El Gobierno del presidente Donald Trump suspendió este lunes el arrendamiento a cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este del país, incluido el que encabeza Iberdrola en Massachusetts, en lo que supone un golpe devastador para el desarrollo de este tipo de energías renovables en EEUU, informa EFE.

El Departamento del Interior "suspende, con efecto inmediato, los contratos de arrendamiento para todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en Estados Unidos, debido a los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente elaborados", informó hoy esta cartera en un comunicado. El texto no brinda más detalles sobre cuáles son esos "riesgos para la seguridad nacional".

Además de Vineyard Wind 1, el parque que impulsa Iberdrola en la costa de Massachusetts y que ya funciona parcialmente, los otros cuatro desarrollos afectados son Revolution Wind y Sunrise Wind, en Rhode Island, CVOW – Commercial, cerca de Virginia, y Empire Wind 1, en el litoral neoyorquino y que ha contado con la participación de la empresa de ingeniería española Esteyco.

Vineyard Wind 1, que cuenta con aproximadamente 3.500 millones de dólares en financiación comprometida y capital recaudado hasta la fecha, estaba proyectado para tener una capacidad de generación combinada de más de 800 megavatios.

La decisión, que revoca los arriendos concedidos por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), deja en el aire inversiones de miles de millones de dólares y el futuro de este tipo de energía en la costa este. Esta región había apostado con fuerza por los proyectos de generación marina y esperaba que estos desarrollos produjeran energía para más de 2,5 millones de hogares.

Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump ha expresado repetidamente sus críticas a la energía eólica, argumentando que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves.

En un conocido poema de Federico García Lorca, Romance sonámbulo del Romancero gitano, el verde encarna a la vez la vida y la muerte. Esa dualidad se repite hoy en muchos paisajes agrícolas que llamamos verdes, pero donde no se escucha un insecto ni crece una sola mala hierba. Detrás de ese mar uniforme de clorofila se esconde la misma paradoja que intuía Machado en sus versos: un campo que parece vivo, pero está exhausto.

Este 24 de octubre, día mundial contra el cambio climático, vuelve a recordarnos que el verdadero enemigo de la vida no son las renovables, sino el cambio climático que intentan frenar. En plena moda de la “Rural-Guerrilla Fashion”, donde se confunde rebeldía con rechazo a la transición energética, hace falta recuperar una defensa valiente y racional de las renovables. Hoy se habla más de los impactos de una planta mal gestionada que de los estragos diarios de los combustibles fósiles. Que el árbol no nos impida ver el bosque: las renovables son una oportunidad para la biodiversidad y sin renovables no hay futuro posible.

En los últimos cinco años, los estudios por la consultora EMAT en más de una docena de parques solares han documentado una recuperación real de la biodiversidad dentro de los recintos. Allí donde antes había fertilizantes, herbicidas y maquinaria agrícola, hoy proliferan herbazales naturales, insectos, aves (incluso esteparias) y pequeños mamíferos. La tranquilidad —sin cazadores ni tractores— y la ausencia de productos químicos crean un entorno inesperadamente fértil.

Para ponerlo negro sobre blanco, nada mejor que dar ejemplos y números concretos: en la planta de Talayuela Solar, por ejemplo, se detectaron un 35% más de especies de aves que en los terrenos agrícolas colindantes. En Magascona-Trujillo III reaparecieron ánades y garzas tras recuperar pequeñas charcas. En El Quintillo, las cámaras registraron zorros, ginetas y conejos donde antes solo había monocultivo de cereal.

Pero estas plantas no son las únicas: en las plantas fotovoltaicas de Minglanilla I y II (Cuenca), el seguimiento ambiental realizado tras su puesta en marcha ha documentado un cambio radical. El estudio —basado en censos de fauna, flora e insectos dentro del perímetro de la planta— contabilizó 417 especies distintas, de las cuales un 42% son plantas, 38% insectos y 14% aves. No se trata de un entorno virgen: antes de la construcción, el terreno era agrícola intensivo, sin vegetación natural ni refugios para fauna. Hoy, gracias a un manejo sin pesticidas, la recuperación de suelos y la creación de refugios específicos, los paneles solares comparten espacio con lavanderas, cernícalos, abejas, reptiles y pequeños mamíferos. En menos de dos años, un área monótona y empobrecida se transformó en un ecosistema funcional con vegetación autóctona y presencia de especies polinizadoras y depredadoras naturales.

Esto no es una metáfora: son datos objetivos. Entre 2021 y 2025, los estudios de EMAT en plantas solares de toda España mostraron un patrón inequívoco: cuanta más antigüedad y mejor gestión ambiental, más biodiversidad. En los proyectos con varios años de funcionamiento, la variedad de aves ya alcanza niveles considerados altos según los índices científicos. El manejo adecuado —pastoreo controlado, nidales, refugios, charcas, apicultura— multiplica las especies y convierte terrenos antes degradados en corredores vivos donde energía y naturaleza coexisten. No es una promesa teórica, sino una constatación de campo: una planta solar bien diseñada puede albergar más vida que el terreno previo.

Pero el efecto positivo de las plantas no se limita solo al interior de las platas: existe un desborde del impulso positivo de la biodiversidad más allá del vallado, guiados por los programas de compensación ambiental bien diseñados.

Un ejemplo que vale más que mil campañas comunicativas: en el Nudo Zarzón (Extremadura), los promotores destinaron unas 1.000 hectáreas de superficie a restaurar hábitats esteparios, conectados con zonas ZEPA cercanas. En menos de dos años, las mediciones de campo muestran una recuperación de la cubierta vegetal de hasta el 60%, el retorno de aves esteparias como el sisón, la ganga y la avutarda, y el asentamiento de polinizadores y pequeños mamíferos en zonas donde antes no existían. Además, el programa ha permitido generar una red de hábitats conectados con las ZEPAs vecinas de La Serena y Campiña Sur, creando un corredor ecológico funcional en una de las regiones con mayor densidad fotovoltaica del país.

Los resultados sobre la AVUTARDA común (Otis tarda) han sido contundentes: se ha demostrado una presencia estable en las reservas de pasto y márgenes agrícolas restaurados; las zonas de exhibición y reproducción (leks) identificados pasaron de 1 a 3 en dos campañas (frente a uno antes de las obras), con incremento del número de machos territoriales y un uso regular del área por avutardas durante los meses cálidos, con 2 ejemplares adultos censados en 2024. La especie usa la sombra de apoyos eléctricos y transformadores como refugio térmico, lo que confirma adaptación funcional del hábitat restaurado.

En cuanto al SISÓN común (Tetrax tetrax), el seguimiento post-obra confirmó una recolonización efectiva de las áreas restauradas del Nudo Zarzón. Entre 2023 y 2024 se registraron seis machos territoriales —uno de ellos radiomarcado— y tres hembras en vuelo y alimentación en zonas donde no existían registros desde 2014. Estos individuos utilizan la planta de Puerta Palmas como espacio reproductor (lek), evidenciando la recuperación del hábitat. A escala regional, el programa de seguimiento contabiliza 30 sisones marcados entre 2021 y 2024, con densidades estables y aumento del número de cantaderos activos respecto a los censos de 2016, lo que confirma la eficacia de las medidas compensatorias.

También se han conseguido resultados positivos sobre la GANGA ortega (Pterocles orientalis) donde también se ha registrado una recolonización (más lenta que la del sisón, pero sostenida). Se han confirmado entre 3 y 5 ejemplares reproductores, frente a la ausencia total de registros entre 2014-2021. La Ganga ortega se ha detectado dando uso regular de las parcelas compensatorias y charcas ganaderas del Nudo Zarzón; observada en vuelo, posada y en alimentación, indicador de hábitat funcional.

En paralelo, la campaña de conservación de la carraca europea, impulsada por la Junta de Extremadura con fondos de compensación de proyectos renovables, ha obtenido excelentes resultados. Después haber experimentado una drástica reducción del 80% en su área de distribución en las últimas décadas, y un descenso poblacional de 700 parejas reproductoras a principio de los noventa a 173 parejas en 2019, las medidas tomadas en la Planta Solar Fotovoltaica Arenales (Cáceres) han conseguido un aumento de la población reproductora del 25% en dos años. Hoy el 75% de las parejas reproductoras de Carraca en Extremadura se reproducen en cajas nido instaladas como medidas compensatorias.  

Al final, todo se reduce a una evidencia que cuesta decir en voz alta: las renovables no matan la vida, la devuelven. Donde antes el verde era solo fachada —un campo de monocultivo sin insectos ni canto—, hoy crece un verde nuevo, más silencioso, más honesto. El de la hierba que vuelve a brotar bajo los paneles, el de las aves que regresan, el de los suelos que respiran otra vez. Es hora de entenderlo sin prejuicios: la energía limpia no es una moda, es una forma de reconciliar al ser humano con la tierra. Y defenderla no es un gesto ideológico, es un acto de sentido común. Porque si algo ha demostrado este país es que cuando se deja espacio a la luz, la vida siempre encuentra la manera de volver.

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Martín Behar es Director de Estudios y Medio Ambiente de UNEF.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea cancelar dos parques eólicos marinos en Massachusetts (EE.UU.) de una filial de Iberdrola en el país, según el Departamento de Interior y Justicia de Estados Unidos, según informa EFE. 

El Departamento de Justicia estaría preparándose para revocar los permisos otorgados por la Administración del expresidente Joe Biden a Avangrid, subsidiaria de la empresa española. 

El proyecto, conocido como New England Wind 1 y 2, iba a ser instalado frente a las costas de estado de Massachusetts, al noreste del país, y estaba previsto que abasteciera a unas 400.000 viviendas. 

Este es un nuevo ataque de la cruzada de la Administración de EE.UU. contra las energías limpias. 

El pasado viernes retiraron 679 millones de dólares en fondos federales para doce proyectos eólicos marítimos. 

El mayor de ellos, llamado Humboldt Bay Offshore Wind, iba a estar situado en el norte de California y estaba presupuestado en 427 millones de dólares. 

Unos días antes, el Gobierno ordenó también suspender la construcción de un parque eólico frente a la costa de Rhode Island completado en un 70 % y aprobado por el Gobierno de Biden, argumentando que debía ser revisado por "intereses de seguridad nacional".

En su última reunión de gabinete, celebrada el 26 de agosto, el mandatario aseguró que no permitirá "la construcción de ningún molino de viento" por ser poco estéticos y supuestamente tener un gran impacto ambiental, mientras que defendió el carbón y la energía nuclear. 

Según explicó Avangrid en un comunicado cuando se le adjudicó la licitación, el proyecto iba a crear miles de empleos en la zona. 

"Reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, equivalente a retirar 300.000 automóviles de gasolina cada año. El proyecto creará más de 4.400 empleos a tiempo completo y traerá 3.000 millones de dólares en inversión local", apuntó la compañía.

El Tribunal de Justicia de la UE valida los plazos que venían empleando las administraciones públicas españolas, entre ellas la Xunta, para tramitar las evaluaciones ambientales de todo tipo de proyectos con impacto en el territorio, entre ellos los parques eólicos. Así lo hace en una sentencia con la que da respuesta a una cuestión prejudicial formulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que quería que el tribunal europeo aclarase si es correcto que la Xunta esté sometiendo a exposición pública decenas de parques eólicos antes de disponer de todos los informes sectoriales de las diversas administraciones implicadas, los cuales no pueden así ser consultados por la ciudadanía interesada en presentar alegaciones.

Según el tribunal europeo, la normativa comunitaria "no se opone" a que las administraciones y departamentos sectoriales implicados sean consultados "al mismo tiempo que el público interesado, sin que este tenga derecho a formular posteriormente" nuevas alegaciones.

La sentencia del Tribunal de la UE avala así la interpretación que ya había hecho el Tribunal Supremo español sobre esta cuestión, favorable a la actuación de la Xunta. Sin embargo, no supone el desbloqueo de decenas de parques eólicos que el Tribunal Superior de Galicia mantiene paralizados de forma cautelar por otra cuestión: su posible riesgo ambiental si se comienza su construcción antes de que la propia justicia evalúe si la administración los autorizó de forma correcta.

En la batalla judicial y política sobre el modo en que se está desarrollando el sector eólico, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha venido adoptando una postura garantista de los valores ambientales en juego y de los derechos de la ciudadanía frente a los intereses económicos de las empresas y las políticas de impulso de las energías renovables.

El conflicto sobre el que ahora se pronuncia el Tribunal de la UE comenzó con la decisión del TSXG de anular en enero de 2022 la autorización que la Xunta dio a un parque eólico en Corme. El tribunal gallego censuró que la Xunta redujera de 30 a 15 días el plazo de exposición pública del proyecto y que esta se realizara antes de que la Xunta obtuviese todos los informes sectoriales necesarios, lo que impedía su consulta por parte de la ciudadanía.

Según el TSXG, esos informes de todas las administraciones implicadas "deben obtenerse antes del trámite de información pública", y en ese caso se tramitaron "al mismo tiempo", por lo que la población interesada no pudo "ejercer plenamente su derecho a participar de forma efectiva y con pleno conocimiento de todas las opciones que se presentaban" sobre el "contenido, alcance y definición del proyecto".

Sin embargo, en diciembre de 2023 el Tribunal Supremo revocó aquella sentencia del TSXG y no solo avaló los 15 días de exposición pública, sino también que esta se hiciera sin contar todavía con los informes sectoriales. Según el alto tribunal, la legislación europea "no indica exactamente cómo ensamblar estos trámites" y "no impone expresamente que el trámite de consultas a las autoridades se efectúe necesariamente antes del trámite de información pública para incluir en este la información que de aquellas se obtenga".

Pero tras esa sentencia del Supremo, en marzo de 2024, a raíz de otra causa sobre otro parque eólico —en este caso A Raña III, en Mazaricos, recurrido por la asociación Petón do Lobo— el TSXG decidió preguntar al Tribunal de la UE si la interpretación del Supremo es correcta conforme a la normativa europea, la Directiva 2011/92/UE.

