La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa en la que la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, estaba procesada por un presunto delito de desobediencia por su supuesta participación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

En un auto consultado por Europa Press este viernes, el tribunal decide archivar la causa porque tanto Gabriel como la Fiscalía pidieron a hacerlo y la otra acusación, Vox, no se ha pronunciado en el plazo que tenía para hacerlo.

Por eso, el tribunal ha acordado el sobreseimiento libre de la causa y el archivo definitivo, una decisión que llega un año después de que las diligencias llegaran a la Audiencia de Barcelona desde el Tribunal Supremo (TS).

La causa se instruyó en el Supremo de la mano del instructor del procés, Pablo Llarena, y se trasladó a Barcelona después de que tanto la Fiscalía como la defensa de Gabriel lo reclamaron porque ya no era aforada.

El instructor concluyó el sumario después de tomar declaración a Gabriel, que compareció voluntariamente en el Supremo tras volver de Suiza, donde había estado desde que fue procesada en 2018 y donde vive actualmente.

En ese momento, la Fiscalía pidió trasladar la causa a la Audiencia de Barcelona con la intención de que este tribunal la juzgara acusada de desobediencia, pero finalmente ha desistido de su acusación, considera que no cometió ningún delito y ha reclamado el archivo que ya han acordado los jueces.

Durante la instrucción de la causa, Gabriel declaró en el Supremo y negó haber cometido un delito de desobediencia por su supuesta implicación en la DUI.

La ex diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha comparecido voluntariamente este martes en el Tribunal Supremo y se ha puesto a disposición del mismo para regularizar su situación procesal, tras lo cual el magistrado Pablo Llarena ha dejado sin efecto la declaración de rebeldía, dejándola en libertad, al tiempo que ha avanzado que la llamará a declarar, informa Europa Press.

Gariel, diputada catalana hasta su destitución el 28 de octubre de 2017 en aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, ha acudido al alto tribunal acompañada de su nuevo abogado, si bien ha rehusado hacer declaraciones a la prensa. Procesada en marzo de 2018 por su posible implicación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña, la investigada se encontraba huida en Suiza desde febrero de 2018 y fue declarada en rebeldía en julio de 2018.

Precisamente, su intención era la de regularizar esta situación. El magistrado instructor, en un auto dictado este mismo martes ha acordado dejar sin efecto la declaración de rebeldía y citarla para declarar en fechas cercanas, si bien hasta entonces permanecerá en libertad. Gabriel estaba investigada como autora de un delito de desobediencia, pero no existía ninguna orden europea o internacional de detención y entrega porque dicho delito no lleva aparejada pena de prisión, solo multa de hasta un año e inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta dos años de duración.

No obstante, sí existía una orden nacional de detención para que fuera puesta a disposición del TS con el objetivo, precisamente de tomarle declaración, ante la imposibilidad legal de continuar el procedimiento contra ella sin haberla escuchado antes. Una vez que se ha entregado, Llarena también ha acordado dejar sin efecto "la busca, detención y presentación ordenada contra ella", si bien ha subrayado que tiene la obligación de "comparecer cuantas veces fuera llamada".

Además, le ha ordenado que deje un domicilio y teléfono donde pueda ser localizada "inmediatamente", "con apercibimiento de que cualquier incumplimiento de las obligaciones impuestas conllevaría la modificación de su situación personal".

Se da la circunstancia de que Gabriel ha dado este paso con su nuevo abogado, Iñigo Iruín Sanz, el mismo que acompañó en marzo de 2021 a la ex consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret para que se entregara también al TS procedente de Bruselas, donde estaba desde octubre de 2017.

En su caso, estaba procesada igualmente por la DUI pero por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, y pesaba contra ella una orden de detención nacional para tomarle declaración.

La exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel será la primera mujer que ha sido elegida para dirigir el sindicato suizo Unia Genève en la región de Ginebra, mayoritario en el país, donde reside desde 2017.

Según ha informado el diario suizo Tribune de Genève y recoge Europa Press, la exdirigente cupaire logró este martes la designación con una "gran mayoría" de votos en la asamblea de delegados regionales del sindicato, y sustituirá a Alessandro Pelizzari, que dejó el cargo hace 18 meses.

"Soy alguien que lleva el rojo en el fondo de su corazón", ha asegurado Gabriel, que asumirá el cargo el jueves rodeada de un equipo femenino, y también ha defendido que los derechos de los asalariados serán el centro de sus pensamientos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vislumbrado el "fin de la época oscura del desgobierno" independentista en las próximas elecciones catalanas del 14 de febrero en las que cree que se impondrá el candidato socialista, el exministro de Sanidad Salvador Illa. En un acto en Tarragona junto a Illa y a la candidata por esta circunscripción Rosa Ibarra que recoge Europa Press, ha expresado que con un cambio en el Ejecutivo quiere "poner fin y pasar página de los desgobierno independentistas que no han gobernado para la Cataluña real".

El presidente también considera que la época oscura de la pandemia "empieza a aclararse" tanto en España como en el resto de Europa y ha destacado el cambio de estrategia de la UE con respecto a la crisis de 2008 en la que se apostó por la austeridad, ha recordado Sánchez. "Se pone fin a una doctrina que se visualizó como peligrosa que es la del austericidio", que según él desprotegía a la ciudadanía, y ahora se apuesta por una suerte de súper plan Marshall -en sus palabras- que vendrá de la mano de los Fondos de Recuperación Europeos.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que, antes de la pandemia, tanto Europa como el resto del mundo estaba pasando por la época oscura a la que hacía referencia y ha destacado la protagonizada por el expresidente de EEUU Donald Trump, que ha calificado de "grotesco". "Tras él estoy convencido de que van a desfilar al mismo fin y mismo destino todos los dirigentes que han copiado los métodos del trumpismo, que son la división, la mentira y el ataque a las instituciones legítimas democráticas", ha vaticinado.

También augura un cambio para Cataluña tras la gestión del Govern independentista con el que se ha mostrado muy crítico porque considera que ha fomentado "la división" en lugar de trabajar para solventar las necesidades de los catalanes. Ha asegurado que los independentistas "viven de la bronca y del problema" y ha asegurado que los socialistas buscan todo lo contrario para conseguir que Cataluña supere la actual situación y avance.

El presidente ha recordado los recortes que se han producido desde la Generalitat en el estado del bienestar en los últimos 10 años de "decadencia" de Cataluña y los ha contrastado con su gestión al frente del Gobierno central. Ha destacado, por ejemplo, los 7.000 millones de euros que el Gobierno prevé inyectar en empleo entre los meses de enero y mayo, y las inversiones que han impactado directamente en Tarragona. "Más de 32.000 autónomos han recibido ayudas desde el inicio de la pandemia porque creemos en el autoempleo; y 12.000 empresas se han acogido a las líneas ICO para movilizar 170 millones de euros", ha remarcado.

También ha recordado que en 2020 Cataluña destinó a la sanidad pública 9.700 millones, pero en que 2010 se destinaron 10.000, lo que genera que en sanidad se destine en Cataluña un 3,7 por ciento del PIB, lejos de 6,2 que invierte en España. Por eso, ha erigido al socialismo como el garante del estado del bienestar que ve en riesgo con las gestiones de los gobierno independentistas que pide cambiar.

