La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha remitido un nuevo oficio a la Fiscalía General del Estado tras recibir un informe que describe hechos de extrema gravedad en el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Granada, dependiente de la Junta de Andalucía, durante la entrega del hijo menor de Juana Rivas el pasado martes. "Es un proceso complicado. Estamos haciendo un acompañamiento y poniendo el foco en poner perspectiva de infancia a todo lo que está sucediendo", ha explicado la titular este jueves en declaraciones en El Prat de Llobregat a los medios.

El informe, firmado por la psicóloga M.T.R.G., relata episodios de presunto maltrato psicológico al niño por parte de profesionales del propio centro y de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fuentes del ministerio han mostrado a infoLibre su profunda preocupación por los testimonios recogidos en el documento, que califican como “graves” y que, según indican, ponen en evidencia “una violencia institucional que el Gobierno de España no puede consentir”.

En el documento, al que ha podido acceder infoLibre, el menor, que tiene once años, se vio sometido a mucha presión. De acuerdo con el relato de la psicóloga que acudió al encuentro, el niño mostró en todo momento su rechazo a irse con su padre alegando miedo a ser maltratado. "Es un informe verdaderamente duro", ha afirmado Rego que ha recordado que el Gobierno no es quien tiene que paralizar la entrega: "Nuestra tarea y nuestra obligación es velar por los derechos de este niño".

El Ministerio insiste en que su actuación en este caso tiene como único objetivo garantizar los derechos del menor, su protección, su derecho a ser escuchado y a contar con una defensa efectiva, algo que, denuncian, “ninguna institución de Granada ha garantizado hasta ahora”.

Desde el departamento de Rego se hace también un llamamiento al conjunto de los poderes públicos para que asuman su responsabilidad ante un caso que consideran alarmante y que ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía.

La entrega, fijada inicialmente para el martes pasado pero aplazada por la juez de Primera Instancia 3 de Granada atendiendo a la petición de los profesionales que lo trataron, tendrá lugar este viernes, según lo acordado por la magistrada, pero en condiciones distintas a las del martes: en un lugar privado y con la única asistencia de los progenitores para evitar "exposiciones innecesarias" como la vivida en aquella ocasión, entre una gran expectación mediática y momentos de tensión que hicieron que el menor rompiera a llorar.

La Audiencia de Granada ha rechazado la petición de Juana Rivas de suspender la entrega de su hijo menor a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, y ha confirmado que el niño de once años debe regresar con su padre, que tiene la custodia, este mismo martes. Ha informado EFE.

El auto de la Sección Quinta de la Audiencia de Granada, al que ha tenido acceso EFE, ha rechazado cualquier medida cautelar contra la entrega del niño dictada por la Corte de Apelación de Cagliari (Italia) en el proceso por el que se ha resuelto mantener al menor bajo la custodia de su padre.

Esta vuelta del menor con el padre fue acordada la semana pasada por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada para dar cumplimiento a la decisión de los jueces de Italia y fijó para este martes el intercambio del niño.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia han recordado en su auto que, en lo que concierne a los procedimientos de familia, impera la "ejecutividad inmediata" de las medidas acordadas "sin posibilidad de suspensión y sin necesidad de ejecución provisional o de ningún otro trámite".

En su auto, los magistrados han concluido que "no existen motivos para la suspensión de la orden y medidas de cumplimiento acordadas por la resolución apelada" pese al recurso de la madre, representada por Aránguez Abogados, en la que hace mención expresa a "la existencia de causa penal abierta ante tribunal europeo" contra Arcuri.

También han subrayado que la cuestión debatida se refiere a un asunto en el que ha intervenido la justicia de otro país miembro de la Unión Europea, y han insistido en "el armonioso y correcto funcionamiento" de un espacio de justicia en la Unión que respete los diferentes sistemas jurídicos y tradiciones de los países miembros.

"Procede, por lo tanto, reforzar la confianza mutua en los respectivos sistemas jurídicos", entendiendo que la resolución del tribunal italiano no conlleva la desprotección del menor.

Con estos argumentos, la Audiencia de Granada mantiene que el menor debe ser entregado a su padre este martes, como ya había establecido el Juzgado de Primera Instancia 3, en un auto que es recurrible en un plazo de cinco días.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 8 de Granada, que estaba en funciones de guardia este pasado sábado, ha acordado el sobreseimiento provisional de una nueva denuncia presentada por la madre del menor, una medida que ha contado con el acuerdo de la Fiscalía de Granada, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Además del recurso resuelto en este auto de la Audiencia de Granada, el equipo jurídico de Rivas, representada por Aránguez Abogados, ha formalizado una petición de medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional (TC).

En ella también han solicitado que se suspenda la entrega del menor, una petición que según el letrado Carlos Aránguez se está tramitando "con carácter preferente".

El letrado de Rivas ha recalcado que la "inmediatez" con la que la titular de Primera Instancia 3 fijó la entrega del menor al padre, prevista para este martes, está, a su juicio, "dificultando" que ejerzan su ejercicio de recursos para buscar la "rectificación de decisiones judiciales".

El menor, de once años, deberá regresar con su padre a residir en Carloforte (Italia), desde donde viajó a España en las vacaciones de Navidad para ver a su familia materna, momento desde el que ha estado en Maracena (Granada) por una medida cautelar. 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, ha decretado este miércoles un auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para el matrimonio detenido por supuestamente mantener encerrados en condiciones insalubres a sus tres hijos en una vivienda unifamiliar en este municipio asturiano, según informa EFE-.

Además, ha acordado la suspensión de la patria potestad y guardia custodia de los menores, que atribuye al Principado, tras la apertura de diligencias por violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en detención ilegal, informa el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 

La Policía Local de Oviedo considera que hay "indicios suficientes de criminalidad" en la llamada ya 'casa de los horrores', donde dos niños de ocho años y otro de diez han pasado unos cuatro años encerrados junto a sus padres, rodeados de basura y sin escolarizar. Según ha señalado este miércoles el comisario principal de este cuerpo policial, Francisco Javier Lozano, los progenitores -este extremo aún está por confirmar- han pasado a disposición judicial y será a partir de ahora, con las diligencias abiertas, cuando se determinen las posibles responsabilidades penales.

El matrimonio fue detenido el pasado lunes por tener a sus tres hijos menores, dos gemelos de ocho años y otro niño de diez, encerrados en su vivienda situada en la zona rural de Oviedo. Los detenidos son un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, que desde octubre de 2021 tenían alquilada una casa tipo chalet en las afueras de la capital asturiana.

Los niños se encuentran bajo la tutela de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en un centro de menores que no se ha determinado para garantizar su integridad y donde permanecerán acogidos provisionalmente mientras se valora su situación.

Aunque la investigación ha pasado ahora a manos de la Guardia Civil, el operativo fue llevado a cabo por la Policía Local, con competencias para controlar la escolarización de menores, a raíz de que el 14 de abril una vecina alertase verbalmente a la sección de Familia e Infancia del Ayuntamiento de que había niños en una casa cercana a los que nunca veía salir al jardín ni al exterior y que, por lo tanto, creía que tampoco iban al colegio. Según Lozano, ese mismo día se inició una "discreta vigilancia" y se inició una investigación en la que determinaron que la vivienda había sido alquilada durante la pandemia de covid, en octubre de 2021 y que se había empadronado en ella una sola persona en febrero de 2022.

Tras varios días de vigilancia, los agentes comprobaron que no había movimiento, que las persianas estaban bajadas y que el único censado en la vivienda solo salía a la puerta para recoger pedidos de los supermercados que, por su volumen, excesivos para el consumo de una sola persona, les hizo sospechar que había más personas. Ante éste y otros indicios, así como por testimonios recabados entre los vecinos a lo largo de dos semanas, los agentes prepararon un operativo que se inició a las 11:15 horas del lunes y que se vio condicionado por el apagón eléctrico que tuvo lugar poco más de una hora después y que les "obligó a hacer la tarea casi a oscuras" y les dejó sin acceso a bases de datos y con las comunicaciones limitadas.

Los pequeños llevaban puestas mascarillas y pañales, estaban sucios y claramente desatendidos en una casa en la que había suciedad y basura dispersa por todas partes y en la que, al parecer, los gemelos de 8 años dormían en cunas de bebé y el chico de diez años en otra habitación con una cama muy pequeña.

El comisario ha señalado que no les consta que no pagasen el alquiler ni a qué se dedicaban laboralmente los padres, aunque, dado que no salían de casa, puede especularse con que teletrabajaban. Tampoco tienen claro qué les motivó a irse a vivir a Oviedo, "ni qué ha llevado a una familia a estar largo tiempo encerrada", aunque se puedan hacer elucubraciones de cómo les pudo afectar la pandemia de covid y el postcovid.

Todos los miembros de la familia llevaban mascarillas y en el interior de la vivienda, ha relatado el comisario, se encontró también una gran cantidad de medicamentos, pero las razones de por qué se encerraron "se determinarán en la investigación".

No se conoce tampoco cómo pasaban los niños el encierro y "saber cómo era su día a día es especular, aunque estar encerrados no da para mucho", ha afirmado el comisario, que ha incidido en que durante las dos semanas de vigilancia no se registró actividad alguna de ningún miembro de la unidad familiar.

Igualmente se desconoce, por el momento, si los niños, que se comunicaban en inglés, habían recibido algún tipo de educación en la casa, "cuyas condiciones no eran las normales para cualquier convivencia común familiar", ha señalado Lozano al apuntar que estaba llena de basura y en condiciones insalubres "que podrían poner en riesgo la salud de los menores". El comisario, que ha señalado que la actuación de la Fiscalía de Menores ha sido determinante, ha señalado que "si el objetivo es que estos menores volvieran a tener vida en comunidad, se ha alcanzado".

La difusión de imágenes pornográficas creadas por inteligencia artificial de más de una treintena de niñas en el municipio extremeño de Almendralejo ya está bajo la lupa de la Fiscalía Provincial de Badajoz. Sin embargo, la edad de los presuntos autores limitará el alcance de la investigación. Todos ellos son menores. Y en un media decena de casos, con edades por debajo de los catorce años. Son, por tanto, inimputables a nivel penal. Igual que los tres niños de Montijo (Badajoz) que con solo seis años arrastraban a una compañera hasta detrás de un seto para arañarle sus partes íntimas. O trece de las más de veinte personas que a lo largo del último año han sido identificadas por los Mossos como presuntos autores de las violaciones a menores denunciadas en Badalona.

Que a los más pequeños no se les pueda exigir responsabilidad no es algo nuevo. Lleva siendo así desde hace más de dos décadas. "Cuando el autor de los hechos mencionados sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes", recoge el artículo 3 de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, que entró en vigor con el cambio de siglo. Hasta entonces, la normativa contemplaba la justicia juvenil para los menores de 16 y los mayores de 12 años. Una barrera mínima que durante décadas ni siquiera se había contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

El cierre de casos por la edad de los menores es más frecuente de lo que parece. Solo en 2022, el Ministerio Público archivó a nivel nacional 7.660 diligencias preliminares por ser los investigados menores de catorce años, un 11% del total incoadas. La cifra, que supone un descenso del 9% respecto del año anterior, se enmarca en una tónica de continuas subidas y bajadas: 8.433 en 2021, 6.117 en 2020, 7.526 en 2019, 7.359 en 2018 y 8.553 en 2017. Es decir, en los últimos seis años la Fiscalía ha tenido que dar carpetazo a más de 45.000 pesquisas por este motivo. Ahora bien, el hecho de que los niños no puedan ser imputados no libra a sus padres, si llega el caso, de tener que responder a nivel civil por las infracciones del menor.

Cuando el Ministerio Público no puede proceder contra estos muchachos, remite cuanta información sea necesaria a la administración pública. Y ésta, cuando así lo tiene previsto, activa programas específicos cuyo objetivo no es juzgar ni castigar, sino educar a los chavales para intentar sacarles del mal camino. En Aragón cuentan desde 2003 con un Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 años (EMCA), compuesto de cuatro educadores sociales y cuyo radio de actuación es la provincia de Zaragoza. Algo más reciente es el Programa de Atención Socioeducativa para Menores Infractores (PAMI) de Mallorca, que se puso en marcha en 2021 y que gestiona el Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC), una organización sin ánimo de lucro con más de tres décadas de vida.

En sus dos primeros años de vida, más de cuatro centenares de niños y niñas de menos de catorce años han pasado por el programa mallorquín, que cuenta con un par de educadores sociales. Todo comienza con una carta que protección de menores envía a las familias informándoles de lo recibido desde Fiscalía y comunicándoles la existencia del servicio socioeducativo. "Una vez hecho esto, nos ponemos nosotros en contacto telefónico con los padres para explicarles el programa e invitarles a tener una reunión en persona con nosotros", explica en conversación con infoLibre Sebastià Gibert, director educativo del PAMI.

