La reforma laboral de 2022 ha supuesto un cambio notable en el paisaje con que acostumbraba a dibujarse el mercado de trabajo español, abonado al abuso del contrato temporal. Las estadísticas así lo revelan, con un crecimiento del empleo indefinido de 3,4 millones de afiliados en los últimos años y una caída de 10 puntos porcentuales en la tasa de temporalidad. De forma que también se han alterado las pautas del despido: ha aumentado el número de los indefinidos a los que se rescinde el contrato y disminuido los ceses de temporales. Al tiempo, se han reducido las cuantías medias de las indemnizaciones que reciben los fijos y crecido las compensaciones que reciben los temporales. El motivo principal es que cada vez se despide a trabajadores indefinidos con menos antigüedad. En cambio, los temporales tienen 12 días por año trabajado como compensación, pero si la empresa prescinde de ellos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, la indemnización sube a 20 días.

También se ha producido un cambio más sorprendente. Desde 2022, cuando entró en vigor la última reforma laboral, las indemnizaciones que las empresas pagan a las mujeres con contratos indefinidos y desde 2021 también a las fijas discontinuas. Nunca había ocurrido antes. Al menos en su cuantía media, según constata la última Estadística de despidos y su coste, que publicó el Ministerio de Trabajo hace apenas dos semanas.

El dato es llamativo porque los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres y son precisamente las retribuciones el parámetro básico sobre el que se calcula la indemnización: 20 días de sueldo por año trabajado para los despidos por causas objetivas, 33 días para los improcedentes. De hecho, en 2022, el último año del que ha publicado datos la Encuesta de estructura salarial del INE, la brecha salarial, entendida como la diferencia entre el salario bruto por hora de hombres y mujeres, se situó en el 9%.

Es más, la encuesta se encarga de destacar que, en todas las actividades económicas en las que la representación femenina es “significativa”, las mujeres tienen siempre un salario inferior al de los hombres. Otra muestra adicional de la desigualdad salarial por sexos es que el 30% de las mujeres percibió en 2022 menos de 15.000 euros anuales, mientras que en el caso de los hombres no llegaron al 14%. Por el contrario, en la parte superior de los salarios, el 35% de los hombres cobró más de 30.000 euros anuales, pero sólo superó ese límite el 27% de mujeres.

Y esa diferencia se reproduce independientemente del tipo de contrato. Los sueldos de las mujeres con contrato indefinido son un 10,2% inferiores a los de los hombres y un 5,5% menores si tienen contratos temporales.

No obstante, los salarios femeninos no han dejado de subir, e incluso mejoran más que los de los hombres. En 2022, el sueldo medio de las mujeres creció un 5,1%, mientras que el de los hombres lo hizo un 3,5%. Aun así, ese año el salario medio de las trabajadoras españolas ascendía a 24.359,82 euros; el de los trabajadores se elevaba a 29.381,84 euros, un 20,6% más.

El segundo parámetro para calcular la indemnización es la antigüedad del trabajador o trabajadora. ¿Están despidiendo las empresas a trabajadoras más veteranas?

La estadística de Trabajo no ayuda a contestar a esa pregunta. Porque, al desglosar las cuantías medias de los despidos por la antigüedad del trabajador y su sexo, resulta que las mujeres cobran indemnizaciones más elevadas sólo cuando llevan menos de tres meses en la empresa. Las cantidades recibidas por los hombres empiezan a ser superiores que las recibidas por las mujeres cuando acumulan más de tres meses de antigüedad. Y la brecha se agranda según crece el tiempo de permanencia en la empresa: mientras que entre tres y seis meses de antigüedad la diferencia entre la indemnización masculina y la femenina es sólo de 80,6 euros a favor de los hombres, entre uno y dos años ya es de 814,3 euros, y nada menos que de 4.872,4 euros si llevan más de dos años trabajando en la misma compañía.

infoLibre ha preguntado tanto al Ministerio de Trabajo como a CCOO y UGT por las causas de este cambio. El departamento que encabeza Yolanda Díaz atribuye el alza de las indemnizaciones de las mujeres al aumento del número de mujeres que han pasado de tener contratos temporales a indefinidos desde la reforma laboral. Según la estadística de contratos del SEPE, las conversiones de contratos temporales a indefinidos de mujeres ascienden a 1,01 millones desde enero de 2022 hasta noviembre de 2024. En el caso de los hombres, fueron 1,2 millones. En 2022, el primer año de aplicación de la reforma, las conversiones de temporales a indefinidos se dispararon hasta 1,32 millones, un 51,8% más que en 2021. Pero crecieron mucho más las de mujeres: las 228.232 nuevas indefinidas equivalen a un alza del 62,2%, mientras que los 226.817 nuevos indefinidos dejan su mejora en un 44,4%. Las que fueron despedidas de entre esas nuevas indefinidas consiguieron así mayores indemnizaciones debido a su mayor antigüedad, explica el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, UGT apunta hacia “la maternidad y la conciliación” como posibles factores. “Las empresas pagan más dinero en estos casos cuando despiden”, explica el sindicato, a falta de un análisis más detallado. CCOO cree que puede deberse a que se despiden más hombres que mujeres, lo que puede haber “tirado hacia abajo” la media de las indemnizaciones masculinas. Ciertamente, en 2023 se rescindió el contrato a 345.165 hombres, 97.754 más que a mujeres. No sólo ha crecido más el número de hombres despedidos desde 2021 –han aumentado un 35,4% en esos tres años, cuatro puntos porcentuales más que los de mujeres–, sino que también lo ha hecho la brecha con el número de mujeres. Si en 2021 se despedía a un 35% más de hombres que de mujeres, en 2023 la diferencia alcanzaba el 39,5%.

Así, la cuantía media de una indemnización por despido para una mujer con contrato indefinido a tiempo completo alcanzó en 2023 los 10.201,5 euros, 656,6 euros más que la pagada a un hombre, casi un 7% más. Las indefinidas a tiempo parcial también cobraron –2.281,3 euros– más el año pasado al ser despedidas que los hombres con esos mismos contratos, 701,8 euros más de media. Pero eso no es una novedad, puesto que siempre ha sido así: los contratos a tiempo parcial son en su mayoría firmados por mujeres. Las fijas discontinuas percibieron indemnizaciones de 1.728,5 euros, 296,6 euros más –un 21% más– que sus compañeros masculinos, pero también se trata de un tipo de contrato muy feminizado. Eso sí, el cambio de tendencia se adelantó un año a la reforma laboral, porque comenzó en 2021.

Por el contrario, los hombres siguen recibiendo compensaciones más altas cuando tienen contratos temporales, tanto con jornada completa como parcial: 483 más en el primer caso y apenas 29 euros más en el segundo.

La estadística de Trabajo permite además echar la vista más atrás y comparar el número de despidos y la cuantía de las indemnizaciones desde 2015. Los trabajadores a los que se extinguió el contrato han crecido un 32% en ese plazo de tiempo, desde la gran crisis financiera, cuando la tasa de paro era del 23,8% –en el primer trimestre de 2015–, hasta la posreforma laboral, con un 11,7% al cierre de 2023, casi 12 puntos menos. Han aumentado tanto los despidos disciplinarios –un 28%– como los objetivos –un 42,5%–, pero han caído los colectivos, los ERE, un 48,8% desde el máximo que alcanzaron en 2021. Aun así, siguen un 18,3% por encima de los registrados en 2015.

Lo mismo ocurre si el recuento se hace según el tipo de contrato. Los de indefinidos a tiempo completo se han disparado un 78% y aún más los de indefinidos a tiempo parcial, un 116%. Como también se hacen muchísimos más contratos fijos discontinuos, sus despidos casi se han sextuplicado desde 2015, cuando era una figura poco usada por las empresas. En sintonía con la caída del empleo temporal abusivo, se han recortado igualmente los ceses de estos trabajadores, un 68,3% los empleados a jornada completa y un 72,6% los de jornada parcial.

Pero sin duda lo más significativo es la caída de las indemnizaciones: casi un 26% desde 2015, desde los 10.045 euros de 2015 hasta los 7.446,3 euros de 2023. En el caso de quienes tenían un contrato indefinido a tiempo completo, la reducción de la cuantía media casi es del 50% –de 19.380 euros a 9.768– , y casi de un 40% la de quienes tenían uno a tiempo parcial. Para los fijos discontinuos el recorte ha sido mayor, de un 70,4%, de 5.275,4 a 1.559 euros. Por el contrario, las compensaciones de los temporales han mejorado en ocho años un 19% –hasta 1.466 euros–  y un 34% –hasta 660,7 euros–, dependiendo de si la jornada era completa o parcial.

El pasado mes de julio, el Comité Europeo de Derechos Sociales dictaminó, a resultas de una reclamación presentada por UGT, que las indemnizaciones establecidas por la ley española para los despidos improcedentes no son lo bastante elevadas “para reparar el daño real sufrido” por el trabajador y “para ser disuasorios para el empleador”. A su juicio, el sistema de indemnización “tasado y topado” español no respeta la Carta Social Europea, que España ha firmado. La intención manifestada por el Ministerio de Trabajo es cumplir esa resolución modificando el actual sistema de cálculo de las compensaciones por despido improcedente, de forma que éstas sean realmente “reparativas” del daño causado al trabajador.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha asegurado que en España se ha alcanzado ya el 75% de las regularizaciones de trabajadores interinos de la Administración Pública española y que el Gobierno "ya tiene una ley" con la que se "anticiparon" al problema de la temporalidad que está dando "resultados extraordinarios".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en San Fernando (Cádiz) en la I Jornada de reflexión sobre los Derechos Digitales, según recoge Europa Press, el ministro Escrivá se ha referido al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si el derecho español no disuade del abuso de interinos y tras solicitar un cambio en la regulación española. Sobre esto, el ministro ha dicho que se está pendiente de conocer la opinión de este tribunal sobre "casos previos al 2021", argumentando que "atañe fundamentalmente a los tribunales y cómo los tribunales tienen que resolver esos conflictos".

"Más allá de estos casos históricos, creo que lo más importante es mirar hacia adelante a todo lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo, para que lo mismo que ha ocurrido en el ámbito del sector privado, donde hemos hecho una reversión extraordinaria con la reforma laboral de la temporalidad, se consolide en el sector público de forma análoga", ha manifestado el ministro.

De esta manera, ha apuntado a que desde el Gobierno de España tienen el objetivo de llegar "a un número determinado de regularizaciones", en concreto a las 300.000 estabilizaciones a final de año, señalando que ya se ha alcanzando "el 75%" por lo que "lo vamos a cumplir este año ampliamente, no tengo ninguna duda".

También ha comentado la importancia de que "estructuralmente no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido durante estos años" y que para ello se están tomando medidas con las que contar con "un marco estable" de trabajadores y funcionarios públicos.

En ese sentido, ha nombrado la eliminación de la tasa de reposición, un instrumento que ha sido "particularmente pernicioso a la hora de generar esas bolsas de temporalidad en el pasado", y que las administraciones públicas puedan planificar "a medio plazo" los recursos humanos que necesitan, "con una buena definición de sus funciones", algo que como ha dicho, se está haciendo ya en la Administración General del Estado. "Planificarse a medio plazo evitará problemas después de respuestas a corto plazo", ha apostillado.

Por último, Escrivá ha apuntado a la reducción "decisiva" del tiempo que se tarda en acceder a la Función Pública, algo en lo que están "completamente comprometidos en hacerlo rápidamente", poniendo como ejemplo de ello el llamado "MIR tecnológico". "Tenemos muy buena experiencia con el acceso de los médicos en España, hagámoslo con otras profesiones", ha animado el ministro, asegurando que en todos los ámbitos de los funcionarios que se dedican a la tecnología en la Administración General del Estado "queremos hacer algo similar".

El mercado laboral español despertó este martes con unas cifras de paro que no veía desde 2008, antes de la caída de Lehman Brothers y de la Gran Recesión, y con un récord histórico de empleo, 21,32 millones de afiliados a la Seguridad Social. Los 2,6 millones de desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) son el mínimo de los últimos 16 años cuando, además, la población activa –quienes tienen entre 16 y 64 años y están en disposición de trabajar– era menor, había 1,2 millones menos de personas buscando trabajo.

Aun así, ese 12% de tasa de paro sigue cuatro puntos por encima del mínimo histórico español, que se alcanzó en plena burbuja inmobiliaria, en 2007. Y más lejos todavía del 6,4% que de media registró la eurozona el pasado abril. Pese a los buenos datos de empleo que han acompañado a la recuperación de la pandemia, España sigue liderando tozudamente las estadísticas de paro en la Unión Europea.

Para sorpresa de muchos, España también encabeza las cifras de crecimiento del PIB en el continente, por encima de los grandes, Alemania, Francia o Italia: aumentará un 2,1% este año y un 1,9% el próximo, si acierta en sus previsiones la Comisión Europea. Y el empleo acompaña al buen momento económico, espoleado por un sector turístico que está disfrutando al máximo la recuperación pospandémica. Hasta abril, España había recibido un 14,5% más de visitantes que un año antes, por lo que en 2024 se romperá de nuevo el récord histórico de 85,3 millones de viajeros alcanzado entonces. Para redondear el círculo virtuoso, los turistas han aumentado su gasto un 22,6%. Ni la inflación, ni las guerras en Ucrania y Gaza, ni el precio de los carburantes, ni los tipos de interés, esas sombras que amenazaban con enfriar la economía de particulares y empresas, parecen afectar al turismo ni al empleo ni al PIB.

En efecto, de los 220.289 nuevos cotizantes ganados en mayo por la Seguridad Social, nada menos que 77.913 proceden de la hostelería, el sector de actividad en que más crece el empleo –un 5,1%–. Para confirmar este protagonismo, basta con reseñar que es Baleares la comunidad donde más aumentó la afiliación en mayo –52.949 personas, más del doble que en Madrid–. “Por supuesto, hay un movimiento estacional [en el crecimiento del empleo], como en casi toda la economía nacional, y este año ha empujado un poco más a favor”, apunta Antonio González, miembro de Economistas frente a la Crisis, ex secretario general de Empleo con Jesús Caldera y director del gabinete de Valeriano Gómez. Mayo siempre ha sido un buen mes para el empleo en España, empujado por las contrataciones del verano en el sector servicios. Pero también cree González que hay otro “movimiento económico de fondo, positivo” que arranca muy fuerte tras la pandemia y se traduce en el 2,4% de crecimiento interanual del empleo que escapa de la estacionalidad.

También coincide en la extraordinaria bondad de los datos de empleo Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Aunque al mismo tiempo considera preocupante que el aumento de la ocupación esté “tan concentrado” en el turismo y teme que el impulso se pierda una vez concluida la temporada alta de actividad.

En ese movimiento de fondo Antonio González sitúa menos a los fondos europeos –“van destinados a la inversión”–, que a la pujanza de los servicios no turísticos, cuya exportación se disparó un 29% en 2022 y cuyo peso en el PIB casi se ha triplicado desde 1995, según las cifras publicadas por el Banco de España. Se trata de actividades de alto valor añadido, subraya González: servicios financieros, servicios empresariales –publicidad, investigación y desarrollo, servicios jurídicos, contables, de arquitectura o ingeniería –, y asesoría comercial, por ejemplo. De promedio, han crecido un 5,4% desde 1995, más que el turismo –4,8%– y la exportación de bienes –3,3%–. Tampoco es un fenómeno español, sino internacional, propiciado por la digitalización, las innovaciones tecnológicas y la liberalización financiera, explica el órgano supervisor. Además, en España aún tiene margen de crecimiento.

Cuestión distinta es si el impulso de estos servicios financieros y empresariales es síntoma del cambio de modelo productivo largamente acariciado en una España demasiado dependiente del turismo. Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato se sientan las principales empresas y bancos del país, cree que el crecimiento es anterior a la pandemia, en una tendencia que arranca en la salida de la anterior crisis, desde 2014. A su juicio, además, cree que se exagera la participación del turismo en el buen comportamiento del empleo. Y alerta ante la tentación de hacer tendencia de la coyuntura. También respecto a la reforma laboral, que aún debe “madurar”. “Habrá que esperar al largo plazo, para ver qué ocurre con la productividad y si, en la próxima crisis, se destruye empleo como en las anteriores o no”, advierte.

Lo que no le impide alabar los positivos datos de paro y afiliación que exhiben las estadísticas. Lo mismo dice respecto al “espectacular” aumento de los contratos indefinidos. “Otra cosa es la estabilidad del empleo, la reforma laboral ha tenido efectos poco significativos en la rotación laboral”, precisa Felgueroso. Miguel Ángel Malo corrobora la pujanza de los contratos indefinidos y descarta que sean menos estables –“no es cierto que se esté abusando del periodo de prueba para despedir sin indemnización a los despidos”, apunta–. Pero se pregunta si, con el cambio de temporales a fijos discontinuos que parece se está obrando en determinadas actividades, “la precariedad sólo ha cambiado de nombre”.

Antonio González considera que ciertos sectores practican ahora con los indefinidos la misma rotación a la que estaban acostumbrados con los temporales y que critica por “ineficiente”. Esas empresas tendrán que cambiar su organización del empleo, sostiene. El problema de los fijos discontinuos, y de los contratos a tiempo parcial, es su “baja intensidad de trabajo”, y los bajos salarios de los que van acompañados. De forma que invita a “repensar” la figura del fijo discontinuo, “aumentando los mecanismos de protección social, permitiendo mayores salarios o ampliando las campañas” para las que está pensado este tipo de contrato. La mitad de los trabajadores fijos discontinuos pertenecen a la hostelería –hasta ahora el sector prototípico del abuso del contrato temporal–, asegura Florentino Felgueroso, que ha calculado el aumento en el número de estos contratos tras la reforma laboral en un estudio recién publicado.

Según advierte el investigador de Fedea, y pese a los buenos datos de empleo, los indicadores de pobreza laboral siguen siendo altos. Hay puestos, añade Antonio González, que “no producen suficiente renta salarial”, por lo que terminarán por no atraer a los trabajadores. La patronal de la hostelería lleva ya un tiempo quejándose de que no encuentra personal. Los sindicatos responden que no sólo es por el salario, sino por las –malas– condiciones laborales que ofrecen, por lo que cada vez resulta menos atractivo trabajar de camarero.

En el lado del desempleo, el panorama no es tan halagüeño, sin embargo. Los 2,6 millones de parados registrados en las oficinas del SEPE son aún una lacra social que distingue a España en el mercado laboral europeo. Antonio González resalta que esa cifra tardará bastante en rebajarse. El primer motivo es el crecimiento de la población activa: cuando mejor el es el momento económico, más personas se deciden a buscar un empleo porque las posibilidades de encontrarlo se multiplican. Desde 2021 se han activado casi 1,3 millones de personas, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pero como no todos ellos consiguen trabajo, pasan a engrosar las estadísticas de paro.

Un buen ejemplo de esta tendencia lo proporciona el empleo femenino. La incorporación de las mujeres al mercado laboral siempre ha estado en España por debajo del resto de los países europeos, excepto Italia. Desde 2021, la población activa femenina ha crecido más que la masculina, tanto en números absolutos –668.400 mujeres por 616.500 hombres—como relativos –un 6,2% las mujeres, un 5% los hombres–, desvela la EPA. El Ministerio de Seguridad Social presume de los 10,1 millones de ocupadas que se registraron en mayo, lo que representa el 47,4% de la afiliación. Otras dos cifras de récord. Como la de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que disfruta de su mínimo histórico, un 12% entre quienes tienen de 15 a 29 años, según los datos de Eurostat correspondientes a 2023. Ha caído 10 puntos desde el fin de la crisis financiera.