Para lograr ese cambio de gobierno, tanto Sánchez como Illa han insistido en que la participación el 14F tiene que ser masiva y han llamado a todos aquellos que tengan dudas de votar por la situación de emergencia sanitaria que lo hagan por correo.

Por su parte, Salvador Illa ha anunciado este sábado su plan de crear un Consorcio de Industrialización y Desarrollo Económico para impulsar el sector ante la "desidia y desinterés" que atribuye al Govern. Con esta propuesta, Illa pretende "impulsar el desarrollo económico, generar nuevas áreas de centralidad, la formación profesional dual y generar ocupación de calidad", ha detallado.

Ciudadanos

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha acusado a los partidos independentistas de haber concedido el tercer grado a los presos del 1-O porque están muy nerviosos ante los posibles resultados del 14F, y ha llamado a la movilización del voto constitucionalista: "Es la única manera de que Junqueras no esté en la Generalitat". "Los han dejado salir fuera precisamente por la campaña. Creo que esto es muestra de que el independentismo está nervioso porque ven que, si concentramos el voto en Cs, no podrán ganar. No le demos a ERC la oportunidad de resucitar el 'procés' con el PSC", ha dicho en declaraciones a los periodistas este sábado en Barcelona.

Arrimadas ha afeado a ERC y Junts que se hagan "mítines multitudinarios vitoreando a sus líderes" -como los de este viernes- mientras se mantienen bares y comercios cerrados como consecuencia de las restricciones por la pandemia en Cataluña.

Por eso, ha insistido en que la clave para estas elecciones será la participación y la movilización, y llama a todas las personas que no quieran "seguir con este Govern de ERC, Junts o un tripartito, que salgan a votar". "Con un tripartito del PSC con ERC alargaríamos el procés y daríamos indultos y tendríamos a Junqueras en la Generalitat procés decidiendo sobre la educación de nuestros hijos", ha remarcado.

Sobre el anuncio de la retirada de los carteles de campaña de Cs este viernes por la noche, Arrimadas ha afirmado que se han retirado pero que no tiene "todos los detalles de lo que pasa en la campaña".

Junts

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha prometido activar la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017 en la próxima legislatura si la suma de los partidos independentistas supera el 50% de votos el 14 de febrero y puede formar un Govern "fuerte y unido". "Será necesario que todos los actores del independentismo hagan los preparativos necesarios para hacerla efectiva y deben culminar con la activación de la declaración de independencia firmada el 10 de octubre de 2017 y votada en el Parlament el 27 de octubre", ha dicho en un acto en el Arc de Triomf de Barcelona, junto al secretario general del partido, Jordi Sànchez, y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.

También ha anunciado que, si gana y es presidenta de la Generalitat, llamará a los cabezas de lista de ERC, Pere Aragonès; de la CUP, Dolors Sabater, y del resto de fuerzas independentistas para formar "un Govern independentista decidido, fuerte y unido".

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (Junts) ha pedido "desconfiar" de quienes quieren renunciar a lo representó el referéndum del 1-O, en alusión implícita a ERC, y ha dejado claro que su partido nunca lo hará. "Abandonad toda esperanza, los de un lado y los del otro, de que Junts abandone o renuncie a los aprendizajes de lo que representó el 1-O. Desconfiad de los que dicen esto", ha dicho en su intervención telemática desde Waterloo (Bruselas.

Según Puigdemont, durante el 1-O los catalanes aprendieron a autoorganizarse y a conocer lo fuertes que pueden tener si se movilizan, y que la política y las instituciones son instrumentos "al servicio de las ideas, de las causas y las personas, y que es reforzar este vínculo es reforzar la democracia". "Aquel día aprendimos una manera de ganar, de celebrar victorias y que, cuando un país va unido, gana. Aprendimos a no tener miedo de ganar, y a confiar más en nosotros mismos", ha reivindicado el expresidente catalán, que considera que lo que más molestó a los poderes del Estado es que, a su juicio, los catalanes ganaron.

ERC

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicado este sábado la gestión de los republicanos en el Govern, frente a los casos de corrupción que en las últimas décadas han tenido "los de siempre", aunque no ha mencionado explícitamente ni a JxCat ni al PSC. En un acto acto de campaña telemático sobre municipalismo, ha reiterado que ERC tiene 90 años de historia sin haber tenido ni un caso de corrupción y ha dicho que "ellos no lo pueden decir. Casos de corrupción tienen muchos, para parar un tren".

"Por eso se desesperan tanto. Por eso es tan importante que los votos republicanos de este país y los que quieren tener un Govern útil voten a ERC. Los votos de todos, los votos de todos los que quieren la independencia para un Govern decente ", ha dicho. Ha explicado que el viernes, tras salir de prisión con el tercer grado, consultó las redes sociales: "A los de siempre no les gusta que le digamos lo de siempre, pero, en cambio, los de siempre son los de siempre, los que han mandado siempre y han hecho lo mismo de siempre".

El líder republicano ha reivindicado la gestión de ERC durante la pandemia: "Hemos hecho las cosas mucho mejor que muchos de los otros", por lo que cree que para garantizar un gobierno útil para la ciudadanía es necesario que los republicanos estén en la Presidencia. "Muchos de aquellos que nos han querido dar lecciones durante estos meses de cómo gestionar la pandemia y la crisis económica resulta que, si comparamos los datos, vemos que tienen más del triple de muertos por cápita que los que lamentablemente tiene Cataluña", ha añadido.

También ha intervenido el vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, que ha pedido el voto para ERC para obtener la máxima fuerza para evitar un "pacto de la vergüenza" como el de la Diputación de Barcelona entre JxCat y el PSC. "Necesitamos la máxima fuerza para evitar pactos como el de la Diputación de Barcelona o pactos que han impedido que el ganador de las elecciones de Barcelona fuera alcalde", en referencia al apoyo de BCN Canvi -liderada por Manuel Valls- a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (comuns), lo cual impidió que Ernest Maragall (ERC) fuera alcalde.

Aragonès ha vuelto a plantear su propuesta de gobierno de frente amplio que aglutine a ERC, JxCat, comuns y CUP, ya que cree que es imprescindible para avanzar hacia la independencia y afrontar la crisis del coronavirus: "Sabemos que hay otras maneras de llegar a consensos, como en la Diputación de Barcelona. Hemos visto como los de siempre se han aliado para que siguieran mandando los de siempre".

Para él, este 14F es la oportunidad de "romper 40 años de alternancia sociovergente" y ha subrayado que la única garantía para lograrlo es que ERC obtenga la máxima fuerza posible en las elecciones, ya que también cree que será la única manera de que haya un Govern que trabaje por la independencia y por la justicia social.

Comuns

La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha propuesto un pacto por el Ebro, para salvaguardar el ecosistema del Delta, y ha reclamado más "equidad territorial" ante la falta de compromiso que cree que ha habido en los últimos 10 años. En una rueda de prensa este sábado en Tortosa (Tarragona) junto con el cabeza de lista de los comuns por Tarragona, Jordi Jordan, Albiach ha asegurado que no se puede permitir una Cataluña a dos velocidades ni una Cataluña vacía, porque esto tiene "víctimas e impacto", entre las que ha mencionado a los ciudadanos de las Terres de l'Ebre (Tarragona).

