El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogia ahora el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA) como "el modelo a seguir", cuando hace apenas un año forzó la abstención del PSOE, con reticencias internas, a la ratificación del acuerdo en el Congreso de los Diputados por considerarlo que protegía en exceso a empresas e inversores en detrimento de las instituciones y la ciudadanía. Informa Europa Press.

El giro en la posición de Sánchez se evidenció en la madrugada de este lunes (hora española) durante la intervención del presidente en el Global Progressive Forum junto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en Montreal.

En ese foro, defendió que el CETA forma parte de una nueva generación de acuerdos comerciales que deben ser "el modelo a seguir" porque ofrecen "nuevas respuestas para inquietudes tradicionales".

En junio de 2017, en cambio, Sánchez justificaba sus críticas al CETA en que "en 1.600 páginas del Tratado, sólo hay 4" sobre derechos medioambientales, además de tener diferencias "en el modo de resolución de disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación al Tratado". El CETA, decía entonces, no es tan bueno como para votar a favor ni tan malo como para votar en contra.

Giro de posición del PSOE

La abstención del PSOE al CETA fue una de las primeras posiciones que fijó el líder socialista tras volver a los mandos de Ferraz y supuso un primer enfrentamiento con los barones del partido, en tanto en cuanto suponía modificar la postura favorable que hasta ese momento habían mostrado los socialistas respecto al tratado.

Las dudas que Sánchez tenía sobre el CETA se han disipado, al menos según se desprende de las palabras que ha pronunciado en Montreal. Es más, con motivo de su visita a Canadá los dos gobiernos han firmado una declaración conjunta en la que se afirma que el CETA "proporciona un marco para aumentar los flujos de comercio bilateral".

Y el creciente comercio bilateral entre Canadá y España, continúa el texto, "creará empleos y generará crecimiento y prosperidad en ambos países, en particular para pequeñas y medianas empresas (...) con importantes oportunidades en las áreas de agricultura, tecnologías medioambientales y energías renovables, ciencias de la vida y biotecnología, tecnologías de la información y las comunicaciones y aeroespacial".

Desde hace cinco años, en Europa, el debate público sobre el comercio lo han monopolizado fundamentalmente dos tratados de librecomercio: uno con Estados Unidos (TTIP o Tafta, ya descartado) y el otro con Canadá (CETA, en proceso de ratificación). Precisamente esto fue lo que llevó a muchos actores de la sociedad civil a alzar la voz y denunciar los riesgos asociados a estos textos. En concreto, porque los acuerdos podrían reforzar la protección jurídica de los inversores privados y reducir la capacidad de algunos Estados a la hora de legislar.

Este lunes 23 de octubre, se abría en Ginebra un ciclo de negociaciones para elaborar un proyecto de tratado alternativo que, en esta ocasión, cuenta con el apoyo entusiasta de un miríada de colectivos de la sociedad civil; se trata de crear, en el marco de Naciones Unidas, un instrumento jurídicamente vinculante para obligar a las multinacionales a que respeten algunos de los derechos humanos más fundamentales, allí donde ellas mismas o sus filiales se encuentran radicadas.

Este proceso se inició en la ONU en 2014, un año después del hundimiento del Rana Plaza, en Bangladesh, que le costó la vida a más de 1.100 personas. Muchas de las víctimas trabajaban en talleres de confección, que alimentaban a grandes marcas de ropa occidentales, entre ellas Mango, Benetton o Carrefour. Pero estas firmas nunca, hasta la fecha, han tenido que rendir cuentas a la Justicia. “El ser humano debe estar por encima de los intereses económicos y políticos”, dijo en una visita a Francia a principios de octubre, una de las promotoras del tratado, María Fernanda Espinosa. La ministra de Asuntos Exteriores de Ecuador, uno de los Estados más activos en este asunto, junto con África del Sur, viajó a París para tratar de convencer al Ejecutivo francés de la importancia de la iniciativa.

“El CETA es un acuerdo escrito por y para las multinacionales. Este proyecto de tratado quiere hacer lo contrario: poner a las multinacionales en su lugar, es decir, al servicio de los derechos humanos”, opina Michel Cermak, activista de la asociación belga CNCD-11.11.11. “Con este proyecto de tratado vinculante, que primaría sobre los tratados de librecomercio, se quiere gravar la otra cara de la moneda”, insiste Mónica Vargas, activista boloviana (TNI), una de las figuras de la campaña global “para reivindicar la soberanía de los pueblos y desmantelar el poder de las multinacionales”.

Ese tratado se propone abordar el concepto de “velo jurídico”, que muy a menudo impide exigir responsabilidades a una sociedad matriz frente a actos cometidos por una de sus filiales. “Se trata de una pelea enorme, no es algo menor. Con ello estamos tocando a uno de los motores del ultraliberalismo. Si estamos dispuestos, colectivamente, a levantar ese velo jurídico, nos encontramos ante una reforma sistémica”, dice el diputado socialista Dominique Potier. Este diputado francés viaja a Ginebra decidido a defender una de la ley, de la que fue coponente con el presidente François Hollande.

Este texto sobre “el deber de vigilancia” para con las grandes empresas, también conocido como ley Rana Plaza, se adoptó en marzo de 2017. En plena campaña de las presidenciales, la votación pasó casi desapercibida. Sin embargo, se trata quizás de uno de los textos más importantes del mandato. Ahora, las empresas que tienen al menos 5.000 empleados en Francia ( o más de 10.000 en el mundo) están obligados a “identificar los riesgos y a prevenir los graves perjuicios” ante toda una batería de derechos (en materia de sanidad, medio ambiente, social) que podrían provocar sus actividades o las de sus filiales, en Francia y en el extranjero.

En un informe que acaban de publicar dos ONG francesas, Los amigos de la Tierra Francia y ActionAid France-Pueblos solidarios, pone a Total como ejemplo. El gigante petrolero tiene intención de reconvertir una de sus refinerías en una “biorefinería” que refinaría, en lugar de petróleo bruto, aceite de palma. Pero la nueva ley francesa amenaza ese proyecto: en efecto, Total está obligado, ahora, a identificar los riesgos que esta producción –pero también la de sus proveedores de aceite de palma en Asia del Sureste– suponen para el medio ambiente (deforestación, acaparamiento de tierras etc.). También tiene que decir cómo esperan remediarlo.

La ley francesa no es perfecta, nada más lejos de la realidad. Sólo las principales empresas se ven afectadas, mientras que las empresas más modestas a menudo operan en el sector de la extracción. No prevé tampoco aspecto penal, pero se trata de un texto pionero, que estudiará el grupo de trabajo de Naciones Unidas. “La ley francesa, que ha sido objeto de un intenso lobby por parte de las multinacionales, goza del apoyo del Gobierno in extremis, seduce notablemente en el extranjero. Tiene todo los elementos para convertirse en universal”, dice su ponente Dominique Potier. En ese sentido, la legislación europea adoptada a principios de años relativa a los “minerales de conflicto” también pone la responsabilidad jurídica en el conjunto de los actores de la cadena.

No es la primera vez que Naciones Unidas aborda la responsa de las multinacionales. En los años 2000, se adoptaron “principios directores”, pero no son vinculantes, por la oposición de numerosos actores de entonces. La ley francesa ha retomado, años después, en un modo vinculante el concepto clave de due diligence (que obliga a las multinacionales a respetar un deber de precaución, en resumen). A día de hoy, la ONU trabaja en un nuevo tratado, inspirándose esta vez en el texto francés.

Carole Peychaud, abogada de CCFD-Tierra Solidaria y que estará presente también en Ginebra, se felicita por este proceso de “vasos comunicantes” que convierten el proceso en bastante original y técnico: “Una tentativa de hard law [derecho vinculante] internacional ha desembocado en la ONU en una norma de soft law [derecho no vinculante]. Acto seguido, esto se ha convertido en hard law nacional que irriga de nuevo el proceso de escritura de hard law internacional... Este proceso de negociaciones en la ONU también está impulsado por y se nutre de un proliferación de contribuciones de la sociedad civil, que participa en la construcción del derecho desde abajo”.

La cita de Ginebra es la tercera de este tipo. En las dos primeras sesiones del grupo de trabajo, en 2015 y en 2016, se debatió sobre la necesidad de este tratado. Esta vez, sus partidarios esperan entrar en el meollo de las negociaciones, a partir de una proposición de tratado redactado en gran parte por los ecuatorianos. Pero no hay que esperar que se tomen decisiones clave de aquí al fin de semana: el simple hecho de que todos los representantes acepten proseguir las negociaciones puede percibirse como un éxito por los defensores del texto (la mayoría originarios de los países en desarrollo)...

Ésa es la paradoja de la situación. Los Estados Unidos de Donald Trump no tienen intención de dar su apoyo al texto y, aunque no lo dicen alto, y claro los europeos son reticentes. Incluso Francia, que acaba de dotarse de una de las leyes más ofensivas en la materia, también está a la defensiva. Preguntado la semana pasada en la Asamblea en cuestiones al Gobierno, el ministro de Asuntos Extranjeros francés Jean-Yves Le Drian aseguró que París participaría “de manera extremadamente activa y asidua” en las negociaciones de Ginebra, alabando, sin decir mucho más, “un enfoque constructivo y pragmático de Francia”.

