahorro para la compra futura, con ayudas públicas que beneficien a ambas partes.

Otra medida viable es la desgravación del 100% del alquiler en IRPF para propietarios que acepten la prórroga o mantengan precios estables. Si se pide un esfuerzo extraordinario, debe haber una compensación extraordinaria.

España ya sabe lo que ocurre cuando se deja caer a las familias: desahucios masivos, ocupación por necesidad y fractura social. Repetir ese error sería irresponsable.

Convalidar el decreto no es ideología. Es responsabilidad institucional. No hacerlo significa:

Aprobarlo significa evitar un daño inmediato y abrir el camino a una reforma real.

Se vota un decreto. Se vota si España evita un incendio o lo deja crecer.

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José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre.

España fue el cuarto país en el que más se incrementaron los precios de la vivienda en la UE en el cuarto trimestre de 2025, con una subida del 12,9% con respecto a 2024, más del doble de la media en la Europa de los 27, que se sitúa en el 5,5%, según los últimos datos de la oficina estadística de la UE Eurostat, que recoge EFE.

La subida de la vivienda en España se produce en un contexto de crisis en este mercado, caracterizado por máximos históricos de precio tanto de compra y alquiler y de tensión en acceso a la residencia, especialmente en las zonas más demandadas.

En la zona euro, la subida media fue del 5,1%, de acuerdo con estos datos, que desprenden que a España únicamente le superan Hungría, con un 21,22% de subida interanual en el cuarto trimestre de 2025, con respecto a 2024; Portugal, con un 18,9%, y Croacia, 16,1%.

En el conjunto de la UE, de los 27 países, nueve de ellos registraron subidas interanuales de dos dígitos en el cuarto trimestre de 2025: además de España, Portugal, Croacia y Hungría, se encuentran Bulgaria (12,6%), Eslovaquia (12,8%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) y Chequia (10,4%). 

Finlandia fue el único país en el que cayó el precio de la vivienda a finales de 2025 y lo hizo un 3,1%. En el resto de Europa, subió en todos, aunque en Luxemburgo el alza quedó casi plano, al ser de un 0,1%.

En España se registró un incremento interanual del precio de la vivienda los cuatro trimestres de 2025 por encima del 12%, el más bajo un 12,3% el primero, de enero a marzo, y el más alto, de octubre a diciembre, con un 12,9%. Las crecidas medias en la UE sobrepasaron el 5% durante todos los trimestres del año con respecto a 2024.

Si comparamos con el tercer trimestre de 2025, los precios de la vivienda se encarecieron en el cuarto trimestre un 1,8%. Un porcentaje por encima de la media europea situada en el 0,8%.

España fue el décimo país en el que más se encareció la vivienda en este cuarto trimestre con respecto al tercero, por detrás de Eslovenia, con 5,1%; Hungría, con 4,2%; Portugal, con 4%; Croacia, 3,4%; Eslovaquia, 3,1%; Lituania, 2,4%; Irlanda, 2%; Chequia, 2% y Letonia, 1,9%.

Si se ajusta el precio por la inflación, la vivienda se encareció en España un 9,7% en 2025, siendo el cuarto país donde más crecieron los precios, por detrás nuevamente de Portugal, 14,7%, Hungría, 11,7% Croacia, 10%.

Los precios ajustados con la inflación cayeron en cinco países: Finlandia, 3,6%; Rumanía, 1,7%; Suecia, 1,6%; Luxemburgo, 0,5%; y Austria, 0,1%.

En el conjunto de la UE, desde el 2010 la tasa de crecimiento anual alcanzó un máximo del 10,7% en el primer trimestre de 2022 y un mínimo del -2,5% en el segundo y tercer trimestre de 2012, así como en el primer trimestre de 2013. 

A partir del primer trimestre de 2020, las tasas de crecimiento anual tanto de la zona del euro como de la UE aumentaron a niveles no registrados desde 2006.

La memoria justificativa de la nueva regulación de usos hoteleros impulsada por el Ayuntamiento es un ejemplo paradigmático de esta disfunción. Desde su primer párrafo, el documento parece alinearse con las reivindicaciones de las plataformas en defensa de la vivienda: alerta sobre los riesgos del crecimiento turístico descontrolado, advierte de la pérdida de tejido residencial y subraya la necesidad de proteger la vida ciudadana. Sin embargo, cuando llega el momento de concretar las medidas, el discurso se diluye, se relativiza y termina proponiendo una regulación que contradice abiertamente el diagnóstico previo.

El contraste es tan evidente que basta con leer algunos fragmentos del propio documento. En él se afirma que “el crecimiento sin control a expensas del parque de vivienda puede romper el equilibrio que debe garantizar que la ciudad continúe siendo un lugar donde desarrollar la vida ciudadana”. También se sostiene que es necesario regular el uso turístico para “evitar la pérdida del uso residencial”, “evitar interferencias en el mercado de la vivienda”, “garantizar el acceso a la vivienda” y “proteger el tejido comercial de los barrios”. Con semejante punto de partida, cabría esperar una regulación firme, restrictiva y orientada a frenar la presión turística. Pero no es así.