Ha reclamado al resto de fuerzas políticas que se pronuncien sobre su propuesta del pacto por el Ebro, que quiere que vaya en la línea del pacto del Ter: "Y eso quiere decir que debe ser progresivo y consensuado". "Durante la campaña se habla mucho, pero no se quiere concretar. Han gobernado y no hemos visto hechos que vayan en la línea de la equidad territorial", y ha asegurado que cuando los comuns estén en el Govern se encargarán de que las palabras se conviertan en hechos.

Ha pedido trabajar en la eficiencia del uso del agua, para lo que debe haber participación ciudadana y de las administraciones, y considera que la Generalitat tener liderazgo, además de llevarlo a la Comisión de medio ambiente del Parlament. Garantizar los caudales ecológicos, replantear el sistema de riego y restituir los sedimentos son algunas de las propuestas que ha defendido la candidata morada, que ha explicado que su formación va en la línea de lo que defienden las entidades ecologistas.

CUP

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha defendido que su formación no entrará "en dinámicas de pérdida de tiempo, de entrar en gobiernos que vengan a gestionar miserias", y ha criticado que las elecciones sirvan para lanzarse eslóganes entre unos y otros. Gabriel ha intervenido de forma telemática desde Ginebra en un acto este sábado junto con la candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, y el exdiputado de la CUP David Fernàndez.

"Hacemos una apuesta muy clara por lograr grandes acuerdos para identificar lo que vivimos como un proceso que va más allá de resultados electorales o la campaña", ha asegurado Gabriel, que ha defendido que el espíritu revolucionario es el acto más grande que hay.

Ha destacado que no renuncian a un referéndum, a desobedecer y a movilizarse de nuevo, y ha insistido en que "solo con un nuevo ciclo y con ansias de ganar, con una CUP fuerte, pasarán cosas". "La suerte de que algunos nos demuestren que no han aprendido nada o no tienen intención de cambiar nada no quiere decir que la determinación no esté", y ha añadido que el reto actual es mayúsculo pero es el único posible.

Por su parte, Fernàndez ha asegurado que para abrir este nuevo ciclo se necesita lucha desde dentro, desde fuera y en el mundo, desde un punto de vista internacionalista, y que hoy la situación es la misma que en la crisis de 2008: "Dijeron que reformarían el capitalismo y solo lo aceleraron". "Illa es el flotador del sistema", ha afirmado sobre el candidato del PSC, y ha subrayado que las cosas solo se pueden cambiar desde fuera de las instituciones y que la única forma de salvarse es hacerlo todos a la vez.

Considera que la democracia no sólo votar cada cuatro años y ha instado a rehacerla: "Rehacer la democracia es llenar las urnas votando el proyecto que encabeza Dolors (Sabater), y el 15 de febrero llenar los barrios, los sindicatos alternativos, ponerlo todo en movimiento". El exdiputado anticapitalista ha llamado a "no autoengañarse, no engañar a los otros y no dejarse engañar por los discursos del poder" y ha recordado el 1-O y el 3-O de 2017 como los momentos en que ha enmudecido al poder, en sus palabras.

PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha equiparado el socialismo al independentismo catalán, porque, según ella, el candidato del PSC, Salvador Illa, considera que hay que hundir a Cataluña para ganarse el apoyo de los partidarios de la secesión: "Pretenden la sumisión y la dependencia" de los ciudadanos, ha opinado.

En un acto este sábado en Barcelona para arropar al candidato del PP a las elecciones catalanas del 14F, Alejandro Fernández, la popular ha lamentado que Illa "cambió completamente su trato hacia la Comunidad de Madrid" como ministro de Sanidad, cuando supo que iba a disputar la presidencia de la Generalitat.

Asimismo también ha criticado las medidas de la Generalitat de Cataluña para frenar el avance del coronavirus, pues en su opinión es "un delito" cerrar establecimientos con el clima que tiene la región. "Es un delito, con el clima que tenéis en Cataluña, tener todo cerrado, la gente en sus casas, arruinada, y decir que es la manera de sortear una epidemia", ha aseverado.

Ayuso también ha criticado los impuestos propios de Cataluña, la contrastado con Madrid de la que ha asegurado que es libertad -en sus palabras- y ha cuestionado: "¿Quién roba a quién?".

Por su parte, el candidato del PP a las elecciones al Parlament del 14F ha pedido reducir la dimensión de la administración autonómica catalana porque el independentismo "ha ido alimentando un auténtico monstruo elefantiásico y gigantesco" en su proyecto de construcción nacional. Alejandro Fernández ha afirmado que la Generalitat tiene más competencias, funcionarios y recursos que en 1990, pero que, en comparación, la autonomía ha perdido competitividad: "Cuanto más grandes son los gobiernos, cuanto más intervienen en la vida de la gente, peor le va a sociedad; y cuanto más pequeño es un gobierno, menos competencias tiene y es más eficaz en su desarrollo, mejor le va", ha reflexionado.

Fernández también se ha mostrado partidario de "copiar" determinadas políticas públicas emprendidas por el gobierno de la Comunidad de Madrid: "En Madrid se están haciendo algunas cosas mejor, se dice y no pasa nada". El candidato conservador ha propuesto un plan de rescate de los sectores de la cultura, el ocio, la restauración y la hostelería, para mitigar los efectos de la crisis del Covid-19, que pase por la necesidad de "plantear un equilibrio entre salud y economía", evitando cierres totales de ámbitos económicos, reducciones fiscales y planes de ayudas.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado de forma unánime los primeros recursos de amparo de la treintena que han presentado en los últimos meses los encausados por el procés independentista que se sustancia en el Tribunal Supremo, según ha informado Europa Press.

Se trata de los presentados por las exdiputadas de la CUP Anna Gabriel —en Suiza— y Mireia Boya, y del interpuesto por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exmiembro de la Mesa Anna Simó que cuestionaban la competencia "objetiva y funcional" del alto tribunal para entender de este asunto.

La causa de inadmisión es de tipo formal, por la ausencia de agotamiento de la vía judicial previa, lo que quiere decir que los magistrados del TC no han llegado a entrar en el fondo del asunto, han informado fuentes jurídicas. La sentencia se notificará en los próximos días, por lo que únicamente se ha informado del fallo.

Las solicitantes del amparo, acusadas de presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, consideraban que el órgano competente para juzgarlas era la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Las sentencias que se notificarán en los próximos días consideran que los recursos han sido planteados de forma prematura en el proceso de amparo, porque deberían haber agotado previamente la vía judicial ante el Tribunal Supremo con el planteamiento de un "artículo de previo y especial pronunciamiento" que solicitara la declinatoria de jurisdicción.

De hecho la celebración del citado "artículo de previo pronunciamiento" ya se ha solicitado por las defensas y se sustanciará en una vista pública ante los siete magistrados que juzgarán el procés en el Supremo el próximo martes 18 de diciembre. Lo que resulte de dicha vista, en el caso de ser contrario a los intereses de los procesados, podrá ser recurrido otra vez al Constitucional, que entonces ya podrá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

El Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto celebrar dos Plenos consecutivos antes de que finalice el año, esta semana y la siguiente, y fuentes de este órgano han explicado a Europa Press que la inclusión en ellos de los primeros recursos de procesados en la causa por rebelión responde a la lógica del calendario de este órgano. Rechazan que el orden del día de su Sala plenaria se haya visto afectado por la huelga de hambre iniciada por cuatro de los procesados en prisión.