Francia “hará valer su legislación y sus buenas prácticas en la materia en Ginebra”, han respondido fuentes ministeriales a Mediapart, socio editorial de infoLibre. pero también, junto con sus socios europeos, se encontrará entre las “numerosas dificultades que se desprenden de este proyecto y de su aplicación, sobre todo desde el punto de vista jurídico”. Paría considera que el tratado debe concernir al conjunto de las empresas y no sólo a las “compañías transnacionales”, a las que se menciona en el texto redactado por Ecuador.

Las ONG Los Amigos de la Tierra Francia y ActionAid France-Pueblos Solidarios exhortan a París “apoyar el proyecto de tratado de la ONU”. Por su parte, el ministro socialista Dominique Potier ha interpelado al jefe del Estado en una carta que han firmado ya 146 diputados también de En Marcha, promovida por el antiguo ecologista Paul Molac. ¿Bastará con esta presión? En los próximos días conoceremos en Suiza la primera respuesta, pero sin duda habrá que armarse de paciencia para conocer el resultado de los debates en los próximos años.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Si Emmanuel Macron contaba con hacer frente a las preocupaciones relativas al tratado de libre comercio con Canadá (CETA) con este informe, no lo ha conseguido. El panel de nueve expertos, creado el 5 de julio, presentó el pasado 7 de septiembre un informe sobre el CETA más bien crítico en el fondo, aunque modesto en sus recomendaciones. Tal y como se comprometió en campaña el candidato Macron, estos profesores universitarios, dirigidos por la economista Katheline Schuber, han analizado las consecuencias futuras de este tratado de librecomercio en tres ámbitos: el clima, el medioambiente y la salud.

Los expertos reconocen la existencia de numerosos riesgos e incertidumbres relacionados con la entrada en vigor del CETA, pero este panel de juristas y economistas se cuida muy mucho de instar a rechazar el texto. Por el contrario, formula recomendaciones que, en su opinión, permitirían mejorar el contenido. Así las cosas, el debate sobre el CETA corre el riesgo de intensificarse en las próximas semanas en Francia: los diputados pueden debatir sobre el acuerdo este otoño, mientras que una parte del CETA comenzará a aplicarse, “de forma provisional”, a partir del 21 de septiembre, una vez sometido a votación en el Parlamento Europeo (en febrero de 2017). La manifestación de Francia Insumisa prevista para este 23 de septiembre cuenta entre sus consignas la suspensión de la entrada en vigor provisional del CETA.

Para Emmanuel Macron, estos debates pueden terminar siendo un quebradero de cabeza. En el Gobierno de Édouard Philippe hay tanto partidarios del texto como históricos detractores; es el caso de Nicolas Hulot [actual ministro de Transición Ecológica y Solidaria]. Más precisamente, Hulot ha manifestado su preocupación por las amenazadas que penden sobre el principio de precaución. Por su parte, Marielle de Sarnez, efímera ministra de Asuntos Europeos del primer Gobierno Philippe, optó por la abstención en la primera votación efectuada en Estrasburgo. En cuanto a Macron, le gusta escenificar su proximidad a Justin Trudeau, primer ministro canadiense y acérrimo defensor del CETA. Sin embargo, el propio jefe del Estado francés también quiere concretar su visión de una “Europa proteccionista”, en particular en lo que respecta a las cuestiones comerciales. En resumen, la posición del Ejecutivo no es fácil y la publicación de este informe no va a ayudar, necesariamente, a clarificar las cosas.

La prudencia del informe

Los nueve autores del informe reconocen antes de nada la extrema complejidad de este texto jurídico de más de 2.300 páginas, cuya ambición supera la de los acuerdos comerciales tradicionales (donde lo único que se hacía era rebajar los aranceles entre países, para aumentar los intercambios económicos). Matizan sus conclusiones durante todo el informe y, a menudo, constatan la dificultad de evaluar por anticipado el impacto de una medida u otra. Por ejemplo, en lo que respecta al llamado principio de precaución, tan defendido por Nicolas Hulot, se lee: “Los mecanismos actuales en marcha relacionados con la aplicación en la Unión Europea del principio de precaución no se cuestionan”, destacan, para precisar a continuación: “No obstante, el hecho de que no exista mención explícita de ese término en el texto del acuerdo genera cierta incertidumbre ante la eventual contestación por parte de Canadá de futuros mecanismos”.

Se advierte una prudencia similar cuando se aborda la cuestión del Foro de cooperación reguladora, ese escenario ideado por el CETA y pensado para armonizar los reglamentos en vigor a un lado y a otro del Atlántico, con el objetivo de facilitar los intercambios. Los críticos con el CETA ven en él un instrumento que permitirá a las empresas europeas y canadienses sortear las decisiones de los Parlamentos. Para los autores del informe, la cuestión de la “captura del regulador” por parte de intereses privados no es nueva. No obstante, reconocen tambien que no se puede descartar categóricamente que el CETA pueda, en algunos sectores, agravar esta tendencia (“todo dependerá de las reglas de funcionamiento de este foro”, aseguran, reglas que todavía no se conocen).

En lo que respecta al medio ambiente, los autores lamentan la “falta de ambición”. “Los capítulos del acuerdo relativos al medio ambiente tienen el mérito de existir, pero no contienen ningún compromiso vinculante y no hacen sino reafirmar el compromiso de los socios al medio ambiente y al desarrollo sostenible”. En cuanto a la agricultura, la constatación es más grave: “Existe el riesgo de que el CETA no proporcione las condiciones favorables a los objetivos de la transición ecológica de la agricultura [...], en concreto en el sector de la cría de ganado bovino lactante”. En opinión de los expertos, “el gran ausente del acuerdo es el clima”. Sobre todo porque “no se ha previsto nada para limitar el comercio de las energías fósiles y el alza de las emisiones de CO2 del transporte internacional marítimo y aéreo inducida por el aumento de los flujos comerciales”.

A partir de ahí ¿qué se puede hacer? “El informe menciona los riesgos más importantes del CETA, como su impacto desastrosos en el clima o la llegada de organismos modificados genéticamente al mercado francés, pero las recomendaciones del informe no bastarán para reducirlos”, lamenta Lora Verheecke, miembro de la plataforma CEO, que milita por una mayor transparencia en la toma de decisiones de Bruselas. Desde ATTAC, el sentimiento es más o menos el mismo y califican las recomendaciones de “demasiado tímidas”.

Los expertos apuestan, si el CETA se ratifica, por la adopción en paralelo de una “declaración interpretativa”, que permitiría a los legisladores francesas precisar las indeterminaciones que contiene el texto. Y, más sorprendente aún, el panel de expertos defiende la idea de un nuevo acuerdo bilateral Canadá-UE, únicamente centrado en las cuestiones climáticas, para compensar las carencias del CETA... Resulta difícil de imaginar. Además, en los pasillos de la Comisión, en Bruselas, se recuerda, que el Ejecutivo de Jean-Claude Juncker abrió este verano una reflexión para integrar mejor las cuestiones climáticas en los acuerdos de librecomercio (disponibles aquí), lo que lleva a pensar que todavía es posible incluir enmiendas en el texto, en opinión de la Comisión, jugando sobre ciertas cláusulas, para responder a las eventuales peticiones francesas.

Bélgica

Esta renovada atención que en París se presta al CETA, contrasta con la situación que se vive en Bruselas. En la capital belga, el CETA ya no provoca movilizaciones. La Comisión, que desde 2009 ha negociado este tratado en nombre de los Estados miembros, “no hace ningún comentarios” sobre el informe publicado la semana pasada en París: cada país es libre de decidir cómo se lleva a cabo su ratificación, responde la institución a preguntas de Mediapart, socio editorial de  infoLibre. El pulso entre el socialista belga Paul Magnettte y la UE, que a punto estuvo de acabar con el CETA en otoño de 2016, parece lejano. Magnette ya no está en la Presidencia de Valonia, la región del sur de Bélgica que resistió al CETA. Y, sobre todo, el Parlamento Europeo adoptó el texto, en febrero, por aplastante mayoría (408 votos favorables).

Ahora le toca a los 28 países miembros (o a los 27, después del Brexit) ratificar el texto para la entrada en vigor del CETA. El proceso puede demorarse varios años, pero el tratado debe entrar en vigor de forma provisional el 21 de septiembre (la fecha la desvelaron, en el G20 de Hamburgo, el canadiense Justin Trudeau y el luxemburgués Jean-Claude Juncker). La práctica no es nueva; suele aplicarse en todos los tratados de librecomercio. Con una sutil diferencia, sólo se aplicarán los capítulos del tratado que tengan competencia exclusivamente europea, el decir en torno al 90% del texto. El punto más polémico, el mecanismo de arbitraje entre Estados e inversores privados, que autoriza a las multinacionales a llevar a los países ante la Justicia en determinadas condiciones, no se incluye en esta entrada en vigor provisional.

A día de hoy, tres países han ratificado ya el texto: Croacia, Dinamarca y Letonia. En cuanto a España, el Congreso de los Diputados aprobó el CETA a finales de junio (con una pequeña sorpresa, el PSOE, que en el seno de la familia socialdemócrata de Europa se encontraba entre los más partidarios de su aprobación, finalmente se abstuvo). Ahora es el Senado el que debe pronunciarse, un mero formalismo. Italia también se prepara para debatir el texto en el Parlamento, a menos que las legislativas no pospongan la votación. Al menos en la teoría, que un solo país rechace el texto basta para bloquear el CETA en toda Europa.