El diagnóstico que desarrolla la memoria es, de hecho, demoledor. Habla de “saturación”, “sobreexplotación”, “especulación inmobiliaria”, “sobredimensionamiento de la oferta turística”, “crecimiento exponencial”, “carestía del alquiler”, “huida de la población joven”, “uso indebido de plataformas tecnológicas”, “deterioro de la convivencia” y “colonización turística”. Incluso incorpora conceptos como “turistificación” y “gentrificación”, cuyo origen remite a la sustitución de la población trabajadora por clases más acomodadas. Es decir, el documento describe un conflicto social profundo, aunque evita nombrarlo como tal.

Este diagnóstico no surge de la nada. Se apoya en estudios de la Cátedra MESVAL, EXCELTUR, ReviTUR, la Fundación Visit Valencia y diversas universidades, además de la Sentencia del Tribunal Supremo 5958/2019. Todo ello en las primeras treinta páginas, reforzado por datos —aunque suavizados y no actualizados— del servicio de licencias urbanísticas. El documento recoge ejemplos de ciudades como Málaga, Barcelona, Sevilla o San Sebastián, donde se han aplicado medidas estrictas para contener el turismo. Incluso rechaza explícitamente las estrategias que buscan convertir las ciudades en destinos turísticos mediante la inversión pública. Y reconoce que las medidas actuales son insuficientes para controlar los efectos negativos. Hasta aquí, la coherencia es impecable. Con semejante acumulación de evidencias, parecería lógico que la memoria concluyera con una propuesta regulatoria contundente. Pero ocurre justo lo contrario.

Sin embargo, a partir de la página 40, la memoria da un giro inesperado. De pronto aparecen conceptos como “unidad de mercado” y “derecho a la implantación de servicios”, apelando a la Directiva de Servicios de 2006, que —según reconoce el propio documento— no es aplicable en materia urbanística. A partir de ese punto, la regulación se reduce a una mera “ordenación urbanística del uso de viviendas turísticas”, evitando cualquier interpretación que pudiera resultar restrictiva. Se introduce incluso la idea de que la “razón imperiosa de interés general” es un concepto “dinámico”, lo que se utiliza para justificar una lectura favorable a la libertad de empresa.

El resultado es una propuesta que, lejos de limitar, apuesta por “ordenar y hacer compatibles” los intereses de residentes y promotores turísticos. Es decir, después de diagnosticar una enfermedad grave, la solución propuesta no es evitar aquello que la provoca, sino intentar hacerlo “compatible”. Una contradicción difícil de justificar, más si tenemos en cuenta que ya existe una realidad -reconocida igualmente en la memoria- de una saturación general con miles de pisos ilegales. Por tanto, la equiparación de la industria turística con otras actividades terciarias no es un buen punto de partida. Esta tiene su propia dinámica con impactos mucho mayores.

La comparación resulta inevitable: ¿aceptaríamos la existencia de 5.000 panaderías ilegales en Ciutat Vella? ¿O de inmobiliarias, bares, oficinas, badulaques o museos clandestinos? ¿Toleraríamos que se instalaran entre viviendas residenciales estas actividades terciarias, alterando la convivencia y expulsando a los vecinos? La respuesta es obvia. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con los pisos turísticos. La industria turística, por su naturaleza y su impacto, no puede equipararse al resto de actividades terciarias. Pretenderlo es un despropósito.

La lógica utilizada para fijar los porcentajes de saturación es otro ejemplo de incoherencia. En lugar de partir de las características intrínsecas del turismo —ampliamente descritas en la propia memoria—, se aplica una lógica contable basada en la edificabilidad total. Si una actividad tiene un límite del 20% y otra del 50%, las viviendas turísticas se fijan en el 1,5%, aunque finalmente se estime que el 2% “está mejor”. Así, sin justificación, un salto en el vacío aumenta un 0,5%. Una conclusión arbitraria que no responde al diagnóstico previo ni a la gravedad del problema.

Tan arbitraria como es la exclusión de sus propios criterios de saturación, ya de por sí permisivos, la excepción a Ciutat Vella que facilita la compra de inversores turísticos si rehabilitan y ponen “en valor” –su valor, su negocio, sus pisos turísticos y hoteles– nuestro patrimonio catalogado como bienes de relevancia local o con máxima protección. Una alfombra roja para fondos de inversión que va a destrozar –aún más– Ciutat Vella.

