“A partir de 2020, aproveché el confinamiento para estudiar –me había descargado un manual sobre cómo hacer negocios– disciplinas muy diferentes. Para ello, creé una dirección de correo electrónico específica: externalaffairs.eu”. La mañana del 27 de abril, mientras Francesco Giorgi era sometido a un nuevo interrogatorio, grabado en vídeo en los locales de la Policía belga, otros agentes se dirigían al apartamento de la calle de la Tulipe, en Bruselas, donde vivía el asistente parlamentario antes de casarse con Eva Kaili. Y al que volvió a mudarse temporalmente cuandio salió de la cárcel. L. Giorgi, que había venido de Italia para visitar a su hijo, ocupaba temporalmente el apartamento.

Kaili y Giorgi son la pareja en el centro del escándalo Qatarargate. El 9 de diciembre de 2022, Eva Kaili, entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, y su pareja, Francesco Giorgi, asistente parlamentario italiano, fueron detenidos en Bruselas. Agentes de la policía belga de la Oficina Central Anticorrupción descubrieron que tenían en casa 878.355 euros en efectivo. Ambos fueron acusados de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Francesco Giorgi confesó –bajo coacción, afirma ahora su abogado– que él y el exeurodiputado italiano Antonio Panzeri participaron en operaciones de lobby en la sombra para Qatar, Marruecos y Mauritania, pagadas en efectivo con varios millones de euros. Eva Kaili, sospechosa de haber participado en una de estas campañas en favor de Qatar, niega los cargos que se le imputan.

Al final del registro en el piso de la calle de la Tulipe, la Policía anticorrupción le hizo firmar un inventario de los objetos que iban a llevarse: dos teléfonos móviles, material informático, papeles presumiblemente escritos para su abogado y que se ponen bajo precinto, algunos cuadernos y documentos sacados de un cubo de basura. Entre estos últimos se encontraban notas que Giorgi había mecanografiado para preparar el interrogatorio del 27 de abril. Sabe que cuando los investigadores registraron su domicilio de Bruselas el 9 de diciembre se lo llevaron todo. En particular, ese ordenador en el que había anotado, bajo el epígrafe “negocios”, la marcha de sus nuevas actividades como intermediario comercial internacional. Dentro de esa carpeta había otras llamadas Nitrato, Q8 –Kuwait en inglés– y Tests Covid.

En su nuevo encuentro con los investigadores, Francesco Giorgi tenía ganas de explicarse, de contar su versión de los hechos... cosa que, al final, no hizo. Pero antes se había encargado de escribirlo todo en unas cuantas hojas de papel. Su abogado, Pierre Monville, denunció el pasado sábado a La Libre Belgique la incautación de la nota, a pesar de que su cliente había decidido en el último momento no mencionar su contenido a la policía. “Toda la estrategia de defensa de Francesco Giorgi ha quedado al descubierto y ahora está a disposición de todo el mundo, incluida la prensa. Ya no tiene margen de maniobra para defenderse según las reglas elementales del derecho”, declaró.

En esas notas, el asistente italiano escribió que estaba preparando su reconversión profesional durante el confinamiento de 2020 y creó una dirección de correo electrónico –externalaffairs.eu@gmail.com– en un torpe intento de hacer creer que esas gestiones tenían relación con las instituciones europeas, utilizando a su padre como tapadera.

L. Giorgi, que ahora tiene 67 años, era hasta septiembre pasado director de una escuela cerca de Milán, cargo que ha compaginado durante años con un negocio de venta de equipos médicos. “Mi idea para después de 2024 [al acabar la actual legislatura] era dejar el Parlamento y montar con él una empresa de comercio internacional”, escribió Francesco en las notas que le confiscó la Policía. “Su experiencia y mis contactos. En mi trabajo era muy fácil encontrar posibles oportunidades. El Parlamento Europeo es un observatorio privilegiado, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones con terceros países. Siempre hay peticiones en busca de ofertas”, apuntó.

Para no aparecer por su nombre en conversaciones con posibles clientes, el asistente parlamentario no dudó en usurpar el nombre y la firma de su padre, como consta en los documentos a los que han tenido acceso el periódico belga Le Soir y sus socios de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre. Como él mismo confiesa en sus notas: “Los acuerdos de confidencialidad [con empresas] fueron suscritos por mí con la firma de mi padre, que sólo los conocía de manera muy general. Pero no estaba implicado porque confiaba en mí. Yo era quien se ocupaba de todo. Sólo le pedí permiso para utilizar su nombre porque era más coherente con el trabajo de su empresa, y [utilizar mi nombre] no me era posible dada mi función de asistente parlamentario”.

EIC ha preguntado al Parlamento Europeo por el código de conducta de sus asistentes. Un portavoz explica que los que deseen ejercer otras actividades, remuneradas o no, deben obtener previamente la autorización de la Eurocámara. Dichas actividades sólo se denegarán si pueden obstaculizar el ejercicio de las funciones del asistente/funcionario o son incompatibles con los intereses de la institución europea. ¿Solicitó Francesco Giorgi dicho permiso? El Parlamento no quiso responder porque se trata de “información personal”. Giorgi tampoco contestó a la pregunta.

Confinado en Grecia con Eva Kaili y su hijo, además de deseoso, según puede leerse en sus notas, de dejar el Parlamento y a su jefe, Andrea Cozzolino, al comienzo de la próxima legislatura, Francesco Giorgi aprovecha así el exilio sanitario para preparar su reconversión profesional. La intercesión de su compañera, cuyos contactos –la Policía extrajo 120.000 de su teléfono– están a la altura de sus responsabilidades –es uno de los 14 vicepresidentes del Parlamento–, será valiosísima.

Uno de los negocios de Francesco Giorgi, relacionado con Mauritania, parece especialmente sospechoso. El asistente parlamentario y su jefe, el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, fueron contratados a finales de 2018 por ese país africano para realizar labores de lobby en la sombra ante la Unión Europea, como también hicieron para Qatar y Marruecos. Panzeri contó a la Policía que su interlocutor era el embajador de Mauritania en Bruselas, Abdellahi Kebd, que hizo los primeros pagos a finales de 2019. Panzeri afirma haber recibido un total de 100.000 euros en efectivo y asegura que Giorgi percibió la misma cantidad. El asistente parlamentario lo niega: declaró a la Policía que había cobrado alquilando uno de sus apartamentos de Bruselas a Abdellahi Kebd por 1.800 euros al mes. El embajador le pagó al menos 50.000 euros. Un alquiler ficticio, ya que Kebd nunca ha vivido allí. Pero la relación comercial entre los dos hombres no terminó entonces.

En la nota preparada para su defensa que se le confiscó en la calle de la Tulipe, Francesco Giorgi explica que el embajador Kebd ofreció vender nitrato de amonio, un potente explosivo, a la Sociedad Nacional Industrial y Minera de Mauritania (SNIM) porque “su gobierno quería diversificar los proveedores”. El asistente italiano tenía en su ordenador una licitación convocada en febrero de 2020 por la SNIM, así como facturas y albaranes de una de las empresas que la ganaron: Cadex, con sede en Marruecos. En mayo y junio de 2020, vendió un total de 8.000 toneladas de nitrato de amonio a la SNIM –que no ha querido responder a las preguntas de EIC al respecto– por un precio de 335 euros la tonelada. Francesco Giorgi indica en su nota que él no tuvo nada que ver con esas ventas, y que fue el embajador Kebd quien le proporcionó los documentos “con fines informativos”.

Los acontecimientos se aceleraron unos meses más tarde. Un documento, encontrado en el ordenador de Giorgi y fechado el 8 de noviembre de 2020, menciona un posible contrato para suministrar 33.000 toneladas de nitrato de amonio al SNIM por 17 millones de euros, sin mención alguna de concurso público. El precio parece elevado: 446 euros por tonelada, un tercio más de lo que cobró Cadex. Ni el asistente italiano ni la Embajada de Mauritania han contestado a las preguntas que EIC le ha formulado sobre estos contratos.

Sólo quedaba encontrar un proveedor. En sus notas, Francesco Giorgi dice que ha descubierto fabricantes de nitrato de amonio en Georgia, por lo que pregunta a su compañera, Eva Kaili, si tiene “algún contacto [...]” en la república exsoviética. La exvicepresidenta del Parlamento Europeo recuerda haber conocido durante unas vacaciones en la isla de Patmos a un empresario griego residente en Georgia llamado Sandros y dueño de una compañía de fabricación de pasta. El 8 de noviembre de 2020, Eva Kaili crea un grupo de WhatsApp para poner en contacto a los dos hombres: “Hola Sandros & Francesco, [...] Ambos tenéis mucha experiencia y contactos en pasta [emoji con guiño] pero sobre todo con gobiernos extranjeros para importación/exportación. [...] Francesco es un asesor de confianza de varios gobiernos. Quizá deberíais hablar por teléfono y explorar formas de trabajar juntos”.

Tras ese primer mensaje, Kaili abandonó el grupo de WhatsApp. Sandros y Giorgi congenian. Firman un acuerdo de confidencialidad y planean crear una empresa conjunta para ejecutar el acuerdo con la SNIM. Francesco Giorgi envía al empresario los detalles del acuerdo. “El margen de beneficio de los intermediarios dependerá del precio de venta final”, detalla. Sandros encontró enseguida un proveedor georgiano.

Pero el departamento comercial le indica que el acuerdo tenía que pasar por una empresa intermediaria con sede en Singapur, Dreymoor Fertilizers Overseas, y más concretamente por un comercial de esa empresa. Esto no desanima al asistente parlamentario, que firmó un acuerdo de confidencialidad con Dreymoor el 12 de noviembre de 2020: aunque el documento está a nombre de su padre. Se desconoce si su socio Sandros lo sabía. Seis días después, Francesco Giorgi envió un último mensaje al empresario griego afincado en Georgia: “Han surgido problemas [...] y hay que aclarar si sigue habiendo interés por parte de los importadores”, es decir, de Mauritania. Se desconoce si se completó la venta a la SNIM.

Contactado por EIC, Sandros admite que hizo gestiones en nombre de Giorgi, pero asegura que el trato no se cerró: “No hice ningún negocio con él, [...] Gracias a Dios”. Dreymoor no ha contestado a las preguntas de EIC. En sus notas, Francesco Giorgi también dice que el trato no prosperó: “Al final, la licitación no se abrió y dejé de interesarme porque era demasiado complicado y me quitaba demasiado tiempo”.

¿Fue el confinamiento y la enorme demanda de tests para el covid lo que estimuló las expectativas de Giorgi? En febrero de 2021, según el análisis de uno de sus ordenadores, suscribieron un acuerdo de confidencialidad L. Giorgi y la empresa griega Prognosis Biotech, especializada en kits de detección de alérgenos y toxinas alimentarias. El objetivo era suministrar pruebas de detección de antígenos a Mauritania y Qatar, dos países que el asistente parlamentario conocía bien, sospechosos junto con Marruecos de situarse en el centro del escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo.

El mismo 15 de febrero, Prognosis redactó una oferta de servicios a la atención del Ministerio de Sanidad mauritano donde se menciona que dispone de una capacidad de producción de dos millones de pruebas al mes y de “plazos de entrega bastante rápidos”. Por último, la Policía también encontró un borrador de oferta de servicios, fechado el 19 de febrero y calcado del anterior, pero en el que L. Giorgi es el único representante de Prognosis. En las notas que Francesco escribió para preparar su comparecencia en abril, afirma que quería “ayudar a [su] padre a relanzar la actividad de su empresa [especializada en el suministro de productos y tests sanitarios]” y que “pensó que la pandemia era la oportunidad adecuada para lanzar un negocio de tests para el covid”. Según las notas de Giorgi, la ayuda de Eva Kaili fue valiosísima una vez más, pues fue ella quien le puso en contacto con la empresa griega Prognosis, que no ha querido responder a las preguntas formuladas por EIC sobre este contrato.

En cualquier caso, Giorgi sólo pudo anotar el fracaso del proyecto: “Tanteé el terreno con mis contactos en Qatar sin éxito y, en lo que respecta a Mauritania, solicité al ministerio que inscribiera a Prognosis como una de las empresas que habrían tenido derecho a participar en las licitaciones, pero al final no salió nada”.

En una entrevista concedida el pasado marzo, un mes antes de que Giorgi escribiera su nota, Eva Kaili dio una versión ligeramente distinta: al enterarse de que Prognosis buscaba nuevos mercados, se lo comunicó a su pareja y puso a ambas partes en contacto.

Al año siguiente, en 2022, era Kuwait el país con el que soñaba Francesco Giorgi: en mayo, un acuerdo de confidencialidad vinculaba al padre de Francesco Giorgi con V Group, una empresa griega especializada en energías renovables, tratamiento de residuos y servicios de descontaminación. La compañía se compromete a pagar a L. Giorgi una comisión del 6% sobre cualquier contrato que cierre con Kuwait. Una vez más, el país en cuestión es uno que el asistente parlamentario conoce bien: con Panzeri, soñó que los kuwaitíes, al igual que los cataríes, pudieran quedar exentos de la obligación de visado cuando viajasen dentro del espacio Schengen. 

