La Audiencia Nacional ha acordado rebajar en 20 meses la pena del etarra Henri Parot al estimar el recurso presentado por su defensa y descontarle el periodo que pasó en prisión preventiva entre febrero de 2006 y noviembre de 2007, mientras era investigado por un delito de pertenencia a banda armada con la agravante de reincidencia –por el que finalmente fue condenado– después de que en 2001 escribiera una carta desde prisión en la que animaba a la dirección de ETA a cometer atentados.

En un auto de 29 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha resuelto practicar una nueva liquidación de condena, aunque no en los términos que requería la defensa de Parot, quien permanece en prisión desde 1990 y cumple condena acumulada debido a decenas de atentados con 39 víctimas mortales.

Parot, de 63 años, solicitó el pasado 3 de junio que se le abonara el periodo comprendido desde el 18 de noviembre de 2005, "fecha en la que se decreta su prisión provisional, hasta pasar a la situación de penado tras adquirir firmeza la sentencia del Supremo", es decir, 2 de noviembre de 2007. Así, pedía que se rebajara en 24 meses la pena de 11 años que dictó el Alto Tribunal.

La Fiscalía presentó informe favorable el 24 de junio, en el que "manifestó la procedencia de abonar al penado Henri Parot el periodo comprendido hasta el 28 de diciembre de 2007 y desde el 21 de febrero de 2006", por lo que sugería rebajar la pena en 22 meses y no en 24 como solicitó el etarra.

En su resolución, los magistrados de la Sala han explicado que, según consta en el informe remitido por el Centro Penitenciario donde se encuentra ingresado Parot, la prisión provisional fue abonada hasta el 20 de febrero de 2006 y, por lo tanto, "solo procede el abono del periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2006 y el 2 de noviembre de 2007". Así, ha acordado practicar una nueva liquidación de condena que rebaja en 20 meses la pena de prisión del exdirigente de ETA.

10 de julio de 2029

La decisión de los jueces va acompañada de una providencia en la que se procede a aprobar la liquidación de condena "con fecha de cumplimiento prevista para el 10 de julio de 2029".

El pasado marzo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, anunció el acercamiento de seis presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco, entre ellos Parot, quien formó parte del comando itinerante Argala y fue detenido en abril de 1990 en Sevilla mientras transportaba una furgoneta cargada con 300 kilos de explosivos.

Recientemente, la Asociación Víctimas del Terrorismo se ha pronunciado para rechazar los acercamientos a cárceles del País Vasco de presos de ETA y ha pedido "valentía" para aplicar la ley ante los homenajes públicos a miembros de la banda terrorista, entre ellos el de Parot, convocado para este 18 de septiembre en Arrasate (Guipúzcoa).

Es conocido por ser el miembro de ETA que propició la conocida como doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y que determinó que los beneficios penitenciarios se aplicaran individualmente sobre cada una de las penas por las que hubieran sido condenados, y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, que tomará posesión de su cargo la próxima semana tras haber recibido los preceptivos avales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Congreso de los Diputados.

Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha formalizado el nombramiento de Sánchez Melgar tras recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

La Comisión de Justicia examinó este martes los méritos y la idoneidad de Sánchez Melgar para hacerse cargo del Ministerio Público, en sustitución de José Manuel Maza, fallecido el pasado 18 de noviembre en Buenos Aires (Argentina), cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Sánchez Melgar superó con éxito un trámite similar el pasado jueves, cuando el Pleno del CGPJ aprobó por amplia mayoría el informe deidoneidad que exige la ley para formalizar el nombramiento del fiscal general del Estado. Sólo la vocal Concepción Sáez, designada a propuesta de IU, se opuso a su candidatura igual que hizo en su momento con la de José Manuel Maza.

Cumplido este trámite, el nuevo fiscal prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo, lo cual tendrá lugar previsiblemente la próxima semana.

La Ley exige "respeto y consideraciones"

El Estatuto del Ministerio Fiscal añade que el cargo de fiscal general tiene carácter de autoridad en todo el territorio español y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo. En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo.

La duración de su mandato es de cuatro años, ya que cesa cuando cesa el Gobierno, si bien Sánchez Melgar podría volver a ser propuesto para ese cargo teniendo en cuenta que tan sólo ha transcurrido un año desde la designación de Maza.

Sánchez Melgar es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y uno de los impulsores de la doctrina Parot. Al igual que Maza, fue uno de los magistrados del alto tribunal que votó en contra de la denominada doctrina Botín que permitió librar del banquillo al banquero Emilio Botín en 2007.

Nacido en Palencia en 1955, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, con premio extraordinario. Magistrado en el Tribunal Supremo desde el año 2000, Sánchez Melgar es uno de los jueces con mayor experiencia en la Sala Segunda y goza de gran prestigio en el alto tribunal.

Momento convulso

El próximo fiscal general, cuyo antecesor no llegó a ejercer su cargo ni siquiera un año completo, llega al palacio de la calle Fortuny de Madrid en un momento especialmente convulso debido principalmente a las causas judiciales abiertas por la deriva independentista catalana además de las diversas investigaciones relacionadas con tramas de corrupción.

Julián Sánchez Melgar ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987. Estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió después en Juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila hasta su nombramiento para el alto tribunal por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 1999.

El magistrado que sustituye al recientemente fallecido José Manuel Maza también ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y magistrado de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También ha colaborado como docente con distintas universidades.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a Pedro Luis Gallego, el conocido como violador del ascensor y excarcelado en noviembre de 2013 en aplicación de la doctrina Parot, acusado de cuatro agresiones sexuales en las inmediaciones del hospital madrileño de La Paz, han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos delictivos fueron cometidos en los últimos meses en las inmediaciones del centro hospitalario de la Paz lo que creó una gran alarma social entre los ciudadanos llegando a denominar al autor como el violador de la Paz.

Tras varios meses de minuciosas gestiones, agentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se trasladaron a Segovia en el día de ayer y procedieron a su arresto.

Actualmente se encuentra en dependencias policiales para el trámite de diligencias y próximamente serápuesto a disposición de la autoridad judicial.

Violador en serie

Pedro Luis Gallego, de 59 años de edad, fue condenado a 273 años de prisión por el asesinato de la joven burgalesa Marta Obregón en enero de 1992 y la muerte de Leticia Lebrato, de 17 años, en julio de 1992, además de 18 agresiones sexuales y violaciones.

A los 19 años, en 1976, cometió su primera agresión pero no ingresó en prisión hasta el 20 de junio de 1979.

Salió de la cárcel y volvió entrar en varias ocasiones tras reincidir en sus delitos hasta mediados de los años 90, cuando fue condenado y encarcelado por última vez.

Aprovechaba su profesión como mecánico de ascensores para acceder a los portales de sus víctimas.

En 2012 la Sala de los Penal del Tribunal Supremo acordó que no saliera de la cárcel hasta el año 2022 gracias a la doctrina Parot, por lo que al reo no se le aplican los beneficios penitenciarios sobre el máximo de 30 años de cumplimiento de condena, sino sobre el conjunto de la pena global.

Sin embargo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió definitivamente en un recurso presentado por una condenada de ETA que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que tanto el violador del ascensor como otros conocidos violadores en serie y decenas de terroristas.

El Colectivo de Presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera) llega al final de esta legislatura con 268 presos menos que hace cuatro años, pero instalados en una situación de bloqueo, relegados del debate político y con una división en su seno que se agrava cada vez más. Al rechazo del Ejecutivo de Rajoy a entablar ningún tipo de negociación mientras ETA no se disuelva se suma que los presos etarras no han materializado su anuncio de asumir la legalidad penitenciaria para acceder a beneficios, informa Europa Press.

Según los datos recogidos por Europa Press, días antes de que el PP ganase las elecciones generales en 2011, el Colectivo de Presos de ETA contaba con 677 internos: 533 en España, 138 en Francia y otros seis repartidos en cárceles de Portugal, Irlanda, Inglaterra, México y Bélgica. En estas cifras no se incluye la veintena de presos acogidos a la denominada 'Vía Nanclares', expulsados del colectivo tras optar por la salida individual.

