Quince años a sus espaldas en el Congreso. Y Ana Oramas (CC) enfila este 2023 pensando en su vuelta a la política canaria. Una de las diputadas más reconocidas, habitual en las sesiones y en los pasillos. Su voto ha sido imprescindible en muchas ocasiones durante estos años. Ha visto de todo en el Parlamento.

Se marchará de la capital dejando amigos diputados de todas las ideologías, pero con una sensación de clima irrespirable en los últimos meses. Esto no lo había vivido nunca. Y se muestra orgullosa de que nunca ha votado en contra de sus principios y que ha hecho hasta vida de barrio en plena Villa y Corte. Que suene el carrillón.

1. ¿Se puede ir uno de aquí con la conciencia tranquila?

Creo que sí. Jamás he votado en contra de mis principios, mi conciencia y mi tierra. Y no me he encontrado a nadie que me haya dicho que le engañé.

2. ¿Se arrepiente de algo en la Cámara Baja?

Quizá de haber venido el día del entierro de mi padre a votar los presupuestos generales que dependían de mí. Es una espina que tengo clavada.

3. ¿Cuál fue el día que sintió más vergüenza ajena en las Cortes?

En los últimos meses. El ambiente ha sido irrespirable. La gente y los periodistas ven veinte segundos, pero ha sido desde las nueve de la mañana hasta la noche. Y, sobre todo, en el momento en el que la gente lo está pasando fatal económicamente y socialmente. La otra vez fue en mitad de la pandemia, cuando se estaban discutiendo aquí cosas que no tenían sentido mientras la gente se moría.

4. ¿En qué momento se sintió más feliz en el Congreso?

Quiero decir también mi momento más difícil: fue en la sesión de investidura del Gobierno de Sánchez con Podemos. Tomé la decisión de cumplir la palabra que di a los ciudadanos de Canarias y en contra de las directrices de mi partido. Me dijeron que me tenía que abstener y voté en contra. Fue muy duro. Y el momento más feliz fue cuando se aprobó el nuevo Estatuto de Canarias. Fue excepcional. 

1. ¿Quién es el mejor orador que ha escuchado durante estos años?

Sin duda, Alfredo Pérez Rubalcaba y Josep Antoni Duran i Lleida. También tuve la suerte de oír a gente como Josu Erkoreka, Soraya Sáenz de Santamaría, Rosa Díez, Toño Alonso o Joan Ridao. Ese nivel parlamentario era altísimo, donde se mataba con la palabra pero los portavoces podíamos pactar. Nadie se levantaba en los grandes debates. 

2. ¿Cómo se sobrelleva hacer política viniendo de una isla en la ciudad más mesetaria? ¿Es Madrid una trituradora de políticos?

No. Vengo los lunes y me voy normalmente los jueves por la noche. Así he estado quince años y los otros días tomo aire en Tenerife. Lo que te produce claustrofobia es no ver el mar. Madrid es una ciudad muy acogedora. Soy muy de barrio, tengo mi panadero, mi zapatero, mi mercado. He vivido los últimos seis años en la calle Atocha y me gusta que me salude el de la lotería y que el frutero me diga “Ani, tienes hoy los tomates que te gustan”. Se puede conseguir conocer a tus vecinos aquí.

3. ¿Se puede llevar uno amigos del Congreso?

Muchos, muchos. He sido muy dura con presidentes y he tenido discrepancias muy duras con gente de Bildu y de Vox, pero, sin embargo, tengo amigos. La política me ha dado amigas como Fátima Báñez, María Teresa Fernández de la Vega y Carmen Calvo. Joan Iñarritu, de Bildu, es una persona encantadora, como Joan Tardà. Tengo una anécdota muy curiosa. Tengo el despacho muy pegado a un diputado de Vox, Pablo Sáez, por Valladolid. Nos saludamos y tirando del hilo resulta que su madre y la mía eran íntimas en el colegio. Tengo una foto de las dos. Se tiene que recuperar la relación personal en el Congreso. Lo importante es hablar y escuchar.

4. Cuando llegó en 2007, ¿se imaginó que algún día vería a la ultraderecha como tercera fuerza política en España?

Jamás. Hay dos cosas que nunca pensé que sucederían. Una es que un partido como Podemos estuviera en el Gobierno. Y la otra es que la ultraderecha en un país tan liberal, progresista y tolerante como España llegara a las instituciones. Me produce verdadero horror que en el siglo XXI en este país se vuelva a preguntar a la gente en qué país nació, en qué Dios cree o de qué color es su piel para ver si tiene derechos o no. Era alcaldesa cuando se aprobó el matrimonio igualitario y a los dos días hice una boda. Allí estaban las madres, a las que se les caían las lágrimas. Me abrazaron y me dijeron: “Le has dado dignidad a mi hijo”. Que puedan volverse para atrás ese amor infinito y esa tolerancia me parece horroroso. Trump, Bolsonaro y Meloni ganaron elecciones. Ese avance en el mundo de la ultraderecha con mentiras, manipulaciones y utilización bastarda de las redes sociales me produce horror.

5. ¿Cómo se define ideológicamente Ana Oramas?

Somos nacionalistas, pero soy una mujer muy progresista en materias sociales. Nuestra ideología es canaria, somos un partido nacionalista. No aspiramos a gobernar España, sino a que cualquier Ejecutivo, sea del color que sea, respete y cumpla con la comunidad. No es un nacionalismo insolidario como el vasco o el catalán.

6. Vivió un momento histórico con la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI. ¿Monárquica o republicana? ¿Cuánto le ha decepcionado el emérito?

Fui una de las cuarenta personas que estuvo en el Palacio Real en el momento de la firma de la abdicación. Mi familia ha tenido mucha relación con la institución monárquica. Don Juan de Borbón se quedaba en casa de mi abuelo cuando venía a Canarias. Y un tío mío organizaba reuniones con él con socialistas, comunistas y republicanos. Cuando tenía diez años, yo decía en el colegio que había venido el rey a mi casa. Después tuve la oportunidad de ver el papel excepcional que tuvo Juan Carlos I en la Transición y en la democracia. He tenido relaciones muy estrechas con él y con su hijo. Me han llamado particularmente para oír mi opinión sobre un tema. 

Me ha causado un gran dolor y una gran decepción el rey emérito. No supo asumir los errores y le ha hecho un daño inmenso a su hijo y a la institución por no ser discreto y prudente después de haberse ido. Tenía que haber tomado el ejemplo de su padre, don Juan, que fue una persona discreta y excepcional. Tenemos mucha suerte ahora con los reyes, son muy sensibles con la situaciones de vulnerabilidad de este país. Y son unos grandes embajadores de la España del siglo XXI. Creo que los gobiernos de Sánchez y Rajoy no han sabido utilizar esa capacidad internacional.

7. ¿Le hubiera gustado ser ministra?

No. Ni presidenta ni ministra ni miembro de la Mesa del Congreso. Me hubiera encantado haber sido unos años Defensora del Pueblo porque creo que con la garra y el genio que tengo y lo peleona que soy hubiera dado mucha vida en la defensa de la gente a la que nadie hace caso.

8. Ha visto en el escaño presidencial a José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. ¿Quién ha sido el mejor jefe del Ejecutivo?

Todos han tenido su parte buena y errónea. Pero me quedo con lo bueno. Zapatero hizo un avance social increíble. Las leyes de dependencia y del matrimonio igualitario son un antes y un después en los derechos de los ciudadanos. Gestionó mal la crisis económica, no supo lo que venía. Rajoy tiene fortaleza en sus convicciones y cogió el país destrozado económicamente. Lo sacó adelante y evitó la intervención de Europa. Tuvo que tomar medidas muy duras. A Sánchez lo conocí antes que sus propios diputados, en una tertulia en RNE. Me gustaba el Pedro Sánchez con proyecto, ilusión, principios y renovación. El Gobierno lo ha transformado y se ha vuelto una persona soberbia. Pero me quedo con lo bueno, en esta legislatura ha habido avances muy importantes y la crisis del covid se gestionó tarde pero bien. Y me gusta que todas las leyes tengan ese componente social, de tener en cuenta a la gente en pobreza y exclusión social. Eso se le debe al PSOE y no a Podemos.

9. Vio llegar al Congreso la nueva política. ¿Qué queda de Pablo Iglesias y de Albert Rivera?

La nueva política destrozó la tolerancia, el escuchar y la capacidad de llegar a acuerdos. Con ellos llegó la inmadurez de políticos. Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal están pensando como líderes mesiánicos y no tienen capacidad de generosidad y de escuchar a los otros. Esas tres fuerzas no harían lo que se hizo en un momento determinado como la aplicación del 155 con el PSOE y el PP. Con partidos como ellos es imposible porque el líder carismático siempre está pensando en su beneficio personal. 

10. ¿Ha sufrido machismo en la política?

Muchísimo. Sobre todo me acuerdo con Pablo Iglesias cuando presentó una moción de censura y lo llamé machista y ególatra en aquel vídeo, que tuvo ocho millones de visualizaciones en España. Lo que es más terrible de todo es que el machismo, el odio y el rencor han subido con las redes sociales. Tuve un ataque por parte de Juan Carlos Monedero con mentiras y falsedades. Y ahora sufro lo mismo con Vox en redes. A una mujer política se le dice “puta”, “que no te follen”, “chúpamela” u “ojalá te violen”. Eso es detestable en una sociedad, además con perfiles falsos.

11. Confiese algo que haya hecho en el Congreso que no se lo haya contado todavía a nadie.

El puesto más interesante que he tenido en el Congreso fue presidir la Comisión de Investigación de la crisis financiera, a petición del PSOE y del PP. Me lo propusieron Margarita Robles y Rafael Hernando. Y lo que no he contado es cómo pudimos sacar un dictamen muy importante, cómo llegamos hasta el final y cómo resistimos presiones en aquel momento. Trajimos a todas las personas que tenían que venir aquí, pero hay intríngulis que nunca contaré. 

12. ¿Ha sentido muchas puñaladas por la espalda en el Parlamento?

No. Siempre he ido de frente. Tengo que reconocer que tanto con los presidentes del Gobierno como con las vicepresidentas siempre tuvimos una relación muy cordial. Y también con los portavoces parlamentarios. No quiero olvidar a Pablo Casado. Me da mucha pena, creo que fue una injusticia cómo acabó su vida política. He tenido con ellos una relación clara y abierta. No me han engañado con respecto a los compromisos personales.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha sugerido este jueves que el avión en el que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó a España podría transportar "cajas con lingotes de oro" para fundirlo en Turquía.