Como ha revelado la investigación de EIC, Giorgi y su jefe, Antonio Panzeri, fueron contratados por Qatar para obtener un acuerdo de exención de visados con la Unión Europea. Y, para aumentar las posibilidades de éxito del emirato, ambos propusieron que se creara un “paquete” que incluía también a Kuwait y sobre el que Eva Kaili presionó a la Comisión Europea. Según un relato de esta operación escrito por Giorgi, en noviembre de 2020 la exvicepresidenta de la Eurocámara mantuvo “una llamada telefónica con el embajador de Kuwait” para “planificar la estrategia”.

En sus notas, Giorgi escribe que, cuando conoció al jefe de V Group, éste le confió que tenía “dificultades relacionadas con la participación de su empresa en una licitación en Kuwait para la descontaminar terrenos”. “Me ofrecí a ayudarle”, indica Giorgi.

“Firmé un acuerdo de confidencialidad y le puse en contacto con Paolo Alli, exdiputado italiano y lobista especializado en Kuwait, porque yo no tenía contactos en el país. Hubo conversaciones, pero debido a las dificultades para encontrar un interlocutor fiable en Kuwait, no hubo seguimiento”. Si Giorgi consiguió meter en el juego a Paolo Alli, esta vez fue también gracias a la mediación de su pareja. Dos meses antes de la firma del acuerdo de confidencialidad, a principios de marzo, Eva Kaili intercambió mensajes de WhatsApp con el político italiano, expresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Lo había conocido unos días antes en el aeropuerto de Milán, cuando ya se había convertido en consultor.

“¡Así que tienes buenos contactos en Kuwait!”, le escribió. “Ahora”, continúa, “soy vicepresidenta del Parlamento Europeo, encargada de Oriente Próximo [...] Sería estupendo que pudiéramos trabajar juntos”. Como Paolo Alli le había mencionado previamente sus buenos contactos en Israel, Omán y Qatar, Eva Kaili le preguntó: “¿En Kuwait también?”. Al recibir la respuesta afirmativa de su interlocutor, le sugiere ponerle en contacto con Francesco, que tiene “propuestas de negocio”.

Cuando los policías le preguntan por detalles de estos contactos, Kaili les contesta que, efectivamente, se puso en contacto con Paolo Alli para hablarle del “negocio de limpieza de arena con residuos de petróleo” que su pareja quería hacer con V Group. Preguntada por EIC, la empresa niega haber mantenido nunca una relación profesional con Francesco Giorgi o su pareja, ni haber participado en una licitación en Kuwait. Giorgi, que afirma en sus notas que el caso no se cerró, no ha respondido al respecto. Tampoco Paolo Alli.

Eva Kaili, la vicepresidenta del Parlamento Europeo acusada de cobrar sobornos de terceros países, desplegó una frenética actividad de lobby en la sombra durante el mes de noviembre de 2022. El 1 de diciembre estaba previsto que se votara en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) la exención de visados de entrada en el espacio Schengen para los ciudadanos de cuatro países: Qatar, Kuwait, Omán, y Ecuador. Los mensajes de Whatsapp que Kaili envió aquellos días revelan que estaba especialmente interesada en conseguir esa ventaja para Qatar. Para ello aprovechó todos los contactos a su alcance. Según revela la investigación de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre y que se ha basado en documentos confidenciales obtenidos por el diario belga Le Soir, la exvicepresidenta del Parlamento Europeo incluyó en su agenda al menos a cinco eurodiputados españoles, además de a Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores.

El motivo de su elección estriba en que el presidente de la Comisión LIBE es el socialista Juan Fernando López Aguilar y dos de los “ponentes alternativos” de la propuesta eran Javier Zarzalejos, por el grupo de los los populares europeos (PPE), y José Ramón Bauzá, del grupo Renew Europe –liberales, PNV, Ciudadanos, el partido de Macron, entre otros–. Estos son nombrados por cada grupo para hacer el seguimiento de los informes que elabora el ponente principal sobre cada proyecto sometido a debate. Según explica la propia Eurocámara, los ponentes alternativos son “piezas cruciales para fraguar consensos” que permitan aprobar las propuestas. Los informes de la Policía belga a los que ha tenido acceso EIC desvelan que Eva Kaili se reunió el 9 de noviembre de 2022 también con otros dos eurodiputados españoles, los socialistas Javi López y Javier Moreno Sánchez, compañeros de su mismo grupo.

Además, en las investigaciones policiales ha aparecido un sexto español: el asistente de otro eurodiputado socialista, Juan José López Gómez, que viajó a Doha en febrero de 2020 con casi todos los que luego han resultado implicados en el Qatargate para participar en una conferencia sobre redes sociales financiada por el ministro de Trabajo del emirato, Alí Al Marri.

infoLibre ha preguntado a todos ellos por sus contactos con Eva Kaili. Y todos niegan que la eurodiputada griega ejerciera ningún tipo de presión sobre ellos o les influyera sobre la exención de los visados. “La propuesta no lo requería, ya que contaba con una amplia mayoría para salir adelante, como se puso de manifiesto en la votación”, explica Juan Fernando López Aguilar.

En efecto, la exención de visados para Qatar y Kuwait se aprobó en la Comisión LIBE con 42 votos a favor y 16 en contra. Pero hasta ese momento habían surgido algunos obstáculos que inquietaban tanto al Gobierno catarí como a Antonio Panzeri, a Francesco Giorgi, pareja de Eva Kaili, y a la propia vicepresidenta de la Eurocámara, los tres principales integrantes de la “organización criminal” que, según la Policía belga, cobraba sobornos a cambio de hacer lobby en la sombra en Bruselas.

La ejecución de siete personas en Kuwait el 16 de noviembre y la propuesta del grupo Renew de que se concediera la exención a Qatar sólo cuando estuviera operativo el sistema informático Etias –una plataforma informática que permite controles automáticos de antecedentes penales– activan el cabildeo del trío. “Su apoyo [el de Juan Fernando López Aguilar] es necesario, querida, por favor”, suplica a Kaili el embajador de Qatar en Bruselas, Abdulaziz Ahmed Al Malki, en un whatsapp el 29 de noviembre. Al Malki le dice que ha hablado con el eurodiputado español. “Me ha dicho que votarán a favor de nuestros visados el jueves 1 de diciembre”, le cuenta.

Fernández Aguilar niega a este periódico que compartiera con el embajador catarí cuál iba a ser el voto del grupo de los socialistas europeos en la comisión. También que Al Maliki le pidiera su apoyo. Y enmarca su conversación con el catarí en la normalidad parlamentaria. “Es común que los embajadores de estos países [los candidatos a la exención de visados] se interesen por el estado de las negociaciones y soliciten reuniones con el equipo negociador y con el presidente [de la comisión]”, detalla el eurodiputado socialista, quien asegura que esas reuniones son “debidamente incluidas en el Registro de Transparencia y son abiertas en una sala de protocolo". "Los servicios del Parlamento son también informados”, añade.

A Fernández Aguilar también le parece “normal” que Eva Kaili se interesara por las negociaciones para eximir de visados a Kuwait y Qatar, ya que era la encargada de las relaciones con la Península Arábiga. La víspera de que Al Maliki pidiera a Kaili el apoyo del presidente de la Comisión LIBE, ella envía a este último un mensaje que quiere que le haga llegar al ponente alternativo de los socialistas, el italiano Pietro Bartolo. Eva Kaili pretende que éste convenza a su vez a la socialista alemana Birgit Sippel para que incluya una moratoria sobre la pena de muerte en Kuwait e impedir así que las ejecuciones en ese emirato contagien a Qatar. “Sé que él [Bartolo] te respeta (mucho más que a Sippel)”, elogia al español.

Fernández Aguilar niega a infoLibre que le reenviara a Bartolo el mensaje tal y como ella quería. “Aparentemente”, precisa sobre la intermediación solicitada por Eva Kaili, “era una expresión de interés en el seguimiento del procedimiento legislativo de la exención de visados”.

Aunque al eurodiputado español el interés de su compañera griega no le resultó, según dice, inusual ni insistente, sí apunta que Eva Kaili votó el 1 de diciembre en la comisión, sustituyendo a otros parlamentarios ausentes, sin haberlo comunicado previamente al portavoz del grupo socialista. Es una práctica habitual que unos eurodiputados sustituyan a otros de su mismo grupo en estas votaciones, aunque no pertenezcan a la comisión encargada. Pero deben comunicarlo antes. De hecho, hubo un voto de más en el grupo socialista: el de Eva Kaili, por lo que uno de los eurodiputados tuvo que retirar su papeleta para que el recuento fuera correcto. 

Kaili no comunicó su asistencia, pese a que debía de conocer perfectamente el procedimiento: el mismo día 1 de diciembre le pidió a otro español, José Ramón Bauzá, que acudiera a la comisión ese día. Cuando el eurodiputado de Ciudadanos le recuerda que él no es miembro de LIBE, Kaili le insiste: “Aun así puedes votar. Si alguien se ausenta”. “Sí, estoy en ello”, le responde Bauzá, que fue presidente del Gobierno de Baleares por el PP entre 2011 y 2015 antes de pasar al partido naranja.

Pero, finalmente, Bauzá no fue a la votación. A preguntas de infoLibre, responde que se encontraba en el Foro Mundial de Turismo, en Riad, la capital saudí. Una información que no dio a Eva Kaili. En la misma conversación de Whatsapp, la exvicepresidenta le recuerda que Renew, el grupo de Bauzá, va a votar en contra de conceder la exención de visados. Y el español le indica que Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión LIBE y también de Ciudadanos, votará a favor. “He hablado con ella”, le dice. Bauzá asegura que no lo hizo “para incidir en su voto”. “Y nunca tuve intención de hacerlo ni de sustituirla […] Además, ya conocía previamente su posición porque la había anunciado con anterioridad”, añade. Si mencionó a Pagazaurtundúa, fue “debido a la insistencia” de Kaili –le pregunta dos veces si va a reemplazar a otro diputado en la votación–, “pero no se produjo ninguna gestión”.

También para Bauzá, no obstante, las conversaciones de esos días con la eurodiputada griega forman parte de la “práctica parlamentaria habitual”. “En ningún momento me resultó extraño que me escribiera a mí para comentar un asunto de Qatar o Kuwait”, destaca. José Ramón Bauzá pertenece a la Comisión de Relaciones con la Península Arábiga y preside el Grupo de Amistad de Qatar y la UE, que el propio eurodiputado suspendió en cuanto estalló el escándalo hace un año. Dice que en ese momento también rompió relaciones con el emirato.

En cualquier caso, los mensajes de Bauzá con Kaili traslucen su apoyo sin fisuras a la exención de los visados para Qatar. Cuando la parlamentaria griega le expone que Renew va a votar a favor de una resolución de condena al emirato por la violación de los derechos humanos con motivo del Mundial de Fútbol –“Tu grupo ha destruido nuestras relaciones con el Golfo”, le recrimina–, Bauzá le responde: “¡¡¡¡Es terrible!!!”. Le asegura que está en plena “batalla interna” con su propio grupo.

Y cuando, finalmente, el 1 de diciembre se aprueba la exención de visados y Kaili le guasapea un “lo conseguimos”, el español no disimula su satisfacción: “¡¡¡¡Sí!!!! ¡¡¡Por fin lo conseguimos!!!”. Bauzá explica que ésa es su forma habitual de expresarse por escrito, “con muchos signos de exclamación”, no una muestra de entusiasmo por el resultado de la votación.

Eva Kaili también tuvo en el alcance de su radar al eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, a quien pide que “movilice” a los populares europeos para asegurarse el rechazo a la propuesta de condena a Qatar que ha presentado el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE). Zarzalejos le da la razón: “Lo haremos, no debería salir adelante esa resolución. Algunos van a poner en el mismo saco a Kuwait, Qatar, la Copa del Mundo y las ejecuciones”, protesta. En su informe, la Policía belga llama la atención sobre el hecho de que el eurodiputado popular mantenga informada a Kaili de la postura de su grupo durante los días previos a la votación sobre los visados, pese a que Zarzalejos pertenece a otro partido y no comparte ninguna comisión ni delegación con la vicepresidenta griega.

El 30 de noviembre, Kaili le dice al eurodiputado del PP que “necesita” que las enmiendas de Renew sean rechazadas para conseguir que la exención de visas a Qatar sea concedida “lo más pronto posible” –exigir la implantación del sistema Etias podía suponer un retraso de años para disfrutar de esa ventaja–. Ella lo presenta como una sugerencia: “En caso de que quieras enviar un correo o hacer recomendaciones claras a tu grupo…”. Zarzalejos le contesta que el PPE rechazará todas las enmiendas y se lo garantiza con el argumento de que es él quien está “al cargo de la lista de votación” de su grupo: “Lo haré”. 

infoLibre ha preguntado al eurodiputado del PP por estas conversaciones y si Kaili intentó influir en él sobre este asunto, pero Javier Zarzalejos no ha contestado a ninguna cuestión relacionada con Qatar. El político popular fue quien presentó una iniciativa para incluir a Ecuador en el “paquete” de países candidatos a la exención de visados, junto con Kuwait y Omán. Tanto el país latinoamericano como el sultanato quedaron finalmente fuera del documento aprobado.