También se incorporan al mercado de trabajo los inmigrantes, cuyo flujo también es continuo y sólido Desde 2021, la población activa extranjera ha crecido en 721.200 personas, nada menos que un 23,4%. Estos movimientos no se producen con semejante intensidad en ningún otro país europeo, advierte Antonio González. “Aún nos quedan años para bajar del 10% [de tasa de paro]”, se resigna.

Pero Malo Ocaña y Felgueroso añaden otro freno: “El núcleo duro del paro”. Por un lado, hay un desajuste entre oferta de puestos de trabajo y demanda. “España está a la cabeza de la UE y la OCDE en sobrecualificación de los trabajadores”, indica el investigador de Fedea. El profesor de la Universidad de Salamanca asegura que a los titulados en Artes y Humanidades les cuesta más integrarse en el mercado laboral. “En otros países de Europa, los jóvenes van tanteando hasta que encuentran el trabajo que quieren; en España, tardan más en encontrar un trabajo relacionado con lo que han estudiado, lo que también redunda en la baja productividad española y en que haya mucho infraempleo”.

Por otro lado, los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin trabajo, son un auténtico desafío. Su número no ha dejado de reducirse en los últimos años, pero aun así siguen siendo 1,14 millones de personas, de acuerdo con la última EPA. Representan el 38,4% de los parados contabilizados en esta estadística –2,9 millones, una cifra superior a la del paro registrado por el SEPE–.

Además, y ahí está el problema, quienes llevan más de dos años sin trabajar duplican el número de quienes llevan entre uno y dos años en el paro: son 741.300 personas. Y de éstos, la mitad tiene más de 50 años. Son los que más difícil lo tienen para regresar al mercado de trabajo, destaca Floretino Felgueroso. E integran una cohorte compuesta por un mayor número de personas, la generación del baby boom. Ni cuando el mercado laboral va “como un cohete”, por repetir la frase de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se benefician. “Incluso cuando todo va bien, como ahora, son los últimos de la cola”, lamenta Felgueroso.

El Banco de España constata en su Informe Anual 2023 un "leve" incremento de la inestabilidad laboral en los contratos indefinidos de nueva creación, en especial de los contratos fijos-discontinuos, tras la reforma laboral de 2021, según ha recogido Europa Press. Pese a ello, concluye que se ha producido un "ligero aumento" de la estabilidad laboral en el conjunto del mercado de trabajo español por el repunte "significativo" del peso de los contratos fijos en relación con el de los contratos temporales, propiciado por la reforma laboral.

En un apartado del informe, en el que analiza el grado de estabilidad del empleo, la institución subraya que, desde la aprobación de la reforma laboral, la ratio de temporalidad de la economía española "se ha reducido con intensidad", hasta situarse en el 16,5% a finales de 2023, frente al 25,4% de 2021, con un descenso más acusado en el sector privado, hasta el 13,2%, que en el público, donde la tasa de temporalidad se ha mantenido cercana al 30% en los dos últimos años.

"En conjunto, este descenso ha permitido una considerable convergencia de la ratio de temporalidad en España hacia la que se observa en el promedio del área del euro", destaca la institución, que señala que esta "intensa reducción" de la tasa de temporalidad también es observable en los registros de la Seguridad Social.

Así, la proporción de afiliados con un contrato temporal ha descendido desde el 30,4% de 2021 hasta el 14,9% en 2023, que se explica por un aumento de los contratos indefinidos a tiempo completo en 8,6 puntos, de los contratos indefinidos a tiempo parcial en 4,1 puntos y de los contratos fijos-discontinuos en 3 puntos.

En este sentido, la institución señala que los contratos fijos-discontinuos, "escasamente utilizados" en España antes de la reforma laboral, han más que duplicado su incidencia en la afiliación a la Seguridad Social, pasando del 2,4% en 2021 al 5,7% en 2023.

Por ramas de actividad, el Banco de España apunta que el descenso de la tasa de temporalidad ha sido muy generalizado, aunque "más intenso" en algunos de los sectores con mayores porcentajes antes de la reforma, como la construcción, la hostelería, las actividades artísticas, las actividades administrativas, la agricultura y los otros servicios.

"En todos estos sectores, salvo en el caso de la construcción, una parte significativa de la caída de la temporalidad desde la implantación de la reforma se explica por el empuje de los contratos fijos- discontinuos", asegura el organismo.

La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos intenta aproximar el grado de estabilidad del empleo en el mercado laboral español con un ejercicio descriptivo en el que deja claro que "no constituye una valoración causal de la reforma laboral de 2021", pues dicha evaluación exigirá tener en cuenta el impacto de las medidas aprobadas en múltiples dimensiones, considerar una perspectiva temporal amplia y analizar los posibles efectos asimétricos de la reforma sobre distintos grupos de trabajadores, empresas y sectores.

Utilizando datos de altas y bajas de la Seguridad Social para medir la rotación laboral, el Banco de España constata un descenso de la rotación a partir de la aprobación de la reforma, desde el 1,33% en el promedio del periodo 2015-2019 hasta el 1,12% en el promedio de 2022-2023.

Esta disminución, explica, es fruto del cambio en el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido y temporal, pues la rotación entre aquellos con contrato indefinido ha aumentado del 0,25% al 0,61% y sólo se ha reducido levemente entre los trabajadores con un contrato temporal, del 3,40% al 3,19%.

"La mayor rotación en los contratos permanentes desde la entrada en vigor de la reforma laboral viene reflejando los mayores flujos de entrada y de salida del mercado laboral de los trabajadores con contrato indefinido, en general, y, especialmente, de aquellos con contrato fijo-discontinuo. En particular, las tasas de baja de estos contratos han repuntado notablemente en relación con el período 2015-2019", sostiene.

De hecho, subraya que los contratos fijos-discontinuos presentaban con anterioridad a la reforma una tasa de baja que se situaba prácticamente a medio camino entre la del resto de contratos indefinidos y la de los contratos temporales. Sin embargo, desde 2022 esta tasa casi se ha duplicado, hasta situarse al mismo nivel que la que se observa para los contratos temporales.

En cualquier caso, el Banco de España apunta que, pese a este aumento de las tasas de salida de los indefinidos, la mayor estabilidad laboral de este colectivo, en comparación con la de los temporales, ha llevado a una reducción de la tasa de salida agregada. La institución, no obstante, precisa que este análisis está sujeto a algunas cautelas asociadas, por ejemplo, al hecho de que no permiten distinguir entre la rotación de los contratos creados antes y después de la reforma de 2021.

En el marco de este ejercicio para analizar el grado de estabilidad del empleo, el Banco de España calcula la tasa de supervivencia, a lo largo del primer año tras el alta, de los contratos iniciados en marzo de 2022 y la compara con la de los contratos iniciados en el mismo mes de 2017 y de 2018, sin verse, por tanto, afectados por la pandemia. En todo caso, insiste en que las diferencias no pueden interpretarse como evidencia causal de la reforma.

De acuerdo con su análisis, del conjunto de relaciones laborales creadas en marzo de 2022, un 16,1% siguen vivas un año después, porcentaje superior al observado en los contratos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018 (un 11% en promedio) y también mayor que la tasa de supervivencia que presentan los contratos firmados en marzo de 2021 (un 14,9%).

El Banco de España apunta que, de nuevo, esta mejora en la supervivencia del conjunto de las relaciones laborales se produce "a pesar de que la supervivencia de los contratos indefinidos, sin incluir los contratos fijos-discontinuos, se ha deteriorado tras la reforma laboral".

Así, el 48% de las relaciones laborales iniciadas en marzo de 2022 con un contrato indefinido permanecían vivas un año después, mientras que este porcentaje era del 52,5% en el promedio de los contratos indefinidos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018. "En conjunto, los resultados disponibles muestran un ligero aumento de la estabilidad laboral en el mercado de trabajo español tras la aprobación de la reforma de finales de 2021. Esto es así porque, a pesar de que se observa un leve aumento de la inestabilidad laboral en los contratos indefinidos de nueva creación, en especial, en los contratos fijos-discontinuos, ha aumentado de forma significativa el peso de los contratos indefinidos en relación con el de los contratos temporales", concluye.

De este modo, pese a que la tasa de temporalidad española ha avanzado en convergencia con la de la UE, la institución cree que "existe margen para aumentar la estabilidad del empleo" en España. Así, por ejemplo, señala que, aunque los flujos de salida del empleo al desempleo han disminuido en España desde el 3,3% del empleo en los tres primeros trimestres de 2019 hasta el 2,8% en el mismo periodo de 2023, este porcentaje aún se mantiene sensiblemente por encima del observado en el conjunto de la UEM (un 1,2%).

El Banco de España también se ha referido a incrementar los incentivos para que los parados retornen al empleo, así como a clarificar las causas del despido objetivo para evitar que la posible introducción de indemnizaciones por despido improcedente acordes a las circunstancias del trabajador y más disuasorias, como planea llevar a cabo el Ministerio de Trabajo, judicialice el despido y perjudique el empleo.

Así, más que centrarse en el despido improcedente, la institución considera que lo importante es seguir avanzando en la definición de las causas del despido objetivo ante la inminente resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el coste del despido injustificado en respuesta a la denuncia de UGT de que en España no es suficientemente disuasorio y de que la indemnización ha de tener en cuenta las circunstancias personales del trabajador.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha señalado que introducir este elemento en la regulación del despido, como prevé hacer la vicepresidenta Yolanda Díaz, hará que desaparezcan las indemnizaciones tasadas para pasar a otras que habría que aclarar por vía judicial, elevando así la incertidumbre. De ahí la importancia de clarificar el despido objetivo.

El Banco de España apunta que las indemnizaciones por despido procedentes en España (20 días por año trabajado) "son relativamente elevadas en el contexto internacional", mientras que el coste del despido improcedente (33 días por año de servicio) no está, sin embargo, entre los más altos.

En este sentido, "para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo", entiende que "podría resultar adecuado" seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos.

"Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativos (artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada), que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador, lo que aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo", apunta el Banco de España.

La institución reclama una "revisión exhaustiva" de las políticas de empleo ante una tasa de paro "persistentemente más elevada" que la de otros países y los retos que suponen los cambios tecnológicos que vienen de la mano de la robótica y la Inteligencia Artificial (IA), además del envejecimiento de la población. Este último, ha advertido Gavilán, no se solucionará únicamente con más inmigración y alargando la vida laboral de los trabajadores, sino que requerirá también mejorar las políticas formativas.

En el marco de esa revisión de las políticas de empleo por la que aboga, el Banco de España pide "incrementar los incentivos para el retorno al empleo de los parados", así como garantizar la suficiencia de las prestaciones y mejorar la coordinación con las políticas activas de empleo. "Las prestaciones por desempleo deben ofrecer una adecuada protección a los parados, sin que ello perjudique los incentivos a la búsqueda de empleo y a la movilidad laboral", sostiene.

En este sentido, ve "deseable" una reforma de las políticas pasivas de empleo que introduzca cambios en la duración de las prestaciones y subsidios por desempleo, condicionándolos "posiblemente" al ciclo económico, y/o "sendas decrecientes" en sus cuantías, sin reducir los niveles de protección 'ex ante'.

La institución considera que existe margen en España para "ajustar" los requisitos de elegibilidad, las tasas de sustitución de las prestaciones, su variación en función de la duración del desempleo y la propia duración máxima de las prestaciones, de forma que se pueda alcanzar un mejor equilibrio en "la disyuntiva entre sustitución de rentas e incentivos a la búsqueda de empleo".

Al mismo tiempo, aboga por permitir que determinados subsidios y prestaciones sean compatibles con el empleo, de manera temporal o permanente. Particularmente, considera que la conversión de parte de las prestaciones en complementos salariales cuando se encuentre un nuevo empleo contribuiría a facilitar la movilidad laboral y la salida del paro. "De esta manera, además, los incentivos al reempleo no se limitarían exclusivamente a una eventual disminución de las prestaciones/subsidios con su duración", argumenta.

El Banco de España pide además unificar todos los programas de rentas de subsistencia y de lucha contra la pobreza (subsidios, Ingreso Mínimo Vital y ayudas locales y regionales) para incrementar su cobertura y eficiencia, así como reforzar la coordinación de las políticas activas y pasivas de empleo.

En lo que respecta a las políticas activas, insta a que el sistema educativo y la formación ocupacional modernicen y adapten sus contenidos a las nuevas tecnologías, así como que ganen peso las disciplinas STEM.

También aboga por que los servicios públicos de empleo diseñen perfilados profesionales y de emparejamiento de los desempleados con los empleos disponibles y por valorar "posibles colaboraciones y sinergias" con el sector privado.

Entre las medidas para afrontar los cambios demográficos, apuesta por fórmulas "más flexibles" para la contratación de los trabajadores de mayor edad; recolocaciones, reconversiones y formación profesional incentivadas; eliminación de salidas forzadas del empleo o una jubilación activa con mayores incentivos a compatibilizar pensión y salario.

La institución destaca que la principal característica del comportamiento reciente del mercado laboral ha sido el "considerable dinamismo" del empleo, asociado, en parte, al empuje del sector público, a la inmigración y al "atesoramiento de empleo" (empresas que deciden mantener la plantilla en periodos de menor actividad en previsión de futuras necesidades de demanda).

Todo ello contrasta con la evolución de la productividad del trabajo, "que apenas ha aumentado desde el comienzo de la pandemia", y un crecimiento de las horas efectivamente trabajadas "sensiblemente menor". En este sentido, y de cara al objetivo del Gobierno de reducir la jornada laboral, pide que empresas y sectores dispongan de una "amplia flexibilidad" para evitar efectos negativos sobre los costes laborales, la productividad y el nivel de empleo.

Apunta, además, que en 2023 se produjo un aumento de los costes laborales por la subida de las cotizaciones sociales. Aunque esta medidas persigue reducir el "abultado" déficit del sistema de pensiones, los ejercicios de simulación del Banco de España señalan que un incremento de un punto en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%.

Sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), la institución indica que, tras las subidas de los últimos años, la ratio entre salario mínimo y salario medio "habría superado los objetivos del 60% del salario bruto mediano y del 50% del salario bruto medio" establecidos por la UE. Como resultado, el porcentaje de trabajadores afectados por el SMI en España ha pasado de un 5,1% en 2018 a un 11,5% en 2023, "y se estima que éste se situará en el 12,7% en 2024".

El Banco de España considera "conveniente" que las próximas subidas del SMI tengan en cuenta los posibles efectos adversos que podrían suponer, en ausencia de mejoras en la productividad, para el empleo de determinados grupos de trabajadores.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictado una sentencia en la que considera que el Derecho español no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal, lo que puede llevar a emplear a trabajadores de forma precaria "durante años", según informa Europa Press. En este sentido, apunta que, "a falta de medidas adecuadas" en la legislación española para prevenir y sancionar con arreglo a las normas europeas los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, "la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir" la solución.

En todo caso, considera que corresponde a la Justicia española modificar la jurisprudencia nacional consolidada si ésta se basa en una interpretación incompatible con los objetivos de la legislación europea, particularmente con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.

El TUE responde con este fallo a una petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que interprete el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, a raíz del caso de tres trabajadores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid.

Dichos trabajadores estuvieron durante muchos años (desde 1994 en los dos primeros casos y desde 1998 en el tercero) con contratos temporales sucesivos, por lo que el TSJM pide al TUE que interprete el acuerdo marco en relación a la eficacia de las medidas destinadas a evitar el abuso de los contratos o relaciones laborales de duración determinada en el sector público. En su sentencia, el TUE responde al TSJM que un trabajador indefinido no fijo, figura de creación jurisprudencial, debe considerarse un trabajador con contrato de duración determinada a efectos del acuerdo marco, por lo que está comprendido en el ámbito de aplicación de éste.

Asimismo, señala que la expresión "utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada" contenida en el acuerdo marco comprende una situación en la que, de no haber convocado la Administración en cuestión en el plazo establecido un proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza ocupada por un trabajador indefinido no fijo, el contrato de duración determinada es prorrogado automáticamente.

En este sentido, el TUE entiende que concluir que "no existen sucesivas relaciones laborales de duración determinada a efectos del acuerdo marco por la mera razón de que un trabajador esté vinculado a la Administración mediante un único contrato indefinido no fijo" y de que se mantiene en su plaza por el "incumplimiento" de convocar en plazo un proceso selectivo, podría "comprometer el objeto, la finalidad y la efectividad de dicho acuerdo marco".

"Esa interpretación restrictiva del concepto de 'sucesivas relaciones laborales de duración determinada' permitiría emplear a trabajadores de forma precaria durante años y podría llevar no sólo a excluir, en la práctica, un gran número de relaciones laborales de duración determinada de la protección de los trabajadores perseguida por la normativa europea, vaciando de gran parte de su contenido el objetivo perseguido por ésta, sino también a permitir la utilización abusiva de dichas relaciones por parte de los empleadores para satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal", alega el TUE.

En los casos examinados, dado que la Administración en cuestión no convocó en el plazo establecido un proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza ocupada por un trabajador indefinido no fijo, las prórrogas automáticas de dicho contrato de duración determinada pueden asimilarse a renovaciones y, por consiguiente, a la celebración de distintos contratos de duración determinada.

De ello se deduce, según el TUE, que estos tres casos "no se caracterizan por la celebración de un único contrato, sino por la celebración de contratos que efectivamente pueden calificarse de sucesivos a efectos del acuerdo marco", pero este extremo, añade la justicia europea, ha de ser comprobado por el TSJM. El TUE explica que no le corresponde pronunciarse sobre la interpretación del Derecho interno, por lo que habrá de ser el TSJM el que deba apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución efectiva de las disposiciones pertinentes de la normativa española hacen que éstas constituyan una medida apropiada para evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.

No obstante, "con el fin de orientarlo en su apreciación", el TUE señala que las razones objetivas expuestas por el Gobierno y las AAPP españolas (garantía del acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para remediar contratación irregular en el sector público hasta el momento en que se produzca la cobertura de la plaza) "son razones objetivas que justifican la aplicación del contrato indefinido no fijo, mientras que el acuerdo marco europeo se refiere a las razones objetivas que justifiquen la renovación de los contratos de duración determinada".

El TUE entiende además que convocar en plazo procesos selectivos para la cobertura definitiva de las plazas ocupadas provisionalmente por trabajadores temporales "es una medida adecuada para evitar que se perpetúe la situación de precariedad de dichos trabajadores".

Sin embargo, el TUE señala que, según el TSJM, pese a que la normativa aplicable establece plazos concretos para que la Administración de que se trate convoque esos procesos selectivos, "en realidad dichos plazos no se respetan y esos procesos son poco frecuentes". "En estas circunstancias, una normativa nacional que prevé la convocatoria de procesos selectivos que tienen por objeto cubrir de manera definitiva las plazas ocupadas provisionalmente por trabajadores temporales, así como los plazos concretos a tal fin, pero que no garantiza que esos procesos se convoquen efectivamente, no parece que pueda evitar la utilización abusiva de sucesivas relaciones laborales de duración determinada", apunta el TUE.

En consecuencia, al Alto Tribunal europeo considera que la normativa española parece no constituir "una medida suficientemente efectiva y disuasoria para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas conforme al acuerdo marco europeo.

El TUE apunta que ya declaró que el abono de una indemnización tasada por extinción de contrato de 20 días por año no permite alcanzar el objetivo perseguido por el acuerdo marco de prevenir los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada, "ya que ese abono parece ser independiente de cualquier consideración relativa al carácter legítimo o abusivo de la utilización de dichos contratos".

"Por lo tanto, esa medida no resulta adecuada para sancionar debidamente dicha utilización abusiva y eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión y, por consiguiente, no parece constituir, por sí sola, una medida suficientemente efectiva y disuasoria para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas conforme al acuerdo marco", ha indicado. Asimismo, el TUE entiende que la convocatoria de los procedimientos de consolidación prevista en el Derecho español "no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva" de relaciones laborales temporales.