La Xunta —y el Estado que la respaldó después, ya que la cuestión no solo afectaba a los eólicos gallegos sino a todo proyecto con impacto territorial en España— consideraban que, en línea con el pronunciamiento del Supremo, la directiva europea "ofrecía a los Estados miembros diversas opciones procedimentales sobre el momento en que debían realizarse la información pública y las consultas a las autoridades", lo que a su juicio se respetó en la ley estatal de 2013 que transpuso la norma comunitaria.

Sin embargo, el TSXG argumentaba que el mandato de la directiva europea a los Estados miembros "es claro: deben garantizar que los principales informes sectoriales se pongan a disposición de los interesados para que puedan ejercer el derecho [...] de formular sus alegaciones con anterioridad a la toma de decisión sobre los efectos ambientales".

Así que la cuestión analizada por el Tribunal de la UE era si el público interesado debía disponer durante su plazo de alegaciones de todos los informes sectoriales o si estos pueden ser obtenidos al mismo tiempo. Según la sentencia leída este viernes en el Tribunal de la UE, la directiva europea "debe interpretarse en el sentido de que no se opone" a una normativa de un Estado miembro, como la española, que permita que "las autoridades que puedan estar interesadas en ese proyecto debido a sus competencias sean consultadas al mismo tiempo que el público interesado, sin que este último tenga derecho a formular posteriormente ante las autoridades competentes sus observaciones u opiniones sobre los dictámenes emitidos por las autoridades consultadas".

No obstante, al margen de este debate, el TSXG mantiene paralizados cautelarmente decenas de parques eólicos en toda Galicia por otra cuestión jurídica: el periculum in mora, o posible riesgo de que su construcción mientras la justicia analiza sus permisos provoque situaciones irreversibles si finalmente hay sentencias firmes contrarias a esos parques. Así, esas decenas de parques están detenidos temporalmente mientras el tribunal no analiza el fondo de la cuestión sobre si la Xunta analizó correctamente sus impactos ambientales.

De hecho, también el Supremo paraliza cautelarmente parques de competencia estatal por su posible riesgo mientras analiza el fondo del asunto sobre si el Gobierno de España evaluó correctamente su impacto. Una cuestión distinta a los tiempos de tramitación y obtención de los informes sectoriales ahora avalados por el Tribunal de la UE, que no levanta las suspensiones cautelares dictadas en los últimos meses. Suspensiones cautelares que están siendo también avaladas por el Supremo y sobre las que el Gobierno de España quiere establecer que no corran los plazos que tienen las empresas para lograr sus autorizaciones definitivas.

Iberdrola ha inaugurado en Bretaña (Francia) el parque eólico de Saint-Brieuc, uno de los dos primeros del país. Con hasta 496 MW de capacidad y una producción anual de 2 millones de megavatios hora (MWh), suministrará energía segura, autóctona y libre de emisiones a cerca de un millón de personas de la región.

Con una inversión de 2.400 millones de euros, el proyecto comenzó a desarrollarse en el año 2012, aunque no ha entrado en plena operación hasta 2024, tras tres años de construcción. El parque está compuesto por 62 turbinas de 8 MW cada una, las más potentes instaladas en Francia hasta la fecha. 

Los trabajos de construcción han generado más de 1.700 empleos, de los que 500 son locales, y han contado con la participación de empresas punteras como Siemens-Gamesa, encargada de la fabricación de los aerogeneradores; el consorcio Navantia Windar, de las cimentaciones y piezas de transición; Haizea, de las torres; Prysmian, del cableado, o Van Oord, de la instalación. En total, han participado más de 150 compañías europeas, de las que 60 son españolas.

El parque de Saint Brieuc supone un fuerte impulso para la industria eólica marina en Francia. Para su construcción se han puesto en marcha una nueva fábrica de aerogeneradores en Le Havre y otra en Brest. Asimismo, ha demostrado las capacidades de Iberdrola en la tecnología eólica marina, tanto para encontrar soluciones técnicas a los retos que supuso la dureza del suelo marino, compuesto por roca basáltica, y las grandes mareas de la zona como para movilizar la cadena de suministro. 

Sobre la inauguración, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha comentado que “sienta las bases del sector eólico marino en Francia y demuestra el potencial de esta tecnología para impulsar la autonomía energética, la competitividad y la reindustrialización de Europa, contribuyendo además a los objetivos climáticos, en línea con el informe Draghi”.

Saint Brieuc es el cuarto parque eólico marino en operación de Iberdrola, tras los de West of Duddon Sands y East Anglia One, en Reino Unido y el de Wikinger, en Alemania. Además, la compañía tiene otros cuatro parques en construcción: en 2025 entrarán en funcionamiento Baltic Eagle, en Alemania, y Vineyard Wind One, el primero a gran escala de los Estados Unidos; y, en 2026, se pondrán en operación East Anglia Three y Windanker.

La inversión en los parques operativos y en construcción supone ya 15.000 millones de euros. Además, en el último mes, Iberdrola se ha adjudicado dos nuevos proyectos: East Anglia Two, en el Reino Unido; y New England Wind 1, en el estado de Massachusetts (EE.UU.). Una vez concluidos, la inversión total del grupo en eólica marina superará los 25.000 millones de euros.

Además, de este nuevo parque eólico marino, Iberdrola opera once proyectos eólicos terrestres en Francia y cuenta con una cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos en distintas fases de desarrollo. La compañía tiene oficinas en París, Lyon, Nantes, Nancy, Burdeos, Limoges y Marsella, además de instalaciones de operación y mantenimiento para sus distintos activos.

El primer aerogenerador flotante de uso comercial en España tardará en llegar. Todavía ni siquiera se ha aprobado el real decreto que regula esta actividad, y después el Gobierno tendrá que convocar los concursos para adjudicar los pocos espacios disponibles en la costa española. Sin embargo, el sector ya se ha topado con la oposición de los ecologistas. Las grandes organizaciones verdes pidieron en abril al Ministerio de Transición Ecológica que la futura normativa tenga unos elevados estándares ambientales, y la semana pasada la ONG SEO/BirdLife dio un paso más y anunció que ya ha enviado comentarios para corregir hasta seis proyectos de molinos marinos que diferentes compañías pretenden construir frente a la costa gallega.

Estos seis planes supondrían la construcción de 266 aerogeneradores con alturas de entre 250 y 350 metros en una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados, similar a la isla de Tenerife, aunque son todavía provisionales debido a que no una normativa aprobada que regule la eólica marina. De hecho, es probable que muchos de estos proyectos se caigan y sean sustituidos por otros nuevos en el futuro, una vez que se conozca el real decreto final, que se espera que esté aprobado este verano. 

Paulo Lago, técnico del Programa Marino de SEO/BirdLife en Galicia, explica que su organización ha analizado estos seis proyectos eólicos y no han encontrado ningún estudio en profundidad sobre el impacto que tendrían estos molinos sobre las aves pese a que se ubicarían rozando una zona de paso migratorio por donde circulan numerosas aves protegidas. "Son proyectos muy pobres que no tienen en cuenta el medioambiente y que no incluyen trabajos de campo sobre las aves marinas. En el mejor de los casos solo se menciona qué aves pasan por esa zona basándose en estudios oficiales anteriores", critica el experto.

Según argumenta esta organización defensora de las aves, las zonas habilitadas por el Gobierno para instalar los molinos de viento frente a la costa gallega se encuentran pegadas al corredor migratorio de aves marinas que abarca desde la frontera de Galicia con Portugal hasta Cantabria, y se corre el riesgo de que algunos animales se desvíen y acaben chocando con las aspas de los aerogeneradores. "Las aves no entienden de fronteras y se alejan más o menos de la costa en función del viento. Lo que hace falta son estudios muy concretos para ver dónde se pueden colocar los molinos y dónde no", añade el técnico. Esta ONG también reclama que no saquen de una sola vez a concurso todas las áreas de la costa española delimitadas para la eólica marina, sino que se empiece por una zona pequeña —probablemente la costa de Canarias— y se vaya expandiendo a medida que se conozca mejor el impacto de esta tecnología en las aves marinas.

Desde la patronal del sector, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), piden cautela y opinan que es demasiado pronto para entrar en polémicas cuando todavía ni se sabe cuándo se van a instalar estos molinos. "Es fundamental tener en cuenta que todo lo que se ha propuesto hasta ahora no será definitivo, puede que se construya un 10% de todo lo que se ha dicho. Todo dependerá del marco regulatorio y de las subastas; no tiene sentido ponerse ya la tirita antes de la herida", contesta Heikki Willstedt, director de Cambio Climático de la AEE. En todo caso, el sector es consciente de los problemas que podría acarrear un enfrentamiento directo con las organizaciones ambientalistas, como ya ha tenido con sus proyectos terrestres en Galicia, por lo que en esta ocasión parece que adoptará un perfil más conciliador. "Estos proyectos, de todas formas, pasarán una evaluación ambiental muy exhaustiva y cada construcción será analizada durante un año para conocer las aves que sobrevuelan cada parcela", añade Willstedt.

Los seis proyectos provisionales señalados por SEO/BirdLife en Galicia están ya en manos de Transición Ecológica y se encuentran en un proceso de evaluación ambiental en "consulta previa", un procedimiento anterior al estudio ambiental definitivo en el que las compañías consultan al Gobierno si necesitan ampliar el estudio de la zona afectada por la construcción. Sin embargo, desde SEO/BirdLife interpretan que estos documentos son una forma de hacer lobby sobre el futuro real decreto. "Estos proyectos se han multiplicado en los últimos meses y, como son provisionales, creemos que son una forma de presionar al ministerio de Transición Ecológica para que el real decreto que se publique esté alineado con los intereses del sector", opina Lago, que pide al ministerio que no tramite ningún proyecto hasta que no haya un marco normativo aprobado.

Como los seis proyectos señalados por los ecologistas se enmarcan dentro de un proceso de consulta previa, las organizaciones civiles no pueden presentar por ahora alegaciones contra estas plantas eólicas, sino que pueden participar en el trámite mediante comentarios, que es lo que han presentado hasta el momento. Además de estos seis proyectos frente a la costa gallega, entre 2023 y 2024 se han presentado más de una docena propuestas para construir aerogeneradores flotantes frente a la costa de Cádiz, Málaga, Las Palmas, Baleares, Granada o Girona, entre otras provincias.

No es la primera vez que la eólica marina choca con la voluntad de otros sectores, ya que diferentes agrupaciones de pescadores han cargado en los últimos años contra esta tecnología, liderados por la Plataforma en Defensa de la Pesca. Argumentan que estas zonas amplias ocupadas por los aerogeneradores se ubican en algunos caladeros de pesca que quedarían inutilizados. Estos profesionales también sospechan que podrían alterar los movimientos de algunas especies de peces, pero aún es pronto para saberlo con certeza.

La Comisión Europea ha abierto una investigación formal para determinar si la entrada de capital chino en el desarrollo de parques eólicos en cinco países de la Unión Europea, entre ellos España, supone una ventaja indebida que distorsione la competencia en el mercado comunitario, según informa Europa Press.

Así lo ha anunciado desde Estados Unidos la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, durante un discurso en Princeton en el que ha advertido de que China es para la UE "a la vez, un socio, un competidor económico y un rival sistémico" que se ha forjado una "posición fuerte" a nivel global "no siempre jugando limpio".

"Puedo anunciar que hoy lanzamos una nueva investigación sobre proveedores chinos de turbinas eólicas. Investigamos las condiciones para el desarrollo de parques eólicos en España, Grecia, Francia, Rumanía y Bulgaria", ha indicado la liberal danesa.

Según indican fuentes comunitarias, Bruselas tiene indicios de que algunos fabricantes del sector y otras compañías activas en el mercado interior "pueden haberse beneficiado de subsidios extranjeros que les han asegurado una ventaja injusta" sobre otros competidores y que ello "puede haber distorsionado la competencia".

Las nuevas reglas de la Unión Europea para proteger sectores clave de distorsiones por subsidios extranjeros permiten a Bruselas investigar si existen subsidios extranjeros a empresas que optan a contratos públicos en la UE y medir sus efectos, de modo que pueda imponer medidas correctoras si se establece que estos apoyos suponen una distorsión de la competencia.

Si se confirman las irregularidades cuyas sospechan motivaron la apertura de la investigación, Bruselas puede acordar compromisos con las empresas para corregir las distorsiones o prohibir la adjudicación de los contratos.

La batalla judicial entre la patronal eólica y las organizaciones ecologistas no cesa en Galicia. Este martes el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) comunicó que otros 13 proyectos eólicos quedan paralizados de manera cautelar y son ya más de una veintena los que han sido congelados en el último año. El enfrentamiento en los tribunales comenzó la pasada primavera, cuando la Xunta dio el visto bueno a la construcción de unos 75 parques de molinos y las organizaciones civiles contestaron con una ola de recursos. Los promotores eólicos y el gobierno autonómico denuncian desde entonces una campaña de "judicialización" del sector que pone en riesgo miles de millones en inversiones.

El choque entre renovables y vecinos no es exclusivo de esta región, pero es en Galicia donde ha habido una mayor contestación social organizada, liderada por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), aunque también hay otras como Petón do Lobo, Ecoloxistas en Acción y agrupaciones de afectados. Adega presentó recursos el año pasado contra más de 30 proyectos y hasta ahora ha logrado paralizar dos y anular definitivamente otros dos, en Bustelo y Campelo, por fragmentación indebida.

Galicia fue hasta 2007 la potencia eólica del país y el sector lleva de capa caída desde entonces. Los promotores y la industria esperaban que durante esta década, cuando hay una apuesta muy fuerte por la energía renovable, Galicia recibiese un nuevo impulso, pero la lucha judicial han descafeinado sus previsiones. Aunque no hay un conteo oficial, la Asociación Eólica de Galicia calcula que más de 20 parques se han suspendido de forma cautelar, con una potencia equivalente a 600 megavatios.