"Hay rumores de todo tipo", ha asegurado la dirigente canaria, que ha explicado que, en su última visita a Caracas, encontró en su hotel una gran concentración de ciudadanos iraníes y chinos. "Allí se vendió todo a 80 años, en Venezuela, el país mas rico", ha explicado.

"Lo que se está diciendo es que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que se iba con cajas con lingotes de oro", ha continuado Oramas, que se ha mostrado sorprendida. "¿Por qué el avión que traía a Delcy siguió con otras personas de Venezuela y con cajas hacia Turquía? ¿Por qué ella tiene que ir a Doha y no regresa en el otro avión", se ha preguntado.

La diputada canaria no entiende porque no se produjo una "llamada de Presidencia del Gobierno o de Exteriores" para que el recibimiento hubiese sido de un secretario de Estado y no del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. "No es que me de pena. Creo que se ha comido un marrón y que no se permite decir la verdad. Si hay una razón de Estado que tiene que ser secreta... que se comprometan a comparecer en la comisión de secretos del Congreso", ha apuntado.

Con todo, para la portavoz de Coalición Canaria "la única explicación" para la visita de Rodríguez es que "ella pensara que podía bajar y tener una reunión para contrarrestar el no recibimiento" del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que visitó España el pasado 25 de enero.

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha aprovechado el debate de investidura celebrado este martes para pedir disculpas por no haber avisado a los órganos de dirección de Coalición Canaria del sentido de su voto antes de anunciarlo el pasado sábado desde la propia tribuna de oradores. "No guardé las formas", se ha lamentado.

Por su parte, el secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha afirmado que el intento de perdón esgrimido por la diputada "no es suficiente" por lo que su "desobediencia" al votar en contra de Pedro Sánchez tendrá consecuencias.

En una rueda de prensa celebrada tras la votación en la sede del partido, Barragán ha anunciado que elaborará un informe sobre los hechos que presentará al Comité Permanente esta semana y se decidirá si se convoca a una ejecutiva a la propia Oramas para que explique su posición.

Barragán ha comentado que la situación "es muy grave" al desobedecer el mandato unánime del Consejo Político Nacional y el Comité Permanente y ahora mismo, no ve "otra vía" para resolver el problema que la apertura de un expediente que podría conllevar la expulsión del partido de la diputada.

Además, ha comentado que está muy "decepcionado" con su actuación en el debate de investidura, lo mismo que el resto del Consejo Político Nacional que acordó por unanimidad la abstención, recordando que el pasado fin de semana se le pidió el acta de diputada si votaba en contra.

No obstante, ha apelado a la "prudencia" en el seguimiento del caso dado que la apertura de un expediente, por ejemplo, está "reglada" legalmente y tiene unos trámites y plazos de cumplimiento y no quieren incurrir en "errores" para que haya todas las garantías.

Barragán no oculta que CC tiene "un problema" que se debe resolver de forma eficaz, y para ello, sostiene que "no caben calenturas", de ahí que haya reivindicado que "la agenda" la marca el propio partido y no "titulares de periódicos" ni representantes de otras organizaciones políticas que creen que si "se ataca a CC es más fácil que desaparezca".

"El partido tiene sus estatutos", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que la "fuerza" de CC reside en "el equipo" y no en las individualidades. "Tenemos normas de funcionamiento interno y no podemos permitirnos ese lujo", ha agregado.

Cautela sobre nuevo Gobierno

El secretario general no oculta el "valor" político de Ana Oramas y su bagaje durante varias décadas al servicio del nacionalismo, pero ha insistido en que ha cometido una desobediencia. "Somos un equipo y eso es lo que nos hace fuertes", ha apuntado.

Sobre el nuevo Gobierno español ha afirmado que CC mantiene la "desconfianza" con que pueda cumplir con las necesidades de Canarias porque tiene un escaso apoyo de 167 votos y aún no cuenta con un acuerdo sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado.

En esa línea, ha comentado que habrá que esperar "un tiempo" para ver si el nuevo Ejecutivo tiene los votos suficientes para "gobernar el día a día" y se van "despejando las dudas", si bien sostiene que "la prueba de fuego" son los próximos PGE.

El Comité Permanente Nacional de CC-PNC ha tildado de "muy grave" el cambio de voto de su diputada, Ana Oramas, que decidió dar su no a la investidura de Pedro Sánchez cuando el partido había decidido abstenerse por unanimidad, al tiempo que ha asegurado que no se van a dejar influir por "injerencias interesadas" a la hora de tomar decisiones. Así lo asegurado este lunes el secretario general de la formación nacionalista, José Miguel Barragán, en un comunicado difundido tras una reunión de la organización para valorar la situación provocada con la discrepancia de voto de su representante en el Congreso.

"Las consecuencias de esta situación afectan al ámbito interno de CC-PNC, que no se va a dejar influir por injerencias interesadas en el mismo. Nuestra formación política decidirá a través de sus órganos los pasos a dar y comunicará los mismos cuando y cómo proceda", apuntó. De igual modo, Barragán hizo especial hincapié en que Coalición Canaria "no permitirá" que sean otros agentes los que marquen el sentido de las acciones que deben avanzarse o cómo y cuando debe actuar como organización.

Al respecto, ha recordado que tienen una "larga historia" como partido y que cuenta con la fuerza y las herramientas necesarias para afrontar esta situación desde la unidad de acción. "Será CC-PNC -reiteró- quien a través de sus órganos decida cómo afrontarlo". "La única explicación se la debemos a los militantes y las personas que confiaron en nuestro proyecto político y a las que informaremos con total transparencia cuando haya finalizado el proceso de análisis interno", concluyó el secretario general.

El Consejo Político Nacional de CC-PNC acordó el pasado viernes por unanimidad de sus 100 miembros que se abstendría en la investidura de Pedro Sánchez al entender como "insuficiente" las ofertas del PSOE en las negociaciones para conseguir el apoyo de los nacionalistas canarios. De igual modo, la formación facultó a su secretario general, José Miguel Barragán, para que, en el caso de que se produzcan cambios sustanciales en el escenario político y se altere la actual matemática parlamentaria o de que se reabra la negociación hasta el momento de las votaciones, pueda valorarse si se mantiene la abstención.

Se trata de una abstención que CC mantuvo hasta que Ana Oramas aseguró este sábado durante su intervención en el Congreso que iba a votar en contra, desmarcándose de la posición adoptada por la Ejecutiva y cargando duramente contra Sánchez por "arrodillarse ante el secesionismo" y por haber pactado con quienes quieren romper España.

La diputada confirmó este domingo su decisión durante la votación, por lo que el partido ha decidido reunirse este lunes para tratar el voto de CC en el pleno de este martes.

Las comisiones negociadores de Coalición Canaria (CC) y de Nueva Canarias (NC) han llegado a un principio de acuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, según han informado ambas formaciones en un comunicado conjunto y recoge Europa Press. En este sentido, los partidos nacionalistas canarios han matizado que se trata de un acuerdo alcanzado "en base criterios programáticos, normas de funcionamiento y configuración de planchas electorales".

Según la resolución a la que han llegado los dos grupos, CC escogerá a los números uno y dos al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, mientras que NC ocupará el primer lugar en la lista por Las Palmas y CC el segundo. Asimismo, en el caso de la provincia oriental, Nueva Canarias ocuparía el escaño durante los primeros dos años y medio de legislatura y Coalición tomaría el relevo durante el año y medio restante.

En lo que al Senado se refiere, en Santa Cruz de Tenerife, CC encabezará las listas en las cuatro islas -Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma- y en las islas de Las Palmas -Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura- se llevaría a cabo un sistema similar al de la cámara baja.

Finalmente, ambas delegaciones prevén concluir este sábado el contenido programático y las normas de funcionamiento.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intentó salvar este miércoles en el Congreso el desafío que le han lanzado desde la calle las protestas de miles de jubilados en defensa de unas pensiones “dignas”. Tal y como había anticipado ya Moncloa, no dio “golpes de efecto”. Sus propuestas fueron escasas e imprecisas. Tampoco atacan el nudo del problema. Sólo ofreció subir las pensiones mínimas y las de viudedad, pero no indicó en qué cuantía y prefirió plantear deducciones fiscales a los jubilados antes que aumentarles las prestaciones. En las negativas fue más concreto: nada de mejorarlas según crezca el IPC y menos aún de echar marcha atrás en las reformas de 2011 y 2013, que son las principales demandas de las protestas de los pensionistas. La única fórmula para enmendar la crisis de la Seguridad Social que propuso es “crear empleo; cuanto más y mejor empleo, más y mejores pensiones”. 

La propuesta apuntada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la pensión, ni siquiera la mencionó el jefe del Ejecutivo.

La cuantía de la pensión contributiva mínima de jubilación es este año de 639,3 euros –788,9 con cónyuge al cargo–. Las cobran casi tres millones de personas. Y llevan subiendo el mismo 0,25% que las demás desde 2014, a razón de entre 1,5 y dos euros anuales. Junto a quienes perciben las prestaciones no contributivas de jubilación –257.442 en diciembre de 2017– y las del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), un régimen en extinción, suman casi el 40% de las pensiones españolas. La cuantía de la pensión no contributiva alcanza los 369,9 euros al mes y la del SOVI, 381 euros.

Pese a que en su primera réplica Mariano Rajoy desechó actualizar las pensiones según crezca la inflación –“la indexación al IPC no funciona”–, al responder a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, calificó de “razonable” que las pensiones suban al ritmo en que lo hagan los precios, “al menos las más bajas”. Antes, por toda precisión, el presidente se había comprometido a subir las pensiones “todo lo que sea posible”. Pero después, en declaraciones a los periodistas tras el pleno, el portavoz del PP, Rafael Hernando, aseguró que el “objetivo fundamental” del Gobierno es “mejorar las pensiones de las personas que tienen más dificultades” incluso por encima del aumento del precio de la vida, previsto en un 1,6% para este año.

Las pensiones de viudedad las perciben 2,35 millones de personas, según las estadísticas de la Seguridad Social correspondientes al pasado febrero. La cuantía media de estas prestaciones es de 652,17 euros mensuales. Tanto las pensiones de viudedad como las de orfandad se pueden cobrar junto con otra por jubilación. Pero únicamente el 14% de las pensionistas –el 91% de quienes perciben la prestación de viudedad son mujeres– combina viudedad y jubilación: unas 575.000, según un reciente estudio del BBVA. Es decir, 1,7 millones de mujeres viven sólo de la pensión que ha generado como beneficiaria de su marido.