La destrucción de 185.384 empleos el pasado agosto ha hecho recordar a muchos que el mercado de trabajo español sigue siendo disfuncional, pese a la reducción de los contratos temporales y al crecimiento sostenido de la afiliación a la Seguridad Social que reflejan las estadísticas desde la pospandemia y la reforma laboral. Porque el final del verano ha repetido este año el patrón de rescisión masiva de contratos y aumento del paro al que estaba acostumbrado. En eso nada ha cambiado: el mercado laboral sigue marcado por una terca estacionalidad que convierte en buenos para el empleo los meses que preparan la Semana Santa y la temporada alta del turismo, y en malos enero, con el fin de la campaña navideña, y octubre, con el fin de la campaña veraniega.

De modo que el 31 de agosto volvió a registrarse una avalancha de bajas en las afiliaciones a la Seguridad Social: 308.166 en un solo día. Cierto que han disminuido un 10% respecto a las 342.276 bajas de agosto de 2021 –en 2022 fueron 320.052–, pero aun así continúa siendo una cifra descomunal que no tiene parangón en ningún otro país europeo. La misma anomalía se produjo, por ejemplo, el pasado 2 de enero, cuando un total de 390.109 –es decir, más que en agosto– perdieron su empleo al cerrarse la campaña comercial navideña.

La reforma laboral va ganando la batalla contra el abuso de los contratos temporales, la mayor tara del mercado de trabajo español desde los años 80 junto a las millonarias –y resistentes– cifras de parados. Año y medio después de su entrada en vigor, los contratos indefinidos representan casi el 40% de los que se firman cada mes, cuando antes nunca superaron el 10%. “Ha sido un éxito notable, ahí están las cifras, a la hora de reducir la tasa de temporalidad contractual”, admite el investigador de Fedea Florentino Felgueroso, quien no obstante advierte de que aún está por demostrar –“para eso hacen falta tiempo y datos”– que esa reducción “impacte en la estabilidad real: en las horas de trabajo, las remuneraciones, los índices de pobreza…”.

Además, la reforma laboral, resalta, “no tenía como objetivo” acabar con la estacionalidad. Los empleos “intermitentes”, que crecieron mucho en los últimos años no sólo en España sino también en el resto de Europa, se gestionaban en Alemania o Reino Unido con los llamados contratos de cero horas. Son aquellos que permiten al empresario llamar en cualquier momento a un trabajador para que se incorpore inmediatamente y a quien no está obligado a emplear por un número determinado de horas o días. En España están prohibidos. En su lugar, se ofrecían contratos de muy pocos días, a tiempo parcial concentrados en los fines de semana, por ejemplo, recuerda Felgueroso. Entre enero y julio de 2019, el 27,2% de los contratos firmados duraban menos de una semana; en los siete primeros meses de este año, su cuota ha bajado al 20%. Si antes del covid se registraron 3,53 millones de estos contratos ultrabreves, tras la reforma laboral se han reducido a 1,82 millones, cayendo casi a la mitad.

Esos son los contratos que, según explica el investigador de Fedea, han pasado a convertirse en fijos discontinuos con la reforma laboral. “Lo que no significa que tales empleos estacionales hayan desaparecido, y eso es lo que propicia que haya tantas altas y bajas [en la afiliación a la Seguridad Social] cada mes”, indica. A su juicio, la reforma laboral todavía no ha tenido efecto en los flujos de entrada y salida del mercado laboral; sobre todo en las salidas del empleo al paro, que continúan siendo mucho mayores que en otros países europeos. “Por eso siguen produciéndose esos efectos de fin de mes en las afiliaciones a la Seguridad Social”, concluye.

Según Felgueroso, para que haya un cambio estructural tendrá que producirse también un cambio en la productividad: que esta aumente porque, al crecer el empleo indefinido, también lo haga “el capital humano específico adquirido por los trabajadores por su experiencia en la empresa”. Uno de los perjuicios del abuso del empleo temporal es precisamente la merma que sufre la productividad porque a las empresas no les interesa dar formación a sus trabajadores temporales, de los que, además, se prescinde justo cuando empiezan a mejorar su rendimiento. La ley prohíbe encadenar contratos temporales durante más de 18 meses en un periodo de dos años. En ese momento, la empresa debe decidir si hace indefinido al trabajador o prescinde de él.

Pero también hay otro tipo de empleo estacional, el que viene dado por la estructura productiva de la economía española, basada en el turismo y la agricultura en una proporción mucho mayor que en otros países europeos. “[La estacionalidad] es inevitable, lo que hay que hacer es amortiguarla”, resume Carlos Martín Urriza, diputado de Sumar y exdirector del gabinete económico de CCOO. Con empresas de mayor tamaño, más movilidad geográfica para los trabajadores y una “estructura productiva más equilibrada” se moderaría la marcada estacionalidad del mercado laboral, asegura. Durante la pandemia, la “especialización productiva” en el turismo perjudicó mucho más a España que a Francia, “que tiene un sector industrial con mucho músculo y no tanto monocultivo en el turismo y el ladrillo”, detalla Martín Urriza. Así, también el corsé estacional español comprime mucho más la actividad que el francés.

El economista menciona como un mecanismo añadido para atenuar el daño de la estacionalidad laboral el reforzamiento de los contratos fijos discontinuos que ha incorporado la reforma laboral: “Les ha dado estabilidad y más derechos porque las empresas ahora están obligadas a llamar cada nueva temporada a estos trabajadores, que además acumulan antigüedad, no sólo por los periodos de actividad, sino también por los de inactividad”.

Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca, apunta igualmente hacia el tamaño de las empresas como una de las causas de la terca estacionalidad española. Cuanto más pequeña es la empresa, más dificultades tiene para ofrecer sus bienes o servicios en más de un mercado o para destinar a sus trabajadores a otras tareas según la temporada. Malo Ocaña coincide con Martín Urriza en que, ante una casi inevitable actividad económica oscilante, lo necesario es evitar los “efectos perniciosos sobre la protección y el bienestar social” de la estacionalidad. Dando estabilidad a los fijos discontinuos.

Para saber si la reforma laboral lo ha conseguido, “si son más estables los fijos discontinuos que los temporales a los que han sustituido” y si los fijos discontinuos han recogido toda la actividad de temporada, habrá que esperar a que los investigadores tengan en sus manos la Muestra Continua de Vidas Laborales del año completo, precisa Miguel Ángel Malo. Incluso haría falta información de un ciclo económico completo. “Aún es muy pronto, sólo hemos tenido un verano normal desde la pandemia”, lamenta.

Entonces podrá comprobarse si se ha corregido, y cómo, la enorme “movilidad bruta” que caracteriza al mercado laboral español, con unos flujos de despidos, abandonos y rotación en los mismos puestos de trabajo mucho mayores que los de cualquier otro país europeo debido al abuso de la temporalidad. “La movilidad laboral no es mala por sí misma, a no ser que genere inestabilidad vital”, matiza el profesor de la Universidad de Salamanca. E impedirla, añade, “tampoco es la solución, salvo que padezcas una enfermedad como la temporalidad disparada en un mercado tan disfuncional como el español”. 

El mercado laboral español ha demostrado una notable resistencia y dinamismo en los últimos tiempos, a pesar de que España sigue registrando la tasa de paro más alta de la zona euro, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para la que la reforma del mercado laboral, introducida en 2021, contribuye a mejorar la calidad del empleo en el país.

"La reforma del mercado laboral de 2021 contribuye a mejorar la calidad del empleo en España", afirma el think tank para las economías avanzadas en su informe Perspectiva de Empleo 2023, donde destaca que un año después de su entrada en vigor, el número de contratos temporales se ha reducido en un 30% y la mayoría de los nuevos contratos son indefinidos, recortando la desproporción de contratos temporales entre España y otros países europeos de la OCDE.

De hecho, según el documento de la organización con sede en París, en el cuarto trimestre de 2022, la proporción de nuevos empleos con contratos temporales fue menor que en el cuarto trimestre de 2019 en 20 de los 28 países con datos disponibles, a pesar del fuerte ciclo económico en ambos períodos y, en promedio, la proporción de nuevas contrataciones con contratos temporales se redujo del 49% al 46%.

"Los mayores descensos proporcionales se registraron en Noruega, España, Suecia, la República Eslovaca e Irlanda, mientras que Lituania e Islandia vieron un aumento en la proporción de nuevas contrataciones con contratos temporales, aunque desde niveles inicialmente bajos", destaca la OCDE.

En este sentido, la OCDE advierte, no obstante, de que la eficacia de los contratos fijos-discontinuos, una nueva disposición introducida por la reforma laboral de 2021 para los trabajadores estacionales, en la mejora de la seguridad laboral de los trabajadores temporales "es aún incierta" y señala la necesidad de llevar a cabo una supervisión continua y una regulación potencialmente más estricta para garantizar nuevos avances.

En general, la organización destaca que el mercado laboral español "ha demostrado una notable resistencia y dinamismo en los últimos tiempos", como demuestra el crecimiento del empleo del 1,2% en el primer trimestre de 2023.

De este modo, la tasa de desempleo española ha alcanzado su nivel más bajo en décadas, situándose en el 12,7%, aún muy por encima de la media de la OCDE y la más alta entre las economías de la zona euro.

En este sentido, tras la sólida recuperación del 5,5% registrada por la economía española después de la crisis del coronavirus, la OCDE prevé que la expansión económica de España se modere hasta el 2,2% en 2023 y el 1,9% en 2024, por lo que anticipa que la tasa de paro del país se mantenga en un nivel relativamente alto (12,6%) durante el resto de 2023.

Por otro lado, la OCDE señala la caída de los salarios reales en prácticamente todos los países de la OCDE en el primer trimestre de 2023 como consecuencia del alza de la inflación.

En promedio, los salarios reales cayeron un 3,8% anual en el primer trimestre de 2023 respecto al año anterior entre los 34 países de la OCDE con datos disponibles, mientras que España experimentó un descenso del 1,2% en el año transcurrido hasta el primer trimestre de 2023.

"Este descenso es más contenido que el observado en otros países de la UE debido a la dinámica del crecimiento de los salarios nominales y de la inflación, especialmente durante el segundo semestre del año", explica la OCDE, recordando que, en este periodo, el crecimiento de los salarios nominales aumentó del 3,2% a algo menos del 4%, mientras que la inflación cayó de alrededor del 9% a aproximadamente el 6%, amortiguando la caída de los salarios reales.

Asimismo, a nivel general, la OCDE considera que hay espacio para que las ganancias absorban aumentos adicionales en los salarios, al menos para los trabajadores con salarios bajos.

En este sentido, el 'think tank' apunta que, en promedio en la OCDE, los salarios mínimos legales han aumentado significativamente en los últimos dos años, permitiendo que los salarios mínimos reales se mantengan al ritmo de la inflación mejor que los salarios promedio.

En el caso de España, la OCDE destaca que el salario mínimo nominal ha aumentado un 13,7% desde diciembre de 2020, en línea con la inflación, manteniendo el salario mínimo real constante, subrayando también que, incluso antes de la escalada de la inflación, los aumentos del salario mínimo en España fueron sustanciales, situando el país entre los miembros de la OCDE con el crecimiento más rápido en el salario mínimo legal.

El primer trimestre ha arrancado con un aumento del paro de 103.800 personas, un 3,4% respecto al final del año. Es una cifra elevada, por encima de la que dio comienzo a 2022 y sólo por debajo de la registrada en el año de la pandemia y en 2013, en plena crisis financiera. Además, el empleo ha frenado, con un descenso de la ocupación de 11.000 personas, un 0,05%, que no obstante es el menor recorte en un comienzo de año desde 2007 –en 2022 la pérdida de empleo superó los 100.000 ocupados–. Según las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay 3,12 millones de desempleados, por lo que la tasa de paro se eleva hasta el 13,2% después de tres trimestres por debajo de la barrera del 13%. Al tiempo, la población ocupada alcanza los 20,45 millones de personas, el nivel más alto desde el arranque de 2008.

El primer trimestre del año suele ser malo en términos de empleo, cuando termina la campaña extraordinaria de navidades y rebajas en el comercio y aún no ha comenzado el repunte de actividad en la hostelería por la Semana Santa. Pero en 2023 se ha sumado un tercer factor: el considerable aumento de la población activa. Un total de 92.700 personas se han incorporado al mercado de trabajo, lo que sitúa los 23,58 millones de activos –personas entre 16 y 65 años en disposición de trabajar– en el máximo desde 1996, según ha destacado el Ministerio de Economía. El buen tono del mercado laboral en el último año está animando a quienes se habían apartado de la actividad laboral tras el covid. De hecho, entre enero y marzo se han puesto a buscar trabajo 117.000 mujeres, mientras que los activos masculinos se han reducido en 24.300. Del total de incorporados a la actividad, el 51% está en Andalucía, 47.200 personas.

El problema es que el mercado laboral no ha sido capaz de absorber esas nuevas incorporaciones, por lo que estas personas han pasado a figurar en las listas del paro.

Sin embargo, las cifras anuales siguen siendo positivas. En los últimos 12 meses se han creado 368.000 empleos, con un crecimiento del 1,83%, mientras que el paro ha disminuido en 47.000 personas, un 1,5%. También ha crecido más la ocupación entre las mujeres –234.400 más– que entre los hombres –133.600 más–.

De lo que ha ocurrido en el mercado de trabajo estos tres primeros meses del año da buena cuenta el reparto por sectores y territorios. El paro ha aumentado en todos los sectores –menos en la agricultura–, pero sobre todo se ha cebado en los servicios, con 147.700 nuevos desempleados, por sólo 12.400 en la industria y 18.600 en la construcción. Si se miran las cifras anuales, en cambio, los servicios han ganado 372.000 ocupados y la industria 93.500. La construcción ha perdido 18.200 y la agricultura, 79.500. Por comunidades autónomas, Baleares es donde más ha crecido el paro, un 68,76% respecto a diciembre, seguida de casi un 20% en Canarias, los dos territorios donde sigue desembalsándose el empleo temporal de la campaña turística. De los 103.800 nuevos desempleados del trimestre, 48.000 viven en Baleares y 33.500 en Canarias.

En cualquier caso, el mapa del paro permanece invariable. El País Vasco sigue siendo la comunidad autónoma con menor tasa de desempleo, un 8,44%, seguida de Aragón –8,94%– y Cantabria –9,29%–. Mientras que la tasa más elevada corresponde a territorios que casi doblan las anteriores: Extremadura, con un 19,53%, Andalucía –18,31%– y Baleares –18,14%–.

Una tendencia que se confirma también en la EPA es la consolidación del empleo indefinido. En marzo hay 93.000 trabajadores más con contrato fijo, mientras que quienes lo tienen temporal se han reducido en 117.000. Así, la tasa de temporalidad sigue encogiendo y se sitúa en el 17,28%, cayendo desde máximos próximos al 27% antes de la última reforma laboral. Por el contrario, el comienzo del año ha disminuido el número de quienes trabajan a tiempo completo, 34.700 personas menos y aumentado el de quienes lo hacen a tiempo parcial, 23.600 más, por lo que la tasa de parcialidad sube un poco, 12 centésimas, hasta el 13,72%.

También desciende el paro de larga duración, el que sufren quienes llevan más de un año sin trabajo. La EPA cuenta 58.300 menos respecto al pasado diciembre, una caída del 4,9%. En comparación anual, el recorte es superior, un 15% –198.500 personas menos–. Aun así, 1,12 millones de trabajadores llevan más de un año sin empleo, el 36% de la nómina del desempleo.

La tasa de paro juvenil, de los menores de 25 años, se sitúa aún en el 30,03%, ocho décimas por encima del fin de 2022, después de aumentar en 10.300 personas. También ha crecido el número de hogares con todos sus miembros en paro –7.800 más–, hasta alcanzar los 1,05 millones, un repunte por encima del registrado en el tercer trimestre de 2021, aún en plena recuperación de la pandemia.

“Estamos ante un trimestre siempre difícil y complejo, y este es un poco menos que los trimestres de años anteriores. Estamos en un buen camino”, ha asegurado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sobre los resultados de la EPA. No obstante, el dirigente sindical ha pedido soluciones al Gobierno y una mejor atención en las oficinas de empleo, tras destacar el “elevado paro de larga duración”, con cuatro de cada 10 parados en búsqueda de empleo desde hace más de un año. También ha lamentado “la elevada parcialidad, y particularmente la parcialidad involuntaria”.

“No se puede asumir una tasa del 13% de paro como buena”, ha criticado por su parte la secretaria de Acción sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, quien por el contrario resalta el aumento de la población activa en más de 90.000 personas como un “dato muy positivo que muestra el dinamismo del mercado de trabajo español, que genera nuevas expectativas de encontrar un empleo, y está animando a que cada vez más personas inactivas se incorporen a la actividad”.

Para el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en cambio, las cifras del primer trimestre dejan “malos datos de empleo”, pese al “ligero crecimiento” en el número de trabajadores por cuenta propia que refleja la EPA. Han aumentado en 12.100 personas entre enero y marzo, pero en el año acumulan una pérdida de 43.400.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sostiene que el empleo “está aguantando” la situación actual y que los datos de la EPA “no son buenos”, pero “tampoco malos”. La patronal ha aprovechado la publicación de las cifras de empleo para reclamar medidas de apoyo a la empresa tanto en el ámbito fiscal como desde el punto de vista regulatorio.

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, cree que los datos de la EPA “confirman la tendencia muy positiva” del mercado de trabajo español y “la estabilidad en el empleo”, a pesar de coyuntural internacional desfavorable.

Los contratos temporales no han dejado de menguar en número desde que se aprobó la reforma laboral, en diciembre de 2021, y entró plenamente en vigor tres meses más tarde. El pasado marzo, según las últimas cifras publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), su número se ha reducido casi un 40% respecto al mismo mes del año pasado. Pero también está descendiendo, a buen ritmo, el dato de los contratos ultrabreves, los que duran menos de siete días. En los datos acumulados del primer trimestre, han caído un 47,75%, casi a la mitad, en comparación con los firmados en idéntico periodo de 2019, antes de la pandemia. Entonces el SEPE registó 1,33 millones de contratos de menos de siete días; hoy son 694.069.

En ambos años, la Semana Santa cayó en abril, por lo que el efecto arrastre en el empleo de la hostelería y el turismo se produjo ya en el mes anterior.

Ese porcentaje supera en mucho el recorte que ha sufrido la contratación en general, un 29,9%: al firmarse menos temporales y más indefinidos, el abultado volumen de contratos que las oficinas de empleo registraban cada mes antes de la reforma laboral –podían superar los dos millones en verano– ha caído de forma drástica. En el primer trimestre de 2019 se suscribieron 5,14 millones, mientras que este año se quedaron en 3,6 millones.

Los contratos de menor duración, que en los años de mayor debilidad del empleo llegaron a representar el 26% de los que se firmaban, sufren una penalización pensada para desincentivar su uso por las empresas. Que, además, no ha dejado de aumentar. Hasta 2019 consistía en un recargo del 36% en la cotización por contingencias comunes para los contratos de menos de siete días, que entonces creció hasta el 40% para los que duraran menos de cinco días. La reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 convirtió el porcentaje en un recargo fijo de 26 euros que se amplió a todos los contratos de menos de 30 días. Esa cantidad se ha elevado desde entonces al mismo ritmo que la base mínima de cotización, que se utiliza en la fórmula diseñada para calcular el recargo –la base mínima del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social–. Así, pasó a ser de 27,53 euros en 2022 y este año asciende ya a 29,74 euros.

