Los detenidos en la operación desarrollada este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Almería han subido a cinco, tras confirmarse el arresto de un técnico de Obras Públicas y del hijo del alcalde de Fines (Almería), según han señalado a EFE fuentes de la investigación y de la UCO.

Estos arrestados se suman a los tres cargos públicos arrestados inicialmente: el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García (PP); el vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP).

El operativo, tutelado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, incluye el desarrollo de registros en distintos domicilios y dependencias oficiales durante la mañana, sin que por el momento hayan trascendido los delitos concretos investigados ni si esta actuación se enmarca directamente en el caso mascarillas, aunque fuentes cercanas al caso señalan que se trata de una pieza separada.

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha asegurado que la operación “viene a confirmar lo que veníamos diciendo desde el minuto uno”, al sostener que la UCO “ha encontrado los indicios que había desde hace años” y que apuntarían a la existencia de “una presunta organización criminal dirigida por la cúpula del PP en Almería centrada en la manipulación de contratos públicos en el seno de la Diputación”.

Martín ha calificado los arrestos de este martes como “la punta del iceberg” y ha reclamado la salida inmediata de los detenidos “de las instituciones y de todos los cargos que ocupan en el seno del Partido Popular”.

Ha añadido que esta exigencia política “recae sobre los hombros de Moreno Bonilla y de Feijóo”, a quienes ha pedido que “aparten urgentemente a Javier Aureliano García, a Fernando Giménez y a cualquier otra persona implicada en esta causa”.

El dirigente socialista ha recordado que el PP “ha sido capaz de mantener en sus puestos a altos cargos imputados en el caso mascarillas sin un solo reproche”, y que el propio presidente provincial “ha sido capaz de mantener durante años en sus cargos a un alcalde o a un vicepresidente de la Diputación pese a las imputaciones que hay sobre ellos”.

Martín ha explicado que, según la información que manejan, la operación incluye registros “en despachos oficiales y en domicilios particulares de las personas implicadas”, aunque ha reiterado que el PSOE evitará efectuar declaraciones que puedan interferir en la investigación judicial.

El caso mascarillas, en el que ya se encontraban investigados Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia.

A principios de mes, el PSOE había solicitado que se tomase declaración como testigo a Javier A. García por “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y por nuevos datos del atestado de la UCO fechado el 25 de abril.

La coordinadora provincial de IU en Almería, María Jesús Amate, ha exigido este martes la dimisión inmediata de todos sus cargos del presidente de la Diputación de Almería y del PP de Almería, Javier Aureliano García, tras ser detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el caso mascarillas.

En dicha causa fue detenido e investigado el vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, quien es también sobrino de Rodrigo Sánchez. “Estaba claro que Liria no había actuado sin que los demás se enteraran”, ha manifestado Amate en declaraciones a EFE.

“Lo que esperamos es la dimisión inminente de Javier Aureliano de todos sus cargos. Óscar Liria dimitió de todos sus cargos inmediatamente, algo que fue solicitado por sus propios compañeros”, ha añadido.

Ha recordado que Giménez, investigado, no había dimitido, y ha precisado que aunque no fue detenido en su día, sí lo ha sido ahora junto a García. “Cuando lo han detenido es porque habrán visto algo en el grupo de WhatsApp de los Naranjitos, ha apostillado.

El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha sostenido diferentes versiones sobre lo que hizo la tarde del 29-O mientras 227 ciudadanos de localidades del oeste y el sur de València perdían la vida por la dana. Primero aseguró que llegó al Centro de Cooperación Operativa Integrada (Cecopi) pasadas las 19.00 —se convocó dos horas antes- para que nadie pudiera pensar que la máxima autoridad del territorio no había supervisado la gestión de la catástrofe—. Pero después, cuando la jueza de Catarroja que investiga las muertes centró su instrucción en el mensaje Es Alert "errado y tardío" enviado desde el organismo que coordinaba la emergencia a las 20.11, el presidente se apresuró a alejarse de la escena explicando que, en realidad, apareció en el Cecopi a las 20.28, aportando una imagen de la cámara de seguridad de la sede de Emergencias en L'Eliana (València) que así lo demostraría. Tanto el propio Mazón, como su exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso (estos dos últimos en su declaración como imputados) han negado que el presidente hubiera participado en la confección y el envío de ese mensaje.

De todo ello, el presidente de la diputación de València, Vicente Mompó, fue un testigo privilegiado. Mompó no es competente en materia de Emergencias pero estuvo en el Cecopi junto a Pradas desde que el organismo coordinador se convocó. En una entrevista en el programa Salvados, de La Sexta, emitida a principios de diciembre —Mazón cambió su versión el pasado 26 de febrero—, el presidente provincial aseguró que el máximo dirigente de la Comunitat Valenciana, al contrario de lo que sostiene ahora, sí tuvo la última palabra sobre el envío de ese mensaje. Que tanto Pradas como él le consultaron varios detalles técnicos sobre los territorios a los que debía enviarse y las instrucciones que tenía que contener. El pasado martes, Mompó estaba citado para declarar como testigo ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. El interrogatorio, finalmente, fue suspendido debido a la emergencia por el apagón del día anterior, pero a las puertas del edificio judicial aseguró que "pretendía aclarar todo lo que ocurrió el día de la dana". Está por ver si cuando declare mantiene la misma versión que en los medios. Como testigo, tiene la obligación legal de decir la verdad.

El presidente valenciano ya había terminado, teóricamente, su comida en El Ventorro durante la que ofreció, supuestamente, la dirección de la televisión autonómica a una periodista. Pero Mazón todavía no había aparecido por el Cecopi. Fue antes de las 19.00 cuando el presidente de la Diputación de València le llamó para discutir sobre la gestión del mensaje. “Le preguntábamos sobre la alerta, sobre si el mensaje tenía que alertar a una parte de la provincia, a unas comarcas concretas, o a toda la provincia. Teníamos que tomar decisiones para alertar a la población”, aseguró Mompó durante su entrevista en Salvados. El presentador del programa, Fernando González, Gonzo, le pidió que comprobara en su teléfono cuándo había realizado esa llamada, pero el presidente provincial había borrado el registro de conversaciones. Tampoco recuerda lo que le dijo Mazón en ese momento.

Los continuos cambios de versión de Mazón han convertido las declaraciones de Mompó —pese a que en todo momento trató de ayudar a su presidente autonómico y compañero del PP— en incómodas. Cuando a principios de este mes los medios informaron de que, efectivamente, ambos dirigentes habían hablado del mensaje Es Alert, el presidente de la Generalitat anunció acciones legales tratando de negar la realidad. Se da por seguro que esa conversación, sus interlocutores y su contenido serán objeto de preguntas de las partes en la declaración como testigo de Mompó. Si mantiene su versión de que habló con Mazón antes de las siete de la tarde sobre el mensaje, el presidente provincial volverá a desmentir al jefe del consell, esta vez en sede judicial y en medio de una investigación por 227 homicidios imprudentes.

El presidente de la diputación también ha asegurado públicamente que Pradas también discutió el contenido del mensaje con Mazón, pero claro, en el momento en que lo dijo, el pasado diciembre, lo que venía bien para alicatar la anterior versión del president era que sí estaba al mando e informado de la emergencia pese a su incomparecencia en el Cecopi. Sus declaraciones contradicen lo manifestado por la exconsellera en su interrogatorio como imputada cuando aseguró que la única responsable de la decisión de enviarlo fue ella, que el contenido y el momento lo decidieron los técnicos y que en ningún momento se recabó el permiso del presidente de la Generalitat.

La tesis de la investigación que dirige la jueza de Catarroja es que la Generalitat, única administración al mando en una emergencia de grado II, no alertó en tiempo y forma a la población de la tragedia que se iba a producir pese a que organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambos organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, o el propio servicio autonómico de Emergencias 112 informaron con antelación o en tiempo real de lo que iba a ocurrir y finalmente ocurrió. El mensaje Es Alert se envió finalmente a las 20.11, cuando gran parte de las víctimas ya habían fallecido, según el testimonio judicial de sus familiares. Además, su texto pedía evitar desplazamientos en lugar de solicitar que la gente se dirigiera a los puntos más altos donde el agua no pudiera llegar. Y todo ello pese a que los medios informaron en directo de la evolución de la riada durante todo el día. La cadena À Punt, dependiente de la Generalitat, organizó un especial informativo ante la magnitud del suceso que, sin embargo, el Gobierno valenciano no supo calibrar.

Antes de conocerse que ese retraso y esa falta de diligencia podría tener consecuencias penales para Mazón y otros posibles cargos de la Generalitat, no parecía descabellado reconocer que el Gobierno autonómico no había actuado con la suficiente premura. Así lo hizo Mompó en sus entrevistas y declaraciones. El presidente de la Diputación aseguró en Salvados que, en la conversación que tuvo con Mazón antes de las siete de la tarde, que el propio presidente niega, el dirigente provincial transmitió al de la Generalitat su preocupación "por las cosas que faltaban y tardaban" o que "no funcionaban". El pasado febrero, en una entrevista en La Vanguardia, relató cómo, tras decidirse enviar el mensaje, en el Cecopi se suscitó un debate sobre a quién enviarlo. "Ese mismo día, me acuerdo perfectamente que nos pusimos todos a hablar, ya no solo de cómo enviar el mensaje sino de a quién o qué palabras utilizar", afirmó. Después concluyó: "Me acuerdo que fui yo mismo el que verbalizó la necesidad de enviar cuanto antes la alerta".

Lo hizo mediante una alocución que muestra la impotencia y el nerviosismo que se vivía en ese momento: "Enviad la alerta de una puta vez". Varias personas presentes en la reunión aseguraron tanto a La Vanguardia como a Televisión Española que el retraso en el envío se debió al bloqueo de Salomé Pradas, que se negó a dar la orden hasta no contar con el visto bueno de Mazón. Ella lo ha negado en la declaración y ha decidido asumir toda la responsabilidad asegurando que el president no tuvo nada que ver, pero Mompó podrá explicarlo en su interrogatorio. Pradas, al declarar como investigada, puede no contestar o mentir durante su declaración. Mompó irá como testigo con obligación de responder a todo y decir la verdad.

Algunas de las declaraciones públicas de Mompó, anteriores a que Mazón cambiara de versión y decidiera distanciarse de la gestión de la catástrofe, muestran la deficiente operatividad del dispositivo de Emergencias de la Generalitat. En sus entrevistas, Mompó ha concedido que el president "se equivocó yéndose de comida" el día de la dana, "y que él mismo lo sabe". También ha tratado de justificar la tardanza del consell en actuar por una supuesta "falta de información". El Gobierno valenciano ha llegado a culpar a la confederación hidrográfica de no informarle sobre el desbordamiento del Barranco del Poyo, el epicentro de la catástrofe, pese a que se había declarado la alerta hidrológica en ese punto a las 12.20 de la mañana, lo que imponía a la administración autonómica la obligación de controlar los cauces. Sin embargo, Mompó, que estuvo en el Cecopi desde que se constituyó, aseguró que él sí sabía que esa rambla se había desbordado a las 18.10 porque le informó de ello el dirigente de la Diputación del que dependen los bomberos.

Además de mediante su intervención en el Cecopi y a través de correos electrónicos, la Confederación del Júcar emitió información continuada sobre el estado de los caudales a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). El presidente de la Diputación ha asegurado —apuntalando la versión de la juez de Catarroja— que nadie en el Cecopi que dirigía Salomé Pradas estaba controlando esas comunicaciones automáticas. Mompó también es un testigo privilegiado de todo lo que ocurrió en el centro de emergencias en las desconexiones con los organismos estatales que la Generalitat forzó. Se trata de otro de los misterios de esta tragedia que este testigo clave puede ayudar a aclarar.

La extracción de lodo y fango de calles y garajes y el traslado de los miles de vehículos que aún se amontonan en las campas de los pueblos de la zona cero de la dana de Valencia centran gran parte de los esfuerzos para la recuperación cuando se cumple un mes de la riada que asoló parte de la provincia.

Aquella catástrofe ha dejado hasta el momento 222 víctimas mortales tras arrasar decenas de municipios del río Magro y del área metropolitana de València, y el lodo que queda en algunas calles y en muchas zonas subterráneas de los edificios de l'Horta Sud y poblaciones como Algemesí sigue siendo uno de los retos más inmediatos.

Sin olvidar los cuatro desaparecidos y la reconstrucción de la infraestructura pública y de viviendas dañadas por la crecida, unos 170 camiones se afanan estos días en vaciar las cañerías y limpiar las instalaciones de saneamiento, muchas aún atascadas por el brutal colapso de sedimentos del 29 de octubre.

Las inspecciones del alcantarillado de las poblaciones más afectadas apuntan a que la infraestructura ha resultado dañada por la acumulación de un lodo contra el que se vierte continuamente agua para evitar que se solidifique.

Los expertos calculan que una vez retirado el sedimento habrá que emprender la rehabilitación de una red no suficientemente digitalizada, lo que dificulta conocer los puntos de fugas o atascos.

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio han explicado a EFE que, en muchos casos, esta tarea de limpiar las estructuras de saneamiento es indispensable y previa al achique de agua de los garajes para evitar que el nivel freático rellene los espacios vaciados.

En un plan de la Generalitat con el refuerzo de la Diputación de Valencia y los soldados de la UME, las labores se centraron la pasada semana en el referido saneamiento y a partir de este martes se ha intensificado en los centenares de garajes y bajos anegados, empezando por Picanya.

El lodo extraído de los garajes es depositado en dos puntos impermeabilizados en Picassent y Manises, donde quedarán hasta que se les dé un tratamiento adecuado.