El procedimiento se asemeja al aragonés, con la única diferencia de que en este último caso, al no estar externalizado el programa, el EMCA recibe directamente de la Fiscalía de Menores los expedientes con los que tiene que trabajar. Es ésta, de hecho, la que cita a la familia y al menor en la sede del Equipo de Atención Educativa, ubicada en la Ciudad de la Justicia, para una primera entrevista con el educador encargado del caso. Es la primera toma de contacto, la que permitirá al especialista empezar a recabar información sobre el entorno familiar y social del chico o la chica. "Y observar si hay un problema más de fondo", explica Joaquín Muro, coordinador en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Tanto desde Mallorca como desde Aragón señalan, no obstante, que la participación en estos programas es voluntaria. A pesar de eso, Gibert resalta que han conseguido un porcentaje de "adherencia" del 80%. O lo que es lo mismo, que de cada diez casos que en un primer momento expresan dudas, al menos ocho terminen completando el programa. "La mayoría de los padres se dan cuenta de lo que han hecho sus hijos y de que hay que efectuar una corrección", desliza también Muro. No obstante, también se topan con progenitores que tienden a minimizar lo sucedido. El clásico "es sólo una chiquillada".

El modo de trabajar también difiere un poco en ambos casos. En la isla, se suele hacer en grupos. "Tratamos de agruparles en función de diferentes variables, entre las que se encuentra el tipo de delito", explica el director educativo del PAMI. En suelo aragonés, se hace de manera totalmente individualizada. Ahora bien, en ambos casos el enfoque es educativo, no punitivo. "Nosotros no estamos para juzgar a nadie", dice con claridad Gibert al otro lado del hilo telefónico. Se busca, en definitiva, reconciliar y reparar, pero también prevenir la reincidencia. "Es una justicia restaurativa y educativa", apunta Muro. Y añade: "Un delito nos puede servir para cambiar a un chaval".

En Aragón, el perdón ocupa un papel fundamental en el trabajo con los menores infractores. Así, el coordinador del Instituto Aragonés de Servicios Sociales señala que los chicos y las chicas "siempre tienen que pedir disculpas". "O en persona o por carta, aunque eso lo tiene que elegir la víctima", continúa Muro. No hay un tiempo establecido para trabajar con estos jóvenes. "Es lo que necesite el menor", señalan. En algunos casos, los menos importantes, con unas semanas y unas actividades prosociales es suficiente. En otros, los más graves, pueden ser necesarios meses de trabajo. E, incluso, la aplicación de terapias de distinto tipo.

"Se consiguen avances, suele tener buenos resultados", apunta el director del programa mallorquín. De hecho, Gibert resalta que en algunos casos "los propios padres te piden que no te vayas, que continúes". Ahora bien, quiere dejar claro también que "no es milagroso". Por eso no esconde que igual que hay casos que salen bien, también existen otros de reincidencia. Porque cada menor es un mundo, con una situación personal y familiar diferente. "Hay chicos y chicas que tienen un contexto social y familiar tan desfavorable que lo complica todo mucho", explica el director del PAMI, quien también se esfuerza en dejar claro que el grueso de participantes es transversal a nivel socioeconómico: "Hay gente de clase social baja y alta".

La clave del proceso, en suelo mallorquín, pasa por crear un espacio participativo. "Si vas a darles la chapa, se acabó el tema", resalta el director del programa. A veces ni siquiera es necesario hablar de la infracción cometida. Basta, simplemente, con hacerles reflexionar y comprender el daño causado. Se puede hacer a través del cine o la lectura. Y también con juegos de rol que les puedan colocar a ellos mismos como las propias víctimas. La rapidez del proceso dependerá de cada uno de los chavales. "En aquellos casos en los que existe un arrepentimiento prácticamente desde el principio, es más sencillo trabajar", cuenta Gibert.

En 2022 se notificaron al EMCA aragonés 280 expedientes. El 68,21% correspondía a varones y el 31,78% a mujeres. Los delitos más comunes fueron los de hurto –el 19,03%–, acoso escolar –18,38%– y daños –14,19%–. Les siguen las coacciones, los delitos contra las personas o las lesiones. Una radiografía similar a la que se hace en suelo mallorquín: "Todo este tipo de delitos pueden representar entre un 70% y un 80% de los casos que recibimos". Sin embargo, el director del PAMI también reconoce que existe un porcentaje de casos relacionados con la violencia sexual. Muchos, añade, por la difusión de imágenes íntimas.

El pasado año el EMCA registró 14 expedientes con "abuso, acoso y agresión sexual", lo que equivale al 4,5% del total de delitos identificados. Por el momento, no se ve un incremento desmesurado. En los últimos ocho años, esa cifra se ha movido casi siempre por encima de 10 y por debajo de 16, con la única excepción de 2021, cuando se registraron solo 8. Muro explica que en estos casos sigue costando mucho que la familia y los chicos asuman que lo que han hecho es muy grave. "Muchas veces lo justifican o lo minimizan", señala. Con ellos, completa, se trabaja a través de una terapia afectivo-sexual.

Un menor ha sido detenido a primera hora de la mañana de este jueves acusado de herir a tres profesores y dos niños con un arma blanca en una agresión producida en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Elena García Armada en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha informado Europa Press.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se han producido a las 8,25 horas cuando ha entrado una llamada alertando de que había una persona armada y atentando contra el resto de alumnos y profesores del Instituto.

A la llegada de la Policía, los agentes han detenido como presunto autor al menor, que es alumno del centro y estaba armado con dos cuchillos, y ha sido trasladado a la Comisaría. El menor es mayor de 14 años, por lo que es imputable de un delito de agresión.

La Policía ha insistido en que la situación está controlada, ha mandado un mensaje de tranquilidad y ha informado de que el resto de los alumnos han sido llevados al patio del colegio.

Los heridos están siendo tratados en diferentes centros médicos de las heridas de diversa consideración producidas. Por su parte, el menor está ingresado en los calabozos de la Comisaría. Hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión.

Finalmente, los alumnos han permanecido en el patio del centro, que suspenderá las clases este jueves.

Habrá reforma de la ley Rhodes a raíz del error detectado por Miguel Hurtado, un activista contra la violencia sufrida por la infancia que alertó al Defensor del Pueblo de que la norma aprobada en 2021 por el Congreso para proteger a niños y adolescentes establecía dos plazos de prescripción diferentes para los "delitos contra la libertad". infoLibre, tras confirmar con cinco juristas la existencia del error, publicó la información, que ha suscitado una reacción en el Gobierno.

¿Que reacción? El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Unidas Podemos), que llevó la norma al Consejo de Ministros, acepta la existencia del fallo y declara su voluntad de enmendarlo mediante una ley orgánica, al tiempo que pone todo su énfasis en que se trata de un fallo que no ha generado todavía ningún efecto –ni ha podido generarlo–, que no puede beneficiar a ningún reo anterior a la aprobación de la norma y que no afecta a los delitos sexuales.

La intención del Gobierno con la ley de 2021 era ampliar el plazo previo a la prescripción en los delitos "más graves" contra los menores, según recogía la exposición de motivos. Así que la norma, aprobada por el Congreso en mayo de 2021, introducía la siguiente modificación en el Código Penal.

En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos contemplados en el párrafo siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad [...].

En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años de edad [...].

Los delitos "contra la libertad" aparecen en dos párrafos incompatibles. En el primero se dice que el plazo de prescripción de este tipo de delitos cometidos contra menores de edad empezará a correr cuando la víctima tenga 18; en el segundo, cuando tenga 35. La redacción constituye una patata caliente para los jueces, que no tendrían claro si contar el inicio del plazo previo a la prescripción a partir de los 18 o los 35 años de la víctima en un caso de secuestro, por ejemplo.

infoLibre, antes de la publicación de la primera información, trató de recabar la posición del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que se remitió al departamento de Justicia que dirige Pilar Llop (PSOE) por estar el problema vinculado al Código Penal. En Justicia no hubo respuesta. Este martes sí hubo reacción en el Gobierno, una vez que el tema empezó a provocar eco y se coló en las preguntas a los portavoces parlamentarios en el Congreso.

Hay que considerar que el contexto es delicado, con la brecha abierta por las consecuencias indeseadas de la ley del sólo sí es sí, si bien se trata de dos casos de gravedad incomparable. El error en la ley Rhodes no puede en ningún caso favorecer a ningún reo, porque constituye un endurecimiento con respecto a la norma anterior. Los posibles problemas sólo podrían empezar a surgir cuando transcurran cinco años, plazo mínimo de prescripción de los delitos contra la libertad. Ahí sí podría haber una duda sobre si el plazo de prescripción transcurre desde que la víctima cumple 18 o 35.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya tiene hoja de ruta ante el error detectado, según ha explicado a este periódico. El departamento ha comprobado internamente que, tal y como ha publicado este periódico, existe una "errata" en la conocida como ley Rhodes y tiene la voluntad de encontrar una fórmula para su corrección "en cuanto sea posible". La fórmula técnica será la introducción del cambio en una ley orgánica que dé la oportunidad de hacerlo. Es la única forma de cambiar el Código Penal, que exige para su reforma una ley orgánica.

El departamento que dirige Ione Belarra insiste en dejar claro que el error en ningún caso afecta a delitos sexuales, cuyo plazo de prescripción sí se ha alargado. Preocupa que pueda extenderse esa impresión equivocada. El problema, subrayan desde Derechos Sociales, sólo afecta potencialmente a los delitos "contra la libertad", como detenciones ilegales, secuestros, amenazas y coacciones, no a abusos ni agresiones sexuales. Y en ningún caso –tampoco en estos delitos contra la libertad– se produce un beneficio para el reo con respecto a la situación previa a la aprobación de la norma, añaden desde el ministerio, donde recalcan que la "errata" todavía no ha producido efectos.

La reforma penal introducida en la ley de protección de la infancia, señalan desde el ministerio, tenía por objetivo un alargamiento del plazo de prescripción de los delitos sexuales, que sí ha pasado de empezar a contar desde los 18 años de la víctima a desde los 35, de forma que las víctimas de acontecimientos tan traumáticos tengan 17 años más para denunciar. Es en los delitos "contra la libertad" donde está el problema, ya que aparecen recogidos en dos párrafos: en uno se dice que el plazo de prescripción empieza a correr cuando la víctima cumple 18 años y en otro que cuando la víctima cumple 35. Derechos Sociales se propone ahora corregir el problema.

¿Cómo va a corregirlo? A falta de una concreción definitiva de sus planes, la voluntad es que todos los delitos contra la libertad, los recogidos en el Título VI del Código Penal, mantengan el plazo de prescripción que ya tenían antes de la reforma, es decir, que empiece a contar el plazo cuando la víctima cumple 18 años, de manera que en este tipo de delitos no habrá un endurecimiento con respecto al texto legal anterior. Caso aparte, añaden, es el "matrimonio forzoso", que en la ley ha pasado a considerarse una modalidad de trata y por lo tanto su plazo de prescripción empieza a contar desde los 35 años de la víctima. En este caso, según Derechos Sociales, no hay problema posible porque no se le considera entre los "delitos contra la libertad", que son los que aparecen en dos párrafos distintos.

Derechos Sociales enfatiza que la "errata" no ha podido perjudicar en ningún caso a las víctima de delitos, "puesto que el plazo prescripción en la peor de las interpretaciones quedaría alargado –es decir, sería de 35 años y no de 18, lo que beneficiaría a la víctima–, nunca disminuido".

La Fiscalía ha advertido de que el intento de devolución de menores a Marruecos que puso en marcha la Delegación de Gobierno de Ceuta en 2021, supuso "atajos" y "cercenaba garantías básicas" del proceso de repatriación, como la audiencia del interesado, la presencia de un defensor o la intervención del Ministerio Fiscal, según informa Europa Press.

Así lo recoge en su Memoria Anual, correspondiente al año pasado, en donde recuerda que ante esta decisión tuvo que intervenir la Fiscalía de Ceuta en la esfera contencioso-administrativa.

En la actualidad, tal y como apunta el informe, estas actuaciones "han cesado" y, debido a esta medida, ningún menor extranjero no acompañado ha sido repatriado durante 2021.

En total, han sido 4.034 los menores que han entrado en el país de forma irregular en 2021, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, de los que también se desprende que un 75,5% de ellos (3.048) lo hicieron sin la compañía de un adulto.

Estos menores extranjeros no acompañados son mayoritariamente de sexo masculino (2.934), dado que sólo se han detectado 114 niñas. En cuanto a su origen, el mayor número procede de Marruecos (1.304), seguidos de los naturales de Argelia (540) y Mali (381).

En cuanto a los niños que sí llegaron al país en 2021 en compañía de un adulto, se registraron un total de 986, lo que, según indica el informe, es un "relevante incremento respecto" a los contabilizados un año antes: 550.

El documento también detalla que en el caso de los menores acompañados que llegaron el año pasado no hay tantas diferencias de sexo. Así, los datos de Interior, apuntan a 530 niños y 456 niñas. Además, en este caso, la mayoría procede de Costa de Marfil (379), y Argelia (296).

El Cuerpo Nacional de Policía ha informado de la realización de un total de 882 pruebas de ADN para establecer el vínculo de filiación de menores acompañados de adultos que manifestaban ser los progenitores sin pruebas fehacientes de ello. De ellos dieron un resultado positivo 841, confirmando el vínculo de filiación, 37 negativos y 4 están pendientes de realización de nuevas pruebas.

La Fiscalía apunta que, un año más, el problema del que dan más cuenta las fiscalías territoriales es la separación del niño del adulto mientras se realizan las pruebas de ADN hasta que se conoce que el resultado es positivo.

Con estos datos, el informe indica que el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, a fecha de 31 de diciembre 2021, determinaba que había 9.294 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección lo que, según apunta la Fiscalía, supone un "leve descenso" respecto de los 9.030 inscritos en el año 2019.