La penalización y las restricciones al uso de los contratos temporales contenidas en la reforma han conseguido que los de menos de siete días representen ahora el 19,27% de los registrados por el SEPE de enero a marzo, 6,6 puntos menos que en 2019. Aun así, siguen siendo el grupo de mayor volumen de la estadística. Todos los contratos temporales han reducido su participación porcentual comparada con la prepandemia, excepto los que duran entre siete y 15 días y los que llegan al año. Aunque la diferencia de volúmenes no es muy significativa: 1,3 puntos y apenas ocho décimas, respectivamente. Los de menos de un mes de duración, por los que las empresas deben pagar el citado recargo en las cotizaciones sociales, sumaban casi dos millones –1,91 millones– en el acumulado del primer trimestre de 2019; ahora son 1,1 millones.

Por el contrario, los indefinidos, que sólo suponían el 10,3% de los contratos firmados antes de la pandemia, ascienden ahora al 45,52%. Han pasado de 529.866 a 1,64 millones.

Una buena foto del cambio que se está produciendo en el mercado laboral se obtiene fijándose en los sectores de actividad. Donde más contratos ultrabreves se firman es en la hostelería. Antes de la pandemia, entre enero y marzo de 2019, fueron 400.937, que equivalían al 46,3% de los que se registraron en ese sector: casi la mitad no duraban ni una semana. Este año, en cambio, la hostelería ha suscrito 138.728 se siete días o menos, el 26,4% de su volumen de contratación en el trimestre. La caída ha sido del 65,4%, un descenso tan pronunciado que supera en casi 18 puntos el descenso general. Al mismo tiempo, la hostelería, que sólo hizo 89.093 contratos indefinidos en el primer trimestre de 2019 –menos que el comercio, que firmó 94.934– ha suscrito 279.228 de enero a marzo de este año –casi 80.000 más que el comercio–. Los ha triplicado.

También han rebajado su volumen de contratos muy breves las actividades profesionales y científicas, un 61,6%, y las actividades administrativas, un 58,8%, que han pasado de registrar 149.246 de menos de siete días a sólo 61.468. Sólo un sector de actividad ha aumentado respecto a 2019 su número de contratos de menos de una semana: el agrupado bajo la rúbrica de información y comunicaciones –desde informática hasta televisión, cine, radio o editoriales–, donde se ha firmado un 18% más.

En cualquier caso, la industria es el segundo sector que más contratos ultrabreves firmaba antes de la pandemia y sigue firmando después. Aunque muchos menos que la hostelería, 165.700 en el primer trimestre de 2019, los ha reducido casi en la media, un 48,5%. También la sanidad acumulaba un buen volumen de contratos por debajo de los siete días de duración, 100.183, que se han quedado ahora en 59.258, un 40,8%.

Por el lado de los contratos indefinidos, la agricultura los ha multiplicado nada menos que por 11 desde 2019: ha pasado de firmar sólo 22.143 hace cuatro años a 244.886 ahora. La construcción los ha multiplicado casi por cinco, las administraciones públicas por 4,6; la educación, por cuatro. La sanidad, el comercio y los transportes los han más que duplicado.

Finalmente, la estadística constata otro cambio. Los hombres firman más contratos que las mujeres; por tanto, también firman más contratos temporales. Antes de la pandemia era mayor el número de contratos suscritos por hombres no importaba cuál fuera su duración. Pero este año ya son más mujeres que hombres quienes tienen contratos de entre tres y 12 meses. 

El efecto tractor de la Semana Santa ha impulsado la creación de empleo en marzo hasta hacer de este mes de 2023 el mejor de la serie histórica, que comienza en 1996. La Seguridad Social registra 206.410 nuevos afiliados, un crecimiento del 1% respecto al mes anterior. Pese a que el responsable del departamento, José Luis Escrivá, ha disociado las buenas cifras de empleo de ese tirón estacional, lo cierto es que el mayor aumento de cotizantes, tanto en cifras absolutas como relativas, se ha producido en la hostelería, que genera 71.808 nuevos empleos, un aumento del 5,67% respecto a febrero. Le siguen, pero a mucha distancia, los 14.957 nuevos afiliados del comercio o los 14.938 de la administración pública. En volúmenes semejantes ha crecido el empleo en sanidad –13.624 cotizantes más– y educación –12.728–, con alzas que no superan el 1,5% mensual.

De esta forma, la Seguridad Social alcanza los 20,37 millones de afiliados, que es también el mejor dato desde 1996. En el último año, el empleo ha crecido en 542.049 cotizantes, un 2,73%. Desde la pandemia, hay 1,1 millones de afiliados más. De ahí que el ministerio destaque la mejora que eso supone en la relación entre número de cotizantes y de pensionistas, que ahora es de 2,41 afiliados por cada jubilado, “el nivel más alto de la década”, asegura el departamento de José Luis Escrivá nada más aprobar la reforma del sistema de pensiones.

El mismo buen tono muestran las cifras del paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), que han bajado en 48.755 personas, un 1,67%. Tras subir en enero –70.744 nuevos parados– y febrero –2.618–, el descenso del número de desempleados en marzo de este año es superior al registrado en ese mismo mes en 2018, 2019 y 2022, pero menor al de 2021. La mayor parte de la bajada se debe al sector servicios, donde hay 42.789 parados menos. También se ha reducido más el desempleo femenino en cifras absolutas, 25.897 mujeres menos en el paro, que el masculino, con una caída de 22.858 hombres.

Aun así, en España quedan todavía 2,86 millones de parados. El Ministerio de Trabajo destaca que es la cifra más baja, en un mes de marzo, desde 2008, justo antes de estallar la crisis financiera desatada por la quiebra de Lehman Brothers.

Este año, en cambio, los malos vientos augurados por la caída de Credit Suisse y las dudas sobre Deutsche Bank en medio de la crisis de precios y la guerra de Ucrania no han podido con los buenos presagios del consumo para la Semana Santa. Y ese comportamiento se refleja en el hecho de que todas las comunidades autónomas han ganado en empleo, pero con Baleares y Andalucía a la cabeza, que aumentan su número de afiliados en un 6,4% y un 1,36%, respectivamente. Todos los territorios reducen igualmente sus cifras de desempleados, menos la Comunidad de Madrid, que gana 1.013 nuevos parados. En cambio, son Andalucía y Canarias las que lideran la bajada del desempleo, con 15.284 y 5.775 parados menos.

La reforma laboral sigue notándose en el cambio de modelo de contratación, según subraya el Ministerio de Trabajo: el 46,82% de los contratos firmados en marzo fueron indefinidos, casi un punto y medio más del porcentaje de febrero, mientras que los temporales se reducen en un 39,6% respecto a hace un año. Su traducción en términos de cotizantes a la Seguridad Social es la caída de los afiliados con contrato temporal hasta el 14%, la mitad de los que había antes de la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021. Es, apunta el ministerio, el mínimo histórico.

De los 1,31 millones de contratos registrados en marzo, 284.208 son a tiempo completo, 180.909 son fijos discontinuos y 150.557 a tiempo parcial. Los primeros han aumentado un 23,23% respecto a febrero, los segundos un 28,03% y los terceros un 24,16%. En comparación con el mismo mes de 2022, los de jornada completa han crecido un 8,97%, los de tiempo parcial un 2,52% y los fijos discontinuos, un 70,67%. Según el Ministerio de Seguridad Social, también sigue aumentando la duración media de los contratos, con un alza de 47 días entre enero y marzo respecto al mismo trimestre de 2019.

Otro cambio, pero éste recién estrenado, es el aumento de la base reguladora del 50% al 60% a partir del séptimo mes de cobro de la prestación por desempleo. Trabajo siempre publica los datos sobre prestaciones con un mes de retraso respecto de las cifras de paro, por lo que este mes se conocen los de febrero. Y la subida de la base reguladora se empezó a aplicar en enero. La cuantía media de la prestación de paro ha crecido un 7,3% en febrero, y se sitúa en 961,6 euros al mes. En España, 1,86 millones de personas la cobran, un 1,1% más que hace un año. La cobertura de la prestación alcanza el 68,11%, el porcentaje más alto en un mes de febrero desde 2012. La menor fue en febrero de 2016, cuando sólo protegía al 54,8% de los desempleados. Pero aún queda lejos del 80,6% al que se llegó en ese mismo mes de 2010.

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han elogiado las buenas cifras de empleo. “Crear 206.000 empleos en un mes y concretamente en el mes de marzo es un dato extraordinario, que no tiene precedentes”, ha asegurado Escrivá, quien subraya el “complicado contexto” económico. Ambos ministros han presagiado que la misma tónica optimista continuará en los próximos meses, pese a reconocer que “ir a un ritmo de 100.000 empleos al mes no es sostenible”, en palabras de Escrivá en la Cadena Ser. “Queda aún mucho por hacer para dejar atrás la cultura de la precariedad”, advirtió en todo caso Yolanda Díaz en su cuenta de Twitter, tras atribuir el mérito de la “robustez” del mercado de trabajo a la reforma laboral, que “protege mejor el empleo en situaciones de crisis”.

El sindicato UGT también ha celebrado el “éxito” de la reforma laboral, pero reclama medidas contra el “despido barato”, reformando sus causas y costes, y que se recuperen todas las garantías que perdieron los contratos indefinidos con la reforma laboral de 2012. Además, pide más recursos para los servicios públicos de empleo y que se mejore la cobertura de las prestaciones de paro.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo ha advertido frente a los “mensajes triunfalistas” cuando la tasa de paro aún se mantiene en el 12%. En una entrevista en TVE, Sordo ha tachado de un “poco apresurada” la idea de que el modelo productivo ha cambiado en España, a tenor del empleo que se está creando en sectores de alto valor añadido, como le gusta destacar al Ministerio de Seguridad Social. “Aunque la correcta utilización de los fondos de recuperación europeos puede contribuir a acelerar esa transformación”, ha matizado.

Finalmente, la CEOE sostiene que los datos de empleo de marzo constatan la “mayor resiliencia” de mercado laboral, pese a “la incertidumbre económica derivada del conflicto bélico en Ucrania, la inflación y el encarecimiento generalizado de los costes laborales y de producción”. Pero también cree que “las empresas de pequeño tamaño están sufriendo” y pone como ejemplo que se han perdido más de 6.000 autónomos y más 13.000 empresas han cerrado desde principios de año.

El fin de las rebajas no ha impedido que febrero haya terminado con 88.918 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. No sólo se ha invertido el descenso de afiliación con que se estrenó 2023 el pasado enero, cuando se perdieron 215.047 ocupados –una caída del 1,06% mensual–, sino que además nunca se había creado tanto empleo en un mes de febrero de 2015. La razón de este auge está en las alzas experimentadas en la educación –26.798 nuevos cotizantes–, la hostelería –25.073 más– y la construcción –22.411 más–, que han compensado con creces los 11.781 trabajadores perdidos en el comercio. También ha caído la afiliación de forma considerable en la sanidad, donde han desaparecido 9.934 ocupados.

A pesar de estas buenas cifras de afiliación, el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado este último mes, aunque poco: hay 2.618 desempleados más que en enero. El alza, del 0,09% es mucho menor que la de enero, cuando el paro creció en 70.744 personas, un 2,49%. También es mucho menor que la media de los últimos 15 años, 35.280 parados, según destaca el Ministerio de Trabajo. De esta forma, en España hay aún 2,91 millones de desempleados, la menor cifra en un mes de febrero desde 2008, añade el departamento.

No obstante, en las estadísticas del paro registrado destaca este mes el aumento del paro entre las mujeres, 4.135 desempleadas más que en enero, frente a un descenso de 1.517 desempleados entre los hombres. Es quizás el resultado de la mayor cuota de empleo femenino en el comercio, que ha soltado lastre laboral tras las rebajas. También ha crecido el paro de quienes se incorporan al mercado de trabajo por primera vez, 10.139 nuevos desempleados, un aumento del 4,1%. Y de los menores de 25 años, 11.862 más, un 11,8%. El Ministerio de Trabajo apunta en todo caso que los 215.366 jóvenes registrados en las oficinas del SEPE constituyen la cifra más baja en un mes de febrero desde 1996. En perspectiva anual, el descenso del paro alcanza las 200.669 personas, una caída del 6,4%.

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, se sitúa en febrero en 20,17 millones de cotizantes, también la más alta en este mes desde 1996. Por tanto, el sistema ha ganado 475.870 afiliados en el último año, un aumento del 2,42%. Se trata de una mejora superior a las de los dos meses anteriores –2,31% y 2,38%–, pero por debajo de la de noviembre –2,69%– y lejos de la subida interanual de febrero de 2022 –4,48%–. Es decir, se ha contenido ligeramente la ralentización del mercado laboral que se viene acusando desde el verano pasado. En total, la ocupación ha crecido en 920.948 cotizantes desde que comenzó la crisis de la pandemia.

También continúa a buen ritmo el empleo indefinido. El 45,46% de los contratos firmados en febrero eran de ese tipo, un punto y medio por encima de los de enero. De ellos, 230.635 son de jornada completa, un 32,6% más que en febrero de 2021, y 141.305 son fijos discontinuos, casi el triple que hace un año. Los indefinidos a tiempo parcial, 121.260, han aumentado un 27,2%. El número de los contratos temporales se ha reducido un 47,5% en los últimos 12 meses. Traducidos los contratos en términos de afiliación, los cotizantes temporales han pasado de representar el 30% antes de la reforma laboral a quedarse en el 14%. Los menores de 30 años con contrato temporal, destaca el Ministerio de Seguridad Social, han bajado del 53% al 22%. Según el departamento, de los cuatro millones de trabajadores que tenían un contrato temporal entre enero y marzo de 2022 –antes de la plena entrada en vigor de la reforma laboral– y que a día de hoy siguen de alta en la Seguridad Social, el 53% han pasado a tener un contrato indefinido: 1,73 millones un contrato ordinario y 407.688 uno fijo discontinuo. Además, los contratos duran más, una media de 50 días más respecto a 2019, asegura el ministerio.

Por comunidades autónomas, en febrero ha crecido el empleo en todas ellas, pero el paro ha subido en ocho. Donde más, en Madrid, con un aumento de 5.040 personas en cifras absolutas y un 1,63% en términos relativos, el segundo mayor tras Murcia –un 1,72%–. Donde más ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social ha sido en Cataluña, con 25.603 nuevos ocupados, un alza del 0,72%, más del doble de lo que han mejorado Baleares –11.792, un 2,6% en cifras relativas– y Madrid –11.690, un 0,33%–.

Los trabajadores protegidos por un ERTE continúan reduciéndose: quedan 14.624 –15.010 en enero–, de los que 13.025 estaban acogidos a suspensión de empleo o reducción de jornada por causas económicos, organizativas o de producción, mientras que por fuerza mayor son sólo 1.599.

Finalmente, los desempleados que perciben una prestación comenzaron el pasado enero a incorporar en su nómina el aumento del 50% al 60% en la base reguladora aprobada por el Gobierno, lo que ha aumentado un 8,1% la cantidad cobrada. Asciende de media a 965,7 euros, según el Ministerio de Trabajo. En España, perciben una prestación por desempleo 1,9 millones de personas, el 69,3% de quienes carecen de trabajo. Trabajo dice que es la mayor tasa de cobertura desde 2012.

Por el contrario, UGT cree que esa cobertura debería mejorarse, pues se sitúa 11,6 puntos por debajo de la registrada en 2010, cuando alcanzó su máximo histórico. Para su secretaria de Política Institucional, Cristina Estévez, los registros de febrero reflejan que se mantiene el “dinamismo” del mercado de trabajo, como también la calidad del empleo, toda vez que los contratos indefinidos siguen “aumentando su peso mes tras mes”. Para la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, los datos de febrero no son “malos”, porque “el empleo aguanta bien pese al ligero aumento del paro". Sin embargo, advierte contra el “triunfalismo” porque la tasa de desempleo en España sigue siendo muy alta.

La CEOE, en cambio, cree que se está produciendo “una importante destrucción de tejido empresarial que se traduce en la pérdida de 17.300 autónomos desde principios de año y el cierre de 16.764 empresas solo en el mes de enero”. Aunque la patronal reconoce que el mercado laboral “está en volúmenes de afiliación que encabezan la serie histórica”, advierte de que esa destrucción del tejido empresarial puede terminar destruyendo empleo a medio plazo.

Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha dudado en calificar de “fantástica” la cifra de empleo de febrero. A su juicio, es la consecuencia de que “las empresas españolas se están desenvolviendo en un entorno de confianza y de certidumbre que les permite tomar decisiones de inversión muy fuertes y además contratar a mucha gente”.

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha lamentado la dureza de los datos de paro en España, ha puesto en valor el hecho de que, tras la pandemia, con una caída del PIB de 11 puntos, y una guerra, la tasa de paro se sitúe en el 12,9%.

Cuando el Congreso aprobó, por un solo voto, la última reforma laboral, nadie imaginó que al drama de los dos votos tránsfugas de UPN y la bufonada del diputado Alberto Casero se le iba a añadir la tragedia de una guerra en Europa y una crisis energética que devolvería la inflación a las cifras de pesadilla de los años 80. Este viernes se cumple un año de aquella accidentada votación, que a punto estuvo de dejar la reforma pactada por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos en el cajón del olvido. Y lo cierto es que, aunque no entró en vigor plenamente hasta abril, el mercado laboral español lleva ya un año experimentando cambios relevantes en un contexto económico que combina la reactivación productiva y del consumo tras el cierre de la pandemia con una inflación galopante –llegó al 10,8% en julio, la más alta desde 1984– y la batalla permanente contra la carestía energética.

Por entonces, el PP tachaba el texto de “contrarreforma” laboral, y la discusión política se centraba en si ésta derogaba o no “los aspectos más lesivos” de la reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en solitario en 2012, tal y como habían prometido tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como los sindicatos. Para explicar su rechazo, el presidente del PP, Pablo Casado, repetía que la reforma hoy en vigor era “humo” porque no derogaba “nada”. Mientras, la CEOE empleaba el mismo argumento, que la norma mantenía e incluso consolidaba “lo esencial de la reforma de 2012”, para brindarle su apoyo.

Con ellos coincidían también ERC y EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno, que igualmente le negaron su respaldo en el Congreso porque consideraban insuficiente la reforma. “Una estafa a los trabajadores”, “un mero retoque” a la reforma de Rajoy, denunciaron. El Ministerio de Trabajo, por el contrario, defendía que la nueva ley iba a suponer un “cambio de paradigma” y a acabar con la “cultura de la precariedad” que había instalado la reforma de 2012 y presidido la recuperación de la anterior crisis.

Los temores de los expertos del mercado laborales hilaban más fino: que las limitaciones a la contratación temporal y las nuevas condiciones en las subcontratas frenarían el crecimiento del empleo en plena fase de recuperación tras la pandemia; también que el recorte en el empleo temporal podía no ser duradero o aumentaría la fragilidad de los nuevos contratos indefinidos.

Un año después, España tiene 20,29 millones de cotizantes a la Seguridad Social, 471.360 más que un año antes y 887.733 más que en diciembre de 2019, antes de la pandemia. Es decir, la recuperación del PIB tras el fin del confinamiento se ha trasladado al empleo sin mayores contratiempos. Al menos de momento, y a la espera de ver en qué grado y a qué velocidad la ralentización económica va a contagiarse al mercado de trabajo, a tenor de lo que ya indican las últimas estadísticas de empleo y paro.

Sindicatos, patronal, políticos de todo signo y economistas coinciden en que las reformas laborales no crean empleo, un mantra repetido con frecuencia desde que entró en vigor la de 2012. Pero la de 2021 –se aprobó en el último Consejo de Ministros del año, un 28 de diciembre– sí ha operado un vuelco en el comportamiento del mercado de trabajo. El que constituía su objetivo principal: la tasa de temporalidad ha caído casi ocho puntos desde diciembre de 2021 y casi nueve desde diciembre de 2019. Entonces se situaba en el 26,11%, la más elevada de la Unión Europea tras Polonia. Hoy es del 17,93%, aún por encima de la media comunitaria, el 14,1%, pero también la más baja de la historia reciente. El año pasado se firmaron 5,69 millones de contratos indefinidos, según los registros de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), 4,6 veces más que en 2021. Cada mes el 90% de los contratos que se suscribían eran temporales, un porcentaje que se ha mantenido testarudamente en las estadísticas desde que en los años 80 se permitiera a las empresas ofrecer este tipo de relación laboral sin respetar las causas establecidas por la ley. En 2022, por fin, esa cuota ha descendido algunos meses hasta el 52%. Es decir, casi la mitad de los contratos que se firman ahora son indefinidos, cuando antes difícilmente superaban el 10%.