Desde la Diputación se ha explicado que la limpieza de los garajes privados es una de las principales peticiones que los alcaldes repiten en las reuniones diarias telemáticas con la institución provincial y que, por ello, hay un contrato de emergencia de 7 millones de euros con siete empresas para reforzar este dispositivo que ya desarrollaban tanto los Bomberos del Consorcio Provincial como la UME.

Se calcula que el lodo ha inundado más de 2.100 garajes y sótanos en la provincia, de los cuales un millar ya han vuelto a estar operativos. Actualmente el foco está en limpiar más de 660 en Albal, Catarroja, Alfafar, Massanassa, Paiporta, Benetússer, Sedaví y Picanya en un dispositivo que arrancó este martes en esta última población y que se acaba de reforzar con una treintena de operarios más.

Además de los garajes, otro de los objetivos prioritarios es retirar el agua y fango de los huecos de los ascensores para que puedan ser reparados y, con ello, facilitar la vuelta a la vida habitual de cientos de personas con movilidad reducida aisladas en plantas altas.

En cuanto a los vehículos, muchos de ellos llenos de barro, la retirada de la ingente cantidad que siguen amontonados en unas 60 campas dentro de los pueblos es otro de los retos a los que queda un largo recorrido.

Se estima que el 95 por ciento de los 120.000 vehículos dañados sea siniestro total, de los cuales una parte ya han sido retirados por las aseguradoras a desguaces pero otros muchos siguen en los descampados esperando a ser llevados a la gran superficie habilitada en el término de Picassent para que, una vez colocados ordenadamente, sean objeto de peritaje antes del desguace.

La labor es compleja a la hora del traslado debido al estado muchas veces ruinoso, lo que dificulta su manipulación y transporte, a lo que se añade que no pueden ir al desguace sin localizar antes al dueño.

La primera fase fue sacarlos de las carreteras y la vía pública para restablecer una cierta movilidad, según la Conselleria, mientras que ahora se está en una segunda que consiste en llevarlos a los desguaces para la labor de descontaminación y el proceso a chatarra o, en su defecto, depositarlos en la zona habilitada en Picassent. 

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la Diputación de Badajoz para realizar un registro en el marco del proceso que se sigue contra el hermano de Pedro Sánchez, conocido como David Azagra.

Fuentes de la Diputación de Badajoz han confirmado a Europa Press este registro, ordenado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, en el procedimiento que se sigue contra David Sánchez Pérez-Castejón, por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

El diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha mostrado su "respeto a la justicia" en el marco del proceso judicial abierto, y ha confiado en que "se resuelva cuanto antes esta situación", tras lo que ha reiterado que no tiene más información que la que ha aparecido en medios.

Cabe recordar que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó esta denuncia contra David Sánchez Pérez-Castejón, por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

Ha querido colocar la cámara en otro sitio, pero a Antonio Membrilla, profesor y el nuevo director del Patronato Federico García Lorca, el organismo que gestiona el funcionamiento de la casa natal del poeta dependiente de la Diputación de Granada, no se lo van a poner fácil. El también portavoz del PP en el Ayuntamiento del municipio granadino de Armilla se refirió a la Memoria Histórica como “memez histérica”. Aquellas palabras han levantado polvareda tras hacerse público su nombramiento, que le permitirá embolsarse unas retribuciones básicas de 21.902,12 euros, más 29.114,40 en complementos, en total 51.016,52 euros, y tener un equipo de gente a sus órdenes, según apuntan fuentes socialistas de la Diputación.

Tras el “revuelo”, Membrilla ha explicado en su perfil de la red social X que se trataba de un tuit de 2020, que era una respuesta al de otro usuario y con el que pretendía censurar “la crítica selectiva de algunas personas que visibilizan a unas víctimas solo, frente a otras que quedan en el olvido”, no la Ley de Memoria Histórica. Y ha engarzado: “Si alguien se ha visto ofendido o ha malinterpretado el mensaje, le pido disculpas”. Tras lo que procedía a borrar el tuit. Se ha agarrado a la equidistancia y a su historia personal difundiendo que es “nieto de dos abuelos que vivieron la Guerra -civil española- desde bandos distintos. Víctimas ambas que jamás vi odiar”.

Pero, para Fátima Gómez, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación granadina y alcaldesa de Alfacar, municipio lorquiano, esas disculpas “no lo habilitan para ser director” del Patronato de Lorca, un “premio” que no se merece, a su juicio, quien “se ríe, o se mofa de la memoria histórica”. La socialista cuestiona la gestión a la que "asisten" del legado del escritor desde que comenzó la presente legislatura. “Su casa natal está cerrada por las tardes porque había un administrativo de refuerzo que ya no existe, hay que convocar una plaza de técnico medio de gestión y no lo hacen, y deberían elaborar un proyecto integral sólido para las dos viviendas anexas que se adquirieron para darle accesibilidad a la casa museo y no han movido ficha todavía. Ni lo van a hacer porque en el Presupuesto no hay nada”, enumera. “Han puesto más dinero en el Patronato, pero cómo se lo van a gastar si no hay personal para tramitar expedientes ni para hacer nada”, se pregunta.

En ese contexto, para Gómez el nombramiento de Membrilla es “la estocada definitiva”. Por eso ha pedido acceso al expediente para “ver qué candidatos había y si todos los currículums eran iguales”. En ese punto detalla que se trata de un cargo público ligado a un “proceso de concurrencia”, pero “siempre de libre designación”, de los denominados “a dedo”. Hasta el momento “se valoraban los méritos de quienes se presentaban y se les pedía un proyecto para la casa museo natal”, sigue, pero “este año no se ha solicitado nada de eso y han escogido”, afea. Se muestra convencida de que “tiene que haber candidatos con mejores currículums desde el punto de vista cultural”, aunque “desde el político, seguramente no, porque es candidato del PP en una ciudad importante y lo que quieren es tenerlo liberado para hacer oposición en su pueblo”, lanza. Gómez reprocha al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, que no haya actuado como tal, “sino como presidente del PP -granadino-” y haya “aprovechado” la posibilidad de tener personal de libre designación” para ejercerla “justamente” en un ente “tan emblemático y tan respetado en el mundo cultural”.

La portavoz del Grupo Socialista quiere dejar claro que “Federico es lo que es gracias a una serie de cosas, dónde nació, en qué años vivió, dónde escribió, su condición sexual y que fue asesinado -lo fusilaron en agosto de 1936-… Al final terminaremos diciendo que se murió de gripe en una cama”, ironiza. Insiste en que Lorca “es poliédrico, es lo que es entero” y “hay que promocionarlo a través de los proyectos culturales que consideren, pero no se puede obviar que, además de todo lo demás, es una víctima del Franquismo como otras miles de las que quedan en las cunetas”. Por ello defiende que el popular “está invalidado desde el primer momento que lo nombran” porque “no puede ser el director de su casa museo, que es un referente cultural y de lo que significó la libertad, siendo una persona que se mofa de la memoria histórica. Es una broma de mal gusto, un insulto”, proclama. Otros partidos de la oposición en Andalucía, organizaciones sindicales como CGT y colectivos memorialistas como la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica han rechazado igualmente su designación y han demandado que le muestren la salida. "El PP debe entender de una vez que las leyes de memoria están vigentes, tanto la andaluza como la estatal, y que su deber como gobierno es cumplirlas”, ha advertido, por ejemplo Alejandra Durán, diputada de Por Andalucía en Granada.

Más allá de las críticas, si se bucea en el perfil de Membrilla en X se puede deducir que el polémico tuit no brotó sin más. Son rastreables afirmaciones como "es lo que tiene la memoria histórica, que se vuelve en histérica y entonces se desmemoria...”, fechada en 2014; o “#PalabrasProgres Me quedo con #MIEMBRAS. Pero también valen: talante, desaceleración económica, memoria histórica, educación para la ciudadanía”.

Hay incluso una supuesta cita de la actual alcaldesa de Granada capital, Marifrán Carazo: "El PSOE vive en el pasado porque es incapaz de resolver los problemas del presente. Para Memoria Histórica sí hay dinero".

Y se puede localizar alguno sobre el propio Lorca, como en el que confiesa que no hay cosa que le “dé más asco” que se le "utilice como arma política cuando él no fue un autor político”, que escribió por encima de una información titulada con que el PP acusaba al PSOE de convertir un homenaje al poeta en un acto "propagandístico”; u otro similar: "Me gustaría saber qué han leído de #Lorca aquellos que hacen política con su asesinato".

Entre los mensajes arrojados al ciberespacio por Membrilla hay incluso uno en el que relaciona al escritor universal con la tauromaquia: “A la gente de izquierdas no le pueden gustar los #toros... Por eso Picasso, Lorca, Hemingway, Sabina y demás son de extrema derecha”.

La hegemonía conseguida por el PP en las últimas elecciones municipales se trasladará próximamente al control de una mayoría de diputaciones provinciales. Los conservadores tienen aseguradas al menos 20 diputaciones y podían incluso llegar a 26 si pacta con Vox. En otras dos diputaciones, Valencia y León, una formación local decidirá si gobiernan los populares o los socialistas, recoge Europa Press.

El PSOE, que antes del 28M gobernaba en 29 administraciones provinciales, a día de hoy tiene aseguradas 11 de estas instituciones, a falta de lo que pase en Barcelona, donde siguen negociando PSC y Junts. En el caso del PP, si consigue las administraciones provinciales a las que aspira, doblaría los 13 gobiernos provinciales que tenía antes del 28M.

Luego está el caso del País Vasco, donde las Diputaciones son Forales y se eligieron directamente en urna también el 28 de mayo. En Bizkaia y Álava, el PNV fue el más votado, mientras que en Gipuzkoa fue Bildu, aunque también el PNV podría gobernar con el apoyo del PSE-EE y necesitaría al PP.

Por su parte, en Canarias las administraciones provinciales se llaman cabildos, mientras que en Baleares son Consells insulares. En el caso de los primeros, la lista con más diputados es la que se convierte en la que gobierna, por lo que si hay una mayoría alternativa que quiere llegar al poder, lo tendría que hacer mediante una moción de censura.

Esta es la situación en las 52 presidencias de diputaciones, consells y cabildos del país:

En Zamora, la mayoría absoluta del PP permitirá que Javier Faúndez sea el próximo presidente a partir de la semana que viene.

En Soria, la presidencia también será para los conservadores por mayoría absoluta.

En Valladolid, también hay mayoría absoluta del PP, así que Conrado Íscar será reelegido como presidente la próxima semana.

En Ávila, los populares también ostentarán la Presidencia gracias a su mayoría absoluta.

En Burgos, el PP también ha obtenido mayoría absoluta, por lo que se quedará con la Presidencia tras el pleno de constitución de la Diputación.

En Palencia, al igual que ocurre en las anteriores provincias, el PP tiene mayoría absoluta y tendrá la Presidencia.

En Salamanca, la mayoría absoluta del PP permitirá a Javier Iglesias revalidar el cargo de presidente.

En Segovia, también hay una mayoría absoluta suficiente del PP para que Miguel Ángel de Vicente vuelva a ser presidente.

En León, donde el PSOE ganó pero el PP empató en escaños, Unión del Pueblo Leonés (UPL) tiene la llave para determinar el Gobierno de la diputación. La votación se ha retrasado hasta el mes de julio por orden de la JEC.

En Toledo, también se ha retrasado la constitución de la Diputación. Aquí, ganó el PSOE, pero la suma de PP y Vox podría dar la Presidencia a los conservadores.

En Cuenca, la mayoría absoluta del PSOE otorgará de nuevo la Presidencia a Álvaro Martínez Chana.

En Guadalajara, el socialista José Luis Vega repetirá como presidente tras su mayoría absoluta.

En Ciudad Real, ganó el PSOE, pero, como ocurre en Toledo, un pacto de PP y Vox podría dar la Presidencia a los conservadores.

En Albacete, será el PSOE el que ostente la Presidencia con mayoría absoluta.

En Barcelona, PSC y Junts siguen negociando para reeditar un pacto en el que Nuria Marín repita como presidenta, aunque aún no está nada cerrado.

En Lleida y Tarragona, ERC y PSC han alcanzado un pacto que permitirá que los republicanos gobiernen ambas administraciones provinciales.

En Girona, Junts ha reeditado el pacto de gobierno con ERC para mantener la Presidencia.

En Valencia, el empate entre los bloques PSPV-Compromís y PP-Vox deja la llave de Gobierno a la formación Ens Uneix con su único escaño.

En Castellón, la conservadora Marta Barrachina tomará posesión como presidenta en unas semanas.

En Alicante, la mayoría absoluta del PP le hará reeditar la Presidencia.

En las tres diputaciones Forales, el PNV gobernará gracias al acuerdo con el PSE-EE, aunque en la de Guipúzcoa necesita el apoyo del PP para que no lidere Bildu, que fue la lista más votada.

En Cáceres, el PSOE tiene mayoría absoluta y se quedará con la Presidencia.

En Badajoz, también los socialistas tienen una mayoría absoluta para mantener la Presidencia.

En Zaragoza, ganó el PSOE y si acuerda con Zaragoza en Común y la CHA podría quedarse con la Presidencia, aunque no está cerrado.

En Huesca, el PP consiguió mayoría absoluta y se quedará con la Presidencia.

En Teruel, el PP gobernará la Diputación junto a Teruel Existe y el PAR.

En La Palma, Coalición Canaria ha obtenido mayoría absoluta y desbancará a los conservadores del Cabildo.

En El Hierro, el Cabildo estará presidido por Javier Armas de Agrupación Herrera Independiente (AHI).

En La Gomera, la mayoría absoluta de Asociación Socialista Gomera les permitirá gobernar el Cabildo.