La memoria justificativa, en definitiva, es un ejemplo de cómo la administración puede diagnosticar con precisión una enfermedad y, aun así, negarse a aplicar el tratamiento adecuado. Un ejercicio de análisis brillante que desemboca en una regulación tímida, insuficiente y contradictoria. Y un recordatorio de que, en política, el exceso de análisis no siempre conduce a mejores decisiones. A veces, simplemente las paraliza.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

El precio de la vivienda creció en el primer trimestre del año un 14,3% en tasa interanual (aunque en términos reales, descontando el efecto de la inflación lo hizo un 11,8 %) hasta los 1.987 euros/m2, según las tasaciones realizadas por la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa by Accumin, que recoge EFE.

Con respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda (nueva y usada) creció un 3,2% en tasa trimestral con incrementos generalizados, especialmente en torno a los polos de empleo y focos turísticos.  

Desde los máximos que registró en 2007 coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, el precio está un 4,5% por debajo, mientras que se ha encarecido un 68% desde el mínimo que registró tras su pinchazo, en el verano de 2015.

Descontando el efecto de la inflación (en términos reales), el valor se ha incrementado un 32% desde el mínimo de 2015 y se mantiene un 34% por debajo de los máximos de 2007. 

Por comunidades, los mayores crecimientos se registraron en la Comunidad de Madrid (19,2%); Comunitat Valenciana (19,1%); Castilla-La Mancha (18,8%); Canarias (17,8%); Cantabria (16,2%); Murcia (16%) e Illes Balears (15,5%). 

En términos nominales, exceden los niveles máximos alcanzados en 2007 Illes Balears, Comunidad de Madrid, Melilla y, como novedad este trimestre, Canarias. Sin embargo, si se descuenta el efecto de la inflación (en términos reales) tan solo Baleares está a punto de rebasar este máximo, situándose a -0,1%.

Por provincias, los crecimientos más intensos se localizan en Toledo (23,2%); Albacete (19,6%); Madrid (19,2%); Santa Cruz de Tenerife (19%); Alicante (18,3%) y Castellón (18 %). Zamora es la única con caídas, del 3,8%. 

Con ello, 7 provincias superan los máximos históricos en términos nominales, aunque excluyendo la inflación, todas se sitúan por debajo, a excepción de Baleares, que recupera su valor máximo desde 2007 (-0,1%). 

Por capitales, hasta 30 de ellas superan el 10% interanual siendo las más caras San Sebastián (4.975 euros/m2), Madrid (4.600 euros/m2) y Barcelona (4.417 euros/m2).

Con ello, la tasa de esfuerzo para acceder a una vivienda se mantiene "en niveles razonables", con un 33,9%. Sin embargo, en Baleares se eleva al 54% y en Madrid al 49%.

Según apunta Tinsa, la demanda de vivienda se mantiene en niveles robustos pese a la caída interanual de las compraventas en enero y mantiene una tendencia hacia una estabilización de las transacciones.

No obstante, la guerra de Oriente Medio introduce un factor de incertidumbre para los próximos meses ante la posible afectación en la tasa de inflación y en los tipos de interés, la pérdida de poder adquisitivo y el mayor coste hipotecario.

En este sentido, Tinsa indica que la inestabilidad geopolítica podría alimentar un nuevo encarecimiento de la vivienda de obra nueva y acentuar las dificultades de acceso a la vivienda para la población general.

Casi cualquiera que haya alquilado un piso recientemente sabe lo que son los honorarios de agencia. Esta tasa, que se declaró ilegal en mayo de 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda, hacía recaer sobre el inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. La nueva regulación entendía que el servicio de la agencia se le prestaba al casero y no al inquilino, por lo que quien debía abonarla era el primero y no los segundos. Sin embargo, asociaciones de consumidores e incluso el propio Ministerio de Consumo han detectado que esta comisión se sigue aplicando de manera ilegal o que ha cambiado de nombre para esquivar la ley.  "Después de tres años seguimos viendo muchos casos de personas a las que se les demandan gastos de agencia", apunta Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

"Hay una asimetría y una urgencia en el mercado que hacen que la gente, cuando necesita una casa, muchas veces termine aceptando condiciones abusivas o ilegales para no perderla", señala. "Esta presión es la que hace que se normalice algo que es ilegal y es la baza que juegan las agencias que incumplen la ley", concluye el portavoz.

Este lunes, la asociación de consumidores Facua denunciaba ante la Dirección General de Consumo de Canarias a una inmobiliaria por ejercer, supuestamente, estas prácticas abusivas. La causa: “Obligar a los usuarios interesados en visitar una vivienda en alquiler a cumplimentar y firmar dos documentos donde les pide abonar una comisión en concepto de «servicios de atención al inquilino (búsqueda activa, desplazamiento y otros)» y por el «acceso a información exclusiva y especializada»", señala la asociación. Este servicio que se cobra aparte es, según Facua, una comisión ilegal, pues entienden que no se puede considerar un servicio de búsqueda activa la mera publicación de un anuncio de alquiler y que “no hay ningún servicio extra donde la empresa lleve a cabo una búsqueda personalizada en base a ciertas peticiones o características”, ya que es el interesado el que llama a la inmobiliaria tras ver el anuncio. 