No obstante, el PP, y Zarzalejos en particular, siguen “trabajando” a favor de la eliminación de los visados para los ecuatorianos. De hecho, el expresidente del país Guillermo Lasso se reunió el pasado julio en Bruselas con el eurodiputado popular para impulsar la hasta ahora fallida propuesta. Al poco de estallar el escándalo del Qatargate, Zarzalejos salió al rescate de Ecuador cuando la comisaria de Interior, la socialista sueca Ylva Johansson, advirtió de que el país latinoamericano no estaba “aún preparado” para beneficiarse de la exención de visados. El español tildó de “desafortunadas” las declaraciones de Johansson. “Ecuador no tiene nada que ver con países donde no existe pluralismo político y elecciones libres”, señaló en una entrevista con el periódico ecuatoriano Expreso.

La exoneración de visados es una vieja demanda de Ecuador, que no la consiguió al tiempo que sus vecinos Colombia y Perú, en 2016. Las relaciones entre el PP y Guillermo Lasso también son antiguas, anteriores incluso a la llegada del conservador a la presidencia en 2021. De hecho, forma parte desde hace más de una década de la red de influencias que el expresidente José María Aznar ha tejido en América Latina en torno a la Fundación FAES. Javier Zarzalejos lleva vinculado a ella desde 2004 y es su director desde 2017.

Según explica el eurodiputado, la inclusión de Ecuador en la propuesta sobre los visados fue fruto de un acuerdo con los socialistas y de un compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el Ejecutivo ecuatoriano. Zarzalejos, que niega cualquier relación con Francesco Giorgi y Antonio Panzeri, coincide con sus compañeros de escaño en que el intercambio de opiniones e información sobre estos asuntos es “perfectamente normal”.

Tal y como muestran los informes policiales, Eva Kaili habló con los eurodiputados socialistas Javi López y Javier Moreno Sánchez el 9 de noviembre de 2022. Son algunas de las personas que menciona Francesco Giorgi a su jefe, Antonio Panzeri, como parte de la agenda que Eva Kaili va a poner en marcha ese día. Pero antes de que los contacte, Panzeri quiere dictarle a su asistente lo que la exvicepresidenta debe decirles no sólo a los dos españoles, sino también al presidente de LIBE, Juan Fernando López Aguilar, y al eurodiputado conservador alemán David McAllister. Tanto en sus respuestas a la Policía como a EIC, Eva Kaili siempre ha negado que fuera “teledirigida” por su pareja o por Panzeri. Giorgi, precisa, sólo le daba “consejos”.

Javi López indica a infoLibre que, en efecto, Kaili le preguntó sobre su postura sobre la exoneración de visados para Qatar, un debate que el español dijo desconocer porque no formaba parte de la Comisión LIBE. Por el contrario, Javier Moreno asegura que en su conversación Kaili no le habló en ningún momento de Qatar y que, si votó a favor de la exención, fue porque ésa era la posición de su grupo.

Juan José López Gómez es el asistente del eurodiputado socialista Ignacio Sánchez Amor, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Subcomisión de Derechos Humanos. López Gómez formó parte de un grupo de Whatsapp bautizado como “Doha” que incluía además de a Eva Kaili y a su pareja, Francesco Giorgi, a los eurodiputados Marc Tarabella y Alessandra Moretti, así como a la asistente de esta última, Francesca Garbagnati, todos ellos implicados en el Qatargate, y a los asesores griegos Ionnis Dalmas y Dimitris Zacharias.

Ese grupo se formó con ocasión del viaje que todos ellos hicieron en febrero de 2020 a la capital catarí para participar en una Conferencia Internacional sobre Redes Sociales. Cuando los investigadores belgas preguntaron a Eva Kaili por “Juanjo Spain”, el nombre con el que Juan José López aparecía en el grupo de Whatsapp, la eurodiputada griega aseguró que había “colaborado personalmente” con él en el pasado y que era amigo de Francesco Giorgi. “Prefiero no responder a cuestiones de carácter estrictamente personal”, responde a infoLibre Juan José López, quien con Kaili dice mantener “en lo profesional la relación habitual con una diputada que era compañera del mismo grupo político” y conocer a Panzeri de su tiempo en el Parlamento Europeo.

Sobre el viaje a Doha, explica que fue invitado por el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar, que entonces presidía Alí Al Marri, el actual ministro de Trabajo. Fue ese comité el que pagó el viaje y la estancia de la misión europea, explica.

Pero las maniobras de Eva Kaili en favor de Qatar comenzaron muchos meses antes y picaron mucho más alto. El 20 de abril envió una carta a Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, sobre la exención de visados para Kuwait y Qatar. En ella, tras enumerar los argumentos por los que, a su juicio, debería concederse tal beneficio a esas dos autocracias del Golfo, Kaili le solicita “una actualización oficial sobre este asunto” e incluso le “insta” a “acelerar los procedimientos necesarios” para otorgárselo “lo antes posible”.

“La celebración de un acuerdo de exención de visado con Kuwait y Qatar en estos tiempos difíciles no sólo mostraría coherencia con la intención de la UE de reforzar su cooperación con la región del Golfo, sino que también permitiría a esos países aumentar aún más su apertura e interconexión con la UE y sus Estados miembros”, sostiene. Eva Kaili envió la misma carta, el mismo día, al vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas, responsable de los asuntos de migración, y a Ylva Johansson, comisaria de Asuntos de Interior. Siete días después, la Comisión Europea aprobó la exención propuesta para Kuwait y Qatar.

Sin embargo, los tres comisarios niegan que la carta “influyera en modo alguno en la decisión del Ejecutivo europeo”. “En ese momento, la propuesta ya se encontraba concluida y en proceso de adopción estándar", sostiene el portavoz de Josep Borrell en su respuesta a infoLibre.

Una de las líneas de defensa de Eva Kaili subraya que ella no hacía más que cumplir con un plan de cooperación con Kuwait y Omán que habían puesto en marcha Borrell y Johansson en 2019. También mantiene que su posición sobre Qatar estaba alineada con la política oficial de la UE en esta materia. “No entendemos a qué plan de cooperación se refiere”, responde el portavoz de Borrell.

En un mensaje de Whatsapp del 17 de noviembre de 2022, Kaili le advierted a Javier Zarzalejos de que, si se aprueba la propuesta de resolución del Grupo de la Izquierda Europea contra Qatar, será “un desastre para Borrell”. El portavoz del alto representante de la UE ha rechazado “comentar conversaciones privadas” ni quiere ”especular sobre las interpretaciones o motivaciones de sus autores”. Y recalca que ni la Comisión Europea ni el Servicio Europeo de Acción Exterior (EAAS) ni el alto representante para Asuntos Exteriores ”tienen voz ni voto en los procesos del Parlamento Europeo, que es una institución completamente independiente”.

La muerte de Silvio Berlusconi, el ex primer ministro y magnate televisivo italiano, amenaza con avivar aún más las turbulencias que han agitado Mediaset España los últimos meses, tras la salida del todopoderoso Paolo Vasile y la cancelación de su programa estrella, Sálvame. “Aire de liquidación” es como describen fuentes de Telecinco el estado de ánimo que se respira en la cadena desde que la matriz italiana destituyó a quien fue su primer ejecutivo durante 23 años. No sólo se está desmantelando –“y con gran rapidez”, aseguran las fuentes– el modelo televisivo que desplegó con gran éxito Vasile, sino que al mismo tiempo se ha librado una pugna de poder en la cúpula cuyo desenlace aún está por ver.

Hace sólo cinco días que MFE-MediaForEurope NV, la nueva matriz holandesa del grupo italiano, anunció que había culminado la fusión por absorción de Mediaset España. Y que remodelaba su estructura directiva. El presidente, Borja Prado, nombrado en abril de 2022, ha dejado de tener competencias ejecutivas y se limitará a dirigir el área de Relaciones Institucionales. Es Alessandro Salem, uno de los dos consejeros delegados –el otro es Massimo Musolino–, quien empuñará el bastón de mando. Incluida la línea editorial. Los italianos dieron así un golpe en la mesa, y en la nuca de Borja Prado, que el pasado noviembre había conseguido del consejo de administración competencias “en materia de relaciones externas e institucionales, asuntos jurídicos y regulatorios, auditoría interna, cumplimiento normativo y responsabilidad social”. Según constaba en el comunicado remitido a la CNMV, también iba a asumir “labores de apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos”.

Los cambios de rumbo en la cadena fueron inmediatos. En febrero se prohibió a los presentadores o colaboradores de sus programas de entretenimiento expresar opiniones o hacer comentarios políticos. En mayo se anunció el fin de Sálvame, que emitirá su último programa el próximo día 23. El viraje se ha achacado a las directrices de Borja Prado, presidente de Endesa entre 2009 y 2019, y máximo ejecutivo para España y Latinoamérica de la italiana Mediobanca hasta 2014. Prado no es un recién llegado a Mediaset: llevaba sentado en su consejo de administración desde 2004.

También es uno de los gestores españoles de mayor relumbre en los últimos tres lustros. Siempre ha disfrutado de un extraordinario vínculo con Italia y se le atribuyen buenas relaciones con José María Aznar, a cuyo 70 cumpleaños acudió el pasado mes de febrero. Cuando trabajaba en el banco de inversión Lazard, pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año había saltado a la presidencia de Mediobanca para Iberia y Latinoamérica, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y la italiana Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona.

Durante los 10 años que permaneció al frente de la eléctrica española fundó su propia gestora de fondos de capital riesgo, Peninsula Capital, que, como ha publicado EIC, la red de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre, pagó tres millones de euros al presidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría en una operación que le sirvió para ganar 181,5 millones de euros: la compraventa del operador privado del AVE italiano, NTV.

Para Prado en Peninsula trabaja el Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés. Es su director general desde 2017.

Como también informó este periódico, la gestora y el propio Borja Prado están siendo investigados por la justicia francesa por esa operación. Policías franceses y luxemburgueses registraron a mediados de abril las oficinas del fondo de inversión en la capital del Gran Ducado. Sólo un par de semanas más tarde, Prado había cenado con Nicolas Sarkozy y José María Aznar en el restaurante Horcher de Madrid, uno de los más exclusivos de la capital, tal y como publicó eldiario.es.

Una vez despojado de poder ejecutivo, las labores de Prado han quedado igualadas a las que tenía su antecesor en el cargo, Alejandro Echeverría, básicamente la representación institucional. Pero las fuentes consultadas advierten de que la muerte de Silvio Berlusconi incluso puede poner en peligro la continuidad del directivo español, tras fracasar su intento de hacerse con todo el poder en la cadena. Mejor suerte puede que corra el despacho que se ha hecho construir en la sede de Telecinco, un área con cocina, cocinero y comedor privados al que sólo puede accederse con una clave numérica que cambia cada día, según publica eldiario.es. “Los italianos le han frenado; tiene los días contados”, auguran. “Vasile decía que podía permitirse ser políticamente independiente porque se le daba bien ganar mucho dinero”, recuerdan, en referencia a los años en que Telecinco era líder de audiencia. Desde 2022 Antena 3 está a la cabeza.

La cancelación de Sálvame y su sustitución por El programa de Ana Rosa también se ha interpretado como una muestra del cambio editorial que Borja Prado quería imprimir en Telecinco. A un presentador que públicamente ha manifestado su apoyo a la izquierda va a reemplazarle otra que no oculta su afinidad con la derecha.

Cierto que el modelo televisivo de Telecinco nunca se cimentó en las tareas informativas tanto como en el entretenimiento más tosco, lo que se ha dado en llamar telebasura. Empezó con las mamachicho en los años 90 y explotó con Gran Hermano. Luego vinieron el resto de los reality shows con los tronistas y famosillos de cuarta fila. Sálvame añadió aún más morbo y sexo, si cabe, a los cotilleos de Tómbola, el formato que creó en 1997 Canal Nou, la televisión pública valenciana, emitido en el resto de las autonómicas. Y reventó las audiencias: llegó al 18,1% en 2011, rozando los dos millones de espectadores. “Vasile hizo la televisión más barata de Europa con el mejor resultado de Europa”, alaban las fuentes consultadas.

No obstante, cabe recordar que Telecinco entrevistó al dictador iraquí Sadam Hussein en enero de 1991, nada más invadir Kuwait, lo que no deja de tener su mérito teniendo en cuenta que Javier de la Rosa, el hombre de los kuwaitíes en España, era el propietario del 25% del capital de la cadena, a través de su empresa Grand Tibidabo. Eso no significa que la información fuera una prioridad. Valerio Lazarov, el consejero delegado de los primeros años, no permitió que se prolongara ni un minuto más el informativo en el que se anunció la invasión iraquí de Kuwait. “Esta es una televisión para tiempos de paz; si hay guerras, que las cuente TVE”, aseguran que dijo otras fuentes de la cadena preguntadas por infoLibre.

Un modelo de televisión que, aun eficaz –tanto en audiencias como en beneficios–, puede haberse quemado, a tenor al menos de la caída de espectadores sufrida en el último año.