"Llevamos cuatro años parados por cuestiones judiciales y hay más de 6.000 millones de euros de inversiones en riesgo. Galicia ha atraído a fábricas electrointensivas, proyectos de baterías, hidrógeno… y tenemos PPA (contratos de venta de electricidad) comprometidos. Si nos quedamos sin eólica, estas empresas se irán a otras comunidades autónomas, como Aragón", afirma Manel Pazo, presidente de la patronal eólica gallega.

En el centro de la disputa se encuentra la Sala Tercera del TSXG, la que ha llevado todos los recursos de la eólica y que ha terminado chocando con el Tribunal Supremo por este asunto. Uno de los argumentos jurídicos que sirvieron al TSXG para paralizar el año pasado más de una decena de proyectos fue los supuestos errores de procedimiento que tuvo que la Xunta a la hora de otorgar la declaración de impacto ambiental de los parques de molinos. La administración recortó la fase de exposición pública —limitando la capacidad de los afectados para recurrir—, y no dio acceso a las partes afectadas a los informes sectoriales elaborados por las consellerías sobre el impacto de estos proyectos eólicos.

La Xunta y los promotores eólicos recurrieron al Supremo este argumento y el Alto Tribunal les dio la razón en diciembre, anulando parte de la estrategia de los magistrados gallegos para paralizar la expansión de los molinos. Sin embargo, este martes el TSXG desveló que desde la sentencia del Supremo ha paralizado cautelarmente otros 13 parques de molinos en Galicia, esta vez argumentando que hay deficiencias en la evaluación del impacto ambiental de los molinos y que están en un área "no recomendada" por el Ministerio de Transición Ecológica.

El anuncio ha levantado al sector de la eólica y al gobierno gallego, que esperaban que la decisión del Supremo diese por fin carpetazo a la batalla judicial sobre las instalaciones renovables. La Asociación Empresarial Eólica, la patronal nacional, afirma que el TSXG "se basa ahora en la zonificación ambiental del MITECO", y entienden que "esta utilización es cuestionada desde varios ámbitos jurídicos, porque el mapa de zonificación no tiene rango normativo propio y es una herramienta de apoyo".

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (PP), también entró este jueves en la polémica: "Creemos que [la decisiñon del TSXG] tiene gravísimas consecuencias. Tengo que respetar las decisiones judiciales. Lo que no puedo es callarme frente a sus consecuencias, decir que no me gusta y que, en este caso, me resulta muy curioso que después de un pronunciamiento claro, categórico, sin ninguna duda, del Tribunal Supremo, esto no valga para nada", según declaraciones recogidas por Galiciapress.

La asociación ecologista Adega contesta, sin embargo, que se ha intentado trasladar la idea de que el TSXG ha cambiado su modus operandi tras la sentencia del Supremo, y que ahora ha tenido la ocurrencia de paralizar proyectos basándose en la protección ambiental, pero esta fórmula no es nueva. "Se está tergiversando la realidad porque argumentos para la paralización por motivos ambientales ha habido siempre. En todos los recursos que hemos presentado nosotros se han recogido fallos en la evaluación del ecosistema o en la caracterización de las especies afectadas por el parque eólico", apunta Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva de Adega.

El TSXG pide ayuda a Luxemburgo

Coincidiendo con el anuncio de las 13 nuevas paralizaciones, el TSXG publicó el miércoles que ha elevado una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si los afectados por los proyectos eólicos deben recibir o no los informes sectoriales durante el proceso de consulta pública. Aunque el TSXG admite la sentencia del Supremo del 21 de diciembre, los cuatro magistrados de la sala de lo Contencioso creen que podría haber un error en la trasposición que la ley de evaluación ambiental estatal y la normativa gallega hicieron de la Directiva europea de evaluación ambiental.

Según explican desde la Asociación Eólica de Galicia, este paso por ahora no tiene consecuencias porque el TJUE no ha admitido a trámite la consulta, pero de hacerlo podría suponer un tsunami de paralizaciones cautelares en todo el sector energético. Según su interpretación, supondría que la legislación española de evaluación ambiental sería errónea y los afectados podrían recurrir cualquier obra que haya pasado por este proceso de examen, y quedarían congelados hasta que se pronuncie el tribunal europeo, un proceso que puede durar fácilmente dos años.

Esta debería ser la edad de oro del sector de la energía eólica. En todos los continentes, el desarrollo de las energías renovables, en particular la eólica, se ha convertido en una prioridad en la lucha contra el cambio climático. Por todas partes surgen proyectos de vastos campos de producción en el interior o en alta mar. Y, sin embargo, la industria eólica nunca se había enfrentado a una crisis tan grave. 

Sólo la jornada del 14 de noviembre da una idea de los problemas encontrados. Ese día, el grupo danés Orsted, el mayor fabricante de turbinas eólicas marinas, anunció la dimisión de sus altos directivos y el abandono de un proyecto de parque eólico marino en Noruega, tras retirarse de la participación en la construcción de otro parque eólico marino frente a las costas de Nueva Jersey. Según el grupo, estas medidas son sólo las primeras de muchas por venir, en respuesta a las pérdidas trimestrales de más de 28.000 millones de coronas danesas (3.750 millones de euros) publicadas a principios de noviembre. 

Ese mismo día, tras semanas de incertidumbre, Siemens Gamesa, la empresa creada por la fusión entre la filial eólica del conglomerado alemán y la española Gamesa, acordó finalmente un plan de rescate de 15.000 millones de euros, consistente principalmente en garantías financieras aportadas por el Gobierno alemán y su empresa matriz. La empresa, que atraviesa graves dificultades técnicas y financieras desde hace casi dos años, había anunciado anteriormente pérdidas de más de 4.000 millones de euros y prevé perder otros 2.000 millones de euros el año que viene. Se acaba de lanzar un plan de ahorro de 400 millones de euros. Pero éstas son sólo las primeras medidas. 

La serie de malas noticias no se limita a unos pocos grupos. Todo el sector está afectado. La filial energética de GE, uno de los gigantes del sector, teme tener que soportar pérdidas de unos 2.000 millones de dólares (1.800 millones de euros) de aquí a finales de año, debido a problemas financieros y técnicos. Ni siquiera los fabricantes chinos parecen salvarse. En octubre, el fabricante de turbinas Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. publicó unos resultados trimestrales con un descenso del 98%. 

En todas partes se están retrasando o incluso cancelando proyectos de parques marinos. En Estados Unidos, a pesar del apoyo del gobierno, sólo dos grupos han presentado ofertas para construir parques eólicos marinos en el Golfo de México. En el Reino Unido, las licitaciones para nuevos proyectos en el Mar del Norte se cancelaron en septiembre simplemente porque no se había recibido ninguna oferta. A mediados de noviembre, la eléctrica japonesa Skikoku Electric Power y la refinería Eneos Holdings anunciaron el abandono de un proyecto eólico marino frente a las costas de Taiwán. En su opinión, la rentabilidad del proyecto no estaba asegurada. 

"Actualmente asistimos a una conjunción de tres factores que están creando una crisis sistémica: las dificultades de abastecimiento, con la fuerte subida de los precios de las materias primas (acero, cobre, aluminio, fibra de vidrio), la subida de los tipos de interés y la crisis inflacionista. Todos los proyectos están en dificultades", explica Mattias Vandenbulcke, Director de Estrategia de France Renouvelables, que agrupa a todos los actores del sector de las energías renovables. 

Pero los problemas a los que se enfrenta la industria eólica van mucho más allá de un bache temporal, según muchos actores del sector. Desde 2015, los resultados de la industria no han dejado de deteriorarse y ahora están en números rojos. "Deberíamos ser razonablemente rentables. Pero todos estamos perdiendo dinero", afirma Jochen Eickholt, director de Siemens Gamesa. 

El tiempo de los pioneros parece haber terminado. La industria eólica europea, que ha sido la más innovadora en las tres últimas décadas y ha dominado el sector, parece ahora la más vulnerable. 

Estas dificultades llegan en un momento en que la Comisión Europea ha fijado algunos de los objetivos más elevados para la transición energética: la capacidad de generación de energía eólica debe aumentar hasta 500 GW –casi el doble– para 2030 con el fin de cumplir los objetivos de descarbonización energética. Pero eso no puede lograrse sin "una industria sana, sólida y competitiva", admite. ¿Sigue siendo defendible ese objetivo, que ya se calificó de muy ambicioso, dada la crisis que atraviesa el sector? 

Estados Unidos se enfrenta a los mismos interrogantes. ¿Podrá responder a las exigencias de la transición ecológica aunque el sector esté en crisis? "El sector eólico americano está fundamentalmente en pedazos y debe replantearse", argumentó el responsable de energías "limpias" de BP, que se está convirtiendo en uno de los principales actores de la energía eólica, en una cumbre sobre la transición energética celebrada a principios de noviembre. 

No nos hemos fijado mucho en lo que ha sucedido con la energía eólica en las últimas décadas. Sin embargo, el salto técnico ha sido espectacular. En 1991, como recuerda Cédric Philibert, investigador asociado del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri) en su libro Éoliennes, pourquoi tant de haine? (Eólicas, ¿por qué tanto odio?, edic. Les Petits Matins, 2023), la primera turbina eólica marina, diseñada en Dinamarca por el antecesor de Orsted, medía entre 20 y 30 metros, tenía palas de unos pocos metros de largo y su potencia no superaba los 300 kW. Apenas para abastecer a unas pocas docenas de hogares. El coste de la electricidad producida rondaba los 180 dólares por MWh. 

Año tras año, las turbinas eólicas marinas han seguido aumentando de tamaño –30, 50, 100 metros– y su rendimiento no ha dejado de mejorar. Hoy, en busca de vientos más fuertes y estables que aumentan el tiempo de carga de las turbinas, los aerogeneradores miden más de 100 metros, tienen palas giratorias de más de 60 metros y pueden generar una potencia de hasta 8,5 MW. 

Pero la carrera por el gigantismo no cesa. Los fabricantes de turbinas quieren llegar cada vez más alto para captar vientos más estables y aumentar así el rendimiento. El gigante americano GE, gracias a su adquisición de Alstom, que va muy por delante en este campo, como señala el New York Times, ha emprendido este camino. Su turbina eólica marina, llamada Haliade-X y construida en gran parte en Francia, parece un monstruo: tiene unos 260 metros de altura (casi como la Torre Eiffel), con palas de más de 100 metros de largo, y puede generar 12 MW de potencia. 

Siemens Gamesa ha reaccionado presentando un nuevo modelo de aerogenerador marino llamado SG 14-222 DD, el más potente del mundo. También de más de 250 metros de altura, con palas de 108 metros de longitud y un rotor de 222 metros de diámetro, se espera que su potencia instalada alcance los 14-15 MW. Este nuevo aerogenerador marino y su turbina 5-X parecen ser en parte culpables de las actuales dificultades financieras del grupo. 

¿Hemos alcanzado un techo tecnológico? ¿La carrera por el gigantismo ha llevado a diseñar equipos demasiado complicados de dominar, hasta el punto de que ya no son rentables? "No lo creo. Creo que se trata más bien de errores internos cometidos por Siemens", afirma Cédric Philibert. En cualquier caso, los problemas actuales de Siemens recuerdan a los de Alstom (antes de ser absorbida por GE) en 2003, tras adquirir las turbinas de gas del grupo sueco-suizo ABB. 

Pero estos monstruos ya han cambiado el juego. Desde la instalación de los primeros aerogeneradores, los avances técnicos, el desarrollo en serie y la mejora de los tiempos de carga han permitido reducir considerablemente los costes de producción y mejorar la rentabilidad de cada proyecto. De 180 dólares por MWh al principio, el coste ha bajado a una media de 140 dólares en 2010, 80 dólares en 2015 y unos 60 dólares en 2020. 

Pero esta tendencia ahora se ha invertido. El desarrollo de estas superturbinas requiere fuertes inversiones. Los fabricantes carecen de salidas comerciales para recuperar sus costes de investigación y desarrollo en largas series de producción. En este negocio intensivo en capital, pocos actores están dispuestos a asumir riesgos financieros a tan largo plazo. Sobre todo porque el entorno financiero ha cambiado radicalmente. 

Todos los agentes implicados se dan cuenta ahora de lo mucho que les ha ayudado la era del dinero gratis: las cómodas políticas monetarias de los últimos diez años han sido un potente acelerador de la transición ecológica en general, y de la energía eólica en particular. Gracias a los tipos de interés cero, el sector ha podido apalancar enormes cantidades de capital, lo que ha permitido la aparición de proyectos de parques eólicos marinos que, de otro modo, no habrían visto nunca la luz. 

La normalización financiera que buscan los bancos centrales para combatir la inflación está sumiendo en la niebla a promotores y constructores, que a menudo son socios en la creación de nuevos parques. Las granjas eólicas existentes ven cómo se deteriora su rentabilidad al dispararse los tipos de interés que tienen que pagar. Los proyectos firmados hace dos o tres años, cuando todos los actores estaban convencidos de que operaban en un entorno relativamente estable, con tarifas de compra de su producción garantizadas de unos 60-65 dólares por MWh, están viendo cómo se desmoronan los planes que tenían en mente. 

Porque la ecuación financiera ya no se sostiene. Entretanto, el coste de las materias primas y las interrupciones en la cadena de suministro han hecho subir el precio de cada aerogenerador. Los costes financieros aumentan y los proveedores están en primera línea, presionados para hacer esfuerzos y recortar sus márgenes. "Perdemos un 8% por cada turbina vendida", admitía recientemente Henrik Andersen, CEO de Vestas, otro gran fabricante danés de aerogeneradores. 

A la carga financiera se suma el hecho de que los plazos de conexión de los aerogeneradores a la red –es decir, el punto en el que se puede vender la electricidad producida– son cada vez más largos. "En Francia hay un tiempo de espera de cinco años para conectarse a la red", afirma Cédric Philibert. Los mismos problemas existen en otros países como Alemania y el Reino Unido. 