Los perceptores de esta prestación cobran el 52% de la base reguladora del fallecido. Pese a que la reforma de 2011 obligaba al Gobierno a elevarla hasta el 60%, éste suspendió la subida los últimos seis años para no aumentar el gasto. El pasado año el Ejecutivo anunció que la aumentaría, pero de forma gradual: un 1% este año y un 7% en 2019. Sin embargo, el real decreto aún sigue en fase de elaboración, por lo que la medida continúa sin entrar en vigor. El proyecto de la norma cifraba el coste de la medida en 175,1 millones de euros para el ejercicio en curso y en 1.381 millones de euros anuales a partir de 2019.

Deducciones fiscales

Otra de las medidas anunciadas por Mariano Rajoy son posibles deducciones fiscales a los pensionistas, que tampoco concretó. Tras la primera de las protestas masivas de los jubilados, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció una deducción fiscal para los jubilados de “edad muy avanzada”, sin precisar a partir de cuántos años. Sólo explicó que se trataría de compensarles por “los mayores costes inherentes de discapacidad” que deben afrontar. En realidad, la medida ya la había avanzado en noviembre tras pactar con Ciudadanos una rebaja en el IRPF de 2.000 millones de euros que ha quedado en suspenso por la falta de Presupuestos para este año.

Según los datos de la Agencia Tributaria, en España declaran cobrar una pensión contributiva 9,67 millones de personas, de las cuales 6,05 millones, el 62,6%, ingresan por ello menos de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, 12.673 euros al año. Como el mínimo exento, por debajo del cual no se está obligado a declarar IRPF, es de 12.000 euros, la deducción anunciada por Montoro podrá beneficiar en principio a menos de la mitad de los pensionistas.

Además, la cuantía de la pensión decrece según aumenta la edad del perceptor. A partir de los 80 años, la pensión media asciende a sólo 872 euros al mes. Es decir, al estar destinada la deducción a los pensionistas de edad más avanzada, el número de los favorecidos será aún más reducido.

Otro factor que debe tenerse en cuenta es que actualmente, el mínimo exento del IRPF es de 5.550 euros anuales para todos los contribuyentes, pero aumenta en 1.150 euros para quienes tienen más de 65 años y en 1.140 euros si se superan los 75. De elevarse ese mínimo personal que no tributa debería beneficiar a los pensionistas de más de 80 años. De esa edad en adelante hay en España un total de 1,68 millones de pensionistas que cobran por su jubilación, según las estadísticas de la Seguridad Social.

“No reformar nada ni de 2011 ni de 2013”

El presidente del Gobierno hizo una encendida defensa de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, así como de la reforma laboral, cuya derogación piden algunos de los partidos. “No dar marcha atrás en ninguna reforma”. “No reformar nada ni de 2011 ni de 2013”. Sólo cuando le preguntaron los diputados de la oposición, Rajoy recordó que el PP no había votado la reforma de 2011. Y reprochó al resto de los grupos políticos que rechazaran la de 2013, que se aprobó con los únicos votos del partido en el Gobierno. En el caso de la primera, quien hoy es secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, justificó su voto en contra porque consideraba la reforma “imprecisa” e “incoherente”. “Le exige un mayor sacrificio a los trabajadores y baja las pensiones”, argumentó. Entonces el Gobierno del PSOE aumentó la edad de jubilación de forma gradual hasta los 67 años, se amplió el periodo de cómputo de los 15 a los 25 años, los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión pasaron de 35 a 37 años y los necesarios para jubilarse a los 65 se elevaron de 35 a 38.

La reforma de 2013 se tradujo en la aplicación de una fórmula para revalorizar las pensiones que sustituye desde entonces al IPC: si la Seguridad Social cierra en déficit, como ha venido ocurriendo a partir de 2012, sólo subirán un 0,25%; si tiene superávit, podrán aumentarse un 0,5% por encima del IPC. Además, el próximo año entrará en vigor el factor de sostenibilidad, que reducirá la pensión en función de la esperanza de vida de cada generación. Pese a que Rajoy abrió su discurso en el Congreso explicando que comparecía porque los partidos le solicitaban información sobre el efecto del factor de sostenibilidad en las pensiones, muy poco dijo al respecto. Nada en concreto aparte de que “responde a un pacto intergeneracional”, puesto que garantiza que “el valor de la pensión recibida en el conjunto de la vida de un nuevo pensionista, que tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que se jubile hoy”.

Poco después, en una entrevista en TVE, Tomás Burgos negó que el factor de sostenibilidad vaya a recortar la pensión en un 4% acumulativo en 10 años como había denunciado UGT. Por el contrario, aseguró que significará sólo un “pequeño ajuste” en la cuantía inicial de la pensión.

Mariano Rajoy también repitió que los “recursos son limitados” –“No podemos gastar lo que no tenemos”, insistió una vez más–, al tiempo que reprochaba a los partidos de la oposición que no le indicaran cómo recaudar más ingresos. El presidente rechazó de forma tajante la posibilidad de subir los impuestos, tal y como proponen PSOE y Podemos. De hecho, lo que ofreció fueron bajadas en el IRPF y manifestó su “acuerdo” con el portavoz de Ciudadanos y su propuesta de reducción del IRPF. Albert Rivera le recordó que su partido exigía, para apoyar los Presupuestos, un recorte en el IRPF a quienes cobren entre 12.000 y 17.000 euros anuales, “lo que supone entre 33 y 60 euros en el bolsillo del 22% de los pensionistas”.

El déficit de la Seguridad Social, desbocado

Además, pasó igualmente de puntillas por el déficit que aqueja a la Seguridad Social. Sí presumió en varias ocasiones de haber recortado el déficit del Estado del 9,3% al 3,1%, pero obvió que, entretanto, los números rojos de la Seguridad Social se han desbocado. Hasta el punto de que el sistema cerró 2017 con el mayor déficit de su historia, 18.000 millones de euros. También atribuyó a la reforma laboral la creación de medio millón de empleos anuales. No mencionó que la devaluación de los salarios y el aumento de la precariedad del empleo han propiciado un recorte histórico en la recaudación de las cotizaciones sociales. Igualmente defendió las tarifas planas de los contratos indefinidos –reducciones de cuotas a las empresas que empleen a trabajadores fijos–, que han recortado estos últimos años los ingresos de la Seguridad Social. Aseguró que esas reducciones han sido “útiles”. El Gobierno suprimió casi todas nada más tomar posesiónsuprimió casi todas nada más tomar posesión precisamente porque las consideraba de eficacia dudosa, en sintonía con la mayor parte de los expertos. A partir de 2013, sin embargo, las recuperó gradualmente.

En su intervención ante el Congreso Mariano Rajoy destacó en dos ocasiones que, pese a la “absoluta emergencia” de la situación económica cuando el PP llegó al poder en 2012, dejó a salvo de la tijera de los recortes tanto las pensiones como el desempleo. Se olvidó el presidente de que las medidas incluidas en la reforma de 2013 tienen como objetivo explícito contener el gasto público en pensiones. De hecho, el Gobierno calcula que este ejercicio el recorte en esta partida ascenderá a 1.200 millones de euros. Las pensiones, además, han perdido  2,4 puntos de poder adquisitivo entre 2016 y 2017. Desde 2014, la merma ha sido de nueve décimas, gracias a que la inflación fue negativa hasta 2015.

También obvió que una de las primeras medidas adoptadas por su Ejecutivo fue aplicar una batería de medidas encaminadas a menguar la protección por desempleo: redujo en 10 puntos porcentuales la cuantía de la prestación contributiva a partir del sexto mes en que se cobra, endureció los requisitos de accesos a la Renta Activa de Inserción y el subsidio de paro, y suprimió el subsidio para mayores de 52 años, que sólo se puede percibir desde 2012 a partir de los 55. Así, la cuantía medida de la prestación contributiva por desempleo se redujo en sólo tres años un 11% –de 843 a 779 euros al mes–. El gasto del sistema en prestaciones y subsidios, por beneficiario, cayó en ese mismo periodo de 910 a 771 euros, según los cálculos de CCOO.

Unidos Podemos quiere que la comisión de investigación parlamentaria del rescate bancario, la crisis financiera y las cajas de ahorro ponga "nombres y apellidos al agujero patrimonial de la banca", que provocó que tuviera que facilitarse ayudas públicas al sector financiero.ayudas públicas

Así figura en una propuesta de trabajo a la que ha tenido acceso Europa Press, remitida a la comisión que preside la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, y que firma el portavoz de Hacienda de Unidos Podemos, Alberto Garzón.

En ella, la coalición de izquierdas apuesta por iniciar los trabajos por la investigación de "cómo las políticas macro contribuyeron a transformar el modelo de negocio financiero y los incentivos de sus gestores", entre las que mencionan "políticas de crédito irresponsables motivadas por incentivos perversos", el "intento de tapar los primeros aumentos de la morosidad" o tasaciones de inmuebles realizadas por sociedades que controlaban las propias cajas.

"El agujero patrimonial tiene nombre y apellidos que desconocemos", concluyen, en un documento en el que exigen investigar todas las operaciones de crédito fallidas que crearon el enorme déficit patrimonial" del sector, ya que acusan al Banco de España de no haber ofrecido un análisis con "los grandes fallos que cometieron los gestores".

Emisión de preferentes desde paraísos fiscales

Otras de las cuestiones que reclaman analizar son las labores de supervisión del Banco de España y los productos financieros, apartado en el que Unidos Podemos pide abordar, además desde su perjuicio para el consumidor, desde "su instrumentalización como medida de expansión del negocio financiero y obtención de capital".

En este sentido, mencionan la emisión de preferentes en Islas Caimán, un paraíso fiscal, operación a la que recurrieron, acusan, casi una veintena de entidades. "Hay que investigar quiénes autorizaron y con qué fin se realizaron sistemáticamente el establecimiento de subsidiarias en Islas Caimán y la emisión de preferentes desde las subsidiarias radicadas en dicho paraíso fiscal", subrayan.

Aplazar hasta septiembre las comparecencias

Desde el punto de vista procedimental, Unidos Podemos apuesta, a diferencia de la posición mostrada por la mayoría de grupos, por aplazar las comparecencias hasta septiembre. Según lo manifestado tras las primeras reuniones, los grupos apostaban por iniciar cuanto antes -en julio, si no incluso en junio- con las comparecencias.

Al contrario, el grupo de trabajo liderado por Alberto Garzón opta por no iniciar esta fase de la investigación hasta el mes de septiembre, y así poder tener tiempo suficiente para poder recoger información y documentación hasta entonces. Así, advierten del riesgo de que los diputados se vean "ahogados en miles de hojas de documentación innecesaria y/o comparecencias que no proporcionan ningún valor adicional salvo para el compareciente o para el grupo propulsor".

"En esas condiciones, el coste de oportunidad de esta comisión podría ser terrible, para mayor satisfacción de los culpables de la crisis", apostillan, considerando "más adecuado" consensuar "parámetros principales de los bloques de trabajo al mismo tiempo que se obtiene la documentación para su investigación".

