Los aficionados a la pesca, los hipsters tatuados, la gente fit, los fans de los museos o los técnicos de rayos X pueden buscar el amor online y ni siquiera hace falta que usen Tinder o cualquier otra app. Todos ellos pueden encontrar pareja a través de supuestas webs de citas que buscan unir a personas específicamente de estos perfiles. Porque, ¿cómo un técnico de rayos X no querría conocer exclusivamente a otros técnicos de rayos X? Pues para encontrar el amor entre ellos existe una web llamada xraytechsfindaconnection.com.

Aunque, en realidad, tanto este como al menos otros 80 supuestos sitios de citas gestionados por empresas españolas son falsos. Así lo revela la investigación Dirty Payments, llevada a cabo por infoLibre y otros 20 medios de comunicación de todo el mundo coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos y datos confidenciales obtenidos por EIC y el medio alemán Der Spiegel.

Las webs, que no funcionan realmente, estarían sirviendo como tapadera a una serie de empresas, radicadas todas ellas en Mallorca, para lo que podría ser una gran operación de blanqueo de capitales. 

Dirty Payments ha revelado que Worldline, un proveedor de pagos francés, ha procesado durante años miles de millones de euros en transacciones fraudulentas o con comercios de dudosa ética —como estafadores, casinos online que incumplen la ley o sitios de prostitución, entre otros—. Entre esos negocios están también las empresas que hay detrás de estas páginas web.

Las supuestas webs no se pueden encontrar a través de buscadores como Google porque no están indexadas, lo que significa que no han sido registradas en los buscadores ni en sus bases de datos y, por lo tanto, no aparecen en sus resultados. Así, es complicado pensar que alguien vaya a poder encontrarlas para hacer uso de ellas. Además, los sitios tampoco permiten a los usuarios pagar para acceder al servicio premium una vez ya son miembros de la página, según ha podido comprobar este medio tras registrarse en varios de ellos. 

Sin embargo, esto no impide que las sociedades que hay detrás muevan grandes cantidades de dinero. La red existe también en otros países y en España está formada por, al menos, 25 empresas. Todas procesaban sus pagos a través de la multinacional francesa Worldline. Entre las 25 sociedades de la trama española que seguían operando en 2023 con esta empresa cargaron unos 14,5 millones de euros en transacciones, según los datos internos de Worldline de 2023, que abarcan un período de un año, y que han sido obtenidos por Dirty Payments. 

La incógnita es de dónde procede exactamente ese dinero. Lo que sí se sabe es que se estaría estafando a personas, según demuestran las quejas de usuarios publicadas en internet y un caso de phishing que se utilizó para conseguir datos de tarjetas para una empresa inglesa de la misma trama. El dueño de una de las sociedades mallorquinas asegura a infoLibre que ni siquiera sabe el origen de las transacciones que llegan a su supuesto negocio.

infoLibre le preguntó cómo llegan los clientes a esas supuestas webs de citas. "No tengo ni idea. Yo solo pongo mi pasarela para facturar. Esto está en Estados Unidos. Me lo llevan directamente desde allí. La empresa me llega a partir de un contacto que tengo desde hace muchos años, otra persona que tiene una empresa similar. No sé qué es el dinero que me llega exactamente. Yo solo cobro la comisión. Un cero coma cero, cero, cero… por ciento de las transacciones de tarjetas. La sociedad es mía pero no tengo ni idea de qué se publica. El negocio son comisiones de tarjetas", explica.

Quien habla es Sebastián Ribot Thomas, socio único y administrador único de Colonial Productions SL, una de las empresas de la trama. La empresa de Ribot ha sido dueña de, al menos, buildyourlovelife.com, findalovelifetoday.com, heartsopentolove.com y rapfansfindlove.com. Ya no están operativas, pero las webs funcionaron hasta, al menos, 2022 y la empresa siguió facturando a través de Worldline hasta, al menos, principios de 2024. 

De las 81 páginas de citas localizadas por Dirty Payments en la trama mallorquina, 57 seguían activas y operativas este 12 de junio. Aun así, es habitual que estas sociedades dejen de operar con determinadas webs y abran otras nuevas para complicar así la posibilidad de ser rastreadas.

Las empresas mallorquinas dependen de un grupo norteamericano llamado iMerchant - Eureka, que procesaba sus pagos a través de Worldline. iMerchant - Eureka tiene una red de sociedades distribuida por distintos países y es uno de los oscuros negocios que llegó a la multinacional francesa a través de Emerchantpay (EMP), una compañía británica que ha actuado durante años como agente de Worldline proporcionándole muchos de los clientes de dudosa reputación. 

El entramado está dirigido por Andrew Garroni, un productor estadounidense de películas eróticas y de terror devenido en estafador online. iMerchant es una empresa canadiense propiedad de Garroni, actualmente inactiva. Eureka hace referencia a Eureka Multimedia Group, una empresa californiana de marketing digital propiedad también de Garroni.

El grupo operaba más de 150 empresas fantasma dueñas de, sobre todo, webs falsas de citas. Entre ellas están las 25 mallorquinas, pero también, al menos, otras 92 de Reino Unido, 40 de Chipre y dos de Países Bajos, según los datos internos del proveedor de pagos Worldline obtenidos por EIC. 

Los fraudes de Garroni no son nuevos. En 2007, sus socios y él tuvieron que pagar una indemnización de 550.000 dólares en Estados Unidos por un fraude digital. Ofrecían a usuarios de internet instalar un software en sus ordenadores que les permitía ver películas. Pero se trataba de un software malicioso que, alegando que había expirado un supuesto "periodo de prueba", mostraba continuamente mensajes de gran tamaño en las pantallas de los ordenadores para obligar a las víctimas a pagar para deshacerse de ellos.

De todos modos, las empresas de la red de Andrew Garroni no solo han trabajado con Worldline. Lo hicieron también, al menos, con la extinta alemana Wirecard, otra empresa que operaba como proveedor de pagos y en la que surgieron problemas con numerosas transacciones de las empresas asociadas a Garroni y su grupo. 

En el verano de 2020, Wirecard quebró tras protagonizar el mayor escándalo financiero de la historia de Alemania. Además de descubrirse un agujero de 1.900 millones de euros en las cuentas manipuladas de la hasta entonces elogiada empresa, se hizo pública su connivencia con múltiples clientes poco recomendables. Entre ellos, varios esquemas de empresas fantasma. Los máximos ejecutivos de Wirecard acabaron en la cárcel.

Gracias a documentos obtenidos por Der Spiegel, se ha comprobado cómo Wirecard registró al menos 87 empresas como propiedad de Garroni a pesar de no estar inscritas como suyas en sus respectivos países. Entre ellas constan 12 de las mallorquinas.

Una de esas 12 es Colonial Productions SL, la compañía registrada a nombre de Sebastián Ribot. Aun así, Ribot, que es gerente de una inmobiliaria en Palma, asegura a infoLibre no saber quién es Garroni. Al ser preguntado por si tiene algún tipo de contrato o acuerdo comercial firmado con esas personas o empresas que asegura que le llevan el asunto de la sociedad, responde de manera afirmativa. No obstante, Ribot no ha querido contestar a más preguntas de este medio: "Es información confidencial". Antes de finalizar la conversación, aseguró que si infoLibre quería saber más, debía hablar con su asesor fiscal y se ofreció a que este realizara una llamada a este medio. El supuesto asesor nunca contactó.

El asunto parece no solo confidencial, también familiar. Sebastián Ribot es, como se ha mencionado, dueño de Colonial Productions SL. A su vez, su pareja, Tamara Morell, es propietaria de Smores Marketing SL, la empresa que gestiona, entre otras, la web supuestamente destinada a técnicos de rayos X. Su hermana, Bárbara Ribot Thomas, tiene registrada South Pointe Advertising SL y su cuñado, José 'Pepe' Nájera-Aleson Serrada, Coco Plum Technologies SL. También dos primos de Sebastián y Bárbara, Antonio 'Toni' Thomas Caldentey y Juan Miguel 'Juanmi' Thomas Caldentey, tienen dos empresas de la trama: Toffee Marketing SL y Liberty Networking SL, respectivamente.

Entre la familia administran seis de las 25 empresas de la trama. La cosa no queda ahí. Bárbara Ribot tiene varios negocios en Mallorca. Una clínica dental donde trabaja la dentista Ledya Salamanca Villazón, propietaria de Captain Jack Investments SL. También coincide con Eneisy Pérez Gutiérrez en la sociedad de un restaurante de la isla, de la que ambas son apoderadas. Eneisy Pérez es la dueña de Milano Productions SL. Además, el hermano de esta, Ramón Pérez Gutiérrez, es el socio único de Russel Trading SL.

Tanto Captain Jack Investments como Milano Productions y Russel Trading constan en los documentos y datos de Worldline como empresas parte de iMerchant - Eureka. Además, las dos últimas aparecen como propiedad de Garroni en la documentación de Wirecard.

infoLibre ha logrado hablar por teléfono con varios de los propietarios de estas sociedades, como es el caso de Toni Thomas, Ledya Salamanca o Eneisy Pérez. Los tres colgaron cuando este medio comenzó a preguntarles por sus compañías y la red mallorquina.

No son las únicas personas relacionadas entre sí que forman parte de la trama. Es algo habitual entre las 25 empresas. Por ejemplo, Jorge Daniel von Ledebur y Sabine Morgen son pareja y cada uno de ellos es dueño de una sociedad de la red. Von Ledebur es otro de los que ha accedido a atender, al menos en parte, a infoLibre.

En la llamada, la primera pregunta de infoLibre fue a qué se dedicaba Pop Corn Technologies SL, la sociedad que administra. "Servicios de internet" fue su respuesta. La mayoría de empresas de la trama declaran ante el Registro Mercantil dedicarse a una de estas dos actividades económicas: o bien al "comercio al por menor por correspondencia o internet" o bien a los "servicios administrativos combinados". Otras cuantas declaran realizar "actividades de las agencias de cobros y de información comercial".

La empresa de Von Ledebur declara la opción del comercio al por menor. Este medio, en la llamada, le comenta que la sociedad gestiona webs como artistfindlove.com o singleteachersfindlove.com. "Es trabajo común de internet, son páginas de citas, no hay un gran qué detrás", responde él. infoLibre le pregunta entonces cómo consiguen clientes si no están indexadas en Google. "No es necesario indexarlas. La gente entra. Ya está. Más no hay que decir. No puedo decir cómo llegan, sería revelar trucos".

Von Ledebur, al igual que Sebastián Ribot, negó conocer el grupo iMerchant y a Andrew Garroni. También se le preguntó por la gran presencia de este tipo de empresas y webs en Mallorca. "A la creación de estas webs se llega hablando con amigos, tips por aquí, tips por allá…". 

Tras esa respuesta, infoLibre le pregunta de forma clara: "Hemos intentado suscribirnos en las webs y no dejan pagar, ¿son webs de citas reales o no existen?". Tras siete segundos en silencio, responde: "Esto ya no te lo sé decir concretamente. Son servicios que compramos y ya está". Von Ledebur, que gestiona la empresa desde su creación en enero de 2019, se negó a aclarar a quién compraba estos servicios y a responder a más preguntas de infoLibre.

Las empresas pantalla mallorquinas, como Pop Corn Technologies SL, son sociedades limitadas creadas con el mínimo capital exigido por la ley española, 3.000 euros, entre los años 2012 y 2019, y carecen de trabajadores. 

De acuerdo con la información que de ellas posee el Registro Mercantil, sus administradores y accionistas únicos —para cada empresa se trata siempre de una sola persona— acostumbran a estar relacionados entre sí. Hay familiares, amigos, parientes y también socios en otros negocios. Otras dos de ellas, por ejemplo, son Andrea Arregui y Noemí Valera. Las dos trabajan en el Bar Havanna, que se encuentra en Palma.

Las 25 empresas se dedican todas a las falsas webs de citas. El patrón se repite con las empresas de iMerchant en otros países. La gran mayoría tienen supuestos sitios de dating, aunque también hay algunas destinadas al sector de los videojuegos con un modus operandi similar al de las webs falsas de citas. 

La mayoría de las sociedades mallorquinas poseen exactamente cuatro páginas web de citas. Todas están en inglés y presentan diseños muy similares. En muchos casos se trata de réplicas basadas en una misma plantilla, con fotos de catálogo de gente joven, guapa y sonriente de diferentes etnias. 

También cuentan con un centro de atención al cliente asociado a cada página web de citas. Los textos que informan a los supuestos clientes en estas páginas web secundarias son idénticos. Estos centros son direcciones webs más cortas que la página de citas pero replicando un nombre similar. En estas se incluye un número de teléfono (muchas veces comenzando con el prefijo 877 o 866, gratuitos en Estados Unidos y Canadá) y un correo electrónico, a veces hasta un chat. 

Estas webs secundarias son habituales en este tipo de negocios. Si, por ejemplo, hablamos de una página web real de citas, pornografía o prostitución, es común que luego tengan una segunda dirección creada únicamente con iniciales o con un nombre poco claro. Así, los cargos a sus clientes se realizan desde esta segunda dirección y no dejan el mismo rastro que si se hicieran desde la página web con el nombre completo del sitio.

Por ejemplo, el centro de atención al cliente asociado a la web xraytechsfindaconnection.com es xrutchfnd.com. De hecho, al intentar suscribirse a la supuesta página para ligar, la web ya avisa de que el pago llegará asociado a xrutchfnd.com. infoLibre ha intentado pagar una suscripción a esta web, entre otras, pero la pasarela de pagos da error al rellenar la información. El sitio devuelve un aviso asegurando que la tarjeta ha sido denegada, a pesar de que toda la información indicada para el pago era correcta.

Las empresas en ocasiones también tienen su propia web corporativa, que se hace pasar por una empresa de servicios de internet o de marketing, donde consta una dirección de correo electrónico y un teléfono español. infoLibre ha llamado a varios de esos números. En ninguno hemos conseguido que nos llegue a atender un operador. Siempre aparece una grabación, en inglés, que anuncia que en ese momento la empresa está ocupada y que se puede dejar un mensaje de voz cuando suene la señal. También se ha contactado por correo electrónico a las empresas que disponían de ese tipo de página web con distintas preguntas al respecto de esta investigación. Ninguna ha respondido.

Muchas de las webs de las empresas mallorquinas están activas. Pero si las empresas siguen operando con su sistema de transacciones, deben hacerlo con un proveedor de pagos distinto. Worldline decidió expulsar a las sociedades vinculadas a iMerchant, incluidas las mallorquinas, en junio de 2024. La decisión se tomó tras las sospechas que tenía la propia multinacional francesa de que se pudiera estar blanqueando dinero.

Algunas de ellas operaban con Worldline desde 2017. En 2023 el equipo de antifraude del proveedor de pagos realizó una investigación interna sobre varios negocios que trabajaban con ellos y les resultaban sospechosos. Entre esos había 14 empresas de iMerchant - Eureka y tres de esas eran de la trama mallorquina: Chili Pepper Systems SL, Columbus Creations SL y Milano Productions SL.

Worldline decidió cesar inmediatamente cualquier relación con nueve de las 14. Entre ellas, Chili Pepper Systems y Columbus Creations. Con las otras seis se decidió contactar primero con los propietarios para que se pudieran explicar. Una de ellas era Milano Productions SL, propiedad de Eneisy Pérez.

En junio de 2023, una nueva auditoría interna recabó más pruebas. Aunque los numerosos operadores de sitios de citas falsos se consideraban oficialmente independientes, Worldline sabía que estas empresas estaban controladas en realidad por el grupo iMerchant - Eureka. Pero los empleados tenían instrucciones de no comunicárselo nunca a Visa, Mastercard o a los organismos reguladores, porque estos grupos "no existen legalmente y Worldline no debería saber que existen".

La misma auditoría informó de una presunta operación masiva de "blanqueo de dinero" llevada a cabo en Estados Unidos. Tras las alertas de los bancos, Worldline descubrió que 3.369 tarjetas de crédito estadounidenses habían efectuado pagos por valor de 17,8 millones de euros a cerca de 275 negocios de supuestas webs de citas. Las transacciones se consideraron muy sospechosas: gran parte de las tarjetas pertenecían a empresas, algo no habitual en una supuesta suscripción a una web para ligar. Desde algunas de ellas se realizaron más de 2.000 pagos a diversas webs. Por ello, las tarjetas, según los auditores de Worldline, podrían estar controladas por los propios comercios y las transacciones, destinadas a blanquear dinero.

Los investigadores no indicaban en la auditoría el nombre de los comercios implicados en ese sistema. Sin embargo, las características de las empresas mencionadas pueden corresponder a las empresas del grupo de Andrew Garroni, según el análisis realizado por la investigación Dirty Payments.

El supervisor financiero alemán, BaFin, también abrió una investigación. El regulador cree que el fraude era tan "obvio" de detectar que Payone, la filial alemana de Worldline, es una "potencial cómplice". BaFin estima que las sociedades que llegaron a Payone a través de EMP —entre las que estarían las de Garroni— eran, en realidad, empresas fantasma involucradas en "actividades fraudulentas". Tras todas las sospechas, Payone rescindió sus contratos con seis compañías españolas, aunque no les supuso mucho problema porque también operaban con la filial sueca de Worldline y tras la decisión de Payone siguieron varios meses haciéndolo con esa otra subsidiaria.

El negocio para iMerchant, aunque en ocasiones saltando de una filial a otra de Worldline, ha operado durante años y ha sido sumamente lucrativo. Según los datos internos de Worldline de 2023, que abarcan un período de un año, las empresas de los distintos países asociadas al grupo facturaron cerca de 90 millones de euros entre las transacciones de todas ellas. 

De esa suma total, unos 14,5 millones de euros correspondían a las transacciones dirigidas a las 25 empresas de la red mallorquina. Cada una de ellas facturó casi 600.000 euros de media en solo un año. Cuatro incluso superaron el millón. Es el caso de Anvil Networking SL, Ezequiel Networking SL, Amber Development SL y Colonial Productions SL. 

Las cuatro fueron creadas entre 2014 y 2015 y son, por tanto, de las más antiguas de la red. Colonial Productions SL es la de Sebastián Ribot y fue puesta en marcha por él directamente. Amber Development SL y Ezequiel Networking SL fueron constituidas por María Pilar Peña Domenech el 19 de enero de 2015, junto a otras tres. Ninguna le pertenece ya. Amber Development es ahora de Leordanés García González, y Ezequiel Networking, de Leodanis Néstor Valdés.

María Pilar Peña Domenech es esposa de Joan Miquel Roselló Vilanova. Ambos han sido los administradores de Boquer Management SL en distintos momentos, una asesoría contable y fiscal de Pollença. En su perfil de LinkedIn, Joan Miquel Rosselló se presenta como experto en "gestión de e-commerce, como gateway e intermediario entre merchants [clientes] y procesadores. Soluciones globales para procesar high risk [alto riesgo] a nivel mundial". Los hijos de ambos, Joan Rosselló Peña y Marina Rosselló Peña, también han administrado en determinados momentos empresas de la trama pero ya no constan entre los cargos de ninguna de ellas.

Por último, la otra compañía que alcanzó el millón de euros en transacciones, Anvil Networking SL, es la que administra Thelys Milán Suárez. Thelys Milán es una entrenadora de natación artística de origen cubano afincada en Mallorca. 

Su caso, de nuevo, repite un patrón en la trama. Al menos ocho de los 25 propietarios actuales de las empresas de la red son de origen cubano. Muchos están relacionados entre sí por conexiones personales, comparten apellidos o son amigos en redes sociales. Del mismo modo, muchos de los administradores de las empresas son originarios, residen o están vinculados a la parte noreste de la isla. De hecho, esa zona y Palma y sus alrededores es donde se concentran la mayoría de domicilios sociales de las empresas, según consta en el Registro Mercantil.

Las cuentas de las empresas depositadas en el registro, consultadas por infoLibre, también permiten ver el volumen de dinero que estas han ingresado año tras año; o al menos el de algunas de ellas, ya que seis nunca han presentado cuentas. 

De las cuatro sociedades que superaron el millón de euros, una entregó sus cuentas por última vez en 2019, otra en 2020 y las dos restantes en 2022. Esos cuatro ejemplos representan el patrón común a casi todas las empresas de la red. Unos ingresos declarados de un determinado valor —indicados como "importe neto de negocios" pero sin especificar de dónde vienen— y unos gastos muy similares pero que se engloban casi exclusivamente en la partida de "otros gastos de explotación" —de nuevo, no se especifica nada, por tanto, sobre a qué se ha destinado esa partida concretamente—.

Así, las empresas van nivelando año tras año lo que se supone que gastan con lo que ingresan, pero no se pueden fiscalizar esos supuestos desembolsos. De hecho, en otras partidas de gastos habitualmente más comunes no especifican nada, como sucede con la de personal al no tener plantilla. 

En "otros gastos de explotación" se puede incluir casi cualquier tipo de desembolso y ese es el gran truco en las cuentas de estas empresas. Incluso, si ese dinero lo están transfiriendo a un tercero o a alguien con quien tengan una relación comercial o de propiedad, pueden especificarlo simplemente como "otros gastos de explotación" sin mayor explicación. 

En la partida en la que las empresas año tras año sí tienen un monto que indicar es en la de "diferencias de cambio". Ese campo se utiliza para especificar las ganancias o pérdidas por las fluctuaciones de cambio entre la moneda local y moneda extranjera. Esto se debe a que la mayoría de las transacciones que reciben las empresas de la trama vienen de tarjetas de fuera de Europa. Eso y las altas comisiones que se quedaba Worldline por los pagos, muy por encima de las habituales en el sector, son otros dos de los indicios más relevantes sobre el carácter más que dudoso de las actividades de estas compañías.

Andrew Garroni, de 70 años, es un veterano de Hollywood. Tuvo su momento de gloria en 1980, como productor de Maniac, una película de terror (que se convirtió luego en film de culto) proyectada en el Festival de Cannes. Pero hasta finales de la década de 1990, el resto de sus producciones, principalmente thrillers eróticos, no han dejado recuerdos. Hoy, entre un partido en el elegante club de tenis de Mulholland Drive, en Los Ángeles, y una foto suya en el New York Times con motivo de la boda de su hija, el exproductor se ha reconvertido oficialmente al marketing digital.

Pero, en realidad, Garroni dirige una enorme red de páginas web ficticias que estafan a internautas de todo el mundo decenas de millones de euros al año, gracias a la pasividad, o incluso complicidad, del grupo francés Worldline, el número dos europeo del sector de pagos. Esta red de páginas web también podría estar implicada en una amplia operación de blanqueo de capitales.

Así lo revela la investigación Dirty Payments, realizada por Mediapart, infoLibre y otros 19 medios de comunicación internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC). Worldline, líder francés del sector y protagonista de las revelaciones de Dirty Payments, gestionó entre 2014 y 2024 las transacciones con tarjeta bancaria de más de 150 empresas controladas por Andrew Garroni, que administraban más de 1.500 sitios web, en su mayoría de citas (dating, en inglés), pero también de videojuegos online.

Las maniobras fraudulentas de estas webs se basan en una práctica habitual de los sitios pornográficos y de citas: para proteger a sus clientes, una web principal —por ejemplo, rencontrescoquinescesoir.com (encuentrospícarosestanoche, en español)— crea un segundo sitio con una dirección abreviada y discreta —por ejemplo, rccs.com—. Es este sitio secundario, utilizado para la facturación y el servicio posventa, el que aparece en los extractos bancarios.

Pero Garroni ha desviado este sistema. Sus cientos de páginas web de citas son una farsa: todas tienen el mismo diseño, están llenas de perfiles falsos y ordenan a los motores de búsqueda como Google que no las indexen, lo que hace imposible encontrarlas si no se conoce su dirección. Y una vez que se crea una cuenta, es imposible suscribirse: la página de pago no carga.

La única función de estas webs de citas es justificar ante los bancos, las empresas de pago como Worldline y los gigantes de las tarjetas bancarias (Visa y Mastercard) el hecho de que los pagos con tarjeta lleguen a las páginas de "atención al cliente" asociadas a ellas.

En Internet, decenas de víctimas cuentan que les han cobrado sin entender por qué. Por ejemplo, Fatima ignora claramente que dvsdtdng.com, que le "cobra dinero todos los meses", es oficialmente el servicio de atención al cliente de deviousadultdating.com.

"Son unos ladrones", "he perdido 600 dólares", se quejan otras víctimas. Todas esas personas afirman haber recibido cargos en sus cuentas desde direcciones abreviadas e incomprensibles, sin haberse suscrito nunca a las webs de citas con las que, en teoría, están asociadas.

Se desconoce el modus operandi, es decir, cómo consigue la red activar los pagos. Pero una de las técnicas utilizadas sería el phishing, o suplantación de identidad, según una denuncia presentada en Estados Unidos en 2017 por Seeking Arrangement, una web de contactos amorosos que fomenta las relaciones, en ocasiones remuneradas, entre mujeres jóvenes y hombres mayores y ricos.

