La Comisión Europea propuso este martes reducir a la mitad las importaciones de acero libres de aranceles permitidas en la Unión Europea y duplicar el gravámen que se aplica a partir de esa cuota hasta el 50%, a fin de luchar contra el exceso de capacidad de producción global en el sector, debido sobre todo a la subsidiada industria china. 

La medida, que aún debe ser aprobada por la Eurocámara y por los Estados miembros, sustituirá a partir del 30 de junio de 2026 a la actual salvaguarda comercial para el acero y endurece sus condiciones para hacer frente a la situación "absolutamente insostenible" que afronta la industria europea por la competencia desleal de terceros, según fuentes comunitarias. 

En concreto, la propuesta propone reducir en un 47%, hasta los 18,3 millones de toneladas, la cuota de importaciones libres de aranceles y elevar del 25% actual hasta el 50% el gravámen aplicado a partir de ese umbral, lo que supone reducir los volúmenes sin tarifas a niveles de 2013, cuando el problema de sobrecapacidad global aún no había comenzado. 

Además, el Ejecutivo comunitario prevé obligar a que los importadores informen del país en el que se produjo la primera fundición y vertido del acero para mejorar la transparencia sobre el origen del metal y evitar que se eludan aranceles o sanciones declarando una procedencia distinta, por ejemplo, tras realizar solo una pequeña transformación en otro país.

Bruselas busca así hacer frente al problema global de exceso de producción en el sector del acero, que hace que su mercado se vea inundado de importaciones abaratadas gracias a subsidios y otras políticas estatales, sobre todo procedentes de China e India, pero también del sudeste asiático. 

La situación ha hecho que en la última década la cuota europea en el mercado mundial del acero haya caído al 8% y la capacidad de producción instalada en el continente al 67%, a lo que se suma ahora la guerra arancelaria por la que Estados Unidos ha impuesto un arancel del 50% a todo el acero europeo y que podría generar un desvío aún mayor de importaciones de terceros hacia la UE. 

Bruselas lleva años intentando negociar una solución al problema en foros internacionales y sobre todo con China, a la que considera "principal responsable" del exceso de capacidad global pero, lejos de desaparecer, el problema "esté empeorando". De ahí que la Comisión no vea "otra opción" que limitar las importaciones para evitar una situación que podría ser "fatal" para la industria europea, explicaron fuentes comunitarias. 

El Ejecutivo comunitario no ha incluido en la propuesta una asignación por país de los 18,3 millones de toneladas libres de aranceles puesto que prevé negociarlas "tan pronto como sea posible" con los países interesados en el seno de la Organización Mundial del Comercio. 

Con esta oferta, Bruselas quiere empujar a sus socios comerciales, sobre todo aquellos más afines, a buscar soluciones comunes al problema global de sobrecapacidad en el sector, por lo que a la hora de fijar posibles asignaciones nacionales tendrá en cuenta si hay acuerdos en este sentido, además de otros factores.

La Comisión tendrá especial consideración con los países candidatos a la adhesión a la UE o los que tengan necesidades de seguridad inmediatas, como Ucrania, pero solo prevé eximir de la salvaguarda a los miembros del Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein).

Los mayores proveedores de acero a la UE, y principales afectados por el endurecimiento del arancel, son Turquía, India, Corea del Sur, Vietnam, China, Japón, Reino Unido y Ucrania. 

Por otro lado, la Comisión espera que la medida dé un aliciente a Estados Unidos para negociar la situación del acero, después de que este quedase fuera del acuerdo comercial de julio que garantizó un arancel tope del 15% al grueso de productos europeos. 

"Creemos que ofrecerá una base para entablar negociaciones con EEUU sobre la adopción de medidas conjuntas para abordar el exceso de capacidad, pero también para examinar la relación bilateral que tenemos sobre el acero y, con suerte, encontrar un mejor trato que el 50% actual", explicó un alto funcionario.

La Comisión Europea (CE) anunció este jueves un litigio ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Estados Unidos por sus aranceles universales y los que ha impuesto a automóviles y piezas de automóviles, con la presentación formal de una solicitud de consultas en Ginebra. En paralelo, Bruselas abrió este jueves una consulta pública sobre una nueva lista de productos industriales y agrícolas estadounidenses, por valor de 95.000 millones de euros, a los que podría imponer aranceles como contramedida si fracasan las negociaciones sobre la guerra comercial con Washington, que incluyen artículos como el bourbon.

También va a consultar sobre la posibilidad de restringir determinadas exportaciones a Estados Unidos de chatarra de acero y productos químicos desde la Unión Europea, por un valor de 4.400 millones de euros.

La Comisión, que no ha querido dar detalles sobre cómo marchan las conversaciones con Washington, está dispuesta a contemplar esas nuevas contramedidas si las negociaciones “no desembocan en un resultado mutuamente beneficioso y en la supresión de los aranceles estadounidenses”. El movimiento responde igualmente a los aranceles generales del 10% que aplica EEUU y del 25% a los coches y sus componentes.

“La UE sigue plenamente comprometida con la búsqueda de resultados negociados con Estados Unidos. Creemos que pueden alcanzarse buenos acuerdos en beneficio de los consumidores y las empresas de ambos lados del Atlántico”, indicó en un comunicado la presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen. Agregó que, al mismo tiempo, seguimos preparándonos para todas las posibilidades, “y la consulta impulsada -que estará abierta hasta el 10 de junio- nos ayudará a orientarnos en este trabajo necesario”.

La opinión de la Unión Europea (UE) es que los aranceles estadounidenses “violan flagrantemente las normas fundamentales de la OMC”, según explicó la Comisión, cuyo objetivo es “reafirmar que las normas acordadas internacionalmente son importantes y no pueden ser incumplidas unilateralmente por ningún miembro” de la organización con sede en Ginebra.

El primer paso de un proceso ante la OMC, recordó la Comisión, es pedir a otro país celebrar consultas para tratar de solucionar sus diferencias: “Hoy lo anunciamos y es algo que vamos a hacer en las próximas semanas”, indicaron fuentes comunitarias.

Una vez que la UE presente formalmente su solicitud de consultas a la OMC, las dos partes tendrán hasta dos meses para encontrar una solución de mutuo acuerdo y, si las conversaciones fracasan, la UE podrá solicitar la creación de un panel que evaluará el fondo del asunto. La Comisión también indicó que sigue vigilando atentamente el posible desvío de exportaciones mundiales hacia el mercado de la UE que podría provocar los aranceles estadounidenses impuestos a terceros países.

Entre tanto, aseguró que “seguirá negociando con otros socios comerciales para encontrar nuevas salidas a las exportaciones y diversificar nuestras fuentes de suministro”, así como trabajando para reducir las barreras y reforzar el mercado único de la UE. Fuentes comunitarias subrayaron que, más que de “represalias”, es necesario hablar de “reequilibrar” la situación si los aranceles estadounidenses finalmente se mantienen más a medio o largo plazo.

Sobre el anuncio de EEUU de que podría imponer aranceles del 100% a las películas producidas fuera del país, las fuentes dijeron que dejan "abiertas todas las posibilidades, incluido medidas sobre servicios”, y aunque por el momento no van a abrir una consulta pública sobre ese sector aseguraron que la Comisión está abordando el caso. “Primero tenemos que ver qué medidas queremos y, luego, qué instrumento legal emplear. El instrumento anticoerción es una posibilidad”, recordaron.

El presidente Trump ha impuesto aranceles del 25% al acero, el aluminio y los automóviles europeos, así como un tipo general del 10% a las importaciones de la UE. Y ha suspendido hasta principios de julio la duplicación de ese arancel fijo al 20%, a la espera de las negociaciones con el bloque comunitario que capitanea la CE.

Por su parte, el Ejecutivo comunitario adoptó a mediados de abril contramedidas valoradas en 26.000 millones de euros en aranceles a importaciones de EEUU en respuesta a los impuestos por Trump al acero y al aluminio, que están congelados para dar una oportunidad a la negociación con Washington.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) ha dictaminado este viernes que los aranceles que Estados Unidos aplica desde 2018 a las importaciones de aceitunas negras de mesa procedentes de España, impuestos bajo la administración de Donald Trump, incumplen las normas de la institución multilateral, informa Europa Press. 

El grupo especial de la OMC que se ha pronunciado sobre el caso ha determinado, según ha informado la Comisión Europea en un comunicado, que Estados Unidos "no determinó correctamente si las subvenciones iban dirigidas a los productores de aceitunas" y consideró "incorrecto" el cálculo de la tasa de subvención para una de la empresas españolas afectadas.

Washington impuso desde agosto de 2018 impuestos a la entrada de aceitunas de mesa españolas unos aranceles que oscilan entre el 30% y el 44% en virtud de sus dos investigaciones antidumping y antisubvenciones. Bruselas, con competencias en materia de comercio en la UE, recurrió esta decisión ante el organismo con sede en Ginebra.