Las prisiones para enero

Entre los recursos aún pendientes de verse están los que afectan a la situación de prisión preventiva de los procesados, varios de los cuales que han pedido al TC que les excarcele mientras revisa si en su caso se ha producido vulneración de derechos fundamentales.

En este caso se encuentra el expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras o los exconsellers presos Josep Rull y Jordi Turull. Estos asuntos no está previsto que comiencen a deliberarse hasta el próximo enero, según las fuentes consultadas.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha propuesto como número dos del líder de ERC, Oriol Junqueras, en una eventual lista conjunta a las elecciones europeas. pero el lider de ERC ha rechazado la oferta ir juntos en una lista conjunta asegurando que el independentismo debe presentarse en las próximas contiendas electorales con "planteamientos unitarios" pero con listas separadas, ya que considera que así podrá maximizar los apoyos.

El exvicepresidente del Govern, que ha respondido por escrito al estar en prisión preventiva hace más de un año, ha recordado que ERC sí apostó en el pasado por listas conjuntas y ha concluido: "Nosotros siempre apostamos por la solución más útil en cada momento". Junqueras considera que con candidaturas separadas se maximizan las posibilidades de éxito porque las diferentes candidaturas independentistas pueden recabar apoyos del centro hacia la izquierda y del centro hacia la derecha para "conseguir el mejor resultado posible".

En una entrevista este martes desde Bruselas en Catalunya Ràdio, Puigdemont había sugerido que Anna Gabriel (CUP) podría ocupar el número 3 de la lista. Puigdemont ha dicho que no querría liderar una candidatura a las europeas, y ha subrayado que la única posibilidad de concurrir sería como número dos del republicano, ya que "el liderazgo de Junqueras es indiscutible".Puigdemont ha subrayado que sería una buena noticia unir al PDeCAT, ERC y la CUP, porque "las diferentes voces que dan un mismo sentido a la idea de la defensa de la libertad, puestas a remar juntas, tienen un potencial invencible", como ha considerado que se demostró en el referéndum del 1-O.

Pedro Sánchez

El expresidente ha dicho que en este momento no se dan las condiciones para que Generalitat y Gobierno puedan "sentarse lealmente y con respeto en una mesa, porque una de las dos partes iría esposada y con riesgo de ser detenida". En ese sentido, ha dicho que "la receta de Pedro Sánchez se parece mucho a la de Mariano Rajoy", ya que aunque reconoce que hay palabras más amables, el fondo es el mismo, ha lamentado.

Sobre la conversación telefónica a finales de octubre que mantuvo con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que "no es un emisario" de Sánchez sino que solo habla por él y su formación. Ha precisado que no le reclamó que aprobaran los Presupuestos sino que la conversación fue "más profunda" y sirvió para analizar el momento político.

Declaración de independencia

Puigdemont ha reiterado que se equivocó al suspender la declaración de independencia de Cataluña tras haberla proclamado en el Parlament el 10 de octubre: "La decisión que tomé no es correcta. Tengo argumentos para explicarla, pero es evidente que no fue una decisión acertada". "Queríamos habilitar una ventana para el diálogo y España nos engañó", ha indicado, ya que ha dicho que todas las conversaciones que tuvieron con el Gobierno prometían una mesa de diálogo si no había acciones irreversibles.

"Había una voluntad que en ese momento creía leal y honesta", pero una semana después la situación solo fue a peor con la detención de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y la aplicación en Catalunña del artículo 155 de la Constitución, ha apuntado.

Precisamente hace un año, la entonces juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,y a todos sus exconsejeros como investigados en el procés, que culminó el 27 de octubre con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y tras admitir a trámite una querella presentada por la Fiscalía General del Estado por estos hechos. El Ministerio Público presentó una querella similar en el Tribunal Supremo pidiendo que investigase a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los cinco miembros de la Mesa por facilitar la tramitación y la votación a favor de la ruta secesionista, porque por entonces eran aforados. Ese mismo día 2 de noviembre, el juez del alto tribunal también llamó a declarar a estas personas; aunque finalmente las comparecencias se retrasaron una semana a petición de los abogados que alegaron indefensión por la premura con la que habían sido citados.

Una petición que también formalizaron los abogados del exGovern, pero que no fue aceptada por la juez Lamela, pues interrogó y envió a prisión a todos los exconsellers que comparecieron, es decir, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, y Carles Mundó. No obstante, para el exconsejero Santi Vila, la magistrada acordó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

Archivo de la causa para tres investigados

La causa llegó a tener hasta 28 investigados, pero el 21 de marzo de este año el juez Llarena acordó el procesamiento solo para 25 de ellos por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. De este modo, archivó la causa para el expresidente de la Generalitat, Artur Mas; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la AMI, Neus Lloveras.

Uno de los argumentos principales que se exponen en el auto de procesamiento es que ha quedado acreditada la existencia de violencia para imputar el delito de rebelión, pese a que las defensas han intentado con insistencia desmontar esta tesis, pues han defendido que jamás hubo un alzamiento con armas. Ante esto, Llarena ha afirmado en sus resoluciones que "cabe una rebelión sin armas". De hecho, en el auto de procesamiento el juez instructor hizo especial hincapié en el "actuar violento" que se pudo ver el 20 de septiembre ante las puertas de la Consejería de Economía, donde decenas de miles de personas que se congregaron allí tenían una intención "exclusivamente intimidatoria" contra la comisión judicial que estaba realizando un registro e incautación de documentos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Por otro lado, el magistrado del Supremo dictó un auto el pasado mes de julio con el que acordó el cierre de la instrucción y procedió a abrir una pieza separada para incluir a todos los procesados huidos y declarar su condición de rebeldía. Se trata de Puigdemont, los exconsejeros que le acompañan desde el primer día en su fuga, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí; la dirigente de ERC Marta Rovira, que abandonó España el mismo día que estaba citada para conocer su procesamiento; y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que huyó para no comparecer ante el juez Llarena. Todos ellos ahora mismo tienen la libertad de circular por cualquier país, ya que el pasado 19 de julio, el juez Llarena retiró las euroordenes y las internacionales contra los huidos —salvo para Gabriel que nunca se dictó— tras el rechazo de los tribunales belga y alemán de entregarles por el delito de rebelión que se les imputaba.

La exportavoz de la CUP Anna Gabriel ha conseguido un permiso de residencia en Suiza para cinco años, lo que le facilitará "acceder a puestos de trabajo o presentarse a convocatorias", ha explicado su madre, Maribel Sabaté.

En una entrevista que emitirá este viernes Ona Bages avanzada por Rac1 y recogida por Europa Press, ha detallado que visitó a su hija en el país helvético, donde se encuentra desde que huyó de España para no tener que declarar ante el Tribunal Supremo por la causa abierta al soberanismo, y "le llegó el permiso".

Según ha explicado Sabaté, Gabriel "está bien, se está moviendo mucho y colabora con una ONG" a la vez que realiza un curso de inglés y se prepara para entrar en la universidad en otoño.