La denuncia indica que se enviaron correos electrónicos en nombre del director general de Seeking Arrangement a los suscriptores de la web, indicándoles que, debido a un problema técnico, debían volver a introducir los datos de su tarjeta de crédito. Sin embargo, el enlace que aparecía al final del correo electrónico no conducía a Seeking Arrangement, sino a fndrtsmt.com, el servicio de atención al cliente de findyourtruesoulmate.com, una de las web de citas ficticias de la red de Garroni.

Los implicados han hecho todo lo posible para ocultar la existencia de la red. Las 150 empresas, registradas en Chipre, el Reino Unido, España y los Países Bajos, pertenecen a "afiliados", es decir, a personas sin relación con la dirección de la red. Pero hemos conseguido desenmascarar a Andrew Garroni gracias a documentos de Wirecard, una empresa de pagos alemana, obtenidos por nuestro socio Der Spiegel. Estos documentos enumeran 87 empresas cuyo propietario es el exproductor de Hollywood.

Varias decenas de esas empresas también son clientes de Worldline, que las presenta en documentos internos como parte de un grupo denominado iMerchant - Eureka. Hemos podido comprobar que iMerchant es una empresa canadiense de Garroni, actualmente inactiva. En cuanto a Eureka, se trata de Eureka Multimedia Group, la empresa californiana de marketing digital del mismo Garroni.

El fraude orquestado es muy lucrativo: según datos internos de Worldline de 2023, que abarcan un periodo de un año, el grupo francés gestionó unos 90 millones de euros en pagos a favor del grupo de Garroni. El importe total es, por lo tanto mucho mayor, ya que la relación comercial se inició nueve años antes.

Puede parecer muy sorprendente que Worldline aceptara en 2014 a un cliente con semejante historial. En 2007, Garroni y sus socios de entonces tuvieron que pagar una indemnización de 550.000 dólares en Estados Unidos por otro fraude. Ofrecían a los internautas instalar en sus ordenadores un programa que permitía ver películas. Pero se trataba de un programa malicioso que, con el pretexto de que había expirado un supuesto periodo de prueba, mostraba constantemente mensajes de gran tamaño para obligar a las víctimas a pagar para deshacerse de él.

Worldline siguió gestionando durante una década las transacciones de las falsas web de citas de la red Garroni, a pesar de que el grupo sabía que muchos clientes solicitaban reembolsos a sus bancos por fraude. Los reembolsos afectaban a cerca del 12% de los importes facturados en 2023 por estas empresas, según nuestros datos.

Hubo que esperar hasta mediados de 2023 para que los departamentos antifraude de Worldline llevaran a cabo una investigación interna sobre varias decenas de clientes sospechosos, entre ellos 14 sociedades del grupo Garroni. Los auditores concluyeron que Worldline debía poner fin inmediatamente a toda relación con nueve de estas empresas.

El organismo regulador del sector financiero alemán, BaFin, también abrió una investigación. La institución considera que el fraude era tan "evidente" que Payone, la filial alemana de Worldline, es considerada como "cómplice potencial".

Otra auditoría interna, realizada en junio de 2023, reveló nuevos elementos contundentes. Aunque los numerosos operadores de falsas páginas web de citas se consideraban oficialmente independientes, Worldline sabía que esas empresas estaban en realidad controladas por el grupo iMerchant - Eureka. Sin embargo, los empleados del departamento de riesgos recibieron la orden de no comunicarlo nunca a Visa, Mastercard ni a los reguladores, ya que este grupo "no tiene existencia legal" y Worldline "no debería saber" que existe.

La misma auditoría hace referencia a una amplia operación de presunto "blanqueo de capitales" llevada a cabo en Estados Unidos. Tras ser alertada por varios bancos, Worldline descubrió que 3.369 tarjetas bancarias estadounidenses habían realizado pagos por valor de 17,8 millones de euros a 293 páginas web de citas.

Las operaciones se consideran altamente sospechosas: gran parte de las tarjetas pertenecían a empresas, a priori poco propensas a suscribirse a páginas web de citas, y desde algunas se realizaron más de 2.000 pagos a diferentes web por un importe superior a 77.000 euros. Es muy probable, por tanto, que las tarjetas estuvieran controladas por las propias sociedades y que la operación estuviera claramente destinada a blanquear capitales.

Los investigadores de Worldline no revelaron los nombres de los clientes implicados. Pero, según la investigación Dirty Payments, las características de las empresas mencionadas en la auditoría podrían corresponder a las sociedades del grupo de Andrew Garroni.

A pesar de esas auditorías demoledoras, Worldline siguió gestionando los pagos de las páginas web falsas de citas durante un año más, hasta junio de 2024. Preguntada por el EIC, Worldline afirma que "se compromete a respetar los mejores estándares en materia de cumplimiento y prevención de la delincuencia financiera" y que "ha reforzado sus recursos en ese sentido". "Como empresa que cotiza en bolsa", indica el grupo, "no puede comunicar [...] información confidencial de forma selectiva" y "no puede comentar la situación de sus clientes, pasados o actuales".

En cuanto al exproductor de cine, es difícil, si no imposible, localizarlo. La dirección de email y el número de teléfono que figuran en la página web de su empresa Eureka no funcionan. Cuando nos dirigimos a la sede, un edificio de oficinas en el noroeste de Los Ángeles, el empleado que nos abrió la puerta se negó a darnos ninguna vía de enlace con él. También nos hemos puesto en contacto con Andrew Garroni en varias ocasiones por email y por teléfono. Nunca ha respondido.

Traducción de Miguel López.

Este 25 de junio Europa amanecía con la publicación de Dirty Payments, una investigación liderada por la red European Investigative Collaborations (EIC) y en la que han participado infoLibre y otros 20 medios de todo el mundo. La investigación demuestra que el proveedor de pagos francés Worldline ha operado durante años con comercios de dudosa ética, como estafadores, casinos online que se saltan la ley o sitios de prostitución.

Dirty Payments revela también que la multinacional ha estado procesando durante años transacciones dudosas y fraudulentas por valor de miles de millones de euros, lo que supone uno de los mayores escándalos económicos que ha conocido Europa.

Tras la publicación de la misma, las reacciones no se han hecho esperar. La primera de todas, la que se ha dado en la Bolsa de París. El valor de Worldline no ha parado de caer. Ayer, 24 de junio, cerró el día con sus acciones a 4,59 euros. Hoy, la cotización al final de la jornada ha sido de 2,834 euros: una bajada del 38,26%.

Una caída tan acusada para una empresa que cotiza en las bolsas europeas no es habitual. La compañía ha perdido casi 500 millones de euros en capitalización bursátil, la medida que representa el valor de la propia compañía atendiendo al valor de sus acciones. Ayer rondaba los 1.300 millones y este miércoles ha cerrado con en 803,64 millones, siempre según los datos de Euronext.

El desplome absoluto de la multinacional francesa tras las revelaciones de Dirty Payments ha ocasionado también que durante el día se haya suspendido en diversos momentos la cotización de sus acciones. El valor de cierre de las mismas, en la jornada de hoy, es el más bajo a nivel histórico para la compañía, que debutó en 2014 con un precio de lanzamiento de 16,40 euros.

El banco privado suizo Reyl Intesa Sanpaolo se enorgullece de su alcance mundial y de su “cultura responsable”. Con sede en un edificio señorial ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Ginebra, se describe a sí mismo como una organización centrada en el cliente que ofrece “soluciones que responden a las necesidades cada vez más complejas de sus clientes”. Pero, a puerta cerrada, el banco se ha visto sometido al escrutinio de los reguladores financieros por su lista de clientes, que incluye a hijos de autócratas centroasiáticos y otras figuras que presentan un riesgo de blanqueo de capitales.

La correspondencia entre el banco y la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), obtenida por el consorcio de medios de investigación OCCRP –al que pertenece infoLibre– y el periódico francés Le Monde, revela que el regulador financiero suizo ha investigado a Reyl por “deficiencias en el ámbito del blanqueo de capitales” y supuestos fallos en su gestión de cuentas de alto riesgo.

Varias cartas enviadas por la FINMA a Reyl, junto con las respuestas del banco, muestran cómo una inspección in situ del organismo regulador en el verano de 2023 encontró “un nivel muy alto de apetito de riesgo de AML [blanqueo de capitales por sus siglas en inglés], así como un cierto descuido en la forma en que cumplió con sus deberes de diligencia debida”. Según una carta que envió al banco en enero de 2024, la FINMA elevó sus indagaciones a su división sancionadora, que investiga las infracciones de la legislación financiera.

Aunque la FINMA no puede presentar cargos, sí puede interponer denuncias ante las autoridades penales suizas, y está obligada a hacerlo si detecta fraude corporativo o comercial. También puede revocar la licencia de un banco, confiscar los beneficios obtenidos ilegalmente y prohibir la actividad de banqueros individuales. No hay pruebas de que la FINMA haya presentado una denuncia o tomado otras medidas sancionadoras contra Reyl. La FINMA contestó a OCCRP que no puede comentar casos concretos.

Reyl también ha rehusado responder sobre casos concretos, pero indica que está “cooperando plenamente con las autoridades supervisoras, concede la máxima prioridad a garantizar el cumplimiento de toda la normativa aplicable y se esfuerza continuamente por mejorar sus procesos y controles internos”.

El banco también explica que presentó una queja ante las autoridades suizas por las preguntas enviadas por OCCRP y sus socios: “La información que ustedes envían es confidencial y está sujeta a las obligaciones de secreto bancario que impone la legislación suiza. El banco, al considerarse parte perjudicada por la violación del secreto bancario, ha presentado una denuncia contra personas desconocidas ante las autoridades suizas para salvaguardar tanto a la institución como a sus clientes”.

El muy opaco sector bancario suizo está protegido por leyes draconianas que dan prioridad a la privacidad de los clientes de las entidades y limitan la libertad de los periodistas para informar sobre ellas.

Por su parte, las autoridades suizas recalcan que el país cuenta con una sólida normativa contra el blanqueo de capitales que puede vigilar adecuadamente el sector bancario, aun manteniendo su tradicional secretismo. Pero los hallazgos de esta investigación demuestran que los bancos suizos siguen siendo un destino preferente para clientes extranjeros, algunos de ellos con patrimonios de origen dudoso.

En su correspondencia con el banco, la FINMA le planteó preguntas sobre su gestión de las cuentas pertenecientes a seis clientes de alto riesgo, entre ellos un exministro ruso, el yerno del difunto hombre fuerte uzbeko Islam Karimov y un gestor de activos suizo que administraba empresas para los hijos del dictador azerbaiyano Ilham Aliyev. Ninguno de ellos ha respondido a las preguntas que les envió OCCRP al respecto. El regulador financiero también preguntó al Rey Intesa Sanpaolo por la hija del expresidente de Kazajistán, que está siendo investigada penalmente en Suiza por el origen de las decenas de millones de francos que posee en el banco. Su abogado asegura a OCCRP que siempre ha cooperado con las autoridades en la declaración del origen de su patrimonio.

Una carta de la FINMA con fecha de septiembre de 2023 presentaba las conclusiones de una inspección en la sede del banco en Ginebra el mes anterior, y describía sus medidas contra el blanqueo de capitales como “insatisfactorias”. La carta advertía de que Reyl seguía en la categoría de riesgo “muy alto” del regulador en cuanto a su potencial para blanquear capitales.

Los inspectores descubrieron que miles de alertas de transacciones de alto riesgo –avisos internos que se activan automáticamente por movimientos de dinero sospechosos– no habían sido revisadas por el personal del banco durante dos o más meses. También descubrieron que los procedimientos conocidos como KYC (Know Your Client, Conozca a su cliente) de más de 1.400 cuentas llevaban más de cinco años sin someterse a revisión. Estos procedimientos permiten identificar la identidad de un cliente y verificar el tipo y volumen de sus transferencias, y son obligatorias para todas las entidades financieras para evitar el blanqueo de capitales.

También detectaron “riesgos de conflictos de intereses” por el papel de François Reyl, director general del banco en ese momento, que según los inspectores había gestionado directamente relaciones con clientes por valor de más de 1.200 millones de francos suizos, –1.294 millones de euros–, en un comité clave del banco que votaba si se aceptaban nuevos clientes. François Reyl dejó su puesto de director general de Reyl en julio de 2024, pero sigue siendo miembro del consejo y socio principal.

Justyna Gudzowska, directora ejecutiva de The Sentry, una ONG con sede en Washington DC que investiga la cleptocracia, destaca a OCCRP que un banco debe asegurarse de tener controles sólidos si acepta clientes de riesgo. “Si vas a clientes de alto riesgo, será mejor que te asegures de que tu marco contra el blanqueo de capitales está en plena forma”, señala Gudzowska, que antes trabajó como abogada para el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

En su carta de septiembre de 2023, la FINMA encomendaba a Reyl la puesta en marcha de una serie de recomendaciones en los meses siguientes y le pedía que, mientras tanto, “redujera drásticamente o incluso interrumpiera” la captación de nuevos clientes de alto riesgo o políticamente expuestos.

El 31 de enero de 2024, la FINMA informó al banco de que su expediente había sido “trasladado a la División de Sanciones para llevar a cabo investigaciones adicionales”. La carta señalaba preocupaciones específicas sobre las “relaciones comerciales vinculadas a Rusia” de Reyl. Pero, a pesar de la aparente escalada del caso, al menos en enero de 2024 aún no se había abierto “ningún procedimiento sancionador” contra el banco, según escribió la FINMA en la carta enviada en esa fecha.

A lo largo de los años, las revelaciones sobre los bancos suizos Credit Suisse, HSBC Suisse y UBS desvelaron indicios de blanqueo de dinero y evasión fiscal masiva, pero tales indicios de actividad bancaria de alto riesgo en Suiza siguen siendo escasos debido al secreto extremo que envuelve al sector. Una ley que se remonta a la década de 1930 establece que los empleados de banca pueden ser encarcelados en Suiza por compartir información sobre clientes con terceros, incluso si quieren denunciar irregularidades. Desde 2015, la ley se aplica también a periodistas, activistas y otras personas.

Los defensores de la transparencia afirman que la ley silencia a los denunciantes y a los periodistas que trabajan por el interés público. “La ley bancaria suiza es un ejemplo de criminalización del periodismo”, denuncia Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, a Paper Trail Media, socio de OCCRP.

La investigación Suisse Secrets, coordinada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y OCCRP, reveló en 2022 que docenas de individuos implicados en torturas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y corrupción habían realizado operaciones bancarias con Credit Suisse.

Sin embargo, poco más de dos meses después, los legisladores suizos votaron en contra de una propuesta para suavizar las disposiciones de la Ley Bancaria que penalizan la información sobre datos financieros sensibles. En diciembre de 2023, la Cámara Alta del Parlamento suizo aprobó una moción en la que se pedía al Gobierno del país que examinara si la publicación de cualquier dato obtenido ilegalmente –que puede incluir información proporcionada por un denunciante– debería tipificarse como delito.

Fue en este entorno ultraprotegido donde prosperó Reyl.

Fundado en Ginebra hace más de medio siglo por el banquero Dominique Reyl, el banco comenzó como un negocio de gestión de grandes patrimonios antes de obtener una licencia bancaria en 2010, poco después de que el hijo del financiero, François Reyl, asumiera el cargo de director general.

En 2013, el periódico francés Mediapart reveló que el banco había ayudado al ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac a ocultar fondos no declarados en Suiza. El político dimitió y fue condenado a tres años de cárcel.

Posteriormente, el banco reconoció haber facilitado la transferencia de activos a entidades extraterritoriales, incluidas cuentas en Singapur, de al menos ocho clientes en 2009. François Reyl, a quien una sentencia judicial describió como “el ejecutor esencial para la comisión de los actos de blanqueo de capitales”, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia en 2016 por su papel en la ocultación de los activos, y sentenciado a un año de prisión con suspensión de pena, mientras que el banco fue multado con alrededor de 1,9 millones de euros. François Reyl no ha respondido a las preguntas que le ha formulado OCCRP.

Esa condena no impidió que François Reyl siguiera al frente del banco, que en mayo de 2021 se fusionó con la sucursal suiza del gigante italiano Intesa Sanpaolo. Ese mismo año, Reyl fue elegido “mejor boutique de banca privada” de Europa en los Global Private Banking Awards. En un cuestionario de 2021 del Grupo Wolfsberg –una herramienta diseñada para evaluar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales de las instituciones financieras–, el banco declaró que estaba “plenamente comprometido con la lucha contra la delincuencia financiera”.

Pero sólo seis meses después, en marzo de 2022, la FINMA llevó a cabo lo que denominó “primer examen de supervisión” sobre las medidas de Reyl contra el blanqueo de capitales, y detectó “deficiencias materiales” en los sistemas del banco.

Así fue cómo la FINMA empezó a preguntar a Reyl cómo captaba y trataba a los clientes de alto riesgo.

A finales de septiembre de 2023, cuando la FINMA envió al banco un informe de sus conclusiones, ya habían aparecido públicamente más señales de alarma. Un grupo de periodistas de investigación, incluido OCCRP, había revelado a mediados de septiembre que la gestora de inversiones Finaport, que remitía clientes a Reyl, prestaba servicios a varios rusos de alto riesgo.

De repente, la atención se centró en los propios clientes de Reyl.

Entre ellos se encontraban Leonid Reiman, ministro de Telecomunicaciones bajo el mandato de Vladímir Putin durante la década de 2000 y más tarde asesor presidencial, y las ciudadanas rusas Liubov Komissarenko y Natalia Ponomarenko, que se convirtieron en clientes de Reyl en 2022 pese las alertas rojas sobre el origen de sus patrimonios.

En una sentencia de 2006 de la que se hicieron eco medios de comunicación de todo el mundo, un tribunal suizo dictaminó que Reiman había obligado a una compañía de comunicaciones a comprar una empresa de su propiedad “por una cantidad exorbitante” a fin de obtener licencias de funcionamiento. La sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo del país, sostenía que la “intención manifiesta” de Reiman era “apropiarse indebidamente para su enriquecimiento personal de activos cuya propiedad mayoritaria correspondía a la Federación Rusa”. Reiman también fue investigado en Alemania en relación con una supuesta venta de unos negocios de telecomunicaciones que se había transferido indebidamente a sí mismo, pero el caso se archivó en 2012 cuando los fiscales concluyeron que no habían podido obtener pruebas porque no habían conseguido la cooperación de los funcionarios rusos.

Unos meses después de que se abandonara la investigación alemana, Reyl comenzó a evaluar a Reiman como posible cliente, según muestra la correspondencia entre el banco y la FINMA. François Reyl se reunió personalmente con Reiman a principios de 2015, y el exministro se convirtió en cliente. En septiembre de 2023, cinco cuentas de Reyl que el banco describe como “relacionadas” con Reiman tenían activos por valor de 81 millones de francos suizos –87,4 millones de euros –, según consta en las cartas a las que ha tenido acceso OCCRP.

Pero sólo 11 días después de que se publicara el reportaje de OCCRP sobre Finaport y sus clientes, donde se mencionaba a Reiman, el comité de admisión de clientes de Reyl decidió cancelar las cuentas del exministro ruso, alegando que constituía un riesgo para su reputación, según revelan las cartas de la FINMA. Cinco meses antes, el mismo comité había votado a favor de continuar la relación con Reiman sobre la base de que “no se habían identificado más noticias negativas ni transacciones inusuales”. El ex ministro ruso no ha contestado a las preguntas que le ha enviado OCCRP.

Reyl parece haber actuado de forma similar con Komissarenko y Ponomarenko: sólo canceló sus cuentas cuando sus nombres aparecieron en la investigación de Finaport.

Komissarenko fue durante mucho tiempo pareja sentimental de Alexander Ponomarenko, que dirige Mosvodokanal, una empresa pública rusa de suministro de agua y saneamiento. Natalia Ponomarenko es hija suya de otra relación. En su investigación sobre Finaport, OCCRP publicó que Mosvodokanal había adjudicado a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros después de que Alexander Ponomarenko comenzara a dirigir la empresa en 2012.

Después de que, en 2022, Finaport recomendara a Komissarenko que acudiera a Reyl, los correos electrónicos revelan cómo el empleado del banco suizo que estaba realizando el procedimiento de diligencia debida planteó sus dudas a Finaport debido a un reportaje donde se afirmaba que Alexander Ponomarenko “ayudaba [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales que necesitaba”.

En noviembre de 2022, el equipo antiblanqueo de Reyl se negó en un primer momento a dar luz verde a Komissarenko, citando riesgos para la reputación “relacionados con el origen de los activos del cliente”, tal y como desvela correspondencia con la FINMA. Pero el banco terminó aprobando la apertura de la cuenta después de que el banquero personal de Komissarenko en Reyl proporcionara información adicional.

Una carta de marzo de 2024 de Reyl a la FINMA revela cómo, el mismo día en que OCCRP publicó su investigación sobre Finaport, en septiembre de 2023, el comité de admisión de clientes de Reyl recomendó cancelar las relaciones con Komissarenko y Natalia Ponomarenko “debido a las malas noticias”. Ni Komissarenko ni Ponomarenko han respondido a las preguntas que les ha formulado OCCRP.

La FINMA había hecho referencia a la investigación de Finaport en la carta que envió al banco en septiembre de 2023. En enero de 2024, también solicitó información sobre los familiares y socios de dictadores famosos de Azerbaiyán y Uzbekistán. En mayo añadió a su lista a la hija del exdirigente de Kazajistán, que ahora es objeto de una investigación penal en Suiza en relación con el origen de las decenas de millones que tenía en Reyl.

En el marco de sus investigaciones contra el blanqueo de capitales, la FINMA se centró en un gestor de activos suizo llamado Olivier Mestelan, cliente de Reyl, que mantenía desde hacía tiempo vínculos financieros con la familia del presidente autoritario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Aliyev lleva en el poder desde que sucedió a su padre, Heydar Aliyev, en 2003, y ha continuado con una brutal represión de la disidencia, mientras su familia se ha enriquecido de forma vertiginosa.

Khadija Ismayilova, periodista de investigación azerbaiyana, fue encarcelada en 2015 por lo que muchos observadores consideraron cargos de corrupción por motivos políticos. Ismayilova había escrito una serie de reportajes con OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty en 2011 y 2012 en los que revelaba cómo las hijas de Aliyev dirigían varias empresas offshore que tenían participaciones en una lucrativa mina de oro y en una importante empresa de telecomunicaciones de Azerbaiyán.

El reportaje mencionaba a Mestelan como codirector de esas sociedades en paraísos fiscales. Un cable clasificado del Gobierno estadounidense enviado desde Washington DC a Bakú, la capital azerí, en 2010, y publicado posteriormente por Wikileaks, describía a Mestelan como un “alto funcionario azerí”.

En enero de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que revelara cualquier vínculo que tuviera con Olivier Mestelan, así como cualquier relación “con Azerbaiyán”.  Reyl contestó al regulador financiero que tenía una relación comercial con la firma suiza de gestión de activos de Mestelan, Privaxis Services SA, a la que había clasificado como de alto riesgo “debido a sus vínculos con la familia gobernante en Azerbaiyán”.

Reyl también aseguró a la FINMA que actuaba como custodio de dos fondos de inversión que gestionaban activos por valor de 413 millones de francos suizos –445 millones de euros– a fecha de diciembre de 2023. Uno de los suscriptores institucionales de los fondos, precisó Reyl, era la Banca Privada d'Andorra, un banco privado andorrano que se encuentra en liquidación desde que los fiscales estadounidenses lo declararon una “institución financiera de preocupación primaria de lavado de dinero” en 2015.

Según la correspondencia a la que ha tenido acceso OCCRP, el banco andorrano actuó como suscriptor nominal de los inversores subyacentes de los fondos, a los que Reyl describió como “ciudadanos azeríes, algunas de las cuales estaban conectadas con la familia gobernante en Azerbaiyán. El Sr. Mestelan personalmente también figuraba como suscriptor subyacente”. Reyl no nombra los fondos ni identifica a sus otros inversores secundarios en la correspondencia con la FINMA.

Pero, aunque el regulador financiero había pedido a Reyl que revelara todos sus vínculos con Olivier Mestelan, el banco no mencionó en la correspondencia obtenida por OCCRP que su filial de gestión de activos había cofundado una sociedad de inversión maltesa con el gestor en 2010. Esa sociedad de inversión, inicialmente llamada Privaxis Umbrella Fund Sicav Plc –posteriormente rebautizada como Aladdin Umbrella Fund–, tenía un subfondo que poseía 30 millones de dólares en depósitos en el Banco Internacional de Azerbaiyán, de propiedad estatal, desde 2011, según consta en su informe anual.

Uno de los directivos de la empresa maltesa, Philippe Houman, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia junto a François Reyl en 2016. La empresa fue liquidada ese mismo año. Ni Mestelan ni Houman han respondido a las preguntas que les ha enviado OCCRP.