De ahí también la posibilidad de que los italianos, con Pier Silvio Berlusconi, el hijo del magnate, al frente del grupo, quiera poner en venta Mediaset España. O incluso que toda la compañía termine en manos del grupo francés Vivendi, hasta enero de este año accionista de Mediaset –de la que llegó a tener más del 25% de la empresa italiana— y poseedora del1,8% del capital de Prisa. También Urbano Cairo, el dueño de RCS, el grupo editor de Il Corriere della Sera, además de El Mundo, Expansión y Marca, ha manifestado su interés por la compañía de Berlusconi. No sería de extrañar: Cairo trabajó en los años 90 en Finninvest, la empresa televisiva del magnate; en 2005 compró el Torino FC, en 2013 la cadena de televisión La Sette y, tres años más tarde, el gigante RCS.

Los movimientos en Mediaset España y la muerte de Silvio Berlusconi coinciden además en el tiempo con la marcha de otro italiano, Nicola Speroni, de Unidad Editorial, el grupo que publica El Mundo, Expansión, Marca y Telva, entre otras cabeceras. Speroni era el director general de Negocio, y quien se encargaba de la gestión junto a Stefania Bedogni, la directora general corporativa. Ambos comunicaron a RCS su deseo de volver a Italia por motivos personales, pero la empresa se ha negado, según explican a infoLibre fuentes de Unidad Editorial. Así que Speroni ha decidido abandonar el grupo mientras Bedogni se mantiene, de momento, en el puesto.

Unidad Editorial se encuentra “a la espera” de que se sustituya, o no, a Speroni, en un ambiente de “incertidumbre” –como en Mediaset– y “nervios” entre los responsables de las redacciones. Al tiempo, han quedado en suspenso las negociaciones con los comités de empresa, que reclaman subidas salariales tras años de congelación y recortes de gasto, y convocan a la plantilla a celebrar “miércoles negros” cada semana. Pero, mientras, no se descarta que Cairo quiera poner a la venta Unidad Editorial, más interesado en hacerse con un imperio televisivo como Mediaset, un negocio que aporta mayor rentabilidad que los periódicos de su filial española. Pero que aún poseen un importante activo: dos licencias de TDT, alquiladas a Discovery Max y a Gol T.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en agosto de 2019 “la mayor bajada de impuestos de la historia”, un estriptis fiscal que primero prometió llevar a cabo en los “próximos meses y años” y después “cuando sea posible”. Finalmente, su medida estrella se ha quedado en el tintero tras la convocatoria adelantada de elecciones y/o moción de censura, que cierran un mandato de sólo dos años sin presupuestos. Ese tiempo, no obstante, le ha servido a la política conservadora para convertirse en abanderada de la baja fiscalidad como incentivo económico, frente a quienes consideran Madrid una suerte de paraíso tributario y ella tacha de “ingenieros de la pobreza”. “Si quieren tener los mismos niveles de prosperidad y de empleo, lo que tienen que hacer es probar ellos mismos a bajar impuestos”, instó a los defensores de la armonización fiscal en una entrevista en Antena 3. “Impuestos, democracia y libertad acaban siendo una misma cosa”, resumió en un artículo publicado en el periódico Abc poco antes de que estallara la pandemia.

Ni la pandemia ni la ola de frío, que han desnudado las consecuencias de los recortes en el gasto público madrileño, han apeado a Díaz Ayuso de su discurso fiscal. En el Spain Investors Day, el pasado enero, atribuyó a su “política de bajos impuestos” el hecho de que Madrid reciba “el 80% de la inversión extranjera”. Ante altos directivos de 46 grandes empresas y 248 grandes inversores, la presidenta madrileña presumió de tener “la fiscalidad más baja de España”. “Aquí tienen el firme compromiso de la Comunidad de Madrid con un modelo de bajos impuestos, dialogo social y estabilidad institucional, con una férrea defensa de la colaboración público-privada. Estos son los ejes de la recuperación”, proclamó.

Naturalmente no es Ayuso la única que defiende con fervor la receta que iguala bajos impuestos y prosperidad. En las antípodas de Madrid, en Australia, llevan gobernando los liberales desde 2013 y sus proclamas fiscales no tienen nada que envidiar a las de la presidenta madrileña. “Una economía fuerte necesita bajos impuestos”, repite el ministro de Hacienda, Josh Frydenberg. Para el primer ministro, Scott Morrison, los impuestos son el “aguafiestas de la economía, retrasan el crecimiento, frenan la economía”.

El Australia Institute, el centro de estudios progresista más importante del país, ha intentado desmontar las tesis de Morrison y Frydenberg en un estudio que compara los niveles de bienestar y presión fiscal en 188 países. Para ello sus investigadores utilizan tres indicadores: la ratio entre la presión fiscal –a su vez, el cociente entre PIB y recaudación tributaria– y el PIB per cápita, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Desarrollo Humano Ajustado a la Desigualdad (IDHD). Estos dos últimos son registros elaborados por Naciones Unidas. El primero relaciona la media de ingresos con la esperanza de vida –que se considera un reflejo del desarrollo de la sanidad– y los años de escolarización –que da idea del nivel educativo–. El segundo ajusta ese resultado con el nivel de desigualdad para conseguir, apuntan los autores del informe, una imagen más precisa de la prosperidad de cada país.

Pues bien, el estudio establece que las únicas naciones del mundo que combinan unos impuestos mínimos y una prosperidad máxima son, por un lado, las petromonarquías del Golfo Pérsico –Omán, Baréin, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes y Catar– y, por otro, las ciudades estado de Singapur y Hong Kong. En el resto de los países estudiados, la correlación es clara entre alto nivel de bienestar y mayores impuestos. Los autores también dejan claro que existe una correlación, pero no una causalidad. Los países con un PIB per cápita elevado tienden a aplicar impuestos más altos. Por el contrario, los países en desarrollo tienen una fiscalidad muy baja, pero también unas economías más pobres.

Este grupo de naciones pobres aplican una presión fiscal media del 17,9% y un PIB per cápita de 7.974 dólares –6.576 euros–. Los países desarrollados, una presión fiscal media del 34,2%, pero también un PIB per cápita muy superior, 39.248 dólares –32.367 euros–. En los países nórdicos la relación entre PIB e impuestos se eleva hasta el 41,8%, aunque también se multiplican los ingresos per cápita: 60.829 dólares –50.165 euros–. Cuanto más desarrollado es el país, mayor presión fiscal tiene. Y al revés. En la cúspide de la clasificación, los países nórdicos.

Por situar a España en el ránking, la presión fiscal es del 35,4%, por debajo de la media de la UE, que es del 41,1%, y de la zona euro –41,6%–. Es el séptimo país con menor presión fiscal de la eurozona, según las últimas cifras publicadas por Eurostat. La renta per cápita nacional asciende a 25.200 euros, también por debajo de la media comunitaria –27.980 euros– y del euro –31.210 euros–.

Financión pública atípica

Los únicos países que escapan a esa correlación son las monarquías del Golfo Pérsico, con una presión fiscal que es sólo del 1% en Baréin, el 1,4% en Kuwait, el 3,4% en Arabia Saudí y Omán, el 4,9% en Catar y un máximo del 11,9% en los Emiratos Árabes Unidos. La renta per cápita llega a los 64.782 dólares en Catar, 43.103 dólares en los Emiratos Árabes Unidos, 32.032 en Kuwait. En Arabia Saudí y Baréin casi alcanzan a la española – 23.504 y 23.140 dólares, respectivamente–.

¿Cómo pueden permitirse estos países una disparidad semejante? “Sus presupuestos públicos se financian con los beneficios procedentes de las empresas estatales de petróleo y gas”, explica el estudio. Gracias a esos enormes remanentes, los ingresos públicos son equivalentes a los que obtienen los países desarrollados. Por ejemplo, en el caso de Kuwait, aunque los impuestos representan sólo el 1,4% de su PIB, si se suman los recursos que obtiene del petróleo, los ingresos del presupuesto estatal equivalen al 35% de su PIB, un porcentaje similar a la presión fiscal media de los países ricos.

El mismo patrón atípico siguen Hong Kong –48,756 dólares de renta per cápita, 14,1% de presión fiscal– y Singapur –65.233 dólares de renta, una presión fiscal del 13,2%–, dos ciudades estado que disfrutan de condiciones que las asemejan a paraísos fiscales y con una posición geoestratégica y comercial irrepetible. Otro tanto puede decirse de San Marino –con una renta per cápita de 48.481 dólares y una presión fiscal del 18,1%–.

Desarrollo humano y desigualdad

Cuando se relaciona la presión fiscal con el Índice de Desarrollo Humano, el resultado es similar: a mayor índice –es decir, a más renta per cápita, mayor esperanza de vida y más años de escolarización de los ciudadanos–, mayores impuestos. Y al revés. Excepto en los países ya citados: Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudí, Baréin, Omán y Kuwait. Aunque en este caso también se añade el sultanato de Brunei, que igualmente vive del petróleo. Y de nuevo Singapur y Hong Kong. El primer grupo utiliza los recursos petrolíferos nacionalizados para sufragar sus altos niveles de bienestar. El segundo, sus ventajas comerciales y geoestratégicas.

Noruega es el país con el mayor IDH, 0,953. El de Hong Kong es 0,933, lo que le convierte en el séptimo país de la clasificación mundial de desarrollo humano. Singapur es el noveno. España, el número 26, con un IDH de 0,891. Las monarquías del Golfo se reparten entre los puestos 34 –Emiratos Árabes– y 56 –Kuwait–. Todos estos países tienen esperanzas de vida por debajo de la española –83,3 años–, que es la tercera mayor del mundo tras Japón y Hong Kong. Pero la superan en años de escolarización –9,8– no sólo Singapur y Hong Kong –12 años–, sino también los Emiratos Árabes –10,8–. De hecho, España es el país de la UE con mayor tasa de abandono escolar, un 17,3%.

De nuevo, son los países nórdicos los mejor situados en la clasificación mundial de desarrollo humano, puesto que disfrutan de los más altos niveles de esperanza de vida y de tiempo de escolarización. Dinamarca, la que menos puntúa en este grupo, es la undécima nación con mayor IDH, 15 puestos por delante de España.

Al ajustar el IDH con la desigualdad, en un intento por evitar las distorsiones producidas por el uso de promedios, la correlación entre presión fiscal y bienestar se repite, con los países nórdicos a la cabeza: Noruega sigue siendo el primer país del mundo, con un IDH ajustado de 0,876. Sin embargo, al introducir la desigualdad en la observación, las petromonarquías del Golfo Pérsico desaparecen. Sólo Singapur y Hong Kong mantienen una baja presión fiscal y un IDH ajustado alto, aunque descienden 10 y 14 puestos, respecto de su IDH sin ajustar. España también baja, 12 puestos, al considerar su nivel de desigualdad. Todos los nórdicos, en cambio, escalan en su índice de desarrollo por sus elevada tasa de igualdad.

¿Y Australia? Es el tercer país en desarrollo humano, sólo superada por Noruega y Suiza. Tiene una de las esperanzas de vida más altas, 83,1 años, y una media de años de escolarización de 12,9, muy por encima de la española –la mayor es la alemana, 14,1 años–. Ajustado el índice con la desigualdad, baja cuatro puestos en la clasificación. Con una presión fiscal del 23,4%, su PIB per cápita alcanza los 54.907 dólares, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. “Hay muy pocos países que tengan fiscalidades más bajas [que Australia] y mayores niveles de bienestar”, concluyen los investigadores. Y los países que la superan en prosperidad también aplican mayores impuestos. Una correlación, destacan, que crece cuanto más se amplía la medida del bienestar, desde la renta per cápita hasta los índices de desarrollo humano y de desigualdad.

En resumen, a diferencia de lo que proclama Isabel Díaz Ayuso, bajos impuestos, democracia y libertad están lejos de ser sinónimos en países como las monarquías del Golfo, que poseen sistemas escasamente democráticos, donde las libertades ciudadanas tienen mucho que envidiar de los estándares internacionales y la desigualdad es muy marcada. O en las ciudades estado de Singapur y Hong Kong, que cuentan con sistemas políticos únicos en el mundo y unos grandes niveles de desigualdad.

El Gobierno de Yemen y la coalición militar liderada por Arabia Saudí que le apoya, así como los rebeldes huthis han cometido actos que podrían constituir crímenes internacionales, incluidos los bombardeos aéreos de la coalición, que podrían considerarse crímenes de guerra, según han advertido este martes el grupo de expertos regionales e internacionales sobre Yemen a la ONU.

En su informe de 41 páginas y que cubre el periodo entre septiembre de 2014, cuando los huthis se hicieron con el control de Saná, hasta junio de 2018, los expertos han documentado que las partes en conflicto en Yemen habrían perpetrado, y seguirían haciéndolo, violaciones y crímenes en virtud del Derecho Internacional, si bien sería necesario que un tribunal independiente y competente lo ratifique.

En concreto, han considerado que hay "motivos razonables para creer que personas en el Gobierno de Yemen y en la coalición podrían haber realizado ataques en violación de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución que podrían equivaler a crímenes de guerra" por los bombardeos aéreos, los cuales han provocado la mayoría de las víctimas civiles directas.

Según han constatado, dichos bombardeos han alcanzado zonas residenciales, mercados, funerales, bodas, centros de detención, embarcaciones civiles e incluso instalaciones médicas. De acuerdo con las estimaciones de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, desde que el conflicto estalló en marzo de 2015 y hasta el 23 de agosto en Yemen se han contabilizado 6.600 civiles muertos y otros 10.563 heridos, si bien se cree que las cifras reales serían muy superiores.