La presidenta de la Comisión, Ana Oramas, solicitó a los letrados de la comisión que reunieran las actas de todos los comparecientes que han desfilado en los últimos años por el Congreso y que puedan ser de interés para el estudio de la comisión, entre ellos los exministros de Economía Pedro Solbes y Elena Salgado, los gobernadores del Banco de España o el expresidente de la CNMV Julio Segura, así como los que pasaron por las subcomisiones del FROB y de la reordenación del sistema financiero.

Se da por hecho que se citará a los responsables económicos de los últimos años (ministros y secretarios de Estado), los dirigentes de los órganos supervisores (Banco de España, CNMV), los gestores de las cajas rescatadas (Bankia, Catalunya Caixa, Caixa Galicia, CCM...) y de otras entidades financieras.Bankia

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha sido elegido este jueves presidente de la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta investigación del PP, donde se verán asuntos como la trama Gürtel trama Gürtel y los papeles del extesorero Luis Bárcenas.

La propuesta de Quevedo fue lanzada este mismo jueves por el PP y aceptada por el PSOE, mientras el diputado de Nueva Canarias estaba en su circunscripción ajeno a las negociaciones, ya que no estaba ni adscrito a la comisión de investigación.

El aval de PP y PSOE ha permitido desbloquear las negociaciones y ha dejado fuera de la comisión a Jordi Xuclà, diputado de la antigua Convergència a quien el PP había propuesto inicialmente la presidencia.

En esta sesión constitutiva, Unidos Podemos ha planteado un candidato alternativo a presidir la comisión, el coordinador de su grupo parlamentario, Txema Guijarro, pero sólo ha recabado el apoyo de sus diputados. Ciudadanos, ERC, PNV y el Grupo Mixto han optado por abstenerse y no han dado su voto ni a uno ni a otro.

Junto con Quevedo ocuparán la Mesa de la comisión representantes de los cuatro grandes grupos: Beatriz Escudero (PP) y Soraya Rodríuguez (PSIE) como vicepresidentas, y Txema Guijarro (Unidos Podemos) y Marcial Gómez (Cs) como secretarios.

Oramas presidirá la comisión sobre el rescate bancario

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha sido elegida este jueves presidenta de la comisión de investigación del Congreso sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorro, con el apoyo del PP, el PSOE y el Grupo Mixto.

En esta sesión constitutiva de la comisión , Ciudadanos propuso como alternativa para la presidencia a su diputado Nacho Prendes, vicepresidente primero del Congreso, pero no recabó más apoyos que los de su partido.

Por su parte, Unidos Podemos, Esquerra, y el PNV optaron por abstenerse y no apoyar a ninguno de los dos aspirantes.

Junto con Ana Oramas, el resto de la Mesa de la comisión estará compuesta por diputados de los cuatro grandes partidos: Juan Manuel Juncal (PP) y Margarita Pérez Herráiz (PSOE) como vicepresidentes y Yolanda Díaz (En Marea) y Toni Roldán (Cs) como secretarios.

Tras ser elegida, Ana Oramas se ha marcado como objetivo de la comisión no sólo "analizar" el pasado de lo que ha ocurrido en la crisis financiera, sino "intentar prever" que no se repetirá en el futuro.

La diputada del Grupo Mixto, economista de formación y con experiencia parlamentaria, el perfil que querían PP y PSOE, ha emplazado a los grupos a la próxima semana para empezar a ver los aspectos sobre los que debe

empezar la comisión.

El PP y el PSOE han acordado este martes encargar a la diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, la Presidencia de la comisión de investigación sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorro, que se prevé que se constituya en el plazo de dos meses.

Según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, Oramas cumple con el perfil que buscaban populares y socialistas: una persona perteneciente a los grupos minoritarios, con experiencia parlamentaria para gestionar una comisión de investigación y con conocimientos en economía.

De hecho, la diputada canaria es economista de formación y, además de exalcaldesa, lleva trece años en el Congreso y ha ejercido de portavoz en distintas comisiones parlamentarias, incluyendo la de Economía.

Pero, además, Oramas procede de un partido y una comunidad que no se ha visto relacionada con entidades financieras afectadas por la crisis y los rescates.

Para facilitar la designación de Oramas, los grupos acordaron que el Grupo Mixto contara con dos representantes en la comisión de investigación, junto con los cuatro del PP, tres del PSOE, tres de Unidos Podemos, tres de Ciudadanos, uno de ERC y otro del PNV. Todo ello sin alterar el principio de que, a la hora de votar, se atenderá el voto ponderado, el peso que cada grupo tiene en el Pleno de la Cámara.

Deberá dejar su portavocía

Teniendo en cuenta el reparto de portavocías de comisión acordado por el heterogéneo Grupo Mixto al inicio de la legislatura, cuando Oramas asuma el puesto en la comisión de investigación habrá de ceder la portavocía de Empleo y Seguridad Social que hasta ahora ocupa.

Según el acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios, el mandato de la comisión de investigación es analizar un periodo que va desde el año 2000, para incluir la eclosión de la llamada burbuja inmobiliaria, hasta el presente, pasando por el rescate europeo de las cajas.

Por tanto, la citada comisión se encargará, entre otros asuntos, de examinar la situación de Bankia tras su salida a Bolsa en el año 2011, así como la actuación del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en esa decisión.

Para desarrollar esta tarea, la comisión tendrá un plazo inicial de trabajo de seis meses, que podrán prorrogarse si así lo autoriza la Mesa del Congreso, previa "petición razonada" de la propia comisión.

Las comparecencias, en septiembre

Según el acuerdo, la sesión constitutiva deberá tener lugar antes de 60 días desde su aprobación por el Pleno del pasado 22 de febrero. Las fuentes consultadas calculan que la comisión arrancará entre finales de abril y principios de mayo, aunque no creen que las comparecencias comiencen hasta septiembre.

Esta comisión puede coincidir en el tiempo con la investigación sobre el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, que se constituyó el pasado 8 de marzo y que se prolongará previsiblemente hasta junio, cuando tanto 'populares' como socialistas prevén que se puedan elevar ya al Pleno las conclusiones de la investigación.

La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, manifestó este jueves en la sesión de investidura que el apoyo de su formación a Mariano Rajoy no será un cheque en blanco y que la comunidad que representa "no puede permitirse un ajuste más".

Oramas señaló que Canarias ha cumplido con sus objetivos de déficit y rechaza que puedan imponerse recortes presupuestarios porque otras comunidades o la propia Administración central no lo hayan hecho. En este sentido, pidió "sanar las heridas que se abrieron en la crisis" y "fortalecer las políticas sociales".

Para la diputada canaria, es necesario aprobar durante la legislatura una reforma educativa, un nuevo sistema de pensiones públicas –"con especial incidencia en las pensiones contributivas", ha dicho– y "la tan deseada reforma constitucional".

Asimismo, según informó Europa Press, pidió que en la reforma del sistema de financiación autonómica todas las administraciones autonómicas dispongan de los mismos recursos para destinar a sus servicios públicos esenciales.

Durante su intervención, la diputada nacionalista reclamó poner fin al bloqueo político, y pidió a los diputados del Congreso que hagan "un ejercicio de empatía" para "ponerse en los zapatos" de las personas con una mayor situación de dificultad.

Foro Asturias pide un nuevo sistema de financiación, la llegada del AVE y circunvalación para Oviedo

El portavoz de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, reiteró su voto favorable al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, al que pidió un nuevo sistema de financiación para su autonomía, la llegada de la alta velocidad y una circunvalación para Oviedo, ya que, según explicó, es la única capital de provincia española que no la tiene.

Además, pidió que se culminen las infraestructuras viarias que se paralizaron con el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, necesarias, según según, para que el occidente deje de ser el Far West asturiano y para favorecer la intermodalidad de los puertos de Gijón y Avilés. Del mismo modo, reclamó medidas para la industria básica, el sector ganadero, que se vele por la soberanía energética española en torno al carbón y se solucione la discriminación hacia sus pescadores.

En líneas generales, el diputado asturiano deseó que "este bloqueo de 10 meses" concluya dando paso a un nuevo Gobierno que trabaje para favorecer el crecimiento y el empleo, que corrija las desigualdades, promueva la cohesión social y asegurar el Estado de bienestar, comenzando por las pensiones.

UPN reitera su apoyo a Rajoy pero dice que defenderá "hasta el último céntimo" para Navarra en los PGE

El portavoz de UPN en el Congreso, Íñigo Alli, afirmó este jueves que los dos diputados que tiene este partido en el Congreso votarán a favor de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, pero también avisó de que defenderán "hasta el último céntimo de euro que le corresponda a los navarros" en los Presupuestos Generales del Estado.

Durante su discurso en el debate de investidura en el Pleno de la Cámara Baja, Alli también reclamó que se fomente el progreso de esa comunidad a través del Canal de Navarra y el tren de alta velocidad, y dijo que UPN exigirá al Ejecutivo central "los 45 millones de euros que adeuda" del tramo del AVE ya construido.

Asimismo, el diputado felicitó a los partidos que "han trabajado para que la sensatez, la responsabilidad y el sentido de Estado se hayan impuesto" para que por fin se pueda formar un nuevo Gobierno, señal de que, a su juicio, "la política ha ganado al espectáculo".

"Con 17 años entré en la universidad, y en el año 1976 la universidad era pura política". Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, destaca su vida universitaria como una de la experiencias que marcaron su futuro político. "El comienzo de mis estudios en Económicas coincidió con el comienzo de la Transición, y por lo tanto con la época de todas las situaciones que conllevó la muerte de Franco: huelgas, manifestaciones...", recuerda la parlamentaria insular.

Para Oramas, "la universidad en aquellos años fue maravillosa". La diputada califica de "chocante" todo aquello que "salió a la luz" con la muerte del dictador y que llevaba tantos años desaparecido o en la clandestinidad. "En la universidad había de todo, después de tanta represión y ocultismo: maoístas, comunistas, trotskistas... Aunque ahora suene extraño, en aquel momento fue muy impactante descubrir todo aquello", asegura. La diputada de Coalición Canaria tiene claro que "la juventud se traduce en curiosidad y cambio".

Y más, en aquel periodo: "Los jóvenes estábamos en primera fila de todo; era la época idónea para dar rienda suelta a una juventud curiosa con inquietudes". "Nuestra vida era la política. Éramos y somos la generación de la Constitución, de la legalización de los sindicatos, después de tantos años, y encima estábamos en la universidad, un lugar para vivir y analizar todo aquello", relata.