Los inquilinos llevan tiempo denunciando estas situaciones, pero en muchos casos la necesidad de encontrar un techo pesa más y, aunque la tasa sea ilegal, la terminan pagando. Los precios desbocados del mercado y la imposibilidad de muchos salarios de acceder a la compra dejan atrás los presupuestos de las familias, y en este caldo de cultivo las prácticas abusivas son más fáciles de imponer. “No me quería quedar sin el piso”, explicaba meses atrás una afectada a infoLibre. Ella había abonado 200 euros en metálico a la agencia justo antes de firmar el contrato de su nuevo piso, cuando ya no estaban presentes los propietarios de la casa. “Es de estas cosas que sabes que son ilegales, pero no me quería quedar sin el piso”, puntualizaba. 

La persistencia de esta práctica se explica por la vulnerabilidad de quienes alquilan, pero también por la dificultad de demostrar que esta tasa se corresponde con un servicio al casero y no al usuario. Si a esto se suma la ausencia de controles, el margen de impunidad se ensancha. "Lo que hemos visto en nuestras asambleas es que se camuflan estos cobros. En vez de llamarles honorarios, se rebautizan como servicios integrales o de atención al inquilino, como estudios de viabilidad o directamente como servicios. Pero ninguno de ellos es libremente rechazable, por lo que son un rodeo para cobrar lo mismo", protesta el portavoz del Sindicato de Inquilinas.

"Nosotros no hemos tenido constancia de que existan controles de inspección o campañas de oficio por parte de las comunidades autónomas", explica el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien también apunta que la mayoría de las inspecciones llevadas a cabo han partido de denuncias de usuarios o de asociaciones como la suya. Para Sánchez, el papel de las instituciones regionales debería ser más activo a la hora de perseguir esta práctica. "Las comunidades autónomas son las que pueden actuar contra las inmobiliarias porque la mayoría de ellas tiene ámbitos de funcionamiento local, provincial o autonómico, y hay pocas que funcionen en todo el territorio nacional", concluye.

Desde Facua insisten en que las sanciones deberían ser más amplias. "Hay comunidades que ni nos contestan y de algunas que lo han hecho nos han llegado respuestas en las que el expediente sancionador equivale al importe de un fraude", concluye el secretario general. Es decir, si al inquilino le han defraudado un mes de cuota, por ejemplo mil euros, les obligan a abonar el equivalente a modo de sanción. A nivel gubernamental tampoco se contemplan actuaciones específicas para investigar esta práctica, pero desde el Ministerio de Vivienda señalan que ya existe una prohibición legal al respecto.

"El fraude les sale extraordinariamente barato", protesta Sánchez. Y es que, en general, la gente no denuncia, porque además de arriesgarse a tener que volver a buscar piso, entrar en un proceso judicial no está al alcance de todo el mundo. "Una denuncia pone la carga de la prueba sobre el inquilino, implica recabar pruebas, reclamar en Consumo e incluso ir a juicio, y no todo el mundo puede asumir ese nivel de desgaste", apunta Pérez.

En las asambleas del sindicato han visto muchos casos de este tipo y por eso, apunta, las Administraciones deberían poner en marcha labores de inspección que hiciesen esta carga más compartida. "Desde el sindicato creemos que no basta con que sea ilegal en el BOE, sino que necesitamos una inspección activa, sanciones ejemplarizantes y mecanismos rápidos para recuperar el dinero", concluye.

El caso más sonoro y la multa más alta que se ha puesto hasta la fecha en relación con los abusos en este tipo de tasas la recibió la compañía Alquiler Seguro por parte del Ministerio de Consumo. El departamento que dirige Pablo Bustinduy impuso una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa por vulnerar supuestamente los derechos de los consumidores. Contratar un servicio de atención al inquilino obligatorio, obligar a que el arrendatario presente un estudio de solvencia o a contratar seguros de hogar son algunas de las prácticas que Consumo penalizaba en siete multas que, conjuntamente, superaban los seis millones.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, conscientes de la problemática y de la vulnerabilidad de los arrendatarios, han lanzado una guía de recomendaciones para responder a esta situación sin quedarse en la calle. "Como sabemos que se hace difícil negociar cuando queremos alquilar un piso y la inmobiliaria nos recuerda continuamente que hay una gran lista de gente dispuesta a aceptarlo, podemos llegar a plantearnos la posibilidad de firmar y reclamar después", apuntan.