En Tenerife, el PSOE obtiene la presidencia.

En Gran Canaria, Antonio Morales, de Nueva Canarias, retiene la presidencia del Cabildo.

En Fuerteventura, Coalición Canaria ganó las elecciones y podría gobernar con un acuerdo con el PP.

En Lanzarote, el PSOE presidirá pero queda a expensas de una moción de una posible moción de Coalición Canaria y PP.

En Mallorca, el PP ganó las elecciones y ha iniciado las negociaciones para gobernar el Consell.

En Ibiza, el PP tiene mayoría absoluta para gobernar en solitario el Consell.

En Menorca, el PP también ganó y podría gobernar con un pacto con Vox.

En Formentera, el candidato de Sa Unió, Llorenç Córdoba, se convirtió este sábado en nuevo presidente del Consell.

En Sevilla, el PSOE perdió la mayoría absoluta, aunque un pacto con Con Andalucía les permitiría seguir en la Diputación.

En Huelva, el PP consiguió mayoría absoluta para gobernar la Diputación.

En Cádiz, PP y La Línea 100x100 han llegado a un acuerdo de Gobierno para presidir la diputación y los conservadores tienen aún quién será la persona encargada de dirigirla.

En Almería, el PP tiene mayoría absoluta para gobernar en solitario.

En Córdoba, un pacto de PP y Vox podría dar a los populares la Presidencia de la Diputación, si bien a los de Feijóo les valdría la mayoría simple en una segunda votación al sumar más que toda la izquierda.

En Granada, al igual que ocurre en Córdoba, PP y Vox suman mayoría absoluta para poder gobernar, aunque aún no está cerrado.

En Jaén, el PSOE cuenta con mayoría absoluta para gobernar.

En Málaga, al revés que en Jaén, el PP tiene la mayoría absoluta y gobernará la Diputación.

En Ourense, el PP revalidará la Presidencia de la Diputación gracias a Democracia Ourensana.

En Lugo, el PP tiene mayoría absoluta para gobernar en solitario.

En Pontevedra, también tiene mayoría absoluta el PP.

En A Coruña, el socialista Valentín González Formoso se convertirá previsiblemente en presidente de la Diputación con el apoyo del BNG.

El PP y Democracia Ourensana (D.O.), la formación que lidera Gonzalo Pérez Jácome, han alcanzado un acuerdo de investidura en el que se comprometen a dejar gobernar a la fuerza más votada, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, votando por su propio candidato en la constitución de ambas corporaciones. Los efectos prácticos del acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, es que Jácome retiene la Alcaldía de la ciudad de As Burgas y el PP, con un candidato distinto a Manuel Baltar, tras su renuncia, mantener el poder en la Diputación provincial.

Así, este sábado, Gonzalo Pérez Jácome, el candidato más votado el pasado 28 de mayo, ha sido reelegido alcalde para el nuevo mandato local con los votos de los diez concejales de Democracia Ourensana. En la toma de posesión del bastón de mando, ha optado por la fórmula de la promesa.

Así, tras cumplir los pasos preceptivos del orden del día del pleno de este sábado, ha llegado el turno de las votaciones. En la sesión, Luís Seara (BNG) ha renunciado a su candidatura, que han mantenido Jácome, así como Manuel Cabezas (PP) y Paco Rodríguez (PSOE). Jácome se ha quedado con los diez votos de su grupo y Paco Rodríguez ha aglutinado otros diez -presumiblemente los de los seis ediles socialistas y cuatro del BNG, tras renunciar a ser elegido Seara-, pero la ley electoral determina que, en ausencia de un pacto que garantice la mayoría absoluta en la investidura, gobernará el más votado.

Y aunque se especuló que algún edil popular podría votar a Rodríguez, molesto por el pacto con Jácome, finalmente todos han cumplido la disciplina y se han votado a sí mismos, en el sentido que había avanzado a primera hora de la jornada el PPdeG.

Las negociaciones han marcado las últimas jornadas en Ourense, e incluso la incertidumbre, puesto que incluso la constitución de la corporación estuvo en el aire por un posible aplazamiento ante la disputa de 62 votos en el barrio de Covadonga. En el documento, que firma Jácome y el alcalde de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes, "por orden" —recoge manuscrito— de la número dos del PP gallego, Paula Prado, alega que "la prioridad" de los partidos firmantes es "garantizar la gobernabilidad" de ambas instituciones "respetando el sentir mayoritario de los ourensanos" manifestado a través de su voto el pasado 28 de mayo.

Antes de trascender el documento, a través de Twitter, Jácome había revelado la intención de que él y los representantes vinculados a Democracia Ourensana se votasen a sí mismos tanto en la constitución del Ayuntamiento como en la Diputación de Ourense.

"Los representantes de Democracia Ourensana se votarán a sí mismos en la constitución del Ayuntamiento y la Diputación de Ourense. Por lo tanto, en esta ocasión, el peso de las listas más votadas será determinante en la investidura de ambas corporaciones", esgrimía.

Lo anunció en Twitter y, apenas unos minutos después, el PP de Ourense, cuyo candidato, Manuel Cabezas, que siempre había rechazado negociar con Jácome, había trasladado en la pasada noche que ofertaba sus votos a los socialistas si estos garantizaban a los populares seguir en la Diputación, ha informado también de que sus concejales se votarán a sí mismos. Lo justifican "ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo" alternativa.

"El PP ofreció sus votos para apoyar al PSOE para la alcaldía de Ourense, hoy firma por escrito un acuerdo con Jácome. Hay un acuerdo escrito, es un hecho", ha manifestado, a la espera de que las votaciones ratifiquen el sentido del acuerdo, el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage.

"Lo que no son cuentos, son cuentas y está claro que el PP prefirió pactar con Jácome y no hacer alcalde a Paco Rodríguez cuando tuvieron conocimiento de que el BNG estaba dispuesto a unir sus votos", ha agregado, para garantizar que el PSdeG seguirá trabajando para "cambiar las políticas nefastas que tienen a Ourense en el furgón de cola".

A preguntas de los medios en el Ayuntamiento de Santiago, la líder del BNG, Ana Pontón, manifestó que los nacionalistas nunca votarían a favor del PP ni de Jácome en ninguna de las instituciones.

Luis López, delegado de la Xunta en Pontevedra y presidente del PP en la provincia, cargo al que fue ascendido hace un año cuando Alfonso Rueda asumió la presidencia del partido en Galicia tras la marcha a Madrid de Alberto Núñez Feijóo, será el nuevo presidente de la Diputación de Pontevedra. Pero él no era la primera opción de los conservadores para sustituir a la socialista Carmela Silva al frente de la institución tras lograr la mayoría absoluta a nivel provincial en las elecciones municipales del 28 de mayo. Así lo demuestra el hecho de que concurrió de forma simbólica como décimo y último suplente en la lista del PP por Rodeiro en los pasados comicios. 

Para que López pueda tomar posesión como edil este sábado, imprescindible para ser elegido dentro de unas semanas presidente de la Diputación, fue necesario que 16 personas renunciasen al cargo ya que en Rodeiro el PP sólo logró cinco concejales.

López se hará con la presidencia de la Diputación de Pontevedra, uniendo de nuevo el cargo con la presidencia provincial del partido como ocurría en la época de Rafael Louzán, tras imponerse en los debates internos a la delegada por la Xunta y candidata en Vigo, Marta Fernández-Tapias, que el 28M sólo logró aumentar el peso conservador en la ciudad de 4 a 5 ediles.

La elección de López como presidente de la Diputación le obliga a abandonar la delegación de la Xunta, lo que provocará un nuevo cambio en la administración autonómica que se suma a la crisis de gobierno abierta por Feijóo al llevarse con él a Madrid a Francisco Conde y Rosa Quintana. 

La operación para que López se hiciera cargo de la Diputación de Pontevedra pese a ser el último suplente en la lista del PP en Rodeiro recuerda a lo ocurrido en 2014 en Santiago cuando, tras las dimisiones de Gerardo Conde Roa y Ángel Currás, la alcaldía pasó al por entonces conselleiro Agustín Hernández, que había concurrido en los anteriores comicios como número 25, último de la lista conservadora en la capital gallega

Texto original en gallego.

La Audiencia Nacional ha condenado a las penas de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación a cuatro de los seis acusados del caso Púnica León, en el que se investigaron los contratos de reputación online en esa Diputación Provincial. Uno de ellos es el expresidente de esa institución Marcos Martínez Barazón a quien el tribunal impone una pena de 8 años y medio de inhabilitación especial con la atenuante simple de dilaciones indebidas.

La Sala absuelve a todos ellos, en contra del criterio del fiscal, de los delitos continuados de fraude a la administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público van de los 4 años y 3 meses a los 8 años y medio en esta pieza de la Operación Púnica que se centró en la provincia de León.

Así, además de a Martínez Barazón, condena a quienes fueran coordinador general e interventor de la Diputación, Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López Sánchez, respectivamente.

Esa inhabilitación recae también sobre el conocido como conseguidor de la Púnica, el informático y consultor Alejandro de Pedro. La Sala le condena a la pena de 4 años y 3 meses de inhabilitación.

Sin embargo, la Sección Primera de la Sala de lo Penal absuelve a José Antonio Alonso Conesa, socio de De Pedro en las empresas MADIVA y EICO, así como a la trabajadora de estas compañías Guadalupe Caballero. También exonera a ambas empresas del delito de cohecho.

Fue el pasado mes de febrero cuando este juicio, que se celebraba desde noviembre de 2022 por las presuntas corruptelas de la trama Púnica en los trabajos de reputación online para dirigentes de la Diputación de León y en los contratos de la estación de esquí de San Isidro, quedaba visto para sentencia.

El tribunal considera probado que De Pedro, en connivencia con Martínez Barazón --que sustituyó en el cargo a la expresidenta Isabel Carrasco después de que fuera asesinada en mayo 2014--, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2014 llevó a cabo un procedimiento administrativo irregular que se seguía en esa Diputación para la adjudicación de la publicidad institucional.

"El acusado era consciente de que la forma en la que se giraban y emitían las facturas --para MADIVA--, y su periodicidad constituía una grave irregularidad de carácter administrativo que tenía una relevancia penal", dice la sentencia sobre De Pedro.

Suma a esto que ese procedimiento de aprobación de facturas, que arrancó con Carrasco y siguió con el sucesor, era mensual y siempre de similares importes, "en todo caso, menores de 6.000 euros y tramitadas por el trámite de urgencia" a pesar de que no fuera necesario. El tribunal cifra en 18.150 euros la cantidad facturada de mayo a octubre de 2014.

Entiende la Sala que se aplicó de forma incorrecta "la denominada doctrina del enriquecimiento injusto", y que con esas facturas se "infringía de forma clara y patente la normativa establecida en la Ley de Contratos del Sector Público". Añade que de esa forma los cuatro acusados que finalmente han sido condenados "garantizaban el pago inmediato del importe de las mismas".

De esta manera, indica el tribunal, los acusados evitaban tener que acudir a un sistema de contratación adecuado y pertinente, "abierto o negociado", como contrato permanente que era. Evitaban así tener que licitar y recibir hasta tres ofertas de otras empresas que quisieran optar y acceder a la publicidad institucional de la Diputación de León.

Se eludía de esta forma, además, un control más riguroso y exhaustivo, primero por el Servicio de Contratación, y segundo, por de la Intervención General de dicho organismo. Y esto es así porque se incluían las facturas dentro de la relación de facturas mensuales que debían fiscalizarse por dicho departamento.

De Martínez Barazón añade la Sala que si bien era probable que no tuviera conocimiento concreto de esas facturas, "ni quizás las haya visto o las haya tenido en sus manos", ello "no le priva de responsabilidad penal como último responsable de dicho organismo".

Apunta además que "tuvo contacto con Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa a la hora de contrata una serie de servicios que se iban a prestar a través de las empresas EICO y MADIVA, que incluían la inserción de banners, el tratamiento de noticias de la Diputación y la emisión de informes reputacionales", y añade que la existencia de esos documentos nunca se ha negado por el expresidente de esa diputación.

Sobre esos servicios reputacionales que brindaba De Pedro, el tribunal considera que no ha quedado acreditado que EICO los hiciera "en favor y en beneficio personal ni de Isabel Carrasco ni de su sucesor en la Presidencia de la Diputación, Marcos Martínez Barazón".

No obstante, el tribunal destaca el carácter "indisociable" entre el nombre de la persona y el cargo que representa a la hora de analizar la naturaleza pública o privada de estos trabajos reputacionales, de los que, añade, no se ha demostrado que tuvieran sobreprecio.

"Cuando estamos hablando de personas que ostentan un cargo público, y si éste es de naturaleza política más aún, resulta especialmente difícil disociar, en el ámbito de las redes sociales, la persona misma del cargo que ocupa, y más aún cuando se trata de potenciar su imagen pública", añade.

Así, apunta que "no se ha constatado en autos que este potenciamiento en redes sociales y estos trabajos de posicionamiento SEO en redes sociales, especialmente en Internet, así como la publicación de noticias referidas a las personas de los presidentes de la Diputación como tales, en relación a su cargo, que brindaban los servicios de las entidades EICO y MADIVA a través de sus diarios digitales tuviera una dimensión puramente personal o particular y dirigida a ensalzar sus trabajos realizados en el ámbito estrictamente personal".

Prueba de ello, añade, es que "en toda la documentación que se ha intervenido y que obra en la causa, respecto a este aspecto concreto, no existen noticias de carácter particular o personal de dichas personas, sino que todas las noticias hacen relación a actividades, bien de la propia Diputación como ente institucional, o bien a actividades de tales presidentes en su condición del cargo que ostentaban, el de la Presidencia de la Diputación".