En concreto, Bruselas alegó en nombre de toda la UE que estos aranceles son contrarios a determinadas disposiciones del GATT de 1994, del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y del Acuerdo Antidumping.

El Ejecutivo comunitario defendía que las ayudas a los productores españoles de aceituna negra de mesa se enmarcan dentro de las ayudas desacopladas de la Política Agrícola Común (PAC), que están permitidas por la OMC por no depender de la producción. Bruselas, por tanto, además de defender a los productores españoles, acudió a la institución internacional para reivindicar indirectamente la legalidad del sistema de ayudas agrícolas de la UE.

La UE y España urgen a EEUU a acatar la decisión 

Tras conocerse la decisión, tanto la UE como el Gobierno español han instado a Estados Unidos a adoptar las medidas necesarias para "ponerse en conformidad con las recomendaciones" adoptadas este viernes por el grupo especial de la OMC. "Esperamos que Estados Unidos adopte las medidas adecuadas para aplicar el dictamen de la OMC, de modo que puedan reanudarse en condiciones normales las exportaciones de aceitunas negras de España a ese país", ha destacado el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis.

El letón ha destacado además que los derechos antisubvenciones "no están justificados" y "han afectado gravemente a los productores españoles de aceitunas" provocando "una caída drástica de sus exportaciones a Estados Unidos". Según los datos de la Comisión Europea, las exportaciones aceitunas negras de España a Estados Unidos antes de la adopción de los aranceles alcanzaban un valor de 67 millones de euros al año y desde la imposición de los impuestos han disminuido casi un 60%.

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha calificado de "excelente noticia" la decisión del panel. "Siempre hemos defendido que las medidas antisubvención a la aceituna negra española están totalmente injustificadas y así lo ha ratificado la propia OMC", ha subrayado en un comunicado. A su juicio, se trata de "un gran paso para llegar a una solución definitiva con el Gobierno estadounidense para que elimine estas medidas que tanto daño están haciendo a la exportación de aceituna negra española".

El Gobierno cuenta con dos potenciales candidatos a dirigir organismos internacionales: los ministros de Ciencia, Pedro Duque, y Exteriores, Arancha González Laya, a quienes España valora presentar en la carrera por dirigir la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Previsiblemente, será el futuro de González Laya el que se despeje antes, dado que España tiene de plazo como máximo hasta el próximo 8 de julio para presentar formalmente su candidatura. En el caso de la ESA, el proceso de renovación de su director general, cuyo mandato no expira hasta junio de 2021, no se ha abierto aún.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lleva tiempo pensando en el ministro Duque como candidato a dirigir la ESA, en cuyo cuerpo de astronautas se formó a partir de 1992. Además de participar en diversas misiones espaciales de la ESA, la NASA y la Estación Espacial Internacional, Duque ha desempeñado tareas directivas en la agencia europea y en la empresa privada como ejecutivo de Deimos Imaging, compañía dedicada a la observación de la Tierra con satélites y estaciones en superficie.

El paso de Duque como ministro del Gobierno español al frente de la cartera de Ciencia completa un perfil que se ajusta como un guante al puesto de director general de la ESA, que eligen cada cuatro años los 22 países miembros de la agencia (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza).

Al frente de la ESA está desde 2014 el alemán Johann-Dietrich Wörner, cuyo mandato termina el 30 de junio de 2021 y que no piensa renovar. Pese a que las opciones del ministro Duque para dirigir la ESA se llevan con sigilo en el seno del Ejecutivo, el Gobierno ya ha dado algún paso para ir levantando posibles obstáculos a su candidatura. El año pasado, ya con Duque al frente del Ministerio de Ciencia, España se comprometió a aumentar un 30% su aportación a la agencia para el periodo 2020-2026, hasta alcanzar los 1.658 millones de euros, lo que situaría la contribución española en torno al 7 por ciento del total del presupuesto de la agencia, que es lo que España debería aportar a la ESA en función de su PIB.

La candidatura de Laya

Al plan de postular a Duque en la ESA se ha sumado recientemente las opción que parece abrirse para que la jefa de la diplomacia española se sitúe al frente de la OMC. Una posibilidad que Sánchez, según señalan a Europa Press fuentes de su entorno, no contemplaba cuando la fichó para el Gobierno. El presidente sopesa ahora las opciones de que España se haga con ese puesto. Entre los elementos que deberá valorar estará el análisis sobre si la decisión de pelear por la OMC le puede restar apoyos a otras candidaturas que quisiese promocionar España, como la de Duque.

El nombre de la ministra española como potencial aspirante a dirigir la OMC lo publicó la revista alemana Wirtshaftswoche hace dos semanas. En múltiples entrevistas desde entonces, ella se ha limitado a decir que acaba de llegar a la cartera de Exteriores y que ésa es la labor que ocupa todas sus energías. Eso sí, también ha dejado claro que tener cargos en organizaciones internacionales es beneficioso para España. Esta semana la ministra ha participado en dos foros de think tanks donde se le han preguntado sus puntos de vista sobre la organización pero sin alusiones concretas a si presentará o no su candidatura.

Sánchez deberá decidir en las próximas semanas si opta por lanzar a González Laya a la carrera por dirigir la OMC, pese a que este puesto no estaba en principio en su radar. Y es que en mayo pasado, en plena pandemia de coronavirus, el actual director de la OMC, el brasileño Roberto Azevedo, anunció por sorpresa que dejará el cargo el próximo 31 de agosto, un año antes de que expire su mandato. Los aspirantes a sucederle deben presentar sus candidaturas entre el 8 de junio y el 8 de julio próximo, por lo que la eventual candidatura de González Laya deberá concretarse en el corto plazo.

Las candidaturas no se presentan a título individual, sino que deben hacerlo los gobiernos de sus respectivos países. Entre los interesados están la exministra keniana Amina Mohamed y el excomisario europeo de Comercio Peter Mandelson, según publicó el Financial Times, añadiendo no obstante que sería difícil que la UE apoyase a un británico en este momento.

Otros nombres que han circulado en prensa internacional son el del actual comisario europeo de Comercio, el irlandés Phil Hogan; su antecesorsa Cecilia Malström (sueca), la ministra holandesa Sigrid Kaag, el suizo-egipcio Hamid Mamdouh (ex alto cargo de la OMC), el nigeriano Yonov Frederick Agah, que es uno de los cuatro vicedirectores de la OMC y el beninés Eloi Laourou, embajador de su país ante los organismos de la ONU en Ginebra.

Los Gobiernos africanos defienden que el próximo director de la organización debe proceder del continente, mientras Europa defiende que es momento de un candidato occidental. El nombre de González Laya no lleva mucho tiempo en las quinielas para los conocedores de la OMC que, además, hasta ahora nunca ha tenido una mujer al frente.

No obstante, el procedimiento de elección es complejo y genera muchas fricciones políticas, hasta el punto de que la razón que ha dado Azevedo para marcharse un año antes es despejar este asunto y que después la organización pueda consagrar toda su energía a la Conferencia Ministerial prevista para 2021. Todo ello en un momento de profunda crisis para la organización, ya que Estados Unidos se opone desde el 11 de diciembre a la renovación del órgano de apelación en los litigios comerciales.

Más allá de los nombres de Duque y González Laya que pueden contribuir a reducir el déficit de españoles al frente de organismos internacionales, España aspira a atraer a su territorio las sedes de dos centros europeos. Recientemente ha presentado la ciudad de Barcelona candidata a albergar la tercera sede del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicos a Plazo Medio, y al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, ubicado en León, como sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Seguridad.

22 de febrero de 2020. Los ministros de Economía y los gobernadores de los Bancos Centrales de los Estados miembros del G20 se reúnen en Riad para preparar la decimoquinta cumbre del grupo, programada para el próximo mes de noviembre en la capital saudita. Y lo hacen con la vista puesta en el posible impacto que puede tener para la economía mundial el brote de coronavirus que ya había costado la vida a más de dos millares de personas en suelo chino. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, avisa de que la crisis sanitaria puede restar una décima al crecimiento global si la epidemia se contiene rápidamente y la economía del gigante asiático vuelve a la normalidad en el segundo trimestre del año. No obstante, señala que también se están analizando escenarios más adversos en los que la expansión se prolongue durante más tiempo y de forma global. En ese caso, avisa, el frenazo puede ser mucho más importante a gran escala. “La economía mundial está lejos de encontrarse sobre terreno sólido. […] El coronavirus de China es nuestra incertidumbre más urgente”, había dejado escrito la economista búlgara pocas horas antes de ese encuentro.