En estos meses también ha aumentado la conversión de contratos temporales en indefinidos. A fecha de 31 de diciembre de 2021, se habían transformado en fijos un total de 877.865 temporales, una cifra no muy alejada de las registradas en 2019 y 2018. En 2022, se convirtieron en indefinidos 1,33 millones de contratos temporales, lo que equivale a un alza del 51,8% respecto del ejercicio anterior.

Gracias a ese cambio de comportamiento, en España hay ahora casi 1,6 millones más de asalariados con contrato indefinido que en diciembre de 2021, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa, y casi 1,2 millones menos de trabajadores con contrato temporal.

CCOO y UGT no escatiman adjetivos para loar los “indiscutibles” y “muy buenos” resultados de la reforma laboral. “Impresionante” ha sido la reducción de la temporalidad. “Por encima de nuestras expectativas”, reconoce el secretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Mari Cruz Vicente, su homóloga en CCOO, destaca que la reforma esté permitiendo crear empleo, “y empleo indefinido”, sin ninguna repercusión negativa en el crecimiento de la ocupación. También la CEOE alaba los beneficios en la contratación que ha traído la reforma: “Mayor estabilidad en el empleo, en especial para las mujeres y los jóvenes”, resumen a infoLibre fuentes de la patronal.

Para el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la reforma es superlativa: “El cambio laboral más importante, más eficaz y más rápido de la historia de España”. No sólo ha sido una reforma “dialogada”, sino que además es la primera que “recupera derechos en la negociación colectiva, propone alternativas a los despidos y garantiza la estabilidad en el empleo”, detalla. También ha conseguido, según explica, que ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania el mercado de trabajo español no haya “hiperreacionado” como en ocasiones anteriores, sino que ha resistido “con unas cifras de paro que están entre las mejores de los últimos 14 años” y con una tasa de temporalidad que ya es “equiparable a la media europea”.

Además, la recuperación de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios una vez caducados y mientras se negocia su renovación, que decayó con la reforma de 2012– ha mejorado la negociación colectiva “en un año complicado con un gran aumento de la conflictividad”, explica Mari Cruz Vicente. Pero aún se están peleando los sindicatos, añade Fernando Luján, por conseguir que la también recuperada prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa se haga efectiva en algunos casos. Algunas compañías, asegura, se resisten a subir los salarios de acuerdo con el convenio de sector cuando éstos superan a los establecidos en el de empresa. “Lo vamos a denunciar donde veamos que se retrasa [la subida salarial], para que intervenga la Inspección de Trabajo”, advierte el dirigente de UGT. Mari Cruz Vicente cree que muchos de estos casos terminarán en los juzgados de lo Social.

La reforma laboral también obliga ahora a las subcontratas a aplicar el convenio del sector y a pagar a sus trabajadores los salarios en él establecidos. La responsable de CCOO cifra en 32 los convenios de hostelería que ya recogen este cambio, y en otros 20 los que aún no la aplican. “Pero, en general, las empresas sí están cumpliendo con los compromisos que asumieron [al firmar la CEOE la reforma laboral]”, concluye, “después de todo, reducir el abuso del empleo temporal era uno de los requisitos para recibir las ayudas de la UE, que van a las empresas”.  

La patronal subraya la importancia del “cambio de cultura” que está propiciando la reforma laboral, y los beneficios que implica el aumento de los contratos indefinidos: continuidad en la relación laboral y acumulación de derechos para el trabajador. “Con toda la prudencia posible, teniendo en cuenta la incertidumbre de la coyuntura económica”, precisan las fuentes, “los indicadores son positivos”. Por ese motivo se desentiende de la polémica sobre el aumento “exponencial” de los fijos discontinuos. CCOO y UGT tachan el debate de “artificial” y “tramposo”.

En 2022 se firmaron 2,32 millones de contratos de este tipo, lo que multiplica casi por nueve los 262.911 de 2021, prácticamente la misma cantidad que en 2019, antes de la pandemia. Un salto enorme, pero su número está aún por debajo de los 3,5 millones de contratos indefinidos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, suscritos el año pasado. En 2022 también se registraron 5,98 millones de contratos temporales menos que en 2021, por lo que sólo una parte de esa reducción la han absorbido los fijos discontinuos.

Luján rebate las críticas por el modo en que la estadística recoge los periodos de inactividad de los trabajadores con estos contratos de tan reciente protagonismo –en esos periodos figuran como demandantes de empleo y no como parados, igual que los acogidos a los ERTE– recordando que ésta es la misma desde 1985 y que en España se cuentan de la misma forma que en el resto de Europa. Mari Cruz Vicente argumenta que si ha habido un traslado tan cuantioso de contratos temporales a fijos discontinuos es precisamente por el “inmenso” volumen de empleo temporal en fraude de ley que había en actividades estacionales. El dirigente de UGT explica que la reforma desglosó el fijo discontinuo en cinco tipos: de temporada, intermitente, de contrata, para ETT y para las administraciones públicas. Acercándose a cada una de estas modalidades es posible verificar cómo se está comportando la contratación de fijos discontinuos, asegura. “Pero sólo se piensa en los dos primeros tipos”, protesta, “cuando los de contrata, por ejemplo, son claramente plurianuales”.

Donde ni patronal ni sindicatos quieren entrar aún es en si los indefinidos que se están firmando van a ser menos duraderos que los anteriores a la reforma. “Aún es pronto para saberlo”, responden al unísono. Si a partir de ahora aumentaran los despidos, aduce Fernando Luján, sería una prueba más de que en España despedir es “fácil y barato”, y de que es necesario “proteger más los contratos indefinidos”.

Pese a los elogios a la reforma, CCOO y UGT quieren ir más allá. La siguiente batalla ya se está librando a propósito del coste y las causas del despido. Ambos sindicatos han presentado una demanda en el Comité Europeo de Derechos Sociales porque cree que en España falla la protección frente al despido es insuficiente desde que la reforma de 2012 redujo las indemnizaciones y permitió a las empresas rescindir contratos sólo con que prevean que van a incurrir en pérdidas en el futuro, argumenta Fernando Luján. También cita el dirigente de UGT la recuperación de la autorización administrativa para los despidos colectivos. Mari Cruz Vigente apunta hacia la modificación sustancial de condiciones de trabajo, que no se ha tocado en la última reforma y que, de no acatarse, sólo permite al trabajador irse con 20 días de indemnización.

La reforma laboral fue aprobada por los órganos directivos de la CEOE con la abstención de cuatro de sus patronales: la del campo (Asaja), la automoción (Anfac), la madrileña (CEIM) y la catalana (Foment del Treball Nacional). Fue sólo el primer movimiento de contestación interna que propició un viraje en la actitud de los empresarios en el Diálogo Social. Después de firmar 14 pactos con el Gobierno y los sindicatos a lo largo de dos años, la CEOE se desmarcó –en pleno año electoral para su presidente, Antonio Garamendi– de los acuerdos para subir el salario mínimo y se descabalgó de las negociaciones para fijar el marco salarial en mayo. “En los últimos seis meses la patronal ha perdido la mesura”, critica Fernando Luján, quien invita a los empresarios a “recuperarla” incorporándose cuanto antes a la mesa del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC).

Pero no hay perspectivas de que esa negociación se reactive a corto plazo. Se mantienen los contactos “informales” entre ambas partes, pero “es imposible pasar a los formales porque la CEOE no ha presentado ni una sola propuesta”, lamenta el secretario de Política Institucional de UGT. El ANC lleva tres años sin renovarse, desde 2020, por lo que “si este año tampoco se activa, el ANC se acaba”, zanja por su parte Mari Cruz Vicente. “No puede ser que la patronal sólo firme el acuerdo cuando hay que hacer ajustes de salarios, pero lo rechace cuando la situación económica es buena”, replica.

La alternativa, avanza Luján, no es otra que recrudecer la campaña sindical Salario o conflicto para conseguir subidas retributivas con las que afrontar la inflación. La CEOE responde que su voluntad es siempre “dialogar” para establecer aumentos salariales “razonables” en medio de una crisis de precios como lo actual, explican fuentes de la patronal a este periódico. “Nadie ha dicho que no se quieran subir salarios”, concluyen.

El mercado laboral comienza el año acusando el fin de la campaña de navidad: ha perdido 215.047 cotizantes a la Seguridad Social mientras el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha crecido en 70.744 personas. Ambas cifras superan las de enero de 2022, cuando los afiliados bajaron en 197.750 y los desempleados aumentaron en 17.173 trabajadores. Otro dato más que apunta hacia la desaceleración de la economía y el empleo que viene larvándose desde el final del año anterior. Aun así, España mantiene los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social –20,08 millones, exactamente–, que alcanzó el pasado mes de abril, y sigue por debajo de los tres millones de parados registrados –los ha superado en la Encuesta de Población Activa–, una cota que abandonó en mayo de 2022.

El hachazo laboral tras las navidades se hace evidente en el hecho de que todo el aumento del paro se lo ha llevado el sector servicios, que suma 70.759 parados más. Sólo la construcción ha bajado sus registros en el SEPE, con un descenso de 3.111 desempleados. La industria apenas se movió, con 408 parados más. La agricultura añadió 1.457 personas a las listas del desempleo. En las estadísticas de la Seguridad Social el golpe puede precisarse más: la hostelería ha prescindido de 43.118 trabajadores, un 3,36% de sus afiliados, y el comercio de otros 39.613, un 1,56%. También han perdido cotizantes, 42.068, las actividades administrativas, un 3%. En la sanidad se han dado de baja 17.329 profesionales. La caída de la ocupación en los servicios, sobre todo en los citados, que son sectores muy feminizados, se ceba en el empleo de las mujeres. La Seguridad Social ha perdido 116.322 afiliadas –un descenso del 1,2%–, pero 98.725 afiliados –una caída del 0,9%–, mientras que se han apuntado al paro 49.937 mujeres –un aumento del 2,95%– y menos de la mitad de hombres, 20.807 –un 1,8% más–.

En el patrón estacional característico del mercado de trabajo español, enero siempre es un mes malo, con crecimientos del paro y bajadas en la afiliación, y 2023 no ha sido una excepción. Aun así, el Ministerio de Seguridad Social ha destacado que el descenso de afiliación de este último enero –1,06%– ha sido menor que los registrados desde 2019. Con respecto al paro, el aumento multiplica por cuatro el de enero de 2022, pero queda por debajo de las alzas sufridas los tres años precedentes.

El buen dato que continúa en 2023 es el auge de los contratos indefinidos. En enero el 44,16% de los firmados eran de este tipo, un 122,2% más que en el mismo mes de 2022. Son cinco puntos porcentuales más de los registrados en diciembre. De los 530.306 contratos fijos suscritos el pasado enero, 236.443 fueron a tiempo completo, 173.968 eran fijos discontinuos y 119.895 a tiempo parcial. Los primeros han crecido un 62,2% respecto a hace un año, los segundos un 558,3% y los terceros, un 80,3%. Los temporales, a su vez, han caído un 50,6%. Los 670.444 suscritos son la mitad de los que se registraron hace un año, pero un millón menos de los que se firmaron en enero de 2019.

La misma tónica se desprende de los datos de la Seguridad Social. Los afiliados con contrato temporal han descendido hasta el 15%, su mínimo histórico según resalta el ministerio, que atribuye el cambio de tendencia a la reforma laboral aprobada hace un año. Hasta ese momento, la media de cotizantes con contratos de duración determinada no bajaba del 30%. Seguridad Social ha facilitado este mes datos sobre fijos discontinuos y sobre la pervivencia de los contratos fijos firmados desde la entrada en vigor de la reforma, dos de las polémicas surgidas con su aplicación. Así, el ministerio asegura que más de la mitad de los 4,05 millones de cotizantes que entre enero y marzo de 2022 –antes de la entrada en vigor plena de la reforma– tenían un contrato temporal y ahora siguen dados de alta, tienen un contrato indefinido. De ellos, el 80% han firmado un contrato fijo y el 20% son fijos discontinuos. Además, destaca, el 40% de los que han conseguido un contrato indefinido han cambiado de empresa.

El departamento de José Luis Escrivá sale así al paso de las críticas que la oposición y algunos expertos han lanzado sobre el enorme aumento de los fijos discontinuos tras la reforma laboral y sobre cómo se registra su número y sus periodos de inactividad en las estadísticas. Este último enero, se han firmado 173.968 contratos fijos discontinuos, un 2,2% menos que en diciembre, mientras que han aumentado un 32,1% los indefinidos a jornada completa y un 11,7% los de tiempo parcial.

El mal comportamiento del mercado de trabajo ha sido general en todas las comunidades autónomas, tanto en lo que se refiere al paro como al número de cotizantes a la Seguridad Social. Sólo en Baleares ha bajado el desempleo, aunque apenas tiene 297 parados menos que en diciembre. Los territorios donde más ha bajado el empleo y crecido el paro en cifra absolutas han sido Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, que también son las más pobladas. En términos relativos, Madrid es la segunda comunidad, tras Asturias, donde más ha aumentado el desempleo en enero respecto al mes anterior, un 3,74%, seguida por Cantabria y Castilla-La Mancha. Pero es en Extremadura –1,58%–, Comunidad Valenciana –1,52%– y Cantabria –1,4%– donde más ha caído el empleo en cifras porcentuales.

Finalmente, los ERTE siguen reduciendo el número de trabajadores a los que protegen. Son 15.010, un 27% menos que en diciembre. De ellos, 13.097 son por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, mientras que ya sólo quedan 1.529 por fuerza mayor y 384 en el mecanismo RED que se aplicó a las agencias de viajes.

A juicio del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, los datos de empleo de enero constatan que España tiene un mercado laboral “muy sólido y muy fuerte”, que además está “aguantando muy bien” un entorno “muy complicado”. Según ha dicho, enero es “el mes estacionalmente más bajo del año” por lo que prefiere observar los datos sin ese componente estacional, como sucede con el PIB. Pero incluso sin hacerlo, Escrivá ha resaltado que la caída de enero de 2023 de la afiliación media y la subida del paro son menores que las registradas en enero de 2020, antes de la pandemia, cuando se perdieron 245.000 ocupados y se sumaron 90.000 personas a las listas del desempleo. Para el ministro, los datos desestacionalizados evidencian que el mercado laboral “ha arrancado bien el año” y aunque no ha querido adelantar lo que ocurrirá en los próximos meses, sí ha dicho que el empleo “no hará más que crecer”. De hecho, ha afirmado que la probabilidad de que febrero sea también un buen mes “es grande”, informa Europa Press.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el crecimiento del paro en enero ha sido “más moderado que la media histórica y que otros eneros recientes, lo que muestra una mayor estabilidad del mercado laboral”.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, cree que los datos de empleo de enero “no son buenos”. Aunque corresponden a una situación estacional, advierte de que también se presentan como un “síntoma de desaceleración” que hacen necesario tomar medidas para “avanzar en la consolidación y la creación de empleo“.

La secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, ha subrayado que “son los bajos salarios los que lastran la economía y el empleo, no los que los castigan”, tras alabar la “senda de estabilidad” de los contratos tras la reforma laboral. Además, ha reclamado una mejora de las políticas activas de empleo para luchar contra el paro de larga duración y de la cobertura de las prestaciones por desempleo, pues la tasa de diciembre, del 68,9%, se encuentra 11 puntos por debajo de la registrada en el mismo mes de 2010, cuando alcanzó su máximo histórico.

Para la CEOE, el descenso del empleo y el aumento son un comportamiento habitual del empleo en el primer mes del año, aunque aprecia una mayor intensidad en la caída de la afiliación, al igual que en meses anteriores, por culpa de la incertidumbre. No obstante, la patronal destaca la “gran resiliencia” que está mostrando el mercado laboral, pese a que éste “no es inmune” a los riesgos que supone la guerra en Ucrania y “su impacto sobre la inflación, el suministro de energía y, en general, el encarecimiento generalizado de los costes de producción”.

2022 cierra con buenos datos anuales de empleo y paro, pero las cifras de sus últimos tres meses confirman las alertas por el freno que la inflación y la energía están infligiendo a la economía. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el año pasado se crearon 278.900 empleos, lo que sitúa en 20,46 millones la población ocupada, la cifra más alta desde 2007, cuando aún no había estallado la burbuja inmobiliaria. También bajó en 2022 el número de parados, hay 79.900 menos, lo que sitúa la tasa de desempleo en el 12,87%, cuatro décimas por debajo de la registrada en 2021. Pero, aun así, España vuelve a superar la barrera de los tres millones de parados –3,024 millones– después de haber caído hasta los 2,91 millones en el segundo trimestre de 2022.

La culpa puede atribuírsele a la caída del cuarto trimestre. Desde octubre se han perdido 81.900 ocupados y hay 43.800 nuevos parados: son las peores cifras en esos tres meses desde 2013 y 2012, respectivamente. También ha caído el número de autónomos, 34.700 menos el cuarto trimestre y 111.200 en todo el año. Además, el crecimiento interanual de la ocupación, un 1,38%, es en el último trimestre 1,19 puntos menor que el alza del tercero. Y lo mismo apunta la comparación interanual del paro: aunque desciende un 2,57%, es el menor descenso desde el segundo trimestre de 2022, cuando se empezó a notar la recuperación de la actividad tras la pandemia. Nuevas señales, por tanto, de la desaceleración paulatina del empleo.

Finalmente, se perdieron activos en el cierre de 2022, 38.100, pero aumentaron en el conjunto del año: 199.000 más.

Desde octubre, no obstante, creció el empleo entre las mujeres –55.500 ocupadas más– y entre los extranjeros –55.700 más–. Y continuó el aumento del empleo indefinido, con un alza 366.100 nuevos trabajadores fijos mientras se reducían en 397.800 los temporales. Así, en el total del año, el primero de aplicación de la reforma laboral, los asalariados con contrato indefinido han crecido en 1,59 millones, y los temporales han descendido en 1,19 millones. En consecuencia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 17,93%, cuando llegó a estar en un máximo del 26,8% en 2018. Por el contrario, se ha elevado la tasa de personas con contratos a tiempo parcial, 83 centésimas, hasta el 13,59%, debido al aumento del trabajo por horas en el cuarto trimestre, 159.600 más, sumado a la disminución de quienes lo hacen a tiempo completo, 241.500 menos. Pese a ello, en el conjunto de 2022 el empleo a jornada completa mejora en 241.500 trabajadores.

Un dato negativo más en el fin del año es el aumento del paro de larga duración, el de quienes llevan más de un año sin empleo. Son 40.600 más de octubre a diciembre, aunque en el año han descendido en 180.800.

Por sectores, el cuarto trimestre lo han sufrido especialmente los servicios, con una caída de la ocupación de 70.100 empleos. El recuento anual, sin embargo, lo salva con 314.300 ocupados más, pese a que cierra 2022 con un alza en la cifra de parados de 101.100 personas.

En el reparto territorial, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana se salvaron de la caída del empleo, con aumentos del 4,55%, 2,57% y 1,25%, respectivamente. Pero en el año, son Baleares –6,3%–, Canarias –5,63%– y la Comunidad Valenciana –4,86%– las comunidades que mejor han recuperado el empleo. Por el contrario, Asturias pierde un 3,81% de sus ocupados –15.100 personas–.