Cuatro años después, a pocos días del 20-D, el EPPK lo integran ahora 409 presos: 319 en España, 89 en Francia y uno en Portugal. Esto supone un adelgazamiento de casi el 40 por ciento del colectivo. Tras la derogación de la 'Doctrina Parot' en octubre de 2013, decenas de terroristas salieron a la calle en cuestión de semanas. Además, se mantiene el goteo de excarcelaciones de etarras que van cumpliendo sus condenas.

Sólo en 2015 han salido 73 presos. Por primera vez en mucho tiempo son más etarras los que salen de prisión que los que entran. Frente a los 268 que han ido abandonando las prisiones, 161 han sido detenidos por las fuerzas de seguridad y puestos a disposición de la Justicia en lo que va de legislatura, según datos de Interior. En este 2015 la cifra es 47 detenidos (frente al centenar de arrestados por terrorismo yihadista).

Golpes policiales: 'Jaque', 'Mate'

En lo que afecta al frente de 'makos' (cárceles), destacan la operación 'Jaque' (enero de 2014) y la operación 'Mate' (enero de 2015). En estos operativos, la Guardia Civil desarticuló el entramado de abogados de ETA, que servía de nexo entre ETA y las prisiones y lograban con sus consignas mantener la unión del colectivo. Les hicieron creer a los presos que el cese definitivo de la banda derivaría en una negociación sobre su situación. Pero esa realidad nunca se produjo.

También en septiembre de 2013 fue desarticulada Herrira, última plataforma abertzale encargada de capitalizar las iniciativas en favor de los internos. Estos golpes policiales y en especial el arresto de la abogada Arantza Zulueta dejaron al EPPK sin apenas capacidad de cohesión. Según ha ido avanzando la legislatura, la ausencia de un discurso único ha permitido apreciar las primeras divisiones internas en un mundo considerado siempre como el más unido del entorno proetarra.

En los últimos meses han adquirido una mayor presencia grupos minoritarios como Amnistia Ta Askatasuna (ATA) con un discurso muy crítico contra la izquierda abertzale oficial representada en Sortu y la antigua Batasuna. Les acusan de haberse acomodado y haber renunciado a reivindicaciones históricas como la amnistía.

En la línea de esta corriente díscola, 93 expresos de ETA e Iparraterrak firmaron en mayo una carta a favor de la amnistía "sin arrodillarse ante nadie". Prueba de este enfrentamiento latente es el hecho de que ambos sectores han convocado ya varias manifestaciones por separado en las calles del País Vasco o que seis etarras denunciaron en un reciente juicio en Francia los intentos de romper el Colectivo. En ATA se dieron por aludidos y respondieron con un duro comunicado.

El "daño multilateral"

Uno de los anuncios más relevantes del EPPK durante esta legislatura fue el que se produjo el 28 de diciembre de 2013 en el que, por primera vez, los presos etarras abrían la puerta a aceptar la legislación penitenciaria a cambio de beneficios y reconocían el "sufrimiento y daño multilateral generados". No obstante, lo que les exige la Ley para acceder a beneficios es romper con la banda, pedir perdón y colaborar con la Justicia. El EPPK no pasó del anuncio a los hechos.

Todas sus estrategias han seguido encaminadas a lograr una solución colectiva y no individualizada chocando siempre por ello con el rechazo de la Administración o los tribunales. A finales del año pasado optaron por solicitar su acercamiento al País Vasco por la vía judicial, meses antes habían hecho lo propio ante las juntas de tratamiento de las prisiones, también pidieron de forma colectiva la excarcelación de los presos considerados enfermos y los mayores de 70 años... Ninguna iniciativa obtuvo respuesta por parte de las autoridades.

El fallo de la 'Doctrina Parot' por parte del Tribunal de Estrasburgo ha sido una de las pocas victorias en el haber de los presos etarras junto a la polémica excarcelación del ya fallecido Bolinaga en el verano de 2012. La liberación del carcelero de Ortega Lara por motivos de salud provocó una oleada de críticas contra el Gobierno, principalmente desde las víctimas del terrorismo.

Desde entonces, los movimientos del Ejecutivo en materia penitenciaria han sido prácticamente inexistentes a diferencia de la pasada legislatura en la que el Gobierno socialista llevó a cabo una política de premios y castigos en la que los alejamientos y acercamientos eran una constante.

Obstáculos a la 'vía Nanclares'

El Ejecutivo de Rajoy no ha seguido promocionando siquiera la 'vía Nanclares', poniendo fin a los talleres con víctimas o negando en numerosas ocasiones beneficios a ex etarras ya desvinculados de la organización, obligados a recurrir ante la Audiencia Nacional para conseguir permisos de salida o progresiones de grado.

El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz apostó al inicio de la legislatura por su propio plan de reinserción de etarras que contemplaba el acercamiento al País Vasco a aquellos presos que rompiesen con la banda. Aquel plan, presentado en abril de 2012, también estuvo envuelto en polémica porque no incluía la exigencia de pedir perdón a las víctimas.

Desde el Gobierno se mantienen firmes en la línea roja de mantener la dispersión mientras ETA no se disuelva definitivamente o los presos rompan con la banda. La última amenaza que asoma en el horizonte del EPPK es el posible traslado España de los etarras que cumplen condena en Francia en virtud de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Esta decisión comunitaria, aprobada este año por el Congreso de los Diputados, abre la puerta a que cualquier preso europeo que esté cumpliendo una pena en otro Estado miembro pueda ser trasladado a una cárcel de su país de origen. Los internos terroristas en cárceles galas ya han comunicado a su entorno que no quieren ser trasladados a España. De momento, los traslados se encuentran paralizados debido a que existen algunas diferencias entre las autoridades españolas y galas a la hora de interpretar la citada ley.

Así termina una legislatura que comenzó precedida por el anuncio del fin de los atentados de ETA para siempre. Eso frenó en seco las deserciones internas y el colectivo recobró la unidad confiando en una negociación sobre su situación, tal y como le transmitían los emisarios de la banda. No obstante, según fuentes conocedoras del sentir de los presos etarras, el EPPK hace ya meses que dio por amortizada la legislatura. Esperarán a después del 20-D para volver a mover ficha.

CCOO y UGT han celebrado su Primero de Mayo en Madrid con un ojo puesto en las próximas elecciones. Tanto Ignacio Fernández Toxo como Cándido Méndez han invitado a los trabajadores a convertir 2015 en el “año del cambio”, de los “actores”, precisó el líder de CCOO, y de las “políticas económicas y sociales”, apuntó el secretario general de UGT.

Tras una manifestación menos concurrida que en años anteriores y que recorrió el centro de Madrid hasta terminar en la Puerta de Sol, ambos dirigentes sindicales comenzaron sus discursos apelando a la dignidad del trabajo, “que empieza con el derecho a un empleo y a un vida digna”, indicó Fernández Toxo. Cándido Méndez, por su parte, lamentó que aún en el siglo XXI haya que seguir reclamando lo mismo que en el siglo XIX, la redistribución más equitativa de la riqueza, “una obra desgraciadamente bloqueada por las políticas de austeridad europeas”.

Muy crítico con el Gobierno, el líder de CCOO criticó a Mariano Rajoy por haber prometido la víspera que España va a ser “el campeón mundial del crecimiento” al tiempo que prevé para 2018 una tasa de paro del 15%, “tres puntos superior a la media de la UE”. “¿Es eso todo lo que puede ofrecer a la sociedad, una estadística de desempleo tan raquítica?”, preguntó. Según recalcó, sólo habrá recuperación real cuando los españoles “recuperen los estándares de calidad de vida que tenían antes de la crisis, empezando por el empleo”. Tras los recortes en educación, sanidad y dependencia, además del paro y la precariedad del empleo que se crea, Fernández Toxo volvió a preguntarse cómo es posible que, “con ese bagaje”, el PP “reclame cuatro años más de gobierno para continuar con la misma dinámica”. “Nos merecemos”, abundó, “otro destino y otros gobernantes”.

Méndez puso el foco en la “volatilidad” de los empleos de cuya creación presume el Gobierno. “¿Qué salarios tienen, qué derechos generan, cuánto cotizan?: son por horas, de escasa calidad y no generan cotizaciones para el sistema público de pensiones”, se contestó. A su juicio, “todo empieza por el trabajo”, que a su vez genera “derechos y protección, acceso a la educación y a la sanidad”. Por eso, el dirigente de UGT se lamentó de que la sociedad española haya quedado “herida en los elementos más formidables que refuerzan las instituciones democráticas”. El resultado, dijo, es un preocupante aumento de la desconfianza.