Canarias (2.399) es la Comunidad Autónoma que más menores acoge, según el Registro, seguida de Andalucía (1.980), Cataluña (1.192) y Ceuta (921).

En este sentido, el informe recoge también que, durante el año 2021, se han incoado un total de 6.677 Diligencias Preprocesales de Determinación de la Edad lo cual supone un incremento frente a las 4.981 tramitadas durante el 2020. De ellas, 3.245 eran menores o existían posibilidades de que lo fueran, 1.654 han resultado ser mayores y 1.778 han concluido sin determinación de la edad por abandono de los centros antes de poder practicarse diligencias.

En este sentido, el Ministerio Fiscal señala que "los servicios están desbordados ante la llegada masiva de inmigrantes a las costas de Canarias" y que, a pesar del "titánico esfuerzo de las instituciones implicadas", durante el año 2021, quedaron por resolver un total de 1.064 expedientes de determinación de edad, a los que, según ha señalado, hay que sumar los pendientes de modificación por haber aparecido documentación posterior a su determinación de la edad, o cualquier otra prueba que pudiera dar lugar a una revisión.

Además, ha denunciado que "prosiguen los mecanismos escasamente fiables de aportación de documentación supuestamente acreditativa de la edad, como por ejemplo, a través de WhatsApp o correo electrónico.

A la vista de los problemas que se plantean en torno a la determinación de edad de los posibles menores extranjeros no acompañados, la "única solución operativa" que ve la Fiscalía es el desarrollo una Ley específica reguladora de la determinación de la edad que diseñe un procedimiento judicial, en el ámbito de la jurisdicción civil.

Este sería con todas las garantías de audiencia y debida asistencia al posible menor y debe contemplar una fase probatoria donde puedan volcarse todas los elementos de prueba de los que se disponga, previendo asimismo un sistema unificado de medidas científicas que puedan ser utilizadas, en su caso, como protocolo médico, debiendo concluir con el dictado de una resolución provista de un sistema de recursos, que decida, no solo sobre si la persona es mayor o menor de edad, sino sobre la fijación de la edad concreta de la misma, según apunta el Ministerio Fiscal.

"Actualmente existe un Anteproyecto de Ley por el que se regula el Procedimiento de Evaluación de la Edad que ha superado ya la fase de Consulta Pública Previa", ha recordado.

El aterrizaje de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado fue de todo menos sencillo. A pesar de sus tres décadas acreditadas de servicios prestados, su nombramiento por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez no fue del agrado de buena parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nada menos que siete vocales de un órgano de gobierno de los jueces entonces caducado se negaron a dar el visto bueno a la fiscal de la Audiencia Nacional. Todos ellos pertenecían al denominado bloque conservador. Y, tras un intenso debate, decidieron votar no al considerar que la designación creaba una "apariencia de vinculación" con el Ejecutivo. Delgado estaba marcada por su etapa previa como ministra de Justicia del Gobierno y diputada socialista en el Congreso de los Diputados. Una condición política que le ha perseguido durante todo su mandato a ojos de la derecha.

Ahora, más de dos años y medio después de su llegada al puesto, Delgado ha decidido dar un paso al lado. Este martes, la fiscal general del Estado ha presentado su renuncia ante la titular de Justicia, Pilar Llop. Lo ha hecho alegando motivos de salud. Hace casi tres meses, fue operada de "urgencia". Se le eliminó un quiste sinovial que comprimía el conducto entre dos vértebras y una fractura en la faceta articular de la vértebra. Tenía, en definitiva, la columna muy afectada. Estuvo de baja hasta finales de junio. Sin embargo, pocas semanas después de su reincorporación, ha concluido que no está "en las condiciones físicas exigidas" para continuar llevando las riendas del Ministerio Público. "El cese ha sido a petición propia y por motivos exclusivamente de salud por la enfermedad que padece", ha querido dejar claro la ministra de Justicia.

El encargado de sustituirla en el cargo será su hasta ahora mano derecha, el fiscal Álvaro García. El Consejo de Ministros lo ha propuesto este mismo martes para el puesto. Ahora, deberá pronunciarse el Consejo General del Poder Judicial como paso previo a la comparecencia del candidato en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, una suerte de examen que desde la oposición utilizaron en su día para cargar con dureza contra la propuesta de Delgado, que no dudaron en tildar de "peligrosa" y "lamentable". El informe del órgano de gobierno de los jueces es preceptivo, pero no vinculante. Y en él se valora si el aspirante reúne los requisitos formales que se exigen en el Estatuto del Ministerio Fiscal para ocupar el cargo: ser jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

García cumple sin problemas las exigencias marcadas. Ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1998, siendo destinado en régimen de adscripción provisional a la Fiscalía de Mahón, en Menorca. Poco después recaló en la de Área de Santiago de Compostela, donde fue nombrado a finales de 2004 fiscal especial coordinador de incendios de la comunidad autónoma. Quien fuera portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y vocal del Consejo Fiscal por dicho colectivo, el mismo al que pertenece Delgado, tiene una dilatada experiencia en medio ambiente. De hecho, fue el representante del Ministerio Público en el caso Prestige. Y conoce bien el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, donde hasta ahora ha ejercido como jefe de la Secretaría Técnica, un puesto clave en el organismo.

Tanto la fiscal como el Ejecutivo se muestran satisfechos por la etapa Delgado. Bajo su mandato, tal y como se ha encargado de recordar Llop, se ha aprobado "un código ético" para el Ministerio Público, se ha actualizado el reglamento de la carrera fiscal, se han incrementado con su impulso "el número de plazas de fiscales" o se ha avanzado en "paridad" en los puestos "directivos" del Ministerio Público. "Muchos son los logros que se han conseguido", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Justicia. Luces que, sin embargo, se han visto empañadas por no pocas sombras. Desde que llegó al cargo, las críticas, los ataques y las polémicas han sido constantes, lo que ha ido erosionando poco a poco la imagen de una fiscal con más de tres décadas de trayectoria a sus espaldas.

Cuando Delgado agarró las riendas del Ministerio Público, ya arrastraba algunas máculas de su etapa al frente de Justicia. Precisamente, por la relación que había mantenido con José Manuel Villarejo. Como tantos y tantos miembros de lo más granado de la sociedad española, la voz de la fiscal también estaba presente en las grabaciones que durante tantos años había ido almacenando el comisario jubilado. "Un maricón", decía al policía allá por 2009 sobre el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. Cuando se empezó a vincular su nombre con el de Villarejo a raíz de un apunte que constaba entre los archivos incautados al exagente, Delgado negó haber haber tenido "ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial" con el excomisario. Pocos días después, dijo haber coincidido con él y otros policías o cargos judiciales y fiscales en al menos tres ocasiones.

Una sombra, la de Villarejo, que le siguió persiguiendo durante su etapa al frente del Ministerio Público. Y que llegó, incluso, a tensionar las relaciones dentro del Ejecutivo de coalición. El mismo día que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dictaba la puesta en libertad del comisario jubilado, Delgado se reunía en un piso del centro de la capital con Eduardo Inda y Manuel Cerdán, de OkDiario, la web que ha servido de altavoz para las maniobras de la denominada policía política. El encuentro, desvelado por Ctxt, llevó a Unidas Podemos a unirse a una solicitud de ERC y EH Bildu en la que se exigía la comparecencia de Delgado para dar explicaciones sobre el encuentro de la fiscal general con los, en palabras de Pablo Echenique, "principales socios de la cloaca mediática".

El mandato de Delgado también ha estado profundamente marcado por las críticas recibidas dentro de la Carrera Fiscal en relación a su política de nombramientos. El sector conservador, aglutinado alrededor de la mayoritaria Asociación de Fiscales, la ha acusado en reiteradas ocasiones de primar en las designaciones de la cúpula del Ministerio Público a miembros de la UPF, su asociación. De hecho, fue este colectivo el que decidió llevar al Supremo el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores. El Alto Tribunal estimó el recurso y ordenó repetir el proceso al entender que no se había motivado suficiente por qué se había decantado por éste y no por el otro aspirante, José Miguel de la Rosa. A pesar de ello, Delgado volvió a insistir en la designación. "No solo elijo a uno de los candidatos, también elijo un modelo", argumentó. Un movimiento que ha vuelto a ser recurrido.

El área de menores ha sido, de hecho, uno de sus últimos quebraderos de cabeza. Hace solo un par de semanas, más de un centenar de fiscales, la mayoría especializados en este ámbito, reprochaban a la jefa del Ministerio Público el cese de Francisco Manuel García Ingelmo como número dos de la sala de menores. En un escrito, los firmantes recordaron la "excelencia en el desarrollo del trabajo" demostrado por el fiscal, motivo por el cual consideraban el cese como "una excepcional pérdida" para la "especialidad". "Ha conseguido que los especialistas en menores nos sintiéramos vinculados por un compañerismo que, gracias a su buen hacer, es algo más que participar de la misma especialidad", resaltaban los compañeros a través de un escrito.

Otro de los asuntos que más desgaste le han producido en los últimos meses ha sido el denominado caso Stampa. El fiscal fue apartado de la investigación sobre el comisario José Manuel Villarejo a raíz de los expedientes disciplinarios abiertos contra él por supuestas revelaciones de secretos a Podemos en este procedimiento. Las pesquisas, finalmente, fueron archivadas. E Ignacio Stampa acusó a Delgado y su equipo de maniobrar para que la investigación que se había abierto en su contra se dilatara en el tiempo, de modo que siguiera abierta cuando el Consejo Fiscal se reuniese para decidir si le daba su apoyo para acceder a una plaza fija en Anticorrupción. El fiscal acusaba a García, llamado a sustituir a Delgado, de haberse dirigido al instructor para hacerle reconsiderar la propuesta de archivo. El hasta ahora jefe de la Secretaría Técnica, sin embargo, siempre ha sostenido que eran necesarias más indagaciones.

"Lo importante no es de dónde venga, sino cómo desarrolle mi función y que ello se pueda apreciar y someter al escrutinio de la ciudadanía. Sé que el foco está puesto sobre mi gestión. Creo que es bueno y una garantía de transparencia", decía Delgado en octubre de 2020 en una entrevista con infoLibre, en la que reconocía que la estaban dando "por todos lados" pero en la que también dejaba claro que los descalificativos "cutres y chabacanos" no la iban a hacer "temblar" en sus "decisiones".

Delgado se hizo con las riendas del Ministerio Público a las puertas de una de las mayores crisis sanitarias recientes. Por eso, una parte importante del trabajo de la Fiscalía en estos dos años y medio ha tenido mucho que ver con la pandemia de coronavirus. Desde las demandas contra el Gobierno central a las acciones judiciales contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que apenas han tenido recorrido. Y, por supuesto, lo relativo a la gestión de las residencias, donde durante la primera ola perdieron la vida más de 20.000 residentes. A comienzos de año, Amnistía Internacional criticaba que la Fiscalía hubiese dado carpetazo a todas estas muertes sin haber llevado a cabo una investigación suficiente. Y lo hacía poniendo datos sobre la mesa: casi el 90% de las pesquisas acabaron archivadas. De hecho, la ONG recogía más de un centenar de cierres en los que ni siquiera se había escuchado a los familiares.

Durante estos dos años y medio el Ministerio Público también ha puesto el foco en la compraventa de material sanitario a lo largo de la pandemia. Así, Anticorrupción investigó durante cuatro meses el contrato de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas adjudicado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a Priviet Sportive, la firma de un empresario amigo de los Ayuso con la que colaboraba el hermano de la presidenta. Las pesquisas confirmaron que Tomás Díaz Ayuso cobró en concepto de "comisión comercial" más de 234.000 euros por la operación: 175.000 euros se corresponden con un fijo acordado por los trabajos para Priviet en relación con diferentes ofertas, entre ellas la investigada, y 59.203,52 euros como "bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas"

Ahora bien, el fiscal jefe, Alejandro Luzón, dio carpetazo al asunto al entender que no había indicios que hiciesen pensar que el hermano de la líder del Ejecutivo regional "llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones" ante la Comunidad de Madrid tendentes a conseguir un "trato de favor" para la empresa. Un archivo que Anticorrupción también dictó en relación con las pesquisas que había abierto tras una denuncia presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid en relación a las ayudas otorgadas por el Gobierno central a diferentes compañías. En este caso, Luzón resaltó que la "hipótesis delictiva" que planteaban los denunciantes se había "comprobado huérfana de una mínima base indiciaria".

Pero, sin duda, la gran investigación del Ministerio Público durante la era Delgado ha sido la relativa a la fortuna del rey emérito. Aquellas pesquisas pusieron de manifiesto que Juan Carlos de Borbón habría ocultado a Hacienda entre 2008 y 2012 unos 56 millones de euros por el impuesto de donaciones y de IRPF. Sin embargo, el asunto quedó zanjado con un duro escrito de archivo. La inviolabilidad durante su etapa al frente de la Jefatura del Estado o las regularizaciones fiscales cuando ya se veía cercado permitieron al emérito esquivar el reproche penal.

Un total de 117 fiscales, la mayoría especializados en menores, han reprochado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el cese de Francisco Manuel García Ingelmo como adjunto al fiscal de sala de menores, por considerar que se trata de "una excepcional pérdida" para esta especialidad tanto por su "excelencia" como por sus "cualidades humanas".