La diputada concluye con una anécdota que resulta ejemplificadora de una situación en la que los viejos tiempos no acababan de morir y los nuevos no terminaban de nacer: "Mi padre, como muchas personas de la época, era muy rígido, y en mi casa existía una norma que no me permitía estar fuera de casa después de las nueve y media. Una noche, le dije a mis padres que me iba a estudiar a casa de una amiga y me fui a una discoteca con Javier Arenas, que en aquel momento era el secretario de las juventudes de la Unión de Centro Democrático", recuerda Oramas.

Con esta anécdota, en la que queda de manifiesto que Oramas ya tenía sus primeras experiencias con el mundo político, la diputada ejemplifica esa sensación e ilusión de libertad, la primera en muchos años, que surgió tras la muerte del dictador y que acompañó y marcó a la juventud de los años 70 y buena parte de los 80. 

Porque, ¿qué es lo que está haciendo mientras el presidente del Gobierno en funciones (ahora que ha vuelto del puente pasado en la playa)? Los tuiteros dicen tener una ligera idea:

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha explicado al rey que el diálogo para la investidura aún no ha comenzado porque el PP todavía "no ha movido ficha" y ha sugerido la conveniencia de que los demás partidos se abstengan ante Mariano Rajoy para poner en marcha la dinámica parlamentaria y forzar a los conservadores a negociar para sacar adelante los Presupuestos y otras medidas y evitar derrotas que condicionen la acción de gobierno.

En rueda de prensa en el Congreso, Oramas ha explicado que, a diferencia del panorama de enero, ahora no hay más alternativa que un Gobierno del PP, que los demás pueden facilitar mediante la abstención sin por ello dejar de estar en la oposición.

A su juicio, "hay que ser valiente" para ir a una investidura e incluso para abstenerse, pero en todo caso ese gobierno no tendrá mayoría y no va a poder gobernar si no hay acuerdos. "Hay que intentar llegar a acuerdos hasta la extenuación y eso no se está generando –ha añadido–. A la vista de las últimas declaraciones, soy pesimista a corto plazo".

Por eso, y así se lo ha expuesto al Jefe del Estado, cree que se necesita tiempo, no para hacer una reflexión, o para hablar, sino para "escuchar, que es lo que hace falta". "En las últimas horas todo el mundo habla de lo que tienen que hacer otros, pero no ponemos sobre la mesa lo que se puede hablar", se ha lamentado.

En ese sentido, confía en que se muevan fichas, especialmente por parte del PP, "a medio plazo": "Esto no es un tema de cuatro días". No sabe si el rey propondrá a Mariano Rajoy como candidato, aunque considera que el "problema" es que el líder del PP lo aceptase sabiéndose en minoría. Una opción sería, en su opinión, que el PP aceptase el encargo tomándose tiempo para negociar: el debate de investidura no tiene que ser la semana que viene, sostiene.

Por su parte, el representante de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, ha reconocido que ve al Jefe del Estado "preocupado" por la actual situación política, más incluso que en enero, le ha ha reiterado el no de su partido a la investidura de Mariano Rajoy y ha dejado entrever la posibilidad de que el monarca no designe un candidato a la Presidencia este jueves cuando haya escuchado a todos los líderes que van a desfilar por la Zarzuela. A Quevedo ha defendido que los movimientos que se están produciendo no son como para estar optimistas porque considera que Rajoy está trabajando más para unas terceras elecciones que para alcanzar la gobernabilidad de España.

En este contexto, el diputado de NC, elegido en las listas del PSOE con el que concurrió en coalición a las generales, le ha reiterado que no apoyarán a Rajoy en su hipotética investidura y le ha subrayado que su único candidato a la Presidencia sigue siendo "en cualquier circunstancia" el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Quevedo se ha mostrado especialmente crítico con Rajoy en su conversación con el rey. Según ha relatado, ha transmitido a Felipe VI que tiene la sensación de que líder del PP pretende ser investido "por aclamación" o llevar a España a nuevas elecciones y le ha acusado de no haber hecho nada para buscar apoyos. "Esto no es serio", se ha quejado. Además, ha llegado a deslizar que no quiere "pensar" que la idea de Rajoy sea rehuir su "responsabilidad" de intentar formar gobierno y llevar al país a un "limbo" en el que nadie quiera dar el paso de someterse a una investidura. "No me gustaría pensar que se está tratando de forzar la Constitución por medio de la inacción", ha apuntado.

El diputado de Nueva Canarias ha avisado de que sería "surrealista" y "dramático" que Rajoy volviera a declinar pedir la confianza del Congreso si el rey se lo encarga, pero ha dejado entrever que puede que Felipe VI no le haga ese encargo este jueves habida cuenta de que no aún no tiene apoyos. En concreto, preguntado sobre si le ha informado el jefe del Estado de si podría abrir un periodo de reflexión tras consultar a todos los líderes, Quevedo ha respondido que "podría contestarse afirmativamente" y que, desde su punto de vista, esto "no se puede acabar el jueves".

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha expresado ante Felipe VI su apuesta por Mariano Rajoy como candidato a la investidura, pues subraya que representa al partido que ganó las elecciones del 26 de junio, y ha culpado al PSOE y a Ciudadanos del "bloqueo" político que vive el país. Tras ser recibido en el Palacio de la Zarzuela, Martínez Oblanca ha dicho en rueda de prensa en el Congreso que su partido, que concurrió en coalición con el PP en las dos últimas elecciones generales, apoya la candidatura de Rajoy por ser el "ganador" de los últimos comicios.

Eso sí, ha evitado decir si el líder del PP debe ser designado candidato pese a no contar con apoyos suficientes. "Somos socios leales", ha subrayado el diputado asturiano, para defender que Rajoy está haciendo "todos los esfuerzos" para sumar el mayor número de apoyos posible. "El PP ganó las elecciones con 137 escaños, 52 más que el PSOE, por lo que tiene que gobernar por sentido común porque ha sido la lista más votada", ha insistido Martínez Oblanca, quien ha aprovechado para responsabilizar al PSOE y Ciudadanos, a los que tacha de partidos "perdedores", de la actitud "pertinaz" de bloqueo y de "contumaz" de obstaculización a la investidura.

Frente a esta posición, el diputado asturiano ha traslado al monarca que es "aconsejable" impulsar una reforma de la Constitución para que, en caso de una situación de bloqueo como la actual, gobierne la lista más votada, como ya ocurre en los ayuntamientos.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, anunció este viernes que su partido ha cerrado un acuerdo con el PSOE tras pactar con el equipo negociador socialista la denominada agenda canaria. No obstante, Oramas subrayó que será la Ejecutiva de la formación la que decidirá este sábado si ese acuerdo se traduce en un 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez.

Así lo puso de manifiesto tras la reunión que el secretario general Coalición Canaria, José Miguel Barragán, mantuvo con la comisión negociadora del PSOE en el Congreso.

De concretarse en un voto positivo, Coalición Canaría sería el primer partido en anunciar su respaldo a la investidura del candidato socialista, que cuenta también con el voto del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, en virtud del acuerdo por el que esta formación concurrió en coalición con el PSOE a las generales. Es decir, si CC da este sábado un 'sí' definitivo, los socialistas tendrían ya dos votos que sumar a los 89 de su grupo parlamentario.

El PSOE tendrá que incluir el régimen fiscal canario

Pese a que dio por hecho el acuerdo, Oramas matizó que aún quedan un par de flecos que cerrar con el PSOE. Los socialistas tienen que encajar en el documento que sirve de base a la negociación la petición de CC de que se recojan las especificidades del régimen económico y fiscal del archipiélago en la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica.

Asimismo, los socialistas se han comprometido a recoger en ese texto la importancia que tiene la gestión del sistema aeroportuario para las islas. En este punto, Oramas aseguró que el equipo negociador del PSOE ha asumido sus demandas de que se garantice la conectividad entre las islas y que se abarate el precio final de los billetes.

La diputada de CC también se felicitó por el compromiso adquirido por el PSOE sobre las pensiones no contributivas que, recordó, se cifran en 369 euros. Según Oramas, si en el conjunto del Estado suponen el 4% del total de las pensiones, ese porcentaje se triplica en Canarias porque la emigración de los años 60 y 70 llevó a que muchos pensionistas no pudieran cotizar.

CC comparte los acuerdos del PSOE con Ciudadanos e IU

Oramas dijo que CC no quería avanzar en su negociación con el PSOE hasta que el partido de Sánchez no tuviera un preacuerdo con alguna formación importante. Por eso, se retomaron los contactos tras el acercamiento entre los socialistas y Ciudadanos.

Precisamente en los últimos días los nacionalistas canarios han solicitado al PSOE algunas aclaraciones sobre sus acuerdos con Ciudadanos. Los socialistas les han garantizado que su plan de eliminar las diputaciones provinciales no afectaría a los cabildos canarios y que también están a salvo los ayuntamientos de menos de 4.000 habitantes, tan comunes en el archipiélago.

El acuerdo con el PSOE para reformar la Constitución es "absolutamente posible", dijo Oramas, porque los socialistas no han puesto pegas al reconocimiento de la condición ultraperiférica de las islas ni al blindaje de su régimen económico y fiscal.

CC asume el grueso de los asuntos que el PSOE ya tiene avanzados con Ciudadanos –sobre todo en materia de lucha contra la corrupción– y con IU, en este caso principalmente asuntos sociales.

Los representantes de ERC, BNG, CC-NC, Compromís-Equo y Amaiur en el Congreso criticaron este miércoles la insolidaridad que la Unión Europea ha mostrado hacia Grecia y acusaron incluso a Gobiernos como el español de "electoralismo" y de utilizar el acuerdo con el Ejecutivo de Alexis Tsipras para "humillar" al pueblo heleno.

Durante el debate sobre el último Consejo Europeo en el Pleno del Congreso, el diputado de ERC Joan Tardà subrayó que el pueblo griego ha dado "una lección de democracia y de dignidad" con el referéndum mientras Gobiernos como el español está con los "dirigentes más hooligans y los mamporreros políticos que provocaron la crisis, la están gestionando y pretenden salir mucho más enriquecidos de ella" convirtiendo a la Europa del Mediterráneo en la "maquila" de los países del norte.

Además, acusó a la UE de "chantajear" a Grecia "condenándolo a la miseria y poniendo el estado social en venta". "Están dinamitando el sueño europeo", advirtió, criticando que ningún Ejecutivo europeo reclame "justicia" para los "tiranos" y "sátrapas" helenos que fueron los que "vendieron a su pueblo", porque lo que buscan es "amenazar con que el bienestar de los pueblos de Europa no puede entrar en contradicción con los beneficios económicos".

Derrotar a Tsipras

La portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, acusó a los líderes comunitarios de "estar más empeñados en derrotar políticamente al Gobierno de Tsipras que en aportar soluciones al drama griego". "Por eso se mostraron inflexibles y se empeñaron en humillar al Ejecutivo para que perdiera la confianza de su pueblo", insistió.

Además, rechazó las condiciones "leoninas" e "insufribles" incluidas en el acuerdo y reprochó al Gobierno de Mariano Rajoy que "defienda al poder económico" mientras se muestra "sumiso" a las órdenes de la troika pese a que tampoco los españoles están "conformes con unas políticas que están llevando al empobrecimiento de toda la población".

En la misma línea, Joan Baldoví (Compromís-Equo) tiene la impresión de que Mariano Rajoy "siempre se pone del lado de los mentirosos, de los poderosos y de los banqueros" que "luego acaban pegándole una bofetada" en decisiones como la elección del presidente del Eurogrupo, que perdió el español Luis de Guindos. "Pero con mentirosos y banqueros nunca construiremos una Europa social", advirtió.

Actuar en clave electoral

Por su parte, la nacionalista canaria Ana Oramas acusó al Ejecutivo conservador de actuar "en clave electoral" tanto en 2010, cuando no apoyó los recortes aplicados por el PSOE, como ahora, cuando respalda "aplazar" la solución al problema griego poniendo un simple "parche" y abocando al país al "suicidio".

"Grecia tiene que permanecer en Europa, y hay que pedirle los sacrificios necesarios pero con esperanza al final. Tomemos las decisiones con solidaridad y no aplacemos por cuestiones electorales lo que hace falta hacer", insistió, subrayando que pese a estar de acuerdo con que los griegos deben hacer "los mismos esfuerzos" que el resto de países que le están ayudando también hace falta tener en cuenta sus capacidades reales de devolver la deuda.

El portavoz económico de Amaiur, Rafael Larreina, cree que los actuales dirigentes europeos están "traicionando" el espíritu inicial de los padres fundadores de la UE al "convertir el mercado, que era un medio para construir una Europa solidaria, en un fin en sí mismo", avanzando en una deriva "insolidaria" y dando "la espalda" a la ciudadanía y a sus necesidades.

"Jean Monnet no se vería en absoluto identificado con la Europa que están construyendo", apuntó, señalando que en Grecia "se está debatiendo el modelo de Europa" y advirtiendo de que el acuerdo alcanzado no resolverá los problemas de la economía ni de los griegos porque sólo se dirige a solucionar los problemas de los bancos y los estados acreedores de una deuda "impagable" ante la que sólo se ponen "parches" cuando lo que hace falta es una "ley de segunda oportunidad para Grecia".

Falta de liderazgo

Finalmente, el diputado de Foro Asturias (FAC), Enrique Álvarez Sostres, criticó la falta de relevancia y liderazgo de España en esta negociación, a pesar de que podría ser un "ejemplo para los países del sur" por las medidas que ha puesto en marcha para atajar la crisis.

No obstante, puso en valor que el asunto se haya "encauzado" y tenga visos de acabar solucionado, aunque también abogó por que la "confianza, la solidaridad y la austeridad" coexistan con la construcción de la UE. Finalmente, el diputado asturiano valoró la decisión del Gobierno de someter a debate y votación en la Cámara Baja el rescate griego.

Tras la intervención del PNV, con la que se abrió la segunda jornada del debate del estado de la nación, siguió el Grupo Mixto. Aunque con matices, casi todos sus integrantes criticaron al Gobierno por su gestión de la crisis y por la corrupción, nada que ver con el "país maravilloso" que representó el presidente en la primera sesión. Le salvó, en cambio, Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro, con el que el PP se presentó en las generales de 2011 en Navarra. Pero lo que marcó el arranque de la mañana fue el mareo del diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, que obligó a interrumpir el pleno algo más de cinco minutos. 

Debutó en la tribuna por el Mixto Sabino Cuadra, de Amaiur. Su valoración de la gestión de la crisis fue coincidente a la de la mayoría de sus compañeros de grupo. A saber: una recuperación que sólo sienten unos pocos –"las multinacinoales del Ibex 35 siguen forrándose"– y no para la mayoría, un Gobierno que mostró primero su "cara antisocial" con los recortes y que después procedió a "blindar el régimen frente a la oposición social, política y soberanista". Es un "Estado de desecho, no de derecho", lanzó. El portavoz le recriminó que no dijera nada de la Ley del Aborto, que el presidente se tuvo que "comer con patatas" y que apenas le dedicó tiempo a hablar de la corrupción. Cuadra subrayó que esta es "estructural" como uno de los males del Estado, pero fue además el primero que sacó a colación la Casa del Rey, recordando el primer discurso de Navidad de Felipe VI. "Que la única persona en todo el Estado que no tiene que declarar su fortuna, negocios e ingresos nos sermonee con temas de corrupción, tiene tela". 

Capítulo aparte, la política penitenciaria y ETA. Cuadra remarcó que "sólo queda un tipo de violencia política, la del Estado: ilegalizaciones, detenciones, cárceles", puesto que la banda armada cesó en su actividad. El diputado abertzale le acusó de ser "sádico", de "vengarse de los presos" al no permitirles acercarse al País Vasco. El Gobierno, dijo, busca "reventar el proceso de paz", porque se sentía "más cómodo" con ETA activa, cuando a juicio de Amaiur lo que hace falta es explotar la vía del "diálogo y el reconocimiento mutuo de la violencia habida". "Olvídense de la política franquista de la victoria", avisó. También hiló con el proceso soberanista en Cataluña. "Los anclajes autoritarios y centralistas siguen vigentes. Niegan una mera consulta". "Esto no es una democracia, es una francocraciafrancocracia", remachó, para pedir una "ruptura democrática", asentada en un cambio social y el sí al derecho a decidir. 

La valoración sobre la supuesta "comodidad" del PP con el terrorismo de ETA soliviantó al jefe del Ejecutivo. "Es una afirmación repugnante", sentenció, despertando una ovación sostenida de su bancada. "No tiene un ápice de humanidad. ¿Qué pueden pensar las familias de las víctimas del terrorismo?", inquirió, pidiéndole que se "abstenga" de hacer ese tipo de comentarios. Rajoy ni se molestó en contestar más a Cuadra. Se limitó a expresar que la "grandeza" de la democracia es que políticos como los de Amaiur puedan ocupar sus escaños. Cuadra le respondió que aprovecha el asunto de la violencia etarra para "tapar" el resto de cuestiones. "Hacemos nuestros todos los dolores, los sufrimientos, las víctimas del conflicto vasco, todas, sin excepción", subrayó, mientras volvió a urgir al diálogo y a tachar de "ilegal" la dispersión de presos terroristas. 

"Se lo digo con el corazón... ¡independícese!"

"Adiós con el corazón, que con el alma no puedo", arrancó Alfred Bosch, portavoz de ERC. Para él era su último debate del estado de la nación, porque el 24 de mayo será el candidato a la Alcaldía de Barcelona, y confió en que también lo sea para Rajoy, a quien definió como "el faraón Mariano I" por dibujar un "festival de luz y de ilusiones, un espectáculo son et lumière". Sin embargo, su gestión de la crisis ha sido "nefasta". Respecto a la corrupción, le recomendó que haga como Artur Mas, que comparezca como él en la comisión de investigación abierta en el Parlament. Envite al que replicó reprochando a ERC que sólo apoyara la comisión para indagar sobre el origen de la fortuna del expresident Jordi Pujol para "molestar a CiU". 

Bosch felicitó al presidente, con retranca, por haber admitido que la consulta del 9-N había "sucedido" y que no pudo hacer nada para impedir "esa fiesta democrática". Le apremió a dar un paso más: que reconozca que el 27 de septiembre, cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas, habrá un "referéndum de independencia", y si ganan los partidarios del sí, se aplicará una hoja de ruta para la "Constitución democrática de la República catalana". "Y ante eso, ustedes no harán nada, no podrán hacer nada". El portavoz republicano le dijo que, ya que lamenta tanto la "pesadilla catalana", suelte lastre. "Libérese, se lo digo con el corazón... ¡independícese! Seguro que podremos seguir siendo grandes amigos. Usted en el reino maravilloso del Candy Crush –ironizó, refiriéndose a la pillada a la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que ayer martes jugaba con su tableta mientras contestaba el presidente a Izquierda Plural– y yo de vuelta a Barcelona. Adiós, Mariano Rajoy, adiós. Nos vemos en la ONU". 

En su réplica, Bosch hizo alusión a una noticia que se acababa de conocer: la anulación, por parte del Tribunal Constitucional, de dos preceptos de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria del 9-N. La bancada del PP respondió con un aplauso. "Aplauden que declaren ilegales los actos de 2,3 millones de personas que acudieron a votar. Eso les gusta. Gente que se regodea en prohibir que la gente vote lo que quiera. Es muy triste", observó el portavoz de ERC. ha declinado comentar las sentencias judiciales, pero sí ha recordado que se debe respetar la ley y las decisiones de los tribunales, aunque algunas veces no gusten. Rajoy contestó que cuando un tribunal anula por unanimidad el referéndum soberanista es que "algo pasa", y recordó la obligación de los gobernantes de cumplir la ley, porque de lo contrario se manda "un mal mensaje a los ciudadanos". El presidente emplazó a plantear "si quiere y se atreve" una reforma constitucional. 

"Nulo e incumplidor" con Galicia

Tampoco fue nada complaciente el examen que le hizo la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila. Pintó a Rajoy como un presidente al frente de un Gobierno "en contra de la polación", de un Ejecutivo "demoledor" y "devastador para con los derechos y el bienestar de las personas", "únicamente obsesionado con rescatar a la banca y reducir el déficit", mientras la mayoría social se ha "empobrecido". Resultado; un panorama "desolador", con peor sanidad, un "decadente y desigual sistema educativo", con una dependencia eliminada, con unos servicios sociales dañados, más parados, más emigración, más desahucios, más represión. Fernández Davila se felicitó de la "permanente movilización" de la sociedad civil frente a las políticas "injustas" del PP. 

El balance tampoco es positivo para el BNG en lo concerniente a Galicia. Ha sido, para empezar, "nulo e incumplidor", ha practicado "pura propaganda" en todos los Presupuestos del Estado, ha "sacrificado sectores productivos" en los que la comunidad fue puntera, ha impedido crear un sistema financiero público o semipúblico gallego, ha hecho una "nefasta gestión" del accidente de tren del Alvia –como le recordó el año pasado– y ha "negado y obstaculizado el derecho a decidir". Fernández Davila le dedicó una contundente despedida: "Esperamos que no repita Gobierno, ni usted ni su partido, por el bien de la ciudadanía". 

Coalición Canaria lamenta los incumplimientos con las islas

Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, se quejó de los incumplimientos del Estado con el archipiélago, de no haber tenido en cuenta los "sobrecostes de la insularidad", como sí ha hecho, en cambio, la Unión Europea. La diputada señaló que se trata en muchos casos de "voluntad política". Subrayó que "Canarias tiene muchas posibilidades de aportar el Estado", que ha cumplido con el objetivo de déficit, que ha firmado la mejor temporada turística. "Trabajemos para que salga en igualdad de condiciones", pidió. El presidente no estuvo de acuerdo. En circunstancias "difíciles", defendió, su Gabinete ha realizado un "esfuerzo de atención" a las islas, culminado con el cierre del acuerdo "razonable" sobre la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.

A Oramas le sucedió en la tribuna Joan Baldoví, el diputado de Compromís-Equo. Entonces se produjo el sobresalto de la jornada, con su inesperado mareo. Comenzó a ironizar sobre el caloret de Rita Barberá, con el discurso de ayer de Rajoy –una "ruidosa mascletà de cifras", propia de los "mundos de Yupi"– y se dispuso a detallar su "abecedario de olvidos". Le dio tiempo a hablar de la A (amnistía fiscal), la B (Bárcenas, Bankia, las tarjetas black), la C (corrupción), la D (desigualdad) y en la E (emigración) se sintió mal. "Discúlpeme", dijo a Villalobos, apartándose de la tribuna, mientras sufría el desvanecimiento. La vicepresidenta, asustada, requirió la presencia de los médicos, mientras la socialista Carmela Silva, secretaria segunda de la Cámara, ayudó a Baldoví a sentarse.

La sesión se suspendió algo más de cinco minutos y se reanudó con Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, porque el diputado de Compromís-Equo seguía "recuperándose". 

El diputado del partido de Francisco Álvarez-Cascos dio una de cal y de otra manera: aunque felicitó al Ejecutivo por algunos “logros” económicos, le dijo que su visión era “demasiado optimista”. Le demandó “un nuevo modelo de Gobierno y, especialmente, un nuevo modelo de dirigirse a los electores con la verdad por delante y sin más promesas” que luego pueda incumplir. Sostres también hizo referencia a la inestabilidad política, a los datos del CIS, a los casos de corrupción y a la supuesta financiación ilegal del PP.

Y también aludió a Podemos, al mentar, sin mencionarlos, a la aparición de “líderes visionarios educados en las consecuencias de un capitalismo radical y con un objetivo fácilmente vendible desde el Gobierno. “Los nuevos predicadores y comunicadores de marca marxista-leninista de corte latinoamericano prometen alcanzar la utopía con la bandera del 'indignados del mundo, uníos'”.

Salvador, contra los "secesionistas y antiforalistas"

Carlos Salvador sí defendió las políticas del Gobierno. Su grupo, dijo, ha apoyado las reformas que consideraba que servirían para dejar "un país mejor", ha presentado enmiendas y ha ayudado a "alcanzar acuerdos que afectan positivamente en Navarra". El diputado centró en la Comunidad foral su intervención, de hecho: advirtió contra un Ejecutivo de Bildu tras las próximas elecciones autonómicas de mayo, porque supondría la integración "en el gulag euskaldún".

Salvador alertó de que el candidato abertzale es Adolfo Araiz, que en el pasado, como miembro de Herri Batasuna, "votó a favor de socializar el terror". "¿Se ha arrepentido? Qué va, está tan orgulloso. Seguro que piensa: 'Ya toca un Gobierno afín a ETA en Navarra. Ya toca recoger las nueces'". El parlamentario de UPN defendió el marco constitucional ante "los ataques de los secesionistas y de los antiforalistas" y prometió que su partido no se va a quedar "en el burladero de la historia". Rajoy correspondió con ese aviso. Navarra, sostuvo, "se juega mucho" en los próximos meses, y no le convienen"operaciones que nada tienen que ver con la sensatez y la lógica". "Donde mejor está Navarra es donde está, con su estatus de territorio foral y una de las grandes regiones españolas", añadió. El jefe del Ejecutivo agradeció a UPN su apoyo "en los momentos difíciles y a las decisiones más difíciles" en esta legislatura.

Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai, acusó a Rajoy de haber trenzado en el Congreso un discurso para “levantar el ánimo de sus tropas”, sin hacer un “balance real” de la legislatura. La diputada culpó al presidente de haber aplicado “el austericidio” en esta legislatura. También le afeó que haya negado “el pan y la sal” a Navarra, al recurrir sus normas ante el Tribunal Constitucional y al castigarla “presupuestariamente”. Barkos acabó su intervención con unas palabras en euskera, como signo de reivindicación del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. 

Frialdad. La propuesta del PSOE de crear una subcomisión en el Congreso para debatir sobre la reforma constitucional fue acogida con un rotundo rechazo por parte del Gobierno y del PP –y, por tanto, ya está abocada al fracaso– y con muchas reservas por la mayor parte del arco parlamentario, salvo Coalición Canaria (CC), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís-Equo, que sí prestaron un apoyo entusiasta. No hubo sorpresa en las filas socialistas. Sí confianza en que, cuando llegue el momento de votar la iniciativa, algunos grupos más la apoyarán. Y tratarán incluso de convencer al presidente del Gobierno de que salga de su "inmovilismo perpetuo". 

Pedro Sánchez, acompañado de los miembros de su ejecutiva Antonio Pradas y Meritxell Batet, llevó ayer jueves al registro de la Cámara baja la solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional con el objetivo de renovar el modelo de convivencia territorial (y recomponer así los "consensos rotos"), blindar los derechos sociales y ciudadanos e introducir medidas de regeneración democrática. Antes de hacerlo, el secretario general de los socialistas telefoneó a Mariano Rajoy para informarle de que iba a presentar la iniciativa, sin más demora. El jefe del Ejecutivo le respondió sin rodeos: no y no. No a poner en marcha un foro de estudio en el Congreso, no a las propuestas de carácter unilateral. No hay "demanda social", "no es oportuno ni necesario", no se puede "frivolizar" sobre un tema "serio" como es el marco de convivencia pactado en 1978, dijo textualmente José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del Grupo Popular. Un "disparate" que Sánchez quiera abrir la Constitución sin "saber a dónde se va y con quién se va", censuró a su vez el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas. "Abramos el debate, sólo pedimos que se abra el debate", imploró el secretario general ante los medios.

Del PP depende, por descontado, el éxito de la iniciativa. Una vez registrada en la Cámara, debe calificarla la Mesa, y lo hará previsiblemente el próximo martes. El órgano de gobierno del Congreso, siguiendo una resolución de junio de 1996, enviará la propuesta a la Comisión Constitucional. Esta debe incluirla en el orden del día, y eso no ocurrirá, con toda seguridad, antes de febrero, ya que se ha cerrado la programación de la próxima sesión, el 10 de diciembre. Fijada la fecha, habrá debate. Cada grupo presente en la comisión –PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU, PNV y los representantes del Mixto (Amaiur y ERC)– deberá pronunciarse y emitir su voto. Sólo en caso de pasar este trámite, la iniciativa llegaría al pleno, donde se aprobaría sin discusión previa. Pero lo esperable, dada la salida en tromba del Gobierno y del PP, es que la petición se frene y muera en la comisión. 

IU: dudas sobre la "credibilidad" y paso "insuficiente"

No sólo el PP despreció el paso dado por Sánchez. También IU, UPyD y ERC cargaron contra los socialistas, mientras que CiU vio "positivo" que se pueda debatir sobre una reforma de la Carta Magna. "Las grandes contradicciones" del PSOE cuando estuvo en el Gobierno y en la oposición "le quitan mucha credibilidad", dijo Cayo Lara desde Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa). El coordinador de IU y presidente de Izquierda Plural, como en otras ocasiones, dio no obstante la "bienvenida" a lo que sean "medidas positivas". También se preguntó "cuál es la reforma" de la Ley Fundamental que plantea el PSOE, y "qué Estado federal quiere".

"A nosotros nos parece insuficiente. Se queda corta la propuesta de subcomisión –añadió a este diario el portavoz del grupo, José Luis Centella–. Queremos ir a algo más profundo, a un proceso constituyente. No queremos partir del entramado constitucional existente para reformarlo, como quiere el PSOE, sino construir una nueva Carta Magna de forma abierta y participativa". ¿No es pertinente siquiera abrir el debate? "No estamos en el posibilismo. Todos juegan un poco de farol porque saben que no se va a hacer. No obstante, no tenemos decidido qué votaremos. Eso lo tenemos que analizar en el grupo". 

Rosa Díez, portavoz de UPyD, tachó la iniciativa socialista de "un pelín propagandística", porque cuando se pide crear una subcomisión se hace sobre la base de un acuerdo político previo. Así que si Sánchez lanza la idea, siguió, es para "aparentar públicamente" que está por cambiar la Carta Magna. ¿Y qué votará la formación magenta? "Todavía no está decidido, es muy prematuro", contestaron fuentes oficiales. 

CiU, Amaiur y ERC, en el proceso soberanista

El sentido del voto tampoco lo tiene claro CiU. No obstante, su portavoz en la Comisión Constitucional, Montse Surroca, aprobó el gesto del secretario general. "Podría significar un cierto diálogo y un debate sobre una cuestión importante", ya que la Ley Fundamental "es reformable y sería necesaria en diferentes aspectos". La federación nacionalista, sin embargo, se sitúa "en otro escenario", el proceso soberanista, que va "más allá" de una modificación en la Carta Magna. “Ante el inmovilismo del PP al que estamos acostumbrados, tampoco podemos ser excesivamente optimistas sobre esta posibilidad de diálogo", aseguró desde Barcelona Surroca, que pertenece a Unió. 

El PNV no ha fijado postura aún y quiere examinar con detenimiento el escrito del PSOE, según fuentes del grupo en el Congreso. Su portavoz, Aitor Esteban, eludió pronunciarse. 

Desde Amaiur, su diputado Xabier Mikel Errekondo encajó la propuesta en un "contexto de máxima rivalidad entre PSOE y PP". Los socialistas, aseguró, necesitan "visualizar como sea un mínimo de iniciativa política". "En lo que nos respecta a nosotros, ya hemos dicho que cualquier cambio que pueda ser avalado por nuestra coalición o por el movimiento soberanista vasco pasa por que se reconozca el derecho de autodeterminación de Euskal Herria. Todo lo demás sería más de lo mismo. O sea, prolongar el déficit democrático del actual marco autonómico", remachó. ¿Y qué votará Amaiur? Igual respuesta: no hay nada decidido. "Se verá cuando llegue el momento. Ahora bien, no nos hemos opuesto a que se cree ningún foro que permita dialogar, aunque ello no quiere decir que votemos a favor. No es nuestra batalla".