El escenario terminó siendo el más adverso. Ya son más de 3.900 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, las que viven en países en los que el confinamiento es obligado o recomendado. Un nuevo escenario de parálisis que ha llevado al Fondo Monetario Internacional a revisar sus previsiones. Si hace dos semanas el organismo avisaba de una crisis económica “tan mala o peor” que la desencadenada en 2008 con la caída de Lehman Brothers, este jueves la directora gerente alertaba desde Washington de un desplome como nunca antes visto, una “prueba” para la “humanidad” con el peor impacto vivido desde la Gran Depresión de la década de los treinta. Si hace tres meses el FMI calculaba que 160 Estados experimentarían un crecimiento durante 2020, ahora estima que 170 países entrarán en recesión a lo largo del ejercicio. España será uno de ellos. Las previsiones del hundimiento del PIB se mueven entre el 3% y el 9%. Y los expertos consultados por infoLibre no creen que la recuperación vaya a ser igual de rápida que la caída. “Comenzará cuando la actividad empiece a tener un ritmo cercano al normal. Y para eso falta mucho”, dicen.

Las proyecciones económicas no son nada esperanzadoras tras la declaración del brote como pandemia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que hace unos días alertaba de que cada mes de confinamiento podía suponer un retroceso del PIB global de dos puntos –el FMI lo eleva a tres puntos–, ha pronosticado un desplome importante. Lo ha hecho a través de sus indicadores compuestos (CLI, por sus siglas en inglés), una herramienta que permite detectar inflexiones de la actividad económica a más de seis meses vista: si aumentan adelantan un crecimiento sostenido, mientras que si disminuyen anticipan recesiones. Publicados este mismo miércoles por el conocido como club de los países ricos, los CLI registraron en marzo la mayor caída mensual de la serie histórica. Si se tiene en cuenta el área OCDE, pasaron de 99,6 a 98,8 puntos, un retroceso de ocho décimas. No obstante, desde el organismo avisaron de que hay que interpretar estas cifras “con cuidado” ante la “considerable incertidumbre sobre la duración de las medidas de confinamiento”.

Tampoco son buenos los últimos datos que ha puesto sobre la mesa la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según sus cálculos, el movimiento mundial de mercancías a lo largo de este ejercicio puede experimentar un descenso de entre el 13% y el 32%. En cuanto a las exportaciones, el organismo vaticina que se verán especialmente resentidas en América del Norte y Asia. De hecho, los datos hechos públicos por China ya reflejaron una caída del 17,2% durante los dos primeros meses del año. “Las cifras son feas, no hay cómo negarlo. Con todo, una recuperación rápida y vigorosa es posible. Las decisiones que se adopten hoy determinarán la configuración futura de las perspectivas de recuperación y crecimiento mundiales”, afirmó este jueves Roberto Azevêdo, director general de la OMC. Estas previsiones, además, señalan que es posible que el desplome sea más pronunciado en sectores caracterizados por la complejidad de las cadenas de valor, sobre todo en el caso de los productos electrónicos y de la industria del automóvil.

Europa, por supuesto, no se libra de los malos pronósticos. El Índice de Gestores de Compra (PMI, por sus siglas en inglés) del mes de marzo, elaborado por la empresa Markit desde hace más de una década, refleja la mayor caída de toda la serie histórica de la actividad del sector privado de la zona euro –el indicador ha retrocedido de los 51,6 puntos de febrero hasta los 31,4–. La agencia de calificación Moody’s, por su parte, prevé que la economía de la eurozona se contraiga un 2,2% durante este año, frente al 1,2% de crecimiento que le daba antes de la crisis sanitaria. También ven nubarrones de recesión en el Viejo Continente los analistas de los cinco principales institutos económicos alemanes. No obstante, esperan que la economía pueda comenzar a repuntar a mediados de año, una recuperación en forma de “V” que sólo será posible –dicen– si se empiezan a levantar las restricciones de forma progresiva desde finales de abril. Por el momento, los expertos germanos calculan que el PIB de su país se ha contraído durante el primer trimestre un 1,9%. En Francia, la economía ha retrocedido un 6% sólo entre enero y marzo.

Un misil contra la economía española

Ante un escenario inédito, el Banco de España ha decidido retrasar sus previsiones hasta contar con más información. Proyecciones que sí se han puesto sobre la mesa desde otros sectores. Los economistas alemanes, por ejemplo, estiman que el PIB español retrocederá un 8% durante este año, una cifra que desde la patronal de los empresarios CEOE elevan hasta el 9%. Algo más reducido es el impacto que pronostican Funcas y el Consejo General de Economistas: una contracción de la economía del 3% y el 4%, respectivamente. “Hay una gran incertidumbre sobre las cifras. Ahora hacer previsiones es complicado. Lo que sabemos es que vamos a tener una recesión muy seria, que en mi opinión se va a mover en una caída de entre el 5% y el 10% para todo el año. En el segundo trimestre va a ser mucho peor, pero confiemos en que al final se quede más cerca del 5%”, explica en conversación con infoLibre Santiago Carbó, catedrático de Economía de Cunef, que considera que el desplome de la economía española puede ser mayor que el de otros países europeos por la dependencia del turismo, que ha perdido “todo o gran parte del verano”.

En una columna titulada “¿En qué acabará el ‘crash’ de 2020?”, publicada en el diario El País, el analista financiero Juan Ignacio Crespo apuntaba hacia un repunte rápido: “Habrá cifras recesivas tremendas por causa de la interconexión mundial, pero que mejorarán, una vez pasado el contagio, también a toda velocidad”. Carbó, sin embargo, no es particularmente optimista. “La recuperación comenzará cuando la actividad empiece a tener un ritmo cercano al normal. Y para eso falta mucho”, señala. Tampoco se atreve a hacer predicciones sobre esto el economista Javier Santacruz, que explica que tanto las estimaciones de hundimiento como las de repunte dependen mucho tanto de “las estrategias de gestión de la crisis sanitaria” como de las medidas que se tomen con posterioridad para ir normalizando la situación. “Hay dos grupos de países. Por un lado, los que han optado por medidas fuertemente restrictivas de la actividad económica, como España. Por otro, los que han optado por estrategias más selectivas. Donde se ha querido mantener la actividad de la economía, aunque sea a un ritmo muy bajo, será más sencillo recuperarse”, apunta.

El catedrático de Economía de Cunef cree que es necesario poner “más carne en el asador” para evitar que miles de empresas o microempresas desaparezcan. Por el momento, no hay muchos datos sobre el impacto económico de las medidas que se han ido aprobando desde el Ejecutivo central. Sí que hay, no obstante, algunas estimaciones. Los economistas José Boscá, Rafael Doménech y Javier Ferri han intentado en un artículo publicado en el blog Nada es Gratis hacer una aproximación sobre la capacidad de las decisiones aprobadas a la hora de mitigar los efectos de la crisis. “A cambio de un aumento elevado del déficit público durante 2020 (de unos 3,5 pp del PIB con respecto al escenario anterior a la epidemia) se reduce en algo menos de la mitad la caída del consumo privado en 2020 respecto al escenario sin medidas, se detiene la caída anual de la inversión (por la fuerte recuperación a partir del tercer trimestre), y se reduce a menos de la mitad la disminución del PIB en el segundo trimestre, facilitando el rebote de la economía en la segunda mitad del año y la recuperación en ‘V’ de la economía”, concluyen.

Destrucción de empleos

Todos los ojos también están puestos sobre el mercado laboral. La Organización Internacional de Trabajadores (OIT) calcula que la pandemia puede provocar en el segundo trimestre del año una reducción de empleo de un 6,7% de las horas trabajadas, lo que equivale a unos 230 millones de trabajadores a tiempo completo con jornadas semanales de 40 horas. Sobre este asunto también se ha pronunciado en las últimas horas la OCDE, quien ha constatado que “el desempleo ha aumentado bruscamente en la mayoría de los países” que han recopilado sus datos de marzo. En Estados Unidos, por ejemplo, se destruyeron desde mediados de marzo 16,8 millones de puestos de trabajo. Y España, según los datos ofrecidos hace justo una semana por el Ministerio de Seguridad Social, cerró el mes pasado con casi 834.000 empleos menos. Por sectores, los mayores desplomes porcentuales desde la activación del estado de alarma se registraron en la construcción, que se dejó un 12,31% respecto a febrero, y el sector servicios, que retrocedió un 4,4%. En cuanto a la cifra de paro, se incrementó en más de nueve puntos, el mayor repunte de toda la serie histórica.

Tanto Carbó como Santacruz dan por descontado que el impacto en el mercado laboral será “importante”. El catedrático de Economía no cree que vayamos a alcanzar los niveles de la Gran Recesión, pero sí calcula que el paro pueda terminar moviéndose alrededor del 18%. “Confiemos en que el año que viene, a medida que la economía se vaya recuperando, esto se pueda ir corrigiendo”, apunta. “Si se consigue que la renta disponible de los hogares no caiga demasiado, el consumo va a ser la principal fuerza de recuperación y eso hará que el mercado laboral también se recupere gradualmente”, sostiene Santacruz. Optimista es también este último economista con los mercados financieros, que vivieron momentos críticos en marzo: “A lo largo de todo este año esa recuperación va a ser muy notable. […] Los inversores ya han descontado las consecuencias más graves de esta crisis sanitaria”. Algo que Carbó no tiene tan claro: “Todavía quedan semanas de volatilidad y también alguna corrección. […] Hasta que no tengamos una estabilidad clara en todo el mundo, los mercados no se van a recuperar porque la economía no se va a recuperar”.