"Hay pocas pruebas de ningún intento por las partes en el conflicto de minimizar las víctimas civiles. Les pido que prioricen la dignidad humana en este conflicto olvidado", ha reclamado el presidente del grupo de expertos, Kamel Jendoubi.

Restricciones navales y aéreas

Por otra parte, los expertos también han visto "motivos razonables" para considerar que las restricciones navales y aéreas impuestas por la coalición "constituyen una violación de la norma de proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario". Además, han añadido, el cierre efectivo del aeropuerto de Saná es una violación de la obligación de proteger a enfermos y heridos. Estos actos podrían constituir crímenes internacionales, han advertido.

En este sentido, Jendoubi ha instado a todas las partes a "adoptar las medidas necesarias para eliminar las restricciones desproporcionadas sobre la entrada rápida y segura a Yemen de suministros humanitarios y otros bienes indispensables para la población civil y el movimiento de personas, incluido el aeropuerto de Saná, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario".

Asimismo, los expertos han denunciado que las detenciones arbitrarias están generalizadas en el país, al igual que los malos tratos y las torturas en algunas instalaciones, y han criticado a los huthis por usar armamento de gran alcance en sus acciones en Taiz pese a tratarse de una situación de "guerra urbana".

Igualmente, los expertos tienen información sobre el uso de niños soldados tanto por las fuerzas gubernamentales como por los rebeldes, a los que se ha usado para "participar activamente en las hostilidades". Según los expertos, aunque la mayoría de los menores tienen entre 11 y 17 años, hay informaciones de casos de tan solo 8 años. 

Presos infantiles yemeníes que presuntamente pertenecen a las fuerzas del gobierno yemenita esperan a ser entregados a sus familias en un edificio del gobierno en Saná, Yemen. | EFE

Según Jendoubi, "la responsabilidad legal primaria de abordar estas violaciones y crímenes compete al Gobierno de Yemen, el cual tiene la obligación de proteger a las personas bajo su jurisdicción". Por ello, ha reclamado al Ejecutivo de Abdo Rabbu Mansur Hadi que "investigue y procese las violaciones que equivalen a crímenes por parte de sus ciudadanos y Fuerzas Armadas".

El grupo de expertos ha indicado que en los casos en los que ha sido posible ha identificado a las personas que podrían ser consideradas responsables de crímenes internacionales y ha remitido una lista confidencial con los nombres al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En otros casos, los expertos necesitan más información para establecer la responsabilidad.

El coronel Turki Al Maliki, portavoz de la coalición saudí en Yemen, ofrece una rueda de prensa en Riad (Arabia Saudí). | EFE

Por sexto día consecutivo desde el domingo, aviones de combate han bombardeado el enclave, el último bastión rebelde cerca de Damasco. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, desde que se intensificaron los bombardeos han muerto ya 412 personas, mientras que cientos más han resultado heridas.

Según las organizaciones médicas, más de una decena de hospitales y centros de salud han resultado alcanzados por los bombardeos, lo que hace prácticamente imposible ofrecer atención a los numerosos heridos.

De acuerdo con el Observatorio, los aviones gubernamentales y la artillería han alcanzado a primera hora de este viernes Duma, Zamalka y otras localidades de Guta. Un testigo en Duma ha contado por teléfono que los bombardeos de primera hora de la mañana eran los más intensos hasta ahora.

Guta Oriental es objeto del asedio de las fuerzas gubernamentales desde 2013. La ONU estima que unas 390.000 personas viven atrapadas en el enclave, situado a pocos kilómetros de Damasco. Según el Observatorio, los precios de los pocos alimentos disponibles se están disparando, al igual que los del combustible.

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar este viernes una propuesta de resolución presentada por Kuwait y Suecia que propone un alto el fuego de 30 días en todo el país con el fin de permitir la entrega de asistencia y la evacuación médica de enfermos y heridos.

La propuesta no cubre a los grupos terroristas como Estado Islámico y el antiguo Frente al Nusra, a los que Moscú y Damasco aseguran estar bombardeando en Guta Oriental. Precisamente, la agencia estatal SANA ha informado este viernes de que los grupos asediados en Guta han atacado con artillería Damasco y por ello el Ejército ha tenido que responder.

Hamza Birqdar, portavoz militar de la facción rebelde Jaish al Islam, ha dicho que han evitado nueve ataques por parte de las milicias progubernamentales que intentaban penetrar por un frente en el este del enclave.

Así las cosas, el enviado de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, ha vuelto a llamar este viernes a aceptar la tregua con el fin de frenar los terribles bombardeos sobre Guta y los disparos indiscriminados de mortero hacia Damasco.

De Mistura ha sostenido que, de acordarse el alto el fuego, este tiene que ser seguido por el acceso sin restricciones de las agencias humanitarias a Guta y la evacuación de enfermos y heridos.

Los vínculos entre España y las monarquías del Golfo Pérsico –Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Omán– han desatado críticas especialmente intensas en Cataluña tras los atentados perpetrados el 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona). Destacados dirigentes independentistas, y muchos ciudadanos que asistieron a la manifestación celebrada en la ciudad condal el sábado 25, pusieron el foco en la "hipocresía" del rey Felipe VI y del Gobierno central por asistir a una protesta contra el terrorismo y fomentar al mismo tiempo el comercio de armas con dictaduras como Arabia Saudí, que alientan la visión extremista del islam de organizaciones terrroristas como el Dáesh.

Como informó este periódico, España multiplicó por 30 la venta de armas a Arabia Saudí en los últimos cuatro años. Lo cierto es que, hasta ahora, las relaciones comerciales con las dictaduras del Golfo no han sido una cuestión ideológica o territorial. No existe un hecho diferencial en este terreno. Es más, Cataluña es la comunidad autónoma que más exporta a las seis monarquías del Golfo Pérsico –con un importe conjunto de 1.498,1 millones de euros en 2016–, mientras que únicamente se encuentra por detrás de Andalucía y Murcia respecto a las importaciones –sumando 744 millones de euros el pasado año–.

Oficina Exterior en Dubai

La Oficina Exterior de Cataluña en los Emiratos Árabes Unidos funciona desde 1992 como organismo que busca impulsar la actividad empresarial catalana en un ámbito de actuación muy concreto: las seis monarquías del Golfo Pérsico y Líbano. Tal y como explica la directora de la oficina, M.S., en un vídeo de presentación, "el Gobierno de Cataluña ha sido pionero y ha tenido mucha visión porque desde el año 1992 tiene una Oficina Exterior en Dubai", cuya finalidad consiste en ofrecer servicios "personalizados y adaptados a la cultura y a la manera de hacer negocio" de la zona. Trabajan, continúa su directora, sobre "formación de agenda, distribuidores, búsqueda de agentes, cierre de acuerdos comerciales, selección de personal y estudios de mercado", entre otras cuestiones. También proponen un servicio de consultoría, basado en "un consultor dedicado al 100% al desarrollo del mercado", un servicio, añade, "altamente estimado por las empresas catalanas ya que ayuda a implantarse con un coste relativamente bajo".

Sitjas enfatiza que los Emiratos Árabes Unidos, "junto a muchos otros países de Oriente Medio, tiene un índice de crecimiento del PIB bastante alto en comparación con otros países y regiones del mundo", además de ser "netamente importadores", especialmente de "todos los productos relacionados con la alimentación" debido a la aridez de la tierra y a la escasez de agua, tal y como explica Sitjas. También es importante, añade, el sector de la construcción, "con vistas a la Expo de 2020 que se realizará en Dubai y con vistas al mundial de la FIFA de Catar 2022".

Según indica la página web oficial, las exportaciones catalanas en los Emiratos Árabes Unidos, con Abu Dhabi y Catar como principales nichos de mercado, han sido principalmente de productos como nabos forrajeros (16,1%), maquinaria (13,7%) y aparatos y material eléctrico (13,2%). La oficina indica, asimismo, que las exportaciones catalanas en los Emiratos Árabes Unidos aumentaron progresivamente hasta situarse en 618,7 millones de euros en 2016. En cuanto a las importaciones, alcanzaron el año pasado 131,8 millones. Cataluña importa principalmente de los Emiratos Árabes Unidos combustibles (54,5%) y aluminio (29,2%).

En el último balance elaborado por la entidad en 2016, son señaladas un total de 45 filiales de empresas catalanas con establecimiento en los Emiratos Árabes Unidos, siendo las diez primeras empresas matrices –según su facturación– las siguientes: Caixabank, Fomento de Construcciones y Contratas, Grifols, Puig, Applus Services, Mediaproducción, Fluidra, Equatorial Coca Cola Bottling Company, Copisa Constructora Pirenaica y Girbau.

En cuanto a las empresas de los Emiratos Árabes afincadas en Cataluña, la oficina detecta un total de 18 filiales de ocho empresas establecidas en la comunidad. Son las siguientes: Al Dhra Holding LLC, SQM Vitas FZCO, Delta Partners (Dubai), Wavetec FZCO, Emirates Global Aluminium P.J.S.C, Liberty Fetrade DMCC, Progress Gulf FZCO (Limited Liability) y Umaya Lighting Consultancy SL.

Relaciones comerciales con las monarquías

Parte de los datos expuestos por la oficina catalana en Dubai proceden de ICEX España Exportación e Inversiones, que realiza un seguimiento de las relaciones comerciales de España y sus comunidades autónomas con el extranjero.

Según ICEX, las exportaciones de Cataluña en Catar a lo largo del año 2016 alcanzaron la cifra de 90,87 millones de euros, un 26,76% más que el año anterior. En cuanto a los sectores con mayor repercusión en el ascenso de las ventas, destacan los bienes de equipo –con un aumento del 78,71%– y bienes de consumo duradero –con un crecimiento del 30,9%–. La exportación catalana a Catar, según los datos que maneja ICEX, representa el 26,59% del total exportado por España.

Respecto a las importaciones, alcanzaron en 2016 el valor de 194,29 millones de euros. Los sectores de productos energéticos y semimanufacturas entrañan el 91,17% y 8,33% del total de las importaciones de Cataluña. Las compras de la comunidad a Catar representan el 37,91% del total español.

Sobre las inversiones cataríes en Cataluña, el país posee importantes negocios en el sector hotelero, destacando especialmente el hotel Reinaissance y el W de Barcelona. También tiene presencia en el Puerto Deportivo de Tarragona, en el que Qatari Diar invirtió 64 millones de euros en 2015.

En cuanto a Arabia Saudí, el último informe de ICEX sobre la presencia de empresas españolas en el país data del año 2011, y en él se encuentran nombres catalanes como Cacao Sampaka, Joyería Tous, Pronovias, Punto FA SL (Mango) o The Euat Out Group (Pans & Company).

Las relaciones comerciales entre Cataluña y Arabia Saudí indican que las exportaciones fueron de 618,209 millones de euros en 2016. Las importaciones, por su parte, se quedaron en 359,738 millones de euros.

El mismo organismo, ICEX, relata en su informe de 2017 el nombre de las empresas españolas con presencia en Omán, entre las que se encuentra la catalana Applus Norcontrol. Respecto a las relaciones comerciales entre Cataluña y este país, en 2016 se llevaron a cabo exportaciones por un valor de 65,1 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 11,3 millones de euros.

La presencia empresarial catalana en las monarquías del Golfo Pérsico se materializa asimismo en Baréin, con nombres como Massimo Dutti o Punto FA (Mango), según el informe de ICEX correspondiente a 2011. Las exportaciones de Cataluña a dicho país fueron en 2016 de 27,0 millones de euros y las importaciones de 38,7 millones.

Finalmente, Cataluña deja huella también en Kuwait gracias a empresas como Applus Norcontrol, FCC o Hera Holding Habitat Ecología y Restauración Ambiental, según el documento oficial de 2014. En 2016, las exportaciones fueron de 79,2 millones de euros y las importaciones de 8,1 millones.

El mundo del fútbol

Qatar Airways, que es propiedad de Qatar SWF –la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA)–, lleva doce años operando en España y para 2017 ampliará sus operaciones, según explicó Marimar Laveda, directora general de la compañía para España y Portugal. Qatar Airways es, además, propietaria del 20% de International Airlines Group –compañía resultado de la fusión entre Iberia y British Airways– . Precisamente la compañía aérea ha sido hasta el presente año la responsable de patrocinar al Fútbol Club Barcelona. El equipo inició el acuerdo con Qatar Fundation en el año 2010, poniendo el sello de la marca en su camiseta durante cinco años. La imagen pasó a ser la de la aerolínea en 2012, ampliando sus relaciones hasta junio de 2017.

El 30 del pasado mes de junio venció el contrato y el club deportivo decidió hacer públicas las condiciones del mismo, que mostraban como cantidad percibida 171 millones de euros en seis años. Desde entonces, es la empresa japonesa Rakuten la encargada de patrocinar al equipo, según un acuerdo firmado hasta la temporada 2020-2021 a razón de 55 millones anuales.