"Los fiscales de menores abajo firmantes quieren manifestar a V.E. que valoran este cese como una excepcional pérdida para nuestra especialidad dentro de la Fiscalía General del Estado", han manifestado en un escrito recogido por Europa Press.

Han destacado "la excelencia en el desarrollo del trabajo que ha demostrado el señor García Ingelmo desde que fue designado, con diferentes fiscales de sala y bajo el mandato de diferentes fiscales generales".

Asimismo, han valorado "especialmente" sus "cualidades humanas, por su completa disponibilidad y atención a todos los fiscales especialistas de menores y por su afabilidad, ampliamente demostrada durante tantos años".

"Ha conseguido que los especialistas en menores nos sintiéramos vinculados por un compañerismo que, gracias a su buen hacer, es algo más que participar de la misma especialidad", han indicado.

Fue el pasado 29 de junio, en el acto de constitución del nuevo Consejo Fiscal, cuando Delgado comunicó los ceses de García Ingelmo y de Luis Lafón Nicuesa, en el marco de la renovación y configuración de las unidades de Menores y Extranjería, en las que recientemente se designaron a los nuevos fiscales jefes.

Fuentes fiscales señalaron a Europa Press que se trata de un cambio "lógico" y "natural" después de que Eduardo Esteban Rincón y Beatriz Sánchez fueran nombrados jefes de las Unidades de Menores y Extranjería, respectivamente. La intención es que se conformen nuevos equipos para poner en marcha los proyectos de los recién nombrados, explicaron.

Las mismas fuentes subrayaron que la decisión de Delgado de cesar a García Ingelmo y Lafón Nicuesa es discrecional, por lo que la fiscal general del Estado no tiene obligación de presentar informe o argumentar el cambio, dado que son nombramientos de designación directa para cargos de confianza.

La Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- afeó a Delgado en un comunicado que no les permitiera preguntar por los motivos de dichos ceses. Las fuentes consultadas inciden en que no es necesario consultar al órgano, sino que basta con informar.

La AF destacó la "extraordinaria talla jurídica" de los fiscales cesados, así como el reconocimiento que ambos gozan "dentro y fuera de la carrera". Por ello, auguró que su trabajo "será añorado por los miembros de las respectivas especialidades".

Por su parte, el vocal electo del nuevo Consejo Fiscal en representación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha solicitado que en la próxima sesión, prevista para mediados de septiembre, se expliquen las razones por las que García Ingelmo, "tras más de 12 años de adscripción a la Fiscalía de Menores y con un prestigio reconocido en la especialidad, ha sido cesado".

En concreto, quiere "conocer si la decisión de cesar al citado fiscal proviene de la fiscal general o del fiscal jefe de la sección de menores", esgrimiendo que si este último no hubiera solicitado dicho cese siendo su "superior directo", "la decisión debe ser explicada, dado que difícilmente puede obedecer a razones de índole profesional y de mejora del servicio".

"Si la competencia del señor García Ingelmo parece reconocida por una mayoría de fiscales de menores, y si su fiscal jefe no hubiere solicitado el relevo, ¿cuáles son las razones de tal medida?", ha planteado.

Por otro lado, Viada ha solicitado que en el próximo Consejo Fiscal se discuta también sobre "la necesidad de establecer una dotación presupuestaria diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado" para el Ministerio Público.

La cocina es memoria en el tiempo y la distancia. Un buen plato cocinado como siempre es un cable a tierra que no se sabe dónde empieza, pero sí donde termina. Porque puede cocinarse en cualquier lugar de la galaxia, eso da igual, pero siempre tiene un destino final: aquella primera vez, en aquel preciso lugar, en ese momento pasajero que dejó de ser cuando el plato quedó vacío. 

Sobre esa premisa se levanta La brigada de la cocina, película francesa que llega a los cines españoles el 17 de junio con dirección de Louis-Julien Petit y protagonizada por Audrey Lamy con François Cluzet. Una comedia social que apuesta por la integración a través de la chef más improbable, con el equipo menos experimentado sobre la faz del planeta Tierra: los internos de un centro para menores no acompañados.

Y, como suele ocurrir, todo es resultado de una carambola que nadie imaginó antes de golpear la bola blanca. Porque ahí está como catalizador Cathy Marie, una estricta chef que, cuando está a punto de cumplir su sueño de abrir su propio restaurante gourmet, sufre un revés que hace que nada salga como había planeado. 

Con serias dificultades económicas a sus espaldas, acepta con reticencia un trabajo en la cafetería de un centro para menores inmigrantes. No parecía que fuera a ser así pero, poco a poco, habilidades de Cathy y su pasión por la cocina comienzan a cambiar la vida de los chicos, que también tienen mucho que enseñarle a ella.

"Cuando hablo de cocina no se trata de excelencia, sino del saber familiar", señala a infoLibre Louis-Julien Petit, quien defiende que es la variedad de etnias y culturas la que aporta la "riqueza". "Todos estos jóvenes son desarraigados, perdieron sus raíces, como la propia Cathie. Pero es que todos somos iguales ante un plato de comida. Todos somos iguales ante esta vida llena de violencias sociales", añade.

Es todo un proceso de aprendizaje para la cocinera, huérfana que vivió en un centro de acogida hasta los 16 años. Desde su desconcertante presente recuerda el pasado sobre el que pretendía levantar un futuro que ahora ya no sabe si podrá ser. Pasa así del "individualismo más exacerbado al altruismo total", pues se convierte finalmente en una "gran chef gracias a su brigada".

Un equipo entregado porque no tiene nada que perder y que está representado en la gran pantalla por auténticos inmigrantes que necesitan encontrar un trabajo o una titulación antes de los 18 años para no ser repatriados. "No pensaba que fuera tan difícil vivir aquí", dice en una escena del film uno de los muchachos después de someterse a una prueba ósea para determinar su edad (no es menor y es, por tanto, expulsado).

"Este problema toca a cientos de menores. Espero que veamos a estos jóvenes de forma más positiva y las cosas mejoren social y humanamente", lanza el cineasta, quien en esta cinta muestra una cara de estos chicos al dejar que hablen y cuenten su realidad sin maquillar. "Ellos ponen su verdad al servicio de la historia", añade.

El objetivo último de La brigada de la cocina es, según su director, "mostrar que la diferencia es la riqueza". "Estos jóvenes llegan con un saber diferente al nuestro y pueden aportar muchísimo", afirma, asegurando de paso que la gastronomía tiene "valores universales" que nos unen y están relacionados con la familia y esa transmisión del saber en una "sociedad cada vez más dura".

También vemos durante esta historia el germinar de una "esperanza" que nace en el momento en el que la protagonista abandona el individualismo imperante y se entrega al grupo. "La esperanza nace del grupo", asegura Petit, quien se refiere a los migrantes como "combatientes modernos que te hacen preguntarte por la desobediencia civil". 

Y prosigue: "Creo sinceramente en la sociedad civil y en la acción civil. Al final de la película aparece un número de teléfono real que yo compré dos años antes de rodar la película y se lo di a una asociación que hace de puente entre gente que enseña y menores no acompañados que quieren aprender. Cuando se estrenó en Francia esta película hubo más de 5.000 llamadas".

No es de extrañar, por tanto, que Petit opine que el cine "puede actuar y hacer algo" por un mundo mejor. "Puede cambiar la mirada", remarca, al tiempo que recuerda que cuando hizo Los invisibles (2019) de pronto se abrieron centros "para proteger a las mujeres sin techo". "Ahí hay acción civil y no soy el único. A veces es mejor una buena película que una mala ley", subraya.

"Nos cuesta comprender la imagen de El Dorado europeo, somos franceses y españoles, estamos seguros", apunta el cineasta antes de rematar: ""Pero estos jóvenes que no tienen ninguna seguridad, que no han tenido acceso a la educación, vieron en la televisión la riqueza a la que estamos acostumbrados. Somos El Dorado pero la puerta está cerrada. La famosa Francia como tierra de acogida ya no existe. Y Francia fue un país de acogida. Y lo es, pero también es un país cada vez más nacionalista, como se ha visto en las últimas elecciones".

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha intentado este jueves quitarse de encima el caso de las menores tuteladas explotadas sexualmente en la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho aprovechando la comparecencia en la Cámara regional de la consejera de Políticas Sociales, Concepción Dancausa. Una intervención con pocas respuestas y muchos reproches. La responsable de servicios a los vulnerables ha dedicado buena parte de su discurso a responsabilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la delegación del Gobierno en Madrid de la falta de protección de las menores fuera de los centros y a tirar a la cara de la oposición los casos que en los últimos años se han registrado en otras regiones gobernadas por formaciones de izquierdas. "Señorías, aquí no hay caso. Recuperen la cabeza, pero sobre todo, el corazón", ha espetado Dancausa al resto de grupos parlamentarios en un debate que se ha ido encendiendo progresivamente.

Al inicio del año, las fuerzas de seguridad detuvieron en Madrid a 37 adultos pertenecientes a una red que explotaba sexualmente a menores. Fueron liberadas diez víctimas. El rumor sobre la existencia de menores tuteladas fue en un primer momento desmentido por la propia Comunidad de Madrid, pero las autoridades confirmaron enseguida que al menos cinco de las chicas liberadas sí estaban bajo la tutela de la administración autonómica. Fue entonces cuando los diferentes grupos exigieron a la consejera de Políticas Sociales que se sentara en el Parlamento a dar explicaciones. Incluso pusieron sobre la mesa, sin éxito, la posibilidad de celebrar un pleno extraordinario, ya que la Cámara no recuperaba la actividad ordinaria hasta el mes de febrero.

Este jueves estaba marcado a rojo en el calendario político. Tras el parón navideño, la Asamblea echaba a andar de nuevo. Y la Operación Sana, la que terminó desarticulando la red de explotación sexual, estaba en el orden del día. Los grupos de la oposición afrontaron el inicio del debate con suavidad y cargados de preguntas. "Es un tema muy duro, con el que no se tiene que jugar ni hacer política partidista", fue el mensaje que trataron de trasladar antes de que la consejera se dirigiese por primera vez al atril.

Pero Dancausa, arropada por todo el Gobierno, tomó la palabra. Y fue a la confrontación directa. Lejos de ceñirse al tema en cuestión, buena parte de la intervención se convirtió en un ataque directo a la oposición. "La sociedad nunca les va a perdonar su falta de escrúpulos", se arrancó la consejera. Y, tras esto, se dirigió directamente a otras comunidades autónomas. Recordó los casos de explotación y abusos sexuales en Comunitat Valenciana o Baleares de menores bajo la tutela de la Administración. "Ustedes pretenden tapar esos escándalos indecentes y equipararlos a la investigación policial de Madrid", lanzó.

Y cuando entró en materia, lo hizo para echar balones fuera. "Estamos ante un caso de explotación sexual de menores, pero no ante un caso de explotación sexual de menores tuteladas", aseveró la consejera. En todo momento, la titular de Políticas Sociales defendió que se había hecho lo "correcto". Y que si se habían producido fallos, no eran, desde luego, suyos. Si eso, de la Policía: "La protección de los menores fuera de los centros corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Señorías, aquí no hay caso. Recuperen la cabeza, pero, sobre todo, el corazón. No todo vale en política", sentenció.

Una intervención que encendió a los grupos de la oposición. "Nos están mintiendo sobre un tema extremadamente grave. Ha habido una menor violada durante 48 horas en un piso. ¡No pueden venir aquí a mentir!", señaló el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, quien recordó a la consejera que es "una barbaridad" decir que la Administración autonómica solo es responsable de lo que sucede dentro de los centros. "Ustedes tienen la responsabilidad objetiva e in vigilando", aseveró el parlamentario, quien pidió al resto de grupos que se sumen a la reprobación que han puesto sobre la mesa.

"Deje de echar balones fuera, la responsable del cuidado cuando estaban dentro y fuera es usted", insistió la diputada del PSOE Lorena Morales, quien ha pedido a la titular de Políticas Sociales que pida "disculpas" y asuma "su responsabilidad". "Me parece de una bajeza de miras y de muy poca capacidad política. No quiero que diga yo soy la culpable de todo pero lo que no puede ser es que los políticos, a los que nos pagan por buscar soluciones, encima le echemos la culpa a los niños y sus familias", apuntó la diputada de Unidas Podemos Paloma García, quien tildó de cobarde.

El contraste está servido. Y no es favorecedor para la jerarquía católica española, cuya pasividad ha quedado en evidencia frente a la reciente catarsis francesa. Hablamos de pederastia eclesial y de cómo encarar esa lacra.

Toca comparar, empezando por el vecino del norte.

Allí una comisión independiente, por encargo de la Conferencia Episcopal de Francia (CEF), acaba de presentar los resultados de una investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia desde 1950, realizada con un enfoque crítico y exigente. Hay datos –y datos apabullantes–, pero además se hurga en los porqués íntimos del horror, ejercido como una "terrible mecánica sistémica", en palabras de la víctima François Devaux. El trabajo final, de 2.500 páginas, incorpora un detallado informe del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina y de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, titulado Sociología de la violencia sexual en el seno de la Iglesia católica en Francia (1950-2020), del que salen cifras mareantes: al menos 216.000 menores, estimación conservadora, han sido víctimas de pederastia en 70 años, cifra que sube a 330.000 englobando a enseñantes laicos, catequistas o responsables de movimientos juveniles. Es algo más que la población de la ciudad de Córdoba.