La nueva ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación será Arancha González Laya, han confirmado fuentes del Palacio de la Moncloa. González Laya es la actual directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, una agencia conjunta de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio, destinada a que las empresas en países en desarrollo sean más competitivas en el mercado global. Con su nombramiento se pone de manifiesto la intención anunciada por el Gobierno de dar a la cartera de Exteriores un perfil que dé prioridad a la diplomacia económica, informa Europa Press.

Nacida en San Sebastián en 1969 y criada en Tolosa (Gizpuzkoa), es jurista de formación. Tras comenzar su carrera en el sector privado, desempeñó varios cargos en la Comisión Europea en el ámbito de las relaciones internacionales, el comercio, la comunicación y la cooperación al desarrollo.

En esa institución fue portavoz del francés Pascal Lamy cuando era comisario de Comercio y posteriormente directora del gabinete de éste durante su mandato de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como su representante en el G-20.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y posee un postgrado en Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid. Habla euskera, inglés, francés, alemán e italiano.

Actualmente preside el Consejo Global de Campeones por la Igualdad de Género (International Gender Champions) y copreside el Consejo sobre el Futuro del Comercio y de la Inversion del Foro Económico Mundial (WEF).

Los aranceles estadounidenses a productos agroalimentarios europeos, como represalia del conflicto por las ayudas públicas a Airbus en el marco de la OMC, entran en vigor este viernes, informa Europa Press. Esta decisión se ampara en la resolución por parte del panel de arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de una disputa por subsidios de la UE a la aviación civil, que ha autorizado a Estados Unidos a imponer contramedidas a la UE por valor de 6.800 millones de euros (afectando a España por un valor en torno a 790 millones de euros).

El Banco de España ha estimado que el incremento de los aranceles a productos agroalimentarios españoles desde el 3,5% actual hasta el 25%, implicará un descenso de las ventas de estos productos a la economía norteamericana de, al menos, el 12%, es decir, unos 95 millones de euros, casi el 0,01€ del PIB.

De su lado, los técnicos de Aduanas, representados en Gestha, han estimado que los aproximadamente 700 millones de euros de determinadas exportaciones españolas soportarán un nuevo coste arancelario de casi 120 millones de euros. De este modo, España será el sexto país de la Unión Europea que más sufrirá los nuevos aranceles de Estados Unidos, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia e Irlanda.

Sin embargo, Gestha asegura que el impacto de la medida en España afectará apenas al 0,7% de todas las exportaciones españolas y para los sectores afectados por las medidas de Estados Unidos será "significativamente menor de lo esperado", pues las ventas a este país son el 4,5% de las exportaciones mundiales, y de ellas solo el 5,5% estarán afectadas por el arancel.

Al mismo tiempo, las medidas arancelarias ponen en peligro las ventas a este país de los ocho sectores más afectados −aceite de oliva, vino, aceitunas, quesos y otros lácteos, productos del porcino, zumos, licores, moluscos y frutas preparadas o conservadas−, y podrían suponer la pérdida de más de 5.000 empleos en España.

Los productos españoles más afectados por el aumento arancelario que aplicará el Gobierno de Donald Trump serán el aceite de oliva y las aceitunas, cuya presencia en el mercado estadounidense es casi una quinta parte de las exportaciones de aceite y el 23,7% de las exportaciones de aceitunas. Al mismo tiempo, el mercado de Estados Unidos de los vinos españoles en 2018 fue el cuarto en cuanto a exportaciones españolas en valor, con un total de 325 millones de euros exportados y un volumen de 90 millones de litros. Por lo que respecta al vino afectado (vinos tranquilos envasados de menos de 14 grados), el valor de las exportaciones en 2018 rondaría los 240 millones de euros, ya que están excluidas categorías como los espumosos o los vinos generosos.

A raíz de esta política arancelaria, el sector agroalimentario español se ha aliado para ejercer presión negociadora hasta el último momento, tanto en las relaciones directas del Ejecutivo español con Estados Unidos, como por parte de la Unión Europea, para llegar a un acuerdo que evite la aplicación de los aranceles o al menos su "congelación".

España exportó a Estados Unidos el pasado año por valor de 1.843,47 millones de euros y el país norteamericano es el primer mercado de destino de las exportaciones de alimentos y bebidas después de la Unión Europea.

El Gobierno pide a la UE ayudas para el sector agroalimentario

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha reclamado a la Unión Europea (UE) la puesta en marcha de ayudas "suficientes" al sector agroalimentario si los nuevos aranceles que Estados Unidos aplica desde este viernes a productos como el aceite de oliva, las aceitunas o el vino se convierten en "irreversibles".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Calvo ha lamentado que los nuevos aranceles de EEUU van a "afectar de manera muy injusta a productos muy importantes de todo el modelo agroalimentario español y andaluz" y ha recordado que se trata de una "situación que tenemos que afrontar en el marco de la política común europea" aunque ha querido dejar claro que "vamos a intentar también jugar nuestras cartas en las relaciones bilaterales".

En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, y la delegación española en la UE "ha hecho ya reservas suficientes acerca de las ayudas que necesitaremos en caso de que esta situación sea irreversible", ya que ha apuntado que Estados Unidos "es un país cuyo presidente también revisa sus decisiones, así que nada es descartable, pero es cierto que esta amenaza entra hoy en la realidad". "Somos conscientes de que habrá que trabajar mucho con los sectores y con las ayudas que debemos intentar propiciar. Lo hemos hecho valer también en los ámbitos comunitarios porque la relación bilateral que podamos manejar tiene una posibilidad muy reducida porque esta es una negociación que tendremos que hacer desde la propia UE y a la que tendrá que contestar EEUU", ha insistido.

Como prueba de esta actividad del Gobierno, Calvo ha recordado que el ministro Planas "ha vuelto de Luxemburgo y Bruselas donde vamos haciendo nuestro trabajo y hoy el presidente Sánchez está en el Consejo y somos muy conscientes de cómo puede afectar a algunos productos que son capitales para nuestro Producto Interior Bruto (PIB)".

Quedan poco más de tres meses para que el Reino Unido abandone por completo la Unión Europea y la falta de acuerdo en el Parlamento británico sobre el Brexit pactado por Theresa May con Bruselas alimenta la posibilidad de que la ruptura se produzca de forma abrupta.

Ante un escenario de desconexión incontrolada, la Comisión Europea se está preparando por si finalmente Westminster rechaza el 9 de enero la alternativa consensuada y se opta por una ruptura sin acuerdo. Así, desde los organismos comunitarios se ha presentado este miércoles, y de manera “unilateral” y “temporal”, un paquete de 14 medidas preventivas para evitar que, llegado el 29 de marzo —día fijado para que finalice el período de transición—, los barcos y camiones con mercancías no queden varados en los controles fronterizos, o que los millones de europeos que residen en las islas británicas se queden repentinamente desprotegidos.

Los ámbitos donde se espera un mayor impacto, y donde Bruselas ha empezado a estudiar planes paliativos, son los transportes de mercancías y personas, la circulación de capitales y los derechos de los europeos que trabajan y/o residen en el Reino Unido. En su día, y sin la actual incertidumbre que refleja la Cámara de los Comunes, la Comisión ya advirtió a gobiernos, empresas y ciudadanos de que el Brexit sería un proceso que les iba a causar "perturbaciones significativas".

1. Colapso en los puertos y camiones retenidos

Uno de los principales temores se centra en la movilidad de mercancías entre las islas y el continente. Se estima que, tras la salida de la Unión Aduanera, los nuevos controles en las fronteras acarreen el colapso en puertos como el de Dover y que los camiones obstruyan los accesos por el Canal de la Mancha a la espera de la resolución de los trámites de aduana. Precisamente por si se produjeran estas congestiones, a ambos lados del Canal se han empezado a habilitar áreas de espera para vehículos pesados.

El Gobierno británico, en previsión de la catástrofe, prorrogará durante nueve meses los permisos que los transportistas extranjeros tienen para entrar y salir del Reino Unido, igual que los servicios aéreos que se dedican a transportar mercancías. Además, el Ministerio de Defensa ha adelantado que enviará unos 3.500 soldados a atender posibles desórdenes en puertos y aeropuertos en caso de que, finalmente, no haya acuerdo. Aunque ambos mercados —británico y europeo— seguirán comerciando, numerosas empresas se han puesto a reforzar su personal de aduanas y a estudiar planes frente a las nuevas actuaciones en las cadenas de suministro. Países como Francia u Holanda han iniciado estrategias de refuerzo de plantilla e instalaciones en las aduanas para tratar de aliviar el previsible colapso.