Silbidos y gritos de "¡Fuera, fuera!". Ese fue el recibimiento que parte de los manifestantes que participaron en la marcha contra el terrorismo en Barcelona tenían reservado para el rey, Felipe VI, y el Gobierno de Mariano Rajoy. La presencia del monarca y el Ejecutivo en la manifestación no era plato de buen gusto para más de un centenar de colectivos sociales, que en las horas previas firmaron un manifiesto en el que tildaron la asistencia de "hipócrita". "Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas" o "Vuestras políticas, nuestras muertes" fueron algunas de las pancartas utilizadas para recordar la relación de amistad entre las familias reales de España y Arabia Saudí, dictadura que alimenta el wahabismo, una visión extremista del Islam con fuerte influencia para organizaciones terroristas como el Estado Islámico o Al Qaeda.

De hecho, la presencia en la marcha de partidos como la CUP estuvo en duda hasta el último momento. Cinco días antes, la formación anticapitalista señaló que se planteaba no acudir si iban tanto el monarca como el Gobierno de España. "Todo el mundo sabe cuáles son las relaciones de amistad y económicas de la monarquía española, sus relaciones con las monarquías pérsicas, como Catar y Emiratos, que financian al Dáesh –también denominado Estado Islámico– y que son culpables de lo que sucedió el jueves en Barcelona. Es una hipocresía enorme que el rey venga a pasearse", afirmó en una entrevista con Catalunya Ràdio Mireia Boya, diputada del partido en el Parlament.

Estas relaciones de amistad también se pusieron sobre la mesa en la comisión de seguimiento del Pacto antiyihadista, reunida tras el doble atentado en Barcelona y Cambrils en el que fueron asesinadas una quincena de personas. Un día después de la reunión, el secretario general de Podemos –que no se ha sumado al pacto pero asiste a las reuniones como observador–, Pablo Iglesias, señaló que "para avanzar en la lucha contra el terrorismo es necesario que algunos partidos asuman lo que ha significado Arabia Saudí para el desarrollo de los mantras de los que se nutren las redes terroristas". "Los intereses empresariales españoles en Arabia Saudí y Catar no pueden condicionar nuestra política de Estado", añadió.

Las monarquías del Golfo, bajo la lupa

No es la primera vez que se culpa a las monarquías del Golfo de contribuir a la expansión de grupos yihadistas. La acusación más contundente en este sentido fue la que hizo en 2014 la rival de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos, Hillary Clinton, en un correo electrónico enviado a John Podesta –su exdirector de campaña– y revelado por Wikileaks. "Necesitamos usar nuestra diplomacia y más activos de inteligencia tradicional para añadir presión sobre los gobiernos de Catar y Arabia Saudí, que están dando apoyo financiero y logístico de forma clandestina al ISIL –Estado Islámico, por sus siglas en inglés– y a otros grupos radicales sunís en la región", decía la que fuera secretaria de Estado de EEUU durante la Administración Obama.

Actualmente no existen pruebas que pongan de manifiesto una financiación directa de los grupos yihadistas por parte de las monarquías del Golfo. Sin embargo, los expertos en terrorismo internacional sí que ponen el foco en el dinero que estos grupos reciben de donantes privados y organizaciones sin ánimo de lucro de países como Arabia Saudí, Kuwait y Catar, principalmente. En junio de 2014, un mes antes de que Al Baghdadi se autoproclamase califa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se mostró contundente al respecto: "Jahbat Al Nusra –filial de Al Qaeda en Siria– y el Estado Islámico continúan recibiendo donaciones de ciudadanos privados ubicados en la Península Arábiga para financiar sus operaciones".

En el caso de la organización terrorista que reivindicó el doble atentado en la Ciudad Condal y el municipio tarraconense, los donativos privados "han sido una fuente de ingresos durante casi una década", desde que se presentaba como Al Qaeda en Irak, señala Matthew Levit, investigador del Washington Intitute for Near East Policy, en su estudio Terrorist financing and the Islamic State. De hecho, una investigación de Newsweek calculó que en 2012 y 2013 el grupo terrorista podía haber acumulado unos 40 millones de dólares procedentes de donantes saudíes, cataríes y kuwaitíes.

Arabia Saudí, base de apoyo financiero

Las relaciones entre España y Arabia Saudí, y sobre todo entre las casas reales de ambos países, siempre han sido muy fluidas. Según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), sólo en 2016 las exportaciones españolas al país ascendieron a un total de 2.363,5 millones de euros. Entre ellas, destaca la venta de material militar, algo muy criticado por las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Entre 2013 y 2016, según datos oficiales, España –cuyo Gobierno tiene que autorizar cada venta de material bélico por parte de las compañías– exportó armas a Arabia Saudí por un valor total de 1.361,42 millones de euros, nada menos que 29 veces más que en el periodo 2009-2012.

La monarquía absoluta árabe ha sido muy criticada por impulsar la difusión del wahabismo, una visión rigorista del islam de cuya ideología se alimentan buena parte de los grupos yihadistas. Sin embargo, Arabia Saudí también ha sido señalada como "la fuente más significativa de financiación de los grupos terroristas suníes en todo el mundo", según las palabras utilizadas en diciembre de 2009 por la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, en una comunicación remitida a las embajadas estadounidenses de Riad (Arabia Saudí), Abu Dabi, Kuwait, Islamabad (Pakistán) y Doha (Catar) que desveló Wikileaks.

"Es una base de apoyo financiero crítico para Al Qaeda, los talibán, Lashkar-e-Tayba –que opera principalmente en Pakistán– y otros grupos terroristas, incluidos Hamás, que probablemente recaudan millones de dólares anuales de fuentes saudíes, a menudo durante el hach [la peregrinación a La Meca] y el Ramadán", agregaba la secretaria de Estado. Sin embargo, Clinton celebraba que el reino se hubiese tomado "en serio" la amenaza del terrorismo en los últimos años: "Ha comenzado a hacer importantes avances en este frente (...) mediante la investigación y la detención de facilitadores de financiación".

No obstante, a pesar de haber promulgado "importantes reformas para castigar la financiación y frenar el flujo de fondos de organizaciones benéficas saudíes", la secretaria de Estado consideraba que la monarquía todavía tenía que dar más pasos al frente. En este sentido, lamentaba que las restricciones no afectaran a organizaciones multilaterales como la Liga Musulmana Mundial (MWL), la Asamblea Mundial de la Juventud Musulmana (WAMY) o la Organización Internacional de Socorro Islámico (IIRO), algo que había prometido Riad. "Inteligencia sugiere que estos grupos continúan enviando dinero al extranjero y, en ocasiones, financian el extremismo", sostenía en el cable diplomático. 

Catar, "jurisdicción permisiva"

Catar, por su parte, fue señalada por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2014 como una de las dos monarquías del Golfo con las jurisdicciones más permisivas en la lucha contra el terrorismo. Algo que también reflejó la secretaria de Estado norteamericana en la comunicación de 2009 con las diferentes embajadas, en la que criticó el "enfoque pasivo" del país a la hora de colaborar con Estados Unidos contra la financiación del terrorismo yihadista. En este sentido, la excandidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales llegó a apuntar que el nivel de cooperación de la monarquía catarí en esta materia era "uno de los peores" de toda la región.

"Al Qaeda, los talibanes, Lashkar-e-Toiba y otros grupos explotan Catar como una localidad para recaudar fondos", explicaba la secretaria de Estado en el cable diplomático, en el que se quejaba de que los servicios de seguridad cataríes, con "capacidad para hacer frente a amenazas directas", hayan sido "reacios" a la hora de actuar "contra terroristas conocidos". Algo que la secretaria de Estado atribuía a la "preocupación" del reino de aparecer "alineado" con Estados Unidos "y provocar así represalias".

Así, se pueden recopilar casos como el de Khalifa al-Subaiy y Abdulrahman al-Nu'aymi, dos individuos bajo sanciones de Estados Unidos y la ONU por financiar el terrorismo que, según revelaron las autoridades estadounidenses, se encontraban viviendo en Catar pero "sin ser sometidos a la ley catarí". Nu'aymi ha sido acusado por el Departamento del Tesoro estadounidense de financiar con más de dos millones de dólares al Estado Islámico cuando todavía era Al Qaeda en Irak. Al-Subaiy, por su parte, ha sido señalado por Estados Unidos como un financiador de Khalid Sheikh Muhammad, considerado uno de los "arquitectos" del 11-S.

Pero no son los únicos ejemplos. La Foundation for Defense of Democracies contabiliza en su informe Qatar and terror finance. Part II: private funders of al-Qaeda in Syria otros seis casos más que evidencian la inacción de la monarquía a la hora de frenar y castigar estos flujos de dinero hacia organizaciones terroristas. David Andrew Weinberg, autor del informe, califica esta falta de movimiento como "negligencia inexcusable" que "socava la seguridad internacional". Una pasividad a la que podría ponerse fin con el acuerdo que la monarquía del Golfo y EEUU firmaron el pasado mes de julio, justo después del bloqueo a Catar de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto.

Kuwait, fuente principal

Kuwait, al igual que Catar, también ha sido definido por el Departamento del Tesoro estadounidense como uno de los países del Golfo con "jurisdicciones permisivas". De hecho, según se recoge en el informe Terrorist financing: kidnapping, antiquities trafficking and private donations, el departamento de EEUU reveló en 2013 que el reino se había convertido en la principal fuente de donaciones privadas a terroristas vinculados a Al Qaeda en Siria. "Sin embargo, a diferencia de Catar, desde entonces ha abierto cargos criminales contra varios presuntos financiadores del terrorismo, aunque esos esfuerzos han sido inconsistentes", señala el informe.

Las críticas contra Kuwait también eran contundentes en la comunicación diplomática de Clinton revelada por la organización de Julian Assange. "Si bien el Gobierno se ha mostrado dispuesto a actuar cuando los ataques sean en Kuwait, ha estado más inactivo a la hora de tomar medidas contra los financiadores y facilitadores afincados en Kuwait que planean ataques fuera", aseveraba la secretaria de Estado, que lamentaba entonces que la ley kuwaití prohibiera "los esfuerzos para socavar o atacar a vecinos árabes, una base para el enjuiciamiento de facilitadores de Al Qaeda". Además, criticaba que el país fuese "el único" del Consejo de Cooperación del Golfo que no tenía tipificado como delito la financiación del terrorismo.

"Al Qaeda y otros grupos terroristas continúan explotando Kuwait como una fuente de fondos y un punto clave de tránsito", aseguraba Clinton. Sin embargo, celebraba algunas medidas que habían sido adoptadas por la monarquía para tratar de poner fin al descontrol. Así, EEUU veía con buenos ojos la decisión de poner punto y final a las donaciones en efectivo en el sector caritativo, así como la supervisión y el monitoreo de las mezquitas y organizaciones benéficas. No obstante, consideraba que era "demasiado pronto" para valorar si estos pasos suponían un cambio de la política kuwaití.

Sin embargo, en los últimos años se han conocido otros casos que muestran que la financiación de grupos terroristas en las monarquías del Golfo es una práctica normalizada. Sin ir más lejos, en 2014 el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, David Cohen, acusó al nuevo ministro de Justicia y Asuntos Islámicos kuwaití, Nayef al Ajmi, de financiar actividades terroristas en Siria. En concreto, se le relacionó con Jabhat al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria. Nada más conocerse el nombramiento, el departamento del Tesoro lo calificó como "un paso en la mala dirección" al tener Al Ajmi "un pasado como promotor de la yihad" en suelo sirio". La presión estadounidense, al final, provocó la caída del ministro.

Los gobiernos de Arabia Saudí, Baréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU) han aceptado este lunes la petición de Kuwait de prorrogar 48 horas la fecha límite dada a Catar para que cumpla sus exigencias para poner fin a la crisis diplomática desencadenada hace varias semanas, según ha informado la cadena de televisión saudí Al Arabiya.

Minutos antes, la agencia estatal kuwaití de noticias, KUNA, confirmó que el emir del país, el jeque Sabá al Ahmad al Jaber al Sabá, ha recibido la respuesta a las exigencias por parte del ministro de Exteriores catarí, Mohamad bin Abdulrahman al Zani, sin dar detalles sobre cuál ha sido.

Asimismo, informó de que el Gobierno kuwaití había pedido a las autoridades de Arabia Saudí, Baréin, Egipto y EAU que "acepten una petición para extender 48 horas la fecha límite dada a Catar".

Los gobiernos de estos cuatro países habían fijado la noche del domingo como fecha límite para que Catar cumpliera sus demandas bajo amenaza de consecuencias.

El propio ministro de Exteriores catarí adelantó este domingo que Doha respondería formalmente este lunes a las demandas planteadas por Arabia Saudí y sus aliados, que acusan a Catar de apoyar el terrorismo.

También el domingo, estos cuatro países árabes emitieron un comunicado conjunto en el que anuncian que sus ministros de Asuntos Exteriores se reunirán el miércoles en El Cairo para tratar el contencioso con Catar.

"A invitación del ministro de Asuntos Exteriores (egipcio), Samé Shukri, habrá una reunión del cuarteto de ministros de Exteriores de Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin en El Cairo el miércoles 5 de julio para hacer un seguimiento de la situación con respecto a las relaciones con Catar", informó Ahmed Abú Zeid, un portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido este domingo conversaciones con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar para expresar su "preocupación" por la disputa diplomática en la región.

La Casa Blanca ha indicado que durante estas conversaciones el mandatario estadounidense "ha reiterado la importancia de detener la financiación al terrorismo y de desacreditar las ideologías extremistas".