El cálculo manejado por el alto clero francés, 5.000 víctimas, ha quedado pulverizado por una investigación de la que es partícipe la propia jerarquía católica francesa. Eso es autoevaluación crítica, no sólo palabras bienintencionadas. La investigación, que desveló que casi el 80% de los abusos fueron sufridos por niños varones, sobre todo de entre 10 y 13 años, se ha servido de un público llamamiento a las posibles víctimas de abusos y sus familias realizado en colaboración con France Victimes, que afloró miles de casos. Es decir, ha habido un amplio despliegue de medios. Adiós a la arraigada cultura de la discreción y los trapos lavados en casa. El informe, que implica en los abusos a en torno a un 3% del clero francés, propone que la Iglesia pague indemnizaciones a las víctimas.

No ha dudado en poner la cara el presidente del episcopado, Éric de Moulins-Beaufort. Aunque trató de destacar en parte del trabajo hecho por la Iglesia, se rindió a la brutalidad del dato. “Nos perturba, nos abruma”. Y más: “Nos avergüenza, nos espanta”.

Ahora, pasemos a España.

Semana pasada. Rueda de prensa del portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello. Un periodista pregunta si la Iglesia va a investigar y hacer público el resultado de sus investigaciones sobre abusos a menores. La respuesta es no. "La propia escucha de las oficinas [en las diócesis contra los abusos] el otro día nos hizo caer en la cuenta una vez más de la importancia que tiene muchas veces en la relación con las propias víctimas la discreción. Nosotros desde luego estamos... No vamos hacer seguramente de manera proactiva un programa de investigación general. Pero sí que [...] no podemos menos que decir que cualquier persona que piense o que haya vivido los abusos que lo ponga de manifiesto".

De modo que España no está ni de lejos a las puertas de Francia. No hay comisión independiente, ni revisión sistemática, ni análisis de las mecánicas internas, ni trabajos para una estimación de casos, ni búsqueda de víctimas, ni previsión de indemnizaciones a nivel general, si bien esta es una decisión en la que cada diócesis tiene margen de decisiónllegado el caso. ¿Qué hay, entonces? Indudablemente, un tono algo menos autoindulgente que el que había antes de la llegada del papa Francisco, cuando se escamoteaba casi cualquier autocrítica. También, unas oficinas contra los abusos en las diócesis de resultado prácticamente ignoto. Y unos pocos datos que invitan a pensar en un fenómeno de abusos casi marginal que convertiría a España en una excepción en el orbe católico.

La CEE, que ha mantenido un discreto perfil desde la publicación del informe francés, aún no ha respondido a las preguntas de infoLibre para este artículo, enviadas este mismo miércoles.

La actitud de la Conferencia Episcopal

¿Por qué tanta diferencia a uno y otro lado de la frontera? Descuelga el teléfono Javier, una de las víctimas del sacerdote abusador José Manuel Ramos Gordón, que prefiere ocultar su apellido. "¿Que por qué tanta diferencia? Es muy sencillo. Los obispos españoles no quieren hacerse cargo de las víctimas. Los abusos aquí, calculo, serán parecidos a los que ocurrieron en Irlanda, mayores a los de Francia, yo diría que el doble. Porque en España ha habido muchísima impunidad, muchísima, y se ha encubierto mucho. Y ahora los obispos prefieren estar todo el día con la cara colorada a que se sepa lo que ocurrió", señala Javier, que cree que la "razón fundamental" está en el deseo de evitar responsabilidades económicas que podrían suponer "una ruina y un calvario" para la Iglesia. "Lo que más temen es una indemnización que generaría un efecto llamada", dice. La confianza de Javier estriba, precisamente, en que el informe del país vecino genere un efecto llamada de víctimas y sea activador de la opinión pública en España. Se verá.

A juicio de Javier, el episcopado español ha seguido una estrategia de "encubrimiento sistemático", que ahora acompaña con un mensaje disuasorio para las víctimas. La dinámica descrita se compone de varios elementos: minimizar los hechos, insinuar que hay motivaciones económicas tras las denuncias, diluir la responsabilidad de la Iglesia en el seno de un problema social más amplio del que la institución católica es sólo una parte, mostrar poca disposición a asumir responsabilidades contantes y sonantes... ¿Ejemplos? La jerarquía no ha mostrado voluntad de hacer una investigación propia y ha reconocido que no entra en sus planes la indemnización a las víctimas, descartando la creación de un fondo como en Alemania. La CEE ha denunciado la existencia de una "inquisición laica" contra la Iglesia (José María Gil Tamayo, 2018) y ha recalcado que los abusos en la institución supondrían un 3% del total en toda España, mientras no se presta atención al 97% restante (Ricardo Blázquez, 2019). El episcopado ha hecho pública la existencia de una cifra de denuncias contras sacerdotes, 220 en 20 años, que vendría a probar una escala manejable del problema, sin atribuir la cifra precisamente a la falta de canales para denunciar con cooperación eclesial. Este mismo año, en febrero, Argüello señaló que en sus oficinas contra los abusos, abiertas por orden del papa Francisco, habían recibido ocho denuncias en ocho meses.

A remolque

Manifestaciones y posiciones como estas tienen lo que en el mundillo de la empresa se llama "coste reputacional". Es más, la Fiscalía ha llegado a alertar de una "deficiente" respuesta a los abusos en la Iglesia y ha propuesto investigar los casos del pasado. La lucha contra los abusos forma además parte del amplio catálogo de temas que el Gobierno aborda con la CEE en su diálogo bilateral. La reacción ante la pederastia supone, en suma, un foco de desgaste para la jerarquía, más aún cuando los abusos a menores han metido a la institución a nivel mundial en una profunda crisis que ha llegado a cuestionar incluso el papel del Vaticano, incluidos Juan Pablo II y Benedicto XVI por su reacción ante las aberraciones de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.

Juan Cuatrecasas, padre de una víctima de abusos en el colegio Gaztelueta del Opus Dei de Leioa, señala que a pesar de todo este coste el episcopado español sigue prefiriendo pagar la factura y mantener su estrategia que coger el torno por los cuernos. A su juicio, todos los tímidos avances realizados han sido a remolque del papa Francisco, que ha ordenado abrir oficinas para las denuncias, y del Gobierno, que ha impulsado una nueva ley de infancia. Y en cualquier caso resultan totalmente insuficientes, afirma.

"La Iglesia española no da ni un paso por sí mima. Minimiza el problema dando cifras increíbles, en una actitud que ofende a las víctimas. Cuando dice que la Iglesia española no va a ser proactiva, Argüello vulnera el mandato del papa, la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Convención de Derechos del Niño", afirma Cuatrecasas, también presidente de la Asociación Infancia Robada, que lamenta la "total falta de independencia" de las oficinas abiertas en las diócesis, a las que ve carentes de utilidad tanto desde el punto de vista de las víctimas como de la transparencia para la opinión pública. Lo cierto es que nadie aclara bien en qué consiste su funcionamiento, mientras Luis Argüello recalca que las denuncias son "mínimas". Javier, la víctima de Astorga, afirma que él ha recibido en la oficina a la que acudió un trato "repugnante". "Y eso que el mío es un caso reconocido", señala. Otra de las medidas de la Iglesia que recibió críticas fue la creación en 2018 de una comisión supuestamente para investigar abusos que colocó al frente a un obispo que había sido acusado de encubrimiento.

Efecto disuasorio

"Lo que consiguen al final [los obispos] es que la gente, viendo la actitud que tienen, no se meta. Porque esto es muy duro, muy duro", añade Javier. Coincide Gaztelueta, a cuyo juicio las alusiones a posibles denuncias interesadas –"serán una cantidad nimia, nadie se quiere meter en algo tan dramático porque sí"–, el rechazo a la imprescriptibilidad de los delitos y los comentarios quitando hierro al problema suman fuerzas para lanzar un efectivo mensaje disuasorio. Además, lamenta, las críticas son vistas como "ataques a la Iglesia", en vez de como intentos de "limpiar la Iglesia". Hay que tener en cuenta que entre las víctimas y los familiares hay, por supuesto, numerosos católicos.

¿Qué le reclamaría a la Iglesia para encarar el problema? Gaztelueta cita cuatro exigencias: 1) Un informe como el francés, por profundidad e independencia; 2) Política de "ventanas abiertas", porque aún "se sigue negando información" pese al levantamiento del secreto pontificio; 3) Oficinas de denuncia con profesionales independientes; 4) Escucha real a las víctimas en los foros en que la Iglesia aborda la cuestión.

Por último, reclama al papa Francisco que tome cartas en el asunto y "llame la atención a la Iglesia española". "Para las víctimas es insoportable. Cada vez que alguien de la Conferencia Episcopal habla de este tema, es como que te claven una daga", añade.

Ending Clergy Abuse: "España e Italia, rezagados"

La ecuatoriana Sara Oviedo, miembro fundador de la organización internacional Ending Clergy Abuse, una de las autoras del informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU que acusó en 2014 al Vaticano de encubrir a sus clérigos pederastas, se muestra favorablemente impresionada por el ejemplo de la Iglesia francesa, que a su juicio marca "un camino" para el resto de países. No son muchos, dice, los que merezcan un comentario de reconocimiento. Oviedo cita a Francia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos como países que han ido más lejos que España, país al que ve en línea con las iglesias católicas de América Latina, donde hay más inacción.

"España e Italia están rezagados", dice Oviedo. ¿Motivo? Al igual que Cuatrecasas, la representante de Ending Clergy Abuse destaca el peso histórico de la Iglesia en España, país que salió de una dictadura nacionalcatólica de ultraderecha a finales de los 70, pero también la escasez de exigencia social. Para que la Iglesia española se mueva, Oviedo cree que es necesario que la "presión" de la sociedad civil llegue a la cúpula de la Iglesia.

La Junta de Extremadura ha remitido a Fiscalía información sobre el caso de las dos alumnas del colegio Alba Plata de Cáceres cuyos padres no quieren que usen mascarilla en el aula, por lo que la Junta de Extremadura ha prohibido el acceso a las clases de las dos hermanas, de 3º y 5º de primaria, hasta que no usen esa medida de protección contra los contagios por coronavirus, informa Europa Press.

El expediente gubernativo ha llegado a la Fiscalía Superior de Extremadura pero, al no ser éste el órgano competente para asumir la investigación del caso, se va a remitir a la Fiscalía Provincial de Cáceres, según ha confirmado este jueves la propia fiscal jefe provincial, Marta Abellán, que, no obstante, ha indicado que desconoce los términos de la denuncia porque todavía no se ha recibido en la Fiscalía Provincial, por lo que no sabe nada "formalmente".

Abellán, que ha presentado en rueda de prensa la memoria del órgano judicial, ha estado acompañada por la teniente fiscal y fiscal de menores, Yolanda Forte, que será quien se encargue de las diligencias de investigación, sobre la que ha indicado que habrá que estudiar "todas" las circunstancias que se derivan de este caso, cuyos detalles conoce solo por los medios de comunicación.

No obstante, Forte ha avanzado que la fiscalía de menores "velará por los derechos y el interés de las dos menores" y ha añadido que el derecho a la educación es uno "fundamental". "Si cercenas el derecho a la educación estás privando a esa persona de su vida futura, de sus acciones, de su opción a formarse, a desarrollarse, etc", ha resaltado.

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A la pregunta de cómo se puede proceder en el caso de que la familia siga en sus treces de no llevar a las dos niñas al colegio, Forte ha recordado que existe un protocolo de absentismo escolar y "en varios casos en los que se puede constatar una intencionalidad o una dejación intencial de los deberes parentales de los progenitores o tutores, se ha llegado a formular denuncia por abandono de familia".

"Es un delito que se recoge en el Código Penal", ha subrayado la fiscal de menores, que añade que una vez que se derivan todas las diligencias se debe velar por la protección de los derechos de los menores. "En este caso, nos derivarán las diligencias y veremos qué incidencia tiene la decisión de los padres de no permitir el acceso a sus hijas al colegio", ha subrayado.

Forte ha insistido en que lo que compete al fiscal de menores es "velar por que los derechos de esas dos menores sean respetados, incluido el derecho a la educación", ha concluido, que insiste en que habrá que investigar "múltiples circunstancias" como la postura de los padres, la decisión del centro y de la propia Administración regional para dirimir las responsabilidades de este caso.

El nuevo Fiscal de Sala Coordinador de Menores, Eduardo Esteban, se ha mostrado preocupado por el "desorbitado" número de menores migrantes solos que llegaron a Ceuta hace tres semanas y que permanecen acogidos en "almacenes"; ha avisado de que "puede producirse una situación de riesgo de orden público" y ha descartado tajantemente su devolución "en masa", según informa Europa Press.

"No solo en Ceuta, también en Canarias, pero ahora mismo en Ceuta tenemos una acumulación de menores tan desorbitada que la situación es preocupante, incluso puede llegar a producirse alguna situación de riesgo de orden público porque los centros donde están estos menores, bueno, centros por llamarlos de alguna manera, son almacenes pero están cumpliendo una función de centros de protección y no pueden ser cerrados", ha explicado Esteban en una entrevista con Europa Press.