Acerca de la posible confusión en puertos y carreteras, el experto en logística e infraestructuras de transporte de la Universitat Oberta de Catalunya Eduard Josep Álvarez duda de que el tráfico marítimo se vea especialmente afectado ya que, a pesar de que la mayoría de las mercancías se trasladan en barco, “la demanda de mercancías de Reino Unido no depende de un único puerto”, por lo tanto, añade, “simplemente se trata de reasignar carga a otros puertos”, que ya "están acostumbrados a recibir mucha mercancía de todos los países del mundo". Aun así, Álvarez destaca que algunas terminales son privadas y adelanta que cabe la posibilidad de que, de entrada, se nieguen a gestionar mercancía extra y después pidan algún tipo de compensación estatal.

En cuanto a los camiones que transitan por el Eurotúnel, que conecta Inglaterra con Francia, el experto cree que en este caso "sí se pueden generar complicaciones", pero matiza que dependerá de dónde se establezca la aduana y aconseja erigir una infraestructura adecuada a la nueva situación. “Lo único que puede pasar con la mayoría de las mercancías es que se encarezcan", dice, por el retraso que puede suponer formalizar todos los trámites a la entrada y salida del Reino Unido. También ve un problema con los productos perecederos porque países como España o Francia exportan muchos de estos productos —como fruta— y “no es lo mismo que el camión entre directamente a que esté parado durante horas en una aduana”; además de aumentar el precio, asegura, está el problema de mantener refrigerada la mercancía.

2. Merma y pérdidas en el tráfico aéreo

Los pronósticos apuntan también a que el tráfico aéreo será otro de los puntos conflictivos si se materializa la vía dura. Se teme, por ejemplo, que el 29 de marzo, fecha de la desconexión, los aviones con salida o destino Reino Unido se queden en tierra. Para que esto no suceda, el Ejecutivo de Theresa May, igual que con el transporte terrestre, ha decidido prolongar durante un año algunos servicios aéreos. Aun así, esta garantía solo cubre aspectos básicos —principalmente los vuelos directos entre las islas y el continente—, muy alejados de la cobertura que ofrece el espacio comunitario.

Según el Consejo Internacional de Aeropuertos de Europa, sin un Brexit consensuado la aviación comercial de la UE perderá en torno a 30 millones de pasajeros en menos de diez años y casi 5.000 millones de euros de beneficios. La misma organización informa de que el número de viajeros de los aeropuertos de Gran Bretaña representa casi el 20% —más de 250 millones— del total del tráfico gestionado por las terminales de los 27.

3. Escasez de medicinas y alimentos

Este verano el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, pidió un informe a los responsables de los protocolos de emergencias por atentado para decidir si era necesario hacer acopio de medicamentos y comida y cuál sería la mejor forma de llevarlo a cabo. Khan, muy crítico con el Brexit y su gestión por parte del Gobierno, empezó entonces a moverse por si triunfa el no deal (la desconexión sin acuerdo) y a cargar contra May acusándola de ser "rehén de los fanáticos" de la vía dura.

Unas semanas antes, y según publicó el diario The Sunday Times, el exministro para el Brexit, David Davis, había recibido un documento oficial que analizaba tres posibles escenarios consecuencia de un no deal: uno categorizado como "suave", otro como "grave" y otro como "Armagedón". Al parecer, en el segundo nivel ya se hablaba de que el puerto de Dover —uno de los ejes principales de la recepción y envío de mercancías— quedaría saturado en pocas horas, los supermercados de Escocia sufrirían desabastecimiento de comida en unos días y los hospitales agotarían sus medicamentos en un par de semanas.

4. Europeos que viven en Reino Unido

En torno a tres millones de extranjeros —entre los que hay más de 100.000 españoles— están establecidos en las islas británicas y una de las dudas es qué ocurrirá con sus derechos como ciudadanos de la Unión Europea. Un Brexit duro puede suponer que las condiciones en la circulación y residencia de personas se vea afectada, por eso los 27 intentan blindarlos mediante una Iniciativa Ciudadana Europea para que sus derechos no desaparezcan aunque el país donde viven deje de formar parte de la Unión.

Alejada de las previsiones más catastrofistas se encuentra Dolores Rubio, directora departamental de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar Rubio está convencida de que “una salida dura no se puede producir […] no se puede salir sin pactar. El Tratado de Lisboa no lo contempla” y, por lo tanto, teniendo en cuenta que, desde su punto de vista, "Gran Bretaña está intentando romper un compromiso", todos los europeos residentes en las islas “seguirán manteniendo sus derechos”, aunque incide en que el detalle es lo que está pendiente de resolver entre los estados interesados y Reino Unido.

5. Hundimiento de la libra y trato especial a la 'City'

Los sectores económico, financiero y comercial de Gran Bretaña también se están movilizando y han empezado a actuar. Varios colectivos empresariales han protestado esta semana al considerar que no disponen de tiempo suficiente para prepararse ante una salida de la Unión sin consenso. De producirse el no deal, las relaciones económicas entre Gran Bretaña y Europa pasarán a regirse por las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que conlleva automáticamente al establecimiento de aduanas y controles.

El ministro de Hacienda, Philip Hammond, ya advirtió de que si no se aprobaba el Tratado de Retirada, "las consecuencias serían muy graves, muy negativas para el empleo y la prosperidad. Nos enfrentaríamos a un posible caos económico". Ese caos radicaría, sobre todo, en el desplome de la libra, que ya sufrió una llamativa caída en noviembre tras la dimisión del ministro para el Brexit, Dominic Raab. Muchos analistas económicos alertan de que es mejor no confiar en la moneda británica a corto plazo, debido a la incertidumbre que rodea a todo el proceso de secesión.

La City de LondresCity (el corazón financiero del Reino Unido) supone otro de los puntos de preocupación para el Ejecutivo de May. Hace unos meses la primera ministra ya intentó que la Unión Europea aplicase un estatus especial a las empresas que operan allí  para evitar las convulsiones de la desconexión comunitaria. En concreto, lo que el Gobierno británico pretendía era mantener el libre comercio de servicios financieros para no dejar a la City completamente fuera del mercado único y pendiente de los futuros acuerdos entre el Reino Unido y el resto de Europa. Sin embargo, Bruselas rechazó la proposición y anunció que las empresas del famoso área empresarial no podrán operar sin barreras en los países de la Unión, a menos que Reino Unido decida permanecer dentro del mercado único, cosa a la que se ha negado el Ejecutivo británico en varias ocasiones.

6. Consecuencias políticas del 'no deal'

Si finalmente la Cámara de los Comunes rehúsa aprobar la salida pactada con Europa, y de momento May no cuenta con apoyos parlamentarios suficientes para que se valide, su Gobierno cuenta con 21 días más para presentar un nuevo plan de Brexit. De no aprobarse esa segunda estrategia —es dudoso que diese tiempo antes del 29 de marzo—, Reino Unido se desligaría de la Unión Europea de manera unilateral y abrupta, aunque hay quien habla de un aplazamiento, la celebración de nuevas elecciones generales o, como demandan los partidarios de la permanencia, un nuevo referéndum que ofrezca tres alternativas: salida dura, salida consensuada con Europa o permanencia en la Unión Europea.

Si se llega al límite de tiempo “se prorrogaría”, mantiene la profesora Dolores Rubio, que destaca dos escollos principales en la negociación: la unión aduanera y la frontera entre las dos Irlandas—esta última cuestión es la que más controversias está generando—. “Todos los tratados internacionales tienen unos calendarios, unos periodos transitorios”, añade, y dice que “durante esos periodos se pueden revertir las decisiones”.

Las precauciones que están tomando tanto Bruselas como Londres y los sectores empresariales de momento están a expensas de lo que suceda en el Parlamento, donde la votación definitiva tendrá lugar en la semana del próximo 7 de enero.

El G-20, el foro de las principales economías mundiales, celebra este fin de semana su cumbre anual de jefes de Estado en Buenos Aires justo cuando el multilateralismo está tan tocado que sólo falta firmar su certificado de defunción. El proteccionismo de Donald Trump, la guerra de aranceles con China, el fracaso del acuerdo sobre el cambio climático de París, la fuga británica de la Unión Europea, las tensiones con Rusia, las políticas antiinmigración… están haciendo saltar los frágiles mimbres con que se ha tejido la cooperación internacional en los últimos años. Las actuaciones más o menos decididas que el G20 puso en marcha tras el susto que la crisis financiera de 2008 dio a las economías del planeta han dado paso, una década más tarde, al triunfo del egoísmo unilateral.