"El presidente también ha recalcado que la unidad en la región es fundamental para lograr los objetivos de la Cumbre de Riad de derrotar el terrorismo y promover la estabilidad regional", ha señalado.

Demandas

La agencia estatal de noticias oficial de Baréin, BNA, publicó el 25 de junio la lista de 13 peticiones entregadas a Catar para restablecer los lazos y levantar las sanciones diplomáticas y económicas.

Según BNA, entre las demandas a Catar se incluyen la reducción de lazos diplomáticos con Irán y limitar sus relaciones al comercio sin violar las sanciones impuestas a Irán ni la seguridad de los países del Consejo de Seguridad del Golfo, expulsar a la Guardia Revolucionaria iraní de Catar y cortar cualquier tipo de cooperación militar o de inteligencia con Teherán, además de cerrar la cadena de televisión Al Yazira.

También se ha pedido a Catar que cierre inmediatamente la base militar turca que se está construyendo y que suspenda la cooperación militar con Turquía dentro del país.

Entre las peticiones, se incluye cortar todas las relaciones con organizaciones terroristas, sectarias e ideológicas, y otras organizaciones los Hermanos Musulmanes, Estado Islámico, Al Caeda, Fatá Al Sham (el antiguo Frente Al Nusra) e incluirlos en una lista de organizaciones terroristas.

También se ha pedido a Catar que suspenda toda forma de financiación a personas, entidades u organizaciones terroristas o extremistas y a todos los incluidos en las listas de terroristas de los países del Golfo y en las listas internacionales. Además, han exigido a Catar que no albergue a ninguno de estos terroristas y que se comprometa a proporcionar información sobre ellos.

Los países del Golfo han ordenado a Catar que deje de interferir en los intereses y en los asuntos internos de otros países. Así se debe abstener de conceder la nacionalidad catarí a cualquier ciudadano de otro de los países del Golfo.

Los cuatro países han pedido a Catar que conviva en armonía con su entorno árabe y del Golfo en asuntos militares, políticos, económicos, sociales y de seguridad para garantizar la seguridad de la zona y reactivar el acuerdo de Riad 2013 y el acuerdo de Riad 2014, que proclama la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

Crisis diplomática

Los gobiernos de Arabia Saudí, EAU, Baréin y Egipto anunciaron a principios de junio la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Catar, acusando a Doha de "apoyar el terrorismo".

A la medida se sumaron después Maldivas, Mauritania, el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi, el gobierno asentado en el este de Libia. Asimismo, Jordania y Yibuti han reducido su representación diplomática en Doha.

Las tensiones entre Catar y varios países del Golfo se han deteriorado en las últimas semanas, a raíz de que QNA publicara unas declaraciones del emir en las que criticaba la postura de los países del Golfo contra Irán y hablaba de "tensiones" con Estados Unidos.

Inmediatamente después, QNA denunció haber sufrido un ataque informático y negó la veracidad de la nota publicada, pese a lo cual medios de Arabia Saudí y EAU continuaron informando acerca de las presuntas declaraciones de Hamad bin Jalifa al Zani.

Este hecho provocó las críticas de Doha, lo que llevó a varios países -Arabia Saudí, EAU, Egipto y Baréin- a bloquear el acceso a diversos medios cataríes, entre ellos Al Yazira.

Posteriormente, el fiscal general de Catar, Alí bin Fetais al Marri, anunció que Arabia Saudí y sus aliados fueron los responsables del ataque informático contra QNA.

Las relaciones entre Catar y otros países del Golfo ya sufrieron un periodo de tensión en 2014 debido al supuesto apoyo de Doha a Hermanos Musulmanes, organización ilegalizada en la mayoría de los países del golfo.

Sin embargo, en dicha ocasión las medidas no fueron tan duras, y sólo implicaron la retirada de los embajadores. En esta ocasión, ha supuesto además la expulsión de ciudadanos del país, así como el cierre de las vías a medios de transporte llegados de Catar.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, criticó este lunes la exportación de armas españolas a países que habrían financiado al Estado Islámico (EI), autor de los atentados que el pasado viernes costaron la vida a 129 personas en París. Iglesias, en concreto, aseguró que ese grupo ha tenido en su poder "fusiles de asalto de indudable fabricación occidental" y censuró "el enorme volumen de exportación de material militar español a países como Arabia Saudí", dado que "buena parte de la financiación del EI ha venido de aparentes sociedades caritativas procedentes de países como Arabia Saudí, Catar o Kuwait".

Iglesias abogó así por "cortar de raíz" las "relaciones económicas de países de la UE con los estados de los que ha procedido la financiación y el armamento de organizaciones terroristas" como vía para frenar a los terroristas, y reivindicó las "vías diplomáticas" para paficiar Siria. "Lo que parece claro –reiteró– es que los bombardeos no han resultado eficaces, del mismo modo que endurecer los códigos penales no sirve para evitar que un desalmado se coloque un cinturón de explosivos". ¿Pero, cuántas armas vende España a Arabia Saudí, Catar y Kuwait, los tres países señalados por el dirigente de la formación morada?

Los últimos datos disponibles corresponden al ejercicio 2014. Sólo en ese año, la industria española exportó 294 millones de euros en armas a los países señalados por Iglesias. El dato no es una excepción, de acuerdo con las estadísticas que publica la Secretaría de Estado de Comercio: un año atrás, el volumen de exportaciones alcanzó los 406 millones. Y en 2012 se situó en 229 millones. En total, entre 2012 y 2014 , las ventas de armas españolas a los tres países que Iglesias colocó bajo la lupa alcanzaron los 723 millones de euros: 720 millones a Arabia Saudí, 2,5 millones a Kuwait y algo más de 700.000 euros a Catar.

Arabia Saudí, cliente estrella

Uno de los países señalados por el número uno de Podemos figura entre los grandes compadores de armamento español estos últimos años. Arabia Saudí fue el país que adquirió el 9,1% de las armas que España exportó en 2014, proporción que alcanzó el 10,4% en 2013 y superó por poco el 1% en 2012. En el último ejercicio del que hay datos publicados, fue el tercer cliente de las firmas españolas –únicamente por detrás de Reino Unidos y Francia–, a las que compró un avión de reabastecimiento en vuelo, repuestos para aeronaves, sistemas electrónicos y abundante munición de artillería por un importe de 292 millones de euros.

Un año antes, en 2013, Arabia Saudí se hizo con otros dos aviones con capacidad de abastecer de combustible a otras aeronaves en vuelo, así como con repuestos, revólveres y munición. En total, su factura ascendió a más de 400 millones de euros. En 2012, por último, las compras fueron más modestas: 21,3 millones en repuestos, documentación técnica para aeronaves y munición de artillería. 

Kuwait, por su parte, es un comprador habitual de granadas de fabricación española. En 2014 se gastó en esa clase de armamento 817.800 euros, y en 2012 adquirió 1,7 millones de euros en granadas y otros componentes militares para su uso. Finalmente, Catar adquirió a empresas armamentísticas de España recambios para carros de combate por valor de 666.772 euros en 2014 y piezas de la misma clase por importe de 52.129 euros en 2013.

Dudas de expertos y ONG

Además de las dudas planteadas por Iglesias, el pasado septiembre cuatro ONG –Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón– denunciaron el riesgo de que las armas españolas pudieran emplearse para cometer violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos o del derecho humanitario. En concreto, apuntaron en un documento que existen al menos una decena de operaciones "especialmente preocupantes". Los motivos más citados son la situación conflictiva del país de destino o la imposibilidad de conocer qué unidades militares o policiales van a hacer uso del material que se exporta.

Entre esos diez destinos figura, precisamente, Arabia Saudí. Las autoras del informe denunciaron que las armas españolas podrían haberse empleado para cometer "violaciones graves y sistémicas" de los derechos humanos. En un segundo nivel de preocupación, el informe [ver en PDF] señalaba que se necesitaba "más información" sobre las ventas a Kuwait y Catar, por la existencia de un "riesgo sustancial" de que las armas españolas sirvieran para conculcar los derechos humanos. En concreto, se criticaba que el Ejecutivo español ocultara los criterios empleados para evaluar ese riesgo pese a las preguntas de las ONG.

No es la primera ocasión en la que aparecen dudas sobre si las armas exportadas por España se utilizan de acuerdo a la ley. Preguntado por las garantías de las que dispone el Estado para evitar posibles irregularidades, el Gobierno arguyó en una respuesta parlamentaria a mediados de agosto que las licencias que concede para la exportación incluyen "garantías de uso final" y "estrictas cláusulas de no reexportación", si bien expertos consultados por infoLibre subrayaron ya entonces y de forma unánime que los controles son deficientes y que es imposible verificar el uso que se hace del armamento español sobre el terreno.

¿Qué pasó?

“Se enciende el golfo del petróleo”. Con ese clarificador juego de palabras, acompañado de una foto de Sadam Husein, abría su portada el diario ABC, al igual que el resto de medios nacionales e internacionales, aquel 3 de agosto de 1990. Irak, tras fracasar las conversaciones con su vecino Kuwait, había decidido cruzar la frontera con el emirato en lo que sería un preludio de la mediática Guerra del Golfo, uno de los primeros acontecimientos bélicos en la historia que se cubrió en riguroso directo –la CNN interrumpió su programación habitual y comenzó a emitir el inicio de los bombardeos sobre la capital iraquí bajo el rótulo “Bagdag live” –.

¿Cuándo pasó?

Con este contexto previo, y tras el fracaso de la negociación entre ambos países en Yeda (Arabia Saudí), en la madrugada del 2 de agosto de 1990 unos 100.000 soldados iraquíes se adentraron en suelo kuwaití, tomando en apenas tres horas la capital –los 20.000 mercenarios, según cifraron algunos medios, del reducido Ejército del emirato no pudieron frenar el avance de las tropas de Sadam Husein–. En apenas unas horas, a media mañana de aquel mismo día, las tropas iraquíes ya habían tomado el palacio presidencial en un enfrentamiento en el que falleció el hermano del entonces emir kuwaití, Yaber al-Ahmad al-Sabah. El jeque había abandonado el país con destino Arabia Saudí.

Las reacciones de la comunidad internacional no se hicieron esperar. Así, el mismo día 2 de agosto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 660 en la que condenaba la invasión, exigía a Irak retirar “inmediata e incondicionalmente todas sus fuerzas a las posiciones en las que se encontraban el 1 de agosto” y exhortaba a los dos países a que retomasen “de inmediato negociaciones intensivas para resolver sus diferencias”.

El país invasor hizo caso omiso a las llamadas de atención de la comunidad internacional, a pesar de prometer que abandonaría Kuwait. El 4 de agosto, menos de 36 horas después de la invasión, el Ejército de Husein ya controlaba por completo el emirato y daba por derrocado el Ejecutivo de Yaber. Finalmente, el 28 de agosto, Irak se anexiona de forma definitiva Kuwait a pesar de las duras acusaciones que llegaban de países como Estados Unidos o Reino Unido.

¿Quiénes fueron sus protagonistas?

Por un lado los países y regímenes implicados directamente en el conflicto: Irak, bajo la presidencia de Sadam Husein, y el emirato de Kuwait, dirigido por el emir Yaber al-Ahmad al-Sabah. Ambos países, que habían permanecido estratégicamente aliados durante la guerra con Irán en la década de 1980, mantenían una relación muy tensa antes de la invasión. Si bien en un primer momento se trató de resolver por la vía diplomática, la posición beligerante de Irak y la ruptura de relaciones durante la cumbre en Yedda (Arabia Saudí) propiciaron el movimiento de ficha de Husein.

Bagdad, en sus negociaciones con el país vecino, reclamaba con dureza el cumplimiento de tres puntos fundamentales: restablecer una situación “histórica”, anexionándose una parte del territorio kuwaití que incluía los principales puertos y yacimientos petrolíferos del emirato; recibir una compensación de 2.400 millones de dólares por el crudo que, según Irak, le había robado su vecino del Golfo –ambos países explotaban el fronterizo campo de crudo de Rumaila–; y que Kuwait cumpliese las cuotas de producción fijadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) –Irak necesitaba que se incrementase el precio del petróleo para cubrir los enormes gastos económicos que le generó la guerra con Irán, algo complejo si Kuwait producía más petróleo del límite establecido–.

Por otro lado, implicados de manera indirecta en el conflicto –al menos hasta el comienzo de la Guerra del Golfo–, destacan los movimientos de una comunidad internacional que rechazaba categóricamente el paso dado por Irak aquel 2 de agosto de 1990. Tanto el Gobierno soviético de Mijaíl Gorbachov, que suministraba armamento a Bagdad hasta la invasión, como el estadounidense presidido por George H. W. Bush, instaron a Irak a abandonar su posición beligerante. Incluso ambos países, con la Guerra Fría dando sus últimos coletazos, llegaron a firmar un comunicado conjunto de denuncia.

¿Qué fue de sus protagonistas?

El jeque Yaber al-Ahmad al-Sabah permaneció en Arabia Saudí hasta la retirada del Ejército iraquí tras la Guerra del Golfo. Así, el diario ABC publicó el 3 de marzo de 1991 la noticia: “El emir kuwaití regresa hoy por la tarde a la capital de su país”. Finalmente, tras su fallecimiento en el año 2006, fue relevado en el cargo por su hermano Sabah Al-Ahmad Al-Yaber Al-Sabah.