Según ha precisado, si los menores salen se puede producir "una dispersión" pero "si no se les permite salir puede producirse una situación de riesgo de orden público porque están en esa situación de hacinamiento, de malestar evidente".

El Fiscal se refiere a los niños y niñas que cruzaron la frontera los días 17 y 18 de mayo. Precisamente, para poder atender en condiciones a estos menores recién llegados, el Gobierno acordó con las comunidades autónomas el reparto de otros 200 niños y niñas que ya se encontraban acogidos en Ceuta desde antes de esa entrada masiva. Los primeros de esos menores ya salieron el pasado viernes camino de Baleares.

Si bien, los menores recién llegados siguen en Ceuta y, tal y como advierte el Fiscal, están acogidos "no en centros sino en almacenes que no reúnen los requisitos ni las condiciones, nada más que para una urgencia".

Por ello, propone buscar "una solución" para reintegrarlos, aunque ha puntualizado que "parece que la reagrupación no va a ser la solución" porque solo unas siete familias han manifestado el deseo de que sus hijos regresen con ellas a Marruecos. En todo caso, ha apostado por ir "caso por caso" para conseguir estas reagrupaciones.

Lo que sí descarta tajantemente es una devolución "en masa" de todos los menores. "Es imposible y el procedimiento de devolución se tiene que basar en criterios asistenciales. Tiene que ser un expediente individualizado", ha subrayado Esteban.

No a las devoluciones en caliente de menores

Además, sobre las denuncias presentadas por diferentes ONG sobre posibles devoluciones en caliente de menores, Esteban ha puntualizado que "con la legislación española en la mano, ni esas llamadas devoluciones en caliente ni una devolución en masa serían posibles respecto de menores". También ha precisado que la Fiscalía de Ceuta ya ha abierto una investigación.

"Partiendo del vídeo, si conseguimos identificar a las personas, policías o militares que realizaron ese acto de devolución inmediata, les tomaríamos declaración e intentaríamos averiguar quién dio la orden de que se procediera de esa forma. O si fue una decisión que tomaron los propios agentes, en ese caso, cada uno tendría que asumir su responsabilidad", ha explicado.

En concreto, ha indicado que, podría haber "una responsabilidad penal" según la forma de la orden, o "una responsabilidad administrativa o política", aunque ha precisado que se deben valorar los hechos en sus circunstancias. "Entraron más de 10.000 personas en menos de 24 horas y aquello era un absoluto caos", ha recordado.

El Fiscal también ha condenado "la intención de criminalizar" a los menores extranjeros no acompañados, en alusión a la campaña de Vox para las elecciones de Madrid, y ha rechazado el acrónimo MENA. "Nos parece lamentable porque desde que un menor pone el pie en España surge la obligación de tratarlo como a un menor español", ha defendido.

En cuanto a la determinación de la edad de los menores, Esteban ha detallado que los fiscales han iniciado el procedimiento de determinación de la edad de 150 de los niños y niñas que llegaron en la entrada masiva a Ceuta.

"Es un proceso complejo porque hay que someterlos a radiografías", ha concretado. Estos expedientes se abren cuando existen dudas sobre la minoría de edad. No obstante, mientras las pruebas no demuestren lo contrario, la ley obliga a considerarlos menores de edad.

Desnudos integrales para determinar la edad

Precisamente, la recientemente aprobada ley de protección a la infancia, prohíbe la realización de desnudos integrales y exploraciones genitales para la determinación de la edad.

En concreto, el Fiscal ha precisado que hay tres vías para determinar la edad: las pruebas documentales, "lo más fiable"; las pruebas radiológicas, que pueden dar un arco de dos años, y el examen físico, que puede ir acompañado de un examen psicológico.

"El legislador ha optado por prohibir los desnudos integrales, pero hay otras formas de examen. En todo caso, los desnudos integrales siempre se han hecho con todas las garantías", ha defendido.

En cuanto a los menores extranjeros solos que llegan a la mayoría de edad, el Fiscal ha dicho que las comunidades "no pueden dejar en la calle sin más" a estos jóvenes al cumplir los 18 años y echa "de menos" la "premura" para poner en marcha los trámites para que los chicos y chicas tutelados obtengan una autorización de residencia.

Sobre la ley de infancia, el Fiscal ha destacado como positiva la necesidad de especialización de los jueces y fiscales que contempla la norma, aunque ha precisado que en las fiscalías es "donde menos hace falta" esa especialización porque "ya existe".

Plazo de prescripción de abusos

Acerca del aumento en el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores, que comenzará a contar a partir de que la víctima cumpla 35 años y no 18, como hasta ahora, a Esteban le parece correcto y considera que "favorece el apoyo a las víctimas", aunque reconoce que en el ámbito jurídico puede resultar "chocante" y a algunos les parece "un poco exagerado".

"La experiencia demuestra que uno no se libera automáticamente al cumplir los 18 años de todos los traumas que te han impedido poner de manifiesto los sufrimientos que has tenido cuando eras niño. Lo que hacemos es ampliar el arco para que haya más posibilidades de poderse liberar de esas ataduras, de contar lo que te pasó", ha declarado.

Por otro lado, preguntado por la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que cumple 20 años, y por si funciona el sistema de reinserción, ante casos como el del Rafita, que fue condenado por participar, cuando tenía 14 años, en el asesinato de Sandra Palo, y que la semana pasada fue detenido como líder de una banda especializada en robos, el Fiscal ha indicado que "es un fracaso de los mecanismos", pero ha defendido la importancia de la reinserción.

"Que un delincuente no se recupere, que reincida, es un fracaso del Estado, pero el fracaso es mucho mayor si cuando se cometió el delito, la persona estaba en fase de formación", ha apostillado Esteban, añadiendo que, más allá de casos concretos como el del 'Rafita', el nivel de no reincidencia en menores "supera el 70%".

Preguntado por si considera que debería modificarse la edad a partir de la cual los menores son imputables y responsables penalmente, los 14 años, Esteban considera que es una edad "suficiente".

Atendiendo a la pandemia, el Fiscal no cree que se haya criminalizado a los jóvenes aunque sí considera que "se ha focalizado en ellos", mostrando determinados actos propios de la edad, como los "botellones", aunque precisa que "el problema es de todos". "No es que los jóvenes sean más responsables de la pandemia", ha asegurado.

Además, según ha señalado, no han apreciado cambios significativos en cuanto a los delitos cometidos por menores durante la pandemia, aunque ha señalado que en los últimos años se viene produciendo un aumento en el número de menores imputados por violencia doméstica.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este miércoles la condena a prisión permanente revisable dictada contra Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, de 8 años de edad, ocurrido en febrero de 2018 en una finca de Rodalquilar, en Níjar (Almería), según informa Europa Press.

Los magistrados han desestimado los recursos de casación interpuestos por la defensa de Quezada y por la acusación particular, ratificando así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la condenó a prisión permanente revisable por un delito de asesinato hiperagravado y a dos años y medio de prisión por dos delitos contra la integridad moral de los padres del niño, pero la absolvió de los delitos de lesiones psíquicas contra ambos progenitores.

La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, que ejerce la acusación particular, recurrió en casación al Tribunal Supremo por considerar que los jurados no motivaron "suficientemente" su decisión en lo relativo a la exclusión del hecho referido al ensañamiento y que la magistrada-presidente entró a dar opinión tanto en relación a la agravante de ensañamiento como al resultado de la prueba pericial al dar las instrucciones a los jurados.

Quezada también acudió al TS alegando que sus derechos a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías se habían vulnerando. Esgrimió igualmente una "falta de motivación en el veredicto" y que la magistrada-presidente "guió" a los jurados y, además, intentó librarse de los delitos contra la integridad moral y sostuvo que no se habían apreciado correctamente una serie de agravantes, atenuantes y eximentes, como la de actuar bajo la influencia de drogas.

La condenada alegó asimismo ante el Supremo que no había recibido un juicio justo "al estar el tribunal afectado de falta de imparcialidad, debido a la desmedida y excepcional repercusión mediática del caso", por lo cual solicitó la nulidad del juicio y retrotraer las actuaciones hasta el momento de dictarse la resolución judicial que acuerda seguir la causa por los cauces del jurado popular.

El Supremo ha considerado un hecho probado que, "una vez en la finca de Rodalquilar, la acusada, de forma intencionada, súbita y repentina, cogió a Gabriel y lo lanzó contra el suelo o pared de la habitación y, tras el impacto del niño, procedió la acusada con sus propias manos a taparle la boca y la nariz con fuerza hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento".

Además, la sentencia relata cómo, "tras la muerte de Gabriel, la acusada de forma intencionada cavó una fosa en los exteriores de la finca de Rodalquilar y, como quiera que uno de los brazos del niño no cabía, le propinó diversos cortes con un hacha, provocando la fractura del cúbito y radio".

Un asesinato hipergravado

Para el alto tribunal tampoco hay duda de que se trata de un delito hiperagravado por cuanto "el ataque se produce en el marco de una relación de confianza, en un lugar solitario y alejado, a donde el menor se dirigió a propuesta de la acusada, sin tener la más mínima previsión de riesgo", ya que "de lo contrario no hubiera aceptado acompañarla".

Así, ha subrayado que no solo accedió a ir con ella a la finca de Rodalquilar por la relación sentimental –"análoga a la matrimonial"– que Quezada mantenía con su padre, sino que la condenada "era consciente de su superioridad respecto del niño, por la diferencia de edad y complexión", y se abalanzó sobre él "de forma intencionada, súbita y repentina", sin "prolegómenos o actos previos de los que deducir tal reacción".

El Supremo ha estimado, por tanto, que "concurren una serie de circunstancias bien definidas, intencionadamente utilizadas y aprovechadas por la acusada para un fin, matar al menor, sin riesgo para ella, que conjuntamente consideradas, determinan una situación de total indefensión del niño". "No tuvo posibilidad de defensa", ha aseverado.

"Farsa pública y notoria"

El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, tampoco pone en duda los delitos contra la integridad moral de los padres, por considerar que "la doctrina del autoencubrimiento no justifica la conducta de la procesada".

En este punto, enfatiza que la búsqueda del niño duró once días durante los cuales Quezada "simuló encontrarse afligida y compungida, alentando los ánimos de los familiares, y generando falsas expectativas sobre la aparición del niño, involucrándose en las labores de búsqueda, desarrollando una actitud de simulación, fingimiento y farsa pública y notoria".

En concreto, destaca que, "con la intención de distraer la atención en la búsqueda del niño y con la finalidad de dirigir las sospechas sobre su ex pareja, así como con la intención de añadir más sufrimiento a los padres, colocó una camiseta de Gabriel sobre unas matas, en un cañaveral de un paraje apartado y de difícil acceso".

El 11 de marzo de 2018, cuando Quezada volvió a la finca de Rodalquilar para desenterrar el cadáver y trasladarlo en coche, "con el niño en el maletero y con absoluto menosprecio hacia Gabriel, profirió expresiones como 'donde lo puedo llevar, a algún invernadero, ¿no quieren un pez?, les voy a dar un pez por mis cojones'", ha detallado el TS.

A juicio del Supremo, "los actos de pública farsa y falsas esperanzas a los padres, no solamente exceden del derecho de autoencubrimiento, sino que socavan la moral de los padres y acrecientan su sufrimiento, por lo que deben ser penados como delitos contra la integridad moral".

Ni lesiones psíquicas ni ensañamiento

En cuanto al recurso presentado por la madre de Gabriel, que pretende que el Supremo condene a Quezada por el delito de lesiones psíquicas que descartó el TSJA, el TS ha indicado que "no puede penarse" porque "no hay base en los hechos probados para tal calificación jurídica, por haberse expresamente descartado la misma".

El Supremo ha razonado que "en los sucesos de esta naturaleza, terribles por el dolor moral que infligen a los seres queridos de la persona primeramente desaparecida y después encontrada asesinada, el daño moral es muy grave, grande e intenso y, en los casos extremos, ordinariamente concursarán con uno o varios delitos contra la integridad moral, teniendo por sujetos pasivos aquellos parientes a los que se golpea duramente".

Fuera de ello, ha explicado, "el concurso con otros delitos, como el aquí estudiado de lesiones psíquicas no es imposible, pero se deberá acreditar un menoscabo en su salud psíquica que curse en una enfermedad mental configurada por una patología plenamente acreditada mediante los oportunos dictámenes periciales" y, en este caso, el TSJA "ha dejado sin efecto tal resultado, de modo que no queda sino el delito contra la integridad moral".

De la misma forma, el alto tribunal ha desechado el argumento sobre "la falta de motivación del jurado para descartar la agravante de ensañamiento". "No hay tal", ha afirmado, apuntando que "el jurado lo razona ateniéndose a la prueba pericial médico forense, a la que concede mayor fiabilidad que a la pericial de parte". "El veredicto, por consiguiente, está perfectamente motivado, y no hay razón alguna para su anulación y devolución para la celebración de un nuevo juicio", ha concluido.