Esos retrasos no se deben a mala voluntad o lentitud administrativa: hay realidades físicas e industriales que no casan bien con los anuncios políticos basados en la inmediatez de los mercados financieros. Lleva tiempo reforzar una red y acomodar la nueva producción, es decir, desplegar cables submarinos, nuevas líneas de alta y media tensión, nuevas interconexiones, transformadores y estaciones intermedias. Son contingencias que a menudo se pasan por alto. 

Pero mientras tanto, los contadores financieros no paran. 

Esta es la principal crítica que se hace desde todo el sector: los gobiernos, sean quienes sean, no han sabido tomar la medida de los trastornos que se han producido en los tres últimos años. Los poderes públicos, que han tomado nota rápidamente de la tendencia a la baja de los costes de producción de la energía eólica, se han apresurado en los últimos años a reducir los precios garantizados en las licitaciones lanzadas para construir nuevos parques eólicos. "Incluso hasta llegar a subastas negativas inversas en Estados Unidos", dice Cédric Philibert, indignado. 

Los precios garantizados de recompra negociados hace dos o tres años son insostenibles", explica la consultora energética Wood Mackenzie. Recientemente, los inversores en proyectos de energías renovables, principalmente solar y eólica, que deben suministrar el 70% de la electricidad consumida en el Estado de Nueva York de aquí a 2030, intentaron obtener de las autoridades estatales 12.000 millones en subvenciones adicionales para apoyarlos. Se negaron. 

Otros han intentado cambiar los precios garantizados incluidos en las licitaciones que ganaron. Al menos para indexarlos a la inflación. Recibieron la misma respuesta negativa. En un momento en que el coste de la vida se ha convertido en una cuestión política en todo el mundo, las autoridades políticas muestran la misma preocupación por ofrecer energía asequible a todo el mundo. Pero al mismo tiempo quieren apoyar la transición energética. Y lo hacen confiando en las leyes del mercado. Ya sabemos qué va a pasar: algo tiene que ceder. 

Ha comenzado un auténtico tira y afloja entre los políticos y la industria. Poco dispuestos a asumir más pérdidas, los inversores y proveedores se niegan cada vez más a desarrollar nuevas instalaciones consideradas no rentables. Prefieren tener que soportar pérdidas y depreciaciones de activos que a veces pueden ascender a varios cientos de millones de dólares, antes que tener que cargar con un proyecto eólico que no parece rentable a largo plazo. 

Sobre todo porque los parques eólicos son cada vez más caros. "Las mejores ubicaciones ya están cogidas", afirma Cédric Philibert. Los nuevos parques eólicos se van a construir cada vez más lejos, en entornos cada vez más difíciles. Ahora hablamos de parques eólicos flotantes, que ya no descansan sobre la plataforma continental submarina, como las plataformas petrolíferas en alta mar. 

Sin embargo, la ausencia de ofertas en la licitación lanzada por las autoridades británicas ha creado un electroshock: el Reino Unido es uno de los países que más ha desarrollado la energía eólica marina (aporta alrededor del 13% de su producción eléctrica) y el que cuenta con más proyectos nuevos. Pero a 60-65 libras (70-75 euros) por MWh, la garantía de recompra parecía irrisoria. 

La advertencia parece haber sido escuchada. "Estamos escuchando las preocupaciones del sector", explicó un portavoz del Gobierno británico. Podrían lanzarse nuevas licitaciones en torno a 80-85 libras por MWh. Sin embargo, esa respuesta no es suficiente: lo que hace falta es un auténtico marco regulatorio que garantice tanto la visibilidad para inversores y fabricantes como un precio asequible para los consumidores. 

El anuncio dejó helado a más de uno. Sobre todo porque lo hizo uno de los representantes de BASF. Como muchos grandes industriales alemanes, el conglomerado químico tiene previsto construir parques eólicos en el Mar del Norte, para producir electricidad barata que pueda transportarse cientos de kilómetros hasta sus centros industriales del interior, en sustitución de sus centrales térmicas y del gas ruso. 

Mientras el grupo se prepara para invertir cientos de millones de euros en estos nuevos suministros, el presidente de BASF, Martin Brudemüller, hundía a la industria eólica europea en una entrevista publicada por el Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Los chinos son técnicamente mejores que nosotros, y además son más baratos", dijo, afirmando que la tecnología eólica europea "ya ha desaparecido". 

¿Vamos a asistir a una repetición de lo ocurrido en la industria solar europea? ¿Sacrificarán de nuevo los europeos todo un sector en nombre de los beneficios a corto plazo, aunque luego se arrepientan de haberse hecho dependientes de China? 

Eso es lo que temen todos los fabricantes europeos. "Los fabricantes chinos se benefician de un mercado muy amplio, del apoyo de su gobierno y de una competitividad que se sustenta en el incumplimiento de las normas sociales y medioambientales. Gracias a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), los fabricantes americanos cuentan con el apoyo del gobierno de su país, que prevé contenidos locales. En Europa, la libre competencia sin distorsiones sigue estando a la orden del día. En las licitaciones, el único criterio es siempre el de la oferta más baja", explica Mattias Vandenbulcke. 

"Las dificultades a las que se enfrentan los europeos hacen que los fabricantes chinos de turbinas se hagan con los pedidos. Ofrecen turbinas más baratas, criterios menos estrictos y condiciones financieras inusuales", señala la asociación WindEurope, que agrupa a los actores europeos del sector. Pero advierten: "Existe un riesgo real de que la energía eólica se produzca en China y no en Europa". 

La Comisión Europea insiste en que ha escuchado las distintas advertencias. En octubre adoptó un "Plan de Acción Europeo de la Energía Eólica" para garantizar que "la energía eólica siga siendo un éxito europeo". "En el espacio de dos años, Europa ha perdido su liderazgo, mientras que el mayor mercado mundial de energía eólica se encuentra en Asia. Esta tendencia empieza a hacerse patente en la propia Europa. La presión de los competidores internacionales es cada vez mayor. Esos actores pueden contar con grandes mercados nacionales y diversas formas de apoyo gubernamental", explica Kadri Simson, Comisario Europeo de Energía. 

El plan se debatirá esta semana en el Parlamento Europeo. Prevé ayudas a las tecnologías totalmente libres de carbono. Fija como objetivo producir el 40% de los desarrollos anuales de las tecnologías descarbonizadas de aquí a 2030 y alcanzar el 25% de este mercado mundial. Pero de momento no se ha adoptado ningún cambio de política ni se ha decidido nada. 

Hay otro riesgo, más discreto, que se cierne sobre el desarrollo de la energía eólica: el del control de las grandes petroleras sobre el sector. En los últimos dos o tres años, a menudo bajo la presión de sus accionistas, los grandes grupos petroleros, empezando por BP, Shell y TotalEnergies, se han embarcado en el desarrollo de la energía eólica marina. La energía eólica marina es uno de los principales ejes de su política en respuesta a las acusaciones formuladas contra sus actividades contaminantes, responsables en parte del cambio climático. 

Gracias a su solidez financiera y a su conocimiento de los riesgos que entrañan la exploración y producción de petróleo en alta mar, tienen capacidad para asumir los proyectos más grandes y ambiciosos. 

TotalEnergies y BP se han llevado recientemente las últimas licitaciones de parques eólicos en Alemania. BP sigue teniendo grandes proyectos en el Mar del Norte, frente a las costas del Reino Unido. TotalEnergies ha firmado un gran proyecto frente a las costas de Nueva Jersey. Pueden asumir los riesgos: aunque no le guste, Shell, a diferencia de otros actores de la energía eólica, ha aceptado sin rechistar asumir 2.000 millones de dólares de depreciación de activos en un proyecto en la costa este de Estados Unidos. 

Para los grandes grupos petroleros, estas inversiones son todo beneficio. Esos parques eólicos les permiten compensar parte de sus emisiones de CO2. Demuestran así su compromiso con la transición ecológica y cumplen las nuevas normas medioambientales y sociales (ESG) exigidas por los inversores financieros en nombre de las finanzas verdes. 

Pero al estar en el centro del sistema, por un lado como operadores de combustibles fósiles, y por otro como actores principales de la energía eólica, están en condiciones de controlar totalmente el calendario y marcar el ritmo de desarrollo de la energía eólica, en función de sus propios intereses. Porque su conversión a las energías renovables es sólo fachada. Todos lo dicen, y sus inversiones lo demuestran: el petróleo tiene un futuro muy, muy largo.

Traducción de Miguel López

El turno de la eólica marina llega a España en un momento que no es precisamente el idóneo. El Ministerio de Transición Ecológica publicará en los próximos 40 días su propuesta para regular la construcción de molinos de viento en aguas españolas, un sector que hasta ahora no ha despegado en la península por la orografía de la costa, que impide anclar los molinos al fondo marino por su profundidad. En su lugar, España depende de los molinos flotantes, una tecnología mucho más cara y que por ahora está en desarrollo en Europa.

Pese a los inconvenientes, los fabricantes y promotores apremian al Gobierno para que publique ya la normativa que llevan esperando más de tres años. El borrador del futuro real decreto detallará el procedimiento para tramitar los parques, definirá el modelo de subastas para adjudicar los proyectos a las compañías que más pujen y definirá cómo conectar los molinos marinos a la red nacional. En realidad, la clave estará en las bases de la primera subasta de eólica marina, que se espera para el año que viene y donde se desvelará en qué zona de la costa española se construirán los primeros aerogeneradores y cuál es el precio máximo de puja para los promotores, salvo que sea confidencial.

Las subastas de renovables parten de un precio tope —fijado por el Ministerio de Transición Ecológica— y los promotores se pelean para ofertar por debajo de esa cifra el coste al que venderán la electricidad de sus molinos, resultando ganador el que ofrezca el precio más bajo. El problema es que en los últimos dos años los costes de los materiales para su construcción han subido con fuerza y los tipos de interés para acceder a créditos se han disparado, por lo que las empresas trasladan estos costes a sus pujas. 

En Reino Unido, la última subasta de septiembre quedó desierta porque ninguna promotora estuvo dispuesta a ofertar por debajo del tope establecido por el Gobierno, y la semana pasada el Departamento de Energía anunció que la puja del año que viene para la eólica marina flotante se inflará un 52% para cubrir el incremento de costes. La oferta límite será de 241 libras (276 euros) por megavatio hora que generen las turbinas durante los siguientes 15 años, un precio muy por encima del resto de las tecnologías limpias, que venden a menudo por debajo de 50 euros en contratos a largo plazo. Además, en Estados Unidos y Reino Unido, varios promotores, entre ellos Iberdrola, han cancelado en los últimos meses contratos privados para suministrar luz de sus molinos porque los precios acordados en su día no sirven hoy para cubrir el coste de los parques eólicos. 

Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), explica que esta subida de costes repentina ha dejado fuera de juego a acuerdos cerrados en el pasado, pero que en España no ha decaído el interés por la eólica marina. "Hay mucho apetito porque la tecnología ya es madura; lo que tenemos que hacer es corregir los fallos de las subastas que ha habido en otros países", afirma. Su propuesta es que el precio al que se pacte la compra de luz del Estado al promotor a través de contratos CfD tenga una cláusula para modularlo a la inflación, ya que desde que se cierra el acuerdo hasta que el molino comienza a girar pueden pasar hasta seis años, y si el proyecto se encarece lo asume el constructor.

El experto de la patronal evita hacer pronósticos sobre el precio al que ofertarán los productores en España en las subastas de eólica marina, aunque sí destaca que serán más baratos los proyectos cuanto más cerca estén de la costa y cuanta menor profundidad tengas las aguas. En todo caso, siempre estas zonas siempre estarán delimitadas por el mapa que publicó el Gobierno en febrero, que concentra la eólica marina alrededor de Galicia y Asturias, frente a Girona, en Menorca, en dos puntos de la costa andaluza y en buena parte de Canarias. El inconveniente de situar los aerogeneradores cerca de las playas es que tendrán una contestación inmediata de pescadores, ecologistas y empresarios turísticos, un conflicto que ya han tenido las renovables en tierra y que ha llegado a los tribunales en muchas ocasiones.  

Sergio Fernández, ingeniero y divulgador del sector eólico en Windletter, opina que aunque ahora la tecnología es cara, será más competitiva en el futuro, pero al mismo tiempo ve difícil que se alcance el objetivo del Gobierno de instalar tres gigavatios de potencia de molinos flotantes antes de 2030. Teniendo en cuenta que estos aparatos tienen una potencia de 15 megavatios, se necesitarían 200 aerogeneradores para alcanzar la meta, salvo que en los próximos años salgan al mercado molinos más grandes y más potentes. 

Sobre la ubicación de los primeros molinos flotantes, es un secreto a voces en el sector que se situarán en Canarias, ya que por mucho que la tecnología sea cara, será más barata que la luz que consume ahora. En el archipiélago, el 80% de la energía se produce con combustibles fósiles a un precio de entre 150 y 200 euros por megavatio hora y hasta ahora se subsidia entre todos los consumidores del país, por lo que allí es donde más sentido tiene empezar. La otra opción es autoabastecer las islas solo con paneles solares y molinos terrestres, pero no es viable porque el territorio es limitado y está muy protegido. 

En España se inauguró el primer molino flotante este verano en la costa de Vizcaya, 3,7 kilómetros mar adentro. Sin embargo, todavía no hay en Europa un auténtico parque eólico marino flotante conectado a la red, más allá de cuatro pequeñas instalaciones de prueba, una de ellas en la costa portuguesa con tres molinos. Sí está muy desarrollado en el continente la eólica marina anclada al fondo del mar, especialmente en el mar del norte, pero cuando la profundidad supera los 60 metros ya es más rentable optar por máquinas flotantes. 