El pacto con la patronal, aún el aire

En los discursos de ambos, al igual que en las pancartas de los manifestantes, estuvieron presentes los conflictos de Coca-Cola, de las subcontratas de Movistar o la huelga en Correos del próximo lunes. También el pacto sobre salarios y negociación colectiva pacto sobre salarios y negociación colectivaque UGT y CCOO no acaban de cerrar con la CEOE. “No habrá acuerdo si no hay recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios”, advirtió una vez más Fernández Toxo. El pacto, que debería haberse firmado a principios de año, acumula ya un considerable retraso y mantiene al ralentí la firma de los convenios colectivos. Los sindicatos, no obstante, aún se han dado “un par de semanas” más para alcanzar un acuerdo.

A la manifestación acudieron este año los candidatos del PSOE al Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona, y a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo; de IU a la Comunidad, Luis García Montero, así como la responsable socialista de Empleo, Mari Luz Rodríguez, y el coordinador general de IU, Cayo Lara. Pocas banderas de Podemos pudieron verse entre los manifestantes. Dos horas antes del comienzo de la convocatoria de UGT y CCOO, Pablo Iglesias se había unido a los trabajadores de las subcontratas de Movistar en la Gran Vía de Madrid, que llevan en huelga indefinida desde hace casi un mes.

En Barcelona se han manifestado cerca de 56.000 personas según los sindicatos y 10.000 según la Guardia Urbana, convocados por UGT y CCOO. En la misma ciudad, la CGT ha reunido a un millar de manifestantes, en lo que se convirtió en una protesta contra el ingreso en prisión el próximo viernes de ocho personas por el asedio al Parlamento catalán en junio de 2011.

También en Madrid, el sindicato USO reunió a unas 2.000 personas. Su secretario general, Julio Salazar, ha reclamado también “cambios sustanciales”, que beneficien prioritariamente a las personas.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha calificado las condenas a miembros de la banda terrorista ETA de "altas y desproporcionadas" y señala que, sobre todo, "hay un régimen de cumplimiento de penas totalmente desigual en relación con el resto de presos".

De Prada se ha referido en estos términos en uno de los cursos del Campus de Verano que organiza la Universidad Complutense de Madrid y ha defendido que las penas han de responder "a una necesidad, que sean humanas y que se apliquen en un régimen de igualdad en relación con otros presos", nofmra Europa Press.

En su opinión, "un momento clave" se constituye con la aplicación de la doctrina Parot cuando una serie de penas se empezaron a computar "de una forma distinta", algo "jurídicamente inadmisible", ha denunciado. Pero "más jurídicamente inadmisible", según ha defendido, es que haya tenido que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el que haya tenido que decir que eso "estaba mal". "Algo que estaba en la conciencia de todos los aplicadores de las normas", ha sostenido.

A su juicio, "no es exigible" un perdón que implique "una necesidad de arrepentimiento absoluto sobre todo en hechos, situaciones o delitos que son consecuencia de planteamientos ideológicos". Eso sí, defiende la necesidad de reconocer "el daño causado" y el interés de "comunicar esa situación a la persona". "Son situaciones mucho más individualizas", ha subrayado.

De Prada ha señalado que aunque se niegue, existe "un proceso de paz". "Este proceso de paz tiene que ir a un proceso de reconciliación", ha advertido destacando que es "muy importante" hacer hincapié "en el perdón y la justicia restaurativa" porque "no solo afecta a víctimas sino que interesa a toda la sociedad en su conjunto".

Así, aconseja "poner en valor la experiencia colectiva surgida" y advierte que obtener resultados "positivos y útiles" dependerá de "cómo se trate, interactúe y se les reintegre en la sociedad" a los penados terroristas.

Eso sí, ha aclarado que "no se trata de renunciar a la Justicia, ni a la verdad, ni al derecho a la reparación ni por parte de las víctimas ni de la sociedad en general sino de actuar con el derecho de deber gestionar los traumas causados por la violencia política terrorista en un sentido positivo".

"Para ello, todos, las víctimas, la sociedad, los causantes de la violencia, las propias instituciones y poderes del Estado jugamos un papel determinante", ha explicado.

Antes de arrancar la campaña para las elecciones europeas que se celebran el 25 de mayo, el Partido Popular ofreció una rueda de prensa en la sede nacional para informar de que el programa electoral con el que concurren a esta cita no estaba cerrado. Que iba a enriquecerse con todas las propuestas que los ciudadanos les hiciesen llegar a través de las redes sociales. Este miércoles, el número dos de la candidatura, Esteban González Pons, junto al coordinador de la campaña, Carlos Floriano, han presidido un acto en el que han recopilado alguna de estas propuestas. 

González Pons arrancó su intervención directamente con una iniciativa: la de la creación de una fiscalía de protección a las víctimas del terrorismo. Una propuesta anónima que los conservadores ya han consensuado con el Gobierno de Mariano Rajoy y que viene a completar las medidas para este colectivo que ya integran su programa electoral. Según Pons, la función de este órgano sería la de "la defensa de derechos de quienes son los máximos representantes de la lucha en favor de la democracia y la libertad".

El PP hace este anuncio en la recta final hacia el 25-M y hacia uno de los colectivos que en los últimos meses más se había distanciado de las filas conservadoras a raíz de la aplicación de la sentencia de Estrasburgo que tumbó la doctrina Parot. De hecho, esta fiscalía, según Pons, actuará también cuando la "excarcelación de un asesino que no es compartida por las víctimas el terrorismo y por el conjunto de la sociedad española".

El distanciamiento de un sector de las víctimas del terrorismo respecto al partido de Rajoy es uno de los motivos que está en el germen del nacimiento de Vox, el partido integrado por el exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. También tuvo algo que ver en el hecho de que Jaime Mayor Oreja decidiera comunicar a su jefe de filas que no quería ir más de cabeza de lista al Parlamento Europeo.

Lo que está ocurriendo es verdaderamente escandaloso y sugiere unas cuantas preguntas que a Gallardón le parecerán impertinentes.

- ¿Dónde se han metido los centenares de políticos y analistas que tanto se encendieron con la sentencia europea que tumbó la doctrina Parot y obligó a excarcelar a presos etarras y a violadores (tras haber cumplido sus condenas)?

- ¿Qué opina Federico Trillo, exresponsable jurídico del PP y actual embajador en Londres por la gracia de Rajoy? ¿Seguirá manteniendo aquellas soflamas que lanzaba cada mañana desde la radio episcopal cuando fue puesto en libertad el etarra De Juana Chaos (tras haber cumplido condena)?

- ¿A qué interés obede la vertiginosa urgencia de una reforma que no ha podido esperar siquiera los informes del Consejo de Estado o del propio CGPJ (si no vinculantes al menos estéticamente imprescindibles)?

- ¿Había que atender con premura, como sostienen fuentes bien informadas, los intereses económicos con China ('caso Tíbet') y de paso ceder a la presión de EEUU ('caso Couso') del mismo modo que en 2009 el Gobierno de Zapatero ya limitó la Justicia Universal tras la presión de Israel ('caso matanza de Gaza')?

- ¿Por qué Gallardón y la Fiscalía Antidroga se amparan en los tratados internacionales para sostener que España puede seguir persiguiendo a narcotraficantes en alta mar y sin embargo no aceptan lo que dicen los tratados internacionales (de rango superior a una ley nacional) sobre la persecución de los delitos de lesa humanidad (como son el genocidio del Tíbet, el asesinato de José Couso o las matanzas de Gaza)?

- ¿Sostiene Rajoy sobre la puesta en libertad de narcotraficantes lo que sostuvo  sobre la excarcelación de terroristas y delincuentes tras la anulación de la doctrina Parot? (La diferencia es que ahora no se trata de acatar la sentencia de un tribunal europeo sino de una reforma legal decidida en solitario por el Partido Popular).

- ¿No tiene nada que decirle a Gallardón la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que preside la reina Sofía y en cuyo patronato se sientan los más insignes representantes del Ibex-35 y los dueños de los grandes grupos de comunicación, sobre una reforma que supone la excarcelación de individuos que convierten España en el principal mercado de la droga y en la puerta de entrada al resto de Europa?

