Diálogo Social

Temporalidad abusiva y flexibilidad a la carta, los dos últimos caballos de batalla de la reforma laboral

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los líderes de CEOE, Cepyme, CCOO, y UGT en la Fundación SIMA el pasado noviembre.
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“En velocidad de crucero” dice el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, que tiene que entrar ya la negociación para derogar la reforma laboral de 2012. Un diálogo que se ha ido complicando no sólo por lo sensible de los contenidos y el alcance de sus repercusiones económicas en plena crisis pospandemia, sino también por el estallido de la penúltima pelea política en el seno del Gobierno. Sea como fuere, con acuerdo o sin él, los cambios en las leyes del trabajo deben quedar listos antes de que acabe el año.

Aunque esa pugna en la coalición parece “zanjada”, por repetir el término que utilizó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aún siguen abiertos sobre la mesa todos los puntos calientes de la negociación. Para la reunión del próximo miércoles la agenda incluye el regreso a las recetas contra la temporalidad, que ya se discutió esta semana, y el mecanismo de sostenibilidad del empleo, los ERTE permanentes, del que se llevaba sin hablar un par de meses. Pero no está claro si la supresión del resto de los “aspectos lesivos” de la reforma de 2012 se da ya por cerrada o no.

La prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la recuperación de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos cuando caducan y mientras se negocia su renovación– son para los sindicatos temas casi asegurados y liquidados “desde los tiempos de Fátima Báñez y de Magdalena Valerio”, las ministras de Trabajo del PP y el PSOE. Pero cuando en la mesa los sindicatos preguntaron a la CEOE y al Gobierno si esos asuntos habían quedado sellados, ninguno de los dos contestó.

Fuentes de CCOO, no obstante, aseguraron a infoLibre que, tras la última reunión, los sindicatos se sentían “reforzados”: ya no hay duda de que la derogación de la reforma laboral saldrá adelante, subrayan. Y ni la ultraactividad ni la prioridad de los convenios van a reabrirse, añaden. Para los sindicatos, sin “reequilibrio de la negociación colectiva” –que a su juicio descompensó la reforma de 2012 a favor de las empresas– no hay acuerdo posible.

Mariano Hoya atribuye el rechazo de la CEOE a ceder en esta materia a la presión de determinadas patronales. En concreto, menciona a Anfac, que agrupa a las grandes empresas de automoción. “Teme que la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa afecte a la flexibilidad a la carta de que disfrutan: pueden llamar con sólo 24 o 48 horas de antelación a un trabajador para que se incorpore a un turno o pueden doblar turnos o eliminar descansos”, explica. Es una flexibilidad interna que lleva años utilizando el sector y también, admite, una de sus fórmulas de éxito. Hoya asegura que esos mecanismos no corren peligro si se cambia la prevalencia de los convenios; se pueden preservar sin problemas en la negociación colectiva.

Hasta el 60% de temporalidad en la agricultura

“Los principales escollos [de la negociación] son el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores [modificación sustancial de las condiciones de los trabajadores] y el artículo 15 [duración de los contratos]”, resume el dirigente de UGT. Es decir, la enorme flexibilidad que dio a las empresas la reforma de 2012 y que ahora se resisten a ceder, apunta Mariano Hoya, y la temporalidad abusiva “y en muchos casos fraudulenta” del empleo.

Hasta ahora ninguna de las medidas aplicadas por los gobiernos desde los años 80 ha conseguido siquiera reducir apreciablemente la cifra récord de empleo temporal en España. La segunda más elevada de la UE sólo por detrás de Polonia. Un 26%, que se eleva al 31,6% en las administraciones públicas, al 35% en la construcción y nada menos que al 60% en la agricultura. Hoya cree que sólo con aplicar sanciones contundentes contra los contratos fraudulentos en el sector primario, la temporalidad se reduciría hasta siete puntos.