El segundo mayor fabricante de aerogeneradores del mundo y el principal actor del sector eólico en España será rescatado por el gobierno alemán. Siemens Energy confirmó este miércoles que recibirá avales del Estado alemán para tapar el agujero provocado por Siemens Gamesa, el fabricante de aspas ubicado en País Vasco, que en junio descubrió un fallo técnico en sus molinos con un coste mil millonario para la compañía matriz, ubicada en Alemania. La mayoría de la ingeniería de Siemens Gamesa se ubica en España, donde tiene nueve fábricas y donde 5.000 trabajadores están a merced de lo que decida la cúpula extranjera, reclaman los sindicatos.

Siemens Energy, dueña de Gamesa, recibirá un aval del gobierno alemán de 7.500 millones para acceder a una línea de crédito de 11.000 millones de un consorcio de bancos, y otros 1.000 millones en préstamos sin cobertura pública. Aunque no se trata de un rescate al uso –no es una inyección de dinero público–, sí que lo es de forma indirecta, ya que si la empresa falla en la devolución del crédito, el Estado tendrá que hacerse cargo de él con esos 7.500 millones.

España también ha anunciado que busca la fórmula para ampliar esos avales a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), puesto que Siemens alertó en octubre de que necesita crédito por valor de 15.000 millones y con la aportación de la banca alemana no es suficiente. Estos préstamos permitirán a la compañía acceder a crédito para seguir funcionando y atender a sus pedios pendientes, que tienen un valor de 110.000 millones.

Siemens Energy también presentó resultados este miércoles para el año fiscal que terminó en septiembre, donde registró pérdidas de 4.588 millones de euros, seis veces más que las pérdidas del año anterior. Gamesa aportó a esa cifra 4.347 millones de pérdidas, y se espera que el año que viene pierda otros 2.000 millones. 

El quebradero de cabeza comenzó cuando la firma reveló en junio una avería que afectaba a sus molinos 4.X y 5.X, de los que hay casi 3.000 instalados en el mundo, aunque afecta a los rodamientos y las aspas de solo algunos de ellos. La compañía ha reservado 1.600 millones para reparar estas averías, que se dan solo en sus molinos terrestres, cuya tecnología aportó en su día a Siemens Energy la antigua Gamesa tras su fusión de 2017. Además de las pérdidas directas en reparaciones, Siemens Gamesa ha paralizado la venta de nuevos aerogeneradores terrestres, ampliando las pérdidas.

En todo caso, los sindicatos achacan los fallos técnicos en la eólica a la dirección alemana de la compañía, que ha designado en apenas cuatro años a tres CEO diferentes para Siemens Gamesa, y ha acelerado la producción, poniendo en riesgo el diseño. "El problema es la gestión. No se han cumplido plazos que teníamos [en el pasado] para lanzar nuevos modelos", señala Clara Fernández, secretaria general de Comisiones Obreras (CC.OO.) en esta empresa. 

Otro ingeniero del sector eólico incide en esta versión. "He leído muchas veces que de alguna manera se culpa a España por estos errores, pero los fallos son de la compañía. Se ha corrido en el diseño de nuevos modelos más grandes, más potentes y que pueden generar más energía a menor coste, pero por correr ha resentido la fiabilidad", afirma. 

La noticia del rescate no ha pasado desapercibida en España, donde Siemens Gamesa es un pilar del sector eólico: más de la mitad de los molinos que funcionan ahora en el país los ha fabricado esta compañía. Por el lado del empleo, CC.OO. y UGT temen que el agujero contable que ha dejado la filial, unido a que el sector eólico está de capa caída, de pie a la venta de algunas de sus fábricas españolas a otras compañías o incluso su traslado al extranjero. 

Gamesa tiene unos 5.000 empleados en el país y según afirma Clara Fernández, todavía no les han comunicado qué va a ocurrir con ellos: "La dirección no se ha puesto en contacto todavía y parece que nos enteraremos el 21 de noviembre". Ese día celebra el Capital Market Day, donde la empresa vende sus propuestas a los inversores.

Por ahora, dijo este miércoles Christian Bruch, presidente y consejero delegado de Siemens Energy, "no hay ningún plan concreto" para deshacerse del negocio español, aunque en el sector sobrevuela desde hace meses la venta de Gamesa Gearbox (que fabrica la caja de cambios del molino) y Gamesa Electric (los generadores eléctricos), que juntas incluyen ocho plantas y unos 1.000 empleados. La novena fábrica de la compañía en España está en Ágreda (Soria) y allí se ensamblan las góndolas del aparato, aunque sobre esta no se ha barajado la opción de venta.

La situación de Siemens Gamesa también tendrá eco en la industria renovable en España. Gamesa empezó a construir molinos en los 80 en el País Vasco y a comercializarlos a gran escala en los 90, siendo uno de los pioneros del sector en Europa. Si finalmente la compañía reestructura su negocio, debilitaría mucho la posición de España en la carrera por la energía verde, según Pedro Fresco, director general de AVAESEN, la patronal renovable de la Comunidad Valenciana. "Sería un duro golpe para toda la cadena de valor de la eólica. Estamos hablando de que hoy se puede fabricar un aerogenerador al completo en España", destaca.  

Emilio González, profesor de Economía de Comillas ICADE, insiste en que una deslocalización de Gamesa sería un revés para la economía, pero que es consecuencia de la decisión que tomó la empresa de vender su marca a Siemens, porque si ahora la empresa matriz tiene que recortar, empezará por sus empleados españoles y no por los alemanes.  

El fiasco técnico de Siemens Gamesa ha llegado además en el peor momento, cuando el sector eólico sufre además una caída de la actividad muy fuerte por el incremento de los costes de producción, que ha provocado que se cancelen proyectos en todo el mundo y se recorten los márgenes de beneficio, especialmente en la eólica marina. La subida de los tipos de interés también ha ralentizado la economía, al tiempo que el despliegue de renovables está en duda en países como Reino Unido, al que podría seguir Estados Unidos si ganan los republicanos en las elecciones de 2024. 

El fuerte viento que sopla estos días la península por la borrasca Ciarán ha trastocado por completo el mercado de la luz. La electricidad durante estos días es prácticamente gratis durante el día para los hogares con una tarifa PVPC, aunque al sumar el coste de los peajes de la factura pierde parte del atractivo. Al mismo tiempo, la generación de energía apenas emite CO₂ porque se sustenta en los molinos y paneles solares, que este viernes han sido responsables del 75% de la luz generada en España, un récord histórico. Esa cantidad ingente de electricidad limpia ha desplazado a la nuclear de la subasta diaria y este viernes se generó la menor cantidad de energía nuclear desde el 17 de junio de 2012.

Este sábado, la luz se venderá de media en el mercado mayorista a 1,51 euros por megavatio hora (MWh) gracias a que las renovables seguirán dominando el mix de generación, el precio diario más bajo desde el 31 de enero de 2021 y el decimotercero más barato del histórico, según datos de la consultora Ingebau. Además, el MWh lleva por debajo de 10 euros desde el miércoles y se espera que siga así hasta el domingo, aunque los expertos señalan que la semana que viene volverá a repuntar.

El precio de la luz se fijan cada día en la subasta diaria y lo disfrutan los hogares con una tarifa diaria del mercado regulado, el llamado PVPC, mientras que los sujetos al mercado libre tienen asignado un precio fijo. Sin embargo, aunque la electricidad es prácticamente gratis estos días durante las horas de sol, el precio real que se paga en el recibo es sustancialmente más alto debido a los peajes, unos pagos que fija la CNMC para todos los consumidores destinados a cubrir los costes del transporte y distribución de la luz. En las horas pico son mucho más caros que en las horas valle. 

Si el viernes la luz costó de media 5,76 euros MWh –un precio minúsculo comparado con los 90 euros en 2023–, al sumar los peajes y cargos, alcanzó los 62,83 euros MWh. La buena noticia es que el sábado y el domingo los peajes son valle a todas horas, por lo que apenas se encarecerá la luz frente al precio original del mercado y este sábado será prácticamente gratis de 12.00 a 18.00. Además de los peajes, el coste de la luz también sube ligeramente porque se pagan unos extras en forma de cargos (impuestos de la luz, aunque este año se han reducido) y otros costes del sistema, como las pérdidas de energía de la red o el coste de ajustar a última hora la oferta y la demanda (mercado de ajuste). 

El principal motor de estos precios tan asequibles es la generación eólica, que este viernes generó por sí sola el 53% de la electricidad producida en el país. Sumado a la solar, las renovables supusieron el 75% del total, un máximo histórico que seguirá superándose a medida que el país instala más molinos y paneles solares. 

La entrada masiva de energía renovable en el mix eléctrico ha desplazado estos días a la energía nuclear, una de las consecuencias de la que la electricidad verde –la más barata de todas– domine poco a poco el mercado. De hecho, este viernes se generaron en España 79 gigavatios de energía atómica, un mínimo desde el 17 de junio de 2012, cuando se generó esa misma cantidad. Es también el mínimo desde que hay registros en la web de Red Eléctrica, que no ofrece datos anteriores a 2010.

De los siete reactores nucleares que hay operativos en España, dos están parados por recargas de combustible y el resto ha tenido que bajar su potencia de generación. El experto en energías renovables Xavier Cugat, recordaba este jueves en su cuenta de X (antes Twitter) que la producción es tan baja que equivale a que 4 de los 7 reactores estén parados. 

José Luis Sancha, profesor de Ingeniería Eléctrica en ICAI Comillas, explica que en este caso la reducción de la generación nuclear es voluntaria por parte de las compañías, no forzada por el operador de la red, Red Eléctrica (REE). Según explica el experto, el operador solo interviene para reducir o aumentar la generación en tiempo real por si hay desajustes. "Sin embargo, en este caso vemos que la caída ocurre en el mercado diario. Eso es que habrán ofertado toda su energía, pero se habrán quedado fuera", opina. Se refiere a que habrán ofrecido un precio por la energía demasiado alto y no habrán podido vender toda, ya que las renovables han copado el mercado con precios suelo. 

Esta situación evidencia que la instalación de renovables desplazará poco a poco a la tecnología nuclear, aunque por ahora solo lo hace durante las horas de sol y cuando el tiempo acompaña, por eso es necesario desarrollar la tecnología de almacenamiento, para cubrir el resto de horas. 

El adelanto electoral anunciado este lunes ha dado un vuelco al calendario energético de España. El encarecimiento de la factura de la luz y el gas derivado de la guerra de Ucrania y el impacto del cambio climático en la península dieron un impulso a la agenda energética del Gobierno el pasado invierno, pero medidas que estaban a punto de cerrarse se quedarán en el aire por las elecciones generales.

El desarrollo de la eólica marina, la ley de movilidad sostenible o el real decreto de comunidades energéticas se quedarán en un cajón, al menos hasta otoño. El futuro Gobierno también tendrá que concluir la revisión del Plan Nacional de Energía y Clima y de la Ley de Cambio Climático, mientras que la reforma del mercado eléctrico de Bruselas podría descafeinarse sin el impulso socialista durante la presidencia española del Consejo Europeo. La única norma que podría salvarse es la reforma de la tarifa de la luz regulada, la conocida como PVPC, que está lista para ir al Consejo de Ministros y podría salir adelante si la aprueba este órgano en el próximo mes y medio. 

Uno de los grandes proyectos del Ministerio de Transición Ecológica para este año era sacar por fin a concurso los primeros parques eólicos flotantes en España, una tecnología que lleva años de retraso en la península. El Gobierno publicó en febrero el esperado Plan de Ordenación de Espacios Marítimos que recoge en qué zonas del litoral pueden construirse molinos de viento para generar electricidad renovable, el primer paso para desarrollar un marco jurídico y para celebrar la primera subasta de eólica marina, que se esperaba para el segundo semestre de 2023. 

La subasta de eólica marina consiste en un concurso público donde las compañías presentan su propuesta para construir molinos en la zona acotada por el Gobierno para después vender la electricidad generada a la red nacional a un precio fijo mediante contratos a largo plazo, incluso a más de diez años. De esta manera, los promotores consiguen ingresos fijos y pueden asegurar que la inversión que supone investigar la tecnología y construirla es rentable. 

"El sector estaba convencido y preparado para que este año se llevase a cabo la subasta y las elecciones la dejan en el aire", dice un portavoz de una de las grandes promotoras de eólica marina en España. Tanto esta multinacional como muchas otras ya han estudiado las cuadrículas fijadas por el ministerio en el mar y tienen listos sus planes de construcción, por lo que solo necesitan que el futuro Gobierno elabore una regulación para esta tecnología y publique la subasta. "Si lo que esperábamos para este año se pospone a 2024, podríamos tener problemas para cumplir el objetivo de instalar 3 gigavatios antes de 2030", añade el portavoz. 

El real decreto que regula la creación de las comunidades energéticas también ha quedado paralizado por el adelanto electoral, ya que acaba de terminar el proceso de consulta pública y el siguiente paso sería llevarlo al Consejo de Ministros, aunque en Transición Ecológica desconocen por ahora si dará tiempo a sacarlo adelante. Esta norma llega dos años tarde porque traspone una directiva europea que España debía haber adoptado antes de julio de 2021. 

Las comunidades energéticas son modelos a gran escala de autoconsumo donde diferentes actores –vecinos, empresas y administración local– se unen para generar y consumir energía renovable. Por ejemplo, permiten instalar paneles solares en un colegio o una fábrica para dar luz a un vecindario y alimentar una electrolinera para recargar coches eléctricos. Aunque la comunidad energética ya existe como figura jurídica en la legislación española, carece de una normativa concreta que especifique cómo se constituye, cómo una persona se puede incorporar o salir de ella o cómo funciona la venta de electricidad sobrante a la red. En todo caso, el siguiente Gobierno tendrá que retomar esta norma, ya que su trasposición a la legislación nacional es obligatoria. 

Igualmente, el futuro ministro de Transportes tendrá que hacerse cargo de la ley de movilidad sostenible, que desde el lunes pasado fue enterrada definitivamente porque se encontraba en trámite parlamentario y las Cortes se han disuelto. Esta ley estaba pensada para impulsar el coche eléctrico, reducir la contaminación del transporte de mercancías y mejorar el transporte público, aunque fue muy criticada por las organizaciones sociales.