La exdiputada cupaire viajó en febrero a Ginebra y desveló en una entrevista a un periódico local que no acudiría a la citación ante el TS, una decisión que comunicó previamente a su madre.

"Me dice que no quiere pasar ni un día de su vida en una prisión con unas reliquias franquistas que te quieren humillar y hacer decir lo que no sientes", ha relatado.

El informático bancario Hervé Falciani considera que es "imposible" que sea una moneda de cambio por Marta Rovira o Anna Gabriel, ambas huidas en Suiza y procesadas en la causa del proceso independentista en Cataluña por rebelión y desobediencia, respectivamente, informó Europa Press.

"La Justicia es totalmente independiente de juicios políticos", manifestó Falciani este lunes en declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, al que transmitió su oposición a ser extraditado a Suiza.

Falciani, que dijo que sigue "confiando" en la Justicia española, acudió a declarar después de que las autoridades suizas hayan enviado la documentación pertinente a la solicitud de extradición, una entrega que ya fue rechazada por la misma Audiencia Nacional en el año 2013.

Este es uno de los argumentos que dio el informático al magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 para oponerse a ser extraditado, según explicó su abogado, Juan Barallat: "Es un procedimiento de extradición que reitera uno anterior y definitivamente de manera firme la Sala de lo Penal lo rechazó con el informe favorable del Ministerio Fiscal".

Esta era la opinión de la Fiscalía en el año 2013, si bien en esta ocasión el Ministerio Público pidió en la anterior comparecencia de Falciani, el 5 de abril, su ingreso en prisión provisional hasta que se decida la solicitud de Suiza. Este lunes, el fiscal no asistió a la citación.

"Éticamente improcedente"

Según el letrado, Falciani recordó al juez De Egea lleva colaborando con la Justicia española desde 2008, por lo que "éticamente es improcedente" que el Estado español le entregue "después de que su información ha valido para perseguir muchos y muy graves delitos, de corrupción, de crimen organizado y delitos fiscales".

La comparecencia de este lunes sirvió para que el informático transmitiese al juez si permite o no su extradición. Al oponerse, el procedimiento continúa y, mientras tanto, a Falciani se le mantienen las medidas cautelares que ya le había impuesto De Egea: comparecencias semanales, prohibición de abandonar el territorio español y retirada de pasaporte.

El ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, consideró "fantasioso" plantear siquiera la posible concesión del asilo a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, ya que en su opinión "no se dan las condiciones" para que reciban esta protección.

Cassis, que recibió el lunes en Berna a su homólogo español, Alfonso Dastis, afirmó en una entrevista al periódico Le Temps recogida por Europa Press que, de cara a una hipotética solicitud de asilo de Rovira o Gabriel, "no se puede entrar en materia, sería fantasioso".

"No se dan las condiciones. Sería necesario que el país de procedencia no fuese un Estado de Derecho y que la vida de los solicitantes de asilo corra peligro. Evidentemente, no es el caso de España", zanjó el jefe de la diplomacia suiza al ser interrogado por la posibilidad de proteger a las dos políticas independentistas.

El lunes, junto a Dastis, Cassis ya señaló que Suiza "reconoce a España como país soberano y democrático" y que España "debe gestionar sus problemas internos en el marco de la Constitución del país". "No tenemos nada que enseñarles", declaró ante los medios.

Rovira está procesada en España por rebelión por su papel en el ilegal proceso independentista catalán y huyó en marzo a Ginebra, mientras que Gabriel enfrenta cargos de desobediencia y escapó a la misma ciudad un mes antes. Contra la dirigente de ERC pesa una orden internacional de detención, en tanto que contra Gabriel se dictó una orden nacional.

Ambas dijeron en declaraciones a medios suizos que confían en obtener la protección de Suiza porque los delitos que se les imputan son de naturaleza política.

Porque, según publica El Confidencial, la situación de Gabriel es desesperada dado que no consigue un empleo en Suiza, país en el que reside tras dejar Cataluña.

Partiendo de esa fecha, el auto del Supremo repasa todas las resoluciones relacionadas con el proceso independentista: la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña de enero de 2013, el decreto que tres semanas después puso en marcha el Consejo Asesor para la Transición Nacional, el Libro Blanco de la Transición Nacional de septiembre de 2014, la la ley catalana 10/2014 de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, el decreto ese mismo mes de convocatoria de la consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña, la creación del Comisionado para la Transición Nacional (febrero de 2015), el Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras de Estado —incluido entre los diez proyectos estratégicos de acción de Gobierno y para la Transición Nacional—y las disposiciones transitorias de la ley de medidas fiscales de marzo de 2015 relacionadas con el Libro Blanco.

El 30 de marzo de 2015, afirma el juez Llarena, “se amplió el concierto de actuación ilegal” más allá de los partidos políticos incorporando a las entidades soberanistas Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI). Las citadas organizaciones, de común acuerdo con CiU y Esquerra, acordaron convocar elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre de 2015, de modo “que votar a las candidaturas soberanistas supondría un pronunciamiento favorable a la independencia de Cataluña y a iniciar de inmediato un proceso de transición nacional que llevaría a la proclamación de la república catalana en un plazo máximo de 18 meses”.

El Supremo enumera también, una tras otra, todas las iniciativas y medidas aprobadas tras esa fecha: la del Parlamento apostando por “un proceso constituyente no subordinando”, la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente (enero de 2016), las conclusiones de esa comisión aprobadas por el Parlament (agosto de 2016), la resolución del Parlament instando la convocatoria de un referéndum de autodeterminación y la puesta en marcha de un proceso constituyente (octubre de 2016), los Presupuestos de 2017 —que incluían partidas para la celebración de un referéndum— y las leyes del referéndum y de desconexión aprobadas en septiembre pasado y que condujeron a la celebración de la consulta del 1 de octubre.

Declaración de independencia

A ellas se unió, posteriormente, la comunicación del Govern al Parlament del resultado de referéndum del 1-O, la decisión del president Carles Puigdemont de acatar en sede parlamentaria, el 10 de octubre de 2017, “el mandato del pueblo de Cataluña para convertirla en un Estado independiente en forma de república” y la comunicación que hizo al Gobierno de Mariano Rajoy de la convocatoria del pleno del Parlament para votar la declaración de independencia, que acabó produciéndose efectivamente el 27 de octubre.

El auto de procesamiento del Supremo se centra a continuación en el papel desempeñado por el Govern en relación con la “violencia” que exige el delito de rebelión. Llarena afirma la voluntad de Puigdemont, Junqueras y el entonces conseller de Interior, Joaquim Forn “de recurrir a la violencia o aceptarla” porque conocían “el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos, lo incorporaron a su actuación criminal y persistieron en realizar aportaciones esenciales que impulsaran el ilícito comportamiento que desplegaban”. Dos días antes del 1-O conocían, porque así se lo trasladaron los Mossos, la existencia de un “grave riesgo de incidentes violentos procedentes de un sector de la población particularmente movilizado”.

“Teniendo la capacidad de decidir sobre un referéndum que ellos mismos habían convocado y la capacidad de aportar los mecanismos de seguridad policial que podían coadyuvar a la contención de la violencia” razona el juez, “prefirieron ordenar la continuación del proceso, llamar a la población a la movilización y a la participación, e impulsar el diseño de un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”.

A Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, entonces líderes de ANC y Òmnium, les atribuye haber impulsado “una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir la votación, de retirar el material electoral, y de alcanzar el recuento el día 1-O”. Las entidades soberanistas ya habían participado previamente en las conversaciones orientadas a lograr el pacto de investidura que impulsó la designación de Puigdemont como nuevo president y asumieron, sostiene el auto, “la responsabilidad de impulsar la mayor aceptación social de las iniciativas secesionistas, así como favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable, buscando, por último, una intensa movilización ciudadana que favoreciera que el Estado terminara por aceptar la independencia de Cataluña” por la “vía de hecho”.

Una estrategia “latente y pendiente de reanudación”

Una estrategia y funciones, advierte Llarena, “que pueden no haberse interrumpido con ocasión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que —cada vez con mayor nitidez— parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas”.

En su auto, el Supremo repasa sus llamamientos en las sucesivas diadas y movilizaciones a favor de la independencia con especial atención a la movilización del pasado 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía de la Generalitat en el momento en el que la Guardia Civil procedía a realizar un registro siguiendo instrucciones de un juzgado de Barcelona.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, afirma el juez, “aprovecharon su notoria capacidad de movilización colectiva y —con la finalidad de propiciar la independencia que ambicionaban— impulsaron a todos los catalanes a que el 1-O acudieran a los diferentes centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido”, instigaron a los ciudadanos a ocupar los centros de votación “antes de la hora en la que estaba ordenada la intervención de los agentes del orden y a resistir en todo caso a su labor policial, estimulándoles también a que protegieran el recuento de los votos frente a las actuaciones que pudieran desarrollar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

En resumen, concluye el Supremo, se trataba de un “ataque al Estado Constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos”. “Un ataque que”, advierte, aún “puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado y que pueda pretender servirse de un relevo en sus protagonistas”.

Llarena concluye que los hechos del 20 de septiembre “reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento y aún para la violencia”. En modo alguno puede entenderse, razona, que el cerco tuviera un contenido “exclusivamente intimidatorio, pues si la intimidación supone una lesión de la capacidad de decisión del sujeto pasivo, los hechos aquí expuestos determinaron el efecto inherente a la violencia, esto es, una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”.

“Desborde por la fuerza”

Tras años impulsando el deseo colectivo por la independencia entre amplios sectores de la población, “impulsar a todos ellos a que hicieran frente al amplio despliegue de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tenían la orden judicial de impedir la votación del 1-O y a que defendieran el recuento de la votación, supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente sucedió el día de la votación”.

El delito de rebelión es un “delito tendencial” y presenta “una configuración plurisubjetiva o de intervención múltiple”, “esencialmente acorde con el reparto de tareas entre sus distintos partícipes”. Y “la realización de aportaciones parciales, pero relevantes y esenciales en la ejecución, comporta un dominio funcional del hecho, que conduce a la responsabilidad cuando se acompaña del contenido intelectual e intencional del tipo delictivo”, subraya Llarena.

“Es evidente”, añade,  “que la minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia en el territorio, permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza”. Concuerda “con que la movilización pública se contemplara ya en el Libro Blanco y en los primeros acuerdos soberanistas como un instrumento”, “el único mecanismo con que se contaba para superar una oposición del Estado que resultaba ineludible”.

Quienes realizaron aportaciones principales al núcleo del hecho con posterioridad al 20 de septiembre, “desde luego” sabían “que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse. Y la persistencia en su determinación criminal con ese conocimiento, es muestra de su voluntad de incorporar la utilización de la fuerza al mecanismo para conseguir una secesión a la que no quería renunciar”.

Los procesados

Como conclusión de este razonamiento, el Supremo ha decidido procesar a 25 personas. Cuatro de ellas ya estaban en prisión, otras cinco ingresaron en la noche del viernes y siete han huido de España.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn.

El expresident Carles Puigdemont (huido en Bélgica), el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn (ambos en prisión) han sido procesados por rebelión y malversación. En su contra el juez tiene en cuenta su participaron en la reunión de coordinación policial del 28 de septiembre, donde afirma que fueron advertidos por los responsables de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos ante el referéndum. Asegura que conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consellería de Economía y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado.

Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (ambos en prisión). Se les acusa de rebelión por haber utilizado su responsabilidad en ANC y Òmnium para movilizar a cientos de miles de seguidores e impulsar “una masa de fuerza” que hiciera frente a la obligación policial de impedir el referéndum ilegal. El juez les atribuye la responsabilidad de las concentraciones del 20 de septiembre.

La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira (en paradero desconocido). Está acusada de rebelión. por su participación “esencial” en la ideación de mecanismos de actuación, impulso parlamentario de una legislación de soporte y coordinación de sectores de la administración, y responsabilidad ante el referéndum para lograr plena disponibilidad de centros de votación.

El exconseller Jordi Turull (en prisión). Está acusado de rebelión y malversación por la movilización que impulsó desde sus funciones de portavoz del Gobierno de la Generalitat. Gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum. Coordinó infraestructuras informáticas para la votación y el reclutamiento de voluntarios.

El exconseller Raül Romeva (en prisión). El juez le acusa de rebelión y malversación por impulsar la creación de estructuras de Estado y favorecer el reconocimiento de la República Catalana en el extranjero a través de Diplocat. Abordó el proyecto para posibilitar votación electrónica por Internet de residentes en el extranjero. Asumió la atención a observadores internacionales.

La expresidenta del Parlament Carmen Forcadell (en prisión). Ha sido acusada de rebelión. El juez le atribuye una participación “medular” desde los comienzos del proceso independentista como presidenta de la ANC. Como presidenta del Parlamento, sometió a la decisión de los diputados la aprobación de la legislación de soporte que “sirve de coartada legitimadora” al proceso, aún contrariando las reiteradas prohibiciones y requerimientos del Tribunal Constitucional. Su participación ha ido “de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases” del proceso. Estuvo presente en la manifestación del 20 de septiembre y arengó a la movilización para el día siguiente ante el Tribunal Superior de Cataluña. Puso la institución parlamentaria “al servicio del violento resultado” obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república.

Los exconsellers Antoni Comín (huído en Bélgica) y Dolors Bassa (en prisión). Se les acusa de rebelión y malversación por asumir el control de los locales dependientes de sus respectivas consejerías para el referéndum y asegurar su éxito. Permitieron que sus departamentos soportaran parcialmente el gasto de papeletas, censo y citaciones a los componentes de las mesas electorales.

La exconsellera Clara Ponsatí (huida en Escocia). Está acusada de rebelión y malversación por asumir el control y ocupación de todos los centros escolares dependientes de su consellería para garantizar su utilización en el referéndum.

El exconseller Josep Rull (en prisión). Está acusado de rebelión y malversación por participar en múltiples reuniones definitorias de la estrategia independentista. El juez afirma que tras el referéndum ilegal impidió que un ferry destinado a acoger a policías atracase en el Puerto de Palamós.