“El multilateralismo está siendo atacado precisamente cuando más lo necesitamos”, advirtió el pasado septiembre ante la Asamblea General de la ONU su secretario general, el portugués António Guterres. Y es en esa atmósfera de desconfianza mutua en la que los líderes mundiales volverán un año más a hacerse la foto e incluso aprobarán una declaración conjunta final. Pero no mucho más, según los expertos consultados por infoLibre. “Ya es un éxito que se reúnan”, lamenta Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas y ex diputado socialista en el Parlamento Europeo, quien cree que “más allá de la declaración” no deben esperarse muchos acuerdos efectivos. Sus expectativas, dice, son “muy moderadas”.

Los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México firmaron este viernes en Buenos Aires la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras un año de duras negociaciones. Pero será difícil que de esta cumbre salgan acuerdos importantes, “ni de la OTAN, Davos o el FMI ahora o en el futuro”, apunta Javier Santacruz. El economista e investigador de la Universidad de Essex no duda en proclamar el “fin del multilateralismo”. Los acuerdos multilaterales con que se ha gobernado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial empezaron a saltar por los aires con el nuevo siglo, apunta, tras recordar, por ejemplo, el fiasco de las Rondas de Doha, las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para liberalizar el comercio mundial que debían haber concluido en 2005 y aún siguen sin ver el final.

Acuerdos bilaterales en cadena

Ahora la batalla la libran el multilateralismo esgrimido por la Unión Europea y Japón contra el “unilateralismo enloquecido” de Trump, en palabras de Carlos Carnero, frente a la pujante China. Más aún cuando el presidente de Estados Unidos, abunda el exeurodiputado, aprovecha estas reuniones internacionales para “exacerbar las tensiones con los aliados y con los no aliados”. El Trump que declaró “enemiga” a Europa tras una cumbre de la OTAN en Bruselas el pasado julio tendrá enfrente a Emmanuel Macron, que se presenta como el adalid mundial de la lucha contra el cambio climático y el libre comercio, apoyado por una Angela Merkel en retirada.

“No se va a solucionar la guerra comercial en esta cumbre”, lamenta Carnero. De hecho, el pasado lunes Trump anunció en The Wall Street Journal que prepara una subida de los aranceles del 10% al 25% para un volumen de importaciones chinas de 175.000 millones de euros a partir del 1 de enero de 2019, e incluso añadirles otros  236.000 millones. El presidente de EEUU dejó claro que el único acuerdo que aceptará en Buenos Aires será uno que signifique “la apertura de China a la competencia de Estados Unidos”.

De forma que la cumbre argentina servirá más para revelar las fracturas del orden mundial que para arbitrar soluciones a los problemas. “El G-20 se reúne en el peor de los momentos, toda vez que tanto Estados Unidos como China apuestan por los acuerdos bilaterales y la fricción es tal que tendrían que negociar entre ellos antes de intentar acuerdos comerciales o políticos más amplios”, explica Javier Santacruz. Y es así porque ahora la lógica ha cambiado, asegura el economista. Ambas potencias se dedican cada una por su lado a encadenar acuerdos “país a país”, lo que hace que “los diálogos multilaterales pierdan sentido”. Santacruz cita como ejemplo la Ruta de la Seda, un macroplan de infraestructuras para conectar China con el resto del mundo, cifrado en ocho billones de dólares y en el que el presidente Xi Jinping quiere involucrar a 70 países. “Esperar acuerdos sólo supondrá una frustración gratuita”, resume.

Reformar la ONU, el G-20 y el FMI

Pero esa frustración no debe hacer pensar que el G-20 no sirve para nada, objeta Carlos Carnero. “Aunque sus resultados sean pobres, el coste de que no existiera sería mucho mayor”, subraya. Tras la crisis financiera desempeñó un papel importante “y ahora debería volver a tenerlo para evitar otra crisis mayor”. El presidente argentino, Mauricio Macri, debe de coincidir con él porque este mismo viernes pidió a sus invitados que actúen “con el mismo sentido de urgencia con que lo hicieron en 2008”. Javier Santacruz calcula que aún quedan otros dos años antes de la próxima recesión económica. Así que los líderes mundiales debería aplicarse ahora, mientras tengan ese colchón temporal, a reformar las instituciones multilaterales, incluido el G-20. El economista recuerda que los dos gigantes asiáticos, China e India –“la mitad de la economía mundial”–, “se le escapan” al FMI, por lo que también debería ser remodelado. Carnero reclama que se reforme la ONU, mientras que Santacruz aconseja un G-20 que incluya a más países. Al tiempo, insta a buscar “un nuevo formato” para las discusiones, de forma que sea posible el acuerdo por encima de los intereses nacionales. Fue lo que con otras palabras expresó Antònio Guterres en su discurso ante la Asamblea General de septiembre cuando criticó que se pretendan afrontar “retos del siglo XXI con mentes e instituciones del siglo XX”.

La cita de Buenos Aires también dará ocasión a la Unión Europea para hacer frente común ante Estados Unidos y China, “y demostrar su capacidad para actuar de forma coherente y clara”, confía el ex eurodiputado socialista. Por el contrario, Javier Santacruz considera que Europa llega “bastante debilitada”. Aunque la unión entre Francia y Alemania tiene músculo, esa alianza “deja fuera automáticamente a España”, alerta el economista, que sugiere “alianzas alternativas” para “hacerse valer primero dentro de la UE”. Por eso cree que España –invitada permanente al G-20– debería utilizar las elecciones europeas del próximo año para “ganar protagonismo en la Comisión Europea”.

Después de que los 27 países miembro de la Unión Europea aprobasen este domingo el acuerdo del Brexit para Reino Unido, el texto salido de Bruselas debe superar ahora la mayoría simple de la Cámara de los Comunes en Londres. El sistema uninominal británico —sin disciplina de partido, ya que cada diputado es libre para votar en conciencia— y las discrepancias entre los grupos parlamentarios sobre el documento de desconexión asumido por la primera ministra británica, Theresa May, abren la posibilidad de que el plan sea rechazado en la votación del próximo 12 de diciembre. Esta lunes, la premier comparecerá ante el Parlamento para hablar sobre dicho acuerdo, recién aprobado por los líderes comunitarios.

La primera ministra necesita que la mayoría simple de los 650 representantes que integran la Cámara voten a favor de su propuesta pero, de momento, esa mayoría no está clara al tiempo que las posturas en contra se amontonan. Solo en su propio partido May ya acopia la negativa de entre 50 y 90 diputados —su grupo parlamentario tiene 316—; y los 10 de su socio de Gobierno, el Partido Democrático Unionista irlandés (DUP), ya han adelantado que no apoyarán la resolución. Su líder, Arlene Foster, confirmó este domingo en Belfast que “bajo ninguna circunstancia” votarán a favor del texto por el mal trato, dice, que Irlanda del Norte está recibiendo desde Londres. Foster criticó que se pretenda mantener la regulación comunitaria en el Ulster y acusa al Gobierno central de intentar invisibilizar la frontera con Irlanda y de otorgarle a su país un estatus distinto del que tienen Inglaterra, Gales y Escocia.

Aparte de los diputados euroescépticos —tories (del Partido Conservador) y liberaldemócratas— y los representantes del DUP, descontentos porque estiman que el documento de May contempla demasiado alineamiento con las normas de Bruselas, el acuerdo del Brexit negociado con la UE cuenta con la displicencia del Partido Laborista. Su cabeza, Jeremy Corbyn, ya anunció que los 262 diputados laboristas del Parlamento votarían en contra por considerar “malo” para el Reino Unido un texto que, dice, pone “en riesgo” puestos de trabajo: “Este es el resultado de un miserable fracaso en las negociaciones que nos deja con lo peor de ambos mundos”.

Los euroescépticos, por su parte, plantean que una moción de censura en la Cámara acabe con el Gobierno de May, que sería sustituida por otro conservador que no negocie un acuerdo gestionado por la Unión Europea y que, por tanto, la salida de Reino Unido solo esté regida por las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Tampoco quedan desestimadas otras soluciones como el adelanto electoral u otro referéndum sobre el Brexit. No obstante, teniendo en cuenta que el periodo de transición finaliza el próximo 29 de marzo, estas posibilidades no apuntan a materializarse. En el catálogo de opciones, si los Comunes votan en contra del acuerdo, está la posible dimisión de Theresa May.

Negociación individual y presión ciudadana

Enfrente de la incerdumbre por las dificultades de que la primera ministra supere la coyuntura parlamentaria, su partido se ha puesto a trabajar para ganarse la voluntad de los diputados más moderados e indecisos que coquetean con el voto en contra, iniciando dos estrategias: apelar a la ciudadanía para que la presión popular afecte a los políticos y negociar individualmente con aquellos parlamentarios de quienes puedan sacar un sí.