- ¿Es proporcional que un ministro de Justicia (Mariano Fernández Bermejo) tuviera que dimitir por cazar (en compañía del juez Garzón y de otras treinta personas) sin tener en regla la licencia administrativa de la comunidad autónoma correspondiente, y que tanto el PP como los numerosos medios de comunicación que exigieron aquella renuncia consideren ahora perfectamente normal decretar una reforma que supone la puesta en libertad de narcotraficantes detenidos con toneladas de droga?

Todo este disparate trae a la memoria la muy manida cita de Thomas de Quincey: “Pues si un hombre se deja tentar por un asesinato, poco después piensa que el robo no tiene importancia, y del robo pasa a la bebida y a no respetar los sábados, y de esto pasa a la negligencia de los modales y al abandono de sus deberes...” Si uno empieza por criminalizar a las mujeres que abortan y luego decide que no tiene sentido perseguir los genocidios, terminará quitando importancia a la excarcelación de narcotraficantes. Incluso acabará soltando algún taco o eructando en público.

Tras varios meses amagando con la presentación de un nuevo partido y midiendo posibles apoyos, este jueves se presentó en Madrid Vox, un partido ubicado ideológicamente a la derecha del Partido Popular y que asume en su ideario y sus principios algunos de los puntos que en los últimos meses han reclamado desde el ala dura del PP.

No en vano, dos de los promotores de esta formación que concurrirá a las elecciones europeas –y a todas aquellas citas electorales que se convoquen– han tenido vinculación con el partido de Mariano Rajoy y decidieron dar un portazo por diferentes desencuentros. El primero en irse fue el exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Lo hizo en 2008, en plena etapa precongresual del PP y después de que la expresidenta del PP vasco, María San Gil, decidiera abandonar su cargo por una polémica relacionada con la elaboración de las ponencias del citado cónclave. 

Para los conservadores, que se arrogan la defensa de las víctimas del terrorismo, Ortega Lara siempre ha sido un referente moral. 

Otro de los nombres es el de Santiago Abascal. Exdiputado del PP en el Parlamento vasco, decidió marcharse hace un mes del partido en el que llevaba militando más de una década desencantado por algunas de sus últimas actuaciones, sobre todo en materia de política antiterrorista. Su padre, Santiago Abascal, es concejal de los conservadores en el municipio alavés de Amurrio. Distanciado de la dirección del PP de Euskadi en los últimos años, él, como otros miembros de la formación que ahora preside Arantza Quiroga, encontró refugio en diferentes organismos de la Comunidad de Madrid.

"Puede suponer una fragmentación del PP. No sé si se producirá o no esa fragmentación, pero no la hacemos con esa intención. Somos un partido de ideas y a eso nos vamos a dedicar". Pese a este pronunciamiento con el que Ortega Lara cerró una rueda de prensa muy concurrida, los mensajes lanzados por el comité político de esta nueva formación estuvieron cargados de dardos al Partido Popular. "Lo hacemos directamente, no a través de una pantalla de plasma", llegó a decir en un ocasión Abascal, en clara alusión al presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En este sentido, Vox, que reivindica un espacio propio en la política, asume como propias las demandas clásicas del electorado más conservador del PP, ese desencantado por la política en materia antiterrorista del PP y por el incumplimiento del programa electoral de Mariano Rajoy, sobre todo en lo relacionado con lo económico.

En materia de política antiterrorista, esta nueva formación considera que el Gobierno ha hecho una política continuista a la de José Luis Rodríguez Zapatero. "A las víctimas y sus familias sólo les queda el dolor y el olvido", subrayó Ortega Lara después de demandar el regreso de "los principios y valores".

¿Qué haría Vox en materia de política antiterrorista en el supuesto de gobernar? "No ceder a ningún tipo de negociación con la banda terrorista ETA", respondió contundente el exfuncionario de prisiones, que se autodescartó como candidato a las elecciones europeas. Además, Ortega Lara censuró que el Gobierno no haya actuado frente a la sentencia de Estrasburgo que tumbó la doctrina Parot. A su juicio, faltó pedagogía por parte del Ejecutivo a la hora de explicarse ante el tribunal. También lamentó que se haya acatado: "La ejecución de las mismas [sentencias] depende del propio Estado".

Se trata de una tesis compartida por un determinado sector del electorado conservador, que se echó a la calle días después de que se hiciera pública la sentencia con fuertes críticas al Gobierno y a a la dirección nacional del PP.

Defensa de "la familia" y antiabortista

Entre sus principios inspiradores sostiene que "una sociedad responsable y moralmente sana ha de defender y promover la cultura de la vida, ha de cuidar y proteger a la familia como institución básica y ha de mostrar su solidaridad con los sectores más vulnerables".

Lo que no explicó Santiago Abascal, y se le preguntó por ello, es a qué tipo de familia se refiere su formación.

En materia de aborto, Vox se declara antiabortista. Según Cristina Seguí, una de las integrantes de esta formación, Vox defiende "el valor supremo de la vida". 

"No lo concebimos como derecho. Para nosotros es un drama", sostuvo. Seguí dejó entrever el apoyo de Vox a la restrictiva reforma de la ley del aborto de Ruiz-Gallardón. Lo que censuró es "la falta de consenso interno". Y "cómo se está utilizando por parte de la izquierda".

Además de declararse monárquico, este nuevo partido considera "fallido" el estado de las autonomías. No obstante, no rechaza concurrir a estos comicios, tal y como aseguró José Luis González Quirós, presidente del Comité Político provisional de Vox.

La maquinaria de este partido que elegirá a su candidato a las europeas por el procedimiento de primarias echará andar en el mes de febrero. Las personas interesadas en sumarse a este proyecto pueden hacerlo a través de su página web. La cuota es de 9 meses al mes.

El eurodiputado del PP, Alejo Vidal Quadras suena como posible candidato a las europeas. No obstante, hasta la fecha no se ha sumado a este proyecto. No obstante, sí asistió a una serie de reuniones previas que culminaron con un acto público el pasado octubre en Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha denegado este sábado, tal y como le había solicitado la Fiscalía, la solicitud de prohibición del acto convocado en Durango (Vizcaya) en el que está previsto que participen miembros de ETA excarcelados tras la anulación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. La prohibición había sido solicitada por la asociación Dignidad y Justicia, según informa Europa Press.

En su auto, el titular del juzgado central de instrucción numero 1 ordena, no obstante, oficiar a la Ertzaintza y a la Delegación del Gobierno del País Vasco a fin de que "dentro del ámbito del principio de proporcionalidad y con absoluto respeto al derecho de reunión y manifestación" se adopten las medidas que se consideren necesarias para evitar la comisión de hechos que pudieran ser considerados como enaltecimiento del terrorismo o menosprecio de sus víctimas.

El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso había remitido un escrito este viernes al juzgado en el que tampoco se oponía a la celebracióntampoco se oponía a la celebración del acto, convocado para las 12.30 horas de hoy en el Café-Teatro Antzokia de Durango al tratarse de una actividad que se realiza en un local privado y sin difusión pública, por lo que considera que, a priori, es "penalmente neutro".

En su resolución, el juez explica que practicadas las diligencias oportunas para la averiguación del delito denunciado por la asociación de víctimas, a tenor de los tres informes policiales llegados a su juzgado (de la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza) "no existen elementos ni indicios de comisión del mismo".

Esto es, no hay base para considerar que el objeto del acto convocado por los presos sea, el de mostrar su apoyo y solidaridad, con el consiguiente homenaje, al resto de miembros de la organización que aún se encuentran encarcelados, tal y como consideraba la asociación de víctimas en su denuncia.

Según el juez, si el fiscal entiende que no se acredita la comisión de un delito de enaltecimiento (artículo 578 del Código Penal), " por obvia aplicación del principio acusatorio no procede otra cosa que el archivo de las actuaciones", puesto que la organización denunciante no es parte al no haberse personado como acusación.

Pedraz señala que "es obvio por tanto que no cabe prohibir en modo alguno el acto, ni aún por razón de quiénes van a asistir" al mismo. Recuerda que "la proscripción de la doctrina del derecho penal de autor, que implica una distinta vara de medir al justiciable, atentando claramente al derecho de igualdad" ante la ley.

Finalmente, Pedraz subraya que, vista la repercusión mediática de estos actos, y la confusión que provoca al ciudadano, el hecho de que no prohíba el acto no significa que lo "consienta", "autorice" o "permita", ya que la Constitución establece que el derecho de reunión y manifestación no requiere autorización previa.