Dos personas implicadas en destacados casos de soborno en Venezuela también eran clientes de Reyl, según consta en registros judiciales públicos y escritos emitidos por la Fiscalía de EEUU.

Uno de ellos es Naman Wakil, un venezolano de origen sirio que, según los fiscales estadounidenses, sobornó a funcionarios venezolanos para conseguir contratos públicos por valor de cientos de millones de dólares. Las autoridades de EEUU recuperaron alrededor de 21 millones de dólares de lo que llamaron “ganancias derivadas de actividades delictivas”, depositados en su cuenta de Reyl en Suiza mientras esperaba el juicio antes de su muerte en 2023, según muestran los registros judiciales en Estados Unidos.

Además, Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, también era cliente de Reyl, con al menos 1,3 millones de dólares en su cuenta en 2018, de acuerdo con los registros judiciales estadounidenses. Velásquez y Guillén fueron condenados por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos en 2022, después de haber aceptado más de 100 millones de dólares en sobornos de un empresario venezolano al que, a cambio, autorizaron realizar transacciones de divisas para el Gobierno venezolano a tasas favorables. Cada uno de ellos cumple una condena de 15 años de cárcel. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

Un empleado de banca italiano que trabajó como contable para Santo Abossida –un narcotraficante del norte de Italia que trabajó con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, hasta su muerte en 2012– fue condenado por un tribunal de Génova en julio de 2021 por transferir fondos fraudulentos y blanquear dinero, incluida una cuenta en Reyl.

El empleado, Flavio Forti, no negó el delito y llegó a un acuerdo con los fiscales, aceptando una pena de dos años de prisión.

Los reguladores suizos empezaron a investigar el caso Forti ese mismo año, en diciembre de 2021, según consta en la correspondencia entre la FINMA y Reyl obtenida por OCCRP. En septiembre de 2023, la FINMA envió al banco una amonestación por no haber comprobado debidamente las transacciones de Forti, puesto que había “claros indicios de violación” de las leyes contra el blanqueo de capitales.

El regulador no llegó a abrir un expediente sancionador, citando la reciente fusión del banco con Intesa Sanpaolo que, según la FINMA, había “reestructurado completamente su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales”.

Sin embargo, un documento judicial italiano obtenido por OCCRP revela que no era sólo el contable de Santo Abossida quien realizaba operaciones bancarias con Reyl: su hermana, Bombina Abossida, acusada de administrar activos obtenidos a través del tráfico de drogas, también tenía cuatro cuentas en Reyl a su propio nombre desde 2018. Bombina Abossida fue condenada a 12 años de prisión en 2023 por narcotráfico y blanqueo de capitales. Ni Forti ni Abossida han respondido a las preguntas que OCCRP les ha formulado al respecto.

Reyl también contaba entre sus clientes con el yerno de un hombre fuerte de Asia Central y la hija de otro. Lola Karimova, hija del difunto autócrata uzbeko Islam Karimov, y su marido, Timur Tillyaev, disfrutaron del estilo de vida de la jet set mientras Karimov estaba en el poder. En 2013 se instalaron en Ginebra, según declaró ella a la BBC en una entrevista.

En 2012, la FINMA advirtió a la gestora suiza de grandes patrimonios Fidurhône –de la que Tillyaev y Karimova eran clientes– de que su relación con ellos presentaba riesgos “especialmente elevados” y, dos años después, le pidió que cortara sus lazos con ambos tras constatar que los saldos de las cuentas de sus empresas se habían disparado hasta los 190 millones de francos suizos –205 millones de euros–, según una decisión publicada posteriormente por el Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

Cuando Fidurhône se negó a cortar esos lazos, la FINMA amenazó con retirarle la licencia. Más tarde, el Departamento Federal de Finanzas multó al socio fundador de Fidurhône por no informar de actividades sospechosas en cuentas relacionadas con Tillyaev.

En 2020, la empresa de Tillyaev, Liobel Limited Inc, se convirtió en cliente de Reyl, según revela la correspondencia obtenida por OCCRP. Tillyaev abrió su propia cuenta en el banco tres años después. En diciembre de 2023, una de las cuentas contenía 83 millones de francos.

En enero de 2024, el regulador financiero ordenó a Reyl que entregara los registros relacionados con las cuentas de Tillyaev, así como información sobre todos los clientes “con un vínculo con Uzbekistán”. El banco comunicó a la FINMA que estaba reevaluando las cuentas de Tillyaev “debido a los posibles altos riesgos para su reputación” que implicaban las noticias negativas que se estaban publicando sobre la hermana de Lola, Gulnara Karimova. Tillyaev no ha contestado a las preguntas que le ha formulado al respecto OCCRP.

La hija del antiguo gobernante de Kazajistán siguió un camino similar. Nursultan Nazarbayev gobernó la nación más grande de Asia Central con mano de hierro durante las dos décadas que siguieron al colapso de la Unión Soviética, concentrando el poder en sus manos y suprimiendo la libertad de expresión y la oposición política, mientras un círculo de hombres de negocios cercanos a él amasaba enormes fortunas e influencia. OCCRP desveló en 2022 que ha creado fundaciones benéficas privadas que controlan activos por valor de casi 8.000 millones de dólares.

Su hija, Dinara Kulibayeva, se instaló en Suiza en 2007, donde confió parte de su fortuna a Reyl, según revela la correspondencia filtrada. François Reyl gestionó personalmente la relación del banco con ella durante varios años. Pero el año pasado, los reguladores suizos dijeron que querían saber de dónde procedían las decenas de millones de francos depositados en la cuenta de Kulibayeva. En mayo de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que entregara sus “archivos completos de clientes” sobre su cuenta y sobre otra cuenta de la empresa de Kulibayeva con sede en Luxemburgo, Regulus Holdings SA, a la que Reyl concedió un préstamo de 25 millones de euros para comprar bienes inmuebles en Francia.

La consulta de la FINMA se produjo tras la apertura de un procedimiento penal contra Kulibayeva el pasado mes de abril, después de que Reyl presentara lo que se denomina “informe de actividad sospechosa” ante la oficina suiza de información sobre blanqueo de capitales en relación con la actividad de sus cuentas, según muestra la correspondencia entre el regulador financiero y el banco.

Un abogado de Kulibayeva asegura a OCCRP que ella siempre ha cooperado plenamente con las autoridades locales para facilitar información sobre el origen de los fondos que utilizó para adquirir sus propiedades inmobiliarias en Suiza. “Es de dominio público que el patrimonio de nuestra cliente procede de su participación en el Halyk Bank, una institución financiera regulada kazaja que cotiza en la Bolsa de Londres”, explica el abogado, Jean-Christophe Hocke. “Éste es también el caso de los fondos depositados en Reyl”. En la correspondencia obtenida por OCCRP, Reyl también responde a la FINMA que la cuenta de Kulibayeva se financiaba con pagos de dividendos del Halyk Bank.

Las cartas también revelan que, aunque las cuentas de Kulibayeva fueron congeladas en abril del año pasado, los fiscales dieron permiso a Reyl para procesar alrededor de 650.000 francos suizos –700.000 euros– a través de la cuenta de Kulibayeva en mayo para cubrir sus “gastos personales”.

Martes, día de pago. Ben –un alias– entró en un chat de la aplicación de mensajería encriptada Telegram y recordó al grupo de comerciales a los que ayudaba a supervisar que reclamaran sus ganancias. “Compartid la factura, por favor”, escribió en un chat. “Por favor, hacedlo lo más rápido posible”, escribió luego en otro. “Necesitamos enviaros dinero”.

Mientras llegaban las facturas, Ben subió a Telegram un gif de Robin Hood, la película de dibujos animados de Disney de los años 70, en el que aparece el personaje, vestido de mendigo, pidiendo unas monedas. Las facturas correspondían a clientes potenciales que los comerciales habían proporcionado a Ben y sus colegas. “Leads” es un término que se refiere a clientes potenciales, pero en este caso era mucho más siniestro: se trataba de víctimas potenciales.

Ben y sus colegas trabajaban para un grupo de call-centers que dedicados a las estafas. Los teleoperadores empleados en esos centros de llamadas engañaban a sus víctimas asegurándoles que obtendrían grandes beneficios invirtiendo en criptodivisas u otros productos financieros de sus plataformas. Pero se trataba de una cortina de humo: en realidad, su dinero sencillamente desaperecía.

Una filtración sin precedentes desde el corazón de esta despiadada industria del fraude de inversiones ha puesto al descubierto la existencia de un ecosistema de empresas de marketing que facilitan datos de contacto a los estafadores a cambio de lucrativas comisiones. Obtenida por la televisión pública sueca SVT y compartida con el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, y con otros 30 medios de comunicación internacionales, la filtración que constituye la base de la investigación Scam Empire revela el funcionamiento interno de dos grupos de call-centers, uno en Georgia, y otro mucho mayor en Israel y Europa, con al menos siete oficinas en Bulgaria, Chipre, Ucrania y España.

Los documentos filtrados revelan que las personas que proporcionaban pistas a esta industria, conocida como marketing afiliado o marketing de afiliación, estaban muy bien pagadas. Por lo general, estos profesionales del marketing afiliado son terceros contratados para promocionar los servicios de otros y a los que se paga una comisión. Igual ocurre con quienes proporcionan clientes potenciales a las redes de ciberfraudes: cada cliente potencial que hace un depósito con los estafadores vale entre 200 y 2.350 dólares –entre 185 y 2.180 euros– para el comercial, dependiendo del país del que proceda el posible inversor. Las víctimas de países más ricos, como Países Bajos, Suecia o Bélgica, valen más dinero.

En los siete primeros meses de 2024, los profesionales del marketing afiliado que trabajaban con la organización de Ben, una red dirigida desde Israel y Chipre, cobraron al menos 7,3 millones de dólares –6,8 millones de euros– por clientes potenciales, según muestran los documentos filtrados de la organización israelí-europea. En el mismo periodo de 2023, ganaron más de 10,3 millones de dólares –9,6 millones de euros–.

Muchos de los detalles sobre estos comerciales proceden de esta red israelí-europea, porque la filtración contenía cientos de miles de documentos relacionados con el trabajo de su personal administrativo, como Ben. Esos archivos desvelan cómo el propio Ben y el resto de los directores de marketing reclutaba y supervisaba las actividades de los vendedores afiliados. Este equipo firmaba contratos de redacción bastante vaga con los comerciales y mantenía sus propios registros financieros, haciendo un seguimiento de los clientes potenciales y organizando sus pagos semanales, que siempre se hacían en criptomoneda.

No está claro el número exacto de empresas de marketing que colaboraban con esta red de ciberestafas: aunque en los documentos filtrados aparecen más de 300 nombres, a menudo una misma empresa de marketing facturaba bajo varias marcas diferentes. Para complicar aún más las cosas, la red utilizaba nombres en clave para algunas de estas empresas.

Pero los periodistas pudieron utilizar los documentos filtrados para conectar a varias víctimas de estafas, algunas de las cuales perdieron los ahorros de toda su vida, con las empresas que habían cobrado por recopilar sus datos de contacto.

Las tácticas de estas empresas para captar a víctimas potenciales seguían un patrón muy similar:  Anuncios de falsos planes de inversión para hacerse rico rápidamente, colocados en los principales sitios web y plataformas de redes sociales, atraían a las víctimas a páginas de registro donde se ofrecían productos de inversión complejos. Una de sus estrategias favoritas eran noticias falsas que ofrecían el supuesto apoyo de celebridades. Si el potencial inversor se registraba, sus datos se enviaban a los estafadores.

En los documentos filtrados no siempre queda claro quién es el responsable de crear los anuncios de las marcas falsas, pero en los acuerdos publicitarios tradicionales los afiliados son los responsables de crear, colocar y promocionar los anuncios, así como las páginas de destino a las que estos anuncios redirigen a las personas.

Tampoco está claro hasta qué punto las empresas de marketing de afiliado son conscientes de que están prestando servicios a estafadores, pero las señales de alarma sobre estas organizaciones eran múltiples, incluido el uso de afirmaciones falsas o el respaldo no autorizado de celebridades, y el hecho de que las marcas y productos que aparecían en los anuncios no coincidían con las marcas de las plataformas de inversión reales ofrecidas por los estafadores: la mayoría de ellas carecían de licencia y estaban señaladas por los reguladores financieros de todo el mundo.

Nino Goldbeck, fiscal superior del estado alemán de Baviera especializado en ciberdelincuencia, afirma que el suministro diario de nuevos clientes potenciales es crucial para los estafadores. “Todas estas redes de delincuentes dependen del suministro constante de nuevos datos de clientes potenciales que se les transmiten”, explica. “Y toda la maquinaria de marketing online, que por supuesto funciona de la misma manera en ámbitos de reputación intachable, también es de gran importancia en este ámbito ilegal”.

Ben fue bien recompensado por su trabajo, ganó casi 85.000 euros sólo en primas en los 12 meses que van de marzo de 2023 a febrero de 2024. Su bonus se calculaba en función del número de clientes potenciales, entregados por los vendedores afiliados que supervisaba, que hacían un depósito a los estafadores.

Todo el equipo, incluido Ben, utilizaba alias en sus conversaciones en Telegram, y los periodistas no pudieron averiguar su identidad real. En los chats de Telegram, los miembros del equipo hablan en hebreo e inglés, lo que sugiere que pueden ser de Israel o tener su base en ese país.

El equipo de Ben estaba dirigido por un hombre que utilizaba el alias James Collins, cuyo nombre figura en contratos firmados en nombre de EM Develop. Operando bajo la marca Opulent Allies, parece ser la división de marketing de la red de estafas. La empresa tiene una dirección ucraniana, y en sus registros figura como propietaria Daryna Reznik. Cuando los periodistas se pusieron en contacto con ella, un vecino dijo que Reznik había fallecido.

Mientras Ben permanece oculto tras su alias, los periodistas encontraron pistas que sugieren que la verdadera identidad de James Collins es Ronen Kapeika: en una tabla titulada Datos de los empleados, James Collins aparece como el apodo de un hombre llamado Ronen. Y en una conversación de Telegram, cuando un empleado de marketing parece pedir a James Collins que aprobara el envío de “10k”, el mensaje “Aprobado” procede de otro mensaje enviado por un usuario llamado Ronen.

El nombre completo de Kapeika también aparece, en hebreo, en una hoja de cálculo interna, junto a la palabra “sede”, y en un registro de prestaciones de los empleados. Según su perfil de LinkedIn Kapeika trabajó anteriormente como gestor de afiliados en ROICollective, una de las empresas de marketing que también ha trabajado para la red de call-centers.

Ni Kapeika ni ROICollective no respondieron a la solicitud de comentarios que le ha enviado OCCRP.

En total, los periodistas han contactado con 182 personas que fueron objetivo de los centros de llamadas israelí-europeos y georgiano, tras utilizar la información contenida en la filtración para localizarlas. Más del 90%, 166, confirmaron que habían sido estafadas. Sus pérdidas totales también confirmadas superaron los 21 millones de dólares –19,5 millones de euros–, y 85 informaron a los periodistas de que habían acudido a la policía.

Una de ellas es una arquitecta de Sevilla, que pidió ser identificada únicamente por sus iniciales, I.G.P. Estaba navegando por internet cuando se topó con un anuncio que prometía grandes beneficios con inversiones modestas. La oportunidad parecía estar respaldada por el presentador Pablo Motos, pero en realidad se había utilizado su imagen sin su conocimiento ni permiso. El truco funcionó e I.G.P. decidió dar el paso.

“Hice clic en el enlace e introduje mis datos, correo electrónico y número de teléfono, e inmediatamente, a los tres segundos, me llamaron”, contó a infoLibre. La persona que la llamó, dijo ser Álvaro Enrique Álvarez y la animó a hacer un primer depósito de 250 euros. Como parecía que ganaba dinero, aumentó su inversión. Pero con el tiempo, Álvarez –otro alias– se volvió evasivo cuando se le pidieron las credenciales de su empresa y otros documentos, según explica ella, que no tardó mucho más en darse cuenta de que la habían estafado. Perdió 400.000 euros en un par de meses.

Los documentos filtrados revelan que los datos de I.G.P. fueron recogidos por una empresa de marketing llamada Zeus Media, que los pasó a la organización israelí-europea. Sus agentes hicieron el resto.

OCCRP ha preguntado a Pablo Motos por el uso de su imagen en estos anuncios, pero no ha obtenido una respuesta. El presentador ya había denunciado hechos parecidos en el pasado.

Según los registros contables de la filtración, Zeus Media recibió 1.100 dólares –1.020 euros– por los datos de I.G.P.

Esta empresa es un ejemplo típico de la escurridiza naturaleza de muchos de las firmas de marketing afiliado que aparecen en la filtración: su trabajo lo llevan a cabo personas ocultas tras nombres de usuario de Telegram, alias en internet y empresas fantasma.

Zeus Media no es una empresa propiamente dicha, sino un nombre comercial o marca de una empresa llamada Sierra Media Ltd, con sede en Sofía, la capital búlgara, que también explota al menos otras dos marcas, Gladio y KOI Ads, cuyos nombres aparecen en las facturas de la filtración.

El contrato de Sierra Media, hallado en la filtración, describe vagamente los servicios que presta. La empresa lleva a cabo “campañas de marketing...[y] recopila y procesa información estadística y de marketing a través de la promoción de productos”. El contrato también dice que se pagará a Sierra Media previa presentación de una factura que describa los “servicios prestados”. Muchos de los contratos de marketing encontrados en la filtración son aún más vagos en su redacción, limitando a veces las descripciones a la prestación de unos genéricos “servicios”.

Varias empresas de marketing afiliado mencionadas en la filtración tienen su sede en jurisdicciones como Hong Kong, Chipre o Singapur, lo que dificulta la identificación de las personas reales que están detrás de ellas. Pero en el caso de Sierra Media, los periodistas descubrieron que es propiedad, al menos sobre el papel, del gerente de una empresa israelí con sede en Bulgaria.

El contrato de Sierra Media con la división de marketing de los estafadores, EM Develop, fue firmado por Moti Yeruham, cuyo nombre aparece como Mordehay Moti Yeruham en el registro mercantil búlgaro de Sierra Media. Y un Mordehay Yerucham figura como administrador principal de otra empresa con sede en Sofía llamada Calista Services, que ayuda a sus clientes “a construir call-centers de ventas en Bulgaria”, según anuncia en su sitio web.

Yerucham no ha respondido a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

Sierra Media era una empresa de marketing afiliado relativamente activa, según los datos financieros de la filtración. En los nueve primeros meses de 2023, recibió más de 260.000 dólares, según revela un informe interno de gastos. Pero esa cifra se queda pequeña comparada con la de una empresa llamada CRYP, que fue la que más dinero ganó –casi 850.000 dólares– durante ese mismo periodo de tiempo.

Ni Sierra Media ni CRYP han respondido a las preguntas que les envió OCCRP.

Muchas víctimas quedaron atrapadas tras hacer clic en anuncios que hacían un uso no autorizado de imágenes de famosos para dar un falso aval a plataformas de inversión igualmente falsas. Estos anuncios usan famosos que parecen dirigidos a países concretos. En el caso de la arquitecta sevillana fue Pablo Motos. En el caso del científico finlandés jubilado Helmer Södergård, se utilizó a la ex primera ministra de su país Sanna Marin y el expresidente Sauli Niinistö. Södergård contó a los periodistas que clicó en el anuncio de un plan de inversión falso después de ver imágenes de los dos políticos que parecían respaldarlo. “Todo mi mundo se derrumbó”, declaró el finlandés, de 72 años, en una entrevista a la televisión finlandesa Yle. La estafa vació sus cuentas bancarias, privándole de unos ahorros que pretendía compartir con sus seis hijos adultos.

Södergård cayó en una profunda depresión, era incapaz de comer o cuidar de sí mismo, pero ahora se está recuperando con la ayuda de su familia. Denunció el caso a la policía finlandesa, pero ésta abandonó la investigación alegando que las técnicas empleadas en este tipo de delitos hacían “muy improbable que se pudiera encontrar la identidad del delincuente”.

Por su parte, la ex primera ministra finlandesa Marin aseguró a OCCRP que no respaldaba ninguna plataforma de inversión, que no había autorizado el uso de su imagen en el anuncio y que no había tenido conocimiento de su existencia. Según indicó la secretaria del expresidente finlandés Niinistö, éste desconocía casos en los que su imagen hubiera sido “utilizada ilegalmente”, pero que los habían denunciado a las plataformas implicadas. “Este tipo de fraudes son difíciles de rastrear”, añadió.

Las grabaciones de llamadas telefónicas entre las víctimas y los agentes del centro de llamadas, los chats y otros documentos de la filtración muestran que el falso apoyo de Elon Musk parece ser también una herramienta especialmente popular para captar a víctimas potenciales. Una grabación revela que un inversor le dijo al teleoperador que había clicado en un supuesto anuncio respaldado por Musk en Facebook “de algo llamado Quantum AI”. “Eso es de lo que quiero formar parte... lo del algoritmo cuántico que Elon Musk ha anunciado en Facebook y YouTube”, explica una víctima en otra conversación grabada por los estafadores.

Según un comunicado de prensa de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong del pasado mes de mayo, la imagen de Elon Musk se utiliza a menudo de forma indebida para promocionar plataformas de negociación con la marca Quantum AI, mediante anuncios que utilizan vídeos y fotos deepfake de Musk generados por inteligencia artificial en páginas web y redes sociales.

Los anuncios de Quantum AI suelen hacer afirmaciones falsas sobre el uso de la informática cuántica y el software basado en inteligencia artificial para que los inversores obtengan mejores resultados. Según los documentos internos de la filtración, Gladio, una de las marcas de Sierra Media Ltd, promocionó Quantum AI incluso después de que fuera ampliamente desacreditada y de que los reguladores de varios países emitieran advertencias ya en 2021, entre ellos Nueva Zelanda, Canadá, Hong Kong y España.

Hay muchas versiones diferentes de las plataformas online de Quantum AI, y muchas empresas de marketing y estafadores diferentes vinculados a ella, aunque no está claro si las están conectadas o coordinadas de forma centralizada.

También se han utilizado imágenes de otros famosos para intentar captar víctimas, a veces en noticias falsas poco creíbles. Un artículo inventado, encontrado entre los documentos de Scam Empire, simulaba proceder de una cadena de televisión canadiense y afirmaba falsamente que la actriz Sandra Oh –Anatomía de Grey, Entre copas– había revelado “detalles de una plataforma secreta con ánimo de lucro” en lo que parecía una entrevista en el programa de la televisión estadounidense Late Show with Stephen Colbert. El artículo afirmaba que la “Comisión Canadiense de Seguridad” había clausurado el programa en directo a instancias del multimillonario malasio Robert Kuok para mantener en secreto la plataforma. Al final del artículo, se invitaba a los lectores a “rellenar el formulario de registro proporcionado por Sandra Oh”.

Elon Musk, Robert Kuok, Sandra Oh y The Late Show with Stephen Colbert no han respondido a las solicitudes de comentarios que les envió OCCRP.

El anuncio que llevó a Helmer Södergård hasta los estafadores había aparecido en Facebook. No es raro: muchas víctimas de estafas hicieron clic en anuncios de Facebook u otras plataformas de redes sociales. Según los documentos financieros internos y chats de la filtración, una empresa de marketing de afiliación llamada Oray Ads cobró a la red israelí-europea más de 105.000 dólares en los primeros siete meses de 2024, en concepto de “presupuesto de publicidad en Facebook”. También le proporcionó clientes potenciales exitosos: Oray Ads le facilitó más de 160 clientes potenciales por valor de más de 146.000 dólares´en 2023 y 2024. Aunque esa no es la foto completa.

Oray Ads también trabajó en Georgia a partir de octubre de 2023. Según las facturas halladas en la filtración, Oray Ads empezó a trabajar con los georgianos en octubre de 2023. Para la red de Tiflis, la empresa se concentró primero en ciudadanos suecos y noruegos como objetivo, antes de enfocar hacia Canadá, Irlanda y el Reino Unido. Algunos meses, la empresa ganaba entre 20.000 y 30.000 dólares del centro de llamadas de Georgia.

Entre las víctimas cuyos datos fueron vendidos a los estafadores por Oray Ads se encuentra Annika Gustafson, periodista jubilada que fue estafada por el call-center georgiano. Al final perdió todos sus ahorros, se vio sumida en deudas e incluso pensó en suicidarse.

Oray Ads no ha respondido a la solicitud de comentarios enviada por OCCRP.

Aunque Oray Ads factura utilizando su propio nombre, aparece en los registros internos de la red israelí-europea como G. H.

G. H. es también el nombre de usuario en Telegram de Haibin Lin, quien aparece en el sitio web de Oray Ads como propietario de la empresa. Oray Ads parece tener su sede en Estados Unidos, aunque no está claro exactamente dónde: publica un número de teléfono de contacto de Nueva Jersey en su sitio web y facilita un número de Colorado Springs en sus facturas, mientras que su sitio web y su perfil de LinkedIn la sitúan en Lewes, en el estado de Delaware.

En algunos chats de Telegram de la filtración, los empleados del call-center le llaman se refieren a Lin como el “jefe”. No tiene mucha huella en internet, pero en 2022 un tal Haibin Lin, con el nombre comercial de Oray Ads Limited, fue demandado con éxito por más de 73.000 dólares en concepto de daños y perjuicios por el American Express National Bank ante el Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, por impago. Los registros judiciales muestran que los extractos de su tarjeta de crédito comercial se enviaron a una dirección residencial en el condado de Los Ángeles, aunque él no figura en la escritura de esa propiedad. El perfil de LinkedIn de Lin lo ubican en Newark, en California.

La página web de Oray Ads menciona además a otros tres empleados, y anteriormente mostraba como directora de marketing a una mujer llamada Natalie Gorman. Según una cuenta de LinkedIn de Gorman, trabajaba para Oray Ads y residía en la zona metropolitana de Filadelfia.

Sin embargo, el perfil de Oray Ads en Google Business incluye una reseña de hace cuatro años de Natalie Gorman donde ella afirma que esa empresa le “robó” el nombre y la foto que tenía en Facebook y la “incluyó como miembro del equipo en su sitio web”.

Contactada por los periodistas, Gorman confirmó que había dejado la reseña, dijo que nunca había trabajado para Oray Ads y repitió su afirmación de que la empresa había utilizado su imagen sin permiso. “No tengo ninguna relación con Oray Ads”, confirma Gorman, que denunció el robo de identidad a LinkedIn, pero la red profesional no lo eliminó, aunque su nombre sí ha sido retirado del sitio web de la empresa.

Gorman también explica que llamó a Oray Ads para comunicarles que había denunciado a la empresa a LinkedIn y pedriles que dejaran de utilizar su nombre. “Colgaron sin responder”, asegura Natalie. “Dejé la reseña en Google para tratar de advertir a la gente sobre la empresa, ya que no quería que me asociaran con lo que estuvieran haciendo, era claramente engañoso”.

LinkedIn responde que retiró la cuenta falsa de Gorman después de recibir las preguntas sobre ella que le había mandado OCCRP. “Utilizamos tecnología y equipos de expertos para encontrar y eliminar cuentas falsas... Trabajamos cada día para detectar y detener el fraude y seguimos mejorando nuestras defensas para prevenir y eliminar cuentas maliciosas”, añade un portavoz del portal de empleo.

El sitio web de Oray Ads también ha sido desconectado, mientrasa que Lin ha eludido responder a la petición de comentarios hecha por OCCRP.

Meta, la matriz de Facebook e Instagram, se ha enfrentado a muchas críticas por haber sido incapaz de impedir la difusión de publicidad fraudulenta en sus plataformas. La empresa ha sido demandada en Estados Unidos, Irlanda y Polonia, y un organismo australiano de protección de los consumidores la ha denunciado ante el Tribunal Federal de Australia por su gestión de los anuncios de estafa. En el Reino Unido, el conocido comentarista financiero Martin Lewis –cuya imagen ha sido utilizada sin autorización por estafadores– llegó a un acuerdo con Meta tras demandarla en 2019 por no acabar con la publicidad de estafas después de que la empresa de Mark Zuckerberg acordara añadir un botón de denuncia de estafas con un solo clic y donar tres millones de libras a un proyecto contra estafas en el Reino Unido.

Pero Lewis sigue advirtiendo sobre las amenazas que plantean estos anuncios y aclara a OCCRP que los gobiernos, los reguladores y las compañías tecnológicas necesitan “negar a estos criminales el oxígeno de la promoción que obtienen en la actualidad”. “Esto continuará hasta que hagamos que a las empresas de las redes sociales les resulte más caro publicar anuncios que ganar dinero por permitir que todo el mundo publique anuncios rápidos”, sostiene.

Ben Fogle, famoso aventurero británico cuya imagen también se ha usado sin autorización para promocionar estafas, también subrayó la responsabilidad de las redes sociales a la hora de impedir la promoción de anuncios que utilicen indebidamente imágenes de famosos. “Creo que es responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas, que están ganando cantidades ingentes de dinero, emplear a personas que se encarguen de vigilarlo”, declara a OCCRP.

Goldbeck, el fiscal de Baviera, apunta que estas plataformas han tomado medidas para combatir los anuncios fraudulentos y que “las cosas ya han mejorado significativamente con respecto a hace tres, cuatro o cinco años”. Meta asegura que los anuncios que promueven o facilitan estafas van en contra de sus normas. “Estos delincuentes se dirigen a personas y servicios de todos los sectores utilizando sofisticadas estratagemas, y hacer frente a esto requiere la colaboración transversal de bancos, gobiernos, fuerzas de seguridad y telecomunicaciones”.

El año pasado, Meta anunció que estaba probando la tecnología de reconocimiento facial para combatir los anuncios fraudulentos que hacían un uso no autorizado de personajes públicos famosos. La política publicitaria de la empresa prohíbe la promoción de “planes u ofertas que utilicen prácticas engañosas o equívocas identificadas, incluidas las destinadas a estafar dinero o información personal”.

El problema “ocupa un lugar destacado en la agenda” de las plataformas de redes sociales, destaca Goldbeck. “Pero creo que todavía se puede mejorar. [Las plataformas] saben que también tienen una responsabilidad y que todo esto no es más que una gran puerta de entrada para esta máquina del fraude. Y en este sentido, esperamos de verdad que se siga abordando activamente y que estas fórmulas se limiten lo mejor posible”.

Preguntada al respecto por OCCRP, Google señala que tiene políticas estrictas que prohíben la publicidad fraudulenta en sus plataformas y que suspende las cuentas infractoras. Según explica, ha actualizado sus políticas para permitir a sus equipos “tomar medidas más serias y rápidas con las cuentas de quienes ponen anuncios fraudulentos”. Pero este tipo de anunciantes ha comenzado a “operar con mayor sofisticación y a mayor escala, utilizando una variedad de tácticas para eludir su detección”, añade. Google utiliza una combinación de “revisión humana y sistemas automatizados” para combatir estos anuncios, con la que ha “eliminado más de 5.500 millones de anuncios, restringido más de 6.900 millones de anuncios y suspendido más de 12,7 millones de cuentas de anunciantes” en 2023, el año de su informe más reciente sobre anuncios fraudulentos.

Aunque los profesionales del marketing afiliado no publiquen sus nombres en los anuncios que promocionan, sí tienen un perfil más público en las conferencias del sector que se celebran cada año en todo el mundo. Una de las más destacadas se llama Affiliate World. Decenas de empresas de marketing identificadas en la filtración asisten a sus eventos periódicos.

Más de un tercio de los patrocinadores oficiales de la conferencia de Affiliate World Asia de 2023 aparecen en los registros internos del call-center. Gladio, la marca de Sierra Media que facilitó los datos de la arquitecta sevillana, copatrocinó un evento de Affiliate World Dubai en 2023. Affiliate World replica que, “categóricamente”, no “promueve, respalda ni fomenta actividades ilegales” y que exige a “todos los asistentes, expositores y patrocinadores” que cumplan la ley. “La participación en nuestras conferencias no debe interpretarse como una aprobación o validación de ninguna persona, empresa, producto o servicio”, añade.

Otra empresa de marketing que aparece en la filtración es MGA Team, que merece ser destacada por haber facilitado los datos de contacto de una víctima especialmente lucrativa: el cirujano de Barcelona que llegó a perder un millón de euros a manos de los estafadores. MGA Team, que no ha respondido a las preguntas enviadas por OCCRP, patrocinó varias conferencias Affiliate World y eventos asociados en Bangkok y Dubái en 2023 y 2024.

La empresa también copatrocinó una fiesta exclusiva denominada Fridman Tower –“un evento único para líderes del marketing de afiliación y altos ejecutivos del sector”– en un hotel de cinco estrellas de Bangkok, no lejos del Affiliate World del año pasado. El sitio del evento prometía “fiestas épicas, networking de primer nivel y un ambiente inolvidable”. Los portavoces de Fridman Tower tampoco han contestado a la solicitud de comentarios que le ha mandado OCCRP.

Una de esas “fiestas épicas” se llamó Sin City –Ciudad del Pecado–. Un vídeo promocional publicado en la cuenta de instagram de Fridman Tower y que abre con la leyenda “MGA Team Presents Sin City”, muestra a multitudes de fiesta y a mujeres en lencería de vinilo retorciéndose en un escenario.

El cirujano barcelonés cuyos datos fueron facilitados a la red israelí-europea por MGA Team, y que pidió no ser identificado, contó a infoLibre que los estafadores le llamban sin descanso después de su primer depósito, presionándole para que siguiera invirtiendo y engañándole con promesas de grandes beneficios. “Ese dinero eran los ahorros de mi vida”, confesó.

“Me dijeron que, o invertía más, o perdía todo lo que tenía. No lo hice y vi que mi cuenta desaparecía [en la pantalla del ordenador]. Entonces invertí de nuevo. Siempre digo que en ese momento debería haber parado”. Pero el doctor M., cirujano vascular de Barcelona, propietario de una clínica, no paró y perdió casi un millón de euros tras ser estafado durante un año por los agentes telefónicos de una difusa, pero muy profesional, red internacional de ciberestafas dirigida desde Israel y Chipre. El médico catalán es sólo uno más de los 4.564 españoles que quedaron atrapados en los engaños de esta auténtica corporación criminal, que les robó 26,4 millones de euros en dos años.

Para hacerse una idea de la magnitud del ciberfraude, basta con recordar que el caso Gescartera, en 2001, afectó a unas 2.000 personas, la mitad de las perjudicadas ahora por el conglomerado israelí-chipriota. Si se añaden las 115 víctimas del AK Group, otro call-center georgiano con el que comparte modus operandi, proveedores de servicios e incluso víctimas, la cifra de españoles expoliados asciende a 4.679. El dinero robado por este centro de llamadas de Tiflis es mucho menor: entre octubre de 2023 y abril de 2024, despojaron de 425.000 euros a sus víctimas españolas.

Otra comparación: el Fondo de Víctimas de Madoff, creado para restituir a los estafados por el famoso financiero estadounidense con un esquema Ponzi que se extendió por 127 países, ha devuelto su dinero a 40.800 inversores a fecha de 31 de diciembre de 2024, 15 años después de que estallara el escándalo. Los embaucados por estas dos corporaciones criminales, la israelí-chipriota y la georgiana, suman no muchas menos: casi 33.000 personas, repartidas en 34 países.

Ambas redes quedan al descubierto en Scam Empire, la investigación en la que han colaborado 31 medios de todo el mundo, que se basa en documentos filtrados a la televisión pública sueca (SVT) y ha sido coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Como ocurría con esas dos famosas estafas españolas, las víctimas de la red israelí-chipriota se alejan del estereotipo de la viuda o el jubilado solitarios, tampoco son necesariamente personas sin cultura financiera. Aunque las haya con ese perfil. Arquitectos, médicos, empresarios, una famosa deportista, abogados y hasta asesores fiscales se cuentan entre los españoles que creyeron operar como exitosos inversores en Bolsa, materias primas, divisas y criptomonedas, pero acabaron perdiéndolo todo sin saber que también estaban engordando las cuentas de dos corporaciones criminales, una con oficinas centrales en Israel y Chipre, y enormes call-centers repartidos entre Bulgaria, Ucrania, Macedonia del Norte e incluso la misma España, y otra con call-centers en Georgia.

De hecho, España es el segundo país donde más víctimas ha conseguido la red dirigida desde Israel y Chipre, también donde más dinero ha robado, sólo después de Canadá. Pero, si se elimina el número de quienes sólo hicieron el primer pago de 250 euros –el anzuelo con el que los estafadores pretenden hacer creer a sus objetivos que los beneficios se han multiplicado milagrosamente–, España resulta ser el país que más dinero ha hecho ganar a esta corporación criminal, más de 18 millones de euros, el doble que el Reino Unido. Es más, 135 españoles han sido víctimas de los dos entramados, lo que sitúa a España, de nuevo, como el segundo país con más estafados compartidos tras Canadá, y muy por encima del Reino Unido.

Aunque para apreciar con exactitud la gravedad del expolio conviene acercarse a las cifras individuales. Según los análisis llevados a cabo por los periodistas que han participado en Scam Empire, la corporación dirigida desde Israel y Chipre, a la que los periodistas han bautizado como Red Sapir por el edificio de Tel Aviv donde situó sus oficinas centrales, estafó entre 100.000 y 400.000 euros a 48 ciudadanos españoles. Otros 80 perdieron entre 50.000 y 100.000 euros. Pero a quienes sacaron entre 10.000 y 50.000 suman más de 300.

Aunque el mayor golpe se lo llevaron las cuatro víctimas que entregaron más de 400.000 euros a los criminales. Uno de ellos, el cirujano catalán, es además el cuarto que más dinero perdió de todos los estafados en los 34 países donde actúa la red, sólo superado por ciudadanos británicos. “Tenía unos ahorros que no estaban haciendo nada, así que quise ponerlos a trabajar para ver si podía sacarles algún beneficio. Perdí los ahorros de toda mi vida”, resume el doctor M., a quien los criminales hicieron creer que había ganado 2,6 millones de euros. “Me han dejado en blanco”, se lamenta, “estoy tocado, muy tocado”. Aun así, sólo eleva el tono de voz cuando cuenta que denunció la estafa a los Mossos d’Esquadra y en el juzgado. “No sirve de nada: ni el juez te escucha ni la policía se mueve”, protesta: “Sólo me llamaron un día, a las 11 de la noche, y me dijeron que investigarían, pero con una desgana total y absoluta”.

Además de haber resultado una auténtica mina de oro para las dos corporaciones criminales, España es el primer país donde los tribunales han admitido a trámite una demanda colectiva contra estos entramados dedicados a la ciberestafa internacional. El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir la que ha presentado el abogado Mauro Jordán de la Peña, experto en este tipo de fraudes, en nombre de 72 víctimas. El dinero que les estafaron alcanza los nueve millones de euros. Treinta y una de ellas aparecen en los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire.

Pero hay otra circunstancia que singulariza a España en la red criminal. También es el único país de la Europa occidental donde la corporación ha instalado un call-center. Situado en la calle Venezuela de Barcelona, permaneció abierto sólo unos meses el año pasado, tal y como confirmó el conserje del edificio a OCCRP. En ese tiempo, el centro de llamadas dio empleo a una veintena de personas. En marzo de 2024, una de las empresas de la red Sapir, Telecom Wide SL, pidió a un despacho de abogados de Barcelona, Gutierrez Pujadas & Partners, una opinión legal –asesoramiento– antes de abrirlo. Según los documentos de Scam Empire, la empresa pretendía prestar servicios a una compañía extranjera “para captar clientes de Latinoamérica”. Y preguntó a los abogados si las leyes laborales españolas permiten someter a la prueba del polígrafo a los candidatos a teleoperadores, entre otras cuestiones sobre tipos de contrato, periodos de prueba, causas e indemnizaciones de despido.

Gutiérrez Pujadas le contestó que las leyes españolas no prohíben usar el polígrafo en los procesos de selección de personal, pero se trata de una “práctica controvertida” que no está regulada de forma específica. Por tanto, aconseja que la prueba se haga “respetando los derechos fundamentales” y la privacidad de los candidatos. También debe ser “voluntaria” y sujeta siempre al consentimiento previo y expreso del trabajador. En todo caso, el abogado recomienda a su cliente que consulte con empresas especializadas antes de llevar a cabo ese tipo de exámenes. En el Registro Mercantil aparece como administrador y propietario de Telecom Wide SL un ciudadano húngaro, Imre Szalka, que constituyó la sociedad en marzo de 2024, el mismo mes en que solicitó la opinión legal a Gutiérrez Pujadas & Partners.

OCCRP ha preguntado al despacho barcelonés por esta empresa y el centro de llamadas, pero no ha obtenido respuesta alguna.

“Si una empresa se establece en España, seguro que no estafa aquí, sino a ciudadanos de otros países”, expone a OCCRP un investigador de los Mossos d’Esquadra especializado en ciberfraude. Lo que no impide que en Cataluña las estafas por internet sean el segundo delito más denunciado, añade. Es más, en toda España, los delitos cibernéticos crecen un 20% al año, destaca por su parte Alberto Redondo, jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil. Una de cada cinco denuncias son por crímenes cometidos gracias a internet y de éstos, el 90% son estafas, detalla. Sobre todo en los últimos cinco años, el aumento ha sido “exponencial”, tanto en número de víctimas como en las cuantías estafadas. Y no hay un perfil de víctima, resalta Alberto Redondo: “Ricos y pobres, vulnerables o no… Se ha puesto de moda entre los jóvenes invertir en criptomonedas, por ejemplo, y también ha coincidido con una época en que los bancos retribuyen poco los depósitos”. Mientras la remuneración media de estos productos financieros era del 2,31% en 2023, según datos del BCE, los estafadores prometen beneficios del 200% al mes, recuerda el investigador de los Mossos.

La historia de persuasión, ingenuidad y desengaño final que relata el cirujano catalán la repiten, con escasas variaciones, todas las víctimas contactadas por infoLibre. El doctor M., que como el resto de los estafados no ha querido revelar su verdadera identidad, pinchó en un anuncio falso de internet donde el presidente de Mercadona, Juan Roig –en otros casos eran Pablo Motos, Gerard Piqué o Fernando Alonso– aparecía prometiendo grandes beneficios a partir de inversiones modestas. Dejó su nombre y número de teléfono móvil para recibir información. No mucho tiempo después –a veces sólo unos minutos o unas horas más tarde, apuntan otros afectados–, un supuesto asesor financiero le llamó por teléfono para explicarle cómo funcionaba, usando la inteligencia artificial, una supuesta plataforma online de inversiones. El agente telefónico que contactó con el doctor M. decía llamarse Alejandro Sarmiento y hablaba con acento latinoamericano. No es su nombre verdadero, por supuesto. Ninguno de los más de 60 teleoperadores del departamento español de la red Sapir contabilizados por Scam Empire facilita su verdadera identidad. Y no sólo a las víctimas de la estafa. Ni siquiera figuran sus auténticos nombres en las nóminas que cobran o en cualquiera de los documentos internos de la red criminal a los que ha tenido acceso OCCRP.

Pero todos los miembros del departamento español son latinoamericanos o rumanos con un excelente castellano, de acuerdo con los testimonios recogidos de los estafados. Y aunque llamaban desde números de teléfono supuestamente españoles, su lugar de trabajo es Sofía, la capital de Bulgaria, según la investigación que ha llevado a cabo Scam Empire. Los call-center dedicados a engañar en español son denominados Zebra-IB y Sales-IB por la propia red criminal. En el primero trabajan 39 personas; en el segundo, 23.

Alejandro Sarmiento fue el analista de cabecera del doctor M., pero no el único agente que se ocupó de asegurarle como fuente de ingresos para la red. “Luego apareció otro, que parecía su superior”, recuerda el cirujano. Alguien que decía llamarse Emiliano Mendieta. “Eran muy persuasivos”, reflexiona ahora el doctor M. Muy hábiles en la manipulación psicológica. “Uno iba de poli bueno y otro de poli malo”. La amenaza del poli malo era directa: “Si no haces una transferencia hoy, lo pierdes todo”. El poli bueno le dejaba respirar sólo un poco: “Bueno, vamos a darte unos días”.

Desde febrero de 2023, cuando hizo su primer ingreso de 250 euros, hasta noviembre de ese año, el doctor M. firmó más de 60 transferencias bancarias, de acuerdo con los registros de los propios estafadores. A veces hasta cuatro en una misma fecha. La de mayor cuantía, una de 37.500 euros. Hubo un día en que les ingresó 86.000 euros en varias transacciones. Algunas fueron para comprar criptomonedas. A cambio, en 10 meses sólo pudo retirar 1.000 euros, uno de los trucos empleados por los estafadores para hacer creer a las víctimas que podían recoger el beneficio de sus “inversiones” en cualquier momento. De esa forma, el cirujano fue despojado de unos 990.000 euros, como se puede ver en los propios registros de los criminales y él mismo confirma.

El doctor M. hizo transferencias a las cuentas que Sarmiento y Mendieta le iban indicando. Así, pagó supuestas facturas a la cuenta en un banco lituano de una empresa estonia llamada Linerum OU, una gestoría. También a una empresa polaca de la construcción, Hilone SP ZOO, y a otra italiana de restauración, All Inclusive20 SRLS. Además de a una sociedad española, Selterico SL, que tenía abierta una cuenta en el Banco Santander. Creada en junio de 2023 por una ciudadana extranjera de nombre Sofija Ivanova, que figura también como su adiministradora y socia única, es una supuesta agencia de publicidad. En el Registro Mercantil figura como domicilio social un coworking en el barrio de Salamanca de Madrid. Su gerente aseguró a infoLibre que esa empresa jamás ha sido su cliente. Pese a esos extraños pagos, el cirujano creía estar invirtiendo en Rivobanc, una firma de inversión sobre la que han emitido advertencias la CNMV y sus equivalentes en Reino Unido, Irlanda, Suiza y Canadá porque carece de autorización para operar.

El doctor M. no sospechó hasta que pidió retirar sus supuestas ganancias y le hicieron una transferencia que debía ascender a 500.000 euros. “A través del BBVA, pero era completamente falsa. Fui al banco y me dijeron que esa cuenta no existía”, recuerda. Los estafadores le aseguraron entonces que tardaría tres semanas en cobrar. Después le llamó alguien que aseguraba ser el director del SabadellUrquijo: “[Los estafadores] Decían que era su banco”. “Me dijo que yo tenía unos beneficios y que me los enviarían en 24 horas. Pero nunca llegaron”, concluye.

La historia de I.G.P., una arquitecta de Sevilla en la cuarentena, revela además la absoluta falta de empatía de los ciberestafadores telefónicos. “En ese momento me encontraba en unas circunstancias que me hacían especialmente vulnerable ”, comienza, “porque yo ahora en algo así no entro…”. Tras haberle diagnosticado un cáncer de mama a finales de 2021, se estaba sometiendo a quimioterapia y sufrió un derrame cerebral que la llevó al quirófano. Al mismo tiempo, se estaba divorciando. “Había heredado unas tierras de mi madre, así que pensé en venderlas e invertir de otra manera”, explica. Pinchó en un anuncio donde Pablo Motos prometía ganancias. Al rato le llamó un tal Álvaro Enrique Álvarez. “Parecía español, pero me dijo que vivía en Ginebra”.

Se supone que I.G.P. estaba comprando acciones de Repsol, también materias primas, oro, plata. En su caso, invertía a través de Tigcap.com, otra entidad con advertencias de la CNMV y las autoridades financieras de Canadá y Australia. Nada más comenzar, Álvaro le hizo instalarse una aplicación llamada Anydesk, que permitía al estafador controlar en remoto el ordenador de la arquitecta sevillana. Al principio, todo iba bien, el asesor financiero le decía que sus valores no hacían más que subir. Hasta que las tornas cambiaron. “Presionada por ellos, pedí un préstamo de 50.000 euros, porque si no, me dijeron que perdería todo el dinero”. ING, el banco de I.G.P., se lo concedió. “Fue todo muy rápido, bastó con un click”, lamenta ahora. También abrió una cuenta en Binance, el más famoso exchange de criptomonedas, donde llegó a hacer compras por más de 300.000 euros.

Cuando se dio cuenta de que la habían estafado, había perdido un total de 436.000 euros, según consta en los registros de sus estafadores: no sólo la herencia de su madre, sino también el préstamo, que no podía devolver porque ING le había bloqueado la cuenta: “Tuve que poner una reclamación”. Pero no fue el último susto. “La Policía me dijo que me estaban usando como mula con mi cuenta de Binance. Estaba recibiendo en ella dinero de otras personas que también estaban siendo estafadas”, recuerda horrorizada. Esa es una más de las estratagemas de los ciberestafadores: utilizar cuentas de unas víctimas para recibir pagos de otras.

I.G.P. es un buen ejemplo de los efectos devastadores del abuso infligido por estos nuevos criminales de guante blanco. “Fui muy ingenua”, confiesa. “Tonto” es el adjetivo que más se repite entre las víctimas con las que ha hablado infoLibre. La vergüenza les impide dar su nombre o mostrar su rostro. “Intento no hablar mucho sobre esto, no recordarlo mucho, porque no me sienta bien”, zanja la arquitecta sevillana, a la que se ha concedido la incapacidad absoluta y da el dinero por perdido, pese a que, además de a la policía, también ha presentado un escrito en la CNMV.

Carlos no quiere dar sus apellidos. Es asesor fiscal y también picó. Un anuncio de Gerard Piqué tuvo la culpa. Pero no llegó más que a hacer el primer ingreso, 250 euros. “Me pidieron que los enviara a una empresa de formación de Kenia, Edupac, eso fue lo que me hizo sospechar”, resalta. En su caso, varios supuestos empleados de Virgobanc, otra entidad con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera suiza, se pusieron en contacto con él por correo electrónico para convencerlo de las ventajas de invertir con ellos. Carlos rechazó su oferta y pidió que le devolvieran el dinero. Lo consiguió. Una de las empresas españolas de la trama, llamada Martello Circle SL, creada y administrada por un ciudadano búlgaro, Boris Borisov Kodjov, le reembolsó 42 euros más de los que había pagado, ríe ahora el asesor fiscal.

Tampoco revela su nombre una profesora de Tecnología de una universidad catalana a la que la red dirigida desde Israel robó 63.600 euros, según los registros a los que ha tenido acceso Scam Empire. Su estafador dijo llamarse Martin Coppola. La profesora no ha puesto una denuncia porque, dice, apenas tiene datos sobre “ellos”. Le hicieron creer que invertía en criptomonedas. Cuando empezó a sospechar y pidió que le reembolsaran sus supuestos beneficios, le advirtieron de que tendría que pagar impuestos a la Hacienda española si retiraba su dinero.

Teresa Rodríguez de la Borbolla, además de hermana del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, es arquitecta-decoradora. A ella sólo le birlaron los 250 euros de iniciación, que consiguió recuperar “inmediatamente”: “Reaccioné muy rápido”. Aunque eso no le evitó ni el acoso ni los insultos cuando se negó a seguir “invirtiendo”. “Me llamó ordinaria, histérica, me preguntó si tenía nervios por la regla… ‘¿Qué quieres, vieja?”, llegó a increparla quien se hacía llamar Sergio Berg.

A Blanca de Borbón le atrajo un anuncio donde aparecía Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Cuenta que está intentando renegociar con el banco la hipoteca que pidió con su marido para comprar la casa donde vive, por lo que necesitaba aumentar “un poco” sus ingresos. Blanca es la hija de Leandro de Borbón, el hijo ilegítimo de Alfonso XIII que hace unos años acaparó titulares tras publicar sus memorias y reclamar, en vano, el título de infante de España. Blanca impulsa una ONG, Proyectos de Vida, e intenta sacar adelante otra, Isla Mujer, un refugio para mujeres maltratadas. Suele aparecer en la televisión para hablar de los Borbón. “Recuerda que por primera vez tendrás la oportunidad de probar la bolsa real, las ganancias y el éxito. Te prometo que te ayudaremos a pagar mucho más rápido la hipoteca para que no sea una carga para tu hijo”, le escribió uno de los ciberestafadores por Whatsapp.

Blanca explica que han intentado estafarla varias veces. Es más, asegura que alguien que dice llamarse Emma, vivir en Londres y trabajar para un despacho de abogados, ha prometido llamarla el próximo lunes –la entrevista para este reportaje se celebró a finales del pasado enero– para ofrecerle nuevas oportunidades de inversión.

“Quería invertir para ayudar a mi hijo a emanciparse”, se justifica por su parte un abogado madrileño jubilado al que los ciberestafadores prometieron 200.000 euros de beneficios invirtiendo en café y otras materias primas, pero que perdió 11.000. “Me han dejado en blanco”, se queja. Ha presentado dos denuncias ante la policía, que instruye el Juzgado número 43 de Madrid.

Los operadores son mucho más que charlatanes telefónicos. Hacen un completo seguimiento de sus objetivos, como puede verse en los documentos que ha analizado Scam Empire. Sus anotaciones, en inglés, son otra prueba más del carácter despiadado de estos estafadores en remoto. “Jubilada, no tiene ni inversiones ni ahorros, pero sí una casa a su nombre que en su momento puede usarse para obtener algo de liquidez”, apunta uno de ellos sobre una mujer a la que asignan un “potencial” de 4.000 euros. “Cobra el subsidio, 480 euros, cuida a un anciano que le paga algo de vez en cuando, pero no tiene ahorros”, escribe otro sobre una mujer de 64 años de Palma de Mallorca a la que no ven ningún “potencial”. Aun así, no dejaron de llamarla una y otra vez, cuenta ella a infoLibre, tras haber abonado los 250 euros iniciales y 1.500 más en criptomonedas.

Lo mismo le ocurrió a otra mujer del Bierzo que no quiere dar su nombre. Sólo dejaron de llamarla hace un mes, asegura, casi un año después de que empezaran a engañarla. Hasta entonces, la molestaban “tres o cuatro veces al día”, rezonga. Tiene 60 años y cobra la pensión de viudedad. Según las anotaciones de los estafadores, el plan era despojarla incluso de los 5.000 euros que guardaba en su cuenta bancaria. Ella dice que le robaron más de 3.000.

Pero pueden ir mucho más lejos. Llamarlos vampiros no es en absoluto una exageración. Bien lo sabe Alberto, nombre figurado de un albañil de Huelva de 48 años que fue abordado por un agente telefónico del call-center de Georgia llamado Bruno Carvajal. Scam Empire ha podido escuchar muchas de las conversaciones que los estafadores mantienen con sus víctimas. Todas son grabadas, como en cualquier centro de llamadas legal, para evaluar el rendimiento de los teleoperadores.

En la grabación [que se puede escuchar en los clips que aparecen en esta información], Bruno Carvajal le dice a Alberto que necesita aportar 1.163 euros más de los que ya ha ingresado, a fin de completar los 3.000 “necesarios” para continuar invirtiendo y sumando beneficios. El albañil le contesta que no tiene ese dinero. Se acaba de quedar sin trabajo y su madre está enferma. “Ese dinero”, le asegura, “me hace falta para comer”. No importa. El estafador le pregunta si no puede pedirlo prestado. “A tu mamá”, le dirige. Alberto le contesta que no. “No me digas que eres la persona más pobre de España”, ataca Carvajal. “Pues al ritmo que llevo, lo seré”, replica el albañil, “me veo en la calle pidiendo”.

El teleoperador sube aún más la presión y le pregunta si no puede “empeñar o vender algo”. “Llevo cinco meses intentando vender un terreno [de su familia], pero ha sido imposible”, se defiende Alberto. Bruno sigue presionando inmune a la desesperación de su víctima: “¿No puedes vender otra cosa que te dé ese dinero?”. El coche, le sugiere. “El coche me hace falta. ¿Qué hago? ¿Vendo sangre?”, responde, cada vez más enojado, el albañil. Sorprendentemente, el estafador se echa a reír. “Pues mira, si te dan una buena pasta por eso…”. Y no afloja: “¿No tienes algo de oro, una cadena o un anillo? Cualquier joya sirve”, vuelve a insistir. El siguiente paso es una manipulación de libro: “Te digo todo esto para que puedas salir de esta situación, porque me preocupo”, remata. Bruno no suelta el hueso y quiere quedar con Alberto otro día: “A ver qué vendiste, la sangre o qué”.

infoLibre ha hablado con Alberto, que perdió más de 10.000 euros en dos años y medio. “Mis ahorros”, confiesa. Ha denunciado la estafa a la policía. Pero a él también lo denunciaron por una transferencia de 100 euros que otra víctima hizo a su cuenta. “Me usaron de mula”, protesta. “Pensaba que ganaría dinero para ayudar a mi madre enferma, porque no podía pagar a una mujer que la atendiera”. En cambio, lo desplumaron.

Puede que el éxito profesional de Bruno Carvajal se deba a un evidente talento natural, pero también al entrenamiento. Entre los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire, se encuentran los materiales didácticos con los que estos teleoperadores aprenden los trucos de su oficio. Por ejemplo, un powerpoint en castellano con los emblemas de Financika y Clicktrades, otros dos chiringuitos financieros señalados por la CNMV. El folleto llama “clientes” a las víctimas, cuya atención deben captar en sólo 10 segundos. Anima a crear “un vínculo” con ellas. A hablarles de “beneficios, beneficios”, “convertir sus deseos en necesidad”. Incluso apela a los “sueños”: “Que el cliente se vea ganando dinero para pagar el coche, la hipoteca, los estudios de su hijo”. También ofrece respuestas a las objeciones más habituales de las potenciales víctimas. A la de “no tengo dinero”, la réplica es el colmo del cinismo para un profesional del engaño: “Tenemos que saber cuándo el cliente miente, partiendo de la premisa de que todos los clientes mienten”. “Si dice eso, es porque no hemos trabajado bien el sueño y no le dimos emoción a la venta”, analiza el coach estafador. Y si dice que tiene que consultarlo con su mujer… “Cuando ella se va a comprar un traje, ¿te llama antes para preguntártelo?”, es el contraargumento que ofrece el entrenador. Finalmente, recurre a una técnica básica de la atención al cliente: “La sonrisa telefónica es imprescindible”.

El adiestramento no parece muy sofisticado y, a tenor de las conversaciones grabadas que infoLibre ha escuchado, tampoco se exigen demasiados conocimientos financieros para el puesto. Con sus víctimas, los estafadores emplean una verborrea en la que se confunden conceptos económicos con términos en inglés y alguna referencia a la actualidad –la subida de las materias primas por la guerra de Ucrania, la apuesta de Elon Musk por las criptomonedas, la inflación…–. Pasar la prueba del polígrafo no debe de ser un problema para quien se va a dedicar básicamente a mentir en jornadas de nueve a cinco. Por lo que Scam Empire ha podido constatar en los documentos del departamento de Recursos Humanos de la red, merece la pena el esfuerzo. Alejandro Sarmiento, el estafador que sacó al cirujano barcelonés casi un millón de euros, cobró en un mes, el de noviembre de 2023, un total de 11.064 dólares –10.064 euros–: 2.206 dólares de sueldo base y 8.858 dólares de bonus por su excelente desempeño. Además, él y el resto de sus compañeros reciben una ayuda de 500 euros para vivienda.

“En el mundo físico, cuando aumentan los robos en una zona, se mandan patrullas y los delitos disminuyen, pero en el mundo cibernético, no: el problema es el usuario”, advierte el guardia civil Alberto Redondo, “mientras no haya alarma social, no bajarán y no se legislará para atajar estos crímenes. La clave es denunciar”.

La crisis de los alquileres es la demostración palpable de que el capitalismo financiero del siglo XXI funciona extraordinariamente bien para el propósito que ha sido desarrollado: multiplicar el beneficio de las inversiones en un mínimo espacio de tiempo, a costa, eso sí, de crear graves problemas sociales, inflar los precios, conculcar derechos, empobrecer a millones de personas, humillar al poder político y poner en riesgo la economía productiva. 

El sistema financiero es lo más parecido a un taxi desvencijado conducido por un mono borracho con los frenos rotos que presume de llevar a sus clientes antes que nadie a su destino. No miente. Pero oculta que, cuando tiene un accidente, a los pasajeros los tienen que sacar con pinzas de entre los hierros. Esto, si tienen ustedes algo de memoria, es lo que nos ocurrió hace década y media en aquello que se llamó Gran Recesión.

La crisis de los alquileres está íntimamente emparentada de dos formas con el destrozo ocurrido a partir de 2008. La primera es que es un producto técnico de aquello. Una vez que el ladrillo reventó, los bancos poseían miles de casas y suelo con un valor muy inferior al que figuraba en sus balances. Aquello, que antes de la Gran Recesión la prensa salmón consideraba la joya de la corona del milagro económico español, pasó de repente a ser conocido como “activos tóxicos”. 

El sistema financiero maneja con astucia la magia de las palabras, pero también es experto en chantajear desde lo material a la sociedad a la que exprime. “Nosotros o el caos”, dijeron circunspectos. Fue entonces cuando el Estado creo la Sareb, aquello que se llamó el banco malo, para “reestructurar” los “activos tóxicos”, es decir, para que el dinero público sirviera de analgésico a la fenomenal resaca que padecían las entidades.

¿Qué es lo que se hizo a continuación? ¿Utilizar aquella cantidad ingente de pisos y suelo para crear un parque público de vivienda? No, lo que se hizo fue agitar la campanilla para anunciar a los señores del dinero que era hora de volver a empezar con la orgía. Con especial insistencia, el Gobierno de Rajoy reformó las SICAV para que los inversores internacionales vinieran a España a comprar vivienda sin pagar apenas impuestos.

Este fue el germen de la actual crisis del alquiler, un síntoma de carácter muy español, que se resume en ese refrán que finaliza en lo de “poner la cama”. Pero como les decía, esta crisis de los alquileres tiene además otra conexión con la Gran Recesión que se manifestó con especial crudeza tras la pandemia y que tiene que ver con el mal global de nuestros tiempos: la desmesura y el descontrol del capital financiero.

Si lo recuerdan, el coronavirus nos enseñó algunas cosas. Una fue que era importante lavarnos las manos. La otra, que la economía real era imprescindible para la vida de la gente. Necesitábamos un tejido industrial fuerte, energía barata y limpia para hacer funcionar esta industria, tecnología propia para mejorar la producción, cadenas de suministros estables y crédito seguro para dinamizar la actividad. Y que todo esto estuviera mediado por el Estado para garantizar que este esfuerzo tuviera un retorno justo para todos los ciudadanos.

¿Qué fue lo que hizo el sistema financiero?¿Poner sus recursos al servicio de este necesario impulso a la economía productiva? Pues compró parte de los bonos de la UE, que esta vez mutualizó la emisión para evitar que determinados países sufrieran ataques a su deuda soberana por parte de las apuestas que los inversores hacían en su contra. 

Gracias a esta medida, en la que el Gobierno español tuvo mucho que ver, nuestro país salió con fuerza de la crisis pandémica. Y los inversores hicieron un buen negocio, pero no uno extraordinario. La deuda soberana y la economía real son capaces de dar grandes márgenes de beneficio, pero para un adicto nunca es suficiente.

El sobredimensionado tamaño de la economía financiera provocó que esa ingente montaña de dinero virtual buscara nuevos lugares donde reproducirse. De ahí viene el fastuoso crecimiento de las empresas digitales que, sin aportar nada realmente novedoso, han quintuplicado su valor. También operaciones tan apasionantes como la inversión en memes y monedas de chocolate, la naturaleza de lo crypto.

Hay tal cantidad de capital financiero que su tamaño está completamente desacoplado del valor real de la economía productiva, por lo que sus propietarios buscan nuevos y cada vez más absurdos epígrafes donde meterlo. En la década de los 2000 fue la construcción de viviendas, las hipotecas y todo un demente entramado de productos de casino asociados a este mercado. El problema es que cuando la burbuja estalla, cuando se descubre la mentira, quien sufre es la economía real.

¿Dónde ha ido a parar esta vez gran parte de ese dinero? Pues al suelo urbano. El año 2019 cerró con un incremento anual del 5,1%, lo que entonces fue la mayor subida desde 2006. Tras la pandemia, los alquileres bajaron de media un 3,8%, pero en las grandes ciudades, donde la especulación era más acusada, se desplomaron: un 10,7% en Madrid y un 14,3% en Barcelona. 

Esto, para los inversores, fue como agitar una bolsa de golosinas a la puerta de un colegio. A partir de ahí, lo que ustedes ya saben: incremento de los pisos turísticos, incremento del alquiler de temporada y una subida astronómica del alquiler convencional que se traduce en que entre el año 2015 y el 2022 su precio ha escalado un 21%.

Los inversores están ganando mucho dinero con las rentas, lo que supone extraer dinero del bolsillo de los ciudadanos y por tanto de la economía productiva, pero también por el mero hecho de poseer los inmuebles, que se paquetizan y se convierten en activos que cotizan como si fueran acciones de una empresa convencional. La diferencia es que no producen nada, más allá de toneladas de dinero de mentira, que busca de nuevo otro lugar donde replicarse: las residencias de ancianos, la sanidad, la formación profesional…

La dimensión desmesurada de la economía financiera está colonizando la vida cotidiana en un proceso que se conoce como financiarización, es decir, que cualquier cosa se convierta en un activo sobre el que crear incluso productos derivados. Ya se están, de hecho, tokenizando viviendas de manera completamente alegal, fraccionándolas en pequeñas porciones imaginarias para sacar aún más beneficio de las mismas.

Llegados a este punto de la narración si sienten mareos o náuseas es que aún son personas con dos dedos de frente. Todo es como parece: el sistema financiero es un gigantesco exceso basado en alterar artificialmente el precio de las cosas de una forma tan tiránica como peligrosa. Lo peor es el secuestro al que nos tienen sometidos. Si se hunden, como volverá a pasar, nos arrastran con ellos al fondo.

Desconozco por qué este Gobierno no ha actuado con contundencia para intervenir el mercado inmobiliario, como sí hizo con el mercado de la energía. Pero deduzco que la razón es que cuando Larry Fink –CEO de Blackrock– descuelga el teléfono, Pedro Sánchez, como cualquier otro presidente europeo, debe hablar con él y no contrariarle demasiado.

Hace unos días, el sindicato Comisiones Obreras publicó un interesante informe que explicaba cómo nuestro país se había gastado doscientos mil millones de euros, de 1982 a 2022, en exenciones fiscales en vivienda. Con ese dinero hoy podríamos tener dos millones de viviendas públicas, a las que habría que sumar otros 2,7 millones de casas protegidas, que sí se edificaron pero que acabaron privatizadas. 

Si el Estado tuviera ahora cinco millones de viviendas en propiedad, Pedro Sánchez tendría que seguir cogiéndole el teléfono a Larry Fink, pero quizá lo haría en igualdad de condiciones. Por lo visto, en esto consistía la democracia. En que el poder político, que expresa el mandato de los ciudadanos en las urnas, se impusiera a la minoría de los que más tienen. No es sólo un tema de precios, es, sobre todo, una cuestión civilizatoria.

En torno al mercado financiero español orbita estos días una fusión: la propuesta por el BBVA al Banco Sabadell, para dar como resultado una entidad cuya denominación social y marca serían las del primero, aunque se podría conservar la etiqueta del segundo en regiones o negocios, si el interés comercial lo recomendara, y que tendría una de sus sedes operativas en Cataluña. Desde el BBVA defienden la operación porque el nuevo ente se convertiría en “el segundo de España y en el tercero de Europa” y contaría “con activos totales por encima del billón de euros y más de 100 millones de clientes a nivel mundial”. Nacería, además, según fuentes del ámbito de esa entidad, con “la ambición de ser el mayor banco por capitalización bursátil de la zona euro”. A ello agregan otras razones como la “complementariedad” de ambas compañías, dado que mientras el Sabadell es un referente en el segmento de empresas, el BBVA es líder en digitalización y sostenibilidad; o el que el alumbramiento de la futura criatura financiera se traduciría, por ejemplo, “en una mayor contribución al Estado vía impuestos” y en una remuneración mayor para los accionistas.

Pero, ¿todo sería positivo en esa integración? Fuentes sindicales del sector de la banca creen que no y señalan algunos "peligros" que, a su juicio, conlleva el movimiento distorsionador, en un contexto en el que, desde la crisis económica de 2008, "se han perdido 78 entidades y más de la mitad de las sucursales, que rondan las 20.000". De los diez grandes grupos bancarios que operan en la actualidad, si se materializa la unificación, "sólo tres actores, Santander, Caixa y BBVA más Sabadell, controlarían siete de cada 10 hipotecas", de acuerdo a los datos que manejan las fuentes sondeadas.

Javier de Dios, responsable del Sector Financiero de la Federación de Servicios de CCOO, considera que la fusión que ha removido el sector entraña en esencia dos riesgos: “El principal para el empleo”, dice. Y lo argumenta: “Habrá que ver cómo van a ejecutar esta operación societaria porque hay una diferencia con procesos anteriores que se han producido en el sector, que eran absorber una entidad en la que existía una situación de sostenibilidad económica dificultosa, por lo que se podía ver con buenos ojos, a fin de que no quebrara y la totalidad de la plantilla se viera afectada”. “Pero ahora -une- es una operación de absorción por pura avaricia, por incrementar cuota de mercado, por eliminar una competencia y, por tanto, el personal no debería sufrir las consecuencias”, avisa.

De Dios apunta que “se va pasar de un BBVA con alrededor de 22.000 trabajadores y un Banco Sabadell con unos 13.000, a crear un monstruo de 35.000 personas, por lo que se prevé una reducción de plantilla que se ha de dar en unas condiciones favorables y que produzca también una renovación generacional en la resultante”. ¿A qué se refiere con lo último? Aboga por que, de llevarse a cabo una amalgama que repercuta en los empleos, “se produzcan salidas de gente mayor y se incorpore a jóvenes". "A las entidades le resultará beneficioso porque los salarios serán inferiores en líneas generales con respecto a los de las personas de salida, pero no habría una revolución drástica de plantilla”, asevera.

Más allá del empleo, el responsable de CCOO indica “una segunda pata” peligrosa de la fusión. “Si se reduce drásticamente la red de sucursales, estaremos disminuyendo la competencia, con lo que para la clientela sería perjudicial”, advierte. “Aquí -apostilla- los reguladores tendrán que estar vigilantes porque esto pudiera darse en entornos geográficos ya vaciados de presencia de sucursales físicas, lo que supondría una exclusión aún mayor, sobre todo, para cierta clientela con especial vulnerabilidad a la digitalización o de acceso a los sistemas financieros”, afirma. De hecho, asociaciones de usuarios han alertado de que esto sería un problema en áreas de la España despoblada, donde, en especial las personas mayores, tienen difícil acceso ya a servicios bancarias como un cajero, puesto que el 22% ha desaparecido.

De su lado, el responsable del Sector Financiero estatal de UGT, Victoriano Miravete, alude a “dos riesgos básicos” que, en su caso, resume así: “El empleo y los niveles de competencia que van a quedar. En relación al primero, seguro que querrán un ajuste para ser eficientes y, a lo segundo, tendrán que pasar los filtros de competencia, porque hay regiones como Cataluña que entre La Caixa y la entidad que resulte de la fusión, alrededor del 70% del mercado será para dos jugadores”. “Sobre esto -enlaza- hay estudios de todos los colores, los hay que aseguran que eso es mucho y otros que es poco, poniendo el ejemplo de Holanda. Habrá que verlo”, manifiesta. En ese sentido, se pregunta “a quién beneficia tener el tercer banco más grande Europa, a los clientes, o a la cúpula directiva que podrá ponerse un salario superior y cobrar unos bonus más gordos”.

A su entender, contar con “bancos potentes puede ser bueno porque te da músculo, o con esta operación en concreto, el BBVA podrá entrar con un banco físico en el Reino Unido -el Sabadell cuenta con su filial británica TSB Bank-, donde sólo tenía banca por internet; pero hasta qué punto lo es para todos. ¿Estamos mejor ahora que hace un tiempo?”, lanza. Y se responde: “En competencia, creo que no. A la hora de abordar proyectos de financiación grandes, necesitan menos ayudas o socios, es cierto. Pero se están cerrando puertas a alguien que quiera una hipoteca. O se va a los bancos de internet, o físicos…”, desliza. Y no sólo. La Encuesta sobre el Acceso de las Empresas a la Financiación (SAFE, por sus siglas en inglés) muestra un empeoramiento desde abril de 2022 en la percepción de las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas sobre la oferta de crédito bancario.

Miravete mantiene que “no tiene por qué haber concertación, que los bancos se pongan de acuerdo, lo que es un delito, pero en España se ha visto que cuando los tipos han subido, las hipotecas lo han hecho automáticamente, pero los rendimientos de los depósitos no se han elevado lo que en Europa. Eso es un dato constatable. ¿Cuál es el momento dónde hay competencia y dónde no? Pues para eso está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ellos decidirán”, marca, para augurar: “Les pueden poner alguna pega en varias regiones”.

De vuelta al empleo, deja claro que para UGT, “si hay un ajuste, va a tener que ser voluntario 100%”. “Y generoso -engarza-, porque no puede ser que estén en beneficios máximos y sean cicateros aquí. No pueden ser los empleados los que vuelvan a pagar. Al final con la reducción de empleo, aun siendo voluntario, quien pierde es el país, que se queda sin cotizaciones máximas habitualmente y cosas de ese tipo". Es consciente de que el bancario, "es un sector que va hacia ese modelo", la concentración, "y ya veremos hasta dónde llegamos”, cierra, para recordar que organizaciones sindicales y patronal están inmersas en las negociaciones del convenio colectivo del sector. 

Respecto a ese proceso de diálogo abierto, De Dios admite que “el convenio de banca está enquistado”. “La próxima reunión será el miércoles 8 de mayo y esperamos que esta operación del BBVA y Sabadell no perjudique la negociación colectiva, sino que avance para alcanzar un acuerdo en un corto espacio de tiempo y poder dar tranquilidad a las plantillas”, expone. “Porque además -hilvana el portavoz de CCOO- vemos como todas las magníficas ganancias que consiguieron en 2023 y que están mejorando en 2024 -BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.200 millones en el primer trimestre de 2024, lo que supuso un alza del 19,1% con respecto a 2023 y el Sabadell de 308 millones, un 50,4% más que en el mismo periodo del año anterior-, las entidades financieras las están destinando a remunerar a la alta dirección, al accionista, a hacer operaciones societarias para ganar cuota de mercado, pero no para remunerar como se merecen a las plantillas, dados los resultados que se han logrado”, afea.

Fuentes del sindicato CGT aportan que “no es la primera vez que ambas entidades tratan de unirse, aunque la última vez que lo intentaron, en 2020, no salió bien”. Por su parte, reclaman, asimismo, que “se mantengan las plantillas y todos los derechos” para los empleados, tanto los recogidos en el Estatuto de los Trabajadores como los reflejados en el convenio colectivo y los planes de igualdad rubricados.

Al margen de los sindicatos, fuentes de la órbita financiera estiman que existen algunos elementos que pueden ser “determinantes” para que la fusión llegue finalmente a buen puerto: “El reparto de poder, que éste se logre hacer de forma en la que las dos partes queden satisfechas, y el hecho de que el pago de la operación se realice sólo en acciones, como parece que se ha puesto encima de la mesa -el BBVA ha ofrecido al Sabadell un canje de acciones con una prima del 30% sobre la cotización de la entidad presidida por Josep Oliu al cierre del lunes 29 de abril-. Esto podría no convencer del todo a uno de los implicados”, condensan. De momento, la bolsa aporta su música al baile y la atención de los inversores está puesta estas jornadas en BBVA y Banco Sabadell.

LaLiga ha respondido a la información publicada este viernes por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, sobre los pagos que recibió de una empresa iraní asegurando que su relación con MTN Irancell era “real, lícita y se encuentra perfectamente documentada”. La investigación Dominica: Pasaportes del Caribe, que ha destapado el lucrativo negocio que mantiene esa isla del Caribe vendiendo visas oro a cambio de inversiones, desveló también que LaLiga cobró el acuerdo de patrocinio firmado con la empresa MTN Irancell utilizando al menos dos métodos poco ortodoxos: una sociedad fantasma de Hong Kong creada por dos iraníes que habían comprado pasaportes oro de Dominica y múltiples ingresos en efectivo desde un mismo cajero automático de Dubái, lo que se conoce como “pitufeo”.

Según la investigación de OCCRP, cuando la institución que preside Javier Tebas firmó ese acuerdo de patrocinio con MTN Irancell, en 2017, la empresa iraní era en su mayor parte propiedad de otra sociedad de ese país que, a su vez, se hallaba en manos de entidades vinculadas al Ministerio de Defensa de los ayatolás y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI), los pasdarán, un brazo del ejército iraní que ha sido objeto de sanciones internacionales. 

En concreto, MTN Irancell es en un 49% propiedad de MTN Group, una compañía sudafricana de telecomunicaciones, mientras que el 51% restante pertenece a Iran Electronic Development Company. Esta última empresa es una joint-venture de Iran Electronic Industries, controlada por el Ministerio de Defensa iraní, y la Fundación Mostazafan, que preside un exoficial de la Guardia Revolucionaria iraní. En abril de 2019 Estados Unidos incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista de grupos terroristas. El acuerdo con LaLiga de 2017 se renovó en dos ocasiones más, la última en agosto de 2019, pocos meses después de la calificación de los pasdarán como terroristas.

En su nota, LaLiga se ocupa de subrayar que ninguna de las entidades “directamente” relacionadas con el contrato de patrocinio eran ni han sido “directamente” objeto de sanciones, ni sobre ellas “se han identificado alertas de cualquier actividad ilícita”. Elude, por tanto, el hecho de que sí lo ha sido la sociedad propietaria de MTN Irancell, aunque no lo haya sido esta última. Es básicamente la misma explicación que dio un portavoz de la institución española cuando OCCRP le preguntó sobre este asunto y que fue publicada este viernes con el resto de la información.

En su nota, la patronal del fútbol español tampoco hace mención alguna a los peculiares mecanismos de pago utilizados para cobrar ese acuerdo “real y lícito”, excepto que son “elementos que nada tienen que ver con el contrato de patrocinio”, además de “totalmente ajenos a esta institución”. LaLiga niega tener “conocimiento alguno” sobre ellos.

Sin embargo, OCCRP e infoLibre han publicado el comprobante de la transferencia entre una cuenta en el banco chino Hua Xia, perteneciente a la empresa de Hong Kong Lonking Industrial, y una cuenta de LaLiga en el Banco Santander, realizada el 18 de marzo de 2019 y por importe de 65.000 euros. Lonking Industrial fue creada por un iraní, Hossein Mohamedrezael, utilizando un pasaporte comprado en Dominica en 2017. El sello del resguardo está escrito en farsi, la principal lengua de Irán, no en chino.

El consorcio de medios que ha investigado este asunto también ha conseguido cinco recibos de los envíos de efectivo realizados desde un cajero automático de Dubái en dos días diferentes de noviembre de 2019. Se transfirió un total de 76.000 dólares en dírhams emiratíes en operaciones realizadas con apenas minutos de diferencia. A juicio de LaLiga, esta información está “manifiestamente tergiversada” y es fruto de una “perversa interpretación forzada de los acontecimientos”.

La patronal del fútbol reitera en su nota que el acuerdo de patrocinio con MTN Irancell –un 10% de los beneficios obtenidos de los suscriptores de su canal online más 900.000 dólares en tres años– finalizó “hace años” y que el contrato “surgió de la colaboración” con su matriz, la sudafricana MTN Group, también patrocinador de LaLiga.

Las empresas cada vez son más conscientes del papel fundamental que tienen en el camino por lograr los objetivos desarrollados en la Agenda 2030. Los fondos ASG: ambientales, sociales y de gobierno corporativo, son un ejemplo de este compromiso del sector privado con la sociedad.

Este jueves, infoLibre ha organizado una mesa redonda en colaboración con Ibercaja, para explicar con detalle en qué consisten estos productos de inversión y de ahorro para la jubilación, de la mano de varios expertos en la materia, con la directora general de infoLibre, Marta Gesto, como moderadora. 

Lily Corredor, directora general de Ibercaja Gestión, una de las financieras que se encargan de gestionar estos fondos verdes y sociales, ha explicado cuál es el principal plus de este tipo de operaciones, que, además de seguir parámetros de rentabilidad, cuentan con un análisis en el que se observa cuál es el comportamiento de la empresa. “Vemos cómo es su papel en la sociedad, su respecto en el ámbito medioambiental, su transparencia o trato con los empleados y, con todos estos datos, favorecemos las inversiones a quienes lo hacen bien y se esfuerzan, que a larga serán más rentables”.

Una de las entidades que perciben parte de estos fondos es Energía sin Fronteras. Jesús Abadía es director general de esta ONG, que se encarga de llevar suministro eléctrico e hídrico a zonas en desarrollo: “Naciones Unidas nos está marcando el camino desde 2015, gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que, por primera vez, las empresas y la sociedad se hacen partícipes del cambio”. 

Verónica  López, consultora de Área de Economía Aplicada y profesora del programa Ejecutivo en Finanzas sostenibles de Analistas Financieros Internacionales, ha incidido en la importancia de los ODS, además de poner encima de la mesa el concepto de “finanzas sostenibles”: “Es un concepto que tenemos que tener muy presente y, aunque puede parecer muy complejo, lo que hace es referencia a todo esto que hasta ahora no era visible con los ojos, como es el impacto en la sociedad y el medioambiente”.

Otro de los intervinientes en el coloquio ha sido Joaquín Garralda, presidente de SPAINSIF, una plataforma de encuentro y referencia en materia de inversión sostenible, que se encarga de unir a las partes que participan en la puesta en marcha de estas operaciones, “desde bancos y gestoras, a los proveedores de información o las ONG y sindicatos, que forman parte de la comisión de seguimiento”. Garralda explica cómo funcionan estos fondos con un ejemplo: “Son como un coche. Hay muchas marcas diferentes y, dentro de cada una, hay diferentes modelos y tamaños. De la misma manera, hay cantidad de estrategias y formas de influir en la sociedad, tanto a corto, como medio y largo plazo”. Siguiendo con este análisis, Corredor apunta a que hay mucho trabajo detrás por parte de las gestoras y unas políticas de exclusiones muy restrictivas. “Medir el impacto real de una empresa no es sencillo, aún estamos ante ese reto y en un proceso de aprendizaje para llegar a lo pactado en París”.

Abadía, como miembro de una entidad solidaria, cree que estamos avanzando en el buen camino, pero falta que las empresas “den un paso más”: “No basta con que apliquen buenos criterios en sus inversiones, tienen que añadir el matiz de la solidaridad. Esto es lo que hace Ibercaja con el segundo apellido de sus fondos, el de ‘sostenible’, que significa que destinan parte de sus beneficios a proyectos como el nuestro, en lugares como Camerún, en los que, de otra manera, ninguna empresa invertiría”.

La ONG Energía sin Fronteras, lleva dos décadas trabajando en zonas de Latinoamérica y África, donde hay serios problemas de suministro de agua y electricidad. Ya han puesto en marcha más de un centenar de proyectos y han ayudado a medio millón de personas. Gracias a la iniciativa Tú dinero con corazón, impulsada por Ibercaja, la compañía ha conseguido los fondos necesarios para iniciar otros seis nuevos proyectos en Camerún, donde un 75% de la población rural no tiene acceso a la energía. La mayor parte ha ido destinada a una infraestructura fotovoltaica en un colegio en el que estudian 600 alumnos y a unos pozos fotovoltaicos y fuentes, de las que se van a beneficiar unas 8.000 personas. 

“Con estas propuestas el ahorrador ve que su impacto social es aún mayor, porque no sólo envía sus fondos a buenas causas, sino que sabe que la gestora también pone su granito de arena”, argumenta Corredor que cuenta, además, que los usuarios tienen la posibilidad de hacer voluntariados en estas asociaciones: “Por otro lado, siempre guardamos una parte para colaborar en situaciones sobrevenidas como el terremoto de Marruecos o a las inundaciones en Libia”. 

Verónica López, que empezó su carrera como cooperante en  América Latina, cree que el sector financiero “tiene mucho que aprender del sector fundacional y de las ONG”, porque estas entidades llevan décadas sujetas a la necesidad de rendir cuentas y de ser transparentes algo que las empresas están empezando a aplicar. 

Garlada recalca que aún queda mucho camino por recorrer: “Por ejemplo, hasta ahora se había invertido sobre todo en empresas tecnológicas y, con la subida del coste de la energía, su rentabilidad ha bajado, mientras subían las petroleras. Es muy complicado saber qué va a pasar a corto plazo por estas fluctuaciones”. Aún así, es positivo y cree que en unos años iremos a mejor y que lograremos, incluso, que este acrónimo “desaparezca”, porque ya todo el mundo tenga que cumplir con estos criterios, cada vez más fáciles de medir e identificar, “lo que a su vez aumentan el compromiso y la confianza de los inversores”. 

En esta misma línea apuntan el resto de expertos, que identifican algunos de los retos que quedan por delante para conseguir que la sostenibilidad y la responsabilidad social sea una realidad. López recuerda que cada vez estamos más cerca de 2030 y que será entonces cuando “tendremos que justificar todo lo que hemos hecho en estos 15 años”. Abadía señala que “no debe perderse el foco en los países menos desarrollados” y en la necesidad de aliviar parte de su deuda: “Con la acción solidaria y humanitaria no se van a resolver los problemas en absoluto”, añade. Por último Corredor concluye apuntando a que, desde la perspectiva financiera, aún necesitan que Europa avance en materia regulatoria: “Tenemos que ser rápidos porque se nos está yendo el tiempo como arena en mano abierta”.

La reciente desaparición de Silicon Valey Bank (SVB) y la posterior crisis de Credit Suisse auguran un ciclo de crédito más restrictivo, en un escenario en el que los responsables políticos afrontan la tarea de equilibrar la lucha contra la inflación con la ralentización económica y los crecientes riesgos financieros.

Según se desprende de un informe de Crédito y Caución, los dos principales episodios financieros de las últimas semanas han provocado unas mayores ventas de valores bancarios fuera de Estados Unidos, principalmente en países de la zona euro, ha recogido Europa Press.

En este sentido, la firma apunta que aunque los balances del sector financiero en Estados Unidos y la zona euro están más capitalizados que en 2008, los responsables políticos afrontan la "difícil tarea de equilibrar la lucha contra la inflación con la ralentización económica y los crecientes riesgos financieros". "El efecto inevitable del endurecimiento monetario es un crédito más caro para familias y empresas", apostilla el análisis.

Sin embargo, dada la fortaleza económica actual de Estados Unidos, la firma considera "poco probable" que la Reserva Federal (Fed) dé marcha atrás en su política monetaria y prevé un incremento de 25 puntos básicos. El Banco Central Europeo ya se adelantó con una subida de 50 puntos básicos el pasado jueves.

En lo que se refiere a la desaparición de SVB, Crédito y Caución cree que esto provocará la restricción de las líneas de crédito de muchas empresas de tamaño medio y marcará, posiblemente, el fin del modelo de capital riesgo que ha impulsado el desarrollo del sector en la región estadounidense durante la última década.

Y es que la desaparición del banco ha supuesto la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera de 2008. No obstante, y pese a tener el SVB el efectivo de casi la mitad de las empresas de nueva creación estadounidenses respaldadas por capital riesgo, el análisis augura con este episodio unos efectos "limitados" sobre la economía.

"Esperamos que la inquietud se disipe a medida que se restaure la confianza por las medidas de apoyo a la liquidez de la Administración", apunta la economista Atradius Dana Bodnar, quien ve "garantías implícitas" y "evidencias" de que el contagio no está afectando a los bancos de importancia sistémica.

Lo que sí se prevé, según la analista de Crédito y Caución, es una mayor restricción en la concesión de crédito, el cual ya estaba de por sí condicionado por unos elevados tipos de interés.

En este contexto, dice el informe, las empresas se verán obligadas a elegir entre repercutir los nuevos costes financieros en sus precios finales o asumirlos a costa de reducir sus márgenes, lo que mermaría su rentabilidad e impactará en su riesgo de crédito.

A Nicolas Sakorzy le tocó la lotería. El 10 de agosto de 2018, el expresidente de Francia recibió en una de sus cuentas bancarias personales, abierta en la sucursal parisina del banco Edmond de Rothschild, dos transferencias bancarias por un total de 3,15 millones de euros. El dinero procedía de dos sociedades luxemburguesas gestionadas por un fondo de inversión llamado Peninsula Capital, creado por el presidente de Mediaset España, Borja Prado, y dos antiguos directivos de la italiana Mediobanca, Javier de la Rica y Stefano Marsaglia.

Es bien sabido que el expresidente francés se gana muy bien la vida como abogado y conferenciante en países de todo el mundo. Ahora también se dedica a las finanzas. Los abogados de Peninsula Capital escribieron a Edmond de Rothshild para justificar el origen de ese dinero. Según la carta, “estrictamente confidencial”, Nicolas Sarkozy asesoró a Peninsula Capital sobre una inversión en NTV, el operador privado italiano de alta velocidad, y recibió una participación en los beneficios sobre la plusvalía conseguida.

Pero hay un problema: los testimonios y documentos obtenidos por Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, ponen en duda la realidad del trabajo de Nicolas Sarkozy en esta operación. Según las fuentes consultadas por EIC, los tres millones de euros recibidos por el expresidente francés pueden haber sido pagados por una sociedad financiada principalmente por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un país del Golfo tan rico como autoritario. La operación también benefició a Jean Sarkozy, hijo mayor del exmandatario y empleado de Peninsula Capital. Y, sobre todo a su familia política, que obtuvo un beneficio de 13,8 millones de euros gracias a la misma operación.

Ante todos estos descubrimientos, se ha levantado un muro de silencio: ninguno de los protagonistas ha respondido a las preguntas que les ha hecho EIC, incluidos Nicolas Sarkozy y los Emiratos Árabes Unidos, una petromonarquía dirigida por el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyane, conocido como MBZ.

Importante cliente de la industria militar francesa y española –120,6 millones de euros en exportaciones sólo en 2021, según la Secretaría de Estado de Comercio–, los EAU están implicados en la mortífera guerra de Yemen, donde la población civil sufre una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Algunos de los siete emiratos que componen el país, entre ellos Dubái, figuran también entre los paraísos fiscales más opacos del planeta: ofrecen asilo a delincuentes de guante blanco, capos de la droga o, más recientemente, a oligarcas rusos que huyen de las sanciones tras la guerra de Ucrania.

Después de haber sido objeto de investigaciones penales en Francia por sus vínculos con Libia, Catar y Rusia, las revelaciones de EIC confirman el apetito de Nicolas Sarkozy por el dinero de autócratas extranjeros. Lo que no deja de ser problemático, dada la influencia que Nicolas Sarkozy sigue ejerciendo en la vida política francesa y el hecho de que el actual presidente, Emmanuel Macron, le pida regularmente que represente a Francia en actos oficiales en el extranjero.

Para entender la historia, hay que acudir a Peninsula Capital. Con sedes en Luxemburgo y Londres, este fondo de capital riesgo se creó en 2016 para invertir en empresas del sur de Europa, principalmente en Italia, España y Francia.

Su fundador y principal jefe, Borja Prado es, a los 66 años, uno de los gestores españoles de mayor influencia. Presidente de Mediaset España, filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde marzo del pasado año, Prado es amigo y ha asesorado en asuntos financieros al patrón del Real Madrid, Florentino Pérez. Entre 2009 y 2019 presidió la compañía energética Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la jefatura para Iberia y Latinoamérica de la italiana Mediobanca.

Para crear Peninsula, se asoció con dos financieros que trabajaron para Mediobanca, el italiano Stefano Marsaglia y el español Javier de la Rica. Según informaciones de prensa contrastadas por EIC, el dinero que invierten procede principalmente del Golfo Pérsico: el trío convenció primero al poderoso fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA), que aportó varios cientos de millones de euros, y después a fondos soberanos y miembros de las familias reales de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin.

Resulta que Nicolas Sarkozy está cerca tanto de Catar –al que ayudó a obtener el Mundial de Fútbol de 2022–, como de su enemigo acérrimo, los Emiratos Árabes Unidos. Como reveló el EIC gracias a Football Leaks, el expresidente francés ayudó al club inglés Manchester City, propiedad de un destacado miembro de la familia real emiratí, a librarse de sanciones por dopaje financiero.

Además, Peninsula Capital Advisors, la estructura de gestión del fondo con sede en Londres, contrató en marzo de 2017, como director ejecutivo, a Jean Sarkozy, el hijo mayor del expresidente. Su fichaje para tan alto cargo resulta sorprendente. Jean Sarkozy no tenía entonces ninguna experiencia profesional en el mundo de la inversión. Licenciado en Derecho, fue diputado electo y luego vicepresidente de la asamblea del departamento de Hauts-de-Seine –uno de los distritos del Gran París– mientras trabajaba como asesor jurídico en Realyze, antes Claude & Sarkozy, el bufete de su padre.

Entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017, Jean Sarkozy siguió una formación continua en la prestigiosa escuela de negocios ESCP, lo que le permitió obtener un máster en ingeniería financiera y fiscal en marzo de 2018. Cuando Peninsula Capital le contrató como alto ejecutivo en la primavera de 2017, por tanto, ni había terminado su formación ni había obtenido su diploma.

Preguntados por Mediapart sobre esta contratación, tanto Jean y Nicolas Sarkozy, como Peninsula, QIA y el Gobierno de los EAU no han respondido.

Peninsula Capital logró su primer gran éxito financiero justo después de la llegada de Jean Sarkozy. El 29 de junio de 2017, el fondo compró por 66 millones de euros el 12,8% de NTV, empresa italiana que explota trenes de alta velocidad bajo la marca Italo, en competencia con el antiguo monopolio público Trenitalia.

Y menos de un año después, en abril de 2018, el fondo de inversión estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) compró todas las acciones de NTV por 1.980 millones de euros. Así que, en menos de un año, Peninsula se embolsó una colosal plusvalía de 181,5 millones de euros. El dinero llegó en dos plazos, en abril y luego el 31 de julio de 2018. Diez días después, Nicolas Sarkozy recibió 3,15 millones de euros en su cuenta del Edmond de Rothschild de París.

El bufete luxemburgués Van Campen/Liem, asesor de Peninsula, envió una carta al banco para justificar los pagos: “Desde 2018, Nicolas Sarkozy [...] ha sido asesor principal [senior advisor] de Peninsula Capital II”, la sociedad luxemburguesa que gestionó la operación de NTV. La carta añade que a Sarkozy se le remunera mediante una participación en los beneficios, y que tras “salir Peninsula de la inversión mantenida en NTV, el asesor principal recibió parte de los intereses a los que tiene derecho”.

Pero el bufete de abogados incluyó, al principio de su carta, un extraño descargo de responsabilidad: “No asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de la información que figura a continuación” y que dice haber “recibido de Peninsula Capital II”.

En efecto, la carta contiene varias incoherencias. Dado que Nicolas Sarkozy había sido contratado en 2018, no podía haber participado en la inversión en NTV, realizada en junio de 2017. Además, al año siguiente, el fondo estadounidense que compró la empresa adquirió los títulos de todos los accionistas, no sólo los de Península. Por tanto, el fondo no estuvo en primera línea durante la negociación y no tuvo necesidad de que Nicolas Sarkozy defendiera sus intereses.

Es más, los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy, obtenidos por Mediapart, muestran que recibió 152.164 euros adicionales en abril de 2019 –lo que suma un total de 3,3 millones de euros cobrados por el expresidente– a pesar de que la operación de NTV se había liquidado un año antes.

Dos ejecutivos de Peninsula, entre ellos su fundador Borja Prado, han asegurado a EIC que el ex jefe del Estado no trabajó para el fondo. “Sarkozy nunca ha asesorado a Peninsula. Peninsula no ha contratado a ningún asesor para esta operación ni para ninguna otra porque el fondo tiene un comité de inversiones que se encarga de revisar las operaciones”, dijo Prado a EIC durante una breve conversación telefónica.

Prado era entonces copropietario y cogestor, con sus dos socios, de la sociedad Peninsula Capital II, que supuestamente había contratado a Nicolas Sarkozy. ¿Facilitaron información falsa al bufete de abogados? Interrogados por escrito, ni Peninsula ni sus tres socios respondieron, ni sobre este punto ni sobre el resto de la historia. Antes de colgar el teléfono, Borja Prado también aseguró que “nadie había pagado a Sarkozy”. Los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy demuestran lo contrario.

El origen de ese dinero también es problemático. La carta redactada por los abogados de Peninsula afirma que Nicolas Sarkozy era asesor de Peninsula Capital II, lo que puede parecer lógico: se trata de la sociedad gestora de la operación NTV, cuya finalidad es cobrar el carried interest –interés devengado o participación en las ganancias– de los gestores, su parte en los beneficios de la venta.

Sin embargo, Nicolas Sarkozy no cobró de Peninsula Capital II, sino de otras dos sociedades luxemburguesas: Peninsula Associates II, que pagó un total de 300.000 euros, y Peninsula Partners II, que abonó tres millones. Esta última sociedad es propiedad al 100% de los inversores de Peninsula que financiaron la compra de acciones de NTV. En resumen, Nicolas Sarkozy no fue pagado por el fondo Peninsula, sino directamente por algunos de sus inversores, que sacaron el dinero de su parte de los beneficios de la operación NTV.

La identidad de esos accionistas de Peninsula Associates II es secreta, gracias al estatuto especial de esta sociedad, que le concede la ley luxemburguesa para garantizar el anonimato de los inversores en fondos establecidos en el Gran Ducado.

Pero, según dos fuentes que participaron en la primera línea de la operación y que pidieron el anonimato, el principal inversor detrás de la sociedad que pagó a Nicolas Sarkozy es una entidad de Emiratos Árabes Unidos. “Se suponía que íbamos a comprar una participación mayor en NTV, pero al final tuvimos que adquirir sólo la mitad, ya que Catar decidió no invertir”, explica a EIC un ejecutivo de Peninsula.

Si no fue Catar, ¿quién invirtió en Peninsula Partners II? “Emiratos y otros de la zona”, responde el mismo directivo. Según una segunda fuente conocedora de la operación, “el dinero procedía de Emiratos, en concreto del family office [oficina de gestión de patrimonios familiares] del jeque Mohamed bin Zayed”. El emir de Abu Dabi y presidente de Emiratos Árabes Unidos.

Una coincidencia: Nicolas Sarkozy viajó dos veces a Abu Dabi en 2018. Invitado a un foro en marzo de ese año, pronunció un discurso sorprendente, en el que elogió a los jefes de Estado autoritarios, incluido el presidente de los Emiratos: “¿Quiénes son hoy los grandes líderes del mundo? El presidente [chino] Xi, el presidente [ruso] Putin [...], el gran príncipe Mohamed bin Salman [de Arabia Saudí]. ¿Y qué serían hoy los Emiratos sin el liderazgo de MBZ?”.

En diciembre de 2018, Nicolas Sarkozy estuvo de nuevo en la capital emiratí. Según el diario francés Le Parisien, esta vez participaba en “un seminario a puerta cerrada sobre los grandes problemas del mundo”, junto al ex primer ministro británico Tony Blair y directores generales de grandes empresas.

Pero es poco probable que los 3,3 millones pagados por Peninsula sólo remuneraran su participación en estos eventos. Los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy muestran que nunca cobró oficialmente más de 147.000 euros por las conferencias que da en el extranjero.

Entonces, ¿por qué recibió una cantidad tan elevada? ¿Y por qué el dinero fue pagado por Peninsula bajo la apariencia de un trabajo de asesoramiento cuya realidad es cuestionable? Ni Nicolas Sarkozy ni el Gobierno de los Emiratos han respondido a ambas preguntas.

Pero la operación de NTV no sólo benefició a Nicolas Sarkozy. Según las informaciones a las que ha tenido acceso EIC, Peninsula invitó como coinversor a una sociedad belga llamada Golda Darty Partners, que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones del operador ferroviario italiano.

Pues bien, uno de los directivos de esta sociedad es Jean Sarkozy, como se recordará también director ejecutivo de Peninsula. El hijo del expresidente francés está casado con Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993.

Cuando coinvirtió en NTV con Peninsula, Golda Darty Partners pertenecía a Bernard Darty –fallecido a finales de 2018– y a su esposa. Gracias a esta operación, se apuntaron una plusvalía de 13,8 millones de euros en solo un año, según los datos en poder de EIC.

Su participación plantea una serie de interrogantes. Los inversores emiratíes no necesitaron socios externos para reunir los 66 millones de euros invertidos en NTV. ¿Fue un favor concedido a Jean Sarkozy y a su familia política? Jean y Nicolas Sarkozy, Peninsula, el Gobierno de los Emiratos y la viuda de Bernard Darty no han respondido a estas preguntas, que les formularon los periodistas.

Tras el éxito de la inversión en NTV, Jean Sarkozy ha sido recompensado con un nuevo puesto en la gestión del patrimonio de la familia Darty. En enero de 2020, varios miembros de la familia crearon una nueva sociedad belga, Golda Darty Invest, de la que Jean Sarkozy fue nombrado “representante permanente del administrador”, es decir, presidente no ejecutivo.

Finalmente, de nuevo aparecen los Emiratos en otra operación financiera poco clara, que esta vez afecta a dos de los tres socios de Península: Javier de la Rica y Stefano Marsaglia, que en 2018 poseían cada uno un tercio del capital, junto a Borja Prado. El 11 de diciembre de 2018, ocho meses después del acuerdo con NTV, ambos vendieron sus participaciones en las sociedades gestoras de Peninsula a dos sociedades registradas en Sharjah: MBB Holding y Casan Holding. Éstas, a su vez, las volvieron a vender, ese mismo día, a una sociedad luxemburguesa, Peninsula Holding, propiedad al 50% de las mismas sociedades emiratíes de Javier de la Rica y Stefano Marsaglia. [Puede leer aquí todos los detalles sobre esta singular operación].

La ultraderecha es el chantaje democrático para que los defensores radicales de un neoliberalismo en decadencia nos parezcan deseables, útiles y moderados. Así de sencillo. Esa es la conclusión que se puede sacar del ambiente tras el resultado de las elecciones andaluzas, donde se experimentó un cierto alivio al ver que la mayoría absoluta de Moreno Bonilla impedía a Vox entrar en el Gobierno regional. Antes de seguir, una apreciación: eso de que los votantes toman decisiones en masa, en este caso votar al PP para frenar a la ultraderecha, no es cierto. A mí también me gustaría creer en la fábula de que existen conciencias colectivas, pero me puede el materialismo. Salvo en contadas ocasiones en las que la clase trabajadora ha tomado a la historia por los cuernos, las elecciones se deciden por un abanico de aspiraciones y necesidades desde el ámbito individual. De ahí que la izquierda lo tenga siempre tan difícil.

El caso es que el sábado se cruzó en mi sobremesa una magnífica película de título tan sonoro como La gran apuesta, estrenada en 2015 y llena de un rutilante plantel de estrellas. La cinta nos cuenta los antecedentes de la Gran Recesión, consiguiendo algo tan difícil como hacer entretenida una historia sobre economía. Para ello despliega una gran cantidad de herramientas narrativas como detener la acción para, mediante personajes célebres que rompen la cuarta pared, desentrañar los productos financieros que fueron la base de este enorme desastre. No había otra manera ya que los entresijos de los bancos de inversión se volvieron tan laberínticos y enrevesados que una ficción convencional hubiera tenido muy difícil explicarlos al espectador.

Por si no recuerdan lo que sucedió, o no se animan a ver la película, en la primera década de este siglo, el sistema financiero era lo más parecido a un tipo puesto hasta arriba de anfetaminas bailando techno sin beber una gota de agua. Hasta que colapsó. En Estados Unidos, el fin de la separación entre la banca de ahorro y de inversión resultó fatal, porque permitió extender una serie de prácticas de casino a toda la población en aspectos esenciales como la vivienda. Pero antes de eso las cosas funcionaban de otra manera. En la segunda mitad del siglo XX, alguien con trabajo y una cierta estabilidad, que en los momentos de alza del capitalismo de posguerra llegó a ser una parte importante de la población, quería comprar una casa. Para eso el banco le prestaba el dinero tomando en prenda la vivienda. Ese dinero se devolvía a lo largo de unos años cobrando un interés. Los bancos ganaban dinero con las hipotecas. Ganaban, de hecho, mucho dinero. Pero quisieron ganar más.

Y ahí fue, a finales de los noventa, cuando empezaron a agrupar esas hipotecas en paquetes que se convertían en un producto financiero en el que se invertía, alcanzando un valor propio. Tanto que los bancos empezaron a ganar más dinero con estos productos que con las propias hipotecas en sí mismas. La cuestión fue que en unos años las hipotecas confiables, el mercado inmobiliario convencional, se empezó a agotar, no daba más de sí para crear nuevos paquetes con los que seguir ganando dinero. Quizá la opción más lógica hubiera sido parar y seguir obteniendo unos increíbles beneficios. Pero lo lógico nunca tiene cabida en la mente de un banquero con el apetito desatado. Lo que hicieron fue, sencillamente, apartar la lógica y fomentar la concesión de nuevas hipotecas en condiciones suicidas. De esta forma, empezaron a existir paquetes de hipotecas con diferente nota, diferente riesgo y diferentes rentabilidades, que eran categorizados por agencias de calificación privadas, en teoría, de gran profesionalidad.

Como la avaricia es una enfermedad que a menudo resulta cercana a la locura, si no era suficiente con ganar dinero con las hipotecas, con ganar aún más dinero con los paquetes financieros de hipotecas, buenas y malas, se crearon nuevos productos para apostar sobre esos paquetes. Así, se podía invertir en otros títulos que, sin comprar ni siquiera participación en estos paquetes, apostaban a futuro si iban a bajar o subir de precio. Apostar si, en último término, la precaria Mary MacDonald, y millones de norteamericanos como ella, con un crédito pendiente de miles de dólares con el que pagó sus estudios universitarios, iban a poder hacer frente a la letra de su hipoteca. Como la vivienda se consideraba un valor seguro, que siempre subía de precio, nadie consideró que hubiera peligro en tan demente forma de proceder. Salvo por el pequeño detalle de que ese mercado de la vivienda era seguro tan sólo cuando se dedicaba a construir las casas necesarias, no muchas más de las que se necesitaban para abastecer el perturbado negocio financiero.

El despropósito fue tal que un puñado de profesionales de las finanzas, los protagonistas de la película, se dieron cuenta de que se podía ganar aún más dinero si se apostaba a futuro contra esos paquetes hipotecarios, por la sencilla razón de que existía una enorme burbuja inmobiliaria, necesaria para mantener el horno encendido de la gran estafa. Estafa, sin paliativos, porque las agencias de calificación, en connivencia con los bancos de inversión, pusieron notas de alto valor a paquetes hipotecarios basura. De hecho, en los últimos años del disparate, ya se mezclaban los paquetes, de alta y baja confiabilidad, para crear nuevos productos con los que seguir engordando la saca. Especulación, poner un objeto entre dos espejos para multiplicarlo artificialmente mediante su infinito reflejo. Tienes el mismo objeto, pero comercias con su fantasmagoría como si fuera una realidad.

Y en el año 2007, sucedió. La gente poco a poco dejó de pagar aquellas hipotecas repartidas como caramelos. La estafa aguantó unos meses más, mientras que bancos y agencias de calificación mantenían el engaño, como una tómbola que intenta vender los últimos cupones a los más incautos, sabiendo que se les han acabado los premios, para preparar la huida antes de que se descubra el pastel. Para 2008 todo reventó con gran estruendo. El agujero que aquella brutal engañifa había dejado era de tal magnitud que no sólo hizo entrar en una inédita recesión a la economía estadounidense, sino a todo el planeta, por donde los tentáculos y el veneno de estos productos financieros se habían extendido. Millones de parados, millones de desahuciados, millones de nuevos pobres. Millones de personas sufriendo por la vulgar codicia de cuatro delincuentes con traje y corbata.

Faltaba aún otra crisis, la del 2010, cuando esos mismos bancos de inversión y esas mismas agencias de calificación decidieron recuperar parte del dinero apostando contra la deuda de los países del sur de Europa, entre ellos el nuestro. Desde la UE, antes de decidirse a actuar, nos dijeron que para calmarles teníamos que gastar menos, ser confiables, y recortar nuestra educación, sanidad y demás servicios públicos. La otra parte del dinero estaba garantizada. Nunca les dejamos hundirse del todo, salvo a varias entidades irrecuperables. El Estado, o sea, todos, esa misma maquinaria que los teóricos de este pufo habían calificado de inservible, puso el dinero para rescatarlos. Siempre supieron que si se reservaban en exclusiva el manejo de la pasta nunca les dejarían caer. Tocaron las palmas y allí que fuimos, a recoger los platos rotos del gran festín.

Había otras opciones, unas incluían guillotinas, las otras el control y la nacionalización del sistema financiero, no sólo para evitar que el desastre volviera a suceder, sino para racionalizar la economía y ponerla al servicio de la democracia. Algo se avanzó. En algunos países las fuerzas políticas que apostaban por este control crecieron pero, por lo general, se prefirió atacarlas sin descanso antes que desenmascarar a los artífices de la crisis. La gente sufrió, sufrió lo indecible, pero la gran mayoría no se acabó enterando de nada. De hecho, en el mismo país responsable de esta inmundicia económico-moral ganó las elecciones, unos años después, un señor de piel naranja que decía que la culpa de todo la tenían los mexicanos, que venían a quitarles el trabajo. Quiso hasta construir un muro. No fue el único. Por todo el mundo crecieron, regados por el miedo, el descontento, la inestabilidad y la ignorancia, los ultraderechistas. Su táctica es siempre la misma, enfrentar a los últimos contra los penúltimos, porque saben que siempre es más fácil odiar a un moro que a Goldman Sachs.

Y así llegamos al domingo, a Andalucía, donde el mismo partido que comulga firmemente con la doctrina económica que causó la Gran Recesión llega de nuevo al poder con mayoría absoluta. Y los que somos de izquierdas, realmente cualquiera con dos dedos de frente, casi respiramos aliviados porque, al menos, los ultras no han tocado Gobierno esta vez. Se empieza a cerrar el círculo, uno que promete volver a meternos a todos dentro. Por eso algunos escribimos, en la medida de nuestras posibilidades, para que nadie olvidara las dos primeras décadas del siglo XXI. Pero llegó un virus y no hubo tiempo ni de echar la vista atrás aunque, seguramente, sin el virus tampoco hubiéramos recordado y aprendido. Es más fácil y cómodo pensar que de vez en cuando la cosa se estropea, que de vez en cuando aparecen malos gestores, que asumir que todo nuestro sistema descansa sobre la falla tectónica del absurdo y la avidez. Y que nadie, si los banqueros deciden volver a hacerlo, les va a detener.

Jode y descorazona, ya lo sé. Pero alguien tenía que recordárselo.

El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes de una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que se establecen las normas para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año, según informa Europa Press.

Según ha destacado Hacienda, el objetivo de los Presupuestos de 2023 es consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el contexto internacional actual, marcado por el impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios de la energía y de otros productos.

En la Orden, firmada por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se subraya que la economía española afronta esta situación de incertidumbre global desde una posición "sólida", con un patrón de recuperación muy distinto al de crisis anteriores y con unos fundamentos "más robustos", con un nivel de empleo récord desde 2008 y un aumento considerable de los contratos fijos como consecuencia de la reforma laboral.

La Orden de elaboración de los Presupuestos también tiene en cuenta la decisión de la Comisión Europea de extender a 2023 la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que en la práctica implica que las reglas fiscales seguirán suspendidas durante el próximo ejercicio.

En todo caso, Hacienda recuerda que la responsabilidad fiscal de España "se mantiene y está recogida en el último Programa de Estabilidad enviado a Bruselas", donde se incorpora una senda a medio plazo que permitirá reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2025 y situar el nivel de deuda pública por debajo del 110% del PIB para ese mismo año.

Una de las principales novedades de la Orden, según ha resaltado Hacienda, es que "se refuerza el análisis transversal de los Presupuestos Generales del Estado bajo diversas perspectivas", añadiendo para las cuentas de 2023 un nuevo informe de alineamiento con la transición ecológica, con el que se cumple uno de los hitos recogidos en el componente 29 del Plan de Recuperación.

Este informe vendrá a acompañar a los análisis de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de impacto de género y del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, y a la información presupuestaria sobre la juventud y sobre las actuaciones referentes al reto demográfico y a la lucha contra la despoblación, ha precisado el Ministerio de María Jesús Montero en un comunicado.

Los Presupuestos de 2023 continuarán además con el proceso iniciado en las cuentas públicas del año anterior incorporando los resultados de los procesos de revisión y evaluación del gasto público en el ciclo presupuestario.

Los PGE de 2023 incorporarán también los créditos necesarios para recoger el conjunto de actuaciones que, formando parte del Plan de Recuperación, están destinadas para este ejercicio.

"España ha avanzado en la implementación de las reformas y los objetivos marcados en el Plan y ha alcanzado una velocidad de crucero en la ejecución del programa de inversiones. De hecho, la Administración General del Estado ha resuelto ya convocatorias para más de 17.000 proyectos", destaca Hacienda.

En cuanto a los criterios que seguirá el Gobierno para asignar los recursos de los PGE, la Orden da prioridad a aquellos que permitan continuar impulsando el proceso de transformación estructural de la economía, avanzando hacia un país "más verde, más digital, más cohesionado desde el punto de vista social y territorial y más igualitario".

En concreto, las cuentas públicas del próximo año fomentarán la transición "verde, justa, ecológica y digital" mediante el apoyo a inversiones "de gran escala" que contribuyan a cumplir con los objetivos establecidos en materia de cambio climático y transición energética.

Los PGE de 2023 buscarán avanzar hacia un modelo de crecimiento sostenible y de economía circular para la agricultura y la pesca, la industria y los servicios; reducir la dependencia general de los combustibles fósiles; apoyar la inversión complementaria en el almacenamiento, la infraestructura de red, la electrificación de los edificios y el transporte y el hidrógeno renovable; ampliar la capacidad de interconexión energética, y aumentar la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles y energéticamente eficientes.

Al mismo tiempo, tendrán como objetivo la transformación digital a través de reformas e inversiones que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias; apostarán por la ciencia, la I+D+i y las nuevas tecnologías y la lucha contra la exclusión social, y promoverán el acceso de los jóvenes a un empleo "digno", a una vivienda asequible y a la educación.

De igual forma, los PGE de 2023 apoyarán, con medidas específicas y temporales, a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables por la escalada de los precios energéticos, "contribuyendo a reforzar la seguridad e interconexión energéticas y de suministro, la estabilidad de precios y reforzando las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad", resalta Hacienda.

Otro objetivos de las cuentas del próximo año serán modernizar el tejido productivo, potenciando la eficiencia de las administraciones públicas y el papel de las pymes y autónomos; impulsar la cohesión social y territorial de España reforzando el Estado del Bienestar y la sanidad pública, potenciando un sistema fiscal "justo y equitativo", y estableciendo iniciativas que permitan afrontar el reto demográfico.

Se buscará también garantizar la plena igualdad de género y la seguridad y libertad de las mujeres a través de medidas orientadas a la conciliación familiar y a incrementar la tasa de empleo femenino, y combatir la violencia de género, impulsando de manera simultánea la participación paritaria e igualitaria de las mujeres en la economía y en la sociedad.

Asimismo, los PGE de 2023 priorizarán el desarrollo de oportunidades profesionales para las generaciones futuras y continuarán impulsando la economía de los cuidados, tanto en lo relativo a la atención de las personas dependientes o vulnerables como en lo relativo al cuidado de las personas mayores.

Unidas Podemos defenderá la próxima semana ante el Pleno del Congreso su proposición de ley para crear un impuesto sobre grandes fortunas, complementario al de Patrimonio y dirigido a la suma de bienes por encima de los diez millones de euros, y con ello busca abrir ya ese debate y forzar una votación, pese a que sus socios del PSOE prefieren que sea Hacienda quien diseñe la reforma fiscal, según informa Europa Press.

Registrada en el mes de abril, Podemos defendió esta iniciativa como parte del "pacto de rentas" que propuso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para afrontar la crisis desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania.

En este periodo de sesiones, el PSOE ya ha rechazado en el Congreso varias iniciativas de su socio de Gobierno, como una proposición no de ley de reforma fiscal o la ley para crear una empresa pública de energía eléctrica.

En concreto, esta nueva ley de la formación morada introduce una nueva escala de gravamen con ocho tramos y tipos, desde el 3,6% hasta el 5%, teniendo en cuenta si el contribuyente tributa a través del Impuesto sobre el Patrimonio. En ese caso, el aumento de tipos es inferior.

Al plantearlo como un impuesto de recaudación estatal, la formación morada busca que no pueda ser modificado unilateralmente por las comunidades autónomas e impedir "la aparición de paraísos fiscales interiores en los que las grandes fortunas se puedan refugiar para evitar el pago de impuestos".

Desde esta formación justifican la iniciativa en la necesidad de "avanzar en la construcción de un sistema fiscal justo, aumentar su equidad vertical y contribuir positivamente a la sostenibilidad del Estado del Bienestar".

Así, esgrimen que, en el actual debate sobre el pacto de rentas, "si algún tipo de renta tiene que sufrir una contención no son las rentas del trabajo, sino las rentas del capital" y que estas grandes fortunas superiores a 10 millones, "en su inmensa mayoría provenientes de rendimientos del capital, deben contribuir en mayor medida a la recuperación económica, al sostenimiento del Estado del Bienestar y a atajar las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania".

Además, señalan que su propuesta está "en sintonía con la recomendación del comité de personas expertas" convocado por Hacienda, al elevar el importe de la reducción de la base imponible hasta el millón de euros, e introducir una nueva escala de gravamen con un total de ocho tramos y con unos tipos marginales que van desde el 3,6% hasta el 5%.

Desde esta formación esgrimen que el nuevo tipo impositivo que se propone viene a complementar los defectos del Impuesto sobre el Patrimonio a la hora de recaudar grandes patrimonios, por lo que se aumentan los tramos superiores a partir de 10 millones y se tiene en cuenta si el declarante está contribuyendo a través del Impuesto sobre el Patrimonio. En este caso, el aumento de tipos es inferior.

De esta forma, Podemos busca aumentar los tipos marginales entre 0,1 y 1,5 puntos porcentuales, lo que implica que la carga de la escala del nuevo impuesto oscila entre 0 y 0,7 puntos porcentuales adicionales para quienes contribuyen ya por Patrimonio, mientras que para quienes no contribuyan la carga oscilará entre el 1,7% y el 4%.

Asimismo, se modifica al alza el límite conjunto de la cuota íntegra de este impuesto y del IRPF sobre base imponible de este, con una reducción máxima de la cuota del 70%, una medida dirigida a movilizar grandes patrimonios poco o nada productivos, e integrarlos en el circuito económico.

En este sentido, desde Podemos esgrimen que con los nuevos porcentajes los grandes patrimonios con rentabilidades del 4% o más tienen un impacto muy atenuado de este impuesto, siendo un gran incentivo para movilizar grandes fortunas con rentabilidades por debajo del 0,77%.

Por último, se trata de un impuesto de recaudación estatal que, por lo tanto, no puede ser bonificado unilateralmente por las comunidades autónomas, evitando así la aparición de paraísos fiscales interiores en los que las grandes fortunas se puedan refugiar para evitar el pago de impuestos.

Si se supone que el mayor activo de un banco suizo es la discreción, Credit Suisse debería estar hundido en los números rojos. Porque su historial de escándalos es largo en el tiempo, se extiende por todo el globo y abarca un abanico demasiado amplio de tipos penales. Desde Nigeria hasta Rusia, desde El Vaticano hasta Wall Street. Blanqueo de dinero, corrupción gubernamental, fraude fiscal, estafas con las hipotecas basura… Ni siquiera falta la yakuza japonesa, la compañía brasileña Odebrecht o la pesca del atún.

El banco suizo, que resalta su respeto a las normas internacionales y presume de haberse gastado millones en contratar a cientos de especialistas en cumplimiento normativo, no ha dejado prácticamente ni un año de los 22 que van de siglo sin aparecer en un vergonzoso desaguisado financiero.

Esta información forma parte de la investigación periodística Suisse Secrets, basada en una filtración realizada hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el Süddeutsche Zeitung. infoLibre es el único medio español que forma parte de este proyecto. [Puedes ver aquí la lista con los medios que participan en Suisse Secrets y las claves del proyecto, leer aquí las motivaciones que llevaron a la fuente a realizar la filtración y consultar aquí la versión oficial del banco].

A continuación se resumen los más destacados fiascos de Credit Suisse:

Ibercaja Banco ha anunciado este jueves su intención de salir a Bolsa mediante una oferta pública inicial de venta de acciones ordinarias a inversores cualificados.

Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se prevé solicitar la admisión de las acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación, según informa Europa Press.

En concreto, consistirá en una oferta de venta secundaria de acciones existentes por parte del accionista mayoritario del banco, la Fundación Ibercaja, que posee el 88,04% de las acciones.

A fecha de hoy, el 11,96% restante de las acciones se encuentra en manos de la Fundación Círculo de Burgos, la Fundación Inmaculada de Aragón y la Fundación Caja Badajoz.

A través de la Oferta, la Fundación Ibercaja pretende reducir su participación en el banco por debajo del 50% para cumplir con la Ley de Fundaciones Bancarias.

No obstante, aunque la participación sea inferior al 50% después de la oferta, la Fundación Ibercaja prevé retener el control del banco.

La Fundación Ibercaja destinará parte de los ingresos obtenidos en la oferta a la constitución de un fondo de reserva en la Fundación para potenciales necesidades de recapitalización del banco, en caso de que sea necesario, en los términos establecidos por la Ley de Fundaciones Bancarias.

Ibercaja considera que convertirse en una sociedad cotizada "acelerará la transformación en curso en las áreas comercial, operativa y financiera que ya ha estado experimentando a través de la disminución del nivel de riesgo de su balance, la mejora de su solvencia, su proceso de transformación digital y la revitalización de su dinamismo comercial".

El banco espera además ampliar mediante esta oferta su base accionarial mediante la incorporación de inversores institucionales y una base "diversificada" de accionistas, lo que le permitirá mejorar su acceso a los mercados de capitales y obtener financiación adicional para su futuro crecimiento.

"Convertirse en un banco que cotiza en bolsa puede proporcionar ciertas ventajas adicionales, incluyendo un mayor reconocimiento de la marca, una mayor transparencia, así como permitir relaciones más sólidas con stakeholders, tanto internos como externos", destaca la entidad.

"Estamos ante una operación de salida a Bolsa histórica para Ibercaja Banco, que fortalece la confianza que todos tenemos en la proyección de futuro del banco, para dar continuidad así a los 145 años de trayectoria ejemplar que nos precede. Estamos convencidos de que es la mejor opción disponible para impulsar la competitividad de nuestro proyecto corporativo y, a la par, cumplir la Ley de Fundaciones Bancarias, que exige a nuestro principal accionista la disminución de su participación en el capital por debajo del 50%", ha asegurado el presidente de Ibercaja Banco, José Luis Aguirre.

Una vez completada la oferta y asumiendo que la opción de sobreasignación sea ejercitada en su totalidad, la Fundación Ibercaja poseerá un 46,09% de las acciones de Ibercaja Banco.