Para la Sala, tampoco ha quedado probado que las facturas giradas por MADIVA no correspondieran a trabajos efectivamente realizados --"los testigos también evidencian la realidad de los mismos"--, ni que no se hubieran prestado los servicios de publicidad institucional, ni que bajo el concepto que figuraba en las mismas (inserción de banners publicitarios Diputación de León) se hubieran satisfecho de forma encubierta trabajos de reputación personal o trabajos de asesoramiento político para los presidentes de la Diputación.

Apunta que tampoco ha quedado acreditado que tales trabajos se hubieran encargado a EICO como contraprestación a que los acusados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, especialmente este último, influyeran de alguna forma en que dichos presidentes pudieran acceder a otros cargos públicos, bien dentro del partido político al que pertenecían, o bien dentro de la provincia de León o de la comunidad autónoma.

“En una provincia lo son todo. Tienen poder, reparten dinero entre los ayuntamientos, todos los alcaldes quieren estar cerca del presidente de la Diputación. La prensa local habla más de las diputaciones que del Gobierno central, se siguen los plenos. Sólo hay que ver el acto del Día de la Provincia. Hay mucho presupuesto y también muchos puestos de trabajo”. Así define un alcalde lo que suponen estos organismos fuera del centralismo madrileño. 

Las diputaciones son puro poder, pura política. Y los partidos son muy conscientes, en todos los territorios. Son las joyas secretas de este 28M. Es tal el calibre que, por ejemplo, para el PSOE-A sería un terremoto perder la histórica Diputación de Sevilla, bastión de bastiones. 

En estas elecciones ya no hay sombras amenazadoras de querer eliminarlas, como pasaba hace unos años, con partidos como Cs exigiendo su extinción. Las viejas instituciones (su origen se remonta a 1836)  están más presentes que nunca. En España hay 41 diputaciones provinciales, con 38 de régimen común y 3 forales, con el fin de ser los órganos de gobierno y administración de las provincias. Sus funciones son asumidas, en cambio, por las comunidades en las autonomías uniprovinciales y por los cabildos y consells en las islas. Son de elección indirecta (a través de los concejales elegidos en las urnas, a excepción de las tres vascas, que sí son escogidas directamente y tienen competencias tributarias).

¿Cuál es el mapa actual? El mapa está teñido de rojo socialista, de forma abrumadora. En 2019 los de Pedro Sánchez se hicieron con 26 de las 38 de régimen común. Los populares se quedaron con diez, mientras que Cs (que en su día quiso eliminarlas) obtuvo dos. Los socialistas tienen, por ejemplo, algunos transatlánticos institucionales como Sevilla, Barcelona, Valencia, Cádiz, Zaragoza y A Coruña. Mientras que los populares tienen como banderas principales las diputaciones de Málaga y Alicante. Asimismo, son una bolsa de trabajo enorme para los partidos, con más de 2.400 puestos de trabajo.

Sus presidentes son figuras de relumbrón dentro de los partidos por el poder que ostentan. Precisamente el de Alicante, Carlos Mazón, es la gran esperanza en estos momentos de los populares para lograr la Generalitat Valenciana, con esta comunidad como principal campo de batalla para dirimir la victoria general la noche del 28 de mayo. En el socialismo tienen como gran referencia a Núria Marín, una locomotora electoral a través del feudo de Hospitalet de Llobregat y que está también al frente de la Diputación de Barcelona.

Esta institución fue precisamente escenario de un pacto no habitual: entre el PSC y Junts. Esto da la dimensión también del escenario particular que constituyen las diputaciones, atendiendo a su criterio provincial y al equilibrio de fuerzas municipalistas. Su presupuesto para 2023 supera los 1.241 millones de euros. El pacto sellado en 2019 ha superado todos los tsunamis políticos, mientras se ha roto el Govern de la Generalitat. Pero aquí Junts, que se alejó de ERC por su acercamiento a los socialistas, considera de importancia vital seguir en el órgano de gobierno y mantener cuota de poder supramunicipal. Es asimismo un laboratorio de la ‘sociovergencia’ que podría repetirse en otros puntos tras el 28M.

Las diputaciones son ahora mismo también el escenario de una batalla brutal por el poder en Andalucía, una comunidad con potentísimos arraigos provinciales (a modo de ocho pequeñas autonomías). Al no celebrarse autonómicas, estos órganos de gobierno serán vitales. Juanma Moreno está obsesionado con imponerse en ellas. Actualmente el PSOE domina seis (Sevilla, Granada, Jaén, Córdoba, Huelva y Cádiz), mientras que el PP amarró sólo dos hace cuatro años (Málaga y Almería).

Los ciudadanos de Sevilla, Jaén y Huelva no han conocido desde 1979 un presidente de diputación que no sea del puño y la rosa. Los populares del sur quieren revertir eso, especialmente con el punto de mira en Huelva. Esto se conecta directamente con la presentación de la proposición de ley para legalizar regadíos en la zona de Doñana. La secuencia para los conservadores pasa por aumentar en los municipios del Condado de Huelva para alcanzar la Diputación, con una victoria asimismo en la capital. Sería una importante conquista de poder pero también psicológica para Moreno Bonilla (que logró que por primera vez Huelva votara mayoritariamente al PP en unas autonómicas).

El poder de las diputaciones tiene otro claro referente en Jaén. Esa institución supone de facto ser determinante en el PSOE andaluz. Sevilla sólo le tiene miedo internamente a Jaén, por lo que siempre ha habido un acercamiento para mantener el equilibrio. Actualmente ostenta ese poder Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, el hombre por el que pasa todo en el sur orgánicamente, con conexión directa en Ferraz y que fue esencial para la caída de Susana Díaz.

En estos momentos de campaña, hay una diputación que se está llevando todos los titulares: la de Ourense. Su presidente y del PP provincial, Manuel Baltar, es uno de los hombres fuertes en la comunidad de Alberto Núñez Feijóo y está en pleno proceso judicial tras ser pillado al volante a más de 215 kilómetros por hora en la A-52. Se enfrenta a una pena de 1.800 euros de multa y un año sin carné, a solicitud de la Fiscalía, y el juicio tiene previsto celebrarse el 31 de mayo. Entre los populares hay nerviosismo por lo que el caso pueda suponer en las votaciones municipales, aunque en público el respaldo es absoluto por parte de Alfonso Rueda.

En esta campaña la existencia de las diputaciones no se cuestiona, pero su popularidad ha vivido altibajos. Especialmente por la presión de Cs, que en sus momentos álgidos llevó por bandera su desaparición. El acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Albert Rivera en 2016 para intentar la investidura incluyó la supresión de estos órganos, que serían sustituidos por consejos de alcaldes. Esto provocó una marejada interna dentro del socialismo de tal magnitud que hasta el líder socialista evitó pronunciar la medida en aquel discurso de investidura. De hecho, no incluyó tampoco la propuesta en las elecciones inmediatas en junio de ese año.

Durante aquella temporada electoral se incidía en los supuestos ahorros millonarios y en evitar un supuesto foco de corrupción. La fundación ¿Hay Derecho? hizo un informe, publicado en mayo de 2016, según el cual su eliminación conllevaría recortar de forma inmediata 600 millones de euros, de los 6.300 que los presupuestos de todas ellas sumaron en 2015. La cifra era el resultado de hacer desaparecer la estructura política de estas instituciones, sus órganos de gobierno, unos 140,56 millones de euros, y otros 446,9 millones que estas instituciones reciben de otras administraciones sin una finalidad concreta.

Ciudadanos también evolucionó: de bestia negra de las diputaciones a repartirlas con el PP tras las elecciones de mayo de 2019. Ya no volvió a exigirlo para negociar con los grandes partidos. En esta transformación, el partido naranja registró a finales del año pasado una proposición de ley para reformar el sistema de elección y que pase a ser por voto directo. El Gobierno vetó su tramitación al considerar que supondría un aumento de créditos presupuestarios de 14,4 millones de euros.

Detrás de los titulares con millones de euros, la mayoría de dirigentes de los partidos siempre destacan la vertebración que suponen las diputaciones, el cuidado que conllevan especialmente para los pequeños municipios y la importancia de una concepción provincial (que es también la aplicada para unas elecciones generales en las listas) que muchas veces se escapa en la visión de Madrid.

Y es que entre sus competencias está la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión (garantizan los servicios de secretaría e intervención para las localidades con menos de mil habitantes). Otro ejemplo: asumen la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando no procedan a su prestación.

Sus competencias se extienden a la recaudación tributaria, en período voluntario y ejecutivo, y de servicios y apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. También a la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Se dedican, además, a la limpieza de los consultorios médicos en los municipios con menos de 5.000 habitantes. Más encargos vitales para las localidades pequeñas: la coordinación del abastecimiento de agua potable, la pavimentación de vías o el alumbrado público. Esto hace, como reconocen los dirigentes territoriales, que la gente hable más de la obra de la diputación que de muchas leyes en el Congreso.

En mayo de 2013, el Ministerio de Hacienda lanzó a la arena pública unos cálculos que a cualquiera podían llevar a una conclusión que se antojaba clamorosa: ¡Hay que fusionar municipios! Según el departamento dirigido entonces por Cristóbal Montoro (PP), 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes eran ineficientes porque prestaban sus servicios a un coste superior al que debían. La ecuación vinculaba a las claras eficiencia y tamaño. Por si quedaban dudas, el propio Gobierno acabó de despejarlas ese mismo año con la Ley de Racionalización de la Administración Local, aprobada en diciembre con los votos a favor de PP, PNV y UPN y que introducía incentivos de financiación para propiciar la "fusión" de municipios y así "racionalizar sus estructuras y superar la atomización". Lo cierto es que, sobre el papel, parece haber material para que una idea así funcione. Del total de 8.131 municipios que hay en España, con datos actualizados a 1 de enero de 2021, nada menos que 6.820 (casi el 83,9%) tienen 5.000 habitantes o menos. Hay 3.995 que no superan los 500.

Y, sin embargo, las fusiones no son la regla. Al contrario, son la excepción. Más allá de la repercusión mediática del actual proyecto de unión de Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz, avalado la pasada semana por Pedro Sánchez, procesos así son una rareza. Sólo constan tres en democracia, dos en Galicia y una en Burgos. Y únicamente una de estas fusiones se produjo tras la ley de Montoro que pretendía incrementarlas. Es más, desde la aprobación de dicha ley, España ha incrementado en 14 su número total de municipios. 

¿Por qué no cuajan las fusiones? Ni la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ni la España Vaciada apadrinan la idea, a la que se han opuesto históricamente los grandes partidos. Además, hay una fuerte "identidad local". A ello se suma la existencia de un denso catálogo de opciones ya existentes para optimizar servicios, sin necesidad de que un pueblo cambie su nombre y naturaleza jurídica.

Tres fusiones en democracia

Don Benito y Villanueva han puesto de actualidad las fusiones con su proyecto de constituir un solo municipio en un proceso que debe culminar en 2031, dando como resultado una ciudad de unos 64.000 habitantes, tercera de Extremadura tras las dos capitales provinciales (Badajoz y Cáceres), superando a la capital autonómica, Mérida, que no llega a 60.000. Con sendos alcaldes del PSOE, lo que a priori aporta sintonía política, los dos ayuntamientos presentaron en septiembre un plan que requiere el 66% de síes. El argumentario por la fusión está claramente basado en el dinero: la ciudad resultante será un polo económico de Badajoz, con mayor capacidad para competir por proyectos, atraer inversiones y crear empleo, según sus promotores, que prometen mantener "tradiciones y costumbres" de cada pueblo. Los alcaldes han presentado incluso el proyecto en La Moncloa para acelerar los trámites de una consulta que quieren a principios de 2022.

La idea ha tenido una favorable acogida mediática. En la Europa del Brexit, en la España del procés, mientras hay ciudades como La Línea donde el alcalde quiere salirse de Andalucía y provincias como León en las que se prodigan las mociones para apartarse de Castilla y León, he aquí dos poblaciones que quieren juntarse, un empeño que les ha granjeado a sus alcaldes incluso una cita con el presidente. El acontecimiento, que no responde al tipo de fusión de pueblos pequeños que tenía en mente Montoro en 2013, invita a mirar atrás y preguntarse: ¿Cuántos ayuntamientos han tenido la misma idea, tan vistosa mediáticamente y que permite a los regidores liderar ilusiones colectivas?

La respuesta: pocos. Muy pocos, en realidad.

Según la información que ofrece el Ministerio de Política Territorial, en democracia ha habido sólo dos fusiones, ambas en Galicia: Oza-Cesuras (A Coruña, 5.096 habitantes), en 2013, poco antes de la aprobación de la ley de reforma local; y Cerdedo-Cotobade (Pontevedra, 5.697 habitantes), en 2017, si bien la decisión fue adoptada en 2016. A pesar de que en los cuadros de "las entidades locales de España" del ministerio no aparece, hay al menos otro caso de fusión, en 1981. Se trata de la que dio como resultado Valle de Losa (Burgos, 481 habitantes), fruto de la unión de Junta de Río y Junta de San Martín, según ha comprobado infoLibre de la consulta de un informe del antiguo del Ministerio de Administraciones Públicas y de la base de datos del INE.

Así pues, constan tres fusiones en democracia. Y sólo una de ellas tras la ley municipal de Montoro, la que pretendía "superar la atomización".

Fabricando pueblosFabricando

El escueto balance de fusiones contrasta la dinámica de surgimiento de municipios durante la etapa democrática. Hoy España fabrica pueblos nuevos.