Por lo que respecta al paro, el paisaje cambia. Madrid es el territorio donde más creció el paro en 2022 en cifras absolutas, con 57.700 desempleados más, y la segunda –sólo superada por Asturias– con el mayor aumento porcentual, un 16,15%. El cuarto trimestre dejó a Madrid con 10.600 parados más –un alza del 2,63%– respecto al anterior, lo que la convierte en la tercera comunidad donde más creció el desempleo tras Baleares y Cataluña.

A juicio del secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, el comportamiento de la EPA en el cuarto trimestre “es consistente con una moderación en el ritmo de creación de empleo”, con una evolución “más plana” en la segunda parte del año, teniendo en cuenta “las perspectivas económicas que todo el mundo auguraba” para el segundo semestre. Aun así, García Andrés espera que esta moderación en el ritmo de creación de empleo sea “temporal”, y descarta que los datos del cuarto trimestre indiquen un cambio de tendencia, “sino más bien una cierta moderación y una cierta pausa”, informa Europa Press.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, cree que los datos de 2022 confirman la “buena tendencia del empleo, pese a que haya “bajado su ritmo de crecimiento”. También destaca la “calidad del empleo” que se ha creado, con más de 14 millones de trabajadores indefinidos y una rebaja de siete puntos en la tasa de temporalidad, “fruto de la reforma laboral” que se aprobó en diciembre de 2021.

UGT coincide en apuntar al “impacto de la desaceleración económica en el mercado de trabajo” y en subrayar la calidad del empleo “inducida” por la reforma laboral. En el lado negativo, señala hacia el aumento del paro de larga duración, que alcanza al 42,4% de los desempleados. Una cifra que utiliza para criticar las carencias que observa en materia de formación profesional en la recién aprobada Ley de Empleo.

Por el contrario, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha tachado 2022 de “annus horribilis” para los trabajadores por cuenta propia. Su presidente, Lorenzo Amor, reclama que medidas de apoyo, sin “castigar a los que emprenden, a los que emplean y a los que generan empleo y actividad”. La patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, asegura que los datos de la EPA reflejan los efectos de la desaceleración en el empleo por lo que insta al Gobierno a “frenar” la política de aumento de costes y de cargas que soportan las empresas “para no debilitar más el tejido productivo”. Y CEOE habla directamente de “estancamiento” del empleo así como de “un contexto de elevada incertidumbre, desaceleración de la actividad y riesgos a la baja”, que se refleja en el mercado laboral. Las mayores dificultades a las que se enfrentan las empresas, resalta, obligan a su juicio a “centrar los esfuerzos en priorizar el empleo sobre otros factores”.

El año de la guerra en Ucrania, la crisis energética y la inflación desbocada termina con un mercado de trabajo que se ha comportado de forma sorprendentemente positiva cuando se estaba recuperando del cerrojazo forzado por la pandemia. En 2022 la Seguridad Social ha ganado 471.360 afiliados, lo que sitúa en 20,96 millones el número de ocupados, un máximo histórico. Al tiempo, el número de parados registrados en las oficinas de empleo ha bajado en 268.252, dejando en 2,83 millones la cifra de quienes carecen de empleo, la menor desde 2007.

No obstante, el pasado mes de diciembre los cotizantes sólo aumentaron en 12.640 personas, muy por debajo de los 72.553 registrados en diciembre de 2021 y la menor cuantía desde que en 2012, en plena crisis financiera, ese mes perdió 88.367 ocupados. La campaña navideña es siempre un revulsivo para el empleo, por lo que ese debilitamiento de la ocupación puede ser un síntoma más de desaceleración. Este año el alza de la afiliación ha sido del 2,38%, mientras que en 2021, en pleno repunte de la actividad tras el covid, creció casi el doble, un 4,08%: 776.478 nuevos cotizantes.

En cualquier caso, también está en máximos históricos el número de mujeres ocupadas, 9,56 millones, tras crecer un 2,9%, un punto más que los hombres. De igual forma se sitúa en mínimos desde 2008 el paro femenino, con 1,69 millones de mujeres sin trabajo.

En 2022 el número de contratos firmados descendió un 5,5% respecto al año anterior y un 18,7% en comparación con 2019, antes de la pandemia. Es una consecuencia lógica de los cambios propiciados por la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021 pero plenamente en vigor desde abril de 2022. El número de contratos indefinidos, 7,027 millones, representan el 38,37% de los registrados, 18,31 millones. En 2021, los indefinidos equivalían al 10,9% del volumen de contratación. Es decir, su número se ha más que triplicado. De ellos, 2,96 millones son a tiempo completo y 1,18 millones a tiempo parcial. Los primeros han aumentado un 129,4% respecto a 2021 y más aún los segundos, un 212,4%. Al tiempo, los temporales han caído un 34,6%.

La mayor estabilidad del empleo se refleja también en las estadísticas de la Seguridad Social, con un alza de 2,3 millones de afiliados con contratos indefinidos en comparación con diciembre de 2021. El ministerio destaca que tres de cada cuatro menores de 30 años tienen un empleo fijo, cuando antes de la reforma la proporción era de uno de cada dos. Además, los contratos que terminaron el año pasado duraron un 25% más que antes de la pandemia, 52 días más de media que en 2019. Y aquellos que tenían menos de un mes de duración se han reducido en este tiempo en más de 3,3 millones, calcula la Seguridad Social.

Por lo que respecta a las cifras de contratos del mes de diciembre, se registraron un 29,2% menos que un año antes, 1,19 millones, de los cuales el 39% fueron indefinidos, cuatro puntos menos que en noviembre. Los temporales, 782.002, también se redujeron respecto a 2021, un 51,8%.

De los indefinidos, casi se han firmado tantos fijos discontinuos –177.877– como a jornada completa –178.983–. De hecho, los primeros se han multiplicado por 10 respecto a diciembre de 2021, mientras que los de jornada parcial se han duplicado –han crecido un 127,6%– y los de tiempo completo han aumentado menos, un 63%. Un mes más se confirma, por tanto, que el empleo temporal se ha trasladado en un volumen muy importante hacia el contrato fijo discontinuo.

Por sectores, la hostelería encabeza la creación de empleo, con 87.037 nuevos afiliados en todo 2022, aunque este diciembre ha dado de baja nada menos que a 24.090 trabajadores. También las actividades artísticas han recuperado los ocupados perdidos durante la pandemia, con un alza del 8,24% respecto a 2021. Pero es el sector de la información y comunicaciones, con un 9,24% de aumento, el que porcentualmente más aumentó la afiliación el año pasado –52.265 personas más–. Le siguen las actividades profesionales, científicas y técnicas –52.177–, y la construcción, la sanidad y la enseñanza.

Si en el cómputo anual todas las comunidades autónomas han ganado empleo, en diciembre, en cambio, sólo lo han hecho siete. Los territorios donde más creció la afiliación en 2022 fueron Canarias y Baleares, con un 5,25% y un 3,95%, respectivamente, confirmando así la recuperación de la actividad turística. A continuación, Madrid –3,92%–, Cataluña –2,75%– y Comunidad Valenciana –2,62%–. Por el contrario, estas navidades la comunidad que más ocupados ha perdido ha sido Baleares, con un 4%.

Finalmente, siguen bajo el paraguas de los ERTE un total de 20.574 trabajadores, de los que 18.237 son por causas técnicas, económicas, organizativas o de producción. El mayor grupo pertenece a la industria del automóvil, 4.018 personas. En hoteles continúan 1.785 y en bares y restaurantes, 712. En el comercio son unos pocos más, 810.

El Gobierno ha sacado pecho de los buenos datos laborales de 2022. “Volvemos a demostrar que se pueden afrontar las crisis económicas protegiendo el empleo, modernizando el mercado laboral y combatiendo la precariedad y la temporalidad”, ha resaltado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su cuenta de Twitter. A su juicio, estos datos demuestran que “las medidas de protección laboral están funcionando”. Para el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, “2022 ha sido un año de máximos históricos”, con récord de mujeres afiliadas, récord de afiliación en promedio anual, récord en más de una década del ritmo de crecimiento del empleo y récord en los últimos 10 años de la ratio cotizantes/pensionistas”.

También los sindicatos han saludado los datos de contratación de 2022. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que “desmienten” que, poniendo el foco en los indefinidos, subiendo los salarios más bajos e interviniendo el mercado laboral se destruya empleo. Pese a haber sido un año “muy difícil”, el empleo, aseguró, ha sido la variable económica que mejor se ha comportado en 2022.

“El empleo ha evolucionado mejor cuando hemos hecho lo contrario de lo que históricamente nos decían que había que hacer en materia laboral ante las crisis, cuando se han roto los mantras neoliberales desde el Diálogo Social”, ha explicado en una entrevista en RNE.

Por su parte, UGT insta a “no bajar la guardia” pese la “buena evolución” del empleo en 2022, y se reafirma en su estrategia de movilización para exigir a la patronal subidas salariales “justas”, cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos y el alza del SMI hasta 1.100 euros al mes.

Noviembre ha sido otro mes anómalo para un mercado laboral alborotado durante la recuperación de la pandemia y amenazado por la incertidumbre de la inflación y la crisis energética. Como se viene dibujando a lo largo de los últimos meses, las afiliaciones a la Seguridad Social se están ralentizando y el pasado noviembre se redujeron, aunque muy poco. Apenas fueron 155 menos que en octubre. Cuando en un mes de noviembre normal –antes del coronavirus– se destruye empleo en un volumen considerable: 47.449 cotizantes se perdieron en 2018 y 53.114 en 2019.

Aun así, este año el golpe al empleo ha venido de la mano de la hostelería, que ha retrasado un par de meses el cierre de la campaña alta turística y de ocio. Ha perdido 101.752 afiliados, un 7,22% respecto al mes anterior. También ha sido Baleares, con 80.387 cotizantes menos, la comunidad autónoma que más puestos de trabajo ha destruido en noviembre, lo que permite inferir las causas de la atonía del empleo en noviembre. Por el contrario, la educación, al igual que en octubre, ha ayudado a sostenerlo, con 27.670 nuevos afiliados, el sector de actividad que más ha aumentado la ocupación en el último mes.

Sin embargo, el paro ha sumado un mes más de buen comportamiento, con un descenso de 33.512 trabajadores menos registrados en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El Ministerio de Trabajo destaca que es la segunda mayor bajada en un noviembre de los últimos 10 años, si se exceptúa el de 2021, y que la cifra total de parados, 2,88 millones, también es la menor en un noviembre desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

Además, el desempleo registrado ha caído en todos los sectores, sobre todo en los servicios, donde hay 25.083 personas sin trabajo menos. Por esa misma razón –los servicios son el sector más feminizado–, ha bajado más el paro entre las mujeres, 19.199 menos, que entre los hombres, 14.313 menos.

El número de contratos también se ha reducido, lo que viene ocurriendo desde que entró en vigor la reforma laboral, debido al acusado descenso de los contratos temporales y su sustitución por indefinidos. Se han firmado 1,42 millones de contratos, un 29,54% menos que hace un año y un 6,5% menos que en octubre. El 43,2% son indefinidos: 615.236, una cifra que más que duplica la de noviembre de 2021, antes de la reforma laboral, aprobada un mes después, pero que también son un 11,7% menos que en octubre. Esa caída es mayor que la sufrida por los contratos temporales, que sólo se han reducido un 2,15% respecto a octubre.

Tanto el Ministerio de Trabajo como el de Seguridad Social subrayan la “estabilidad en el empleo” que reflejan los datos de noviembre y que atribuyen a la reforma laboral. El 73,7% de los contratos que se firmaron en la construcción son fijos, el sector que mayor volumen nuevo de empleo indefinido registra. Ambos departamentos comparan las cifras de este mes con el promedio de los contratos registrados entre 2017 y 2019, cuando en la construcción los indefinidos no llegaban al 11%, y entre 2017 y 2021, cuando los menores de 30 años con contrato fijo no superaban el 47% y ahora se ha elevado hasta el 76%, dos millones de trabajadores.

Del total de contratos indefinidos, el 34,6% son fijos discontinuos, cuyo número sigue disparado desde que entró en vigor la reforma laboral –se multiplica por seis la cifra de los registrados en noviembre de 2021–. Los indefinidos a tiempo parcial se han duplicado respecto a hace un año. Es en ambos tipos de contrato hacia donde parece que se ha trasladado el empleo temporal que antes suponía el 90% de la contratación cada mes. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este mismo viernes el contrato fijo-discontinuo porque da “flexibilidad” a las empresas y una cierta “estabilidad” a los trabajadores. “Si se quita este contrato, tendríamos un problema real de paro en España”, asegura, informa Europa Press. Los contratos temporales firmados este último noviembre son un 53,4% menos que en el mismo mes de 2021.

En conjunto, la Seguridad Social cuenta con 20,319 millones de afiliados, por lo que desde enero se han creado 480.044 empleos y 825.000 desde agosto de 2021, cuando se superó el número de cotizantes anterior a la pandemia. No obstante, se empieza a evidenciar una desaceleración en el empleo: el aumento de cotizantes en noviembre es de un 2,69% si se compara con el mismo mes de 2021, el menor crecimiento interanual desde abril de 2021. Noviembre es el primer mes en que el ritmo interanual de afiliaciones se sitúa por debajo del 3%. La creación de empleo llegó a su máximo interanual en abril de este año, con un 5,06%, pero desde entonces no ha dejado de caer. Pese a esa ralentización, el Ministerio de Seguridad Social adelanta que, con los datos de los 11 primeros meses, el aumento de la ocupación para todo 2022 se acercará al 4%, “el mayor ritmo de crecimiento de los últimos años”, asegura.

Por comunidades autónomas, Madrid es donde más crece la afiliación en cifras absolutas –34.134 nuevos cotizantes–, seguida de la Comunidad Valenciana –21.064– y Andalucía –12.881–. Donde más empleo se pierde, además de Baleares –un 14,4%–, es en Castilla y León –aunque a considerable distancia de las islas, 5.489 afiliados menos–. El paro subió también en Baleares, pero sólo en 1.587 personas, Castilla y León –1.554 desempleados más– y otras siete comunidades más, todas ellas con alzas inferiores al millar de personas. Pero bajó en 15.330 trabajadores en la Comunidad Valenciana y en 11.169 en Andalucía.

Por lo que se refiere a los ERTE, ha crecido el número de trabajadores bajo este mecanismo de protección pública un 13,8% respecto a octubre. Ascienden a 22.763 trabajadores, de los cuales 20.310 está acogidos a un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es en este tipo de ERTE donde se está concentrando el aumento, con un alza mensual del 17%, superior por tanto a la media.

UGT ha destacado que los datos del paro del mes de noviembre vuelven a constatar que “la reforma laboral funciona”, aunque el sindicato también advierte de que, de seguir la negativa de la patronal a aplicar subidas salariales dignas, continuará con el clima de conflicto que comenzó tras el verano. Además, ha reclamado políticas activas más eficaces para acabar con el paro de larga duración. CCOO habla de “datos récord de empleo”, que también atribuye al “impacto positivo” de la reforma laboral, y aplaude que se haya reducido el número de contratos y la rotación necesarios para “dar estabilidad al empleo”.

Por su parte, USO alerta ante ese descenso del número de contratos firmados y destaca que, aunque se registran más indefinidos que hace un año, “están marcados por la temporalidad y la parcialidad”. A su juicio, la nueva temporalidad “se disfraza de contratos fijos discontinuos” y de fijos a tiempo parcial. “Estos contratos sirven para reducir el paro pero no mejoran ni actúan sobre los problemas estructurales que arrastra el mercado laboral en España”, ha resaltado el secretario general del sindicato, Joaquín Pérez.

La patronal de las empresas de trabajo temporal, Asempleo, reclama datos estadísticos que recojan “con precisión” los cambios que ha traído la reforma laboral. “Es muy difícil entender la dinámica de nuestro mercado laboral”, asegura. Para Asempleo, se aprecian ya “claras evidencias de desgaste”, como el aumento del paro del colectivo sin empleo anterior, los parados de muy larga duración y el “nulo crecimiento” de la afiliación a la Seguridad Social.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tiene claro cuál va a ser su próximo objetivo de política laboral: el despido. Quiere que sea “reparativo” y “restaurativo”. Para conseguirlo, pretende abrir una nueva mesa del Diálogo Social en la que se debata cambiar tanto las causas como las indemnizaciones. Materia sensible donde los haya que no por casualidad quedó fuera de las discusiones de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021. Pero que UGT ha esgrimido enseguida como parte esencial de la voladura controlada de lo que sobrevive de la reforma laboral del PP.

De hecho, el Comité Europeo de Derechos Sociales admitió días atrás a trámite una reclamación de UGT para que España modifique el diseño de las indemnizaciones de los despidos improcedentes, que se calculan basándose únicamente en un número prefijado de días de salario multiplicados por la antigüedad del trabajador. Según argumenta el sindicato, este mecanismo “predeterminado” ni es proporcional ni repara el daño causado al despedido de forma “injusta o arbitraria”. Tampoco resulta disuasorio para la empresa. Por el contrario, UGT pide que se deje a los jueces examinar si el daño infligido al trabajador es mayor y cuál ha sido la conducta del empresario, explica a infoLibre su secretario confederal, Fernando Luján. Aunque no renuncia a que se permita a sindicatos y patronales revisar y regular las indemnizaciones de despido para dar “mayor seguridad jurídica”.

Díaz apuntó a que las indemnizaciones deberían tener en cuenta la edad, la formación o el sexo del trabajador para evaluar el “daño” ocasionado por la ruptura del contrato por parte de la empresa. Luján precisa, en cambio, que el objetivo de su demanda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales no tiene por objeto que se indemnice más a mujeres, jóvenes o mayores, sino que se considere, por ejemplo, la dificultad del despedido de forma injusta o arbitraria para encontrar otro empleo, si tiene una hipoteca o si ha sido sustituido por otro trabajador. En su denuncia, UGT argumenta que el Comité Europeo ya ha dictaminado contra los “sistemas indemnizatorios por despido abusivo” de Francia, Italia y Finlandia, porque, al igual que el español, están desvinculados de “los daños reales y de la función disuasoria” que deberían tener.

La CEOE no tardó en rechazar cualquier cambio en las direcciones sugeridas tanto por la vicepresidenta como por UGT. “Es un planteamiento bastante viejo, que se implantó en la época de Primo de Rivera, se mantuvo en el franquismo y se suprimió en democracia porque puede ser una traba para algunos colectivos”, replicó el presidente de la patronal, Antonio Garamendi en una entrevista en RTVE. “Las empresas”, advirtió, “no contratarían a gente cuyos despidos sabes de antemano que van a ser más elevados que los de otros”.

Garamendi se refería a la Ley del Contrato de Trabajo de 1944, elaborada por el ministro José Antonio Girón, que para un despido sin causa justificada permitía la readmisión del trabajador o que se le indemnizara “en una suma que fijara el magistrado de Trabajo a su prudente arbitrio”, pero teniendo en cuenta “la facilidad o dificultad de encontrar otra colocación adecuada, cargas familiares, tiempo de servicio en la empresa, etcétera”. En todo caso, la cantidad no podía exceder del importe de un año de sueldo. Y si era el empleado quien incumplía el contrato, “abandonando el trabajo”, el empresario tenía derecho a “exigirle el resarcimiento de daños y perjuicios”.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, que se refieren a 2020, en España fueron despedidas ese año 474.738 personas. La indemnización media se elevó a 8.965 euros. En esas cifras se incluyen también las extinciones de contratos temporales, de las que hubo 141.994. Sin embargo, las estadísticas sobre despidos e indemnizaciones no son muy fiables, lamenta Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca, que lleva desde 1996 estudiando estos datos. Las cifras de despidos antes citadas se elaboran a partir de los datos de la Seguridad Social sobre las causas de baja de la afiliación y las de indemnizaciones proceden de las declaraciones del IRPF, así como del. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que paga las compensaciones que no han podido abonar las empresas en concurso de acreedores o insolvencia.