Banco Santander y los sindicatos negocian el quinto despido colectivo en siete años de la primera entidad financiera española. Van por la tercera reunión de un proceso que a buen seguro acabará antes que el año. El banco que preside Ana Patricia Botín quiere recortar 5.072 puestos de trabajo, un volumen considerable si se tiene en cuenta que en los cuatro ERE (Expediente de Regulación de Empleo) anteriores se fueron a la calle 5.869 trabajadores y se prejubilaron otros 2.103. La plantilla del banco en España suma 19.527 empleados, por lo que el recorte afectará a una cuarta planta del personal. Esta vez, además, es la primera en que el Santander aduce razones económicas para despedir a sus empleados: unas pérdidas de 9.048 millones de euros hasta septiembre de este año.

Si finalmente se recortara la plantilla en la cifra propuesta por el banco –los sindicatos intentarán reducirla durante las negociaciones de las próximas semanas–, el Santander se quedaría con sólo 14.445 empleados. En 2013, cuando se ejecutó el primer ERE, la entidad contaba con 25.864 trabajadores en España. Es decir, desde entonces ha perdido el 44% de su personal. Aunque tras la absorción del Banco Popular en 2018 llegó a los 30.106 empleados, con lo cual su plantilla ahora representaría menos de la mitad de la que tenía sólo hace dos años. De la misma magnitud ha sido el cierre de oficinas. En 2013 su red la componían 4.049 sucursales. Si se cumplen las expectativas de la empresa en este nuevo despido colectivo, el Santander se quedaría con sólo 1.949 oficinas. Una pérdida de casi el 52% de las sucursales en siete años.

En el informe técnico que el banco ha debido elaborar para ejecutar el despido colectivo y al que ha tenido acceso infoLibre, el banco atribuye su mal resultado a la “persistente” caída de sus ingresos financieros, los que obtiene de la actividad bancaria ordinaria –intereses de los créditos que concede–, y de sus ingresos por comisiones. Pese a que la concesión de créditos y préstamos ha crecido –un 2% desde 2017 hasta septiembre de este año–, los ingresos por intereses han disminuido un 14,4% en los nueve primeros meses de 2020 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Mientras los ingresos por comisiones sólo han aumentado un 0,7% este año, por lo que el banco los considera una fuente de ingresos “agotada”. El Santander se lamenta de una anémica rentabilidad del negocio que cifra en sólo un 1,06% hasta septiembre de 2020, cuando en 2017 alcanzaba el 1,68%. Y de un deterioro de su ratio de eficiencia –relación entre gastos de explotación y margen bruto: cuanto mayor sea ese cociente, más ineficiente es el banco– que ha crecido del 46,2% en 2019 al 62,2% en lo que va de ejercicio, dos puntos por encima, además, de la media del sector.

De poco han servido, asegura el Santander, las medidas para recortar gastos que han aplicado desde 2019: el penúltimo ERE –3.223 despidos y 1.000 oficinas cerradas– y una reducción de 320 millones de euros en gastos de administración.

Porque, recalca el informe, el banco está “sobredimensionado”, tanto “desde la óptica del negocio” que atiende, como por las estructuras intermedias y los servicios centrales y corporativos.

Sólo una sucursal en municipios de menos de 20.000 habitantes

Así, el Santander pretende cerrar 1.033 oficinas y despedir a un total de 3.957 empleados de su red de oficinas. El 78% de los puestos de trabajo que quiere amortizar se localizan en las sucursales. De ellos, 2.047 corresponderán a directores y subdirectores de las oficinas. Otros 1.536 serán empleados con funciones operativas, los que no trabajan como comerciales.

Para argumentar la necesidad de este hachazo, el banco asegura que la carga operativa en las oficinas se redujo en un 27,4% entre 2017 y 2019, de 56.660 a 41.134 horas/día. En los nueve primeros meses de este año ha caído aún más, hasta 30.331 horas/días, debido a los meses de confinamiento y a la desescalada. Por ejemplo, las transacciones efectuadas en las oficinas han caído un 37,8% entre 2017 y 2019: un 41,4% los ingresos y pagos por caja, y un 48,7% las transferencias.

Al mismo tiempo, los canales digitales no dejan de crecer. Y en ellos se centra la apuesta del Santander. Los clientes han cambiado sus hábitos de consumo, explica el banco en su informe. La atención en la oficina ha pasado a la historia, el futuro está en la gestión comercial y operativa con los clientes “en remoto”. El Santander tiene ahora 5,1 millones de clientes digitales y quiere llegar a los seis millones de 2022, de forma que el 80% de los usuarios de sus servicios sean de este tipo. Es más, las ratios de eficiencia y productividad de Santander Personal, la unidad encargada de la gestión remota de clientes, son muy superiores a los de las oficinas. De hecho, Santander Personal multiplica hasta por 10 la ratio de eficiencia de las carteras particulares y la de productividad de las sucursales y hasta por siete su ratio de productividad en negocios y pymes, asegura el informe. Hasta ahora cuenta con 1,1 millón de clientes, pero espera alcanzar los 2,8 millones en 2023.

En definitiva, gestión remota y centralizada de los clientes. Y cierre de oficinas más pequeñas y con menor potencial comercial y financiero. En municipios de menos de 10.000 habitantes quedará sólo una sucursal o un agente, al que se traspasará el negocio si éste no supera los 60.000 millones de euros. Si el volumen de negocio no llega para un agente, entonces el banco sólo dejará una “ventanilla desplazada”, un empleado que acudirá un número determinado de días y horas a esa localidad desde otra oficina situada en otro municipio. El Santander cuenta en la actualidad con un total de 194 agentes en plantilla, encargados de supervisar a los 725 agentes autónomos que trabajan con los clientes. Lo mismo ocurrirá con las sucursales situadas en municipios de menos de 20.000 habitantes. De las 2.982 que el Santander tiene en España, 827 se encuentran situadas en localidades de menos de 20.000 habitantes. El objetivo, apunta el informe, es reducir en un 80% el número de oficinas con menos de tres empleados, que ahora suman 663.

En los municipios con más de 20.000 habitantes, no podrá haber dos sucursales a menos de 750 metros entre sí. Si su volumen de negocio no supera los 60 millones de euros y no pueden fusionarse con otra a menos de 1,5 kilómetros de distancia, entonces dejarán los clientes en manos de un agente. El resultado será que cerrarán 128 oficinas del Santander en Madrid y 86 en Barcelona. Van a desaparecer el 50% de las sucursales de Badajoz, Cuenca, Lugo y Soria. Pero hasta el 60% –43– de las de Tenerife. En cambio, no van a perder ninguna Albacete y Melilla. En estos momentos ya permanecen cerradas 690 oficinas del Santander en toda España por culpa de la pandemia. “La mayor parte [de ellas] están identificadas en la propuesta de cierres”, adelanta el informe.

Recortar en un 37% el número de direcciones de zona

Inevitablemente, la reducción del tamaño de la red de oficinas y el avance de la gestión centralizada van a repercutir en lo que el informe llama “estructuras intermedias” del banco. Por ejemplo, la intención del Santander es recortar en un 37% el número de direcciones de zona, así como suprimir los departamentos de Particulares, Colectivos y Universidades, los de Leasing y Renting, Cartera Comercial y Seguros de la Dirección Comercial de Empresas. En la unidad de Negocio Hipotecario no van a quedar más que cuatro de sus 37 trabajadores, uno en cada una de las cuatro mayores direcciones territoriales –hay 13–. En total, se recortarán 309 empleos.

En los servicios centrales y el centro corporativo, la reducción será superior, 899. Los departamentos más afectados serán banca comercial, con 74 despidos y Secretaría General y Cumplimiento, con 68. De Desarrollo de Negocio se irán 54 personas y de Control de Gestión, 36. Según los autores del informe técnico, existen áreas con funciones duplicadas y deben eliminarse “informes innecesarios”, y “reuniones no relevantes”, que además deben realizarse preferentemente por teléfono o por internet.

Finalmente, no se van reincorporar a sus puestos de trabajo los 107 trabajadores procedentes del Banco Popular y del Banco Pastor que solicitaron una excedencia compensada acogiéndose a las condiciones del ERE de 2016.

3.500 empleados superan los 55 años

Estas son las cifras que los sindicatos deben intentar rebajar en las semanas que quedan de negociación con los responsables del banco. De momento, éstos han ofrecido reducir el número total de despidos externalizando un millar de puestos de trabajo. Estos empleados pasarán a formar parte de las plantillas de Santander Operaciones y de Santander Consumer Voice –atención telefónica–, según explican a infoLibre fuentes conocedoras de la negociación.

Tampoco es posible conocer aún cuántos de los afectados se acogerán a una prejubilación. En estos momentos, y tras los sucesivos ERE, en el Santander quedan unos 3.500 trabajadores con más de 55 años. Aunque no es una opción que satisfaga al banco. El convenio especial con la Seguridad Social que debe firmar con cada trabajador hasta que alcance la edad legal de jubilación le supone al Santander un desembolso de 1.080 euros al mes.

Sin contar con que deba pagar la llamada Enmienda Telefónica, aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que las empresas con más de 100 trabajadores y beneficios sufraguen las prestaciones de desempleo y las cotizaciones sociales de los empleados de más de 50 años a los que despidan. Unos importes que hasta entonces pagaba el Estado. Este mismo año, y con cuatro de retraso, el Santander ha abonado los 6,31 millones de euros que el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) le reclamaba por el ERE de 2016: 680 despidos y 831 prejubilaciones.

Por el momento, la primera oferta que ha hecho el banco a los sindicatos es muy baja: indemnizaciones de 20 días por año trabajado, el mínimo legal, para quienes tengan más de 62 años, y de 30 días por año a quienes no lleguen a los 55. Para los prejubilables, el Santander propone pagarles el 70% del salario si tienen entre 58 y 61 años, o el 65% si tienen entre 55 y 57 años. En el ERE anterior, el de 2109, las cuantías eran superiores: la indemnización era también de 20 días por año trabajado para los mayores de 62 años, pero a los de menos de 50 años se les ofrecían 40 días, mientras que a si tenían entre 55 y 57 años se les pagaba el 75% del sueldo, a los de más de 58, el 78% del salario, y a los de entre 59 y 61 años, el 80%.

La cuestión es que habiendo suscrito todas las declaraciones, tratados y normativas internacionales que aparentemente nos elevan a la cúspide de las naciones autodenominadas democráticas y garantistas de prestaciones públicas esenciales, nos hemos dotado de unos derechos que ahora nos son imprescindibles para la vida cotidiana, pero… no hemos asegurado su financiación.

Comenzando por el Derecho Humano a la Vida y continuando por derechos como el Derecho a la Salud, a la Educación, al Agua, a una Vivienda y un Trabajo dignos, al Medio Ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, lo cierto es que no tenemos garantizado financieramente ninguno, pues a ellos se sobrepone un único derecho que goza de prioridad absoluta y está protegido por los ejércitos, las legislaciones y las instituciones del mundo. Se trata del Derecho a la Propiedad. Pero no se trata de cualquier propiedad, desde luego no de la propiedad de nuestros ahorros o nuestros datos personales, ni del aire, del agua o del suelo que pisamos, sino de la propiedad “virtual” de las élites, que en nuestro sistema económico parece más real que todo lo que poseemos, se trata de los activos financieros e inmobiliarios, que a través del proceso de financiarización (1) engloban todo lo existente.

De ahí que ante crisis económicas tan graves como la que provocó el estallido mundial de la burbuja inmobiliaria en la pasada década, los partidos políticos PSOE y PP se apresuraran a asegurar la estabilidad del sistema financiero, así como la rentabilidad y solvencia de sus activos, priorizando el pago de la deuda pública, y para ello no tuvieron ningún reparo en modificar, con nocturnidad y alevosía, en el mes de agosto del año 2011, el art. 135 de la Constitución, imponiéndonos el yugo que luego aplicaría selectivamente y con gran satisfacción para los suyos el ministro Montoro, con su “Regla de Gasto”, que ató de pies y manos a los “ayuntamientos del cambio”, incapaces en esas condiciones de prestar con suficiencia financiera aquellos servicios absolutamente necesarios para poder hacer frente a la crisis social desatada por el descalabro bancario. Mientras, por un lado, se privilegiaba el pago de una deuda pública odiosa a banqueros y fondos buitres internacionales a costa de la prestación de servicios públicos esenciales, por otro se adquiría más deuda pública para poder entregar a manos llenas miles de millones de euros en ayudas a esos mismos bancos, ocultando sus enormes agujeros y su pésima gestión.

Ahora, en medio de una pandemia planetaria y situados en circunstancias económicas aún más difíciles que las que sirvieron para motivar la reforma constitucional del art. 135, en vez de asegurar la recuperación de aquel dinero público, que se eleva hoy en cifras a los 24 mil millones, nos viene la noticia, como caída del cielo, de una fusión entre CaixaBank y BankiaCaixaBankBankia, que potencia el oligopolio del sector, ya de por sí extremadamente concentrado y sometido a las tremendas tensiones de sus actividades especulativas; que cuenta con la aprobación del Presidente del Gobierno y con el aplauso de los poderes financieros y empresariales del país; y que, en suma, continúa la rancia e impenitente práctica de rescatar a la Banca ante las crisis, en ese afán porfiado de proteger los “activos financieros” y salvaguardar su valor y crecimiento infinito, cuyo único horizonte es el lucro y el enriquecimiento de unos pocos.

Todo ello renunciando a la oportunidad de crear una Banca 100 por 100 pública y sin otro objetivo que el beneficio exclusivo del conjunto de la población; un instrumento que se ha demostrado posible en España y beneficioso en general, allí donde lo hay y donde lo hubo y fue transparente y controlado democráticamente. Pero, sobre todo, renunciando a restaurar otra medida urgente en los tiempos que corren, necesaria para evitar la financiarización y garantizar la sostenibilidad del sistema financiero: la elevación al 100 por 100 del encaje bancario, o porcentaje del dinero recibido en forma de depósitos a la vista (por ejemplo, una cuenta de ahorros) que hay que guardar en caja sin que pueda ser utilizado para invertir y especular (2). La dejación de esta medida está en el origen de los problemas bancarios que sufrimos y que seguiremos sufriendo cíclicamente si se confirma la concentración de activos financieros en un oligopolio como el que planea la fusión de CaixaBank y Bankia.

  1. Fenómeno por el que se reduce cualquier elemento, bien, riesgo, producto o servicio a un instrumento financiero

2. Referencia: Huerta de Soto, J., 1998, p. 627. Citado por José Manuel Naredo

Liliana Pineda es abogada y miembro de ATTAC

Caixabank y Bankia pasarán el otoño estudiando cómo fundir sus negocios en un nuevo banco que se anuncia ya como el primero de España por volumen de activos, 665.000 millones de euros, por delante del que poseen, en territorio nacional, Santander y BBVA. La entidad resultante de la operación sumará unos 21 millones de clientes y una cuota de mercado del 28%. Éste es, en realidad, el segundo intento de unir ambas entidades, tras fracasar el breve que abrieron en 2012 Rodrigo Rato e Isidro Fainé. También es una de las opciones que acariciaba el sector, donde desde hace meses se suceden los rumores sobre posibles novios para Bankia y sobre conatos de fusión entre entidades menores, como Liberbank y Unicaja. “Los números llevan hechos mucho tiempo”, recuerda José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, “pero el mercado ha cambiado y ahora habrá que hacer otros”.

En efecto, aun superada la crisis financiera, el panorama dista de ser halagüeño. A los tipos de interés en mínimos históricos, el euríbor en negativo, las bajísimas rentabilidades del negocio bancario y el desplome de las entidades financieras en las bolsas, se les acaba de unir la crisis del covid-19. El contexto empuja a los bancos a ganar tamaño y el BCE no ha cesado de presionar sin descanso en esa dirección. De momento, el Ministerio de Economía, que debe aprobar la operación, se ha limitado a recordar que su prioridad, en relación con Bankia, es “proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país”. Porque el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) posee el 61,8% de las acciones de Bankia, que fue rescatada en 2012 con 24.069 millones de euros. Un dinero público del que sólo se han recuperado, ocho años después, 3.303 millones: 2.122 millones procedieron de dos ventas de acciones, en febrero de 2014 –un 7,5%, que reportó 1.304 millones de euros– y en diciembre de 2017 –un 7%, 818,3 millones–, los 1.181 millones restantes corresponden a los dividendos pagados al FROB desde 2015 hasta 2019.

El Banco de España, que revisa cada fin de año las cuentas del rescate financiero, calcula en Bankia como “recuperables” 9.560 millones de euros, una cantidad que ha ido rebajando cada año, a la vista de cómo iba cayendo el valor de la entidad en Bolsa. Ése es el importe en que cifra el 61,8% del FROB en Bankia. Desde que fue rescatada, sus acciones han pasado de 132,7 euros a costar poco más de un euro. Sólo desde 2016 ha perdido un 63,22% de su valor en Bolsa. Este viernes, y tras subir sus títulos casi un 30% por efecto del anuncio de fusión, la capitalización bursátil de la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri era de sólo 4.113 millones de euros. La de Caixabank, 12.094 millones. Sumadas ambas, superan en muy poco el volumen de dinero del rescate a Bankia que, según el Banco de España, jamás se recuperará: 14.509 millones de euros.

“No es un rescate, es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca”, aseguró en junio de 2012 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. Un mes más tarde fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien insistió en que el objetivo del rescate era que no costase “ni un euro al contribuyente”.

El FROB debe vender cuanto antes

“Recuperar el dinero del rescate va a ser muy complicado”, explica García Montalvo, “y es el mercado el que va a marcar la capacidad que tienen de hacer un tipo de operación u otra”. Para recobrar lo que inyectó, el FROB deberá vender su participación en el futuro banco, que quedará diluida probablemente hasta un 14%. De forma que la mayor o menor recuperación del dinero público “no depende de cómo se haga la fusión, sino de cómo vaya el sector”, aclara el catedrático de la Pompeu Fabrea. Y el sector lleva de capa caída demasiado tiempo, con un futuro que tampoco se antoja mucho mejor. A su juicio, el objetivo es “minimizar en lo posible la pérdida, no maximizar el importe de la recuperación”. Teniendo en cuenta la devaluación bursátil de la entidad, la estrategia para recobrar el rescate es precisamente la fusión, apunta García Montalvo.

Para Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, la fusión “sólo tiene sentido si el FROB sale del capital de Bankia”. Además, cree que debe hacerlo cuanto antes. “Esperar no es la solución”, asegura. “¿Cuántos años más pueden esperar?”, se pregunta, después de una primera venta en 2014 y una segunda que se demoró tres años y por la que se ingresó casi la mitad. “No hay forma de acertar cuál es el momento adecuado para vender”, corrobora José García Montalvo. De hecho, recuerda, no se han repetido las ventas desde 2017 ante el temor a malvender las participaciones en un mercado que no cree en los bancos. Ese año, el ministro de Economía, Luis de Guindos, urgía a privatizar Bankia “lo antes posible”. Un “lo antes posible” que nunca llegó.

Tampoco ven Carbó y García Montalvo que mantenerse en el capital del futuro banco y recuperar el rescate a través de los dividendos que perciba el FROB como accionista sea una opción. “Sin duda, con la fusión habrá una ganancia, en sinergias y en rentabilidad”, apunta el catedrático de la Pompeu Fabra, pero no será suficiente para devolver tanto dinero en un plazo razonable.

Caída de beneficios

La operación, por tanto, mejorará el valor de Bankia, pero al tratarse de una “situación forzada, primada por los reguladores”, García Montalvo descarta que se pague una prima por acción, o ésta será “muy pequeña”. En todo caso, ve muy difícil que se acuda a una ampliación de capital, “una operación arriesgada” considerando que los inversores no tienen a los bancos entre sus favoritos.

El covid-19, además, ha contribuido aún más si cabe a la debilidad bancaria. Todas las entidades han tenido que recortar sus beneficios apuntando cuantiosas provisiones para hacer frente a las incertidumbres que ha traído aparejadas la pandemia. Así, en los primeros seis meses del año, el beneficio de Bankia ha caído un 64,4% respecto al mismo periodo de 2019: ha ganado 142 millones de euros tras haber provisionado otros 310 millones. Las ganancias de Caixabank han menguado un 67% hasta junio, por lo que su resultado se ha quedado en 205 millones de euros. Sus provisiones anti-Covid se elevan a 1.155 millones.

Así que crecer se presenta como la única solución para aumentar la eficiencia e intentar escapar a las flaquezas descritas. De culminar con éxito las negociaciones, el banco resultante sumará 350.000 millones en créditos y 363.000 millones en depósitos. Tendrá 43.000 trabajadores repartidos en 6.279 oficinas. Carbó cree que Bankia y Caixabank “encajan my bien geográficamente” y comparten un perfil de negocio similar, familias y pymes, al proceder ambas entidades de cajas de ahorro. Ni él ni García Montalvo temen que el nacimiento de un nuevo gigante vaya a perturbar demasiado a las dos principales entidades financieras españolas, Santander y BBVA, que ya llevan tiempo apoyándose en su negocio internacional. Curiosamente, el nuevo banco líder del mercado nacional estará formado por dos antiguas cajas de ahorro. Y puede dar ahora el primer paso para abrirse al extranjero. “Tamaño tendrá [para hacerlo] y Caixabank ya está en Portugal [compró BPI en 2018]”, apunta Santiago Carbó.

Más fusiones y miles de despidos

Que la operación sea, además, la mecha que encienda nuevas fusiones bancarias, está por ver, dudan los dos expertos consultados. La de Bankia ya estaba “cantada”, replica García Montalvo. La de Liberbank lleva algún tiempo en barbecho, tras el fracaso de la operación con Unicaja y la huida de Abanca hace sólo unos meses. Tanto el BCE, a través de su vicepresidente, Luis de Guindos, como el Banco de España y la misma patronal bancaria han sustentado los continuados rumores sobre posibles fusiones con sus declaraciones animando la acción. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, llegó a hablar de “caldo de cultivo” propicio en España para unir entidades. La Bolsa, al menos de momento, parece también dispuesta a apostar por las fusiones bancarias, a tenor del empujón que recibieron este viernes todas las cotizadas del sector nada más conocerse la noticia e Bankia y Caixabank.

Más preocupados se han quedado los trabajadores de ambas entidades, que aventuran nuevos cierres de oficinas y despidos. Los sindicatos lo han dado por hecho cuando han pedido medidas “acordadas y no traumáticas”. Un informe de Barclays ya ha calculado que el recorte afectará a 4.995 trabajadores y que el coste de la reducción de plantilla ascenderá a 1.099 millones de euros, 220.000 euros por persona, pero redundará en un ahorro en costes laborales de 481 millones. De las 6.279 sucursales con que cuentan ambos bancos, se solapan, dice Barclays, 1.411. Caixabank ha ejecutado tres ERE desde 2013, por los que han dejado la entidad más de 5.300 empleados. En Bankia, el rescate vino acompañado de un ERE que finalmente superó los 4.200 despidos inicialmente previstos y tuvo un largo recorrido en los tribunales por las demandas de los trabajadores. El cierre de oficinas, en un goteo sin pausa durante la última década, es una tendencia imparable. “El sector no tiene futuro con esa cantidad estratosférica de sucursales que tiene en España”, destaca José García Montalvo.

Lo que ambos catedráticos desechan es que la fusión vaya a ser una amenaza para la competencia. “En otros países, la concentración es aún mayor”, opone Carbó. Para García Montalvo, la competencia ahora es “digital”, no sucursal a sucursal, y cada vez mayor “en medios de pago y en gestión de activos, con neobancos y nuevos actores tecnológicos que ya dan créditos al consumo e incluso hipotecas”, detalla.

El precedente de Abanca

Contentos los reguladores, el Ministerio de Economía, los mercados y los expertos, y ni siquiera especialmente nerviosos los sindicatos, sólo Unidas Podemos ha mostrado sus reparos a la fusión. Exceso de concentración, pérdida de empleos, privatización del banco y dilapidación del rescate público han sido sus objeciones. Tampoco ha sido bien recibida por las asociaciones de consumidores y usuarios de banca, que recuerdan el gran número de litigios que acumulan Bankia y Caixabank por vender productos financieros con cláusulas abusivas y resaltan que son las entidades que mantienen el mayor número de hipotecas referenciadas al IRPH.

Si la fusión llega a hacerse realidad, también habrá que observar si se repite la trayectoria de otra entidad salvada por el rescate, Abanca. De los 9.404 millones de euros que le inyectó el Estado, sólo se han recuperado 783 millones, de acuerdo con el último recuento del Banco de España. La entidad, resultado de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, fue vendida por 1.003 millones de euros al banquero venezolano Juan Carlos Escotet en 2013. Desde entonces ha sumado casi 3.556 millones de euros en beneficios y no ha dejado de repartir dividendos millonarios todos los años. El Banco de España dice que el contribuyente, en cambio, jamás recuperará 8.621 millones de aquel rescate que, sostenía el Gobierno de entonces, no le iba a costar ni un euro.