No siempre ha sido así. El informe con sello gubernamental Variaciones de los municipios de España, que llega hasta 2008, estima que en 1842 el número de municipios rondaría los 11.500, es decir, más de 3.300 por encima de los actuales (8.131). No obstante, la dinámica de supresiones, explica el informe, "se quebró a partir de los años 80 [del siglo XX], deshaciéndose muchas de las agrupaciones que se habían producido anteriormente", a menudo forzosamente en una España sin democracia.

Más de un centenar de municipios se independizaron entre 1977 y 2017, según un análisis de datos del INE realizado por Europa Press. El ritmo de crecimiento en número ha ido bajando con el transcurso de las décadas en democracia, pero siguen sumándose nombres. De 8.112 municipios en 2008 hemos ha pasado a los 8.131 actuales. Es interesante mirar la evolución desde la aprobación de la ley de reforma local que debía facilitar las fusiones para reducir el número: a 1 de enero de 2014, justo tras la entrada en vigor de la ley, el número era de 8.117, 14 menos que ahora, según datos extraídos de las bases de datos del INE. Ha habido 15 segregaciones en ese periodo, contabilizadas por el Ministerio de Política Territorial.

Ni la FEMP ni la España Vaciada

De modo que España gana municipios, a pesar de la ley que pretendía que se fusionaran. Toca buscar respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué no se une (casi) nadie?

Para empezar, es fácil comprobar que la idea carece de padrinos de peso. No lo apoyan dos agentes que por su estatus podrían darle impulso: la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la España Vaciada. Consultada por infoLibre, la FEMP afirma a través de un portavoz que no tiene una posición sobre la cuestión. Ni a favor ni en contra, depende de las circunstancias, hay que ver caso a caso.

Lo cierto es que en en el ámbito municipal la idea de la fusión ha encontrado históricamente poco respaldo. ¿Qué alcalde quiere dividir su poder? ¿Qué partido, reducir su número de alcaldías?

Hay ejemplos que muestran cómo los partidos enseñan los dientes cuando la propuesta se formaliza. En Cataluña el debate afloró a principios de la década de 2000 y fue aplastado sin miramientos. Un informe de un grupo de expertos dirigidos por Miquel Roca que sugería eliminar por ley más de 250 municipios llegó al Parlament, donde fue enterrado por todos los grupos. Ya metidos en la Gran Recesión, el entonces presidente andaluz, Manuel Chaves (PSOE), afirmó que suprimir municipios supone "ofender a los ciudadanos". En la Comunidad Valenciana, el consejero Rafael Blasco (PP) llegó a sugerir la "fusión o supresión" de todos los pueblos de menos de 500 habitantes. ¿Con qué resultados? Sus propios compañeros de partido salieron a apartar la idea del tablero. Quedó en nada. Esta idea sale de cuando en cuando, suscita titulares, incluso aparece en leyes. Pero queda en nada.

En cuanto al nuevo movimiento la España Vaciada, que a priori podría tener interés en una fórmula pensada para pueblos pequeños con problemas de eficiencia, pues tampoco tiene puestas las miras en las fusiones. "No se puede extrapolar" el acuerdo de Don Benito y Villanueva, explica Antonio Saz, coordinador de la España Vaciada. A su juicio, lo relevante es que se produzca una "desconcentración real de la prestación de servicios para una mejor vertebración", algo que no queda garantizado por una fusión sin más, afirma. "Y no sólo hablo de desconcentración en relación con la capital provincial, también de las cabezas de comarca. El transporte sanitario o de asistencia social no tiene por qué radicar siempre en la capital de comarca, por ejemplo", añade. ¿Para desconcentrar es necesario unir municipios? No, a juicio de Saz, que recalca que, como demuestran los hechos, los municipios no ven que compense la "pérdida de identidad" que supone la fusión, cuando hay otras herramientas posibles para llevar servicios de calidad hasta el último rincón, poniendo como ejemplo la "comarcalización de servicios" en Aragón.

Identidad e historia

"Identidad", ha dicho Saz. Va a ser una palabra clave.

Luis Arroyo, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Administrativo Europeo y Global de la Universidad de Castilla-La Mancha, observa la existencia en España de "pulsiones identitarias" que no son sólo nacionales o autonómicas, sino también locales.

Coincide el catedrático de Derecho Administrativo Xabier Arbós, que sostiene que España es un país con "fuerte identidad local, de su pueblo". Recuerda el caso de Girona y Salt, fusionados en 1975 y que se separaron en 1983, una vez la Transición dio "legitimidad democrática" a los ayuntamientos. El proceso de segregación no estuvo exento de épica independentista.

"En España la gente tiene mucho apego a su municipio. Cada pueblo tiene su corazoncito, su patrono, su historia... Las iniciativas de este tipo [fusiones] se encuentran con una posible oposición vecinal. En la época de Franco sí que hubo en el ámbito rural, claro, porque no existía la posibilidad de protestar. Luego, es más difícil", señala el catedrático de Derecho Administrativo Miguel Sánchez Morón, autor del ensayo Las Administraciones españolas (Tecnos, 2018), que recuerda el caso de Alcobendas (118.417 habitantes) y San Sebastián de los Reyes (91.224), en la Comunidad de Madrid. Separados por una calle y unidos hasta el siglo XV, las iniciativas a favor de la fusión entre ambos, incluso aquellas que eran sólo para compartir servicios pero eran interpretadas como una posible puerta abierta a la fusión, han sufrido a lo largo de décadas fuerte un importante rechazo popular. ¿La explicación? La historia de rivalidad y agravios entre ambas poblaciones arranca en 1492, cuando los Reyes Católicos concedieron la independencia a la que hoy es conocida coloquialmente como Sanse, cuyos habitantes rechazaban al Conde Puñonrostro, señor de Alcobendas. Atención a este titular de El PaísEl País de 1984: "El proyecto de mancomunidad entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes provoca un rebrote de antagonismo medieval".

Otras herramientas

Pero no todo es identidad. El catedrático de Derecho Administrativo Luis Arroyo ve lógico que la pretensión de la ley de 2013 de propiciar fusiones a través del ofrecimiento de mejoras de las condiciones de financiación de los dos municipios fusionados quedara en (casi) nada. "Hay un equívoco muy extendido, y que conviene despejar: lo que hace que sea más caro [prestar un servicio] no es que haya dos municipios diferentes, sino dos núcleos de población separados. La fusión no soluciona la disgregación y no es ni la única ni necesariamente la mejor fórmula para conseguir eficiencia a través de economías de escala", explica Arroyo, que recalca que en España existen ya numerosos mecanismos de cooperación entre municipios, como diputaciones, mancomunidades, comarcas, consorcios... Lo que hace falta, señalan desde la España Vaciada, es darles fuerza y recursos. Ese ejemplo esquemático de derroche, el de dos pueblos separados por una calle que recogen sus basuras con distintas empresas, no tiene por qué darse. Y, si se da, no es necesario fusionarse para ponerle remedio.

Arbós cita además otro motivo del nulo éxito de la oferta de fusiones: "El criterio de oportunidad de los partidos". "No es lo mismo –explica– tener cinco alcaldías que tener cuatro. Con las fusiones se pierden concejales". El jurista considera además que al poner el énfasis en la supuesta ineficiencia de los ayuntamientos, como se hizo en la anterior crisis, se trataba también de desculpabilizar a las instituciones superiores, entre ellas a la propia Administración General del Estado. De hecho, según datos de la Comisión Europea, las administraciones locales cumplieron su objetivo de equilibrio presupuestario en 2013, el año de aprobación de la ley, registrando un superávit equivalente al 0,4 % del PIB. Frente a estos datos, la ley de 2013 colocaba a España en el mismo marco que Grecia, el país europeo que más sufrió la Gran Recesión y que en 2010 decidió una reducción de 679 municipios. En política comparada, Reino Unido, Alemania y Bélgica acumulan experiencias de reducción significativa de municipios, mientras en Francia hay más de 35.000, más que cuadruplicando a España. Cada país tiene su particularidad.

Y cada pueblo, la suya.

Las entidades locales –ayuntamientos, diputaciones, cabildos, mancomunidades– deben enviar al Tribunal de Cuentas, antes de que acabe febrero, una relación anual de todos los contratos celebrados en el ejercicio precedente. También tienen que remitirle, dentro de los tres meses siguientes a su firma, el expediente de cada contratación si ésta excede los 600.000 –contratos de obra–, 450.000 euros –contratos de suministro– o 150.000 euros –contratos de servicios–. Lo mismo rige para los convenios que las entidades locales suscriban con otras administraciones u organismos públicos. Deben enviar la lista de los convenios y los expedientes de aquéllos que superen los 600.000 euros. Sin embargo, el 38% de los ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades incumple su obligación de mandar al Tribunal de Cuentas la relación de los contratos que adjudican. Y con los convenios es aún peor: el 65% de las entidades locales no le remiten la lista.

Además, entre las entidades locales que sí envían la relación de contratos, el 29% lo hacen fuera de plazo. En el caso de los convenios, el 21% se pasan de fecha. Los datos proceden del informe sobre fiscalización del sector público local en 2019 que acaba de publicar el Tribunal de Cuentas.

Tampoco es que los ayuntamientos sean muy diligentes a la hora de mandar al órgano fiscalizador sus presupuestos, otra de sus obligaciones, aunque han mejorado respecto a años anteriores. En 2019 enviaron sus cuentas en plazo el 62%, cuando en 2018 sólo lo hicieron el 55%. Fuera de fecha cumplieron finalmente hasta el 73% –el 71% un año antes–. Entre los desobedientes de 2019 están ayuntamientos tan grandes como Cádiz, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella, Badalona, Las Palmas y Getafe, las diputaciones de Cuenca, Zamora, Málaga, Almería y Cádiz, y los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro. Pero los hay que “sistemáticamente”, denuncia el informe, no envían sus cuentas: nada menos que 3.347 entidades locales que llevan sin hacerlo desde 2017. Aunque la mayoría son municipios de menos de 1.000 habitantes, precisa el órgano, también se escaquean ayuntamientos grandes como Jaén, El Puerto de Santa María, Mijas y Vélez-Málaga.

Canarias al 100%

Por lo que respecta a los contratos, las entidades locales formalizaron en 2019 un total de 42.658, por un importe que suma 8.557 millones de euros, sin contar País Vasco y Navarra. Según los datos del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, nueve entidades de más de 40.000 habitantes comunicaron la celebración de 9.199 contratos, por valor de 83 millones de euros. Entre las comunidades autónomas el nivel de incumplimiento es muy dispar. Mientras que el 100% de las entidades canarias respetaron su obligación con el Tribunal de Cuentas, también el 94% de las baleares y el 88% de las madrileñas, en Andalucía se quedaron en el 48% y en Castilla y León en el 47%. En Galicia no superaron el 52%.

Con el envío de los expedientes de los contratos los entes locales también fallan, puesto que impidieron que el Tribunal de Cuentas examinara 1.718, por importe de 1.941 millones. El 57% de ellos correspondían a ayuntamientos y otro 19% a sociedades mercantiles dependientes de consistorios o diputaciones.

Según el informe, además, las entidades locales formalizaron 800.040 contratos menores, aquéllos con un valor inferior a 40.000 euros si son de obra y de 15.000 euros si son de suministro o de servicios. Su importe ascendió a 1.774 millones de euros.

Los convenios suscritos en 2019 por entidades locales sumaron la cifra de 14.356, lo que equivale a 6.998 millones de euros. De nuevo, es Canarias la comunidad autónoma más cumplidora, puesto que el 100% de sus ayuntamientos remitieron sus listas de convenios. Muy lejos quedan Andalucía, con sólo un 15%; Galicia, con el 18%; la Comunidad de Madrid, con un 20%, y Castilla y León, con el 31%.

Pero el Tribunal de Cuentas sólo recibió los expedientes de 523 convenios que superaban los 600.000 euros de importe. Y, curiosamente, fueron los entes locales canarios los que más incumplieron su obligación de remitirlos al órgano para su fiscalización, puesto que suman el 32% de los no enviados.

Presupuestos: gastos e ingresos

El Tribunal de Cuentas también examina otros aspectos de la diligencia institucional de las entidades locales. Por ejemplo, constata que, a 7 de abril de 2021, un total de 103 de ellas aún no tenían aprobado el presupuesto de 2019. Además, el 32% no consiguieron aprobar las cuentas en pleno antes de comenzara el ejercicio, por lo que el 68% restante había prorrogado automáticamente el presupuesto del año anterior. El 14% de estas entidades no integraba en ellas las de las sociedades u organismos que dependen de ellas.

En total, el presupuesto de las 15.580 entidades locales que hay en España ascendió en 2019 a 58.438 millones de euros. Su grado de ejecución fue del 78%. A gastos de personal, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades y cabildos destinaron el 30%, a servicios públicos básicos un 36% y a actividades de protección social el 13%.

En los últimos años, la partida de gastos no deja de aumentar: un 5% en 2019 respecto a 2019 y un 10% respecto a 2017. El Ayuntamiento de Madrid es el que más lo elevó, un 6%, mientras que el de València fue el que más lo recortó, un 17% en comparación con 2018.

En lo que se refiere a los ingresos, el 55% procede de impuestos y tasas, sobre todo el IBI. Aunque, para los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, el 18% de los ingresos tienen como origen la llamada plusvalía municipal, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU).

El aumento del gasto ha sido posible por la reducción del endeudamiento de las entidades locales, un 11% en 2019 respecto al ejercicio anterior y un 20% respecto a 2017. La deuda total suma 16.153 millones de euros, de los cuales el 23% corresponde a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Una vez más, el consistorio madrileño es la entidad local que más ha recortado su deuda, un 17%. Le siguen el de València, con un 16%; Zaragoza, con un 10%, y Barcelona con un 6%.