En los próximos meses, habrá que ver cuál es el posicionamiento del Portugal del socialista Antonio Costa (a priori muy partidario del CETA) o de la Grecia de Alexis Tsipras (Syriza). Pero los críticos con el CETA apuestan sobre todo por tres países para frenar la dinámica de ratificación. Austria es sin duda el Estado miembro donde la contestación a los tratados de librecomercio es mayor desde hace años; el país celebra elecciones legislativas el 15 de octubre, por lo que la cuestión puede convertirse en uno de los principales asuntos de campaña. En Viena, la perspectiva de una ratificación todavía se ve muy lejana.

A otro Estado país al que hay que seguirle la pista es a los Países Bajos, que siguen conociendo dificultades a la hora de formar una coalición, después de la victoria de los liberales de Mark Rutte en las legislativas del pasado 15 de marzo. En este país, basta con reunir 300.000 firmas (el 1,7% de la población) para convocar un referéndum consultivo, a posteriori, sobre una ley ya votada por el Parlamento. En 2016, colectivos opuestos a la UE lograron la celebración de un referéndum sobre el tratado de librecomercio entre la UE y Ucrania, en el que se impuso el No, provocando una minicrisis en Bruselas. Es más que posible que el CETA también sea sometido a votación.

Pero hay otro país del Benelux que corre el riesgo de causar sudores fríos al Ejecutivo europeo: Bélgica. El Gobierno federal –una coalición de derechas, en el que hay democrata-cristianos, liberales e independentistas flamencos– es muy favorable al CETA. Ya se ha iniciado el proceso que debería suponer su ratificación en el Parlamento federal, pero el federalismo belga obliga a que siete Parlamentos aprueben los tratados de librecomercio, incluido los que representan a Valonia (sur del país), la región de Bruselas capital y la comunidad francófona, tres entidades que habían manifestado el año pasado su oposición al CETA.

Conscientes de esta dificultad, las autoridades federalistas belgas han soltado lastre. Han aceptado mantener una de las promesas de campaña del socialista Magnette, en el otoño de 2016: el pasado día 7 de septiembre se dirigieron al Tribunal de Justicia de la UE para conocer la compatibilidad de los mecanismos de arbitraje Estado/inversores privados con los tratados europeos. En teoría, el Tribunal de Luxemburgo puede tardar hasta 18 meses en pronunciarse. Hasta entonces, tres de los siete parlamentos belgas necesarios para ratificar el texto no van a hacer nada. Y, para complicar un poco más el escenario belga, en mayo de 2019 se celebrarán elecciones generales, es decir, poco después de que se dé a conocer el dictamen sobre el CETA...

“La consulta al Tribunal de Justicia era una reclamación histórica de la sociedad civil. Permitirá clarificar la legalidad de la cláusula de arbitraje que concierne no sólo al CETA, sino también al resto de tratados de nueva generación en vías de negociación”, con Vietnam o Japón, se congratula Michel Cermak, especialista en cuestiones comerciales, contrario al CETA, de la ONG belga CNCD-11.11.11.

Otros países también podrían dar largas a la cuestión por motivos diferentes. Por ejemplo, Polonia, ferviente defensor de los textos de librecomercio y más concretamente del CETA. Sin embargo, recientemente ha mostrado cierto recelo respecto a la reforma en curso de los mecanismos de arbitraje Estado/inversores privados. Tal y como reveló The Financial Times el pasado día 7, expertos polacos han hecho saber a la Comisión que quieren más garantías sobre la participación de magistrados polacos en la constitución de paneles de jueces para la UE, ante la posibilidad de que Varsovia fuera llevada ante la Justicia por una empresa...

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaron este sábado el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) empezará a aplicarse de manera provisional el próximo 21 de septiembre, informa Europa Press.

A la espera de que se cumplan los procesos de ratificación nacional en los parlamentos de los Veintiocho, la ratificación en el Parlamento Europeo y de la parte canadiense permiten ya aplicarlo en la parte que es de competencia exclusiva europea, y no de los países del bloque.

La fecha fue acordada por Trudeau y Juncker en los márgenes de la cumbre de líderes del G20 que se celebra en Hamburgo (Alemania).

"Es importante que nuestras empresas y nuestros ciudadanos, que son los verdaderos ganadores de este acuerdo, empiecen a disfrutar de sus ventajas sin más retrasos", señalaron el jefe del Ejecutivo comunitario y el líder canadiense en una declaración conjunta.

El compromiso de aplicar el acuerdo a partir del 21 de septiembre deja un plazo suficiente para que las partes puedan tomar "todas las medidas necesarias" para ello de aquí a entonces.

La UE y Canadá recalcaron que se trata de una puesta en práctica "provisional" y que su entrada en vigor definitiva llegará cuando se cumpla el proceso de ratificación de acuerdo a las "exigencias" de cada orden constitucional.

El pleno del Congreso de los Diputados ratificó finalmente este jueves el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés). El acuerdo, muy criticado por diferentes colectivos a ambos lados del Atlántico, salió adelante en la Cámara baja con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro y UPN. Un total de 179 síes frente a los 79 noes síesnoes de Unidos Podemos, Compromís, EH Bildu, ERC y Nueva Canarias y las 81 abstenciones del PSOE, informa Europa Press.

El texto fue firmado por la Unión Europea y Canadá hace ahora ocho meses. Sin embargo, al ser considerado un tratado mixto es necesario que los Parlamentos nacionales den luz verde. Tras el respaldo del Congreso, que se ha producido una semana después de que el PSOE decidiese cambiar el voto favorable que siempre ha mantenido por lo que calificaron como "abstención motivada", el CETA debe pasar ahora el visto bueno del Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta.

Pese a que la ratificación del CETA estaba asegurada gracias al respaldo de Ciudadanos, PNV, PDeCAT y CC, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechó el debate de este jueves en el pleno para acusar al PSOE de "hacerse oposición a sí mismo" por haber cambiado su postura y advertirle de de que cuando un partido no se define "en lo imprescindible" acaba convirtiéndose en "irrelevante".

Además, recordó a los socialistas que es un tratado comercial que no ha cambiado desde que se negoció. "Lo único que ha cambiado es la posición de algunos, que en su afán por liderar la oposición no dudan en hacerse oposición a sí mismos", apuntó, añadiendo a renglón seguido que "la UE nació como antídoto al extremismo" y pidiendo al partido liderado por Pedro Sánchez que no permita que "las ideas más extremas acaben con la idea de Europa".

A su modo de ver, el PSOE tendrá que explicarse ante sus votantes, porque se presentó a la elecciones con un "programa europeista" y porque "no hay nada menos progresista que votar contra el progreso y votar contra la esencia misma de Europa".

"Un avance" en el proyecto europeo

Y es que, además de recordar que España es un país que se beneficia de la apertura comercial, recalcó que el CETA es "un avance" en el proyecto europeo y un "paso adelante hacia la creación de un espacio de reglas de ámbito internacional", con un socio con el que la UE comparte valores y principios democráticos.

Por eso, defendió que apostar por el CETA es apostar por crecimiento y creación de empleo, y por un modelo de globalización equilibrado y con reglas justas, y le dijo al PSOE de que "no se puede ser equidistante entre más Europa y más populismo". En este sentido, hay división de opiniones. Mientras que algunos estudios calculan un aumento del PIB europeo del 0,5%, además de una subida de los salarios del 5% y del número de puestos de trabajo de "varios millones", otros pronostican la destrucción de 230.000 empleos.

El portavoz del PP, José Ramón García Hernandez, fue un paso más allá y acusó al PSOE –cuyos eurodiputados siempre han respaldado en Bruselas el acuerdo– de "veleta", emplazando a no "hacerle el favor a Podemos" de dividir a los demás "como hicieron en Venezuela". "No les sirvan en bandeja de plata no sea que sea demasiado tarde como lo es hoy en Caracas", dijo. A su juicio, Sánchez quiere hacer pagar a los españoles "un precio excesivo por sus ansias de ser presidente del Gobierno".

"Toque de atención"

La posición del PSOE la defendió el nuevo adjunto del Grupo Socialista Pere Joan Pons, quien justificó la decisión de abstenerse como un "toque de atención" porque considera que si Europa pretende "refundarse" tiene que empezar por revisar sus tratados comerciales para "humanizar el comercio internacional" y apostar por una globalización más justa.

Es más, pidió a los defensores del acuerdo comercial que, en lugar de hacer "discursos autocomplacientes", escuchen a los ciudadanos y vean lo que están votando. A su modo de ver, en Europa muchos ciudadanos sienten "un déficit de dignidad" que "ha mutado en insurrección global", en Estados Unidos con Donald Trump y en Europa con el Brexit y con los partidos xenófobos. "¿Es que no ha pasado nada en estos años?", preguntó.

Comisión de estudios

Pons recalcó que tanto los sindicatos europeos como los canadienses consideran el CETA una "amenaza" y avanzó que el PSOE propondrá crear una comisión de estudio para debatir con los agentes sociales el impacto de los tratados comerciales.