Informe de la Fiscalía

En su informe, el Ministerio Público señaló ayer que vistos los documentos remitidos por las fuerzas policiales cabía señalar que el encuentro en Durango es una comida de carácter privado y en un local cerrado, y que ninguna de las fuerzas de seguridad consideraba que se fuera a cometer durante el mismo hecho delictivo alguno.

El objetivo de la reunión, según el propio fiscal Alonso, era el de valorar el comunicado emitido el pasado día 28 por el autodenominado EPPK, teniendo lugar a continuación una comida, si bien el local había sido alquilado por Aitziber Sagarminaga, condenada en su momento por colaboración con ETA.

Recordaba también la Fiscalía en su informe que el propio Tribunal Supremo tilda "evanescente y vaporoso" el concepto penal de enaltecimiento del terrorismo, señalando la necesidad de distinguir netamente entre la figura penal y el ejercicio a la libertad ideológica y de opinión.

Es decir, en estos casos "se impone por mor de los principios de intervención mínima y del favor libertatis" libertatisuna interpretación rigurosa de las expresiones, analizando especialmente las circunstancias en las que se contextualizan.

En este caso, según la Fiscalía, se trataba de "efectuar una anticipación de lo que podría ocurrir, es decir, que el acto degenere en una soflama ensalzadora del terrorista y de sus acciones", y todo ello suscita "dudas vehementes acerca de su tipicidad".

Por el contrario, Dignidad y Justicia señalaba en su denuncia ante la Audiencia Nacional que el convocante del acto es el KT1, "subestructura" de EPPK y "órgano de dirección de dicho colectivo", al frente del cual se encuentra Arantza Zulueta Amuchastegui, quien actualmente está en libertad provisional en la causa seguida contra ella y otros abogados defensores de etarras, así como imputada por un delito de integración en organización terrorista.

La asociación considera que EPPK "forma parte del entramado" de la banda y se encarga de "procurar la cohesión y la adherencia de los presos que cumplen condena por actos terroristas siguiendo los postulados de ETA", excluyendo a los reclusos que no pertenecen al entorno etarra.

Para respaldar sus argumentos, Dignidad y Justicia hacía alusión a varios documentos intervenidos en una operación contra algunos de los abogados de etarras, incluida Zulueta, y que son, según la Guardia Civil, "una prueba fehaciente que corrobora el papel" de KT en "el control, coordinación y dinamización" de los integrantes de EPPK.

Alrededor de 300 miembros de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) realizaron un homenaje a las víctimas de ETA en la localidad guipuzcoana de Mondragón-Arrasate, donde la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, señaló que acudían a Euskadi para "plantar cara", decir que "existen las víctimas del terrorismo" y para que haya "memoria".

La AVT realizó este sábado, 28 de diciembre, un viaje a Euskadi para realizar homenajes a las víctimas del terrorismo en algunos de los lugares en los que ETA cometió atentados. A las 6.30 horas de la mañana partieron tres autobuses de Madrid y varios vehículos hasta la primera parada, que ha tenido lugar en Mondragón en torno a las doce del mediodía. En la plaza del Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana llevaron a cabo un acto de homenaje que consistió en una ofrenda floral, un minuto de silencio y una oración en memoria de las víctimas, informa Europa Press.

Los asistentes portaban una pancarta con el lema "Verdad, memoria, dignidad y Justicia", además de numerosas banderas españolas. Al acto se sumó el parlamentario vasco del PP Carmelo Barrio, representantes de UPyD, de Covite y Josu Puelles, hermano de una víctima de ETA.

Tras el acto, los ciudadanos y miembros de la AVT participantes en esta iniciativa volvieron al autobús para desplazarse, de forma consecutiva, a las localidades de Elgoibar, Eibar –ambas en Gipuzkoa–, Durango y Elorrio (en Bizkaia), donde realizarán el mismo acto de recuerdo.

El objetivo del colectivo de víctimas es "en este Día de la Dignidad, demostrar su apoyo y honrar con este homenaje a todas y cada una de las víctimas del terrorismo". A su juicio, se trata de un "acto necesario tras las múltiples infamias sufridas por las víctimas del terrorismo en los últimos meses tras la derogación de la doctrina Parot y los permisos a terroristas".

El ministro ha hecho este anuncio durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press donde se ha basado en los datos de su Departamento, según los cuales, ya han sido excarcelados 58 miembros de ETA.

En total, son más de 60 los presos de ETA que se han visto beneficiados por la sentencia europea, si bien hay algunos que ya se encontraban en libertad condicional. También hay al menos un caso en el que se le ha derogado la doctrina Parot a un terrorista etarra, pero no saldrá de prisión hasta el próximo 25 de diciembre.

A este cóctel de sensibilidades se sumó una reacción dubitativa del Gobierno y del partido que sus dirigentes tardaron en enderezar tres días, hasta que decidieron que la cúpula del PP se uniera a la concentración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)(AVT)celebrada hace un mes en la madrileña plaza de Colón. Una cita en la que la dirección nacional del partido y la cúpula de los conservadores recibió fuertes abucheos e insultos, mientras que dirigentes como Esperanza Aguirre o Jaime Mayor Oreja se salvaron. Desde este día, los mensajes del PP y del Gobierno respecto a la sentencia han ido siempre en la misma línea: ningún partido defiende tanto a las víctimas como el PP. Y la sentencia no gusta, pero no cabe la insumisión.

En este contexto, destacados dirigentes del partido muestran su malestar por el hecho de que la presidenta del PP de Madrid haya reabierto en esta última semana la herida abierta tras la publicación de esta sentencia cuya aplicación ha provocado que cerca de medio centenar de terroristas ya estén en las calles.

Haciendo uso de las mismas palabras que hace un par de semanas empleó el expresidente del Gobierno José María Aznar, Aguirre se preguntó este jueves en los micrófonos de la cadena Cope por qué el etarra Bolinaga está fuera de la cárcel y el exmilitante del PP y víctima de ETA José Antonio Ortega Lara está fuera de partido. Estas declaraciones volvieron a caer como un jarro de agua fría en Génova y en la Moncloa por lo que implican de crítica a la política antiterrorista del Gobierno y de crítica al tratamiento del partido a las víctimas del terrorismo.

Ortega Lara se dio de baja en el PP en 2008, en los meses previos al XVI Congreso Nacional del PP, justo después de que María San Gil renunciara a la presidencia del partido en Euskadi por discrepancias a la hora de elaborar la ponencia política que iba a debatirse en el cónclave.

Igualmente, criticó la actuación del Ejecutivo ante los homenajes a etarras que han sido liberados en aplicación de la doctrina Parot. "Los cohetes me duraban a mí un minuto", dejó caer.

En un momento de la entrevista, la presidenta del PP de Madrid fue preguntada sobre cuál habría sido su actitud respecto al fallo de Estrasburgo en el supuesto de haber formado parte del Gobierno de España. Su respuesta fue que "el Gobierno no ha aplicado la doctrina Parot, lo han hecho los jueces". Es decir, que no habría dimitido.

Críticas en el Comité Ejecutivo Nacional

Pero no ha sido esta la única vez que la presidenta de los conservadores madrileños ha mostrado esta semana en público su malestar con la actuación del Gobierno y la sentencia sobre la doctrina Parot. El lunes, el Partido Popular celebró una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional presidida por Mariano Rajoy. Al término del informe de la secretaria general y de la intervención del presidente, Esperanza Aguirre solicitó la palabra. La expresidenta de la Comunidad de Madrid preguntó por qué el Gobierno no había tomado ninguna respecto a Luis López Guerra, el magistrado español en el TEDH, y uno de los jueces que votó en contra de mantener la doctrina Parot.

Concretamente, Aguirre comentó a sus compañeros que la gente, en la calle, le pregunta por qué no se le ha destituido. Para responderla, tomó la palabra el ministro de Justicia, uno de los grandes rivales internos de la que un día se autodefinió como "lideresa". Alberto Ruiz-Gallardón recordó que España tiene capacidad para proponer candidatos al mencionado tribunal, pero que no puede destituir a nadie puesto que los magistrados son designados por un periodo de nueve años. Ya el mismo lunes, algunos de los asistentes a esta reunión lamentaron que el tema volviese a colocarse en primera línea del debate.