Lo importante en estos casos es lograr pruebas y por eso recomiendan pagar por transferencia poniendo en el concepto que se trata de gastos de gestión. Además, se debe solicitar una factura con IVA y guardar tanto las conversaciones como los pantallazos del portal web para dejar claro que la búsqueda ha corrido a cargo del inquilino, sin asesoramiento de la agencia. Eso cuando pueden recabarse evidencias de estas malas prácticas, algo infrecuente dado que las inmobiliarias son conscientes de a lo que se exponen y buscan subterfugios precisamente para evitarse problemas futuros.

El precio de la vivienda se encareció de media un 12,7% en el año 2025, la tasa más alta que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, según los datos que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). que recoge EFE.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano subió un 12,9% de media, mientras que la nueva lo hizo un 12,7% y, en ambos casos, se trata de los mayores aumentos en 18 años, cuando arranca la serie de esta estadística. Con estos datos, el precio de la vivienda encadena 12 años al alza.

Durante 2025, el precio de la vivienda ha ido mostrando ligeros incrementos conforme avanzaba el ejercicio, aunque el índice se ha ido estabilizando con una subida del entorno del 12%.

Así, en el primer trimestre de 2025 el precio de la vivienda se encareció un 12,2% interanual, en el segundo un 12,7%, en el tercero un 12,8% y en el cuarto un 12,9%.

Todo ello en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible en España para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Además del alza que recoge el INE, los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reflejan que el precio de la vivienda cerró 2025 con un incremento interanual del 13,1%, hasta los 2.230 euros/m2, el mayor importe de toda la serie histórica de su estadística de valor tasado, que arrancó en 1995.

Con estos datos del Ministerio, se superaron los valores durante el "boom" inmobiliario, situando la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad como la más cara, con más de 2.600 euros/m2.

En el cuarto trimestre de 2025 el precio de la vivienda aumentó un 12,9% respecto al mismo trimestre del año anterior, su mayor aumento en casi 19 años (desde el primer trimestre de 2007).

De esta forma, acumula 43 trimestres al alza, según la estadística del INE, que tiene en cuenta alrededor del 95% de las compraventas de viviendas realizadas en el trimestre y extrae los datos de los registros administrativos.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano fue la que más subió entre octubre y diciembre, un 13,1% -lleva cinco meses creciendo a doble dígito-, mientras que la nueva lo hizo un 11,2%.

En el cuarto trimestre de 2025, los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas, en su totalidad con crecimientos de dos dígitos.

Las mayores alzas de precios se registraron en Castilla y León (15,3%), Aragón, Murcia y La Rioja (las tres con un 14,4%); Madrid (14,2%) y Galicia (14,1%).

Por su parte, los menores aumentos, superiores al 10% en todo caso, se dieron en Catalunya (10,9%), Canarias (11%) y Navarra (11,4%).

Si se compara con el trimestre anterior, el tercero, el precio de la vivienda subió un 1,8%, la menor tasa intertrimestral del conjunto de 2025.

Los precios de la vivienda nueva aumentaron un 2,2% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al tercero, mientras que los de la vivienda de segunda mano subieron un 1,8%.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) considera que el desequilibrio entre la oferta y la demanda ha llegado a su límite y se requieren medidas urgentes para aumentar la oferta residencial, ya que la subida de precios no va a parar porque la población va a seguir creciendo de forma exponencial en los próximos años y podemos acabar en un modelo de "infraviviendas".

Desde Fotocasa coinciden en que el problema es la limitada oferta de viviendas disponibles en las zonas de mayor demanda. Estima que cada año se necesitan más de 200.000 unidades para satisfacer la creación de nuevos hogares.

El CEO y fundador de Urbanitae, Diego Bestard, subraya que no estamos ante una burbuja, ya que el sector no está sobreapalancado, el crédito es más prudente y se construye por debajo de la demanda. Por eso, aunque los precios no pueden subir eternamente, cree que no habrá un desplome, sino una fase con subidas más moderadas. 

En Pisos.com ven difícil anticipar a corto plazo un cambio de tendencia en los precios ya que ni la demanda, oferta y condiciones financieras parece que vaya a experimentar variaciones significativas en próximos meses. 

El precio de la vivienda acentuó su subida en 2025 con un incremento interanual del 13,1% hasta alcanzar los 2.230 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística de valor tasado de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que arranca en 1995, según informa EFE.

Con este aumento de dos dígitos, el valor tasado de la vivienda rebasó todos los trimestres del pasado año los 2.000 euros/m2 y superó los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria.

Si se analiza la evolución de los datos del cuarto trimestre del año frente a los del trimestre anterior, el valor tasado de la vivienda arroja una subida del 3,6% en tasa intertrimestral.

Para elaborar esta estadística el Ministerio utiliza como fuente de información los datos de los informes de tasación procedentes de las empresas tasadoras que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).

La vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad fue la más cara, 2.600,7 euros/m2, tras subir un 12,8%. Este importe es el más elevado que puede consultarse para esta modalidad, cuyos datos están accesibles desde 2010. Con este incremento el valor tasado de la vivienda de hasta cinco años encadena 15 trimestres consecutivos por encima de los 2.000 euros/m2, concretamente, desde el segundo trimestre de 2022.

Por su parte, la vivienda de más de cinco años se encareció un 13,1% hasta 2.219 euros/m2. Es el cuarto trimestre consecutivo que supera los 2.000 euros/m2, anotándose también el dato más elevado desde 2010.

En el caso de la protegida, su precio aumentó un 2,7% hasta los 1.201,1 euros/m2. Es el valor más alto desde que puede consultarse la serie, que en este caso está disponible desde 2005.

Por otro lado, el precio de la vivienda libre se revalorizó un 3,6% en el cuarto trimestre del año 2025 frente al trimestre anterior. Por tipo de vivienda, el valor tasado de aquella de hasta cinco años de antigüedad registró una subida del 3,4% intertrimestral.

Por su parte, aquella de más de cinco años vio incrementar su importe un 3,6%. Atendiendo a la vivienda protegida, el aumento fue del 0,5%.

En el cuarto trimestre del año las subidas fueron generalizadas en todas las comunidades.

La Comunidad de Madrid registró el importe más elevado (3.902,3 euros/m2), máximos históricos, tras encarecerse un 15,8%. Tras ella se situó Baleares (3.809,9), que junto con Madrid fueron las únicas comunidades que superaron los 3.000 euros/m2. A continuación figuraron País Vasco (2.967 euros) y Cataluña (2.641 euros).

Los mayores incrementos en el cuarto trimestre se dieron en Cantabria (16,7%); Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana (15,8%); Baleares (14,9%) o Aragón (13,6%). En Cataluña, uno de los grandes mercados, la subida fue del 10,6%. Extremadura fue la única comunidad en la que el valor tasado de la vivienda fue inferior a los 1.000 euros/m2 (933 euros).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el fondo España Crece movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional", con el objetivo de construir 15.000 viviendas al año, según informa EFE. 

"Ese es nuestro compromiso, el mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es una crisis habitacional", ha dicho el presidente durante la presentación del nuevo instrumento de inversión, que incluirá 10.500 millones los fondos europeos Next Generation, pero que aspira a movilizar una inversión total de 120.000 millones.

De los 10.500 millones de fondos europeos contemplados en España Crece, alrededor de 2.000 millones van a destinarse a la vivienda, lo que sumado a la capacidad de apalancamiento financiero del Instituto de Crédito Oficial (ICO) alcanzaría un cifra total de 14.000 millones movilizados desde el ámbito público, según han explicado fuentes gubernamentales.

"El fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen dificultad, cuando no una imposibilidad, para poder llegar a acceder a una vivienda", ha añadido Sánchez.

El presidente ha insistido en que la falta de financiación no puede ser "otro de los cuellos de botella que sufre la política de la vivienda", que impide a los jóvenes tener "horizonte y esperanza" para emprender su proyecto de vida.

El fondo España Crece será, según Sánchez, la palanca para "seguir impulsando la competitividad, verde e inclusiva, de la economía española durante las próximas décadas", una vez que el 31 de agosto se acaben de movilizar los recursos del Plan de Recuperación.

Esta herramienta responde a tres grandes objetivos: reforzar la productividad, contribuir al desarrollo del mercado de capitales y preservar la Europa social, y se pretende invertir especialmente en energía, digitalización y computación cuántica, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento, seguridad y vivienda.

Se ofrecerá un amplio abanico de instrumentos financieros (préstamos, financiación de proyectos, inyecciones de capital, garantías) y facilitará que la financiación acompañe de forma continuada en las distintas etapas del ciclo de vida de las empresas, desde el nacimiento hasta su expansión.

Al acto de este lunes ha asistido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha confiado en la capacidad del nuevo fondo para afianzar un "círculo virtuoso" que favorezca que las empresas "crezcan, innoven y creen empleo" de mayor calidad y con mejores salarios. Con este objetivo, el nuevo fondo utilizará instrumentos como garantías, "compartiendo riesgos con el sector privado"; financiación directa, para cubrir "brechas" de financiación, y adoptando la posición de "accionistas estables", de largo plazo, en los proyectos más transformadores.

También ha estado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha asegurado que España Crece va a abordar "el principal problema social que es el acceso a la vivienda" y para ello se van a poner "todas las capacidades y esfuerzo necesario. Ha reconocido que existen "algunas debilidades autóctonas" que "no hemos sido capaces de superar", pero ha insistido en que en los últimos años "el presupuesto se ha multiplicado por ocho, se ha creado Casa 47 y se trabaja en un nuevo plan estatal para dimensionar el parque público de vivienda, con la vista puesta en situarlo en el entorno de la media europea".