La patronal ha puesto el grito en el cielo cuando se ha planteado limitar a un 15% el número de trabajadores temporales en las empresas, una cifra cuya paternidad niegan tanto el Gobierno como los sindicatos. Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, asegura que el 15% “como único referente” no le vale a su sindicato. Piensa más bien en aplicar una “escala progresiva” según el número de trabajadores que tenga la empresa. Algo que ya se recoge en algunos convenios colectivos. Mariano Hoya coincide en que hay que distinguir según el tamaño de las empresas. E incluso según los sectores, como ha planteado la patronal. El problema, apunta Mari Cruz Vicente, es que en el Estatuto de los Trabajadores no se pueden hacer distinciones sectoriales. “Aún queda mucho por debatir”, precisa, “por ejemplo, no acabamos de ver cómo encajar los contratos de muy corta duración, 15 días o un mes, que se repiten en el tiempo, aunque sea sólo una vez al año, en las campañas comerciales de rebajas”. Para estos trabajadores, Mariano Hoya vería con buenos ojos no sólo el contrato fijo discontinuo, sino incluso un contrato estable de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

La CEOE, por su parte, se irrita cuando se asimila temporalidad con precariedad, está en contra de establecer un tope general de contratos temporales para todos los sectores y es partidaria de canalizar parte de estos contratos a través de las mencionadas ETT.

Alternativas y restricciones al despido

Sobre el mecanismo permanente que debe convertir la fórmula de los ERTE en una alternativa a los despidos, CCOO cree que la propuesta del Gobierno es “insuficiente”. No hay nada concreto sobre las exoneraciones de cuotas de que disfrutarán las empresas, o sobre el periodo de carencia y el contador cero de las prestaciones, advierte Mari Cruz Vicente. Tampoco está claro cómo se va a financiar el nuevo esquema. En principio, Trabajo planteaba que se sufragara con el superávit del Servicio Público de Empleo (SEPE). Pero, de momento, no hay tal, y no se ha propuesto una alternativa, lamenta la dirigente de CCOO.

Fuera de la mesa han quedado otras cuestiones igual de “lesivas” y más candentes, como los despidos. Mariano Hoya precisa: “Volver a las indemnizaciones de 45 días por los despidos improcedentes –que la reforma de 2012 rebajó a 33 días– y recuperar tanto los salarios de tramitación –que cobraban los despedidos cuando se les readmitía tras ganar una demanda– como la autorización administrativa para los despidos colectivos”. No obstante, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, defendió este viernes un “encarecimiento del despido” mediante medidas que lo restrinjan. “En España está muy activa la cultura del despido”, aseguró. Por lo que aboga por “taponar” esa vía para que las empresas prefieran flexibilizar jornadas.

Un acuerdo 'light'

Mariano Hoya teme que los esfuerzos del Gobierno por sumar a la CEOE al acuerdo terminen por generar un “acuerdo light” en el que “parezca que se toca algo pero no se toque nada” de la reforma laboral de 2012. A su juicio, con las peleas en el Gobierno, la patronal “se envalentona”. Sin embargo, y pese a las declaraciones públicas de sus dirigentes, en otra de las mesas del diálogo social, la de las pensiones, la CEOE no se mostró especialmente indignada por la propuesta de subir un 0,5% las cotizaciones sociales, más allá de expresar su rechazo, según explican fuentes sindicales. En la mesa sobre la reforma laboral sí que reveló su enfado por las enmiendas presentadas por Unidas Podemos a la primera parte de la reforma de las pensiones y por las filtraciones a la prensa de las propuestas del Gobierno. “¿Qué validez me da el Gobierno si un partido que está dentro del Gobierno, que tiene ministros, enmienda este acuerdo? ¿Va a hacer lo mismo con los siguientes acuerdos que hagamos?”, se preguntó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en un congreso de directivos celebrado el pasado jueves en Córdoba.

A diferencia de los sindicatos, a la patronal la última reunión del diálogo social, con la incorporación de dos directores generales de Economía y Seguridad Social, no le dejó buen sabor de boca. “No sé si el Gobierno se ha coordinado o no, pero seguimos con el mismo papel de hace 15 días, a la mesa ha llegado el mismo papel que estaba”, protestó. Esperaba un cambio que no se produjo.

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