La primera medida ya se ha puesto en marcha este domingo, cuando May publicó una carta abierta en los principales diarios británicos donde argumentó a favor del pacto llevado a cabo con Bruselas como único posible: “Será un acuerdo que defienda el interés nacional, y que sea útil para todo el país y para todos nuestros ciudadanos, al margen de lo que votasen en el referéndum de 2016”, dijo la primera ministra.

La segunda estrategia contemplada por los conservadores versa sobre la negociación individualizada con diputados clave. Así, se pretende incidir en los parlamentarios influyentes para que éstos consigan dirigir el voto de otros miembros de la Cámara y que la negociación del Brexit con Europa, y el propio Brexit, salgan adelante.

China ha comenzado a aplicar este lunes aranceles de entre el 15% y el 25% a una lista de 128 productos de EEUU como represalia a la imposición de tarifas al acero y el aluminio chinos anunciada por la Casa Blanca, según ha confirmado el Ministerio de Comercio de China.

En concreto, las autoridades chinas han decidido suspender desde este lunes los acuerdos de reducción de gravámenes y pasarán a gravar con un arancel del 15% un total de 120 productos estadounidenses, incluyendo las frutas, mientras que aplicará un arancel del 25% a ocho productos, incluyendo el cerdo y productos relacionados.

Un portavoz del Ministerio de Comercio de China señaló que Pekín considera que la adopción por parte de EEUU de medidas contra las importaciones de acero y aluminio representa un abuso de la cláusula de excepción de la Organización Mundial del Comercio (OMC) al tener como objetivo únicamente una serie de países "violando gravemente el principio de no discriminación que es la piedra angular del sistema multilateral de comercio".

De este modo, el Ministerio chino indicó que el pasado 26 de marzo remitió una solicitud de compensaciones a EEUU a la que las autoridades estadounidenses no dieron respuesta, tras lo que el pasado 29 de marzo, China informó a la OMC sobre su decisión de suspender concesiones e imponer aranceles sobre determinados productos importados desde EEUU con el fin de equilibrar el efecto de las medidas aplicadas por EEUU sobre productos chinos.

"La suspensión de parte de sus obligaciones es el legítimo derecho de China como miembro de la OMC", indicó el Ministerio de Comercio de China, expresando su confianza en que EEUU "retirará las medidas que contravienen las normas de la OMC tan pronto como sea posible para que el comercio entre China y EEUU vuelva a la normalidad".

"Como las dos mayores economías mundiales, la cooperación entre China y EEUU es la única opción correcta", indicó el Ministerio chino, subrayando que ambas partes deben resolver sus problemas mediante el diálogo y la negociación.

La Organización Médica Colegial (OMC) recuerda, tras el bulo lanzado la pasada semana por el locutor Javier Cárdenas sobre los posibles efectos secundarios de la vacunas, que "las vacunas no causan autismo, son seguras, efectivas y salvan cada año millones de vidas", y lamentan el "sensacionalismo alarmista" y "falta de rigor" del presentador en la transmisión de noticias sobre enfermedades y tratamientos.

"El que los medios de comunicación públicos cuenten con programas que tienden a trivializar la información científica y médica es un problema que, como ciudadanos, nos afecta a todos. A pesar de que la divulgación siempre es difícil, la distancia entre la vulgarización y el sensacionalismo alarmista es notable y no debería recorrerse", añaden.

Estas afirmaciones, que se dan a menudo en las diferentes plataformas de comunicación en boca de gente conocida pero ajenas al ámbito sanitario, "no sólo provocan inquietud y sufrimiento a las personas que padecen directamente la enfermedad y a sus familiares, sino que afectan a la credibilidad de nuestro propio sistema sanitario, a nuestros mecanismos de vigilancia sanitaria y especialmente a la imprescindible confianza que los ciudadanos depositan en los profesionales de la salud".

Más allá de lo ocurrido la pasada semana, destacan que, en ocasiones, se malinterpreta y descontextualizan informes o declaraciones que crean alarma y ponen en cuestión intervenciones clínicas o de salud pública cuya efectividad está perfectamente establecida. "Y en otros casos, se difunden actividades y productos presuntamente sanadores que confunden a los ciudadanos y pueden tener fatales consecuencias para los pacientes", añade.

Desde la OMC piden a los periodistas y medios de comunicación social que hagan un "importante esfuerzo" para que la información siga los códigos éticos de la profesión y sean contrastados y valorados antes de su publicación. Asimismo, piden a las autoridades sanitarias a que cumplan con sus obligaciones en esta materia y solicitan un compromiso de todos los sectores implicados (profesionales sanitarios, administraciones, medios de comunicación, ciudadanos y pacientes) por una información en salud de calidad y contrastada.

Finalmente, se solidarizan con doctora Lucia Galán Bertrand, pediatra y escritora, que, por hacer una defensa de las evidencias existentes sobre este tema, ha tenido que soportar innumerables criticas. Así, desde la OMC afirman que seguirán denunciado con firmeza aquellas situaciones que conlleven mensajes equívocos y faltos de evidencia científica sobre salud y que supongan un riesgo sobre la población general.

La OMC desmonta el mito de las vacunas y el autismo

Recuerda que la afirmación de que las vacunas causan autismo es un bulo que nació en el año 1998 del Sr. Wakefield, al que el Colegio General Médico Británico le retiró la licencia de médico acusándole de actuar de forma deshonesta e irresponsable, reconociendo que las conclusiones y los métodos del médico británico eran falsos. De hecho, en los años posteriores se han publicado cientos de estudios científicos con decenas de miles de niños estudiados y en ningún caso se observó tal asociación.

Por otro lado, recuerda que no hay ninguna epidemia de autismo, para ser más exactos, de trastorno del espectro autista; las vacunas son seguras, no contienen mercurio, son efectivas y salvan cada año millones de vidas en el mundo. De hecho, recuerdan que "las vacunas suponen el mayor avance de la medicina en los últimos años y sembrar la duda con informaciones desfasadas, equivocadas y falsas, es una temeridad".

Por otro lado, aclaran que son las vacunas son medicamentos esenciales que hay que utilizar apropiadamente. Los debates, necesarios y obligados, basados en la búsqueda de la mayor evidencia posible, forman parte de la esencia del compromiso ético y profesional de los médicos; asimismo, las indicaciones vacunales son recomendaciones sanitarias y, por tanto, de libre aceptación, salvo los concretos casos de epidemias o grave riesgo para la salud pública, único caso en España actualmente en el que las autoridades pueden imponer la vacunación obligatoria a la población.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes una orden ejecutiva para poner en marcha el programa gubernamental Compra estadounidense, contrata estadounidense, con el que pretende favorecer a los productos y trabajadores norteamericanos, conforme al rumbo proteccionista que ha adoptado el nuevo Gobierno.

"La orden que voy a firmar es para proteger a trabajadores y estudiantes como vosotros", ha dicho Trump a alumnos y obreros desde la sede de Snap-On Tools, en Wisconsin, antes de estampar su rúbrica. "Estados Unidos primero. Ya era hora, ¿no os parece?", ha remachado, haciendo uso del lema de su campaña electoral.

El objetivo primordial, según ha epxlicado el magnate neoyorquino, es "promover agresivamente el consumo de productos fabricados en Estados Unidos y garantizar que se contrata a trabajadores estadounidenses para hacerlos":

La orden ejecutiva incluye también una revisión del programa de visado para trabajadores cualificados, otro de los ejes, de acuerdo con una fuente gubernamental citada por la cadena estadounidense CNN, tal y como ha informado Europa Press. Trump pretende conceder estos visados bajo controles más estrictos para evitar posibles abusos.

"Ahora mismo, los visados H-1B se conceden con total discrecionalidad, como una lotería, y no está bien. En lugar de eso, deberían darse solo a los mejor cualificados y nunca, nunca, deberían ser usados para sustituir a estadounidenses", ha dicho Trump.

El jefe de Estado ha aprovechado la ocasión para volver a cargar contra el libre comercio. Así, no ha dudado en afirmar que la Organización Mundial del Comercio, cuyas normas está desafiando, "es otro desastre" de los gobiernos anteriores.

En alusión al tratado de libre comercio para América del Norte del que también forman parte Canadá y México, ha insistido en que intentará negociar grandes cambios o, de lo contrario, acabará con él, como ya hizo con el acuerdo transpacífico.

Rodríguez Sendín se pronunció así después de que la Universidad de Barcelona (UB) anunciase la suspensión de su Máster en Medicina Homeopática, impartido desde el año 2004. Una decisión que el presidente de la OMC achacó a la declaración que la Asamblea General de la organización aprobó en diciembre de 2013.

En ella se advierte, entre otros aspectos, de que "no son éticas" las prácticas médicas inspiradas en el "charlatanismo", las carentes de base científica y que "prometen" a los enfermos la curación, los procedimientos ilusorios o "insuficientemente" probados que se proponen como "eficaces", la simulación de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y el uso de productos de composición no conocida.