Sumar ha respondido a la nueva iniciativa del PSOE para paliar la crisis de vivienda: endurecer las deducciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler. La coalición de izquierdas entiende que esto solo supone reducir su "privilegio fiscal" e insiste en que la prórroga automática de los alquileres es la única propuesta sobre la mesa "con un impacto real y no cosmético" en el mercado del alquiler, según informa EFE.  

Los socios del PSOE en el Gobierno subrayan que la medida de los socialistas para modular a la baja la actual deducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF no es nueva y que ya fue planteada en la mesa de negociación. Entonces, Sumar expuso que, como única medida, no tiene capacidad para frenar la espiral alcista de los precios, que en el último lustro se han disparado más de un 40%.

Con estas subidas de precios, Sumar considera que el efecto en el mercado del alquiler seguirá siendo "cosmético" y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos. En este sentido, insiste en que la vía de los incentivos fiscales es "injusta" y lamenta que esta vía ponga el foco de nuevo únicamente en los intereses del arrendador cuando es urgente dar certidumbre, estabilidad y facilidades al inquilino, especialmente a aquellas personas angustiadas porque vence su contrato en los próximos meses y no saben qué va a ser de ellas. 

Sumar considera que la solución a esta crisis de vivienda no puede partir de la voluntariedad de una parte. En este caso, de la buena voluntad del casero. 

Lo que defienden, por tanto, es una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler como vía más eficaz para intervenir de inmediato este mercado. Según los datos ofrecidos por Sumar, en 2021 se firmaron 632.369 contratos que son susceptibles de tener que ser renovados en 2026 con un mercado un 40% más caro que entonces. Los 632.369 contratos con fin en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas. Una cifra que ronda los 2,7 millones si se suman también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027.

Aunque no hay nada cerrado, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez está trabajando una propuesta en el seno del Gobierno que estudia modular a la baja la reducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler, pero en ningún caso llegando al 0%, según han indicado a EFE fuentes del mismo.

De esta forma, lo que se contempla es una propuesta que combine los incentivos de hasta el 100% para quienes bajen el precio del alquiler (una medida que Sumar ya avanzó que no iba a apoyar en el Congreso de los Diputados, al igual que Podemos y EH Bildu) con desincentivos para quien lo encarezca.

El Gobierno valora modular a la baja la reducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler, pero en ningún caso llegando al 0%, según han confirmado fuentes del Ejecutivo y recoge EFE.

Aunque no hay nada cerrado, esta propuesta se está trabajando en el seno del Gobierno, que busca incentivar los comportamientos que redunden en un interés general y desincentivar los que vayan en la dirección contraria. De esta forma, lo que se contempla es una propuesta que combine los incentivos de hasta el 100% para quienes bajen el precio del alquiler que se han anunciado recientemente con desincentivos para quien lo encarezca.

Aunque se modere la reducción del 50% de las rentas en el IRPF para personas físicas, la medida que analiza el Gobierno no llegaría en ningún caso al 0% ya que, según señalan las citadas fuentes, se quiere mantener un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo -contratos de cinco años- frente al alquiler de temporada o turístico.

Según señala el diario El País, esta penalización solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, no en el incremento anual (normalmente del IPC) permitido por la ley. Actualmente, los propietarios de una vivienda en alquiler pueden tributar solo por la mitad del rendimiento neto que obtienen (ingresos menos gastos). Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en enero de 2024 el régimen general pasó del 60% al 50% para los nuevos contratos. 

Se trata del porcentaje base para nuevos contratos de alquiler de vivienda habitual, ya que con la citada ley puede aumentar al 60%, 70% o 90% si se cumplen requisitos adicionales como obras de rehabilitación, reducción de renta en zonas tensionadas o alquiler a jóvenes de 18 a 35 años. Esto no se aplica, sin embargo, a los alquileres turísticos o temporales. 

El pasado 12 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un real decreto-ley en materia de vivienda con una bonificación fiscal del 100 % en el IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler, una medida que Sumar ya avanzó que no iba a apoyar en el Congreso de los Diputados, al igual que Podemos y EH Bildu.

Este decreto, que indicó que se aprobaría en las próximas semanas, incluye también una limitación de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones para poner fin al uso fraudulento.

A pesar de las críticas que ha recibido la medida de incentivar a los caseros que no suban las rentas, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, insistió ayer en que el Gobierno "no tira la toalla" ni se ha rendido de cara a buscar a un acuerdo para sacar adelante las recientes medidas y agregó que hasta el último minuto hay capacidad para el entendimiento.