Hay en el PP quien considera que tras esta actuación de Aguirre hay una estrategia planeada y medida para erosionar permanentemente a Mariano Rajoy y mantenerse cerca del ala dura del partido, un sector que tiene en la expresidenta uno de sus máximos referentes. Se trata este de un extremo que niegan en su círculo de colaboradores, donde sostienen que Aguirre, sin responsabilidades públicas ahora, siempre ha opinado de todos los asuntos de actualidad y lo sigue haciendo.

¿Se debe esto a un posible posicionamiento de cara a una posible candidatura a la Alcaldía de Madrid de cara a 2015? Ella misma negó este jueves en la entrevista que concedió a la cadena Cope tener pensado volver a la política. No obstante, fiel a su estilo, dejó el final abierto cuando sostuvo que si el presidente del Gobierno se lo reclama evidentemente le escuchará. "Todo lo que me diga el presidente del Gobierno lo estudio pero en mis planes no entra volver a primera fila de la política".

En la misma entrevista, animó a Rajoy a cumplir ya el programa electoral y bajar los impuestos y criticó a Ruiz-Gallardón por su gestión en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Es un incumplimiento flagrante del discurso que hizo el ministro de Justicia la primera vez que fue al Parlamento. Eso no se ha explicado y exige una explicación".

Los etarras Javier Martínez Izaguirre, Ignacio Orotegui Ochandorena, Jesús María Mendinueta Flores, Inmaculada Pacho e Ignacio Erro Zazu han abandonado la cárcel este martes una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado su liberación, junto a la de otros nueve presos, tras la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Francisco Javier Martínez Izaguirre cumplía condena por asesinar a un niño de dos años en noviembre de 1991 en Erandio (Vizcaya); Orotegui, por su parte, fue miembro del comando Haizea y le condenaron a 206 años de prisión por la comisión de múltiples delitos, entre los que destaca el de coautor del asesinato del exguardia civil José Herrero Quiles, atentado que tuvo lugar el 26 de noviembre de 1985 en la localidad guipuzcoana de Lasarte.

Mendinueta fue miembro del Comando Vizcaya y le condenaron por asesinar a un guardia civil en presencia de su hijo de nueve años. Por su parte, Pacho, detenida en 1991, fue condenada en nueve sentencias a penas que suman 500 años de cárcel por varios asesinatos, cuatro atentados, entre ellos a la comisaría de Burgos, seis asesinatos frustrados y 48 delitos de lesiones.

Además, la Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de otros nueve etarras, entre los que se encuentran los miembros del 'comando Araba' de ETA Ignacio Fernández de Larrinoa y Miren Gotzone López de Luzuriaga. Los dos, que son pareja sentimental, asesinaron a dos policías en 1987 y atentaron dos años más tarde contra la casa-cuartel de Llodio (Álava). También saldrán de prisión los etarras Santos Berganza Zendenegui, José Ángel Biguri Camino, Íñigo Akaiturri Irazabal, Nicolás Francisco Rodríguez, Juan Andrés Urkizu Ormazabal, Juan Ignacio Delgado Goñi y Bautista Barandalla Iriarte.

Dos casos pendientes

En aplicación de la doctrina Parot, la Sala de lo Penal ha acordado adelantar la salida de la cárcel del preso de la denominada 'vía Nanclares' Andoni Múñoz de Vívar Berrio, que recuperará la libertad el próximo 25 de diciembre. Este órgano tiene pendiente resolver en los próximos días la excarcelación del miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) Ismael Miquel Gutiérrez, que asesinó a un ciudadano francés en 1985, y del preso Kepa Mirena Solana Alonso, que emprendió la denominada 'vía Nanclares' de reinserción.

La Audiencia Nacional ha acordado la "puesta en libertad" de estos reclusos y que se declaren "extinguidas" sus responsabilidades penales en aplicación del acuerdo adoptado el pasado día 12 por el Tribunal Supremo en el que ordenaba que los tribunales sentenciadores en cada caso ejecutaran la resolución del Tribunal de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot'.

56 asesinos excarcelados

De esta forma, se elevaría a 56 el número de asesinos excarcelados por la Audiencia Nacional desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal de Estrasburgo condenara a España a indemnizar a la etarra Inés del Río por aplicarle de forma retroactiva la 'doctrina Parot'. De ellos, 50 son miembros de la organización terrorista ETA y cinco de los GRAPO, a los que hay que sumar el almeriense Pompeyo Miranda, que fue condenado en Bolivia por varios asesinatos.

Tras la sentencia que el 21 de octubre dictó el Tribunal de Estrasburgo, que obligó a la excarcelación de Del Río al día siguiente, la Audiencia Nacional acordó el día 25 de ese mes la salida de prisión de Juan Manuel Piriz López. El 8 de noviembre el tribunal excarceló a otros nueve etarras, entre los cuales se encontraba Domingo Troitiño, autor del atentado que costó la vida en 1987 a 21 personas en el centro comercial Hipercor de Barcelona. El resto fueron Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu, Luis María Azkargorta Belategi, Isidro María Garalde Bedialauneta, Jokin Mirena Sancho, José Ignacio Urdiain Ciriza, Joseba Koldobika Artola, Elías Fernández Castañares y Juan Francisco Gómez López.

El 14 de noviembre pasado el Pleno de la Sala de lo Penal ordenó la salida de otros 13 etarras, junto a la miembro del GRAPO Olga Oliveira y el almeriense Pompeyo Miranda. Entre los etarras se encontraban José Antonio López Ruiz, 'Kubati', que fue condenado entre otros asesinatos por el de la disidente etarra María Dolores González, 'Yoyes'; Gonzalo Rodríguez Cordero, autor de 19 asesinatos; y la miembro del 'comando Madrid' Inmaculada Noble, que participó en 1986 en el asesinato del comandante Ricardo Saénz de Ynestrillas.

El resto de excarcelados fueron Francisco Javier Lujambio Galdeano, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Pedro Juan Odraizola Aguirre, Juan María Gabirondo Agote, Pedro María Rezabal Zurutuza, Miguel Turrientes Ramírez, José Félix Zabarte Jainaga, María Josefa Urkudun Etxenagustia, Antonio Alza Hernández (preso de la denominada 'vía Nanclares') y Raúl Ibáñez Díez.

Además, el 19 de noviembre, la Audiencia acordó la excarcelación de otros cuatro presos. Se trata de los etarras de la denominada 'vía Nanclares' Luis María Lizarralde Aguirre e Ignacio Recarte Ibarra, así como del miembro del 'comando Araba' Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias 'Paterra', condenado por 14 asesinatos, y el miembro de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) Jaime Simón Quintela.

Al día siguiente fueron excarcelados Juan José Zubieta Zubeldia, condenado por el atentado contra la casa-cuartel de Vic (Barcelona) en 1991, en el que murieron diez personas, entre ellas cinco niños; y Jesús María Zabarte, conocido como el 'carnicero de Mondragón', al que se atribuyen un total de 17 asesinatos.

La Sala de lo Penal también acordó el 20 de noviembre la salida de prisión de los etarras José Ignacio Etxebarria Pascual, Javier Goldaraz Aldaya, Manuel González Rodríguez, Juan José Legorburu Gerediaga, Miren Maitane Sagastume, Joaquín Urain Larrañaga y Ramón Uribe Navarro, así como de los miembros del GRAPO Guillermo Vázquez Bautista, María Jesús Romero y Encarnación León Lara.

"Privación de libertad irregular"

La mayoría del Pleno, formada por nueve magistrados, argumenta que no se podía "demorar una privación de libertad irregular" con el pretexto de esperar la decisión que debía adoptar el Tribunal Supremo cuatro días después. Los ocho jueces de la minoría creen que la sentencia de Estrasburgo es de obligado cumplimiento aunque su ejecución no debería corresponder a la Audiencia Nacional. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado 12 de noviembre, por doce votos frente a cuatro, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuya aplicación da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.

Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha expresado durante el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la CEE celebrada en la mañana de este lunes la "preocupación" de los obispos por la "unidad" de España; por que las "heridas" del terrorismo no se curen por la "vía del arrepentimiento", y por las "leyes injustas" que conciernen a la familia y al matrimonio, en referencia a las leyes del aborto y el matrimonio homosexual. Durante su discurso, el arzobispo ha dedicado más tiempo a combatir el soberanismo que a la crisis económica que afecta a miles de familias. 