Pero, si se acude a los números que el propio ministerio ofrece sobre altas de beneficiarios de prestaciones por desempleo –a las que se tiene derecho sólo si se es despedido– el número de personas que se quedan sin empleo cada año es muy superior: 1,85 millones en 2020. En ese número se incluyen quienes han accedido a la prestación tras conseguir una sentencia favorable en los juzgados de lo Social o quienes lo han hecho tras no superar el periodo de prueba de un contrato o mediante acta de conciliación y no han llegado a juicio.

También ofrece datos sobre despidos el Poder Judicial. No obstante, en España sólo una tercera parte de las extinciones de contrato llegan a los tribunales, si se considera el dato de la estadística de despidos del ministerio. En 2021 demandaron a sus empresas tras un despido 148.372 trabajadores. Y los jueces concedieron indemnizaciones por un importe total de 914,81 millones de euros. La compensación media asciende a 8.882 euros, en línea con las publicadas por el ministerio para el total de los despidos registrados.

En cualquier caso, Malo Ocaña añade que las cuantías medias de indemnización, en realidad, “informan de muy pocas cosas” porque son el resultado de múltiples variables. Por ejemplo, son muy superiores las que reciben los contratados por tiempo indefinido, una media de 15.418 euros. Casi quintuplican las indemnizaciones abonadas a quienes tenían un contrato indefinido a tiempo parcial –3.272 euros– y multiplican hasta por 30 las de un temporal a tiempo parcial –506,5 euros–. Otro ejemplo: las compensaciones en un despido colectivo –una media de 17.079 euros– más que duplican las de los despidos individuales por causas objetivas –7.570,5 euros–. En los despidos colectivos, la negociación previa con los sindicatos se centra esencialmente en aumentar el máximo posible las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, y en reducir el número de trabajadores afectados.

Además, detalla Miguel Ángel Malo, las compensaciones a veces se acuerdan en los servicios de mediación, porque empresa y trabajador han pactado previamente la improcedencia del despido y una cuantía más elevada. Por tanto, es fácil que pueda elevarse de 20 días por año trabajado –la cantidad prevista para los despidos objetivos y procedentes– a 33 días –la prevista para despidos improcedentes–. En el caso de que el despido llegue al juzgado, primero se celebra una conciliación, para intentar evitar el juicio, que también puede aumentar la cuantía inicial. Y, finalmente, si no hay acuerdo, puede terminar en una resolución judicial, que mejorará quizá la indemnización consignada en la carta de despido. Según la estadística del Poder Judicial, de los 135.361 despidos resueltos en 2021, el 46,2% se cerraron en la fase de conciliación, mientras que en el 28,2% se dictó sentencia. De estos, 38.197, el 80,2%, fueron resueltos a favor del trabajador.

Es decir, las empresas tienen interiorizado que el coste del despido es 33 días, no 20 días, el coste del despido procedente, “y eso es algo que no funciona bien en el diseño del despido en España”, asegura el economista. A su juicio, los 45 días por año trabajado, con el máximo de 42 mensualidades en que estaba compensado el despido improcedente hasta la reforma de 2012 era un “coste muy alto”, mientras que los 20 días con un tope de 12 mensualidades se sitúa en la media de los países europeos.

Por el contrario, Fernando Luján no tiene ninguna duda: desde 2012 en España despedir es “fácil”, por las escasas “formalidades” que deben cumplir las empresas, y “barato”, por la cuantía decreciente de las indemnizaciones.

Un informe de CCOO ya alertaba en 2019 ante la creciente precarización de los contratos indefinidos, que el sindicato achacaba a varias causas, todas ellas producto de la reforma laboral del PP: el abaratamiento de las indemnizaciones de los despidos improcedentes, la supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos y la ampliación de los supuestos en que un despido es considerado procedente. El resultado fue que de los 11 millones de contratos indefinidos firmados entre 2012 y 2018 sólo 3,4 millones alcanzaron el año de duración. A finales de 2018, seguían vivos el 63% de los indefinidos firmados durante ese año y el 50% de los suscritos en 2017. Es decir, en 2018, 845.638 contratos indefinidos no se habían traducido en empleo indefinido, cuando en 2012 esa cifra era sólo de 184.108. De media, en España hacía falta firmar 1,6 contratos indefinidos para conseguir un puesto indefinido, pero en Baleares, Madrid, Cataluña, Murcia, País Vasco, La Rioja y Asturias hacían falta dos.

Es decir, resume Miguel Ángel Malo, desde 2012 la antigüedad de los despedidos ha bajado notablemente. Por consiguiente, también las cuantías de las indemnizaciones. El anterior presidente de la CEOE, Juan Rosell, solía repetir que los empresarios tenían “miedo a contratar” por las elevadas compensaciones que la ley les imponía si tenían que despedir a trabajadores. A la luz de las cifras, parece que las empresas han dejado de temer al lobo del despido caro de los trabajadores indefinidos.

Según las estadísticas de Trabajo, los despidos aumentaron un 14% entre 2017 y 2020, mientras que la cuantía de las indemnizaciones cayó un 11%. Las que más se redujeron, un 20,4% fueron las pagadas a trabajadores con contratos indefinidos a tiempo completo. Como corresponde a las comunidades autónomas con salarios más altos, también son Madrid –13.210 euros– y Cataluña –11.685– los territorios donde se abonan las mayores indemnizaciones. Las más bajas, en Extremadura y Murcia, que son sólo un tercio de las madrileñas y catalanas. Por sectores, son las compañías energéticas y los bancos los más generosos a la hora de despedir, con indemnizaciones de 35.773,8 y 33.320 euros, respectivamente porque pagan el doble que las siguientes de la clasificación, las empresas de información y comunicaciones –16.632 euros– y hasta 15 veces lo que conceden la hostelería –2.318 euros–, la construcción –3.892 euros– o la agricultura –3.465 euros–. Los bajos salarios y la elevada temporalidad, por tanto la menor antigüedad, explican las exiguas indemnizaciones en estos tres sectores.

“Cuando se abarata el despido, se usa más”, sostiene Miguel Ángel Malo. Y desde la reforma de 2012, añade, se ha abierto más hueco al despido objetivo compensado con 20 días por año trabajado. Además, en 2020 los despidos colectivos se duplicaron respecto al año anterior, pese al colchón para el empleo que supusieron los ERTE. El año de la pandemia bajaron los despidos disciplinarios, un 22,6%, pero crecieron los objetivos individuales, un 11,3%. En 2020 fueron despedidas 290.039 personas por causas objetivas, casi seis veces más que en despidos colectivos. Otras 115.061 perdieron su trabajo por causas disciplinarias.

Para saber lo que ocurrió en 2021 se puede acudir a las estadísticas de altas en las prestaciones de desempleo. Entonces, los despidos se redujeron un 13% respecto al año del confinamiento más duro. Y en lo que va de 2022, los despidos ya son un 12% menos que en los nueve primeros meses de 2019. En 2021, no obstante, continuó la tendencia al alza de los despidos colectivos, que casi duplicaron en número de trabajadores afectados a los de 2020. Y en 2022 ya habido más despedidos en ERE que en todo 2020.  

Uno de los argumentos utilizados por UGT para reclamar el cambio del sistema de indemnizaciones en España es que en cualquier otro tipo de contrato –civil, mercantil– la ley sí permite aumentar la compensación midiendo el daño infligido más allá de un mecanismo predeterminado. Una posibilidad que la jurisprudencia española ha rechazado en repetidas ocasiones, reconoce el sindicato. “El ordenamiento laboral”, explica, es “una regulación completa, especial y excluyente de cualquier otra”. Para Miguel Ángel Malo, en cambio, sería “peligroso” devolver el contrato de trabajo al Código Civil, como tenían por ejemplo en el Reino Unido. Equivaldría, dice, a “desandar el camino de protección” que ha seguido hasta ahora.

Según destaca, la regulación del despido es fruto de un equilibrio de economía política: empresarios y trabajadores ganan y pierden algo. “El empresario gana que puede despedir casi de un día para otro pagando su improcedencia; hay unos límites, pero también una libertad muy amplia para despedir, aunque eso le cuesta dinero”, describe. El trabajador, por su parte, pierde parte de la protección que le da la ley, pero a cambio de obtener una indemnización más elevada. Para modificar ese mecanismo, rebajando la compensación económica, habría que mejorar la protección efectiva del trabajador. “Y es muy difícil garantizar de verdad las causas, muy difícil para el juez verificar lo que pasa en una empresa”, concluye.

Malo Ocaña recuerda que en otros países europeos ya se aumentan las indemnizaciones cuando el trabajador despedido tiene más de 50 años, por ejemplo. “Pero no se calcula una compensación a la carta”, matiza. También cree que diseñar las indemnizaciones de los despidos colectivos “a la medida” puede ser problemático. En cambio, sí que apoya que se compense el capital humano acumulado por los trabajadores de más edad y antigüedad que estos pierden cuando son despedidos.

La pandemia y la crisis desencadenada por la guerra en Ucrania están distorsionando el rígido patrón estacional que dirige el mercado laboral español. Ya ocurrió en julio, un mes tradicionalmente bueno para el empleo por el tirón del turismo, y se ha repetido en octubre, cuando suele desinflarse con el fin de la temporada alta. Este último mes el paro tal como lo registra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha caído en 27.027 personas, la mayor bajada desde que hay registros, en 1996. En 2021 también se redujo el desempleo, pero sólo en 734 personas. Ha sido el repunte en la educación, las contrataciones del nuevo curso, el que ha permitido compensar, con creces, el descenso en el empleo en la hostelería. Así, la enseñanza ha registrado 139.197 nuevos afiliados a la Seguridad Social, un número que cubre los 54.695 cotizantes que ha perdido la hostelería, así como los 39.777 que se ha dejado la sanidad. También ha disminuido el empleo en las actividades administrativas, 16.061 personas.

En consecuencia, el mercado laboral resiste aún el envite de la crisis energética, manteniendo 20,28 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras haber creado 401.348 empleos desde enero. Si la cuenta se hace desde octubre de 2021, el número de ocupados ha crecido en 593.197, un alza del 3,01%. Esa tasa interanual se reduce desde el 3,3% que registraba el pasado septiembre, reflejando una cierta ralentización. El pasado octubre la afiliación creció en 103.499 cotizantes, menos que octubre de 2020 –114.000– y de 2021 –159.000–, con la recuperación a pleno ritmo, y más próxima a la de 2019 –106.541–. Por lo que se refiere al paro, sigue habiendo en España 2,91 millones de personas sin trabajo apuntadas en las oficinas del SEPE. El Ministerio de Trabajo destaca que es la mejor cifra de un mes de octubre desde 2008. En los últimos 12 meses, el paro ha bajado un 10,5%, al perder los registros 342.176 desempleados.

Al mismo tiempo, continúan al alza los contratos indefinidos. En octubre se firmaron 697.335, el 45,75% de los registrados en el SEPE. Es decir, su número se ha multiplicado por 3,5 respecto a hace un año, antes de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021. De ellos, los que más han crecido han sido los fijos discontinuos, que se han multiplicado por nueve en el último año, hasta sumar 259.834. Y los temporales siguen reduciéndose. Se suscribieron 826.804 en octubre, un 51,19% menos que en octubre de 2021. Desde enero, su número se ha reducido en un 30,5%. Y los temporales a tiempo parcial, los más precarios, caen más que la media, un 55,74% en comparación anual.

El aumento de los contratos indefinidos engorda automáticamente el empleo fijo en las listas de la Seguridad Social. El 84% de los afiliados cuentan ahora con un empleo indefinido, 14 puntos más que en el promedio de 2017 y 2021, según se encarga de destacar el Ministerio de Seguridad Social. También resalta el departamento de José Luis Escrivá que los contratos de menos de 30 días de duración han disminuido en más de 2,8 millones de personas desde la reforma laboral, y los contratos que se rescindieron desde enero tenían una duración superior a la media de 2019, duraron 48 días más.

En el último año, todos los sectores han ganado afiliados, excepto dos: la agricultura, con una pérdida mínima del 0,19%, y las empleadas de hogar, que cuentan ahora con un 2% de cotizantes menos. El pasado octubre perdieron 1.319 cotizantes, un 3,21%, la segunda mayor caída después de la hostelería, que se dejó un 3,73% de sus afiliados a la Seguridad Social.

Por comunidades autónomas, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja perdieron empleo en octubre. La que más, Baleares, un 5,69% respecto al mes anterior, mientras que Canarias gana un 1,34%. Madrid también crece en afiliación, un 1,26%, con 43.266 empleados más, seguida de Comunidad Valenciana, con 39.217 nuevos cotizantes. En la comparativa anual, todos territorios han aumentado su número de afiliados a la Seguridad Social.

Finalmente, siguen acogidos a un ERTE un total de 19.990 trabajadores, por debajo de los 21.369 con que cerró septiembre. De ellos, el mayor número se concentra aún en el transporte aéreo, 1.863 personas, seguidos por las empresas automovilísticas, que suman 1.664 trabajadores. El número supera a los de hoteles, 1.591 personas, y bares y restaurantes, con 1.090. En el mecanismo RED se mantienen 1.293 empleados de agencias de viajes.

UGT ha alabado la mejora del empleo en un mes donde habitualmente aumenta el paro, a pesar del “incierto y difícil contexto internacional”. El sindicato atribuye a la reforma laboral la corrección de la “alta volatilidad” que ha caracterizado siempre al mercado laboral español. También destaca que el empleo haya crecido en términos desestacionalizados por decimoctavo mes consecutivo. CCOO ha aplaudido que España haya creado empleo “cuando más alto ha sido el SMI, más estable la contratación y más intervencionista a través de los ERTE han sido las políticas públicas”. “Se están rompiendo muchos de los mantras neoliberales con los que nos venían intoxicando en materia laboral”, ha asegurado el secretario general del sindicato, Unai Sordo.

Por su parte, Asempleo, la patronal de las ETT, destaca la dificultad de rebajar la barrera de los 2,9 millones de parados, pese a la reducción producida por el alargamiento de la campaña veraniega. A su juicio, el ritmo de contratación sigue una tendencia “claramente exponencial a la baja”: mientras que a principios de año el número de contratos crecía en un 20%, de media, en octubre ha bajado al 0,09%.

La CEOE coincide con los sindicatos en asegurar que la reforma laboral está “evitando la destrucción de empleo” en momentos de incertidumbre. En particular, llama la atención sobre el contrato fijo discontinuo que, a su juicio, “otorga suficiente flexibilidad a las empresas y protege a los trabajadores”. 

A los siete meses de que se abriera la negociación en el Diálogo Social, el Estatuto del Becario está casi pactado. CCOO y UGT ya le han dado su visto bueno, pero la CEOE aún no se ha pronunciado e insiste en que la mesa sigue abierta. Quienes sí han expresado su enérgico rechazo han sido los rectores de las universidades españolas, secundados por las fundaciones universidad-empresa. Ambas instituciones han cargado contra la que tachan de “incomprensible laboralización” de una actividad que, dicen, es sólo académica, se oponen a que los becarios coticen a la Seguridad Social y se quejan de que el borrador del futuro estatuto parta de la “sospecha” de que existe una “mala praxis generalizada”.

Desde 2018 la Inspección de Trabajo lleva a cabo una especial vigilancia sobre el “trabajo no declarado” de los jóvenes; es decir, persiguen las falsas prácticas que encubren una auténtica relación laboral. Un becario que hace, gratis o por muy poco dinero, el trabajo que debería corresponder a un empleado cuyo contrato se ahorra una empresa o una institución. Como resultado de esos controles, la Inspección afloró 5.122 falsos becarios en cinco años. Cuando más, en 2020, 1.859, según recoge el informe anual de la Inspección de Trabajo. El año pasado, 1.183, de acuerdo con las cifras facilitadas a infoLibre por el Ministerio de Trabajo. Hasta 2018, los falsos becarios descubiertos no llegaban ni el medio millar anual.

A su vez, los expedientes abiertos a las empresas infractoras supusieron el pago de 12,9 millones de euros en cotizaciones adeudadas a la Seguridad Social entre 2018 y 2020.

A diferencia de la Conferencia de Rectores (CRUE) y de la Red de Fundaciones Universidad Empresa (Redfue), CCOO sostiene que los becarios han sido “una fuente de fraude y explotación laboral”. Ocurre también cuando la parte formativa queda en segundo lugar, por ejemplo. El sindicato culpa a las prácticas no laborales de ser las causantes del menor tirón de los contratos formativos: “¿Para qué hacer contratos si con una beca sin derechos basta?”, se pregunta CCOO. También asegura que las prácticas extracurriculares, las que no están incluidas como obligatorias en los planes de estudio, son “la figura más precarizada y menos protegida” y las que más contribuyen al fraude.

“Perseguir y acabar con el fraude” es uno de los objetivos declarados de la nueva regulación, según explica también UGT. No sólo porque delimita lo que es formación y lo que es trabajo, sino además porque impide, por ejemplo, que las empresas empleen a más de un 20% de becarios en sus plantillas. A partir de ahora, si la Inspección descubre un becario en fraude, la sanción para la empresa será convertirlo en trabajador indefinido.

La tentación de emplear a becarios para hacer el trabajo que corresponde a un asalariado en plantilla quizá no sea “generalizada”, pero está extendida. La Inspección de Trabajo ha encontrado falsos becarios en empresas de bandera como el diario El País y la Cadena Ser, en entidades públicas como la Presidencia de la Generalitat valenciana y en restaurantes de renombrados chefs como Jordi Cruz y Ángel León.

Pero el punto que más ha soliviantado a los rectores es la exigencia de que los becarios coticen. Una polémica antigua que incluso contó en su día con el rechazo del Ministerio de Educación. A favor de dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas ha estado siempre el Ministerio de Trabajo, también durante los gobiernos del PP: la necesidad de ingresos en el sistema obligaba al departamento a la búsqueda ávida de cotizantes. La cuota de los estudiantes en prácticas es muy pequeña. Debe ser la misma que tiene un contrato de formación, excluidas las contingencias comunes, la de desempleo, el Fogasa y la Formación Profesional: 61,78 euros. Pero, aun así, la CEOE no quiere aumentar las cotizaciones que pagan las empresas, mientras que los rectores creen que exigirlas “disuadirá” a éstas para que ofrezcan formación a los estudiantes, por un lado, y aumentará la carga de trabajo de las universidades, por otro.

En cualquier caso, las cotizaciones de los becarios a la Seguridad Social no se incluyen en el Estatuto recién pactado, sino que se discuten en otra mesa del Diálogo Social con el ministerio que dirige José Luis Escrivá. Y en ella ya se han ofrecido bonificaciones superiores al 90%, por lo que, de aprobarse, las cuotas que deban pagar empresarios y estudiantes no superarán los 15 euros mensuales.

A cambio, se pretende que el tiempo cotizado compute para cualquier prestación pública contributiva, incluida la pensión de jubilación. Los rectores, sin embargo, consideran un “sinsentido” que, a cambio de la cotización, se ofrezcan prestaciones como la incapacidad temporal y las de maternidad o paternidad, o se atiendan en la Seguridad Social “situaciones incapacitantes actualmente ya protegidas mediante otros instrumentos”. “Al margen de que en España la asistencia sanitaria es universal”, subrayan los rectores, “los estudiantes la tienen específicamente protegida a través del seguro escolar”. En lugar de la cuota, aun pequeña, los rectores reclaman una “cotización ficticia”, como la que se utiliza ya para cubrir lagunas de cotización de algunos trabajadores.