A Santiago Abascal le entusiasma la posición del presidente de Estados Unidos ante los crecientes altercados de base racial en Estados Unidos. "¡Bien por Trump! En España el PSOE los sientan en el consejo de ministros y en el CNI", escribe el presidente de Vox en Twitter junto a un mensaje de Donald Trump anunciando que declarará grupo "terrorista" a la organización "Antifa". Otros dirigentes ultraderechistas también alaban a Trump, acusado de alimentar la tensión con sus declaraciones incendiarias. Vox también ha atizado el fuego de la cuestión racial y migratoria en España en plena crisis, señalando con el dedo la inmigración, justo cuando ha experimentado una caída a raíz de la pandemia, y vinculándola con contagios e inseguridad, además de con gasto sanitario, e incluso acusando a los extranjeros sin papeles enfermos de recibir trato de favor.

Este lunes Vox dio un paso más en el señalamiento al afirmar que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) supondrá "un efecto llamada a gritos", a pesar de que el decreto que regula esta prestación indica que sólo pueden acceder a ella los extranjeros con residencia legal en España de al menos un año, así como víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, aunque no tengan residencia legal.

infoLibre repasa las iniciativas de Vox que señalan a los inmigrantes como focos de contagio, violentos o beneficiarios de trato de favor a lo largo de toda la crisis. El PP también ha alertado del "efecto llamada" de las políticas del Gobierno.

Riesgo de contagio

El elemento central de las alertas de Vox: inmigrantes contagiosos. Vox presentó el 20 de abril una pregunta sobre las "medidas previstas para que la llegada de inmigrantes en patera no se convierta en foco de infección paralelo por covid-19 en España, así como medidas alternativas puestas en marcha para hacer frente a las oleadas de inmigrantes ilegales a las costas españolas" [ver aquí]. Formularon la pregunta siete diputados, entre ellos Rocío de Meer, con escaño por Almería y portavoz de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La pregunta alude a un documento de la Unión Federal de Policía (UFP), según el cual los "centros de acogida de inmigrantes procedentes de patera [sic] se convertirán en el segundo gran foco de infección[...]". "Teniendo en cuenta la imposibilidad de expulsión [...], se abre un frente peligroso en el marco de las llegadas masivas de inmigrantes ilegales", señala Vox, que alerta de un "peligro para la salud pública".

En una pregunta de 7 de abril firmada por el diputado por Almería Carlos Hugo Fernández-Roca, Vox se interesa por la "seguridad sanitaria" de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas ante el "asalto" y la "entrada masiva y violenta" por la valla de Melilla [ver aquí]. El Gobierno garantiza la protección de los agentes en su respuesta [ver aquí].

La diputada por Ceuta María Teresa López pregunta el 13 de abril por qué "no se han llevado a cabo las devoluciones en caliente avaladas en enero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" [ver aquí]. El escrito está centrado en Melilla. La pregunta expresa el temor a que "unos 50 inmigrantes" que han saltado la valla estén contagiados. "Con la población inmigrante que soporta Melilla en estos momentos, ¿tiene el Gobierno un plan de emergencia en caso de que se produzca un contagio masivo entre esa población?". Vox se interesa además en esa pregunta por el lugar para acoger a los subsaharianos que se encuentran en el CETI [Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes] de Melilla", así como las medidas en caso de "contagio masivo entre dicha población". La respuesta del Gobierno es esta: "Se verá en cada caso si procede la expulsión, pero, de ser así, no podrá materializarse hasta que no se normalice la situación de las fronteras, cerradas por la actual crisis sanitaria" [ver aquí]. Otra pregunta de María Teresa López alerta de un posible "contagio masivo" en los CETI. "¿Tiene el Gobierno un plan de urgencia?" [ver aquí].

Carla Toscano, diputada por Madrid, pregunta el 4 de mayo por las "medidas previstas para evitar el contagio en los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes de la Comunidad de Madrid" [ver aquí]. El "peligro de contagio" también forma parte de la argumentación que llevó a Vox a solicitar la comparecencia en el Congreso del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, tras haber defendido liberar a los internos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) al ser imposible expulsarlos durante la crisis. "¿Se ha realizado las pruebas de la covid-19 a estos detenidos para saber si son un peligro de contagio para el resto de la sociedad? ¿El estado de alarma supone un incumplimiento de las normativas relativas a las políticas de inmigración ilegal?", preguntaba Vox el 25 de marzo [ver aquí]. La posición del partido es esta: "Una vez finalizado el estado de alarma, todos los ilegales internos deben ser expulsados". Vox defiende la permanencia de los inmigrantes en los CIE durante el estado de alarma, a pesar de que numerosas ONG han alertado del riesgo de contagio en estos centros, a menudo saturados.

El peligro de infección de los inmigrantes no es un interés exclusivo de Vox en el Congreso. El partido preguntará este jueves en el pleno del Parlamento andaluz, donde es sostén del Gobierno de PP y Cs, por "inmigrantes irregulares contagiados por el covid-19" [ver aquí]. Este periódico preguntó a Vox Andalucía si disponía de datos sobre contagios de inmigrantes, sin respuesta.

Altercados y menores

La diputada por Ceuta María Teresa López se interesa el 15 de abril por la fecha prevista para un traslado de inmigrantes [ver aquí]. "El Pabellón La Libertad que Delegación del Gobierno en Ceuta se incautó [sic] de la Ciudad Autónoma debido al estado de alarma y con el objetivo de acoger a inmigrantes, menores extranjeros no acompañados que estaban en las calles [...] está ocasionando innumerables altercados [...] donde a diario se están produciendo peleas, enfrentamientos e intentos de suicidio", indica Vox.

El Gobierno responde que la clausura por parte de Marruecos del paso fronterizo de Tarajal provocó que "numerosos ciudadanos marroquíes trasfronterizos quedasen atrapados en Ceuta sin un domicilio propio y sin posibilidad de retorno" [ver aquí]. El Polideportivo La Libertad se utiliza para el alojamiento de estos inmigrantes, mientras el CITE sigue el criterio de acoger a "extranjeros en situación irregular de otras nacionalidades, así como solicitantes de asilo". En cuanto a la seguridad en el centro, está a cargo de la misma la Comunidad de Ceuta, informa el Gobierno.

López había preguntado por este mismo tema con anterioridad, el 2 de abril [ver aquí]. Le preocupaba a la diputada que 200 inmigrantes y menores no acompañados ocupasen plazas en el Pabellón La Libertad y en el Polideportivo Santa Amelia de Ceuta. Y preguntaba: "¿Cuándo piensa el Gobierno llevar a cabo ese traslado para dejar libres esos pabellones que en la situación de estado de alarma en la que nos encontramos pueden ser necesarios para necesidades de asistencia a los ceutíes?". El Gobierno responde seca y parcialmente: la competencia sobre acogimiento y protección de menores es de la Ciudad Autónoma de Ceuta [ver aquí].

Juan José Aizcorbe, diputado por Barcelona, también se interesa el 3 de abril por los menores en plena pandemia. Concretamente, quiere saber si todas las comunidades "realizan las mismas pruebas y el mismo protocolo" para medir la edad de los menores [ver aquí]. "Existen numerosas situaciones de fraude de ley, con el objeto de acogerse al régimen de minoría de edad para evitar un expediente de expulsión y obtener un régimen favorable en cuanto a acceso a futuros permisos de residencia y trabajo". El Gobierno responde que la decisión es de los médicos [ver aquí].

Vienen a por "atención sanitaria"

María de la Cabeza Ruiz, diputada por Madrid, aparece como primera firmante de otra pregunta que ya contiene en sí misma una afirmación: "Permisividad del Gobierno ante la llegada de inmigrantes ilegales sin control sanitario a nuestras costas, así como medidas previstas contra las ONG que siguen ejerciendo de taxistas de las mafias traficantes de seres humanos en medio de una pandemia" [ver aquí]. Fue presentada el 20 de abril. "Nada se hace para controlar la llegada de inmigrantes ilegales que siguen desembarcando en nuestras costas con la ayuda de las ONG sin ningún tipo de control, sin saber cuántos de ellos pueden estar contribuyendo a expandir la pandemia", señala el texto. "Cientos de inmigrantes, apoyados en las mafias y con la colaboración necesaria de las ONG, planean alcanzar nuestras costas donde pretenden encontrar [...] la atención sanitaria que no podrán recibir en sus países de origen".

Vox pregunta al Gobierno si "va a seguir permitiendo que cientos de inmigrantes ilegales sin control sanitario sigan llegando a nuestras costas y saltando nuestras vallas, poniendo en grave riesgo la salud [...] de todos los ciudadanos españoles". También pregunta por medidas "contra las ONG" que hacen de "taxistas" de las "mafias". Y vincula directamente la llegada de inmigrantes con la posible saturación del sistema sanitario: "¿Cree que el Gobierno que nuestro sistema sanitario podría soportar [...] el recrudecimiento de la situación que podría ocasionar la entrada descontrolada de inmigrantes [...]?

infoLibre ha preguntado a Vox por su posición sobre el fin de la cuarentena para turistas a partir del 1 de julio, así como sobre la entrada del príncipe belga Joaquín, sin respuesta.

En "hoteles de lujo"

Vox acusa al Gobierno de reubicar inmigrantes ilegales en "hoteles de lujo". Así se titula una pregunta, presentada el 15 de abril, con la firma de Rocío de Merr: "Pretensión del Gobierno de reubicar a todos los inmigrantes ilegales que supongan un riesgo en hoteles de lujo, facilitación de los mismos medios a todos los españoles y efecto llamada que esta política conllevará" [ver aquí]. "Se ha conocido por diversas publicaciones en medios y evidencias fotográficas, la ubicación de los recién llegados [siete inmigrantes llegados a Almería positivo por coronavirus, según Vox] en el Hotel Cabo de Gata Senator****, disponiendo de todos los medios de protección a su disposición (mascarillas, EPIS, pantallas protectoras, gel hidroalcohólico...)". Vox pregunta al Gobierno si "pretende reubicar a todos los inmigrantes ilegales que supongan un riesgo en la actual crisis sanitaria en hoteles de lujo" y si "va a facilitar los medios medios a todos los españoles que llevan un mes demandando". Y concluye: "¿Es consciente el Gobierno del efecto llamada que esta política conllevará?".

Esta pregunta ya tiene contestación del Gobierno. Brevísima. "El Gobierno actúa para evitar situaciones de desamparo entre los sectores más vulnerables durante la vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Extranjería" [ver aquí].

Los inmigrantes a los que se refiere Vox fueron trasladados al Hotel Cabo de Gata Senator Hotes & Resorts, en Almería, de cuatro estrellas, tras negar el Ayuntamiento de Alhama su envío a dicho municipio, según informó Ideal. Cruz Roja agradeció públicamente al hotel la cesión de sus instalaciones.

Antes de esta, Vox ya hizo al menos dos primeras preguntas sobre estos siete inmigrantes: "¿Dónde han sido ubicados finalmente los inmigrantes ilegales que han dado resultados positivos? ¿Se van a garantizar las condiciones que impidan su contacto y foco de contagio? ¿De qué manera?" [ver aquí y aquí].

La llegada de los inmigrantes a Almería también da cobertura a otra pregunta de De Meer, de 14 de abril [ver aquí]. "¿Tiene previsto el Gobierno cerrar los puertos definitivamente a la llegada de inmigrantes ilegales?", señala. Vox ha dado mucho protagonismo al caso de los inmigrantes a Almería, incluida una comunicación en su web: "Vox pregunta por la llegada de inmigrantes contagiados por covid-19 a Almería".

Reforzamiento de fronteras

Otra pregunta de 15 de abril, también de De Meer, se interesa por cómo se va a garantizar que los expedientes de "expulsión sea ejecutados cuando sea posible el retorno a los países de origen" [ver aquí]. Se trata de evitar que el desalojo de los CIE para evitar contagios impida que se ejecuten las expulsiones.

A la preocupación de no poder expulsarlos se suma otra: que entren. "¿Tiene previsto el Gobierno reforzar los controles para evitar la entrada de inmigrantes?", pregunta De Meer el 14 de abril [ver aquí]. La respuesta es genérica y defiende que se actuará "buscando en todo caso una inmigración ordenada y regular, ajustándose a las restricciones derivadas del estado de alarma". [ver aquí].

También De Meer pregunta el 14 de abril si hay previsión del Gobierno de "exigir al Reino de Marruecos el control de salida de sus fronteras para evitar la llegada de inmigrantes" [ver aquí]. Se alude de nuevo a que ello supone "un peligro para la salud pública". Según la Universidad Johns Hopkins, Marruecos tiene 7.819 casos confirmados y 205 muertes, cuando España se acerca a las 30.000 muertes. El Gobierno defiende la cooperación con Marruecos y señala que "las llegadas irregulares a España en 2020 han disminuido hasta el 5 de mayo un 26%. [ver aquí]

La idea de una "oleada" o un "repunte" salpica los escritos de vox. El diputado por Almería Carlos Hugo Fernández-Roca firma junto a De Meer el 5 de mayo una pregunta que señala que han llegado 50 personas al puerto de Almería, dos más a nado a Melilla y otras tres más a Níjar, citando "informaciones publicadas". "¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para preservar la seguridad sanitaria de los almerienses ante un previsible repunte de la llegada de inmigrantes?" [ver aquí]

Pasar la factura al país de origen

Vox pretende que el Gobierno exija a los países de origen de los inmigrantes llegados irregularmente el pago de las pruebas y tratamientos. Así lo reclama en una pregunta de 14 de abril, también de De Meer [ver aquí]. "No sólo no se ha detenido la llegada de inmigración ilegal a nuestras costas, sino que además ha resultado confirmada la primera entrada de inmigrantes ilegales contagiados por covid-19". Se refiere a los llegados a Almería, un caso al que Vox ha sacado jugo. "¿Va a exigir el Reino de España a los países de origen de los inmigrantes ilegales la remuneración por los tratamientos y pruebas médicas dispensadas a sus nacionales".