"Nos preocupa que la unión fraterna entre todos los ciudadanos de las distintas comunidades y terrirorios de España, con muchos siglos de historia común, pudiera llegar a romperse", ha declarado Rouco. El arzobispo de Madrid ha subrayado que la "unidad de la nación española" es una parte principal del "bien común de nuestra sociedad". En este sentido, ha defendido la importancia de los "criterios morales y pastorales, de justicia y caridad", defendidos por la Conferencia Episcopal Española, de carácter "prepolítico". "Estos criterios –ha explicado–deben regir la vida de la comunidad política en orden a la promoción del bien común".

El presidente de la CEE también ha recalcado la "preocupación" de los obispos por que las "heridas causadas por el terrorismo" no se "curen por la vía del arrepentimiento". Rouco ha señalado su miedo a que el "propósito de enmienda y de la satisfacción de las víctimas" no se lleve a cabo "por el camino del perdón y de la misericordia buscada, aceptada y concedida de corazón", en relación con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot. 

Por otro lado, el arzobispo ha señalado la preocupación de la Iglesia por "el presente y futuro del matrimonio y de la familia". "Con todo respeto e incansable insistencia –solicitarán al Gobierno–un giro positivo de la legislación y de la política sobre el matrimonio y la familia", ha explicado.

En referencia a las dificultades que afectan a la familia y al matrimonio ha recalcado que "es verdad que las leyes no son ni pueden ser la única ni tal vez la principal solución de estos problemas. Pero las leyes injustas contribuyen mucho al agravamiento de los problemas", ha precisado. "La actual legislación, que ni siquiera reconoce la realidad humana del matrimonio en su especificidad con una institución o figura jurídica adecuada, debe ser corregida y mejorada porque compromete seriamente el bien común". Rouco también ha insistido en la importancia del "ámbito de la educación y de la formación católica" para combatir "el egoísmo, que triunfa en la vida matrimonial y familiar de España".

Entre las dificultades que afronta España, Rouco ha señalado "la crisis económica" de la cual empieza a atisbar algunas señales de "recuperación", en sintonía con el discurso que mantiene el Gobierno en las últimas semanas. También ha hecho referencia a la necesidad de "reducir sustancialmente el paro", especialmente el que "sufren tantos jóvenes".

Tras examinar durante algo más de una hora y media un total de 15 recursos, dos más de los inicialmente previstos, los magistrados de la Sala han acordado la puesta en libertad de estos reclusos y la extinción de sus responsabilidades penales, tal y como solicitó la Fiscalía en consonancia con el criterio adoptado el pasado martes por el Tribunal Supremo.

Entre los terroristas excarcelados se encuentran José Antonio López Ruiz, Kubati, que fue condenado entre otros asesinatos por el de la disidente etarra María Dolores González, Yoyes; Gonzalo Rodríguez Cordero, condenado por participar en 19 asesinatos; y la miembro del comando Madrid Inmaculada Noble, que participó en 1986 en el asesinato del comandante Ricardo Saénz de Ynestrillas.

De esta forma, son ya 26 los asesinos (24 de ellos etarras) que han sido excarcelados por la Audiencia Nacional desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal de Estrasburgo condenara a España por aplicar de forma retroactiva la doctrina Parot a la etarra del comando Madrid Inés del Río.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió este martes, por doce votos frente a cuatro, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la doctrina Parot, cuya aplicación da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha concluido, tras tres horas de deliberación, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de aquellos presos a los que se les ha aplicado la denominada doctrina Parot.

Esta resolución supone avalar las excarcelaciones que hasta ahora se han producido por la Audiencia Nacional y algunas audiencias provinciales, aunque éstas serán recurribles ante esta Sala de lo Penal del alto tribunal según la propuesta del magistrado Miguel Colmenero, que ha obtenido el apoyo mayoritario.

Los 16 magistrados que integran la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han señalado, según ha informado el Tribunal Supremo al término del Pleno, reunido en Sala General, que en los casos de sentencias condenatorias dictadas con anterioridad del 28 de febrero de 2006 –fecha de la sentencia contra Henri Parot– la doctrina Parot no podrá aplicarse.

Igualmente, el tribunal considera necesario "que el Poder Legislativo regule con la necesaria claridad y precisión el cauce procesal adecuado en relación con la efectividad de las resoluciones del TEDH".

La reunión se produce después de que, el pasado viernes, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara no esperar al criterio del alto tribunal, que era lo que le había solicitado la Fiscalía y solicitó una buena parte de los magistrados de este órgano, y excarcelara a nueve etarras, entre ellos Domingo Troitiño, que habían visto alargada su estancia en prisión después de que les aplicaran la doctrina Parot.

El Partido Popular quiere desviar el foco de su último enfrentamiento con el expresidente del Gobierno José María Aznar a cuenta del plantón que el Ejecutivo y la dirección del partido escenificaron el pasado jueves en la presentación de su último libro en Madrid. Esto es, al menos, lo que se desprendió este sábado de la intervención de Mariano Rajoy en la clausura de la Interparlamentaria que el PP había celebrado durante dos días en Córdoba.

El presidente del Gobierno dedicó su media hora de discurso a hacer un repaso de la situación económica, a defender la unidad de España ante el desafío soberanista de Cataluña y, ligado a este último punto, a presumir de que su partido, a diferencia del PSOE, "es un partido de ámbito nacional, que dice las mismas cosas en todos los territorios del país".

Se trata, esta última, de una afirmación que chirría si se tiene en cuenta los enfrentamientos en el seno del PP que ha destapado el denominado déficit asimétrico o 'a la carta' para las comunidades autónomas. O el hecho de que, mientras el Gobierno insiste en que no se pueden bajar impuestos, barones como el madrileño, Ignacio González, hayan decidido abanderar este tipo de medidas con el consiguiente enfando del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de otros presidentes autonómicos de su mismo partido.

Recuerdo a las víctimas

En La Moncloa son muy conscientes de que la primera reacción del presidente del Gobierno a la sentencia de Estrasburgo contra la doctrina Parot fue un error que no se puede repetir. Que las primeras palabras que vertiera Rajoy sobre este fallo que provocará que decenas de etarras salgan a la calle en los próximos meses fueran "llueve mucho" irritó a las víctimas del terrorismo y a un importante sector del electorado del PP. Y sirvió para que Aznar lanzara un puyazo al líder del Ejecutivo.

Este sábado, lo primero que hizo Rajoy nada más ocupar el atril fue mostrar su solidaridad con las víctimas del terrorismo. Sólo un día antes, la Audiencia Nacional, sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo, había dispuesto la excarcelación de 9 terroristas. Domingo Troitiño, uno de los autores del atentado de Hipercor, está entre ellos.

"Son momentos duros y difíciles, especialmente para las víctimas [...] Yo quiero decirles que, más que nunca, estamos con ellas. Estoy convencido de que esta batalla la va a ganar la Justicia y las personas de bien", arrancó el presidente del Gobierno.

Acto seguido, tras insistir en la importancia de Andalucía para el partido que preside, dedicó la segunda parte de su intervención a la situación económica. El resumen de lo dicho en este campo está en esta frase: "Podemos decir a los españoles que hemos salido de la Unidad de Vigilancia Intensiva". "Os aseguro que veremos en España crecimiento sostenible y estable y creación de empleo [...] y que podremos decir cuando nos presentemos a las elecciones que estamos infinitamente mejor que en 2011", se comprometió ante diputados, senadores y otros cargos públicos del partido.

Situación en Cataluña

Fue refiriéndose al desafío soberanista de Cataluna cuando el presidente del Gobierno presumió de discurso único, a diferencia de los socialistas. Y tomó prestada una frase que horas antes había pronunciado Enric Millo, portavoz del PP de Cataluña en el Parlament: "En la Unión Europea no entraron 17 comunidades autónomas, entró España".

Rajoy sostuvo que su partido cree que "los españoles podemos vivir juntos". "No queremos poner aduanas a los sentimientos que nos unen desde hace siglos", dijo. "Ni queremos levantar fronteras, año 2013, entre vínculos que no se pueden romper ni entre afectos que no se pueden superar", completó.

Para el presidente del Gobierno "es irreformable lo que dice la Constitución en sus artículos 1 y 2. La soberanía nacional es del conjunto del pueblo español. Por tanto, yo de ese asunto nada tengo que reformar ni que dialogar".