Por el contrario, la diputación más endeudada es la de Barcelona, con un pasivo de 167 millones de euros. Aunque la que tiene una deuda mayor en términos relativos es la de Huelva, con un volumen que equivale al 53% de sus ingresos corrientes.

Medido en términos per cápita, el gasto medio era de 538 euros en 2019, un 3% más que el año previo. Pero la diferencia es sustancial entre los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, que se gastan 1.564 euros por habitante y los ayuntamientos medianos. Curiosamente, los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes gastan 1.114 euros por habitante, un 3% más que los de más de 100.000 y casi tanto como los más grandes. La inversión per cápita es mucho menor, 79 euros de media, pero ha crecido más, un 6% respecto a 2018 y un 29% respecto a 2017.

Así, la deuda municipal per cápita asciende a 680 euros de media. Aumenta hasta 1.159 euros para Madrid y Barcelona. En total, el endeudamiento per cápita de las entidades locales ha descendido un 10% respecto a 2018 y un 13% respecto a 2017.

Empresas municipales e interventores

Ayuntamientos y diputaciones poseen también organismos autónomos, empresas públicas y sociedades mercantiles, 2.648 en total, que son un 3% menos de las que había en 2017. Al Tribunal de Cuentas le llegaron en 2019 el 77% de las cuentas anuales de este sector público empresarial que deberían haberle enviado las entidades locales. Tras analizarlas, el órgano fiscalizador revela que el 17% de las empresas no tenían actividad. Aun así, el 67% de las anteriores figuraban como activas. Otro 25% sí constaban en disolución.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas examina el funcionamiento de los órganos de Intervención, encargado del control interno de las entidades públicas. En el caso de las locales, sólo en uno de los cinco ayuntamientos con más de medio millón de habitantes –Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza y Málaga–, que el informe no precisa, el responsable de la Intervención Municipal es un funcionario que ha ganado la plaza mediante concurso público. En el resto, han sido nombrados mediante libre designación. En las diputaciones provinciales, de los 36 puestos de titular del órgano de Intervención, el 53% estaba ocupado también mediante libre designación.

Un dato más que no dice mucho de la eficacia de la Intervención local a la hora de fiscalizar las entidades: sólo el 3% de los 5.805 órganos de este tipo que enviaron información al Tribunal de Cuentas había realizado auditorías públicas de las cuentas. Y en éstas incluían las llevadas a cabo por firmas privadas de auditoría, que supusieron un coste de tres millones de euros.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha abierto juicio oral al expresidente de la Diputación y del PP de esta provincia Carlos Fabra y los otros nueve acusados en el marco del procedimiento penal sobre el origen y la posible ocultación del patrimonio del político, según informa Europa Press. 

El magistrado ha requerido a los diez encausados para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El auto señala a la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho. El magistrado ha decretado también la apertura de juicio oral para seis mercantiles como personas jurídicas.

El pasado mes de abril el instructor dictó auto de procesamiento contra Fabra al entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero.

La causa está dirigida también contra la mujer del político, María Desamparados Fernández; dos de sus hijos (Borja y Claudia), un yerno (Fernando) y cinco empresarios, entre ellos, el presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, y su hijo, y Miguel Pérez Ferrer.

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada solicita 12 años de prisión para Fabra, al que acusa de insolvencia punible y de frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y delito continuado de cohecho. Además, el ministerio público pide para el exdirigente del PP multas que suman más de tres millones de euros, así como la suspensión para empleo o cargo público por el mismo periodo.

La delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, ha presentado su renuncia al cargo tras ser condenada a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por prevaricación y fraude junto al expresidente de la Diputación de Pontevedra y actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán. Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y recoge Europa Press, la jueza considera probado que cometieron irregularidades para otorgar 86.311 euros a una constructora para compensarla por un sobrecoste en las obras del campo de fútbol de Moraña. Por estos hechos, los acusados fueron juzgados el pasado mes de noviembre de 2020.

En concreto, en una sentencia con fecha de este viernes, el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra condena a dos años de cárcel al que fuera presidente de la Diputación con el PP -formación de la que pidió la baja en 2016- por conceder una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras en este campo de fútbol "que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad". Louzán, que fue considerado culpable de un delito de prevaricación en concurso con otro de fraude, también ha sido inhabilitado para empleo o cargo público durante ocho años.

Asimismo, la magistrada ha condenado a otros dos años de cárcel y a ocho de inhabilitación para empleo o cargo público, como cooperadores necesarios del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude, a la exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, y al entonces director de Infraestructuras de la institución provincial. La actual delegada de la Xunta en Pontevedra ha anunciado que recurrirá la sentencia para defender su "honorabilidad" y "su proceder" durante su etapa como alcaldesa de Moraña. Así, Piñeiro, que se ha dado de baja del partido, ha incidido en que la sentencia no es firme y se ha mostrado "sorprendida" ante la misma, pero ha decidido renunciar a su cargo para "no perjudicar a las instituciones que representa".

Luisa Piñeiro ha explicado que recurrirá la sentencia para "defender su honradez" y "reiterar su convencimiento" de que la actuación que ejerció durante su etapa como alcaldesa fue "correcta y siempre ajustada a Derecho en ese momento". De este modo, ha defendido que en ese periodo trabajó "única y exclusivamente por el bienestar de los vecinos de Moraña" e "incansablemente".

"Disconformidad" con la sentencia

Así las cosas, Piñeiro ha trasladado su "disconformidad" con la sentencia y ha solicitado a su abogado que "la recurra donde sea preciso" para, "una vez más", defender su "honorabilidad" y su "proceder" durante su paso por el ayuntamiento de Moraña en general y en la actuación objeto de la sentencia en concreto. En este sentido, ha detallado que el procedimiento juzgado se refiere a la "concesión de una subvención" y, por tanto, "un paso que los 313 alcaldes de toda Galicia hacen todos los días", como ella hizo "en el día a día trabajando por su pueblo" y realizando solicitudes para "mejorarlo".

Sin embargo, ha indicado que en la tarde de este viernes ha notificado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP Provincial, Alfonso Rueda, su renuncia a los cargos que ostenta "para no perjudicar a las instituciones que ahora mismo representa", aunque "confiando plenamente en su inocencia".

Luisa Piñeiro ha considerado "lo más correcto" centrarse en la defensa de su actuación ante los tribunales al entender como "de justicia" probar su "honorabilidad" e "inocencia" y ha apuntado que se ha dado de baja "en el partido en el que siempre estuvo y estará", el PP.

Preguntada sobre las razones que han motivado su condena, ha afirmado encontrarse "sorprendida" por el contenido de la sentencia y ha reiterado que "siempre defenderá su inocencia". Así, ha recalcado que los hechos juzgados se refieren a "un proceso de contratación de otra administración que no representaba en ese momento", la Diputación de Pontevedra.

En esta línea, la exregidora de Moraña ha recalcado que el proceso de contratación y adjudicación de la obra y el control de la dirección de la misma y las certificaciones fueron llevados a cabo "únicamente y exclusivamente por personal de la Diputación de Pontevedra", por lo que ha incidido en que ella "no tenía ninguna responsabilidad en ese momento" al respecto.

Asimismo, Piñeiro ha cuestionado el hecho de que la magistrada la haya considerado colaboradora necesaria del delito de prevaricación. "Porque pedí una subvención estoy aquí. Por eso, hago esa reflexión de que los 313 compañeros míos de Galicia, alcaldes y alcaldesas, es lo que hacemos en el día a día de nuestro trabajo", ha reiterado. También ha destacado que le "sorprende muchísimo" que haya "algún párrafo en el que reconocen que había una parte del muro que no está hecha" pese a que puede observarse "a simple vista".

Sentencia

El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra consideró probado que la constructora, a la que la Diputación adjudicara en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas, aumentó su coste en 86.816 euros debido a una certificación.

En cuanto a los condenados como cooperadores necesarios, la jueza explicó en la sentencia que la alcaldesa de Moraña pidió la ayuda a la Diputación "a sabiendas de que las obras para las que la solicitaba, cuanto menos la mayor parte, ya estaban ejecutadas" y el arquitecto "se limitó a firmar el proyecto y certificaciones". La magistrada ordenó en la resolución el comiso de la cantidad cobrada por la empresa con motivo del proyecto de mejora de las gradas y vestuarios del campo de fútbol (86.311 euros), así como de la cantidad cobrada por el arquitecto.

La investigación sobre este asunto fue uno de los múltiples frentes abiertos a raíz de la Operación Patos, de los que solo llegaron a juicio, además de este asunto relativo a las obras del campo de fútbol de Moraña, tres piezas: una relativa a obras en Nigrán, que se saldó con un acuerdo de conformidad; otra por la adjudicación de una obra en el Puerto de Vigo (en la que tanto el gerente de Eiriña como los otros acusados fueron absueltos); y el caso de supuesto soborno mediante el pago de servicios de prostitución, cuyo juicio aún no se ha celebrado tras ser aplazado en varias ocasiones.

“El más honrado del mundo”. Así lo describió Javier Arenas, eterno candidato del PP en Andalucía. María Dolores de Cospedal, siendo secretaria general del PP, no llegó tan lejos: sólo afirmó que Gabriel Amat Ayllón (Albuñol, Granada, 1944, casado y con dos hijas) era “el mejor alcalde de la historia de Roquetas”. Es difícil saber si es el mejor. Pero seguro que sí es el más poderoso. Tan poderoso que ahora, cuando las adjudicaciones millonarias de su ayuntamiento han abierto al partido de la Gürtel y Púnica otro caso de posible financiación ilegal, nadie en el PP pone en duda en lo más mínimo a Amat.

Amat ostenta el cargo de alcalde desde 1995, en una corporación en la que entró en 1978. El municipio costero de Roquetas de Mar ha vivido bajo su mando un boom demográfico, de menos de 38.000 habitantes a casi 100.000, vinculado su vez al boom urbanístico. “Agricultor y político”, según se define él mismo, Amat ha prosperado desde su modesta llegada desde la Alpujarra granadina hasta convertirse un hombre de poder con mayúsculas, con una exitosa trayectoria en la empresa y la política.

Han ido pasando los ciclos políticos y las investigaciones judiciales, pero Amat, presidente del PP de Almería, hombre fuerte de la política en la provincia, nunca ha caído, siempre tratado con cariño y deferencia por su partido. Eso incluye al grueso de los pesos pesados del partido hasta llegar a hoy, con Juan Manuel Moreno y Pablo Casado. Un apoyo que se mantiene intacto ahora que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha situado en su ayuntamiento una supuesta trama de concesiones de obra a cambio de comisiones millonarias que según el informe policial han servido para financiar campañas electorales del partido.

El caso parte de la denuncia presentada en 2013 por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia (AMAyT) ante la Fiscalía por una supuesta trama de comisiones ilegales en torno a la constructora Hispano Almería. Un extrabajador puso sobre la mesa de los investigadores 140 recibís supuestamente salidos de la caja B de la empresa, claves para armar el caso. Ahora la Policía Nacional, siete años después, ha entregado en el juzgado número 3 de Almería dos informes, con 765 páginas en total, sobre la actividad de esta constructora del Grupo Halsa, con Miguel Ángel Morales al frente. El informe sitúa bajo sospecha 62 obras adjudicadas a Hispano Almería, entre 2000 y 2010, por un importe de más de 77,5 millones. La UDEF delimita más de 7,2 millones en comisiones, 1,18 a técnicos y 5,4 a “Pol”, todo apunta que a políticos.

El informe, adelantado por El País, recorre todas las concesiones, con sus sobrecostes, sus puntuaciones e incrementos presupuestarios sin justificación, adjudicaciones dadas “de antemano” y huérfanas de procedimiento, incumplimientos “sistemáticos” de los plazos por parte de la empresa que quedaban impunes... Todo ello según la Policía Nacional. Había, según la UDEF, “connivencia” de los técnicos y los políticos con la dirección de la empresa. Se instauró un sistema de “gratificaciones” por las obras concedidas, que salían de la “caja fuerte” de la empresa en forma de “reintegro físico”, siempre según la Policía Nacional. Se pagaba en negro y desde una caja B de la empresa, según el atestado policial centrado en Roquetas.

Campañas electorales

Un elemento especialmente inquietante para el PP es que la Policía Nacional concluye que de la caja B de Hispano Almería salió dinero “para financiar campañas electorales”. El informe alude a las municipales en 2003 (54.000 euros en total, 36.000 de ellos en Roquetas) y a las generales y autonómicas de 2008 (25.000 euros, asociados a Níjar). Arenas, muy próximo a Amat, se presentó a la Junta en 2008 como candidato siendo cabeza de lista en Almería, no en Sevilla. También salió dinero de Hispano Almería para “medios de comunicación”, según la UDEF, que no cuantifica el importe.

Amat en el punto de mira

El informe pone en el punto de mira a Amat, al que sitúa como responsable de los procedimientos de contratación, en calidad de alcalde. No hay alusión a que recibiera directamente dinero alguno, aunque sí el PP de Roquetas de Mar: 36.000 euros.

infoLibre trató de recabar la explicación del Ayuntamiento de Roquetas sobre el contenido del informe. La respuesta fue que Amat "no está investigado en la causa". Es cierto que no figura como investigado en ninguna actuación judicial. Eso da al PP andaluz una excusa fácil para evitar dar explicaciones: Amat no está imputado y nunca ha sido condenado. Recientemente, este mismo de septiembre, se hizo público que el juzgado de instrucción 1 había cerrado otras seis de las 25 piezas en que se dividió otro caso conocido como trama Amat, que investigaba supuestos tratos de favor urbanísticos a empresas vinculadas al alcalde y que ha sufrido durante su desarrollo retrasos por atasco judicial. Ya sólo queda una pieza sin archivar de esta trama, según La Voz de Almería.