Sadam Husein terminó siendo ejecutado en la horca en 2006. Si la Guerra del Golfo no fue suficiente para el país, y concretamente para el liderazgo de Husein, Bagdad volvió a tener que hacer frente, en 2003, a una nueva contienda. En esta ocasión, EE.UU, que había situado al país en su eje del mal, ocupó Irak con el pretexto de que se estaban desarrollando en el territorio armas de destrucción masiva, algo que, con el paso del tiempo, no fue demostrado.

¿Por qué fue tan importante?

La invasión del emirato fue uno de los principales desencadenantes de la feroz Guerra del Golfo. Irak, a pesar de las constantes resoluciones emitidas desde que invadió Kuwait –fueron un total de cinco en las que, entre otras medidas, se imponía el embargo marítimo y el bloqueo aéreo del país invasor, así como sanciones económicas–, no abandonó el país que se había anexionado.

Así, ante el incumplimiento del ultimátum que le dio Naciones Unidas para abandonar suelo kuwaití, que expiraba el 15 de enero de 1991, el 16 de enero de 1991 una coalición internacional compuesta por más de una treintena de países comenzó una campaña militar con el objetivo de que el país bajo el mandato de Husein abandonase el emirato. Un mes después, Irak se rindió. La contienda se saldó con un elevado número de víctimas, aunque a día de hoy todavía se desconoce la cifra exacta.

El primer ministro de Túnez, Habib Essid, confirmó que la mayoría de los 39 fallecidos en el atentado perpetrado ayer por Estado Islámico en un complejo turístico de la playa de Susa eran británicos, lo que confirma la inminente subida de la actual cifra de cinco muertos confirmada por las autoridades británicas.

"No voy a dar cifras exactas. Hay fallecidos británicos, alemanes y belgas, pero la mayoría son británicos", explicó el primer ministro en declaraciones recogidas por la cadena británica BBC.

Por otro lado, el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, convocó para esta mañana una reunión de emergencia para evaluar una respuesta nacional a los ataques y coordinar la salida de los turistas británicos que han decidido abandonar el país, unos 2.500 en las últimas horas, según cifras recogidas por la cadena británica.

Un ataque indiscriminado

El ataque comenzó cuando un asaltante, armado con un fusil Kalashnikov, comenzó a disparar sin miramientos contra los turistas de la playa y después se dirigió a la piscina del hotel, donde mató a otras cuatro personas. Varios testigos creen que el hombre llegó acompañado en una barca, pero este aspecto de la información todavía no se ha podido confirmar.

El agresor, del que solo se ha divulgado que es un estudiante, así como su procedencia –la localidad de Kairouan– fue abatido a tiros por las fuerzas de seguridad en el mismo complejo.

Después, fue detenido un segundo sospechoso cerca de la entrada de la autovía A1, según explicó el secretario de Estado para Interior, Rafik Chelly, a la emisora Mossaique FM. Un tercer sospechoso fue arrestado por la Policía tras impedir su linchamiento por una multitud enfurecida.

Sin embargo, las autoridades tunecinas no confirmaron oficialmente el número de terroristas responsables del ataque y podría haber nuevas detenciones en las próximas horas.

27 muertos y 227 heridos en Kuwait

Al menos 27 personas han muerto y otras 227 han resultado heridas como consecuencia del atentado contra una mezquita chií en la ciudad de Kuwait, según el último balance ofrecido por el Ministerio del Interior.

El atentado ha sido reivindicado por Estado Islámico. El primer ministro, jeque Jaber al Mubarak al Sabá, ha denunciado que el atentado es un ataque contra la "unidad nacional".

El Gobierno de Kuwait subrayó que el atentado no socavará la unidad del pueblo kuwaití ni su determinación para enfrentarse a "todos los tipos de extremismo y de terrorismo", ha informado la agencia de noticias oficial KUNA.

El Ejército de Arabia Saudí ha desplegado cien aviones de guerra y 150.000 soldados en el marco de una operación internacional contra los milicianos huthis en Yemen, según informó la cadena de televisión emiratí Al Arabiya.

La cadena indicó que en la misma participan también aviones de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Bahréin, Qatar, Jordania, Marruecos, Egipto y Pakistán. Estos dos últimos han desplegado además a sus fuerzas navales.

Así, EAU ha desplegado 30 aviones de combate, mientras que Kuwait y Bahréin han desplegado 15. Por su parte, Kuwait ha colaborado con diez aviones y Jordania con otros seis. Egipto, Pakistán y Sudán han expresado además su disposición a contribuir a una operación terrestre.

Un bombardeo ejecutado en la capital de Yemen, Saná, por la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí habría provocado decenas de víctimas civiles, según informó la cadena de televisión Al Masirah, vinculada a los rebeldes huthis.

El anuncio de la ofensiva tuvo lugar horas después de que los huthis y las fuerzas leales al expresidente yemení Alí Abdulá Salé iniciaran su avance hacia Adén, donde se encuentra el presidente actual, Abdo Rabbu Mansur Hadi.

El inicio de las operaciones internacionales fue confirmado por el embajador saudí en Estados Unidos, Adel al Yubeir, quien detalló que la ofensiva tiene como objetivo "proteger y defender al Gobierno legítimo" de Hadi.

En declaraciones concedidas a la agencia británica de noticias Reuters, Al Yubeir indicó que un total de diez países integran la citada coalición internacional, subrayando que Estados Unidos no es uno de ellos.

Sin embargo, la Casa Blanca confirmó que el presidente, Barack Obama, autorizó la entrega de "apoyo logístico y de Inteligencia" a las operaciones militares.

"Pese a que las fuerzas estadounidenses no están participando directamente en acciones militares en Yemen para apoyar estos esfuerzos, hemos establecido una Célula Conjunta de Planificación con Arabia Saudí para coordinar el apoyo militar y de Inteligencia", detalló en un comunicado.

En respuesta, un alto cargo de los huthis tildó las operaciones como una "declaración de guerra", según la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

Mohamed al Bujaiti, miembro del máximo órgano ejecutivo del movimiento, recalcó que "hay una agresión en marcha" y que los huthis "se enfrentarán a ella con valentía". Asimismo, alertó de que "las operaciones militares arrastrarán a la guerra a la región".

La cadena emiratí Al Arabiya anunció que en los bombardeos a la capital fallecieron varios líderes de los rebeldes huthis. Según estas informaciones, entre los muertos estarían Abduljalik al Huthi, Yusuf al Madini y Yusuf al Fishi, mientras que el presidente del Comité Revolucionario de la milicia, Mohamed Alí al Huthi, habría resultado herido.

Aunque, a decir verdad, lo que le preocupaba a la parroquia tuitera en realidad era que la demora del rey obligase a retrasar el inicio de la final de la Copa del Rey que se juega esta miércoles en Valencia y que preside el monarca.

Claro que, con los antecedentes del avión real, no es de extrañar que más de un tuitero se lo viese venir...

El rey empieza gira internacional este domingo. Y lo hace acompañado por ministros –cuatro: José Manuel García-Margallo (Exteriores), Pedro Morenés (Defensa), Ana Pastor (Fomento) y José Manuel Soria (Industria)–, secretarios de Estado –dos: Jaime García-Legaz (Comercio) y Rafael Catalá (Infraestructuras)– y empresarios –con nombres aún por desvelar–. ¿El objetivo? Hacer negocios. Primera parada, Emiratos Árabes Unidos.

No será la única escala de la tournée del monarca, que en los próximos meses visitará además Kuwait, Omán, Bahrein, Arabia Saudí y Catar. Todos ellos, subraya la Casa del Rey, "países que destacan por el dinamismo de sus economías", estados con los que el Gobierno "desea reforzar la cooperación" y ejecutivos con los que se quieren estrechar lazos políticos, económicos, de seguridad, de defensa y culturales.

Pero, ¿cuál es la situación de estos países más allá de lo meramente económico? ¿Y su grado de respeto hacia los derechos humanos? Esta es la opinión de los expertos sobre la situación que se vive en los lugares que visitará el rey durante los próximos tres meses y su visión sobre las relaciones bilaterales que mantienen con España.

Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos es una dictadura frecuentemente denunciada por ONG internacionales en relación con abusos de derechos fundamentales, en la que se aplica la pena de muerte y donde el poder se traspasa de forma hereditaria y están prohibidos los partidos políticos. El presidente actual es el jeque Jalifa bin Zayed al Nahayan, que sucedió a su padre Zayed bin Sultan al Nahyan, fallecido en noviembre de 2004.

En su último informe, Amnistía Internacional (AI) denunció un incremento de las restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión. Según denuncia la ONG, se intensificaron las medidas represivas contra la disidencia pacífica y el Ejecutivo recluyó, sin cargos ni juicio alguno, a unos 90 activistas, algunos de los cuales fueron golpeados, despojados de la nacionalidad, o condenados a multas o penas de prisión.

Kuwait

Kuwait es un pequeño emirato –su población no llega a tres millones de habitantes– en el que las organizaciones internacionales también denuncian situaciones de abusos de derechos y vulneración de libertades. Durante 2013, AI denunció una campaña de represión de las libertades de expresión y renuión y una permanente discriminación contra las mujeres.

Por su parte, Human Rights Watch asegura que el Gobierno local mira hacia otro lado cuando sus ciudadanos aportan financiamiento para "grupos extremistas responsables de reiteradas atrocidades" relacionadas con el conflicto armado y la matanza indiscriminada de civiles en Siria.

"Las autoridades restringieron aún más las libertades de reunión y de expresión, entre otras medidas, procesando a algunos usuarios de las redes sociales", añade AI, que además constata que se impusieron 9 condenas a muerte, aunque no se constató ninguna ejecución. Un año antes, la Asamblea Nacional aprobó la pena de muerte a todos aquellos musulmanes que insulten a Alá, al Corán, a los profetas y a quienes mancillen el honor de Mahoma.

Omán

Año y medio de cárcel por insultar al sultán en Internet. Es la pena máxima que recibieron más de 30 activistas de derechos humanos y detractores del Gobierno en Omán durante 2013, de acuerdo con los informes de Amnistía Internacional, que subraya la existencia de presos de conciencia en el pequeño sultanato, que cuenta con una población de tres millones de habitantes. 

En Omán, donde están completamente prohibidos los partidos políticos, la ONG también alerta sobre la discriminación contra mujeres y niñas, especialmente en lo relativo a su subordinación a los hombres, a su condición jurídica y a cuestiones relacionadas con el empleo. Además, aunque no hay constancia de condenas a muerte, el país votó en la ONU contra el establecmiento de una moratoria sobre la pena capital.

Bahrein

Entre los países que visitará el rey en los próximos meses, la situación de Bahrein, otro pequeño país que soporta una dictadura desde hace más de cuatro décadas, es una de las más preocupantes a ojos de las organizaciones internacionales. Durante 2013, Amnistía constató la existencia de decenas de presos recluidos por "oponerse al Gobierno", así como la encarcelación de activistas por los derechos humanos.

"Se infligieron torturas y malos tratos a detenidos", añade la organización, que también alerta sobre la pervivencia de la pena a muerte y acerca del clima de impunidad generalizado en el país para con los abusos policiales: al menos 20 personas murieron por el uso de gas lacrimógeno, y al menos cuatro más fallecieron –dos de ellas menores de edad– por disparos o impactos de los antidisturbios.

Finalmente, en el último informe anual de AI se señala que entre octubre y diciembre se prohibieron todas las concentraciones, reuniones y protestas bajo el pretexto de que eran una forma de "expresar oposición al Gobierno", lo que podría provocar disturbios, actos de violencia y destrucción. El Ministerio del Interior amenazó con procesar a todo aquel que se saltara la prohibición. 

Arabia Saudí

Amnistía Internacional señala que "al menos cinco personas fueron condenadas a recibir entre 1.000 y 2.500 latigazos" y que "al menos 79 presos fueron ejecutados, en su mayoría en público", incluso por cuestiones no violentas, como las relacionadas con drogas. "La tortura y los malos tratos seguían siendo prácticas comunes, que habitualmente quedaban impunes", agrega la organización.

Por su parte, Human Rights Watch asegura que Arabia Saudí habría proporcionado armas y financiación a grupos extremistas, "responsables de reiteradas atrocidades" relacionadas con la matanza de civiles sirios. Esa misma organización alerta de las brutales restricciones a los derechos de las mujeres en el país, que necesitan la autorización de un hombre para casarse, viajar, aceptar un trabajo o acudir a la universidad.

Catar

Durante 2013 al menos seis personas esperaban en Catar a ser ejecutadas por crímenes cometidos en 1996 y a los que fueron condenados cinco años después. Los casos de tortura, abusos policiales y restricciones de libertades también fueron frecuentes, apunta Amnistía. En la actualidad las autoridades tramitan una ley que impondrá la censura previa a todas las publicaciones del país.

Al igual que en el caso de Arabia Saudí, Human Rights Watch acusa a las autoridades de Catar de aportar medios económicos y materiales a grupos extremistas involucrados en la muerte masiva de civiles sirios. La discriminación contra las mujeres es otra de las denuncias frecuentes en Catar, pues la legislación las discrimina en materias como el divorcio. Además, varias organizaciones alertan de la ausencia de medidas contra la violencia de género.