"La ley tenía de sostenible el nombre. Su principal carencia es que no tenía objetivos a alcanzar. Habla de promover y avanzar en descarbonización, pero de manera vaga y sin hablar de porcentajes", opina Juan F. Martín, responsable de Cambio Climático de la Fundación Renovables. Esta ley de movilidad también tendrá que retomarla el siguiente Gobierno porque forma parte del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas. 

El real decreto que sí es posible que vea la luz en esta legislatura es la reforma del mercado regulado de la luz, el conocido como PVPC. El año pasado el precio de la luz de millones de familias se disparó por el encarecimiento del gas y el Gobierno preparó esta reforma a toda prisa durante el invierno para evitar que en el futuro las familias sufran de manera directa los vaivenes del mercado en la factura eléctrica mensual. 

El real decreto que modifica el PVPC está listo para ir al Consejo de Ministros tras el visto bueno del Consejo de Estado y recoge que a partir del 1 de enero de 2024 el precio de la luz en el mercado regulado no solo se fije mediante una subasta diaria, sino que tenga en cuenta también una cesta de precios de la luz en el mercado de futuros. De esta manera, aunque el gas en el mercado internacional se dispare de un día para otro, el consumidor tardará en sufrir la subida, lo mismo que cuando el precio baje bruscamente. 

Según fuentes del sector, si este decreto se paraliza por las elecciones y se aprueba en otoño –si así lo quiere el futuro Gobierno–, podría tener problemas para ser implementado. Las compañías necesitan tener esta base jurídica aprobada antes de verano porque en el segundo semestre de 2023 las eléctricas acudirán al mercado a comprar electricidad a futuros, y el precio que paguen servirá para fijar esa cesta de precios que permitirán fijar el próximo año el precio del PVPC. En todo caso, la importancia de esta reforma ha perdido peso en los últimos meses, ya que el precio de la luz se ha estabilizado. 

Por último, la revisión del Plan Nacional de Energía y Clima es el único que tiene garantizada su salida bajo el actual Gobierno, pero su recorrido estará muy ligado a quien ocupe la Moncloa en la próxima legislatura. Este documento es el pilar de la política energética de España, ya que establece qué porcentaje de energía limpia producirá el país en 2030 y qué tecnologías verdes se impulsarán. El texto tiene que ser enviado a Bruselas antes del 30 de junio y Transición Ecológica lleva meses elaborándolo, por lo que será un plan continuista, en la línea del que lleva vigente desde 2021.  

Sin embargo, la Comisión devolverá a España a lo largo del verano el texto con las modificaciones que considere, y ya será el siguiente Gobierno el que decidirá si implementa los cambios de Bruselas o si incluso redacta de nuevo el plan. Hay margen de maniobra, ya que la versión definitiva del texto debe estar lista el 30 de junio de 2024. Los objetivos del PNIEC son los que después se trasladan a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por lo que esta última tendrá que ser revisada después para equiparar las nuevas metas de descarbonización. 

Con todas estas leyes clave sobre la mesa, Juan F. Martín, de la Fundación Renovables, reconoce que temen un giro de 180 grados si el PP llega al Gobierno junto a Vox. "Vox ya ha dicho que quiere eliminar la Ley de Cambio Climático. No creo que el PP esté dispuesto a esto, pero sí creo que hay un riesgo muy alto de que los avances en medioambiente se rebajen por poner estas políticas en manos de retardistas", opina.

La protesta social contra el desarrollo de energías renovables en zonas rurales gana fuerza rápidamente en año electoral. Este sábado centenares de manifestantes relacionados con la pesca y el ecologismo salieron en A Coruña a protestar contra la instalación de molinos de viento flotantes por su posible impacto sobre la fauna marina, un riesgo que apenas se ha estudiado en Europa. En el norte de Portugal hay un pequeño parque eólico pionero y los profesionales que trabajan allí aseguran que los peces han desaparecido de la zona ocupada y los alrededores. 

"Instalaron los molinos hace tres años y desde entonces los peces desaparecieron una milla alrededor del parque", señala Portela Rosa, de la directiva de la organización de pescadores de Viana do Castelo, un pueblo portugués donde ya cuentan con tres molinos a 20 kilómetros de la costa. Aunque se trata de un proyecto piloto con aerogeneradores de apenas 30 metros de altura para probar la tecnología, también ha demostrado los problemas que genera en el entorno, según explican quienes conviven con ellos. 

"El ruido de las máquinas ha espantado a los peces, como nos han confirmado varios biólogos que han estudiado el caso. El problema es muy grave y ya hemos perdido 11 kilómetros cuadrados de pesca y quieren ampliarlo a más de 600. Imagina cuantos empleos van a desaparecer", reclama el portavoz de los pescadores gallegos.

En España todavía no hay instalados molinos de viento en el mar, pero el Ministerio de Transición Ecológica publicó a finales de febrero los 19 cuadrantes donde se podrán levantar aerogeneradores flotantes para impulsar por fin esta tecnología. La mitad de las zonas dibujadas se encuentran frente a la costa gallega y asturiana, y allí la industria pesquera no ha dudado en levantarse contra el Gobierno por poner en peligro la economía local. 

"En esta zona pescamos especies pelágicas como la anchoa, la sardina o la caballa, que son muy sensibles. Subastar el mar para instalar molinos sin tener la mínima información sobre su impacto en los peces es un despropósito", destaca Torcuato Teixeira, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos. 

El portavoz de los pescadores viajó hace un año a Viana do Castelo para comprobar de primera mano cómo afectaban las turbinas flotantes a los bancos de peces de la zona para comprobar si es viable una sinergia entre el sector energético y la pesca, pero su experiencia allí le convirtió en pesimista. "Esto es un ‘quítate tú para que me ponga yo’. Si hubiese un estudio que garantice la protección de los caladeros y el impacto mínimo sobre el trabajo de los barcos, no tendríamos inconvenientes", añade.

Desde Transición Ecológica responden que el proceso para acotar las 19 zonas destinadas a la eólica marina duró cuatro años precisamente para buscar consenso entre todos los implicados y asegurar la protección del medioambiente. "El sector pesquero estuvo presente en todo el proceso de elaboración de los planes y se solicitaron propuestas de modificación para evitar las zonas de alto valor para la pesca", detallan fuentes del ministerio. Por ejemplo, explican, se rechazó un proyecto de la Xunta en Punta Langosteira (A Coruña) porque estaba en un caladero de pesca y era una zona de tránsito de aves.

Josep Lloret, biólogo marino y pesquero de la Universitat de Girona, ha realizado un estudio pionero sobre la eólica flotante y según afirma, es pronto para garantizar la protección del ecosistema. "Hay muy poca información sobre cómo afectan los mega parques eólicos flotantes al ecosistema. Los molinos flotantes superan los 250 metros de altura y van sujetos con tres o cuatro cadenas y anclas y se desconoce cómo afectan al fondo marino", reseña. 

La eólica marina está muy desarrollada en el norte de Europa, especialmente en Reino Unido y Alemania, pero allí la costa tiene poca profundidad y se emplean molinos que se clavan en el fondo, son de menor altura y están más pegados a la costa, por lo que su impacto en el entorno es diferente. Además, se suelen ubicar en zonas pantanosas con baja biodiversidad. De esta manera, la evidencia estudiada allí, donde la contestación de ecologistas y pescadores ha sido menor, no se puede extrapolar a la costa mediterránea y cantábrica porque son más ricas en fauna y flora, según los expertos. 

El equipo de Josep Lloret presentó el año pasado el primer estudio sobre cómo afectaría la instalación parques eólicos con decenas de molinos a la costa catalana, en un proyecto financiado por la Fundación Renovables, una organización que promueve la transición energética con el mínimo impacto en la naturaleza. La conclusión del análisis es que los parques de aerogeneradores en el mar suponen "un riesgo ecológico y socioeconómico enorme para especies y áreas vulnerables". "En estos casos los riesgos superan los beneficios", apuntan los autores, aunque añaden que si se instalan alejados de zonas sensibles no supondrían un problema, siempre que se estudie la zona al detalle y se realicen tereas de prevención y monitorización. 

El biólogo explica que llenar kilómetros de costa de cadenas y anclas arrasa el fondo marino y supone un daño irreversible para las praderas de algas, acabando con el hábitat de las especies de la zona. Los peces de mayor tamaño pueden además chocarse con los eslabones de las cadenas, que miden un metro de envergadura, y un temporal fuerte o un incendio en los molinos podría romper el aparato y precipitar al agua la maquinaria. 

Por encima de estos inconvenientes está el ruido que generan los aerogeneradores y las cadenas submarinas, el problema principal del caso portugués. A esto se suma que la electricidad que producen los molinos se transporta por cable a una subestación marina, una plataforma ligada al fondo, y de ahí sale un cable de alta tensión hasta la orilla que emite un campo electromagnético a su alrededor que se ha demostrado que también espanta a los peces.

En la zona de Viana do Castelo los pescadores exigen ya una solución para el impacto sobre su negocio que han tenido estos tres molinos, que solo son la avanzadilla de lo que el Gobierno portugués ha ideado en la costa de su país. La idea es levantar de aquí a 2030 el equivalente a 10 gigavatios de potencia de eólica marina, mientras que España planea tener entre uno y tres gigavatios en esa fecha.

Portela Rosa, uno de los representantes de los profesionales portugueses, reclama a las compañías eléctricas que compren las empresas pesqueras que se vean obligadas a cerrar, ya que son responsables de arruinar su negocio. "Somos familias de pescadores que heredan la profesión de padres a hijos y los parques eólicos van a acabar con esa herencia", asegura. Otra de sus exigencias es que un porcentaje de los ingresos de los molinos se destinen a las localidades afectadas para abaratar la factura de la luz de los vecinos y las empresas, una forma de que los beneficios reviertan en la zona y se impulsen nuevas industrias que acojan a los trabajadores de la pesca.

Centenares de personas se han manifestado este sábado en A Coruña, frente a la Delegación del Gobierno, para demandar al Ejecutivo que retire el Plan de Ordenación de Eólica Marina (POEM) que establece unos 2.350 kilómetros cuadrados en la costa gallega de los 5.000 permitidos y que, aseguran, puede "acabar con el sector pesquero más pujante de España y de Europa".

A la concentración, convocada por la plataforma Eólica Así Non, han asistido representantes de algunas de las 200 entidades sociales del ámbito pesquero, ecologista y social, no solo de Galicia, sino también de Asturias, tres de los posibles espacios estarían ubicados frente a la costa asturiana, y Portugal.

También han participado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, y otras figuras de la formación nacionalista como Ana Miranda, Francisco Jorquera o Mercedes Queixas.

Además de la retirada del POEM, tal y como ha explicado el Patrón mayor de Burela y presidente de la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos, Basilio Otero, solicitan la dimisión de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y una reunión con el presidente del Gobierno para exponerle su situación.

"Pedimos que nos dejen trabajar, que el Miteco tenga en cuenta que la pesca fija población además de llevar a la mesa alimentos saludables", ha afirmado Otero, que ha apuntado además que buscan "intentar convencer" al Gobierno de que bajen "de la nube en la que viven". "No nos ven ni nos oyen", lamenta, argumentando que lo que desean es "una relación y un diálogo fructífero para todos".

La plataforma insta además a que se hagan los estudios de impacto ambiental pertinentes ya que, explican, no cuentan con ningún tipo de información al respecto. "Lo que se ve en los POEM es solo una parte de la fotografía. Hay un impacto que no se ve, como el del cable que lleva la energía a tierra, que no está dibujado. Y ahí también hay zonas de restricción donde no se puede faenar", explica Otero en base a los datos que, dicen, tienen de los parques instalados en Portugal.

En los mismos términos se expresaba el patrón mayor de Cedeira, Ricardo Villar, que aseguraba que "toda la información" que tienen es de los pescadores del país vecino, "que nos dicen que en toda la zona de alrededor de los eólicos no hay vida, no hay pesca".

"Las energías renovables sí, pero no de esta forma, destrozando el litoral. No queremos la eólica marina porque va a ser un destrozo para el sector de la pesca artesanal y litoral, unas artes a proteger que dan muchos puestos de trabajo. No hay estudios de impacto ambiental, no hay ningún tipo de estudio de lo que puede pasar o de los efectos secundarios que se pueden dar", ha relatado el Patrón mayor de Cangas do Morrazo, Javier Costa.

Por otro lado, la plataforma estudia recurrir ante el Tribunal Supremo el Decreto, por lo que trabajan en un informe jurídico para ver si es viable.

"Este es el pistoletazo de salida en la lucha que vamos a emprender contra el Gobierno. Vamos a llegar hasta el final. Hay que estudiar el tema jurídico porque hay flecos de los que se puede tirar. Esto supone un ataque a nuestro modo de vida y a todo el ecosistema y no podemos quedarnos de brazos cruzados", ha alertado el marinero asturiano y vicepresidente de la plataforma, Adolfo García Méndez.

Por su parte, Ana Pontón ha expresado el apoyo del BNG a las demandas de los manifestantes y ha justificado su presencia en la concentración para "decir alto y claro que no se puede permitir que se destruyan miles de puestos de trabajo en el mar, que una de las columnas vertebrales de la economía gallega como es el sector marisquero y pesquero se ponga en riesgo única y exclusivamente por los intereses del lobby eléctrico".

"Va a suponer un golpe mortal para la pesca", ha aseverado. Ha recordado además algunos datos aportados por la Universidade de Santiago respecto al peso económico del sector, señalando que la pesca supone el 2% del PIB de Galicia, más de 31.000 puestos de trabajo y que, si se tiene en cuenta el conjunto del sector mar-industria, representa el 5% del PIB, 12.000 millones de facturación y más de 64.000 empleos directos.