Los exconsellers Meritxell Borrás, Carles Mundó, Santiago Vila, Meritxell Serret y Lluís Puig (los dos últimos huidos en Bélgica) han sido acusados de desobediencia y malversación por desatender los requerimientos del Tribunal Constitucional al aprobar el decreto 139/2017 de convocatoria del referéndum, autorizar a los diferentes departamentos acciones y contrataciones necesarias para el referéndum y disponer de fondos públicos para un destino distinto del previsto.

Luis María Corominas, Luis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrunte y Joan Josep Nuet, miembros de la Mesa del Parlament, están acusados de desobediencia por desatender los requerimientos del Tribunal Constitucional al aprobar el decreto 139/2017 de convocatoria del referéndum. Autorizaban a los diferentes departamentos acciones y contrataciones necesarias para el referéndum y disponían de fondos públicos para un destino distinto del previsto.

Mireia Boya y Anna Gabriel (huida en Suiza), ambas exdiputadas de la CUP, han sido acusadas de un delito de desobediencia por desatender  las decisiones del Tribunal Constitucional (al registrar en el Parlamento la proposición de Ley de Transitoriedad Nacional y fundacional de la República y la presentación de la proposición de Ley del Referéndum de Autodeterminación).

Artur Mas (expresidente de Cataluña), Marta Pascal (coordinadora del PDeCAT) y Neus Lloveras (alcaldesa de Vilanova y expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia) no han sido procesados por el juez.

Este jueves, el abogado suizo de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel recalca que es muy probable que las autoridades suizas rechacen extraditar a la cupaire. Mientras, las negociaciones para formar gobierno en Cataluña avanzan entre rumores sobre una posible presidencia del número tres del Govern cesado por la aplicación del artículo 155.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto sobre la situación en Cataluña:

21.10. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha razonado este jueves su decisión de reclamar la detención nacional de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel tras su incomparecencia en el juzgado pero no su arresto internacional a Suiza al defender que "las órdenes de detención internacional no deben cursarse por sospechas". "Tienen que cursarse el día que ya se sabe que los hechos tienen indicios racionales de haberse perpetrado y que ademas integran un delito grave en España y un delito grave en el país al que se le pide la colaboración", ha dicho en unas declaraciones emitidas por Televisión del Principado de Asturias (TPA) y recogidas por Europa Press.

19.15. Las negociaciones entre JxCat y ERC se han encallado este jueves de nuevo por el desacuerdo que existe en el reparto de los puestos clave del Govern, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de los contactos. El escenario en el que trabajan es que Carles Puigdemont (JxCat) sea presidente desde Bélgica, pero que el presidente efectivo en Catalunya sea Jordi Sànchez (JxCat), aunque está preso y podría no ejercer el cargo. ERC puede asumir la Vicepresidencia pero JxCat pone como condición que sea para Oriol Junqueras, también en la cárcel, y ERC exige escoger sin interferencias, aunque aún no pone nombres.

18.55. El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha reclamado este jueves generosidad a JxCat para cerrar un acuerdo de Govern cuanto antes: "Estamos absolutamente optimistas y creemos que, con generosidad por parte de todos, lo vamos a conseguir en las próximas horas o días". En declaraciones a los periodistas desde los pasillos del Parlament, ha admitido que han existido "tiranteces" con JxCat, pero lo ha atribuido a las discrepancias propias de cuando una negociación entra en la recta final.

18.05. Suiza considera que España y el resto de los Estados miembro de la Unión Europea son "países seguros" donde cualquier ciudadano puede encontrar amparo a sus derechos fundamentales, por lo que en principio, no otorga protección internacional a los procedentes de estos territorios, una política general que podría cambiar en el caso de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel si se entiende que hay "pruebas concretas y fundamentadas" de que está siendo perseguida. Según han explicado fuentes de la Secretaría de Estado de Migración (SEM) helvética a Europa Press, este organismo competente en la recepción y tramitación de las solicitudes de asilo "asume que España en general, ofrece protección frente a la persecución política", aunque "esta presunción podría cambiar en casos individuales a partir de pruebas concretas y fundamentadas".

13.30. El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona admitió a trámite el 14 de febrero una querella presentada por el Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia contra las cargas policiales del 1-O en la escuela barcelonesa Els Horts, según ha informado la organización en un comunicado. En el auto de admisión recogido por Europa Press, el juez también requiere a la Policía Nacional las comunicaciones con el Centro de Mando de los agentes que dirigieron el operativo contra el referéndum que tuvo lugar en el centro escolar. La querella se presentó en noviembre por delitos de lesiones y contra la integridad moral contra el agente --cuya identidad se desconoce-- que presuntamente golpeó en la cabeza a un hombre con su defensa y el superior jerárquico que "dio la orden de utilizar aquella arma".

12.55. El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha declinado la invitación a la cena de bienvenida del Mobile World Congress (MWC) del domingo porque estará Felipe VI, al que considera símbolo "de la represión contra el pueblo de Cataluña del 1-O y el encarcelamiento sin juicio de personas inocentes", según un comunicado del partido. El grupo municipal rechaza además compartir mesa "con aquél que ha simbolizado la represión y la lucha contra la libertad y la expresión política".

12.20. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este jueves que "ojalá" el Pleno extraordinario que ha pedido la formación naranja en el Parlamento de Cataluña sirva para poner en marcha el plazo de dos meses para repetir las elecciones si nadie logra ser investido como presidente de la Generalitat, aunque ha aclarado que no sería "bueno" tener que ir otra vez a las urnas. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rivera ha recordado que son los letrados de la Cámara autonómica los que deben decidir si comienza o no la cuenta atrás, pero ha añadido que "ojalá" interpreten que sí, porque "eso sería una manera de desbloquear" la situación política en Cataluña.

12.00. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que ha visitado a las familias de independentistas presos pero justifica la ausencia del PSC en la reunión de Colau con los familiares de los encarcelados porque no quiere hacer política con estas cosas. El dirigente socialista también ha reclamado al independentismo, en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, que actúe con "mirada larga" al elegir un candidato a presidir la Generalitat, y descarta la posibilidad de que se invista a Carles Puigdemont (JxCat).

11.30. La exdiputada de la CUP Anna Gabriel afirma que seguirá luchando por la independencia de Cataluña desde Suiza. Así se ha manifestado en una entrevista para el medio local Tribuna de Ginebra, al que ha confesado que no hace planes a corto plazo, a la espera de las decisiones que tome la Justicia española, aunque le gustaría retomar su tesis doctoral sobre "el derecho de los pueblos a la autodeterminación". Afirma que la orden de detención nacional la "preocupa": "Más aún cuando yo no he hecho nada contra la ley".

9.50. El abogado suizo Olivier Peter, que defiende a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, ha asegurado que la negativa del juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena de pedir la extradición de la política catalana se debe "al riesgo muy claro de tener una inadmisión" por parte de las autoridades de Suiza. En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha recordado este jueves que un portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza declaró a un diario helvético que rechaza por ahora proceder con la extradición de Gabriel al entender que se le atribuye un "delito político".

0.30. Puigdemont ha abierto la puerta a renunciar a ser investido en la cámara para desbloquear la legislatura, después de que las fuentes consultadas hayan asegurado que no pueden negar la posibilidad de que ocurra. Este posicionamiento representa un cambio en relación a la posición que siempre ha defendido JxCat, en el sentido de que Puigdemont debe ser el candidato a la investidura. Ante este escenario, ERC reivindica que, si Puigdemont mantiene poderes ejecutivos en Bélgica como nombrar a los consellers y convocar elecciones, la "lógica" es que Junqueras debería tener un papel preponderante en el Ejecutivo que se formaría en Cataluña.