La Audiencia Nacional dio este viernes un nuevo golpe al Gobierno y al PP al acordar la excarcelación de nueve etarras en aplicación del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que hace unas semanas tumbó la doctrina Parot, entre ellos uno de los autores del atentado de Hipercor, Domingo Troitiño, que ha pasado 26 años en prisión. La decisión llegó tras cerca de cinco horas de reunión y una votación muy ajustada: nueve magistrados a favor y ocho en contra.

Además, la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal fue tomada sin esperar al Tribunal Supremo, que tiene previsto debatir sobre el tema el próximo martes. Nada más producirse la liberación de la etarra Inés del Río, los abogados de 52 terroristas reclamaron que se aplicara el fallo de Estrasburgo a sus clientes. El Gobierno no niega lo delicado de un asunto que ya le ha generado algún enfrentamiento con las víctimas del terrorismo y que ha vuelto a poner de manifiesto la división entre dos sectores del Partido Popular. Pero tampoco niega que una vez que el fallo se ha producido hay poco margen de actuación. En este sentido, fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre admiten que el grueso de los presos a los que afectará la sentencia estará en la calle en los próximos seis meses. 

Con base en los datos facilitados por el Ministerio de Interior en los días posteriores al pronunciamiento del TEDH, esto implica que, en menos de medio año, más de 60 etarras abandonarán la cárcel. Esta sería la primera fase. Quedaría pendiente una segunda tanda, más lejana en el tiempo, para los próximos años, que afectaría a un número similar. Según avanzó el diario El País un día después del fallo, el departamento que preside el ministro Jorge Fernández había trasladado a Estrasburgo que la doctrina Parot afectaba a 93 etarras. 

La principal preocupación del Gobierno y del partido que lo sustenta está en esta primera fase. Es la más reciente, la más pegada a la sentencia y ha supuesto ya la salida a la calle de terroristas con grandes asesinatos a sus espaldas como Inés del Río y Domingo Troitiño. "Es fundamental que se fijen bien las bases. Se va a cumplir la ley. Pero no vamos a tolerar que cada salida de la cárcel sea un festival", insisten desde el Gobierno. 

Las mismas fuentes insisten en que están obligados a hacer mucha pedagogía desde la serenidad. "Ha quedado claro que al presidente del Gobierno y a su partido no le gusta lo que pasó en Estrasburgo, pero no cabe la insumisión por mucho que no nos guste", insisten. Además, el Gobierno va a seguir insistiendo en su mensaje de que con los terroristas ni se habla, ni se negocia ni se pacta nada hasta que no se disuelvan de forma definitiva y entreguen las armas. Esta fue la idea que trasladó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"El Gobierno lo tiene muy claro: ni negocia ni negociará con ETA y los terroristas solo tienen un fin, disolverse unilateralmente", dijo la número dos del Gobierno después de que se le preguntase si existía malestar en La Moncloa después de que el expresidente José María Aznar se preguntase en una entrevista concedida a la COPE por qué el exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, víctima de ETA, estaba fuera del PP y el etarra Bolinaga en la calle.

En el equipo de Rajoy no son ajenos al malestar de las víctimas y al del ala dura de sus dirigentes, militantes y votantes. Se trata de algo que constataron hace dos fines de semana en la madrileña plaza de Colón cuando la cúpula del partido, que se sumó a la concentración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), fue abucheada a su llegada al espacio reservado a autoridades.

Elecciones europeas

A estos elementos se suma que la primera de las fases de excarcelación coincidirá con la campaña de las elecciones europeas. Las encuestas internas que maneja el partido apuntan a que en esta ocasión los conservadores también quedarán por encima de los socialistas. Pero todavía no han medido el efecto real que la doctrina Parot puede tener sobre su electorado y cómo estará presente el tema en las semanas previas a la cita con las urnas.

En el PP todavía no han decidido cuál será su cabeza de lista. Cada vez más dirigentes conservadores están convencidos de que Mariano Rajoy volverá a echar mano de Jaime Mayor Oreja, uno de los exponentes del ala dura del partido, si el escenario se complica y el partido detecta una posible fuga de votos de sus electores más fieles.

El partido toma nota de sus 'errores'

Mientras, el PP, admiten fuentes de la formación, tiene más margen para posicionarse sobre el tema que el Gobierno. De hecho, este viernes, la dirección nacional censuró la decisión de la Audiencia Nacional de dictar la excarcelación de nueve etarras.

“Después de la decisión que ha adoptado la Audiencia Nacional, quería decir que nos parece una decisión absolutamente injusta, desde el más absoluto respeto a las decisiones de los jueces y a la aplicación de las normas de los jueces. Todos en el Partido Popular sentimos en este momento la indignación y repugnancia que sienten todas las víctimas del terrorismo y todos los ciudadanos de bien de nuestro país. Algunos podrán estar libres y no en la cárcel, pero siempre serán unos asesinos”, trasladó el vicesecretario de Organización y electoral del PP, Carlos Floriano, desde Córdoba.

El presidente del Gobierno clausurará este sábado en la ciudad andaluza la interparlamentaria de su partido.

Cuando a la vicepresidenta del Gobierno se le preguntó por el último roce entre el equipo de Mariano Rajoy y presidente de honor del PP, la dirección del partido ya había tenido la oportunidad de pronunciarse. Desde Córdoba, donde la formación celebra desde este viernes su reunión Interparlamentaria, el vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons, ya había negado también la existencia de una ruptura entre presidente y expresidente. Lo mismo hizo el portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso.

No obstante, en privado, destacados dirigentes lamentaban en último enfrentamiento y el hecho de que gran parte de éste se esté focalizando hacia la política antiterrorista. "un tema muy delicado para nosotros y para nuestro electorado", señalaba un diputado. Sólo un día antes, el día del plantón, Aznar inauguraba la mañana en Antena 3, donde concedió una entrevista en la que sostuvo que se queda "más tranquilo" cuando Rajoy defiende la unidad de España que cuando dice “hoy llueve mucho”. Una crítica dirigida a la primera reacción que tuvo el presidente del Gobierno cuando los periodistas le pidieron una valoración de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tumbó la doctrina Parot.

Y un día después, este viernes, el presidente de la Fundación FAES volvía a hurgar en la herida. "¿Por qué Ortega Lara está fuera del PP y Bolinaga en la cárcel?", se preguntaba ante los micrófonos de la cadena Cope. 

No pasa por alto que José Antonio Ortega Lara, ex funcionario de prisiones y víctima de la banta terrorista ETA, se marchó del partido en los meses previos al XVI Congreso Nacional del PP, que se celebró en junio de 2008. Éste dio un portazo al partido de Rajoy días después de hacerlo María San Gil, expresidenta del PP de Euskadi. El presidente del Gobierno nunca olvidará esa etapa en la que todo le iba cuesta arriba y en la que prácticamente a diario se cuestionaba su liderazgo desde diferentes sectores del PP y se amagaba con candidaturas alternativas a la suya. 

Sáenz de Santamaría fue preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por estas últimas declaraciones del presidente de honor de su partido y por el hecho de que ningún ministro acudiera a la presentación del libro. Sobre este último aspecto, intentó quitar hierro al asunto argumentando que no existe ruptura y que "siempre" escuchan a los expresidentes, máxime si es Aznar. Algo más dijo sobre la actuación del Ejecutivo en materia de política antiterrorista: "No es mi tarea hacer comentarios sobre opiniones que valoran cómo lo hace o deja de hacer el Gobierno. En política antiterrorista, el Gobierno lo tiene muy claro: ni negocia ni negociará con ETA y los terroristas solo tienen un fin, disolverse unilateralmente".

Hay también en el PP quienes vieron "muy en clave interna" el discurso de la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, en la inauguración de la interparlamentaria. "Nosotros miramos hacia el futuro, no al pasado", dijo. Además, sostuvo que su partido "no deja a nadie atrás".

La existencia de una negociación oculta entre el Gobierno de Rajoy y los terroristas es una de las acusaciones más recurrentes del ala dura del PP. De hecho, fue uno de los argumentos que emplearon algunos de los asistentes a la concentración contra la sentencia de Estrasburgo que tumba la doctrina Parot convocada hace dos fines de semana en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Precisamente, este viernes, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional dictaba la puesta en libertad de nueve etarras sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo.