El Congreso no encuentra la fórmula para frenar la escalada verbal y apela a la “voluntad” de los diputados

Una semana después del ataque machista de Vox en sede parlamentaria a la ministra de Igualdad, Irene Montero, la escalada verbal continúa en el Congreso. La dirigente de Unidas Podemos ha acusado este miércoles al Partido Popular de fomentar "la cultura de la violación” por "poner en cuestión la credibilidad de las víctimas" en relación a la polémica campaña de la Xunta de Galicia por el 25N, día internacional de la eliminación de la violencia machista. La bancada del PP ha comenzado a protestar y gritar por las palabras de la titular de Igualdad, lo que ha provocado que Montero interrumpiera su réplica.

La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha interpelado a la ministra de Igualdad por utilizar una expresión "no adecuada": "Debemos contribuir a la convivencia en esta Cámara para contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara", ha demandado Batet. Sin embargo, Montero no ha rectificado sus palabras, aunque ha evitado repetirlas. A juicio de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, Montero ha "descalificado e insultado" a su formación.

Batet también ha censurado las palabras del diputado ultra Javier Ortega Smith y la parlamentaria del PP Ana Vázquez en su réplica al ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska. La presidenta de la Cámara ha pedido que no utilicen insultos como argumentos. "En este Parlamento hay grupos parlamentarios, diputados legítimos: ni golpistas ni terroristas, le pido por favor que no empleen esa terminología", ha reclamado.

Estos incidentes se producen un día después de que Batet convocara a los portavoces parlamentarios para tratar de atajar esta escalada. Según las fuentes consultadas por infoLibre, la presidenta del Congreso mostró su enfado con los diputados por el clima que se está generando dentro y fuera del hemiciclo. Batet apremió a sus señorías a "respetar" a los adversarios políticos sin entrar en insultos y descalificaciones. Es más, como máxima autoridad de la Cámara, defendió los instrumentos que tiene a disposición el Congreso para atajar este tipo de situaciones: desde apercibimientos a expulsiones.

A juicio de Batet este buen clima no dependerá tanto de si se endurece el Código Ético del Congreso —una propuesta que realizó el portavoz de los comunes, Jaume Asens— sino de la "buena voluntad" de sus señorías. Fuentes de Presidencia se muestran "preocupadas" y aseguran a este periódico que "todos" deben poner de su parte. Esta falta de distinción molestó a grupos como Unidas Podemos, ERC, PNV o EH Bildu, que en anteriores ocasiones han expresado su malestar contra la presidenta por su permisividad con la extrema derecha.

Vox desoye a Batet y continúa con su estrategia de confrontación total

Las palabras de la presidenta del Congreso no tuvieron mucho eco en la Cámara Baja. Pocas horas después una diputada de Vox, Patricia Mesa, tildó de "filoetarras" a los socios parlamentarios del Ejecutivo. El presidente en funciones de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, impidió que la diputada ultra continuase con su discurso y solicitó a Rueda que retirase esa palabra. La parlamentaria de Vox se negó y tuvo que abandonar la tribuna.

Todo el grupo parlamentario de Vox decidió, entonces, abandonar el hemiciclo. El portavoz ultra, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que su grupo presentará un escrito contra la Presidencia de la Cámara y el presidente del partido, Santiago Abascal, aseguró que Gómez de Celis había "arrebatado la libertad de expresión" a su diputada. En la sesión de control de este miércoles el líder ultra ha vuelto a utilizar esa expresión, retando a la presidenta del Congreso a amonestarle, pero Batet no lo ha hecho.

Fuentes de Presidencia justifican esta diferencia de criterio amparándose en que "quien ostenta la presidencia es quien decide en cada momento qué se hace" y que todo "depende del momento, del contexto y del ambiente". En ese sentido explican que Batet prefiere no "cortar las intervenciones" e intervenir después para "no contribuir a la escalada".

Los grupos difieren de la estrategia para frenar a la ultraderecha

Tras el ataque machista a Montero, Unidas Podemos inició las conversaciones con el resto de grupos para emitir un comunicado solicitando medidas más contundentes contra Vox. Sin embargo, tal y como trasladan fuentes del espacio, ese comunicado se encuentra paralizado, a la espera de unificar una estrategia. La diputada de Ciudadanos Mari Carmen Martínez aseguró que su grupo también estaba preparando una declaración institucional contra la violencia verbal a la que esperaban sumar al resto de formaciones.

Lo cierto es que cada grupo tiene su propia visión del asunto. Algunos como el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, instaron a la Presidencia a sancionar conductas como la de Carla Toscano. Desde la dirección del partido republicano creen que esas sanciones deberían llegar por vía económica: “Es como los futbolistas. Solo entienden la multa económica”, sostienen en declaraciones a este periódico.

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Otros como el portavoz del PNV, Aitor Esteban, recordaron que el Reglamento del Congreso permite a la Presidencia reconducir los discursos de los oradores en la tribuna cuando no se ciñen al tema. Algo que, a su juicio, no ocurrió el miércoles pasado cuando Toscano profirió los ataques contra la ministra de Igualdad, ajenos a la tramitación de los Presupuestos.

Para Íñigo Errejón, portavoz de Más Madrid, castigando conductas como la de Vox se corre el riesgo de dar al partido de Santiago Abascal un "protagonismo" que, a su juicio, "está perdiendo" desde hace algunas semanas. Así lo afirmó Errejón en rueda de prensa y lo planteó más tarde en la Junta de Portavoces. Una tesis que algunos diputados como el socialista Patxi López también avalaron.

Además, también se abordó un hecho que sucedió el pasado mes de septiembre. Gómez de Celis amonestó a otro diputado ultraderechista José María Sánchez García en tres ocasiones y le instó a abandonar el hemiciclo. Pero el diputado ultra permaneció en su escaño y el pleno fue suspendido durante diez minutos. A juicio del resto de portavoces eso fue "un error" que no puede volver a suceder.