La respuesta del Gobierno llegó el 21 de mayo: no [ver aquí]. "No es intención del Gobierno exigir a los países de origen de las personas en situación irregular la remuneración por tratamientos o pruebas médicas dispensadas a sus nacionales". La respuesta señala que uno de los "ejes" de la política migratoria es "la protección de las personas más vulnerables, sobre todo en contextos humanitarios frágiles".

Vox se interesa, en un escrito firmado el 13 de marzo y presentado el 14, día de declaración del estado de alarmapor unas palabras del ministro José Luis Escrivá que señalaban que el Gobierno orientaría su política migratoria a la "solidaridad". La pregunta lleva por título: "Criterios que priorizará el Gobierno para ayudas a los inmigrantes en el caso de que la solidaridad choque con la legalidad" [ver aquí]. "¿Qué priorizará? ¿La solidaridad o la legalidad? ¿Cómo piensa afrontar el Gobierno el choque entre la legalidad y la solidaridad?". "El consenso que se pide a todos los grupos es precisamente para evitar que la solidaridad y la legalidad entren en conflicto", responde el Gobierno [ver aquí].

PP: "Efecto llamada"

El PP emplea una retórica y unos planteamientos más suaves. Las preguntas son de este tenor: ¿Cuántos inmigrantes está previsto que lleguen? [ver aquí], ¿cuántos han llegado de manera irregular saltando las vallas? [ver aquí], ¿cómo se protege a los agentes en los "saltos de la valla"? [ver aquí]. Lo que sí introduce el PP es el "efecto llamada". El 8 de abril, a través de su diputada María Auxiliadora Pérez, planteó si el Gobierno consideraba que la decisión de no trasladar a los inmigrantes a los CIE en Canarias podía generar "un efecto llamada" [ver aquí]. El Gobierno respondió en sentido negativo [ver aquí]. "Además del internamiento en el CIE, [la ley] establece otras medidas como la presentación periódica ante las autoridades policiales, la residencia obligatoria en un determinado lugar o la retirada del pasaporte", señala la respuesta. La base de la pregunta era que "la llegada irregular de inmigrantes, tanto por mar como saltando la valla" en Ceuta y Melilla, "se agrava en verano".

La diputada Teresa Angulo, en una pregunta de 26 de marzo, se interesa por las medidas para evitar la "expansión" del virus en los CIE "para la protección de las personas inmigrantes residentes y del personal que presta sus servicios [ver aquí]. "El número de internos se está reduciendo por agotamiento de los plazos máximos (60 días) de internamiento sin que pueda materializarse el retorno e imposibilidad de llevar a cabo la repatriación", responde el Gobierno [ver aquí].

Juana Rivas ha pedido al sistema judicial que confíe en los informes de los servicios sanitarios españoles, que han recomendado que "se proteja inmediatamente" a sus hijos "porque están en una situación de peligro", informa Europa Press.

En un comunicado, la madre de Maracena (Granada), condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores tras no entregar en 2017 a sus hijos alegando una supuesta situación de maltrato, hace alusión al periodo vacacional que está pasando con los niños, de 13 y cinco años, en España, y que está previsto se prolongue hasta el 14 de agosto, cuando han de volver a Italia con su padre, Francesco Arcuri.

"Me condenaron por proteger a mis hijos en lugar de confiarlos a la justicia, pero ahora, cada vez que denuncio, en lugar de investigar me dicen que estoy judicializando mi vida", ha señalado Rivas. "Si lo que quisiera es judicializar mi vida, cuando mis hijos llegaron a España y me relataron todo lo que les había pasado en los últimos días y los problemas que tenían para dormir por las pesadillas, habría ido a un juzgado, en lugar de llevar a mis hijos al pediatra", ha agregado.

Es el primer pronunciamiento de Rivas después de que interpusiera el pasado lunes ante la Audiencia Provincial un recurso de apelación para que revoque el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Granada que denegó la adopción de medidas cautelares para proteger a sus hijos antes de su vuelta a Italia.

El juzgado en que recayó la denuncia de esta madre frente a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por presunto delito de maltrato, lesiones y amenazas de muerte hacia los hijos de ambos, resolvió el pasado viernes no adoptar ninguna medida de protección sobre los menores y remitió el caso a la Justicia italiana.

Rivas pidió entonces a los poderes públicos, en una carta abierta, "ayuda urgente" para sus hijos y no "esperar" a que "ocurra una desgracia irreparable" si vuelven a Italia. "Yo los quiero a salvo, háganse cargo de ellos", señaló, aludiendo a la hoja médica del último ingreso hospitalario de los niños en Cagliari (Italia).

"Sospecha de maltrato"

El documento, consultado por Europa Press, señala, con fecha 13 de mayo de este año, que la causa del ingreso era una "sospecha de maltrato" y que se había solicitado "el alta voluntaria".

Asimismo, en el recurso presentado el pasado lunes por el abogado Carlos Aránguez en nombre de Rivas, se alude al informe elaborado posteriormente por la Coordinación de Salud Mental que activó la alerta del Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía.

Al parecer, según Aránguez, el citado informe, que fue remitido desde el Sistema Publico Sanitario a la Fiscalía de Menores, fue enviado desde el Ministerio Público al Juzgado de Instrucción, pero llegó después de que se dictara el auto recurrido.

En la denuncia, la madre exponía que, "preocupada por la sintomatología que presentan sus hijos (pesadillas, insomnio y cefaleas por parte del mayor y episodios de ira y agresividad por parte del pequeño cuando escucha algo referente a Italia)", acudió el 19 de junio al centro de salud de Maracena, localidad en la que reside, donde fueron atendidos y derivados a la unidad de Salud Mental.

"La situación de vulnerabilidad y riesgo para la integridad física y psicológica de los menores se ha plasmado en el informe emitido por la psicóloga coordinadora de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Atarfe", según se agregaba en la denuncia, en la que se pide que se dé traslado de estos hechos a Italia.

Salud mental comunitaria

En un comunicado emitido este jueves, Aránguez Abogados ha señalado que la "contundencia en el contenido" de los informes emitidos por la Unidad de Salud Mental Comunitaria exige "la aplicación urgente" de medidas "provisionales y cautelares" para proteger a los niños.

Este despacho de abogados está a la espera de que la Audiencia Provincial, que, a diferencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, ha indicado que "sí va a contar con los referidos informes para resolver" sobre las medidas cautelares solicitadas, se pronuncie antes de los días considerados hábiles, que comienzan en septiembre, "en base a la urgencia de la situación".

En este sentido, "la fecha límite es el próximo día 14", ha resaltado Aránguez Abogados, que confía en que se termine "acordando la protección de los dos menores españoles, cuya integridad física y psicológica está en grave riesgo".

Recurso ante el Supremo

Por otro lado, Rivas recurrió el pasado mayo ante el Tribunal Supremo la sentencia que la condena a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad por sustracción de menores, después de que en el verano de 2017 permaneciera un mes en paradero desconocido con sus hijos incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al padre.

Unas días antes, la Fiscalía italiana archivó por falta de pruebas las ocho denuncias que había presentado en los últimos años por maltrato contra su expareja. El Supremo, en España, por su parte, ha admitido a trámite el recurso.

La vicepresidenta de Infancia Libre, Rocío de la Osa, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, que ha acordado como medida cautelar que la guarda y custodia de su hija esté provisionalmente a cargo de una tía paterna con niñas de su edad, primas de la menor, según informa Europa Press. Ha sido citada en el Juzgado para tomarle declaración en el marco de una causa abierta por los presuntos delitos de sustracción de menores y amenazas, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La mujer estaba citada bajo apercibimiento de detención, dado que no había comparecido en anteriores citaciones, pero no ha sido necesaria su arresto puesto que ha acudido voluntariamente al Juzgado. La investigada se ha acogido a su derecho a no declarar y el juez ha acordado este mismo martes, como medida cautelar, que la guarda y custodia de la menor esté provisionalmente a cargo de una tía paterna con hijas de su edad. Tendrá que ser después un Juzgado de Familia el que finalmente decida sobre esta cuestión.

La investigada ha acudido voluntariamente al juzgado acompañada por los policías de la Unidad Adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, que la habían localizado en Granada y que, con anterioridad, ya han llevado a cabo otros tres procedimientos contra madres vinculadas a la asociación Infancia Libre. Concretamente, la Policía tenía la citación con el apercibimiento de detención. Tras localizar a la mujer, la ha trasladado al juzgado después de avisarle de que si no aceptaba sería detenida, por lo que no ha sido necesario su arresto ni un posterior auto de libertad.

La vicepresidenta de Infancia Libre ha sido citada a declarar en Granada por, presuntamente, retener a su hija incumpliendo resoluciones judiciales, según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Madrid.

Cuarto caso relacionado con infancia libre

Desde finales de marzo han sido detenidas cuatro madres vinculadas a Infancia Libre. La primera fue María Sevilla, arrestada el 30 de marzo en Cuenca al estar reclamada por la Justicia por un presunto delito de sustracción de menores, ya que tenía a su hijo de once años retenido, sin escolarizar y sin contacto con el exterior. El caso lo lleva el Juzgado de instrucción 27 de Madrid. Después de esta operación policial, hubo una segunda detención en la localidad madrileña de La Cabrera. Patricia González, también vinculada con Infancia Libre, fue acusada de sustracción de menores al fugarse con su hija de diez años e impedir que su padre tuviera contacto con ella desde febrero de 2017. Esa menor, que permanecía sin escolarizar, fue localizada en una finca acompañada de su madre y de su actual pareja. En ese caso, es el Juzgado 53 de Plaza de Castilla quien ha abierto un procedimiento.

El tercer arresto ocurrió el 21 de mayo junto al Hospital de la Paz en Madrid. Ana María Bayo fue detenida por el procedimiento abierto en un juzgado de Arganda (Madrid) tras cruzar denuncias con sus exparejas mediando problemas por la custodia de sus hijos menores de edad. En este caso, su hija Irene, de once años, sí estaba escolarizada.

Infancia Libre tuvo notoriedad en la pasada legislatura porque la propia María Sevilla compareció en el Congreso de los Diputados el 14 de marzo de 2017. Fue a la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, a petición de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, donde dio cuenta de varios casos de abusos intrafamiliares contra menores. Previamente, Infancia Libre también estuvo en la Asamblea de Madrid.

Una menor de 12 años ha tenido que ser trasladada este jueves a un centro hospitalario tras participar en el conocido como juego de la muerte, que consiste en estrangular el cuello hasta que la persona queda inconsciente. Los agentes de la Policía Local de Pinto han intervenido este jueves en la calle Alpujarras de la localidad en relación a esta práctica, según ha informado en redes sociales.

La menor ha sido estrangulada por otra persona hasta caer inconsciente y golpearse la cara. Sanitarios del Servicio de Emergencias PIMER-Protección Civil del Ayuntamiento de Pinto le han trasladado a un centro hospitalario.

Tras estos hechos, la Policía de Pinto ha pedido a los padres y profesores que alerten a los menores de los riesgos que conlleva "esta estúpida acción que puede causar graves daños neuronales e incluso la muerte".

La Fiscalía ha recibido un informe de la dirección del centro de Granada donde estudian los menores que han subido a las redes sociales un vídeo realizando el juego de la muerte en el que explica las medidas que se han adoptado con estos jóvenes tras tener conocimiento de su implicación en esta peligrosa práctica, consistente en ahorcar a alguien hasta dejarlo inconsciente.

Esta noticia se produce después de que la Policía Local de Granada detectara el pasado martes a menores de un instituto de la ciudad grabándose con el móvil y subiendo a redes sociales vídeos practicando este juegoredes sociales .

A la Fiscalía de Menores no le constan denuncias de los padres de estos adolescentes de Granada y está a la espera de recibir los resultados de la investigación de la Policía Local para estudiar el caso. Por su parte, la dirección del centro ha informado a la Fiscalía de las acciones que ha llevado a cabo hasta el momento. Así, ha mantenido un encuentro con los menores y sus padres para abordar lo sucedido y se ha explicado a los jóvenes los riesgos de esta clase de retos.

La Policía Nacional ha detenido al ex policía local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) Manuel Lebrón González tras ser denunciado por su exmujer por el secuestro de sus hijos Manuel y Violeta, de 9 y 10 años de edad, respectivamente, y ha localizado a los dos menores, que se encuentran en estos momentos en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante de Sevilla capital a la espera de ser entregados a su madre.

Un portavoz de la Policía Nacional ha informado de que el padre, que fue condenado a dos años y diez meses de cárcel por maltratar y someter a "continuas" vejaciones a su exesposa en presencia de los menores, ha sido detenido en el domicilio de su actual pareja sentimental, en Dos Hermanas, y además ha causado lesiones a dos de los agentes que han intervenido en la investigación, que han sido trasladados a un centro hospitalario.

El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter informando de la detención del padre de los menores en la localidad nazarena y de la localización de los dos niños, "que estarán muy pronto con su madre". "Gracias a todos por vuestra colaboración", ha indicado.