El 1 de julio del pasado año 2025 entró en vigor el registro obligatorio de pisos turísticos, puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda. Desde ese día todas las viviendas de uso turístico y los alquileres de temporada están obligados a contar con un número de registro emitido por el Ministerio en colaboración con el Colegio Oficial de Registradores, que acredita que cumplen con los requisitos legales existentes en cada lugar. Estos establecimientos deben hacerlo constar en las plataformas en las que se anuncien (Airbnb, Booking...) y en otros materiales promocionales.

La implantación de este registro avanza con lentitud y, por ejemplo, el pasado mes de septiembre menos de la mitad de los pisos turísticos existentes en Galicia (si tomamos como referencia los registrados por la Xunta) habían iniciado los trámites para legalizar su situación.

En cualquier caso, parece que la implantación de este registro está contribuyendo a limitar el número de viviendas de uso turístico en funcionamiento. Sobre todo si atendemos a las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que este lunes publicó la actualización de sus indicadores, con datos correspondientes al pasado mes de noviembre. Según el INE, en ese momento había 15.236 viviendas de uso turístico, frente a las 19.996 de mayo de 2025, un 23% menos, una cifra que en realidad ya venía en descenso, desde el máximo alcanzado en agosto de 2024 (21.984).

La fuerte reducción en el número de estos establecimientos parece tener relación con la puesta en marcha del registro obligatorio y con un mayor control sobre la presencia en plataformas como Airbnb o Booking de pisos turísticos no registrados legalmente. Por ejemplo, en diciembre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 comunicó la imposición de una sanción de más de 64 millones de euros a Airbnb por la publicación de anuncios de alojamientos que carecían de licencia, 6.956 de ellos en Galicia. La multa llegó después de la publicación de varias advertencias previas y de su envío a la Xunta.

La publicación de los nuevos datos del INE, además de mostrar este importante descenso en el número de viviendas de uso turístico, incrementa la brecha con los datos del registro abierto por la Xunta para estos establecimientos (el Registro de Empresas y Actividades Turísticas). El último dato publicado por el Gobierno gallego, correspondiente al 1 de febrero, señala que en Galicia existen 32.231 pisos turísticos, más del doble de los indicados por el INE.

Hay que tener en cuenta que ambos indicadores parten de metodologías muy diferentes, lo que en parte puede explicar la disparidad que se abre entre ellos. Mientras que el de la Xunta es un registro realizado por los propios propietarios y propietarias de los establecimientos, que son quienes los dan de alta (o de baja), el INE emplea la técnica del web scraping, que mediante programas de software extrae los datos de las tres plataformas más utilizadas de alojamiento turístico en España.

En cualquier caso, hasta el año 2024 los dos indicadores mostraban una realidad similar, con cifras algo superiores en lo ofrecido por la Xunta; desde entonces las diferencias no han dejado de aumentar. Con todo, hay que señalar que el registro del Gobierno gallego empieza también a mostrar un pequeño descenso en la cifra total de viviendas de uso turístico desde el máximo alcanzado el pasado mes de agosto (32.914), inmediatamente después de la entrada en vigor del registro obligatorio del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la reducción desde entonces (683 pisos turísticos menos, un 2%) es muy inferior a la que muestra el INE.

Los nuevos datos publicados por el INE suponen que, en este indicador, el porcentaje que representan las viviendas de uso turístico sobre el total de viviendas censadas en Galicia pasa del 1,14% de mayo de 2025 al 0,87% de noviembre de 2025, por debajo de la media estatal, que también cae del 1,43% al 1,24%. Galicia es la octava comunidad autónoma con una mayor saturación de pisos turísticos, por detrás de Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Cantabria y Asturias.

Con todo, hay algunos concellos gallegos en los que, pese al descenso en los datos del INE, la saturación de viviendas turísticas supera ampliamente la media. Es el caso, por ejemplo, de Fisterra (6,3% de VUT sobre el total de viviendas), Sanxenxo (5,5%), O Grove (4,8%), Muxía (4,6%), Carnota (4,5%), Corcubión (4,4%), Parada de Sil (4,4%) u O Vicedo (3,9%).

La comparación de los datos publicados por el INE este lunes, correspondientes a noviembre, y los anteriores, de mayo, previos a la entrada en vigor del registro obligatorio, muestra importantes diferencias en muchos concellos, encabezados por Sanxenxo (-482), A Coruña (-301) y Vigo (-206). De hecho, el importante descenso experimentado en Sanxenxo deja a la ciudad olívica como el concello con más pisos turísticos en Galicia (1.180), según la exploración realizada por el INE.

No sucede lo mismo en las cifras de la Xunta, en las que Sanxenxo sigue liderando con claridad (3.943). Este dato es una muestra de las enormes diferencias que existen entre uno y otro indicador en prácticamente todos los concellos. Así, mientras que la Xunta informa de que en A Coruña existen 1.422 VUT registradas, el INE deja la cifra en 435. Las disparidades llegan a duplicar e incluso triplicar las cifras en la mayoría de localidades.