Pertenece al mundo del "efecto placebo"

"No sólo es el máster de la Universidad de Barcelona, sino que también hay otros e, incluso, secciones de Homeopatía dentro de los propios colegios de médicos. Se trata de ir convenciéndolos de que no tiene ningún sentido tener una estrategia que es engañosa y que no tiene ninguna evidencia científica", aseveró Rodríguez Sendín.

Y es que, a su juicio, esta disciplina pertenece al "mundo de las creencias", ya que hasta un 30 o un 35% de las sintomatologías que los pacientes tienen durante una enfermedad tiene un carácter funcional y no orgánico. "El "efecto placebo" existe y esto entra en ese mundo de la creencia del 'efecto placebo'",enfatizó.

Ahora bien, el presidente de la OMC recordó que no se puede sancionar a los médicos que practican la homeopatía porque la ley permite esta práctica, aunque sí insistió en la necesidad de ir convenciéndolos "con absoluto respeto" puesto que los que lo practican están convencidos de que "funciona".

Por último, Rodríguez Sendín mostró su satisfacción porque España no haya desarrollado la Directiva Europea que regula el uso de la Homeopatía, dado que, a su juicio, esta normativa es un "disparate" porque sólo está "movida" por intereses económicos.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) alcanzó este sábado el primer acuerdo de reforma comercial de alcance mundial después de que Cuba retirara su veto al pacto, lo que se traduce la mayor reforma del tráfico mercantil global que se ha hecho hasta ahora y que podría significar una inyección de hasta un billón de dólares –729.630 millones de euros– en la economía mundial.

Es el primer acuerdo que se firma desde 1995 y pone fin a 12 años de negociaciones infructuosas de la llamada Ronda de Doha entre los 159 países miembros de la OMC, que recobra la confianza en su tarea de hacer disminuir las barreras comerciales a nivel global.

"Por primera vez en nuestra historia, la OMC se ha entregado verdaderamente", proclamó entre lágrimas el presidente de la OMC, el brasileño Roberto Azevêdo, en la isla indonesia de Bali, donde se ha celebrado la cumbre. "Esta vez todos los miembros han aunado sus esfuerzos. Hemos traído de vuelta la palabra mundial a la Organización Mundial de Comercio", afirmó Azevêdo, quien parafraseó al difunto expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, para ensalzar el acuerdo diciendo que "siempre parece imposible hasta que está hecho".

El presidente de la conferencia ministerial y titular de la cartera de Comercio de Indonesia, país anfitrión de la cumbre, Gita Wirjawan, certificó que la declaración aprueba el "paquete Bali al completo", según informó la agencia estatal de noticias china, Xinhua. "Bali ha dado un nuevo mañana a la OMC", apostilló. La misión de la Unión Europea ante la OMC confirmó el acuerdo en la red social Twitter: "El paquete Bali es formalmente adoptado". Suscrito el acuerdo, las delegaciones han abierto una gran ovación.

Cuba y la redacción del veto de EEUU

Cuba alcanzó un acuerdo sobre la redacción del pacto referente al embargo económico impuesto por Estados Unidos sobre la isla para que contribuya a su levantamiento, tras posponer un día la firma del pacto en el tramo final de las negociaciones. Otros tres países latinoamericanos –Venezuela, Bolivia y Nicaragua– también se habían opuesto a la firma del acuerdo, alineándose con Cuba.

La frase que ha desbloqueado el acuerdo está incluida en un apartado que alude a la "facilitación del comercio" mundial. "Al respecto", señala el pacto, "reafirmamos que el principio no discriminación del artículo 5 del GATT 1994 (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994) sigue siendo válido". La Habana reclamaba que el acuerdo de la OMC cuestionara el embargo económico establecido por Estados Unidos, en vigencia desde hace medio siglo y que ha sido condenado en 22 ocasiones por Naciones Unidas. Esta demanda histórica del régimen castrista se había convertido en el principal obstáculo para el acuerdo.

Desde hace días, los representantes de las 159 naciones que integran la OMC negocian en la isla de Bali este acuerdo que permitirá reducir las barreras comerciales, acelerando el tráfico de bienes y generando, según varias estimaciones, más de 20 millones de empleos.

Este acuerdo, asimismo, brinda a las economías en desarrollo un mayor margen de maniobra para recurrir a los subsidios para garantizar el suministro de alimentos, uno de los asuntos más debatidos durante la cumbre. El refuerzo de la seguridad alimentaria era una de las principales demandas de países como India –plasmado en una cláusula especial sobre los derechos de las naciones para el almacenamiento de productos agrícolas–, si bien Estados Unidos y la Unión Europea veían con reticencias dicha cláusula debido al posible efecto distorsionador que podría ejercer en el comercio internacional.

Los países menos desarrollados, por su parte, ganarán un acceso preferencial a los mercados libres de impuestos y libres de cuotas de las economías desarrolladas para promover el desarrollo económico.

"Doha sale del estancamiento"

"No me gusta utilizar la palabra histórico, pero este es un acuerdo histórico", celebró el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, en declaraciones a la prensa. Por su parte, el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, manifestó que las negociaciones "no han sido fáciles pero críticamente importantes para sostener a una OMC creíble a la hora de afrontar las preocupaciones del comercio del siglo XXI", según su portavoz.

El Gobierno de Mariano Rajoy abrazó el acuerdo alcanzado en Bali al considerar que impulsará las exportaciones españolas y con ello la salida de la crisis. En un comunicado conjunto de los ministerios de Economía y de Agricultura, la delegación española, encabezada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, se congratuló del "histórico" acuerdo alcanzado por los 159 países de la OMC.

El Ejecutivo ha puesto en valor que el acuerdo garantiza el futuro del sistema multilateral de comercio, relanza las negociaciones de la Ronda de Doha y simplifica los trámites aduaneros. "El acuerdo refuerza el papel de la propia OMC y va a suponer un revulsivo para la Ronda de Doha y un pilar fundamental para impulsar el comercio internacional", explicaron los departamentos.

Para el Gobierno, el concierto alcanzado relanzará las negociaciones de la Agenda de Desarrollo de Doha, configurada como la ronda de negociaciones para la liberalización del comercio más ambiciosa de cuantas han existido hasta el momento. "La Ronda de Doha, iniciada en 2001, sale así de la situación de estancamiento en la que se encontraba en estos últimos años. Es previsible que a lo largo de 2014 se puedan retomar todos los capítulos de la negociación que hasta ahora estaban bloqueados".

Celebraciones en todo el globo

En esta misma línea se ha pronunciado la Embajada de Reino Unido en Ginebra para la OMC, calificando este acuerdo de "histórico". "Reino Unido da la bienvenida a este histórico acuerdo de comercio de la OMC para reducir la burocracia y aumentar las oportunidades de desarrollo. El primer acuerdo de este estilo en 20 años", resalta en Twitter.

El ministro de Exteriores y Comercio Exterior de Finlandia, Alexander Stubb, también aplaudió el acuerdo vía Twitter y ha enfatizado el "impresionante aguante" y el "buen trabajo" de los equipos negociadores. El director de la delegación del Parlamento Europeo en las negociaciones, Vital Moreira, subrayó que "el primer ganador del acuerdo es la propia OMC" y que este pacto marca un "punto de inflexión en el renacimiento" de este organismo internacional.

El acuerdo, que tendrá que ser refrendado por el Europarlamento, "aliviará" los procedimientos aduaneros para los exportadores de la UE para hacer el comercio mundial "más fluido, menos costoso y más transparente", según explicó Moreira en un comunicado.

Desde Estados Unidos, su representante en política comercial, Michael Froman, ha urgido a los miembros de la OMC a dejar atrás las diferencias del pasado que podrían haber frustrado un acuerdo y propinado "un golpe debilitante a la OMC". Si esto hubiera ocurrido, diijo Froman, "la desafortunada verdad sería que la pérdida sería sentida más fuertemente por aquellos miembros que menos pueden permitírselo", según informó la cadena BBC.

En un comunicado, el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Ed Fast, incidió en que este pacto contribuye a "reflejar las realidades y retos" que afrontan los negocios y clientes en el siglo XXI. "Nuestro Gobierno entiende que no hay mejor creador de trabajo que un comercio más libre y más abierto. Por eso estamos emprendiendo el plan de comercio libre más ambicioso y exhaustivo de la historia canadiense", agregó.

A la OMC le queda a partir de esta novena conferencia ministerial que los gobiernos de los países miembros ratifiquen los acuerdos alcanzados en Bali, lo que podría requerir varios años, y completar la Ronda de Doha. "Encomendamos al Comité de Negociaciones Comerciales que prepare, en los próximos 12 meses, un programa de trabajo claramente definido sobre las cuestiones restantes del Programa de Doha para el Desarrollo", dice la declaración de la conferencia.