La dirección andaluza del PP, a través de su número dos, Dolores López, se pronunció este martes sobre los informes de la Policía Nacional en la llamada operación Términus en una entrevista en Canal Sur. “El señor Gabriel Amat no está investigado”, afirmó López, que recordó el dato de las 24 de 25 denuncias archivadas. Tanto PSOE como IU cargaron duramente contra el PP por su actitud con Amat. “Es la punta del iceberg de una caja B del PP andaluz”, afirmó el dirigente socialista Manuel Jiménez Barrios. El grupo municipal liderado por IU en Roquetas ha pedido la dimisión de Amat y ha acusado a su partido de complicidad estructural.

Un alcalde agasajado

Cuando Amat sí ha sido investigado, el PP tampoco le ha regateado el apoyo. Así ocurrió con el caso La Fabriquilla, donde se investigaban supuestas irregularidades en la concesión de licencias para una decena de chalés. El caso fue archivado en 2016.

Los principales dirigentes del PP no sólo le han mostrado apoyo en declaraciones a los medios. También in situ. En 2004 Amat estaba enfrentado al que era alcalde de El Ejido, Juan Enciso, en una guerra de poder que conmovió las bases del partido en Almería. Mariano Rajoy, siendo presidente del PP, se plantó en Roquetas para dar apoyo expreso a Amat. Fue una crisis en cuya resolución se empleó a fondo Arenas. Ganó Amat. Enciso salió del PP, montó el Partido de Almería (PAL) y acabó detenido por corrupción en el caso Poniente.

El poder de Amat se hizo incontestable, dentro del PP de Almería y en Roquetas, extendiéndose a través de la Diputación, que ha presidido entre 2011 y 2018. Es desde 2004 presidente del PP en Almería, la provincia en la que la derecha, hoy gobernante, empezó a socavar en los 90 el poder entonces incontestable del PSOE en Andalucía. El alcaldísimo figura también como presidente del Comité Electoral del PP de Andalucía, el órgano que aprueba las listas electorales para las autonómicas.

A su alrededor ha brotado no sólo la fama merecida de máquina de ganar elecciones, sino también una tupida red empresarial, hecha de familiares y allegados, destapada por la Unidad de Droga y Crimen Organizado Costa del Sol de la Policía Nacional en un informe en 2016 [ver aquí información en detalle]. Ha sido una de las investigaciones judiciales que han afectado a Amat y que han quedado de momento en nada.

Los pinchazos judiciales han permitido que Amat siga recibiendo visitas ilustres. En mayo de 2017, Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, clausuró el Congreso del PP almeriense, celebrado en Roquetas. Allí agradeció a Amat, que fue reelegido con el apoyo del 98,89% de los compromisarios, “lo mucho que ha hecho por Almería, por Andalucía y por España”. “Encarna los valores que yo quiero para el PP Andaluz: lealtad, compromiso y trabajo”, añadió. En agosto de 2018, Roquetas recibió la visita  de Pablo Casado, que volvió a coincidir con Amat en agosto de este año.

Los principales problemas le han venido a Amat de la atomización política y la irrupción de nuevos partidos. El alcalde perdió la mayoría absoluta en 2015 y desde entonces ha tenido que pactar con Cs o Vox. Una tránsfuga salida del PSOE a la que el Ayuntamiento puso un sueldo blindó al PP de la posibilidad de una moción de censura en 2017 [ver aquí información en detalle].

En febrero de este mismo año Vox ha roto su pacto con el PP de Amat, pero el alcalde otra vez ha sido más rápido, ganándose el apoyo de dos de los tres concejales elegidos por el partido ultraderechista que habían sido expulsados. “Amat ha cultivado imagen de cateto, pero no tiene un pelo de tondo. Es habilidoso, muy alpujarreño, muy listo”, explica el periodista Pepe Fernández, ex director regional de Onda Cero, un pionero en las informaciones comprometedoras sobre Amat, que ahora escribe en El Confidencial Andaluz. Fernández ha visto muchas veces al eterno alcalde salirse con la suya, pero esta vez ve mimbres sólidos en el informe de la Policía Nacional.

Juan Pablo Yakubiuk, portavoz de IU en Roquetas, insistente denunciante de la red de intereses en torno a Amat, afirma que el presidente del PP en Almería es “el personaje que [Rafael] Chirbes nunca llegó a escribir”. “Es un cacique, del que cada cosa que sabemos queda más demostrado que lo es. Pero tiene mucho poder y muy buenas relaciones en el PP, tanto en Andalucía como en Madrid”, señala. Es próximo a Amat el diputado Juan José Matarí, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.

Los alcaldes de Madrid, Barcelona, Bilbao y València son los que más cobran del país según el ranking de sueldos que ha publicado el Ministerio de Política Territorial, con retribuciones de 103.667, 99.999, 92.911 y 85.602 euros, respectivamente. En el otro extremo de sueldos se encuentran Colunga (Asturias), Marchamalo (Guadalajara) y San Martín y Mudrián (Segovia), que aseguran tener dedicación exclusiva también pero cobran, cada uno, 6.059, 4.623 y 929 euros anuales, informa Europa Press.

El Ministerio ha dado a conocer los datos actualizados del sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA), con información de los municipios del país y las diputaciones, así como los funcionarios. La información se ha elaborado con los datos de 4.064 municipios mientras que otros 1.158 no los han facilitado, entre ellos los ayuntamientos de Granada, Tarragona y Ourense, o ciudades como Jerez de la Frontera, Sabadell, Getafe, Coslada o Calviá.

Del total del país, 2.620 alcaldes aseguran no cobrar ninguna retribución por su trabajo. De los que sí declaran tener una nómina, 1.515 aseguran dedicarse en exclusiva al ayuntamiento y los que más ingresan son los de las grandes ciudades, con las tres capitales vascas en los seis primeros puestos. Después de Madrid, Barcelona, Bilbao y València se sitúan el alcalde de San Sebastián (83.869 euros) y el de Vitoria (82.416).

En cuanto a los presidentes de las diputaciones, cabildos y consells insulares, el que más cobra es el de la Diputación de Vizcaya (103.732 euros), seguido por el de la Diputación de Barcelona (102.263), el de la Diputación de Álava (95.117) y el de la Diputación de Burgos (83.913). En el otro lado de la tabla con dedicación exclusiva está el Cabildo Insular de Lanzarote (54.000), porque tres instituciones aseguran que los presidentes no tienen dedicación: El Hierro (9.312), La Gomera (21.060), y Salamanca (13.162). El presidente de la Diputación de Castellón declara dedicación parcial (es el único) y cobra 65.810 euros anuales.

El PSOE va a presidir en la nueva legislatura local un total de 26 instituciones provinciales entre diputaciones, cabildos canarios y consells baleares, frente a 10 del PP y dos de Ciudadanos, que se estrena al frente de estos organismos gracias a pactos con los conservadores.

El resultado de las pasadas elecciones municipales, en las que el PSOE fue el partido qué más concejales obtuvo, así como los pactos posteriores entre partidos han provocado que el PP haya pasado de dirigir 14 de estas instituciones a quedarse con 10, mientras que el PSOE amplía el número de presidencias de 21 a 26.

Las cifras no son sin embargo definitivas, porque más de un mes después de los comicios del 26 de mayo no están aún decididos los gobiernos de cuatro diputaciones, Lugo, Lleida, León y Segovia. Además, las presidencias de dos cabildos canarios, Fuerteventura y Tenerife, ambas de Coalición Canaria, podrían pasar al PSOE si prosperan sendas mociones de censura.

  ANDALUCÍA

-En Sevilla, Huelva, Jaén y Granada el PSOE gobernará de nuevo con mayoría absoluta y los presidentes serán, respectivamente, Fernando Rodríguez Villalobos, Ignacio Caraballo, Francisco Reyes y José Entrena.

- El socialista Antonio Ruiz presidirá la Diputación de Córdoba, con apoyo de IU, la también socialista Irene García la de Cádiz con apoyo de La Línea 100x100.

-En Almería, la mayoría absoluta es del PP y el presidente será Javier Aureliano García. Los conservadores también presidirán la Diputación de Málaga con Francisco Salado, en coalición con Ciudadanos.

  ARAGÓN

-En Huesca gobierna el PSOE con mayoría absoluta. Preside Miguel Gracia.

-En Zaragoza, la presidencia ha recaído en Juan Antonio Sánchez Quero, del PSOE, tras pactar con En Común-IU.

-En Teruel, gobierna también el PSOE con Gabriel Rando con apoyo del PAR y Ganar Teruel.

  CASTILLA-LA MANCHA

En las cinco diputaciones gobernará el PSOE con los siguientes presidentes: José Luis Vega(Guadalajara), Álvaro Martínez (Cuenca), Álvaro Gutiérrez (Toledo), José Manuel Caballero (Ciudad Real) y Santiago Cabañero (Albacete).

  CASTILLA Y LEÓN

-En Burgos, la presidencia ha recaído en César Rico, de Ciudadanos (3 diputados) tras el pacto con el PP (10 diputados).

-En Segovia, la Diputación está pendiente de un recurso electoral y no va a constituirse de momento.

-En Zamora, Francisco José Requejo, único diputado de Ciudadanos, tiene la presidencia tras el pacto con el PP (12 diputados).

-En Valladolid, el PP (12 diputados) ha retenido la presidencia con Conrado Íscar con apoyo de Ciudadanos.

-En Soria, el 'popular' Benito Golmayo es presidente de la Diputación tras pactar con Ciudadanos y Plataforma del Pueblo Soriano.

-En Palencia, la mayoría absoluta es del PP y la presidenta es Ángeles Armisén.

-En León, la constitución de la Diputación está pendiente de que se resuelva un contencioso electoral.

-En Salamanca, el PP gobierna con mayoría absoluta y Javier Iglesias es el presidente.

-En Ávila, el conservador Carlos García (PP) ha sido elegido presidente con mayoría simple.

  CATALUÑA

-En Barcelona, el PSOE presidirá la Diputación tras un acuerdo firmado con JxCat que contempla además un plan de actuación de mandato para el periodo 2019-2023.

-En Girona, JxCat y ERC han alcanzado un acuerdo de gobernabilidad por el que Junts tiene la presidencia, con Miquel Noguer, y ERC la vicepresidencia primera.

-En Tarragona, ERC y JxCat han formado un equipo de gobierno de coalición y la concejal de ERC en Reus Noemí Llauradó es la presidenta.

-En Lleida, esos dos mismos partidos están negociando un pacto de gobierno que todavía no está cerrado y tampoco hay fecha para la constitución de la Diputación.

  COMUNIDAD VALENCIANA

-En Valencia, la   Diputación se constituye el próximo jueves y seguirá presidida por PSPV y Compromís, con Toni Gaspar.

-En Castellón, se repite ese acuerdo de Valencia y gobernará el socialista Josep Martí.

-En Alicante, no hay fecha para  el pleno de investidura, pero está cerrado un pacto de coalición entre PP y Ciudadanos por el que la presidencia recaerá en Carlos Mazón (PP).

  EXTREMADURA

Tanto la Diputación de Cáceres como la  de Badajoz están presididas por el PSOE, con mayoría absoluta. Son presidentes Rosario Cordero y Miguel Ángel Gallardo.

  GALICIA

-En A Coruña, PSOE y BNG siguen al frente de la Diputación, presidida por el socialista Valentín González Formoso.

-En Ourense, el  PP con José Manuel Baltar vuelve a presidir la institución tras un pacto con Democracia Ourensana.

-En Pontevedra, gobierna de nuevo el PSOE con Carmela Silva de presidenta.

-En Lugo, no hay fecha fijada de constitución, pero el PSOE aspira a reeditar el pacto con el BNG para mantener la presidencia, que pasará a manos del socialista José Tomé.

  PAIS VASCO

En el caso de las tres diputaciones forales vascas, estarán gobernadas por el PNV: Markel Olano es el diputado general de Gipuzkoa, Unai Rementeria el  de Bizkaia y Ramiro González el de Araba.

  ISLAS BALEARES

-El Consell de Mallorca estará presidido por Catalina Cladera (PSIB), con apoyo de Més y Unidas Podemos.

-El Consell de Menorca también lo dirigirá una socialista, Susana Mora,  con el mismo pacto de gobierno que en Mallorca.

-En Ibiza, el Consell estará presidido por el 'popular' Vicent Marí tras un pacto con Ciudadanos.

-En cuanto a Formentera, Gent per Formentera y el PSIB han cerrado un pacto por el que la presidencia será durante 28 meses para Alejandra Ferrer, de Gent, y durante 20 meses para la socialista Ana Juan.

  ISLAS CANARIAS

-El Cabildo de Gran Canaria estará presidido por Antonio Morales, de Nueva Canarias, por un pacto que se está aún negociando con el PSOE.

-El Cabildo de Tenerife tiene de presidente a Carlos Alonso (CC), pero con una mayoría simple, lo que deja abierta la puerta a que la oposición impulse en algún momento una moción de censura  encabezada por el PSOE.

-En Lanzarote, la  nueva presidenta insular es María Dolores Corujo, del PSOE, tras un pacto con el PP.

-El Cabildo de La Gomera tendrá de presidente por séptima vez a Casimiro Curbelo (ASG) con mayoría absoluta.

-En El Hierro, el Cabildo está presidido por Alpidio Armas, del PSOE, tras pactar con Agrupación de Electores por El Hierro.

-En cuanto a Fuerteventura, fue elegida Lola García de Coalición Canaria, pero se ha presentado una moción de censura por la que será presidente en unos días por mayoría absoluta el socialista Blas Acosta, tras un pacto con Nueva Canarias y Podemos.

Tras sus resultados en las elecciones autonómicas y municipales del 26M, Ciudadanos se encuentra negociando –fundamentalmente con el PP– su entrada en decenas de gobiernos municipales y también en varios ejecutivos autonómicos. Fruto de estas negociaciones, el partido naranja apoyará la investidura del candidato del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a cambio de alcaldías en capitales en las que no ha ganado las elecciones, como Palencia o Burgos, donde necesitará el apoyo de Vox. Además, Ciudadanos presidirá gracias a este acuerdo varias diputaciones provinciales, entre ellas la de Burgos y –posiblemente– la de Segovia.

El partido liderado por Albert Rivera ha vendido caro su apoyo para que el PP continúe gobernando en la región castellanoleonesa, que dirige ininterrumpidamente desde hace 32 años. Y lo ha hecho, tanto allí como en otras comunidades y ciudades, renunciando a algunas de sus posiciones políticas. La de dejar votar a la lista más votada es una de ellas: lejos de rechazar los pactos, Ciudadanos se va a hacer con las alcaldías de Burgos y Palencia pese a ser tercera fuerza en ambas ciudades, y pretende hacer lo mismo en Madrid, donde ha ofrecido al PP –sin éxito, por el momento– que Begoña Villacís y José Luis Martínez Almeida tengan la vara de mando dos años cada uno.

No obstante, ese no es el único planteamiento al que Ciudadanos ha renunciado para tocar poder en los últimos tiempos. El de apoyar la "regeneración" en los gobiernos, otra bandera del partido naranja hace tiempo, se ha visto truncado ya con el pacto en Castilla y León, y posiblemente ocurra lo mismo si Ciudadanos culmina con éxito las negociaciones en la Región de Murcia o la Comunidad de Madrid, donde el PP gobierna desde hace 24 años sin interrupción. Pero es que, además, el partido naranja necesitará el apoyo de Vox para que buena parte de sus pactos salgan adelante y para ello no ha dudado en reunirse con la formación ultraderechista, pese a asegurar que nunca lo harían.

Estos son cuatro ideas a las que Rivera ha renunciado para alcanzar el poder:

  1. La lista más votada

Tanto en la Comunidad de Madrid como en la Región de Murcia o Castilla y León, el ganador de las elecciones fue el PSOE, pero Ciudadanos apoyará previsiblemente a los candidatos del PP para que formen gobierno. Y en ciudades como Palencia o Burgos, será el partido naranja el que aspira a recibir los votos tanto de los conservadores como de Vox para llegar al gobierno municipal. Pero esta práctica, perfectamente legítima según el sistema parlamentario que rige en España, fue muy criticada en el pasado por Ciudadanos, que abogaba por dejar gobernar a la "lista más votada".

Ya en 2015, el año en el que el partido naranja decidió dar el salto desde Cataluña al resto de España, Rivera se mostró públicamente a favor de dar el Gobierno central a la formación que ganase las elecciones, que en las generales de ese año fue el PP. "Yo creo que la lista más votada tiene la iniciativa y el sentido que intente gobernar", sostenía el líder de Ciudadanos el 18 de diciembre de ese año, solo dos días antes de los comicios. Y, en la misma comparecencia, aseguraba que votaría "que no a quien intente formar un grupo de perdedores para desbancar a una lista que gana las elecciones".

No obstante, el primer vaivén de Rivera sobre este asunto apenas tardó tres meses en llegar. Tras pactar con el PSOE un acuerdo de legislatura que, finalmente, no salió adelante, el líder de Ciudadanos defendía en febrero de 2016 que quien debía gobernar era el partido que consiguiera "sacar adelante una mayoría parlamentaria". "En democracia gobierna la mayoría" y "esto no es Operación Triunfo, no es a ver quién queda primero y tiene más votos", planteaba entonces Rivera. Pero unos meses después, en septiembre de 2016 –y ya después de la repetición electoral–, el dirigente naranja volvía a cambiar de posición: "Queremos [...] que gobierne la lista más votada, controlada por la oposición".

De la misma forma, en 2017, pocos días antes de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña y cuando los sondeos pronosticaban una posible victoria de Ciudadanos –que finalmente se produjo–, Rivera volvió a apelar al mismo argumento. "Hay que hacer presidente a quien tenga más votos, que es lo lógico, igual que en Andalucía Susana Díaz es presidenta porque tiene más votos, o Cristina Cifuentes en Madrid", señaló en noviembre de 2017 el líder del partido naranja, que sin embargo aseguró que dentro de sus cálculos sobre "la lista más votada" no se incluía a quienes no respetan "la ley", es decir, a los independentistas.

  2. La regeneración

Otra de las banderas ondeadas por Ciudadanos ha sido tradicionalmente la de la regeneración frente al "bipartidismo". No obstante, para alcanzar tanto los gobiernos municipales que liderarán tras el próximo sábado como los ejecutivos autonómicos que aspiran a integrar en las próximas semanas necesitarán pactar con el PP y, en la mayor parte de los casos, prestarle sus votos para seguir gobernando en comunidades donde lleva décadas haciéndolo. Ese es el caso de Castilla y León, donde el acuerdo ya está suscrito, y de regiones como la de Murcia o la Comunidad de Madrid, donde se está negociando.

Todas ellas son comunidades que el PP lleva más de 20 años liderando (y más de 30 en el caso castellanoleonés), pese a lo cual el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró hace unos días que la regeneración estará asegurada porque el partido naranja tiene intención de entrar a esos gobiernos autonómicos. No obstante, hace tan solo año y medio, era Rivera el que se mostraba poco convencido de que un gobierno del PP pudiera ser regenerador. "Desde luego, la regeneración y la renovación no van a pasar por los que han robado ni por los mismos de siempre", sostenía en febrero de 2018.

La posición era similar hace tan solo unos meses, cuando con ocasión de las elecciones autonómicas en Andalucía, Rivera se preguntó "cuántas cosas aguantan 37 años", en referencia a los años que llevaba el PSOE gobernando ininterrumpidamente en esa comunidad. "La falta de regeneración es lo que ha hecho que el PSOE incumpla su palabra, sus acuerdos, que incumpla con los andaluces", señalaba igualmente el dirigente pocos meses antes de los comicios.

  3. Las diputaciones provinciales

Una de las principales propuestas de Ciudadanos en lo relativo a la reforma del Estado era la supresión de las diputaciones provinciales, los mismos entes que ahora aspira a presidir en Burgos y Segovia. En los últimos años, Rivera ha calificado estas instituciones como "cementerios de elefantes" que sirven "para colocar a gente", y ha asegurado que son un "ente duplicado" cuyas funciones "con menos coste, menos coches oficiales y menos cargos de confianza, las puede hacer perfectamente una consejería del Gobierno".

Pero no es que Ciudadanos haya cambiado su posición con los años. De hecho, en su programa electoral para las elecciones generales del pasado 28 de abril, el partido naranja apostaba abiertamente por eliminar las diputaciones garantizando, a la vez, "unos mejores servicios públicos, más baratos y sin corrupción". "Acabaremos con los enchufados y los coches oficiales con el dinero de todos. Plantearemos su supresión y que sus funciones, recursos y personal esenciales se integren en las comunidades autónomas", planteaba el programa de Ciudadanos.

  4. Los acuerdos con Vox

Desde su irrupción, Ciudadanos se ha descrito a sí mismo como un partido liberal y moderado contra los "populismos". Populismos entre los que Rivera incluía el pasado mes de diciembre a Vox, con quien rechazaba alcanzar ningún tipo de acuerdos asegurando que no tenía intención de "ir de la mano de los que van con [Marine] Le Pen". Su estrategia tras el 26M ha sido la misma: insistir en que Ciudadanos solo negociaría con el PP y poner la pelota en el tejado de Vox para apoyar los acuerdos que se alcanzasen. No obstante, el partido naranja necesitará de los votos de Vox no solo para integrar gobiernos como socio minoritario en la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia, sino también para acceder a alcaldías como la de Palencia o la de Burgos.

De hecho, la ultraderecha ha sido ya el socio imprescindible para que Ciudadanos presida las asambleas regionales madrileña y murciana. Y al partido naranja no le han dolido prendas en romper su compromiso de no entablar negociaciones con Vox. Hace unos días, su líder en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se reunió en secreto con su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, un encuentro tras el que el dirigente de Ciudadanos Juan Trinidad fue elegido presidente de la Asamblea de Madrid y la ultraderecha, a cambio, entró en la Mesa de la cámara dejando fuera a Más Madrid y Unidas Podemos.

Y esa no ha sido la única foto que Ciudadanos se ha hecho con la extrema derecha. Este mismo jueves, el partido naranja ha suscrito junto a PP y Vox el primer acuerdo conjunto de la legislatura –relativo a los Presupuestos– en Andalucía para dar estabilidad al Gobierno. La firma de ese pacto ha posibilitado que Vox haya retirado ayer su enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos para 2019.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha abogado este viernes porque las diputaciones provinciales sean entes "útiles" al servicio de los pueblos, no de los políticos "enchufados", donde los Ayuntamientos puedan mancomunar distintos servicios. Hasta ahora, la formación naranja había defendido la necesidad de suprimir las diputaciones.

En un coloquio organizado por la Agencia Ical en Burgos, Rivera ha propuesto que las diputaciones "se conviertan en un consejo de alcaldes de una provincia y que allí puedan manconumar servicios", y dejen de ser un espacio para "los enchufados de los partidos, ni cargos de confianza, ni algunos contratos opacos".

En este sentido, cree que las diputaciones pueden servir para mejorar el transporte escolar, el servicio de ambulancias o las ayudas a los agricultores si la mayor parte de la financiación se destina a este tipo de cuestiones. "Deben ser útiles y estar al servicio de los pueblos, no de los diputados o de los cargos de confianza", ha afirmado.

Según ha señalado, las diputaciones provinciales "no pueden seguir siendo lo que eran en el siglo XIX o el XX", ni favorecer casos de corrupción que, a su juicio, "han tenido que ver con la opacidad de este tipo de entes". Refiriéndose, sin nombrarlos, al PP y al PSOE, el líder de Cs se ha preguntado si "los que han defendido las diputaciones y sus cargos han conseguido frenar la despoblación" en comunidades como Castilla y León. "No", ha contestado, añadiendo que los que no se han tenido que marchar de los pueblos son los "enchufados".

En su programa para las elecciones generales de 2016, Ciudadanos decía: "Suprimiremos las diputaciones provinciales, garantizando unos mejores servicios públicos, más baratos y sin corrupción. Las diputaciones provinciales son entes de dudosa utilidad, escaso control democrático y foco de corrupción". Lo único que aceptaba que siguiera existiendo eran las diputaciones forales y los cabildos y consejos insulares.

Además, la eliminación de estos entes fue una de las condiciones que Cs puso sobre la mesa al PP cuando negociaron el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy en agosto de 2016, una petición a la que los 'populares' nunca accedieron.

Más recientemente, el pasado diciembre, el partido naranja apoyó una propuesta de Compromís en la Comisión de Política Territorial del Congreso para permitir que las comunidades autónomas pudieran decidir sobre la eliminación de las diputaciones provinciales. Podemos también la respaldó, mientras que el PP y el PSOE la rechazaron.

El vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, ha informado este martes de que los senadores que no sean miembros de la Diputación Permanente de la Cámara cobrarán una retribución de 8.822,52 euros por la paga prevista por la disolución de las Cortes, informa Europa Press.

En declaraciones a los medios, Sanz ha matizado que esa retribución estará sujeta a tributación y que se calcula multiplicando 163,38 euros al día por los 54 días que van del 5 de marzo, fecha de disolución, al 28 de abril, día de las elecciones. No obstante, ha recordado que quien desde el día de la disolución de las Cortes se incorpore a otro puesto de trabajo, deberá devolver dicha indemnización.

Por su parte, los senadores que se incorporen a la Diputación Permanente –cuya mesa se reunirá el 6 de marzo–, comenzarán a cobrar según los cargos y responsabilidades que ostenten dentro de ese órgano. Estos no entran dentro del grupo de los que recibirán la retribución transitoria de los 8.822,52 euros. A esto, Sanz ha añadido que una vez celebradas las generales, y en caso de que los senadores dejen de serlo y por alguna circunstancia no tengan retribución de ningún tipo, tendrán derecho a una indemnización de un mes por año trabajado, con un máximo de 24 meses. Esa indemnización se calculará teniendo en cuenta la retribución básica, que es de 2.972,98 euros.

Esa paga única de 8.822,52 euros por la disolución de las Cortes la cobran también los senadores autonómicos (que no sean miembros de la Diputación Permanente), aunque su escaño no dependa de las elecciones generales del 28 de abril. Este grupo de parlamentarios seguirá en su cargo el día 29 y volverán a cobrar su sueldo habitual.

Se podrán quedar el teléfono por 518 euros

Por otro lado, Pedro Sanz ha recordado que si los senadores salientes quieren mantener los teléfonos móviles que les facilitó la Cámara, un modelo Iphone, deberán abonar 518 euros, mientras que por la tablet deberán pagar algo menos, 173 euros. Esta diferencia de precio se explica porque las tabletas son de principios de la legislatura, mientras que los móviles son más recientes. "Si quieren quedarse tras el 28 con el teléfono tendrán que pagar la tasa establecida de acuerdo a las normas", ha recordado Sanz, quien ha apostillado que en el Senado "no se regala nada".