"Quieren convertir a Galicia en una colonia energética de Madrid. Nuestra costa no está en venta, no es un lugar donde las eléctricas sigan haciendo caja. La intención del Gobierno central, con la complicidad de la Xunta, es seguir beneficiando a las eléctricas sin importarles que sea un golpe mortal para la pesca. Pedimos que Galicia sea un lugar libre de eólica marina", ha defendido Pontón, que ha señalado además que en los lugares donde ya se ha instalado "los resultados han sido nefastos".

En los últimos días Galicia ha retomado el eterno debate sobre si construir más molinos de viento o acotar a la industria eólica, un dilema social que resurge a menudo desde hace más de dos décadas. Por una parte, los aerogeneradores dejan cada año decenas de millones de euros en impuestos a municipios que solo vivían del campo, pero parece que la riqueza no se ha repartido como debería y muchos pueblos permanecen igual que hace décadas después de ceder parte de sus tierras. 

Xavier Simón ha seguido de cerca la explosión de los molinos desde la Universidade de Vigo, donde dirige el Observatorio Eólico de Galicia. El académico desmiente con cifras buena parte del optimismo que rodea esta industria desde que llegó a mediados de los 90, y acusa a políticos y empresarios de levantar más de 4.000 molinos sin desarrollar un plan que asegure el futuro de los pueblos.

"Se ha hecho a expensas de las comunidades rurales. No hay ningún ejemplo de que las renovables, y especialmente la eólica, haya permitido una mejora de los problemas a los que se enfrenta el medio rural. La gente que vivimos en el campo seguimos sin acceso a servicios públicos de calidad y ni siquiera ha permitido que las granjas sean más rentables", afirma. 

El economista insiste en que hay que abandonar el debate sobre si eólica sí o eólica no, que avivó el director de cine Rodrigo Sorogoyen en la gala de los Goya. La instalación de renovables es indispensable y debe continuar, pero no puede hacerse a partir de una ley eólica sobrepasada por el avance de la tecnología. La primera ola masiva de molinos que se instalaron medían menos de cien metros de altura, pero los modernos superan los doscientos; y si antes se construían en lo alto de los cerros, cada vez se planifican más cerca de los pueblos.

"Entre 1995 y 2008 no hubo oposición. Pero a partir de ahí la oposición creció rápidamente hasta lo que tenemos ahora. Y el principal argumento es que están más cerca de las casas", explica Simón. 

El municipio de Muras, en Lugo, es uno de los mejores ejemplos de cómo fue esa primera hornada salvaje de molinos en Galicia y de las consecuencias que deja la construcción descontrolada. La familia de Manuel Requeijo fue una de las que hace dos décadas vendió parte de su terreno a las eléctricas para construir aerogeneradores, como hicieron muchos de sus vecinos bajo la alcaldía del Partido Popular. Hoy, Requeijo es alcalde de Muras por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y promete que no volverán a "robar" a su pueblo. 

"El metro se vendió a entre 30 y 100 pesetas y si no querías vender te amenazaban con expropiar, Ahora vivimos rodeados de 381 molinos y mires donde mires ves uno. Hay incluso a 200 metros de casas", expone. De hecho, tienen el triste récord de tener más megavatios de eólica instalados que Suiza. 

Pero la fama del municipio no viene de aquí, sino de que en 2015 el actual alcalde sacó adelante una ayuda para pagar la luz de los vecinos con lo que el ayuntamiento cobra en impuestos a las eléctricas. Unos 600.000 euros anuales sirven para dar un cheque de 600 euros a cada hogar y de 1.500 a las pymes, exclusivamente para pagar el recibo. "Es un pequeño acto de justicia social a cambio de vivir rodeados de molinos", reclama Requeijo. 

Las cifras recopiladas por el Observatorio de la Universidade de Vigo demuestran el crecimiento astronómico que ha vivido la eólica en menos de un cuarto de siglo en Galicia. Alrededor de 140 ayuntamientos tienen estas palas y eso genera hoy ingresos de unos 800 millones de euros a sus dueños, el equivalente al 80% de la renta que produce la agricultura y la ganadería, dos sectores que han sido el pilar de la región durante siglos. 

Este impulso a la economía es la principal baza de la patronal eólica para defender su industria. "Ahora escuchamos cómo nos demonizan, pero llevamos 25 años conviviendo con las zonas rurales", afirma Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia. El representante de los empresarios destaca que en 2021 pagaron más de 100 millones de euros en impuestos, principalmente al gobierno central.

Las cifras que expone Xavier Simón ponen en contexto el optimismo de la patronal, y señalan los problemas que hay para que el dinero que dejan las empresas llegue a los vecinos que conviven con los aerogeneradores. El alquiler que recibe un ciudadano por ceder sus tierras a un molino es de media 3.800 euros al año por aerogenerador, el 1,2% de los ingresos que recoge la compañía por cada aparato.

A la Xunta pagan el llamado canon eólico, que luego se reparte entre los ayuntamientos. Los consistorios también cobran IBI por las instalaciones, pero desde los consistorios critican que la cantidad es irrisoria. "Las eólicas sacan beneficios enormes y los concellos deberíamos estar mucho mejor compensados", critica Xosé María Arias, alcalde de Castroverde, en Lugo. Allí reciben unos 80.000 euros al año de las eléctricas por tres molinos. 

El caso de Muras es un buen ejemplo de cómo los beneficios energéticos no terminan de impulsar la economía local. Pese a tener 381 molinos para 640 ciudadanos, su renta media por habitante ha crecido al mismo ritmo que la de los municipios que lo rodean. 

Otro de los argumentos destacados por la industria es el empleo que genera en la región. Un estudio de Deloitte para la patronal eólica cifró 5.400 puestos directos e indirectos en toda Galicia en 2021, para 1,1 millones de ocupados que tiene la Comunidad. De nuevo aparece el ejemplo de Muras, donde solo hay cuatro vecinos trabajando en los aerogeneradores pese a que inundan el municipio. 

Un informe publicado en enero por el Banco de España estudia precisamente el impacto sobre el empleo local de la instalación de las renovables y los resultados ponen en duda las afirmaciones de la patronal. "En comparación con las inversiones solares, los impactos de las inversiones eólicas son mucho más débiles, con sólo una reducción del desempleo durante la fase de mantenimiento y ningún efecto sobre el empleo [en el municipio]", argumentan los autores. 

No obstante, añaden que su intención no es demostrar que no se la instalación de eólicas no genera puestos de trabajo. Los crea, pero principalmente en las grandes ciudades cercanas, que es donde se suelen asentar las empresas promotoras. "Sin embargo, como se necesita el visto bueno de los pequeños municipios para su construir renovables en ellos, los anfitriones deberían recibir mejores compensaciones para distribuir los beneficios de las inversiones renovables de forma más equitativa", concluyen los académicos. 

Tras el parón que tuvo el sector después de la Gran recesión de 2008, ahora Galicia se enfrenta a una nueva ola de instalación eólica. El pasado 25 de enero la Xunta dio el visto bueno ambiental a 84 nuevos parques eólicos que suman más de 500 molinos, aunque muchos de estos proyectos se espera que caigan con el tiempo porque la Dirección General de Calidad Ambiental les ha exigido cambios en los planos. Este organismo no ha querido participar en el artículo. 

Muchos de estos parques han recibido el visto bueno de la Xunta –o del Ministerio de Transición Ecológica, si superan los 50 MW de potencia– incluso con el rechazo de los ayuntamientos donde se construirán. Por ejemplo, el concello de Cedeira, en Coruña, amenazó hace dos semanas con recurrir una Declaración de Impacto Ambiental Positiva para un parque de 20 molinos que cuenta con luz verde del Gobierno.  

"Son unos aerogeneradores brutales y su instalación está fuera del plan sectorial gallego, que es el marco en el que deberían ejecutar este tipo de proyectos", señala el alcalde Pablo Moreda. El ayuntamiento y los vecinos presentaron alegaciones al proyecto y consideran que les han ignorado deliberadamente.  

Los expertos consultados coinciden en que el poder de un ayuntamiento es limitado, ya que la normativa eólica da la última palabra a las comunidades o a Transición Ecológica. Manuel Pazo, de la patronal difiere: "En mis años de experiencia he aprendido que, si un ayuntamiento no quiere que el proyecto no salga adelante, no saldrá". Mientras que Xavier Simón, de la Universidade de Vigo, compara el poder de un alcalde con el de un ciudadano más, ya que solo puede presentar alegaciones, como todos los afectados.

"Tenemos la capacidad que tenemos. Si un proyecto cumple con la declaración ambiental y tiene permisos de construcción, no podemos prohibir su construcción porque estaríamos prevaricando", opina el alcalde de Castroverde. 

La mayor contestación al desarrollo eólico viene de los grupos ecologistas y asociaciones vecinales de Galicia, agrupados en el movimiento Eólica así non. En este colectivo están entre otros la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. Belén Rodríguez, su secretaria ejecutiva, explica que la situación ahora es más tensa que nunca porque los nuevos molinos de 200 metros tienen un impacto mucho mayor en la biodiversidad y se acercan peligrosamente a las viviendas. "La legislación de los años 90 está obsoleta, ya no tiene sentido que la distancia máxima a una casa sean 500 metros". 

Verónica Torrijos, secretaria de la Federación Ecoloxista Galega, insiste en que ellos están a favor de las renovables, pero creen que "así" no promueven la transición energética justa y propone que haya una ordenación del territorio seria para que no invadan ecosistemas. 

El presidente de la patronal se sorprende con los argumentos de estos grupos sociales. "Primero pedían menos molinos para que tuviesen menos impacto visual, y lo que permiten los nuevos modelos es que uno de ellos tenga la potencia de cuatro de los antiguos", argumenta. "Claro que influyen en el paisaje, pero es algo que asumir si queremos cerrar las centrales de carbón y las nucleares", añade.

Otro de los problemas más repetidos son las expropiaciones de terreno para instalar los aerogeneradores, una práctica que en Galicia siempre ha sobrevolado como una forma de apretar las tuercas a los vecinos que se resistían a vender o alquilar sus tierras a las constructoras. Aunque se recuerde como una practica del pasado, todavía hoy se mantiene esta forma de extorsión, como relata el miembro de una comunidad de montes de Valdeorras, en Ourense. 

Allí, cuarenta comuneros recibieron una propuesta hace dos años para instalar tres molinos en su monte. La mayoría lo vio como una buena oportunidad para hacer un dinero, pero la oferta terminó siendo mucho menor de lo esperado y en el tira y afloja para negociar un mejor precio apareció en el pueblo la figura del conseguidor. 

"No nos amenazó directamente, pero me envió una noticia sobre una expropiación al otro lado del valle, y me dijo de palabra que nuestro monte le costaría 180.000 euros", relata uno de los miembros de la comunidad. "Ahora mismo dependemos de la buena fe de la empresa, pero tenemos miedo porque se lo pueden llevar por una miseria", añade. 

Xavier Simón, quien recibe apoyo de la Fundación Juana de Vega y la Fundación Isla Couto para financiar el observatorio, relata que allí asesoran a muchas de estas comunidades para que no se precipiten a la hora de negociar con las grandes compañías. 

"Como nos dedicamos a la investigación tratamos de ser ecuánimes, pero en esta balanza hay una parte débil. Podríamos colaborar con los fuertes, cerrar grandes contratos y ganar mucho dinero, pero no estamos en eso", resume. 

Este viernes el precio mayorista de la electricidad cayó hasta los 5,47 euros el megavatio hora, el más bajo desde febrero de 2021. Justo cuando empieza el invierno y se cumplen 10 meses desde que Rusia invadió Ucrania, y en el momento en que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para fijar un tope al precio del gas. Los costes de la energía empezaron a escalar ya antes de la guerra en el Este, pero fue a partir del cierre del grifo del gas ruso cuando a los europeos no les quedó más remedio que cambiar sus patrones de producción y consumo.

Desde el pasado invierno, la Unión Europea ha reducido en un 68% la generación de electricidad. Según los datos de la sociedad alemana Fraunhofer, la organización de investigación aplicada más grande de Europa, la producción eléctrica en la semana que empezó el 19 de diciembre ha disminuido en España un 65,7% respecto a la misma semana de 2021. En Alemania, un 61,6%. Pese a la diferencia de potencia económica, ambos países tienen un mix energético bastante similar, apunta Pedro Cantuel, analista de mercados de electricidad y gas de la energética Ignis, por su grado de diversificación, a diferencia de otros países como Italia.

Materia distinta es la composición de su cesta de fuentes de energía. Esta última semana España ha tirado en un 24,4% de sus centrales nucleares, cuatro puntos por encima del uso que hizo hace un año. Alemania, en cambio, apenas lo ha hecho en un 5%, tras reducir casi ocho puntos la participación nuclear en la factura eléctrica final del pasado invierno.

Por el contrario, la principal fuente de generación de electricidad en Alemania en diciembre ha sido el carbón: un 28%. Aunque lo ha reducido en más de 11 puntos respecto a esta misma semana de 2021, aún sigue dibujando una dependencia nada acorde con los objetivos medioambientales europeos. “Hasta casi el 20 de diciembre no habido viento [en Alemania], por lo que no les ha quedado más remedio que tirar del carbón y del gas”, explica Cantuel. En España, el carbón sólo representa este mes un 3,2% de la producción eléctrica total, cinco décimas menos que hace un año.

También encadenados al carbón por culpa de la crisis de precios de la energía están los Países Bajos, que en esta última semana han producido hasta un 38% de su electricidad a base de quemar hulla, más que ningún otro país de la UE. Además, esa dependencia ha aumentado más de 12 puntos respecto al mismo periodo de 2021. El carbón representa esta semana el 17,7% de la generación eléctrica de la Unión Europea, casi 12 puntos menos que hace un año.