Al PSOE le interpeló también Unidos Podemos, cuyo portavoz de Exteriores, Pablo Bustinduy, le pidió que se sume a su grupo en el Senado, donde volverán a pedir el control de constitucionalidad, que reclamarán el informe preceptivo del CGPJ y lo recurrirán al Tribunal Constitucional cuando esté aprobado.

En este sentido, Bustinduy le dijo a la nueva portavoz socialista, la magistrada en excedencia Margarita Robles, que ella que es una "reputada jurista" que si lo lee en detalle estará de acuerdo con la inconstucionalidad del tratado.

Además, subrayó que el Tratado lo apoyan "la gran patronal europea, los lobbies financieros" y el PP y Ciudadanos, y lo rechazan los sindicatos y las organizaciones de productores. "Con esto votan ustedes otro artículo 135, legislan contra la soberanía popular y contra los intereses de su pueblo", dijo dirigiéndose también a los nacionalistas de PNV y PDeCAT.

Nacionalistas y soberanía

A los nacionalistas se dirigió también el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que afeó al PDeCAT que apoye un tratado de libre comercio mientras ellos quieren poner "fronteras y aranceles", e ironizó con que ERC haya defendido la soberanía española en su rechazo al acuerdo.

Rivera defendió el fondo del texto, recalcando que precisamente que a quien beneficia es a las pymes, para que "puedan ser más fuertes". "Quien tiene miedo a competir es quien no cree en sí mismo, en su país, en sus empresas y en su capital humano", dijo, añadiendo que más bien "si alguien tiene que tener miedo es quien compite con España". Aunque en España casi 5.500 empresas españolas llevan sus productos al mercado canadiense, los detractores del CETA aseguran que el 99% de pequeñas y medianas no exportan al otro lado del Atlántico.

El líder de Ciudadanos se felicitó de que, en esta ocasión, la llave esté en manos de su partido y no del PSOE porque, con su cambio de posición, "España protagonizaría hoy un ridículo espantoso al votar sí al CETA en el Parlamento Europeo y tumbarlo en el nacional".

Rivera, igual que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y el del PDeCAT, Carles Campuzano, remarcó que Canadá es un país con estándares parecidos a los europeos. Es más, opinó que "ojalá" el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, fuese como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, "y defendiera las políticas medioambientales que él defiende".

El gobierno de la globalidad emancipado de la democracia pasa a manos de las grandes corporaciones, no se sabe si multinacionales o simplemente apátridas. Objetivo: arrasar hasta donde puedan el control sobre sus actividades y, por supuesto, sobre cualquier atisbo de regulación de las mismas. Opacas, anónimas, fundadoras universales de la evasión fiscal y del blanqueo de dinero. El labriego de Steinbeck, una vez más, no encuentra el personaje para disparar su fusil.  Todo con la complacencia de unas élites políticas y económicas distanciadas de la incómoda ciudadanía, de sus necesidades y riesgos.

La algarabía se organiza cuando durante años los negociadores ocultos han hurtado a la ciudadanía, que les emplea y paga con prodigalidad, el conocimiento exacto de lo que los dueños efectivos les ordenaban en la oscuridad .

Oponerse ahora es populismo. La polisemia del término esconde una vez más la falta de transparencia con que se ha llevado a cabo la supuesta negociación. En nuestros solares, encendidos por el cambio climático, la cosa roza el proverbial esperpento. Los socialistas europeos, en el Parlamento Europeo, no votaron de modo unánime, por cierto, como algunos liberales, y eso sí la ultraderecha que es el epígono, socio imprescindible de la coartada del nacionalismo estatal, como el español, tan populista como el primero.

Que un comisario europeo, en visita pastoral prodigue consejos no solicitados, invoque credibilidad y confianza al conjuro de las llamas del infierno no deja de constituir una curiosidad si se tiene en cuenta su gestión de la Gran Recesión en su país de origen, y la abducción —¿o será convicción?— por parte de la TIA, there is not alternative y un pensamiento rechazado por el sentido común, la autorizada opinión de gentes como Stiglitz, Krugman entre otros y el enfado unido al voto de los ciudadanos. Olvida al parecer en el tema CETA el acquis communautaire, tan penosamente acumulado en los últimos sesenta años por no remontarnos a sufrimientos colectivos anteriores. Desde luego no puede ni él ni muchos de los defensores de esta nueva cesión de derechos, la ignorancia, aunque el camino emprendido por Durao Barroso puede constituir un buen argumento para preparar el futuro individual y de los protegidos clientelares.

Los trenos extemporáneos de algunos agraviados, en el caso del PSOE, sumidos en la perplejidad tras los acontecimientos partidarios recientes y de algunos otros recuerdan el coro plañidero de los mendicantes de las sobras a las puertas del festín: reivindicar la subordinación obsecuente ante los poderosos en forma de eventuales ventajas para unos pocos en detrimento de la totalidad.

Conviene citar algunos de los elementos del acervo europeo, del acquis. El modelo social; las relaciones laborales; la seguridad alimentaria, tanto de abastecimiento como de garantías de calidad; la capacidad agroindustrial; la salud y los fármacos; la sostenibilidad medioambiental y el cambio climático; la fiscalidad y la persecución del fraude, la evasión y el blanqueo de dinero; la protección judicial efectiva tanto de los tribunales nacionales como el ejemplar Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin olvidar el patrimonio de valores de paz, libertad, prosperidad compartida, tolerancia y acogida de emigrantes y perseguidos, aunque no sea objeto, por supuesto, del CETA.

La tarea democrática consiste en explicar las consecuencias sobre este acervo, más extenso que el enumerado por supuesto, y las que derivan a la ciudadanía en su conjunto, y no obligar a ésta a la genuflexión de un acto de fe ciega, condenando a los objetores a las llamas infernales del populismo, antinacional, antieuropeo, y negador del progreso que se atribuye al Tratado en cuestión como si fuera la panacea para el empleo y la prosperidad. A ello debieran dedicarse socialistas, nacionales, regionales o locales. Ciertamente también otras sensibilidades políticas, aunque a algunas, como la derecha ultramontana que nos aflige, ya le bastan "sus" garantías.

Hasta los mercadillos rurales tienen sus reglas. Aquí se quiere prescindir de reglas para implantar las propias de las corporaciones multinacionales, de la farmacia a las semillas, y por supuesto a las industrias y los conocimientos. Se instituyen tribunales de arbitraje, los que pueden pagar generosamente para los litigios contra los Estados y contra la propia Unión Europea. Para los Tribunales nacionales y el Europeo las rencillas de vecindario, los litigios de robagallinas, y los agudos conflictos simbólicos.

Se orilla a la Organización Mundial del Comercio, plagada de Estados incómodos, y además bajo el manto de la Organización de las Naciones Unidas, el nido de la maldad en el que conviven Cuba, Rusia o... ¡ay! China. La prodigalidad de Tratados comerciales de alcance "regional" ha sido la estrategia de la hasta hace muy poco potencia hegemónica. Uno de ellos permite la entrada por la puerta trasera al CETA: el NAFTA, que incluye a Canadá y el mercado de trabajo barato, las maquilas transfronterizas de México y, por supuesto, los Estados Unidos de América. El benigno tratamiento hacia la sostenibilidad, las relaciones laborales y la opacidad fiscal. Con la "casita en Canadá" podemos cantar la felicidad de las corporaciones multinacionales norteamericanas o de cualquier origen que se asienten en la casita de la canción.

Oponerse a este tipo de secuestro de la ciudadanía, dejándola en la inopia y tildando de populismo los noes de parlamentarios socialistas en el Parlamento Europeo no deja de ser un acto de cinismo descomunal. Quien suscribe, antes de la aparición de formaciones como Podemos o la France insoumise hizo público su rechazo al primero, al TTIP ("La marea negra y el Tratado indio", El País. Comunidad Valenciana, 29 de mayo de 2014) con la advertencia del nacionalismo de extrema derecha, esta sí populista, en Europa. Y de manera más extensa en La Unión Europea. Historia de un éxito tras las catástrofes del siglo XX (Publicacions de la Universitat de València, 2017, pp 139 y ss) y en mis colaboraciones mensuales en el diario Levante-El Mercantil valenciano ( "Éxito y debilidad de la Unión Europea", 4 de octubre de 2015;  y otras", 6 de marzo de 2016, 4 de febrero de 2017, 4 de marzo de 2017, 1 de abril 2017; o además "Socialdemocracia, ¿ganó la TINA?", 6 mayo 2017) en que el CETA, por este camino, se convertía en el sucedáneo oportuno del TTIP para los objetivos de los lobbies farmacéuticos, agrícolas,  tecnológicos, y demás.

La secesión de las élites políticas se ha convertido en norma, como su pensamiento neocon, y, engullidas por la globalización económica, se aleja cada vez más de la ciudadanía. Esta ha sido capaz de propinar un escobazo sin precedentes a algunos de los abducidos, o convencidos, aunque no impide que éstos sigan en sus emolumentos con cargo a los presupuestos y a las mordidas giratorias y, pongan los ejemplos los lectores, desde la Comisión Europea hasta cualquier Estado o sucursal autonómica.

Oponerse a la globalidad es de necios. Convertirla en dogma sin control es de suicidas. Ciertamente como Carl, el camarero de Casablanca, cuando Rick le ordena que reserve una mesa preferente para el nazi Strasser, responde: "Da lo mismo, la cogerán en todo caso", que es lo que se han planteado y alcanzado las multinacionales que gobiernan el mundo o al menos la parte que todavía ocupamos. Resulta oportuno consignar que los fervores patrióticos, antipopulistas, no dejan de ser flatulencias que apestan y avergüenzan. El ridículo, y cosas peores, se hace cuando se encadenan corrupción, amnistías fiscales, leyes que no resisten el rigor del TJUE para los expoliados bancarios. La credibilidad y la confianza se generan y asientan cuando no se banalizan los efectos letales de los anteriores comportamientos por parte de un Estado democrático, y se barre del escenario todo lo anterior, liquidando el patio de monipodio de organizaciones e instituciones carcomidas por el saqueo y la devastación.

Emitir juicios precipitados y oportunistas, en el caso socialista español, como se dijo, denotan o desconocimiento o falta de voluntad de explicar a la ciudadanía las consecuencias de ratificar un tratado que cuando menos amenaza aquellas conquistas que se dieron por definitivas merced sobre todo a los demócratas y a los socialistas. Están en su derecho de sustituir ambos sustantivos y acogerse al refugio bien retribuido de la globalidad sin gobierno. ______________________________

*Ricard Pérez Casado es doctor en Historia, fue alcalde de Valencia por el PSPV-PSOE entre 1979 y 1988 y vicepresidente del Consejo Europeo de Municipios y Regiones (1983).

Cuarenta y ocho horas después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, asegurase que su partido se abstendría en las votaciones para ratificar el CETA en el Congreso y el Senado, el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá sigue estando en la picota. Este mismo viernes la presidenta del partido, Cristina Narbona, respondió al comisario europeo de Asuntos Económicos, el socialdemócrata Pierre Moscovici –que el jueves se reunió con Sánchez–, defendiendo el viraje dado por su formación, que hasta ahora siempre ha apoyado el acuerdo con el país norteamericano, y negando que el cambio de postura responda a un acercamiento a Podemos.

Así, en una entrevista en Radio Nacional, Narbona, que anunció el pasado martes en Twitter el giro de los socialistas, afirmó que su partido no cuestiona la globalización sino que rechaza "una forma de globalizar que ha ido encaminando la libertad plena de los capitales a costa de los derechos ambientales, sociales y laborales". En este sentido, puso en cuestión "el exceso de protección a inversores extranjeros" a través de la "creación de discutibles tribunales de arbitraje" y criticó que el tratado "no proteja más que a 27 de las 246 denominaciones de origen" españolas en una "industria fundamental" como la agroalimentaria.

El giro del PSOE en relación con el CETA ha despertado los aplausos de Unidos Podemos, que lo ven "valiente" pero "insuficiente" al no votar en contra. Pero también ha levantado las críticas del PP y el Gobierno. Mientras que el coordinador general de la formación conservadora, Fernando Martínez-Maillo, consideró que el cambio de postura "dibuja un PSOE completamente podemizado, sin rumbo, confuso, radicalizado y populista", el ministro de Economía, Luis de Guindos, apuntó que el tratado comercial es "impecable desde muchos puntos de vista" y llamó a Sánchez a replantearse su posición.

El comercio entre la UE y Canadá supuso, según datos del Parlamento Europeo, 63.500 millones de euros en 2015, una cifra que según Bruselas podría "experimentar" con el tratado "un crecimiento de alrededor de un 20%". En concreto, se exportó desde suelo comunitario por un valor de 35.200 millones de euros –casi 5.500 empresas españolas llevan sus productos al mercado canadiense–, mientras que se importó por 28.300 millones de euros. El país norteamericano, además, fue el cuarto destino más importante para las inversiones de compañías europeas (247.700 millones), mientras Canadá fue el tercer mayor inversor en Europa (165.000 millones de euros). Pero, ¿dónde está el debate?

Destrucción de puestos de trabajo

La Comisión Europea ha repetido por activa y por pasiva que el acuerdo con Canadá impulsará la economía comunitaria. Y se han apoyado en informes del Centre for Economic Policy Research (CEPR) en los que se asegura que la liberalización del comercio y el incremento de las inversiones a ambos lados del Atlántico producirán un aumento del PIB europeo del 0,5%, además de una subida de los salarios del 5% y del número de puestos de trabajo de "varios millones". "Cuando exportas estás produciendo y cuando produces, das empleo", sostuvo este viernes la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Sin embargo, a lo largo de estos últimos años también se han publicado estudios que pronostican todo lo contrario. En CETA without blinders: how cutting 'trade costs and more' will cause unemployment, inequality and welfare losses, una investigación de Pierre Kohler y Servaas Storm, de la Universidad de Tufts, se prevé una destrucción de 230.000 puestos de trabajo –la cifra que ha utilizado este viernes Narbona– en Canadá y la UE, de los que 200.000 serían en suelo comunitario, y una pérdida de ingresos anuales medios de 1.776 euros en el país norteamericano y de entre 316 y 1.331 euros en la UE.

En la misma línea que Tejerina se apoya su compañero de partido Santiago Fisas, eurodiputado del PP y miembro en el Parlamento Europeo de la Comisión de Comercio Internacional: "Es un tratado que permite que la actividad comercial sea mayor, por lo que las empresas venderán más y, por lo tanto, crearán más puestos de trabajo". Algo que, sin embargo, rechaza el europarlamentario Ernest Urtasun, del grupo Los Verdes/ALE y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos: "El libre comercio presupone la plena movilidad entre sectores productivos, algo que es ficticio. Si se produce pérdida de empleo en un sector, por ejemplo el ganadero, es probable que no encuentren otro puesto en otro".

Tribunal de arbitraje

También genera un gran debate el mecanismo de resolución de disputas. Según se recoge en el octavo capítulo del tratado, las diferencias entre las empresas y los diferentes Estados tendrán que dirimirse a través de lo que se ha llamado Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que contempla cortes de arbitraje para resolver las disputas sin necesidad de recurrir a los tribunales de justicia ordinarios. En este sentido, el CETA recoge que el ICS, elegido por un Comité Mixto formado por representantes de las dos partes, estará formado por 15 miembros: 5 de los Estados de la UE, 5 de Canadá y otros 5 de terceros países.

Los "miembros" del tribunal, señala el artículo 8.27, deberán tener "las cualificaciones necesarias en sus países respectivos para el ejercicio de funciones jurisdiccionales" o ser "juristas de reconocida competencia", además de "contar con experiencia demostrada en derecho internacional público". También, según establece el artículo 8.30, tendrán que ser "independientes", no estarán vinculados ni recibirán instrucciones de ningún gobierno u organización y cumplirán las directrices de la Asociación Internacional de Abogados sobre los conflictos de interés. 

Asimismo, el acuerdo con Canadá recoge en el artículo 8.28 la creación de un tribunal de apelación "para reconsiderar los laudos dictados". Los miembros, nuevamente, "serán nombrados a decisión del Comité Mixto del CETA" y podrán "confirmar, modificar o revocar" sobre la base de "errores en la aplicación o interpretación del derecho aplicable; errores manifiestos en la apreciación de los hechos, incluida la apreciación del derecho nacional pertinente". Los integrantes de esta 'corte' deberán cumplir los requisitos mencionados anteriormente.

Y, ¿cuándo los inversores podrán recurrir al mecanismo de resolución de disputas? El artículo 8.18 del acuerdo establece que se podrá acudir al ICS cuando la otra parte haya "incumplido" una obligación con respecto a la "ampliación, realización, explotación, gestión, mantenimiento, uso, disfrute y la venta o enajenación de su inversión cubierta" o en caso de que el inversor "alegue haber sufrido pérdidas o daños como consecuencia de la supuesta infracción". Sin embargo, y para "mayor seguridad", no podrá demandar si la inversión se ha realizado "mediante una declaración dolosa, ocultación, corrupción o un comportamiento que equivalga a un recurso temerario".

Sobre este aspecto, Urtasun sostiene que se trata de un sistema "privado" que no estará compuesto por "jueces": "Este mecanismo se inventó para aquellos países donde no había seguridad jurídica. Pero en este caso, donde sí la hay, se debería recurrir a los tribunales de justicia", señala el eurodiputado, que afirma, además, que el tratado con Canadá contempla litigar por lo que se conoce como lucro cesante, es decir, ganancias futuribles que dejará de obtener una empresa ante un cambio regulatorio. Y pone como ejemplo el caso de la tabacalera Philip Morris, que se enfrascó en una batalla legal contra Australia por cambios en su legislación sobre el tabaco.

Fisas, por el contrario, asevera que en el caso de los tribunales de arbitraje se está hablando de "jueces profesionales", y apunta que en el CETA se ha mejorado el mecanismo incluyendo el "sistema de apelación", algo poco frecuente en estos acuerdos comerciales. "No son nuevos. Antes, cuando se hacían los tratados bilaterales, ya había tribunales de arbitraje, pero eran completamente privados. Ahora se han mejorado", apunta el eurodiputado, que rechaza, además, que los inversores se puedan enfrascar en una batalla contra un Estado por lucro cesante. En este sentido, los defensores se escudan en que las autoridades tienen el derecho a regular en función del interés general.

Protección del medio ambiente

El acuerdo con Canadá dedica el capítulo 24 al comercio y medio ambiente. Un total de 16 artículos en los que se protege el derecho de cada parte a regular sobre asuntos medioambientales, se obliga a cada bloque a aplicar su legislación nacional en esta materia y se impide que la UE y Canadá ignoren o rebajen su legislación con el objetivo de impulsar el comercio. "Cada una de las Partes procurará garantizar que dicha legislación y dichas políticas contemplen y fomenten niveles elevados de protección del medio ambiente, y se esforzará por seguir mejorando dicha legislación y dichas políticas, así como los niveles de protección correspondientes", señala el artículo 24.3.

En este sentido, el tratado con Canadá completa su 'compromiso' a través de un segundo capítulo, el de desarrollo sostenible (número 22), en el que los dos bloques sostienen que el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección medioambiental son interdependientes y "reconocen la importancia de abordar las cuestiones de desarrollo sostenible evaluando las posibles repercusiones económicas, sociales y medioambientales de las posibles medidas, teniendo en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas". 

Por ello, las partes deberán facilitar un Foro, en el que participen organizaciones de la sociedad civil, para llevar a cabo un diálogo sobre estos aspectos. Para el eurodiputado del PP, por lo tanto, no "debería haber problemas a la hora de proteger los derechos ambientales". "Las normativas canadienses en esta materia son muy parecidas a las europeas, lo que no sucede con otros países. Son muy estrictas", explica Fisas.

Sin embargo, los detractores aseguran que castigará el medio ambiente. Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo, defiende su postura afirmando que el tratado "es un obstáculo en la lucha contra el cambio climático" porque "incentiva el transporte transatlántico, la comercialización del petróleo, el fracking o las arenas bituminosas". "En octubre de 2014, la presión de Canadá en el marco de la negociación del CETA llevó a debilitar la Directiva sobre la calidad de los combustibles de la UE con el objetivo de facilitar la importación de estas arenas bituminosas a nuestro continente", sentencia en conversación con este diario.

Otro de los asuntos que ponen sobre la mesa los críticos es la ausencia de sanciones. En este sentido, es cierto que el acuerdo sólo contempla que en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en materia medioambiental se acudirá a un grupo de expertos que tendrá que pronunciarse al respecto. Si en el informe final que emitirán se concluye que alguna de las partes no ha cumplido, 'infractor' y 'recurrente' abrirán "un debate y se esforzarán (...) por determinar las medidas apropiadas o, en su caso, decidir sobre un plan de acción mutuamente satisfactorio".

¿Privatización de servicios públicos?

El tratado dedica todo el capítulo 9 al comercio transfronterizo de servicios. Ocho artículos en los que se facilita a particulares y empresas de la UE la prestación de servicios a clientes canadienses o viceversa. En este sentido, los dos bloques se comprometen a garantizar un acceso justo y equitativo a estos mercados, concediendo cada una de las partes a los prestadores de servicios y a los servicios "un trato no menos favorable que el que concede" a los suyos propios. Además, ni la UE ni Canadá podrá imponer limitaciones, "en todo su territorio o en un territorio con un nivel de administración nacional, provincial, territorial, regional o local", al número de prestadores de servicios.

Sin embargo, el capítulo "no es aplicable" a una medida que afecte a: los servicios prestados en el ejercicio de facultades gubernamentales; los servicios financieros; la contratación pública por una parte de un bien o un servicio que se adquieran para fines oficiales y no estén destinados a la reventa comercial ni a su utilización en el suministro de un bien o un servicio para la venta comercial; o los servicios de transporte aéreo, los conexos de apoyo a los servicios aéreos y otros servicios prestados por medios de transporte aéreo –con algunas excepciones recogidas en el artículo 9.2–. Además, en el caso de Canadá quedan fuera las industrias culturales y en la UE, los servicios audiovisuales.

Con todo esto sobre la mesa, los detractores del tratado se muestran convencidos de que no se evitan las privatizaciones de servicios públicos. "No se incluye ninguna cláusula horizontal que los excluya", señala Urtasun, que asevera que si, por ejemplo, el Ejecutivo francés decidiese privatizar el sistema sanitario y pasasen a gestionarlo empresas canadienses, el acuerdo con el país norteamericano "complicaría" que el Gobierno galo en un futuro pudiese dar marcha atrás para hacerlo público de nuevo. "Estas compañías llevarían al Estado ante el tribunal de arbitraje", afirma el eurodiputado.

Algo que rechazan, sin embargo, los defensores del CETA. "En ningún caso el sistema europeo de protección de servicios sociales va a cambiar en lo más mínimo", apunta Fisas. Y recuerdan que así quedó reflejado en la declaración conjunta que rubricaron las dos partes. Un texto en el que, en su cuarto punto, establece que la UE y Canadá "afirman y reconocen el derecho de los gobiernos, a todos los niveles, a facilitar y apoyar la prestación de servicios que consideren servicios públicos incluidos los de ámbitos como la salud pública y la educación, los servicios sociales y la vivienda y la recogida, purificación y distribución de agua".

Además, en este mismo apartado, se recoge que el CETA "no impide a los gobiernos que definan y regulen la prestación de estos servicios en favor del interés público" ni tampoco les exigirá "que privaticen ningún servicio" o bloqueará que los "amplíen". "No impedirá a los gobiernos que presten servicios públicos que anteriormente prestaran proveedores de servicios privados ni les impedirá que los servicios que habían decidido privatizar vuelvan a ser públicos", recoge la declaración conjunta, que añade que el tratado "no implica convertir irreversiblemente en parte del sector comercial un servicio público contratado a proveedores privados".

Denominaciones de origen

Otro de los aspectos en cuestión tiene que ver con lo que en el texto se recoge, en el capítulo 20, como Indicaciones Geográficas –la denominación de origen de los productos–. En este sentido, acuerdo de libre comercio establece que Canadá y la UE las "protegerán" e impedirán "el uso de una indicación geográfica de la otra parte" –todas las que están cubiertas aparecen recogidas en el Anexo 20-A– que "no sea originario del lugar de origen especificado" o que, a pesar de serlo, "no haya sido producido o fabricado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la otra parte que se aplicarían si el producto estuviera destinado a su consumo en la otra parte".

Además, el CETA  impide "la utilización de cualquier medio en la designación o presentación de una mercancía que indique o sugiera que la mercancía en cuestión proviene de una zona geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error sobre el origen geográfico de la mercancía". El texto también recoge la posibilidad de que la lista de Indicaciones Geográficas pueda ser en un futuro "modificada", añadiendo nuevas o eliminando aquellas que "hayan dejado de estar protegidas o hayan caído en desuso".

En concreto, el listado de la Unión Europea recoge más de 150 denominaciones de origen de los Estados miembro. De ellas, un total de 27 son españolas, divididas en seis grupos: aceites y grasas de origen animal –Baena, Sierra Mágina, Aceite del Baix Ebre-Montsía, Oli del Baix Ebre-Montsía, Aceite del Bajo Aragón, Antequera, Priego de Córdoba, Sierra de Cádiz, Sierra de Segura, Sierra de Cazorla, Siurana, Aceite de Terra Alta, Oli de Terra Alta, Les Garrigues y Estepa–, carnes –Guijuelo, Jamón de Huelva, Jamón de Teruel, Salchichón de Vic y Llonganissa de Vic–, quesos –Mahón-Menorca y Queso Manchego–, frutas –Cítricos Valencianos y Cîtrics Valancians–, panadería y confitería –Jijona y Turrón de Alicante– y especias –Azafrán de la Mancha–.

La presidenta del PSOE criticó este viernes que sólo sean "27 de 246". Algo que también lamenta Urtasun en conversación con infoLibre: "Deberían estar todas cubiertas. La consecuencia de la ausencia de algunas de ellas es que se pueda empezar a producir un producto y se venda con una denominación de origen que realmente no tiene. Todo eso, claro, con el correspondiente impacto a la industria afectada", asevera el eurodiputado español.

Sin embargo, los defensores del tratado explican que sólo se cubren aquellas susceptibles de ser imitadas, no todas. "Es un avance. Hay que recordar que hasta ahora no se protegía ninguna y se estaba comerciando con Canadá", apostilla Fisas, que afirma que todas aquellas que son "más importantes" están bien cubiertas en el acuerdo.

Preocupación en el sector agrícola y ganadero

Los sectores agrícola y ganadero son los que más preocupados están ante el desembarco de las empresas canadienses. El pasado mes de febrero la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) calificó el tratado de libre comercio como un nuevo "acuerdo injusto" con el que la sociedad europea, y en especial el sector primario, "no sacará nada en claro y sí verá aparecer nuevos competidores que dificultarán su supervivencia". Su preocupación es que el CETA favorezca a las grandes multinacionales comercializadoras y no a la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos.

En este sentido, la Comisión Europea asegura que el acuerdo permitirá que las pequeñas empresas prosperen. Preguntado por las posibles consecuencias que puede tener en el sector agrícola y ganadero, el miembro en la Comisión de Comercio Internacional del PP reconoce que, como en cualquier tratado, "siempre habrá un sector que puede salir más perjudicado", pero rechaza afirmar si en el caso del acuerdo con Canadá pueden ser los pequeños agricultores y ganaderos. "Hay que mirar el tratado en la globalidad", recalca.

Los detractores, sin embargo, tienen claro que no serán pymes las que saquen mayor tajada con el CETA, sino que serán las grandes empresas. "El 99% de las pequeñas y medianas empresas no exportan más allá del Atlántico. En realidad el riesgo que corren es una caída de su cuota de mercado en la Unión Europea debido a la competencia con las grandes compañías canadienses", aseguraron a finales de octubre en un artículo en eldiario.es varios diputados del Progressive Caucus del Parlamento Europeo. 

En declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press, la portavoz parlamentaria ha reconocido que la nueva posición se tomó el pasado lunes en la reunión de la Ejecutiva socialista de Pedro Sánchez y los diputados en el Congreso no conocieron la decisión hasta el martes, lo que podría haber provocado malestar en algunos sectores de la bancada socialista.

Robles ha reiterado que los diputados del PSOE optarán por la abstención en la votación del CETA el jueves de la semana que viene, y ha dado por bueno el debate que se ha generado sobre un tratado que, lo ha reconocido, apenas conocía hasta hace unos meses.

"Son 1.600 folios, y se está hablando con mucho desconocimiento. Yo le confesaré que la primera vez que se votó en el Congreso sobre el CETA lo hice sin tener mucho conocimiento, pero ya comenté que el tratado, desde el punto de vista jurídico, me preocupaba y tenía cosas que me parecían discutibles", ha explicado.

El Gobierno y el Partido Popular Partido Popularno ocultan su malestar por el viraje de los socialistas en lo relacionado con el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA. Los conservadores no entienden por qué apuestan ahora por la abstención y no por el 'sí', como inicialmente se contaba.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, Rajoy insistió en que siempre ha estado a favor del comercio exterior. "Nosotros, España, seguiremos defendiendo siempre el libre comercio", dijo al tiempo que sostuvo que es "muy difícil explicar" por qué se oponen a un acuerdo con un país como Canadá. Y señaló que él tendría complicado explicar en Bruselas la oposición de España.

El CETA también fue uno de los asuntos más repetidos en las preguntas de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la comparecieron el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, y el titular de Economía, Luis de Guindos.

Guindos consideró que este acuerdo es "impecable desde muchos puntos de vista" y llamó a los socialistas a abrir una reflexión. "Que sea coherente y España no ponga en cuestión esto".

Por su parte, Méndez de Vigo, admitió que al Gobierno le "preocupa" el viraje de los socialistas. "Es un tratado de toda la UE, que España no puede modificar. Sería malo que el Partido Socialista no estuviera en ese consenso".

"Un PSOE completamente podemizado"

Mientras, desde el PP, el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, consideró que la rectificación de los socialistas "dibuja un PSOE completamente podemizado, sin rumbo, confuso, errático, radicalizado y populista".

En la inauguración de la Escuela de Verano del PP aragonés, que se celebra en Tarazona, Maillo recordó que este Tratado ya ha sido votado favorablemente por parte de los eurodiputados socialistas españoles en el Parlamento Europeo y de los diputados socialistas en el Congreso, "y ahora resulta que es malo para los españoles, a ver cómo lo argumentan".

El dirigente conservador explicó que "el tratado no es un peligro para los españoles, ya que supone nuevas oportunidades para las pymes españolas, y conlleva apostar por una economía de puertas abiertas frente al proteccionismo y al aislacionismo".

"Con esta decisión el PSOE abandona sus posiciones tradicionales europeístas", añadió. "Ahora hay dos Podemos, uno morado y otro rojo. Para saber lo que ocurre en el PSOE, más que preguntar a Pedro Sánchez hay que preguntar a Pablo Iglesias. Lo que haga Pablo Iglesias es un testimonio de lo que puede hacer Sánchez. Parecen una pareja pendiente de una fecha de boda", indicó.

"Un poco precipitado"

Este mismo viernes, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, admitió que el viraje de la posición de los socialistas frente al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), pasando de apoyarlo a la abstención, ha sido "un poco precipitado".

En declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press, la portavoz parlamentaria reconoció que la nueva posición se tomó el pasado lunes en la reunión de la Ejecutiva socialista de Pedro Sánchez y los diputados en el Congreso no conocieron la decisión hasta el martes, lo que podría haber provocado malestar en algunos sectores de la bancada socialista.

Robles reiteró que los diputados del PSOE optarán por la abstención en la votación del CETA el jueves de la semana que viene, y dio por bueno el debate que se ha generado sobre un tratado que, según admitió, apenas conocía hasta hace unos meses.

"Son 1.600 folios, y se está hablando con mucho desconocimiento. Yo le confesaré que la primera vez que se votó en el Congreso sobre el CETA lo hice sin tener mucho conocimiento, pero ya comenté que el tratado, desde el punto de vista jurídico, me preocupaba y tenía cosas que me parecían discutibles", explicó.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido el viraje de la posición de su partido ante el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), y ha advertido que pone en peligro 200.000 puestos en la Unión Europea, citando un informe de la Comisión de Empleo de Parlamento Europeo.

En una entrevista a Radio Nacional recogida por Europa Press, Narbona ha expuesto argumentos para el cambio de posición del PSOE, como "el exceso de protección a inversores extranjeros" con "la creación de discutibles tribunales de arbitraje", o el hecho de que "no proteja más que a 27 de las 246 denominaciones de origen" españolas en una "industria fundamental" como la agroalimentaria.

Del mismo modo, la presidenta del PSOE ha respondido a las declaraciones del comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, que este pasado jueves, tras reunirse con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó que no es incompatible ser de izquierdas y apoyar la globalización.

"No cuestionamos la globalización sino una forma de globalizar que ha ido encaminando la libertad plena de los capitales a costa de los derechos ambientales, sociales y laborales", ha expuesto Narbona recordando que la votación del CETA en el Parlamento Europeo ya generó disensión entre los eurodiputados de partidos socialistas.

Del mismo modo, la presidenta del PSOE ha negado que el movimiento del PSOE responda a un acercamiento a Podemos, asegurando que la nueva posición ante el CETA estaba "desde febrero" en el documento de campaña de Pedro Sánchez para las primarias a la Secretaría General del partido.

Narbona anunció el pasado miércoles el cambio de posición del PSOE sobre este asunto. "No lo vamos a apoyar", respondió Narbona en su cuenta en la red social Twitter a un usuario que le había advertido de que apoyar el CETA "no es de izquierdas".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, confirmó este jueves que su partido no ratificará el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) en el Parlamento español. Las declaraciones del líder socialista llegan después de que su grupo diese luz verde, junto al PP y Ciudadanos, al dictamen del Tratado en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara baja y rechazase, tal y como había pedido Unidos Podemos, presentar un recurso previo de inconstitucionalidad. "Nuestra posición será la abstención", sentenció Sánchez en referencia a la futura votación en el Pleno del Congreso y Senado, donde no obstante todo apunta a que cosechará el apoyo necesario para ser finalmente ratificado.

El cambio de postura de los socialistas, que adelantó el pasado martes en Twitter la nueva presidenta del partido, Cristina Narbona, ha pillado con el pie cambiado a sus eurodiputados, que en Bruselas han defendido con firmeza un acuerdo económico con Canadá que ha dividido durante los últimos años al grupo socialdemócrata –frente al rechazo de los belgas y algunos franceses en Estrasburgo, el voto favorable de las delegaciones española, alemana e italiana–. "Canadá es un país con el que conviene estar a bien", señaló este jueves la vicepresidenta del Grupo Socialista en el Eurocámara, Elena Valenciano, quien aseguró, no obstante, que respetará "lo que el partido decida".

También criticó el giro dado el secretario general del PSPV y presidente valenciano, Ximo Puig, que recordó en una entrevista en la Cadena Ser que con el CETA, que elimina casi todos los aranceles que gravan los intercambios entre la UE y Canadá, sectores como "el calzado o la cerémica" se verían "muy beneficiados". En este sentido, aunque afirmó que "si hay problemas legales o de seguridad deben resolverse", pidió al partido "seguridad y certidumbre". Según datos ofrecidos por la Comisión Europea, actualmente casi 200 empresas localizadas en la Comunitat Valenciana exportan al país norteamericano sus productos.

Incluso el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, el socialdemócrata Pierre Moscovici, aprovechó su visita a España para intentar que Sánchez, con el que se ha reunido, cambiase su opinión sobre un CETA que considera el acuerdo "más progresista que ha firmado la UE". Sin embargo, el secretario general del PSOE no se movió de su decisión e informó de que los socialistas se abstendrán. "En 1.600 páginas del tratado, sólo hay 4 sobre nuestros derechos medioambientales. Tenemos diferencias en el modo de resolución de disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación del tratado", argumentó Sánchez.

Derechos medioambientales

La primera preocupación de los socialistas tiene que ver con los derechos medioambientales. Y así lo reconoce en conversación con infoLibre Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del PSOE: "El tratado, además de manera abrumadora, se dedica mucho más a establecer las provisiones de seguridad de las empresas multinacionales que las previsiones respecto a la vulneración del medio ambiente". Para la formación es algo suficientemente "serio" como para que este tema no se quede simplemente en "prosa y deseos".

El acuerdo con Canadá [consultar aquí en PDF] dedica el capítulo 24 al comercio y medio ambiente. Un total de 16 artículos en los que se protege el derecho de cada parte a regular sobre asuntos medioambientales, se obliga a cada bloque a aplicar su legislación nacional en esta materia y se impide que la UE y Canadá ignoren o rebajen su legislación con el objetivo de impulsar el comercio. En este sentido, también se reconoce el "valor" de los "acuerdos comerciales internacionales en materia medioambiental", algo que consideran "un pilar fundamental del desarrollo sostenible".

Los socialistas creen que, en este punto, habría "estado bien" que las dos partes "hubieran establecido compromisos conjuntos" de cumplimiento del Acuerdo de París porque, en palabras de Escudero, "en este momento nos la estamos jugando con el cambio climático". Y lamentan que no se haya establecido un sistema de penalización en el CETA para castigar los casos de incumplimiento de los derechos medioambientales. "Todo esto nos plantea una objeción razonable", explican desde el partido.

Derechos laborales

Por otra parte, la formación capitaneada por Pedro Sánchez también duda que los derechos laborales estén bien salvaguardados en el CETA. Todo lo relacionado con el comercio y el trabajo se encuentra recogido en el capítulo 23 del acuerdo comercial, compuesto por un total de 11 artículos en los que, entre otros aspectos, se protege el derecho de cada una de las partes a regular sobre asuntos laborales y se impide que se ignoren las normas laborales con el objetivo de impulsar el comercio. Además, tanto la UE como Canadá se comprometen a respetar las normas en materia laboral establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como a ratificar y aplicar sus convenios fundamentales y cooperar con ella.

Pero los detractores del tratado ven sólo "buenas intenciones". "No hay obligación de cumplir con la protección de los derechos laborales", asevera Tom Kucharz, portavoz de la plataforma Stop TTIP-CETA, que señala que si alguna empresa o inversor los viola "no sufrirá sanciones" de la contraparte. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en este sentido, recoge el capítulo, se acudirá a un grupo de expertos que tendrá que pronunciarse al respecto. Si en el informe final se concluye que alguna de las partes no ha cumplido, 'infractor' y 'recurrente' abrirán "un debate y se esforzarán (...) por determinar las medidas apropiadas o, en su caso, decidir sobre un plan de acción mutuamente satisfactorio".

Esto no es suficiente ni para Kucharz ni para el PSOE. "La resolución de disputa queda en un terreno de resolución absolutamente voluntario. Si hay acuerdo, lo hay, y si no, no pasa nada", critica Escudero en conversación con este diario. En este sentido, del mismo modo que se quejaba en el caso de los derechos medioambientales, el recién elegido secretario de Política Económica y Empleo lamenta que no se establezca un procedimiento sancionador para castigar estos incumplimientos: "Sólo tiene como mecanismo previsto de resolución un proceso no vinculante de discusiones y reglamentaciones".

Mecanismo de resolución de disputas

Las disputas entre las empresas y los diferentes Estados se dirimirán, tal y como se recoge en octavo capítulo del acuerdo, a través de lo que se ha llamado Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que contempla cortes de arbitraje para que los inversores extranjeros puedan demandar a los países y resolver así las disputas sin necesidad de recurrir a los tribunales ordinarios. En este sentido, el CETA recoge que el ICS, elegido por un Comité Mixto formado por representantes de las dos partes, estará formado por 15 miembros: 5 de los Estados de la UE, 5 de Canadá y otros 5 de terceros países. Todos ellos, durante un plazo de cinco años.

Para los detractores del acuerdo con Canadá, es "enormemente peligroso" porque los miembros son "abogados en derecho comercial" que ni son "independientes" ni tampoco se eligen "democráticamente". "Es contrario al Estado de derecho", apunta el portavoz de la campaña Stop TTIP-CETA, que critica que estos "abogados" vayan a cobrar "en función de los litigios". "Además, no se establecen periodos de enfriamiento para evitar la falta de independencia de aquellos que hayan trabajado para el sector privado", concluye.

Aunque Escudero reconoce que "los compañeros socialdemócratas que han peleado en Bruselas han conseguido mejorar mucho el mecanismo de arbitraje que se propuso en un primer momento", se muestra preocupado, en primer lugar, por su "naturaleza semipública". "No es un organismo que entre dentro del sistema de jurisdicción europeo", señala el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, que considera que "no va a ser accesible a los ciudadanos europeos y pequeñas instituciones" porque van a tener "muchas dificultades para enfrentarse a grandes inversores y multinacionales".

Además, no ven con buenos ojos la introducción de lo que se conoce como lucro cesante. "Las empresas e inversores podrán litigar no sólo por pérdidas actuales, sino que también tienen la opción de embarcarse en litigios de compensación por ganancias futuribles cuando un cambio en las políticas públicas pudiera afectar a sus inversiones", sostiene Escudero, que muestra sus dudas de que el tratado de libre comercio con Canadá "hubiese pasado un test de aprobación en el Tribunal Constitucional".

A la abstención anunciada por Pedro Sánchez:

Pasando por el sí de la eurodiputada socialista Elena Valenciano. Todo muy coherente:

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, celebró este jueves que el PSOE se replantee su apoyo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA —por sus siglas en inglés—, y le ha dado "la bienvenida al campo de la democracia, la defensa de los derechos sociales y la soberanía". Eso sí, ha avisado de que "todavía tienen mucho que demostrar".

En declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, Iglesias ha señalado que es "una buena noticia" que el PSOE vaya abandonar su postura de apoyo al CETA y, de esta forma, "que se vaya alejando del PP y de Ciudadanos" y "acercándose a Podemos" aunque ha rechazado hablar de una "podemización" de los socialistas.

"Eso no es que sea bueno para nosotros, es bueno para el país y para las mayorías sociales", ha matizado. No obstante, ha advertido de que su formación quiere ver cómo el "nuevo PSOE" de Pedro Sánchez transforma sus palabras en hechos, para poder comprobar si las buenas expectativas que han generado a nivel discursivo se hacen realidad.

Por ello, ha señalado que "todavía tienen mucho que demostrar", aunque "pasos" como el cambio de posición ante el CETA "son positivos". "Le damos la bienvenida al campo de la democracia, de la defensa de los derechos sociales y de la soberanía", ha reafirmado.

Objetivo: echar al PP

En esta línea, Iglesias ha asegurado que ve con buenos ojos la propuesta de Sánchez de acordar un plan de rescate a los jóvenes, pero ha defendido la necesidad de abordar más cuestiones en la reunión que mantendrán el próximo martes en el Congreso para retomar el diálogo.

De hecho, el líder del partido morado tiene la firme intención de poner sobre la mesa en este encuentro la necesidad de impulsar una nueva moción de censura para sacar de La Moncloa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de Navidad, aunque el PSOE ya haya manifestado que, de momento, no tienen pensado estudiar esta posibilidad.

"En un país con esta tasa de desempleo juvenil claro que hay que proteger a los jóvenes, pero le plantearemos meter más cosas en el orden del día porque hay que hacer muchas políticas económicas", ha afirmado.

Además, ha defendido que ya en el debate de la moción de censura a Rajoy se demostró que es posible "construir una mayoría alternativa" y sin Ciudadanos. Según Iglesias, aunque el partido de Albert Rivera puede sumarse "en algunas votaciones" y es "bienvenido", en realidad "quiere estar con el PP". "Hay vida más allá de Ciudadanos", ha apostillado.

"Claro que puede haber 180 diputados que pueden buscar acuerdos para sacar al PP de las instituciones. Ojalá Ciudadanos estuviera ahí, pero ha decidido estar con el PP", ha enfatizado.

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, el dirigente europeo consideró este jueves que ese texto tiene en cuenta las exigencias ambientales, sanitarias, la diversidad cultural y no discute las especificidades agrícolas.

El también exministro de Economía y Finanzas francés se reunió en la mañana de este jueves con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que canceló a última hora de este miércoles un viaje que tenía previsto a Bruselas.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, confirmó al comisario europeo que su partido se abstendrá en la ratificación del acuerdo comercial UE-Canadá en el Congreso de los Diputados la semana próxima. En el encuentro que mantuvieron en la sede de las instituciones europeas en Madrid, Sánchez explicó a Moscovivi los motivos que están detrás del cambio de posición de los socialistas españoles respecto al CETA, que hasta ahora habían apoyado, como respalda también el propio Moscovici.

"En 1.600 páginas del Tratado, sólo hay 4 sobre nuestros derechos medioambientales. Tenemos diferencias en el modo de resolución de disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación al Tratado", enumeró Sánchez, en declaraciones recogidas en un comunicado del PSOE. Tras precisar que el PSOE es partidario de "una apertura comercial internacional" y "firmes defensores de una relación estrecha con Canadá", advirtió de que hay vías intermedias entre abrir totalmente las fronteras como quiere el Partido Popular y "el proteccionismo al que se abraza Unidos Podemos".

"La vía socialista es la de la izquierda de Gobierno: la que combina de manera efectiva los procesos democráticos y los derechos laborales y medioambientales", defendió Sánchez, que aboga por que este tipo de tratados se negocien contando con la sociedad civil.