Amaiur es la cabeza del Grupo Mixto, al disponer de siete diputados. Y con silla en la Comisión Constitucional, igual que ERC. "No nos toca impulsar ningún tipo de reforma de la Constitución española. Nuestro objetivo es tener una Constitución propia –señaló a este periódico su portavoz en la Cámara baja, Alfred Bosch–. A pesar de ello no nos parece mal que los españoles quieran mejorar sus normas pero nuestro objetivo es dotarnos, como catalanes, de propias. Si el objetivo de la reforma es buscar el encaje de Cataluña en España, le decimos al PSOE que llegan tarde". 

Oramas (CC): "Negarse me parece ilógico"

Aunque ninguna otra formación integrante del Mixto tiene asiento en la Comisión Constitucional, infoLibre preguntó a los representantes de BNG, Coalición Canaria, Compromís-Equo, Unión del Pueblo Navarro y Geroa Bai. Sólo en los tres primeros casos apoyan con entusiasmo la solicitud de Sánchez. "Aunque no compartimos la propuesta de reforma del PSOE, sí que estamos a favor de que se abra el debate y se cree una subcomisión, de que se parta del diálogo", señalaba la nacionalista gallega Olaia Fernández Davila. "¿Por qué no se va a poder discutir? –se preguntó Ana Oramas, portavoz de CC–. Hay una demanda de la ciudadanía, y hay muchísimas cosas para reformar. Podemos hacerlo sin prisas, sin calendario, justo lo contrario de lo que ocurrió con el artículo 135 [en 2011, pactado sólo por conservadores y socialistas]. Además, hay una nueva generación de políticos en casi todos los partidos. Debatamos. Negarse me parece ilógico, pero yo creo que unos se miran a otros, están en clave electoral, marcando territorio, y no oyen lo que dice la sociedad, ni los jueces". Joan Baldoví, de Compromís-Equo, cree asimismo que "hay que abrir la discusión".

Uxue Barkos, de Geroa Bai, cree que cualquier reforma ha de partir del cambio del 135 –cuya modificación Sánchez calificó de "error"– y no ve "rumbo" ni "definición" en la iniciativa socialista. Barkos es este mes portavoz rotatoria del Mixto, pero no adelanta qué votaría porque no le tocará pronunciarse en la comisión. Carlos Salvador, de UPN, duda "mucho" de que apoyara al PSOE, porque "no hay acuerdo previo" con el Gobierno y "no se sabe para qué se abre la caja de Pandora". "El PSOE es una caja de sorpresas. Abres la subcomisión hoy y ¿quién será su líder en junio, si hay una debacle en las autonómicas y municipales?". 

En la dirección del Grupo Socialista se percibió "normal" la reacción de los grupos. "Cada uno está a su rollo, y nunca aplauden al PSOE, pero veremos qué ocurre el día que haya que votar, porque todos están por reformar la Constitución, aunque cada uno defienda su modelo". "No entendemos que no se quiera debatir. A lo mejor les hemos pillado a contrapié –agregaban fuentes próximas a Sánchez–. Serán políticos de corta mirada, y puede haber electoralismo en ellos. Pero hay que tener altura de miras. Lo que queremos es que se debata, nada más, no que compartan nuestra propuesta". A Ferraz no le ha "sorprendido" tampoco la negativa tajante de Rajoy y del PP, dado el "inmovilismo perpetuo" del Ejecutivo. "Pero hay una necesidad urgente. Y vamos a trabajar para que cambie de postura". No parece factible, pero el PSOE no quiere tirar (aún) la toalla.

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 *Este texto se modificó a las 12 horas del 5 de diciembre de 2014 para incluir, entre los grupos que apoyan la propuesta socialista, al diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví.diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan BaldovíJoan Baldoví

A los dos meses de su ratificación como secretario general del PSOE (y con unas vacaciones de por medio), Pedro Sánchez se reunirá con el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara. Será este jueves, 25 de septiembre, en el Congreso. 

Será el primer contacto oficial de ambos desde el relevo en la dirección del PSOE, y se enmarca dentro de la ronda que está entablando Sánchez con los jefes de otros partidos: la semana pasada arrancó con la portavoz de Coalición Canaria en la Cámara baja, Ana Oramas, y la portavoz de UPyD, Rosa Díez. A ambas les presentó las principales propuestas de regeneración democrática y transparencia de su partido, les reiteró la necesidad de una reforma constitucional para intentar dar salida no sólo al problema catalán, sino para renovar el marco de convivencia, y comentaron cuestiones económicas y sociales. Esos asuntos conformarán el grueso de la agenda de la entrevista de Sánchez y Lara. 

Fue el secretario general de los socialistas quien llamó al líder de IU para concertar la cita, y este aceptó, como confirmaron fuentes de las dos formaciones a infoLibre. "Forma parte de la normal relación entre dos partidos. Vamos a escuchar qué nos dice, y agradecemos la cortesía", señalaban ayer lunes desde el entorno de Lara. El coordinador se reunirá mañana miércoles con su equipo más cercano para preparar la reunión, pese a que no contiene una agenda específica de temas. 

Las citas del pasado

Los socialistas, explicaron fuentes muy próximas a Sánchez, pretenden poner en común las medidas de regeneración democrática y la reforma federal de la Constitución. Pero el líder del PSOE no tiene intención de charlar sobre Podemos, el fenómeno político y electoral que ha mermado las expectativas electorales de ambas formaciones, ni sobre alianzas postelectorales. El marco, pues, es más parlamentario que partidista. Sánchez, no obstante, se siente cómodo con la federación. A quien ha rotulado como "populista" es a la formación de Pablo Iglesias, y a quien sin embargo ha señalado como su favorita entre los dos es a IU. Esta, por su parte, siempre ha insistido en que no da tanta importancia al jefe de los socialistas. Le interesa más la propuesta y que las promesas se lleven a cabo. La política de la dirección federal, con todo, no se ha movido desde hace años: no facilitar gobiernos del PP en ningún caso. El coordinador ha defendido además la utilidad del acuerdo entre las dos formaciones en Andalucía. Ayer mismo lo volvió a hacer en rueda de prensa. 

Hace dos años, en junio de 2012, Lara mantuvo otra reunión en el Congreso con el secretario general del PSOE. Este era Alfredo Pérez Rubalcaba, que había sido elegido por sus compañeros en el cónclave de Sevilla, en febrero de ese año. El encuentro no acabó con acuerdos concretos. El coordinador saludó el giro operado por Ferraz, aunque reprochó al exministro que no lo hubiera aplicado en los siete años de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. En la pasada legislatura, Lara se reunió dos veces con el presidente del Gobierno, y las dos direcciones se vieron asimismo en Ferraz. 

Anécdota al margen, la parroquia tuitera ha interpretado el encuentro entre Rajoy y Mas en clave de humor:

El diputado de Amaiur Sabino Cuadra rechazó este miércoles participar en la "farsa" de la sucesión en la Corona, que es un "mero de oca a oca y tiro porque me toca", y exigió una segunda transición mediante "procesos constituyentes para cada una de las naciones que forman parte de este Estado que es cárcel del pueblo" que conduzca a la independencia del País Vasco.

El diputado navarro comenzó su intervención en el debate sobre la ley de sucesión monárquica en el pleno del Congreso recordando el juramento que Juan Carlos I pronunció al convertirse en rey, el 22 de noviembre de 1975, sobre los Evangelios y las leyes del franquismo, y afirmó que su renuncia"no supone ningún cambio sustancial" sino que es "un mero lifting político para tapar las brechas de esa monarquía decrépita". "Pretenden colarnos de nuevo otros 40 años de más de lo mismo, de un régimen que nació en aquella Transición tramposa y fraudulenta. Esta votación tiene trampa, porque se vote lo que se vote siempre sale monarquía. La baraja está trucada, sólo salen reyes. Y Amaiur no va a participar en esta farsa", ha añadido Cuadra.

A renglón seguido, rechazó que fueran Juan Carlos I o el expresidente Adolfo Suárez quienes trajeron la democracia a España y acusó a los partidos que redactaron la Constitución de haber "vendido su libertad por un plato de lentejas" al "recauchutar" la España "única y libre franquista" en la España "única de la Constitución".

"Viva un País Vasco republicano"

A su juicio, la monarquía es "incompatible" con ninguna democracia" y no la quiere "para ningún país del mundo". Sin embargo, la "lucha" de la izquierda abertzale es para conseguir "la primera república vasca, la Euskalrepublika", y para ello hace falta una "un proceso constituyente por cada una de las naciones que hoy forman parte de este Estado, una segunda transición en plural asentada en una ruptura democrática con esa Transición tramposa".

Cuadra, que llegó a reclamar una "auditoría de la fortuna real" para saber "de dónde procede", acabó sacando una ikurriña desde la tribuna a la vez que gritaba, en euskera, "Viva un País Vasco libre, viva un País Vasco republicano", lo que motivó algunos abucheos desde la bancada del hemiciclo.

Después subió a la tribuna el portavoz de ERC, Alfred Bosch, quien rechazó el "relevo entre aristócratas" que supone el proceso de sucesión en la Jefatura del Estado, e insistió en que la representación política "se debe votar" y que "no se puede heredar". Bosch criticó el retroceso que, a su juicio, supone la proclamación de Felipe VI y cree que las "generaciones siguientes" reprocharán que se haya "consentido" esta sucesión. El portavoz subrayó que "la esperanza democrática" de los ciudadanos tras la "imposición" de un monarca "se llama república catalana" y cree que "hoy se escribe una página del pasado que pasará" y que con el referéndum convocado en Cataluña el 9 de noviembre se empezará "a escribir el futuro".

Foro y UPN esperan el reinado de Felipe VI con "ilusión"

A los diputados de BNG (Olaia Fernández Davila), Compromís-Equo (Joan Baldoví) y Geroa Bai (Uxue Barkos) les unió la reivindicación de la necesidad de celebrar un referéndum sobre el modelo de Estado frente a un proceso de sucesión en la Corona "atado y bien atado" que imposibilita cualquier forma de "participación democrática". Los tres censuraron la "tramitación exprés" para "evitar cualquier debate" sobre la Jefatura del Estado. Por eso iban a votar en contra, como lo hizo el representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.

Los dos restantes diputados del Mixto, Enrique Álvarez Sostres (Foro Asturias) y Carlos Salvador (Unión del Pueblo Navarro) dieron un sí "agradecido" y "sin reservas" a la abdicación del rey. Además, aprovecharon para honrar la figura de Juan Carlos y proclamar su confianza en su sucesor, cuyo reinado esperan con "ilusión".