En diciembre, el gas sólo ha servido para producir un 12,5% de la electricidad española, menos de la mitad del protagonismo que tuvo en 2021, cuando representaba el 32,5% de la generación. Sin embargo, eso no significa que se haya producido menos. Respecto al año pasado, la generación de gas entre enero y junio de este año ha aumentado en España un 63% comparada con idéntico periodo de 2021, según los cálculos de la consultora británica Aurora Energy Research. Ha pasado de 24.000 a 39.000 gigavatios hora, pese al descenso general de la demanda energética, unos 4.000 gigavatios hora menos, y al aumento de producción de las renovables, otros 4.000 gigavatios hora más. Dos son los motivos que lo explican: la necesidad de compensar el descenso de la producción hidroeléctrica por culpa de la sequía –3.000 gigavatios hora menos– y el aumento de las exportaciones a Francia, espoleadas por la caída de las centrales nucleares en el país galo y el tope ibérico del gas, que abarata su precio.

En Alemania, el gas sirvió para producir un 14,4% de la electricidad; es decir no mucho más que en España. Es sólo punto y medio menos que hace un año. Pero donde el gas condiciona de forma absoluta el mercado energético es en Italia. Esta última semana ha representado nada menos que el 52,3% de la generación de electricidad. En Italia, que es exportador neto de energía, no hay nucleares desde que se cerró la última en 1990. Un referéndum celebrado en 1987 forzó la baja de las cuatro que los italianos tenían en funcionamiento y otro en 2011 la ratificó. Aún mantienen un 12,8% de producción eléctrica basada en el carbón. Su retraso en la adopción de energías renovables es notable, destaca Pedro Cantuel. De hecho, la eólica sólo supuso esta última semana un 3,2% de la electricidad generada. Y la hidráulica, un 10%.

En España la producción hidroeléctrica ha sido sólo un poco superior este mes, un 12,8%, a la italiana debido a la falta de lluvias todo el año. Portugal, en cambio, duplica ese porcentaje –35,1%– y su propia generación del año pasado por estas mismas fechas –17,3%–. Sólo Suecia descansa más en la producción de sus embalses y ríos, con una cuota récord del 45,7% este diciembre. Portugal es, de hecho, el campeón europeo en renovables. Esta semana, el 49% de su electricidad procede de parques eólicos. En España, el 39% y en Alemania, el 40,3%. Casi el doble de la media europea, un 25,7% este mes. Es más o menos la cuota eólica en los Países Bajos –26%– y Bélgica –29,4%–, mientras que Francia y Suecia se quedan muy por debajo, con un 16,9% y un 19,5%, respectivamente. Según la Asociación Empresarial Eólica, este año las turbinas de viento han alcanzado su récord de generación, con más de 61.000 gigavatios hora, lo que convierte a esta fuente de energía en la primera tecnología renovable en el sistema eléctrico español.

También lidera la producción eólica el Reino Unido, con un 36,6% de su electricidad generada por el viento, según los datos del operador del sistema eléctrico británico. Aun así, su dependencia del gas es notable, puesto que un 30,8% de la electricidad producida este mes tiene esa fuente. Las centrales nucleares proporcionan el 16% del suministro y sólo un 2,6% es generado a partir de carbón.

“Debemos ser independientes del petróleo, el carbón y el gas rusos. Sencillamente, no podemos confiar en un proveedor que nos amenaza de manera explícita. Tenemos que actuar ahora para mitigar el impacto del aumento de los precios de la energía, diversificar nuestro suministro de gas para el próximo invierno y acelerar la transición hacia una energía limpia. Cuanto más rápido adoptemos las energías renovables y el hidrógeno, combinado con una mayor eficiencia energética, más rápido seremos verdaderamente independientes y controlaremos nuestro sistema energético”. La declaración es de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La hizo el 8 de marzo pasado, a los pocos días de estallar la guerra en Ucrania.

La energía renovable lleva un año de capa caída debido a la intensa sequía, pero la llegada del invierno ha disparado estos días la generación verde gracias al viento y el frío. La energía eólica ha marcado esta semana un récord de generación y más de la mitad de la luz que consumió España fue producida por molinos, un hito que mantiene la luz a buen precio, pero que no durará más allá de este miércoles. 

Es normal que cada año se supere el récord anterior de generación debido a que el parque de aerogeneradores es mayor. Pero en esta ocasión se trata de una noticia especialmente significativa, según los expertos, ya que se ha dado durante unas condiciones climáticas relativamente normales para la época. 

El máximo de energía renovable generada durante un día en España es de enero de 2021 gracias a la tormenta Filomena. Mientras que este lunes se alcanzó un récord de producción instantánea de electricidad con tecnología eólica, con 20,59 gigavatios a las 18.40 horas. En ese momento, el 65% de la electricidad generada en España era renovable, aunque no se superó el máximo de 2021. 

Según explican desde la Agencia de Meteorología, en los últimos días han confluido en España una borrasca desde el norte y un anticiclón por el sur, un evento normal de otoño que ha generado un fuerte chorro de aire que atraviesa el país de este a oeste. Esto ha permitido mover al mismo tiempo los molinos de todo el país, mientras que lo habitual es que cuando funcionan los del norte, no lo hagan los del sur. Expertos en aerogeneración añaden que las bajas temperaturas también incrementan la densidad del aire, y a mayor peso más energía cinética genera.

La amplia generación renovable se traduce rápidamente en una caída de los precios de la luz. El coste diario de la electricidad se ha mantenido estos días por debajo de los 100 euros, la mitad que en los países del entorno, donde el gas ha sido protagonista en la producción de energía. 

España ha sido de hecho el país con mayor generación eólica de Europa durante los últimos cuatro días, muy por delante de Alemania, el segundo mayor productor durante estos días, pese a que la instalación eólica de este país es más del doble de la española. 

Sin embargo, a partir de este miércoles las previsiones ya muestran que el viento se va a suavizar poco a poco hasta prácticamente desaparecer en gran parte de la península a partir del sábado. Y así se mantendrá durante las próximas semanas, según adelanta el portavoz de la AEMET, Rubén Campos. 

Las eléctricas ya prevén este freno de la eólica y el mercado de futuros apunta a que la electricidad costará unos 150 euros por megavatio el mes que viene, lo que encarecerá la factura de la luz hasta los 85-90 euros de media. 

Aunque los aerogeneradores protagonicen titulares esta semana, esta tecnología ha sido paralizada en España durante la última década y desde hace un año trata de recuperar terreno, según cuenta Heikki Willstedt, director de Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica, la patronal de este sector. 

Para este año esperan que se instalen unos 1.500 MW de capacidad, un aumento del 5% del parque, aunque su ritmo de construcción es mucho más lento que el de los paneles solares, más fáciles de montar que los molinos modernos de más de 150 metros de altura. La tecnología fotovoltaica además tiene unos costes más bajos de generación y puede colocarse a pequeña escala en los tejados de las casas.

Además del buen funcionamiento de los aerogeneradores, este año ha habido un importante repunte de la generación solar por el intenso sol de verano y el aumento de la instalación de paneles. Pero todo ello no podrá nivelar el hundimiento de la producción hidroeléctrica debido a la sequía. 

Esta semana los embalses españoles están al 32,9% de su capacidad, la cifra más baja para un mes de noviembre desde 1995 y llevan en mínimos desde antes de verano. "Curiosamente, pese al aumento de generación renovable, no va a ser suficiente para compensar la caída de la hidráulica, y si no empieza a llover en serio será mucho peor el año que viene", explica Xavier Cugat, experto en renovables. 

Unidas Podemos ha propuesto la eliminación del gas natural en los hogares españoles, sustituyéndolo progresivamente por sistemas electrificados, y la creación de sistemas públicos de calefacción por barrios, según informa Europa Press.

Se trata de otras de las propuestas que el socio minoritario del Gobierno ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica con vistas a la redacción del Plan de Contingencia de ahorro energético que se enviará a Bruselas. En ese mismo documento se incluyen la tarifa plana de transporte público de 10 euros, la puesta en marcha de una tarifa progresiva de luz que castigue a los hogares que más consumen y el aumento de la fiscalidad a los aviones privados, los yates y los coches de lujo.

A su juicio, es hora de reducir la dependencia del gas natural y de avanzar lo más rápidamente en la implantación de las energías renovables.

Siguiendo el modelo planteado por Italia, la apuesta de los 'morados' es probar un plan de subvenciones y créditos blandos para eliminar a la mayor brevedad posible las instalaciones domésticas de gas natural y sustituirlas por otras tecnologías electrificadas y/o no dependientes del gas, como las calderas eléctricas, las cocinas de inducción o la aerotermia y las bombas de calor.

En el documento, recogido por Europa Press, se propone también, en el medio plazo, "considerar la posibilidad de instalar sistemas centralizados de calefacción por barrios, de titularidad pública, como por ejemplo los que existen a día de hoy en Dinamarca, facilitando un cambio tecnológico transparente para las personas usuarias finales y beneficiándonos de la economía de escala que conlleva un ahorro económico desde el principio frente a las calderas individuales".

Otras propuestas de Podemos son financiar el 100% de la instalación de placas fotovoltaicas en bloques de edificios de barrios de ingresos medios bajo (actualmente el máximo es un 40%), así como acelerar la inversión y descarbonización del transporte público, aumentando los vehículos eléctricos.

Iberdrola ha sido el gran vencedor de la "megasubasta" de eólica marina en Escocia, con la adjudicación de 7.000 megavatios (mw), cuyo desarrollo supondrá una inversión total de 22.500 millones de euros, informó la compañía.

En concreto, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán ha conseguido el desarrollo de tres proyectos a gran escala; dos con tecnología flotante, que desarrollará en alianza con Shell, y un tercero sobre estructura fija, según informa Europa Press.

Galán destacó que estas adjudicaciones muestran el compromiso del grupo con Escocia y con el Reino Unido.

"Iberdrola es un líder global en eólica marina con más de 5.500 millones de euros invertidos en Reino Unido, Europa continental y Estados Unidos, y planes para alcanzar los 30.000 millones hasta 2030 gracias al refuerzo de nuestros mercados actuales y la entrada en varios países asiáticos. La enorme oportunidad de inversión que supone esta tecnología requiere crear alianzas, como la que tenemos con Shell para estos proyectos", dijo.

Las áreas adjudicadas por la energética podrían suministrar energía limpia a casi 8,5 millones de hogares, tres veces el número de hogares de Escocia.

Se trata de los proyectos "MarramWind", de 3.000 mw de tecnología flotante en la costa noreste de Escocia que será desarrollado conjuntamente con la compañía Shell; "CampionWind", de 2.000 mw de tecnología flotante en la costa este escocesa, también con la petrolera; y "MachairWind", proyecto de 2.000 mw con cimentaciones fijas en aguas próximas a la isla de Islay, en las Hébridas, al oeste de Escocia, y que es propiedad exclusiva de Iberdrola.

Los emplazamientos de "MarramWind" y "CampionWind", situados en aguas más profundas que el de Islay, se convertirán en los primeros parques eólico-marinos flotantes a gran escala del mundo y serán precursores de un nuevo sector industrial que tendrá a Escocia y el Reino Unido a la cabeza.

Los tres proyectos, cuya puesta en marcha está prevista a partir de 2030, forman parte del programa "ScotWind" y suponen esa inversión conjunta de unos 22.500 millones de euros, de los cuales casi 12.000 millones se han comprometido con empresas e instituciones escocesas, incluyendo un Fondo de Estímulo de la Cadena de Suministro de casi 90 millones de euros.

La compañía señaló que cada proyecto ha creado su propio portal digital para registrar y reclutar a las empresas interesadas en toda la cadena de suministro que tendrán la oportunidad de colaborar con Iberdrola y Shell.

Esta era la mayor licitación llevada a cabo hasta la fecha por el organismo de la corona, Crown Estate Scotland, con la puesta en juego de unos 25 gigavatios (gw) para un total de 17 proyectos.

Junto a Iberdrola y Shell, también han resultado adjudicatarios otros "grandes" del sector petrolero como BP, que han entrado con fuerza en el desarrollo de renovables en los últimos tiempos, que se ha hecho con 2,9 gw junto a la alemana EnBW; así como SSE Renewables, de la mano de Maurbeni y CIP; con 2,6 gw.

Igualmente, se han hecho con capacidad en la subasta DEME, con 2 gw; Offshore Wind Power, una empresa conjunta entre Macquarie, TotalEnergies y RIDG, con 2 gw; Falck Renewables, con 2,7 gw; Vattenfall, con 798 mw; BayWa, con 960 mw; Northland Power; con 2,3 gw, y Magnora, con 495 mw.

También Ocean Winds, la "joint venture" propiedad al 50% de EDPR y Engie, se ha adjudicado un proyecto situado en el lecho marino de Caledonia de 1 gw.

Con estos proyectos, Iberdrola triplica su cartera de energía eólica marina en el Reino Unido, que rebasa los 10.000 mw. La energética es líder mundial en el desarrollo de energía eólica marina, con una capacidad operativa, en cartera y desarrollos en fase inicial de aproximadamente 37.000 mw.

La compañía espera contar con 12.000 mw de energía eólica marina en funcionamiento en 2030 y unas inversiones acumuladas por encima de los 30.000 millones de euros en todo el mundo.

En la actualidad, la energética opera 1.258 mw en Reino Unido y Alemania que han supuesto una inversión de más 5.500 millones de euros y tiene 4.100 mw en construcción o con la construcción asegurada en Estados Unidos, Francia y Alemania, con una inversión comprometida superior a 15.000 millones de euros.

Adicionalmente, cuenta con una cartera de proyectos de 31.500 mw en Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Suecia, Irlanda, Taiwán, Japón, Filipinas y Brasil, cartera que se podría incrementar en los próximos años gracias a las numerosas subastas en las que la compañía está participando.

Las inversiones potenciales asociadas a esta cartera de proyectos, muchos de los cuales podrían madurar más allá de 2030, se podrían estimar en 90.000 millones de euros.

Además, con estas adjudicaciones, el grupo reafirma su apuesta por el impulso a las renovables en Reino Unido, un mercado clave para Iberdrola y donde la pasada semana anunció la compra de diecisiete proyectos de energía solar fotovoltaica en Reino Unido, que suman una capacidad conjunta de más de 800 megavatios.