Lo que sí deberán desembolsar los empresarios a partir de ahora serán los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención de sus becarios, si los hubiera. Los estudiantes en prácticas, además, podrán utilizar los servicios de comedor, aparcamiento u otros de que disponga el resto de la plantilla, y en las mismas condiciones.

El Estatuto también establece ciertas medidas de protección frente al abuso. Los becarios no podrán trabajar de noche o a turnos, y disfrutarán de los mismos descansos, festivos, permisos para ir la médico, baja por enfermedad y vacaciones que el resto de los trabajadores.

Finalmente, el borrador determina la desaparición de las prácticas extracurriculares en 2025. Sólo se podrá ser becario mientras se cursen estudios, ya sea universitarios o de FP, y siempre que la formación en una empresa esté incluida en el plan de estudios. Para cualquier otro tipo de práctica posterior las empresas deberán suscribir contratos formativos en alternancia y de adquisición de práctica profesional. Empresas y universidades tienen un periodo transitorio de hasta tres años para adaptarse al cambio.

Sin embargo, los rectores critican por discriminatorio el fin de las prácticas extracurriculares, pues aseguran que habrá estudiantes que quedarán fuera del sistema de becas. Como tampoco lo han aplaudido los estudiantes. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) cree que la supresión de este tipo de prácticas no eliminará el fraude. Por el contrario, reclaman que se las equipare “en control, limitación y proyecto formativo” a las curriculares.

Según las cifras del Ministerio de Trabajo, en España hay medio millón de becarios, universitarios y de Formación Profesional. Además, las estadísticas del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) registraban al cierre de 2021 un total de 80.080 contratos en prácticas, así como otros 30.672 contratos de formación y 5.379 contratos de investigador predoctoral en formación. La diferencia con los becarios es que, en todos estos casos, la relación laboral está clara y sus condiciones se rigen por el Estatuto de los Trabajadores.

Para firmar un contrato en prácticas el interesado debe haber terminado sus estudios y contar con el correspondiente título, bien universitario o de Formación Profesional. Pero no pueden haber transcurrido más de tres años desde que acabó de estudiar. A su vez, el contrato no se puede prolongar más allá de un año. Su salario no puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los contratos de formación están destinados a menores de 30 años que carezcan de cualificación profesional y no pueden prorrogarse durante más de dos años. El trabajador tiene derecho a reducciones de cuotas del 100% y el empresario también al 100% si la plantilla tiene menos de 250 personas o al 75% si tiene más.

Los contratos de investigador predoctoral en formación no pueden durar más de cuatro años y su retribución no puede ser inferior al 56% del salario fijado para las categorías equivalentes durante los dos primeros años, al 60% durante el tercer año y al 75% durante el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al SMI. Y disfruta de una reducción del 30% de la cuota empresarial por contingencias comunes.

¿Cuál es el resultado a efectos laborales de este tipo de contratos? Sólo el 27,6% de los contratos en prácticas y el 6,6% de los de formación firmados en 2021 se convirtieron en indefinidos.

CCOO y UGT abren este viernes con una protesta ante las sedes de la patronales en toda España una campaña de movilizaciones con la que pretenden resucitar el acuerdo de salarios que quedó en suspenso el pasado mayo. Creen que tensionando la negociación de los convenios colectivos, que se resienten de la falta de ese marco de referencia, empujarán a CEOE y Cepyme a sentarse de nuevo a la mesa con ánimo y propuestas para pactar subidas salariales suficientes en medio de una escalada histórica de la inflación. Unai Sordo, secretario general de CCOO, cree que mostrando el “malestar de miles de trabajadores en las calles” será posible recomponer la negociación, al tiempo que reclama medidas fiscales para que las patronales “no se salgan con la suya” y la inflación deje “indemnes” los beneficios y dividendos empresariales. “Ese escenario España no se lo puede permitir”, zanja.

Pese a que cree que la reforma laboral está dando un resultado mejor de lo previsto y que la evolución del empleo es la mejor variable económica de este año, también pide prudencia en los pronósticos: la ralentización económica que se cierne sobre Europa este invierno terminará “antes o después” afectando al empleo. La misma cautela expresa respecto a los Presupuestos recién presentados. El aumento del gasto social es la orientación adecuada, siempre y cuando, añade, haya una “política fiscal corresponsable”. 

El Gobierno saludó este lunes las cifras del paro de septiembre como las mejores en ese mes de la serie histórica. La vicepresidenta Nadia Calviño aseguró incluso que eran “excelentes”. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, concedió que “no eran tan malas”. Pero Funcas [el gabinete de estudios de las cajas de ahorro], por ejemplo, advierte ante las señales de ralentización del empleo. ¿Cómo las ve CCOO?

Los datos del último mes, comparados con los habituales de septiembre, excepto en 2020 y 2021, están en la media de lo que suele pasar en España e incluso son un poco mejores. Con los cambios en la legislación laboral y teniendo en cuenta cómo está cambiando el perfil de contratación, hacen falta secuencias de tiempo un poco más largas para analizar el empleo. Por tanto, analizar sólo un mes me parece bastante sesgado. Pero hay dos cosas evidentes. La primera, que la evolución del empleo en el último año ha sido la mejor variable económica, la que mejor ha funcionado. Se ha demostrado que no sólo se podía crear empleo más rápido, sino que también se podía sostener ese empleo en niveles históricos, por encima de los 20 millones de cotizantes, pese a que, según algunos, la contratación indefinida y la subida del SMI iban a destruir empleo. Y la segunda, que hay que ser muy prudentes: en la medida en que vamos a una ralentización del crecimiento económico, antes o después el empleo se va a resentir en España. Y esto sería bueno no perderlo de perspectiva. Veremos en qué porcentaje, porque la economía depende de factores externos como la guerra. Pero, a día de hoy, se puede decir que la evolución del empleo es la mejor variable económica que está habiendo en España.

También este lunes se presentaron los Presupuestos del Estado para 2023. El presidente de la CEOE los critica porque no los ve “ajustados a la situación económica” y pidió “ortodoxia” y “rigor”. ¿Qué echa en falta CCOO en las cuentas, les pone algún pero pese al gran aumento en el gasto social?

Primero hay que destacar un hecho positivo: es más que probable que haya Presupuestos. Y eso es relevante porque nos hemos acostumbrado a las prórrogas presupuestarias y a nadie se le movía un pelo. Es bueno que en tres años de legislatura vaya a haber tres Presupuestos. No sólo por dar una sensación de estabilidad política, sino también porque en estos últimos tres años la situación económica ha sido muy distinta: en 2020 la pandemia, en 2021 la recuperación, en 2022 viene una guerra de precios y en 2023 el escenario será otro. Unos Presupuestos distintos me parecen una gran noticia.

En segundo lugar, a priori es una buena orientación que sean expansivos y tengan un gran incremento en muchas partidas sociales, siempre y cuando este venga acompasado de las políticas fiscales correspondientes. Porque si el aumento de gasto público se hace exclusivamente basándose en un incremento de la deuda pública, en España antes o después va a haber problemas de sostenimiento. Con lo cual, el proceso de consolidación fiscal que habrá que emprender debe basarse en la mejora de los ingresos y de la estructura de ingresos. Por tanto, compartimos la orientación siempre y cuando haya una política fiscal corresponsable.

Respecto a las materias concretas, a nosotros no nos gusta mucho analizar las cuestiones en función de anuncios. Suenan bien la mayoría de las que se han planteado, pero queremos verlo en lo concreto, detectar las insuficiencias. Supongo que [la ministra de Hacienda] María Jesús Montero nos presentará los Presupuestos como todos los años y, a partir de entonces, trabajaremos con los grupos parlamentarios, los del Gobierno y los de fuera del Gobierno, para tratar de incorporar enmiendas. Pero, en principio, creo que responden un poco a la orientación macroeconómica que necesita el país.

¿No los considera electoralistas, orientados al año lleno de elecciones que será 2023, como ha dicho Alberto Núñez Feijóo?

Me molesta bastante la prepotencia de algunos políticos cuando vienen a decir que según qué medidas… no es que hablen de electoralismo, sino que dicen que van dirigidas al voto cautivo, como si las personas funcionarias o los pensionistas fueran borricos a los que echan alfalfa para que coman. Por favor, qué pérdida de respeto es esa. Hay partidas enormes en materia de pensiones porque hay una revalorización del 8,5%, y se prevé una subida más que razonable de los salarios de los empleados públicos que vienen sufriendo [una pérdida de poder adquisitivo] en sus salarios desde hace bastante tiempo. No sé a qué se refieren con electoralismo. ¿Hablar de bajadas generalizadas de impuestos no es electoralismo? Eso es demagogia fiscal. Tiene un tufo clasista enorme pensar que una rebaja fiscal a los ricos no es buscar el voto, pero una ayuda social a un pobre es para comprárselo. Me parece de un clasismo absolutamente asqueroso.

Este viernes CCOO y UGT se concentrarán ante las sedes de las patronales en toda España, en una primera movilización para desbloquear los convenios colectivos y reactivar la mesa del acuerdo marco salarial, que quedó suspendida el pasado mayo. Para el 3 de noviembre han convocado una gran manifestación en Madrid. ¿Ha hecho ya la CEOE algún movimiento ante la escalada de conflictividad laboral de este otoño?

No, todo sigue estancado. Los sectores se están movilizando; el último que se ha incorporado ha sido el metal de Ourense, que ha convocado una huelga indefinida. Creo que más allá de las manifestaciones del viernes, coincidiendo con el Día Mundial del Trabajo Decente, la del 3 de noviembre tiene que ser determinante. Hay que demostrar el malestar de miles de trabajadores en las calles y tratar de recomponer una mesa de negociación en la que la CEOE no se va a sentar con nuevas propuestas si no intuye un escenario de movilización creciente en 2023. Ese es el reto. La CEOE, en el momento de repartir los costes de la inflación, se quiere borrar del campo, que los salarios suban lo menos posible. Y ese ejercicio no se puede permitir. Creo que hay que hacerlo desde la movilización y la negociación colectiva. También la fiscalidad puede desempeñar ahí un papel para que las patronales no se salgan con la suya en este intento de que la inflación deje indemnes a los excedentes y dividendos empresariales. Ese escenario España no se lo puede permitir y nos toca movilizarnos.

Antonio Garamendi pide ahora que se incluya al PP en el pacto de rentas. ¿Está de acuerdo en que se incorpore a las negociaciones?

En teoría, el pacto de rentas debería ser un pacto de país, el problema es que quienes han puesto todos los palos en las ruedas para que no lo haya son CEOE y Cepyme, que no han tenido ninguna voluntad de negociar. Porque las patronales están muy acostumbradas en España a salir de todas las crisis mediante intensos procesos de devaluación interna. Primero fue la devaluación de la peseta; después, cuando no había peseta, con una devaluación de los salarios y de las pensiones y con la destrucción de una parte del tejido empresarial. Siempre han estado cómodas para salvar sus posiciones y sus márgenes. En un pacto de rentas que no es de devaluación, sino de reparto de los costes de una inflación provocada por elementos externos, no he visto ninguna posición un poco seria de la CEOE para plantearlo. Y en un foro hace unos días un dirigente de la derecha española ya dejó claro que ni hablar de pacto fiscal. Y sin él, ¿qué pacto de rentas va a haber? Creo que la derecha está metida en un discurso fiscal absolutamente irresponsable, porque saben que es la forma de deteriorar a largo plazo el Estado social. Veo difícil, por no decir imposible, un perímetro político de esas características. Me parece una posición voluntarista por las actitudes que ha tenido el PP durante toda la legislatura.

¿Pero le parecería bien que el PP se sumara a la negociación?

Me parece que es como preguntar si tiene que venir a traer los regalos en Reyes Melchor, Gaspar o Baltasar: una opción absolutamente irreal. Si el PP se suma a un acuerdo sobre una fiscalidad corresponsable, para reducir la brecha fiscal con Europa y que eso sostenga los servicios públicos y permita una recuperación equilibrada entre salarios y excedentes empresariales, bienvenido sea. Ojalá todos los grupos políticos se incorporaran a algo así. Pero cuando ya se anuncia que no va a haber un pacto fiscal, no sé cómo se puede hablar de pacto de rentas. Creo que CEOE está buscando excusas, llevando esto a un terreno impracticable en lo político, para diluir lo único cierto: que quien menos ha aspirado a un pacto de rentas ha sido la patronal, que se ha negado desde el minuto uno a explorar ese recorrido. Siempre han tenido una idea única para salir de las crisis, un proceso de devaluación interna, básicamente salarial.

El Gobierno tampoco ha sido muy activo a la hora de poner realmente en marcha el pacto de rentas...

Igual que digo que el principal responsable de que no se haya explorado el camino del pacto de rentas es la CEOE, sinceramente creo que el Gobierno no ha ejercido el liderazgo un poco periférico que debía ejercer para poner encima de la mesa de qué estábamos hablando. Desde el minuto uno, en marzo, cuando nos citó Pedro Sánchez, dijimos que el pacto salarial debía estar incluido en un pacto de rentas, pero que éste era mucho más que un pacto salarial y eso requería, al menos, medidas de protección de las rentas bajas, medidas de carácter fiscal y medidas tendentes a la contención de precios. Si el Gobierno pone todo esto encima de la mesa, seguramente habilita más márgenes para el pacto salarial, pero lo cierto es que el Gobierno ha ido aplicando sus medidas –es verdad que en situaciones de mucha emergencia–, pero ha ido haciendo su recorrido y no ha sido capaz de armonizar en torno a esas medidas, ni remotamente, una negociación. Se han juntado el hambre y las ganas de comer: poca voluntad real de compartir esas medidas con los agentes sociales y ninguna disposición por parte de la CEOE para sentarse en la mesa.

En una entrevista que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concedió a infoLibre este verano, ofreció a los agentes sociales incorporar a la agenda del pacto de rentas medidas fiscales, pensiones, salarios de los funcionarios o cualquier otra medida que se le pidiera, siempre que hubiera antes “avances” en el acuerdo de negociación colectiva. Es decir, hacía pivotar el primero sobre el segundo.

Eso es decidir dónde va el carro y dónde el buey. Le he trasladado al Gobierno varias veces que una garantía sobre el salario mínimo, o poner en común con los agentes sociales determinadas medidas fiscales, de protección de rentas o de contención de precios nos facilitaban el acuerdo salarial. Porque, si el SMI sube a 1.100 euros o llegamos al acuerdo que hemos alcanzado en la función pública o, además de la excepción ibérica, se toman medidas para contener los precios de los carburantes o de la energía, se está mejorando la renta disponible de millones de personas trabajadoras. ¿Puedo tener más márgenes para negociar salarios con eso encima de la mesa? Pues evidentemente. Pero el Gobierno no ha sido capaz de articular esa negociación, debido también a la urgencia de muchas de esas medidas –es difícil medir los tiempos– y porque ha habido una negativa evidente de las organizaciones empresariales. Pero no creo que el esquema sea llegar a un pacto salarial y luego ya colgaremos nosotros de ese arbolito las bolas y la estrella. Se tenía que haber hablado de muchas medidas a la vez, porque tienen efectos facilitadores de las otras negociaciones. Si me garantizas un tipo efectivo mínimo del Impuesto sobre Sociedades del 15% me estás facilitando que no todo se vaya a excedente empresarial y que vaya acompañado de una prestación que protege a las personas que ganan menos de 1.000 euros. Así me estás facilitando el acuerdo salarial. Aunque en ese esquema no entra CEOE ni atada. Era un sudoku de difícil armazón.

El Gobierno también tiene pendiente la segunda fase de la reforma de las pensiones. ¿Les ha trasladado ya el ministro de Seguridad Social cuál va a ser su propuesta para ampliar el periodo de cálculo de las pensiones?

No hay documentos, aunque sí conversaciones sobre las medidas que tienen que ver con el componente [del Plan de Recuperación] que tiene que cumplir España con Europa, pero sobre todo sobre la mejora de la estructura de ingresos de la Seguridad Social. Creo que es factible avanzar en un acuerdo, con la excepción del aumento del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión, lo que complicaría social y políticamente bastante la negociación. Luego hay otros factores, como el destope de bases o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), donde es perfectamente posible llegar a un acuerdo con los sindicatos, aunque tengo mis dudas sobre la patronal. Pero el elemento más difícil de abordar sería ése, si se concretara una propuesta. Ya veremos si se cae o no, pero en el resto de los contenidos sería necesario llegar a un acuerdo antes de fin de año. La ampliación del periodo de cálculo se cayó de las recomendaciones del Pacto de Toledo, por lo que veo muy difícil armar ahí un consenso político y social. Hay que tener en cuenta que la ampliación a 25 años acaba de concluir y habría que evaluar primero el efecto que tiene.

Si, como dice el ministro, el aumento del periodo de cálculo tiene un efecto neutro a efectos de sostenibilidad del sistema, no va suponer un ahorro en el gasto en pensiones porque se ligará a la posibilidad de cubrir los periodos de carencia de cotización de los trabajadores y al descarte de los peores años de cotización, entonces no será tan importante. Y si no es tan importante, tenemos suficiente perímetro en otras materias como para avanzar. Lo que sí es verdad es que hay que mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social, donde hemos avanzado, pero aún nos queda. Por ejemplo, el MEI, esa sobrecotización del 0,6% durante 10 años, yo la habría alargado más tiempo, que no pasa nada y da más recursos al sistema y más credibilidad respecto a Europa.

Todas las reformas laborales tienen efectos indeseados y las empresas siempre buscan vías de escape para sortearlas. También estará ocurriendo con la recién aprobada. ¿Ha detectado CCOO ya alguno de estos problemas?

Va a hacer falta más tiempo. Tenemos que analizar con la perspectiva de uno o dos años la duración media de los contratos indefinidos, algo que ya venimos estudiando desde hace tiempo y que lleva cayendo en España desde antes de 2012. Hay que ver ahora cómo evoluciona. Cotejando no sólo los contratos indefinidos de ahora con los de antes, sino también los que habrá a partir de ahora con la contratación temporal que quedó atrás, para evaluar hasta qué punto hemos estabilizado el mercado laboral. Creo que ahí la reforma de momento va muy bien, lo que pasa que a veces se le pide que solvente problemas que ni siquiera tienen que ver sólo con la regulación laboral, como los procesos de subcontratación. La precariedad es un monstruo de siete cabezas y, en el momento en que le cortas una, el empresariado busca otras fórmulas adicionales que habrá que seguir persiguiendo. Ahí tenemos la economía de plataformas, por ejemplo. Esta va a ser una pelea permanente. Contra la temporalidad, que era la nota más característica de nuestro mercado laboral, la reforma es muy ambiciosa y, de momento, está dando un resultado incluso mejor de lo previsto. Pero para evaluarla necesitamos más tiempo.

Los Presupuestos del Estado para 2023 revierten el recorte en las prestaciones de desempleo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Sin embargo, Garamendi acaba de repetir que la reforma laboral recién aprobada “aguanta la estructura de la reforma laboral del PP”.

Los elementos que quedan vigentes de la reforma laboral de 2012 los sabemos todos. Decir lo contrario sería mentir. Pero creo que a la reforma laboral de 2012 se le ha pegado un viaje muy importante. En materia de negociación colectiva, se ha cambiado el patrón que marcó aquella reforma y en contratación indefinida hemos ido mucho más allá de lo que yo pensaba que íbamos a ir en un acuerdo tripartito. Se puede hablar del coste de despido: el tiempo dará y quitará razones si se mejora o no. Pero imagino que sí. Si tú trasladas a millones de trabajadores del contrato temporal al indefinido y alargas las antigüedades, el coste real de despedir a esos trabajadores aumentará con el tiempo. No habido cambio en las causas, pero en la práctica sí va a haber un cambio en el régimen de despido en España. Garamendi dice lo que tiene que decir para explicar por qué apoyó la reforma laboral. Es normal que busque su posición.