0.00. JxCat y ERC prosiguen las negociaciones para desencallar la investidura en Cataluña y reflexionan sobre cómo encajar el papel de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras, president y vicepresident respectivamente del Govern que fue cesado con la aplicación del artículo 155. Fuentes conocedoras de las negociaciones consultadas por Europa Press sostienen que JxCat mantiene la aspiración de que Puigdemont mantenga poderes ejecutivos, como así lo demuestra las iniciativas que han presentado en el Parlament para poder investirle a distancia. Sin embargo, sigue encima de la mesa la posibilidad de que, sin cuestionar que Puigdemont debe ser el máximo exponente del Govern, en el Parlament se invista a un candidato alternativo para no abrir un nuevo contencioso judicial con el Estado.

Sigue en infoLibre la última hora sobre el procés:

18.15. El presidente del PP en Barcelona, Alberto Fernández, ha criticado este miércoles a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por convertir el Ayuntamiento en un "casal independentista" por recibir a las mujeres de los líderes independentistas presos y pedir su liberación y traslado a cárceles catalanas. En un comunicado, Fernández ha dicho que Colau lleva mucho tiempo haciendo de cooperadora necesaria del independentismo: "La recepción tiene más perfil independentista que no de gesto humano, sin perjuicio de que a nadie nos gusta que alguien esté en prisión", aunque ha pedido respeto para las resoluciones judiciales.

16.40. El Parlamento Federal belga no cederá una de sus salas a petición de los nacionalistas flamencos de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) para invitar al expresidente catalán Carles Puigdemont a un coloquio sobre Cataluña en la institución belga por falta de consenso entre los grupos políticos. "No ha habido consenso. No hay acuerdo. No he recibido autorización para invitarle", ha explicado a Europa Press el eurodiputado de la NV-A, Peter Luykx, que no ha querido precisar qué grupos políticos han rechazado su petición o si ha recibido el apoyo expreso de alguno.

16.00. Anna Gabriel ha asegurado este miércoles que, si España pidiera su extradición para comparecer ante el Tribunal Supremo, se pondría en evidencia que al independentismo se le "persigue por una situación política". Lo ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, minutos después de que el juez del TS Pablo Llarena haya ordenado detenerla por su incomparecencia este miércoles ante él sin alegar causa legítima que se lo impida, aunque no ha activado la orden internacional que había solicitado la Fiscalía.

15.40. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recibido este miércoles en el Ayuntamiento a las mujeres de los líderes independentistas presos, y ha pedido unidad y firmeza para pedir su liberación y su traslado a cárceles catalanas hasta que ésta no se produzca: "Es una cuestión que va de derechos humanos". En un acto con entidades y los grupos municipales Demòcrata, ERC y la CUP, Colau ha destacado que los asistentes defienden posicionamientos distintos y discrepan en muchos ámbitos, pero que se trata de una cuestión de derechos humanos, y ha pedido generar amplios espacios con este punto en común y "una unidad de país en defensa de los derechos y las libertades".

14.40. El Gobierno de Suiza ha asegurado que rechazará la petición de extradición de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que permanece en el país y se ha negado a viajar a España para declarar ante el Tribunal Supremo por su implicación en el proceso independentista. El portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza, Folco Galli, ha declarado al diario local Le Temps que Suiza rechaza a priori proceder con la extradición de Anna Gabriel. "Se trata con toda probabilidad de un delito político. Según nuestro Código Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, una petición de extradición o cualquier forma de asistencia judicial no se puede acordar por ninguno de esos motivos", ha afirmado Galli.

14.30. Pablo Llarena ha dictado una orden de detención nacional para la diputada de CUP Anna Gabriel, después de que este miércoles la investigada no haya acudido a su citación. La exdiputada de la CUP, quien estaba citada como investigada para esta mañana en el Supremo, no ha acudido al tribunal y la secretaria judicial ha levantado acta de su incomparecencia tras aguardarla media hora. 

13.30. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al juez Pablo Llarena que dicte auto de prisión contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y orden de detención internacional para sustentar una futura demanda de extradición a Suiza, han señalado a Europa Press en fuentes del Ministerio Público. También ha pedido orden de detención la acusación popular en la causa del procés, ejercida por Vox, tras constatar su incomparecencia este martes en el Tribunal Supremo, donde había sido citada a las 9.30 horas por el juez Pablo Llarena para ser interrogada por delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos.

13.10. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Tardà, ha remarcado que la declaración de independencia de Cataluña realizada por Carles Puigdemont en el Parlament fue sólo "simbólica", pero ha negado que pueda considerarse un "engaño", como ha insinuado el expresident Artur Mas. A su juicio, la declaración de independencia "existió", pero fue "un acto parlamentario" y de carácter "simbólico" en la medida que la república "no fue implementada" y el Govern no llegó a firmar ningún decreto para aplicarla. "Se quedó en el marco de la declaración en sede parlamentaria", ha reconocido.

12.05. En el auto dictado este miércoles el juez también acuerda la libertad sin medida cautelar alguna del expresidente de la Generalitat Artur Mas, que compareció este martes y para quien la acusación popular ejercida por Vox pidió una fianza idéntica, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado que Llarena no ha considerado necesarias.

12.00. El juez Llarena ha dado un plazo de diez días a la exsecretaria de ERC Marta Rovira para que deposite la fianza de 60.000 euros que le impuso el pasado lunes para eludir la prisión tras declarar como investigada. En su auto, y pese a considerar que la "importancia política" de la figura de Rovira es "coherente" con que tuviera una "función decisoria en la concepción y en la ejecución de un proceso soberanista", Llarena considera que en su caso el riesgo de fuga "se aprecia muy mitigado" por su arraigo personal, familiar y laboral y "por el que ha sido su comportamiento en los últimos meses, que no ofrece atisbo de posible ocultación".

10.45. La acusación popular en la causa del procés, ejercida por Vox, ha solicitado que se dicte orden de detención nacional e internacional contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel tras constatar su incomparecencia este miércoles en el Tribunal Supremo, donde había sido citada a las 9.30 horas por el juez Pablo Llarena para ser interrogada por delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos. Fuentes jurídicas han señalado que la secretaria del Juzgado ha levantado acta de incomparecencia a las 10.00 horas, tras constatar que habían pasado 30 minutos y Gabriel no aparecía tal y como había anunciado su defensa.

10.30. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no ve motivo para que Suiza niegue la extradición a España de la dirigente de la CUP Anna Gabriel, que ha huido a ese país para no comparecer ante el Tribunal Supremo, si así lo solicita el alto tribunal. "No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades suizas no concedan la extradición de una persona investigada por el Supremo", ha manifestado Catalá a los periodistas a su salida del Pleno del Congreso. "Habrá que ver qué delitos en su caso se le imputan y ver si existe el principio de la doble incriminación, esto es, si los delitos por los que se le pueda hipotéticamente acusar en España son delitos existentes en Suiza", ha recalcado.

10.25. El expresident de la Generalitat Artur Mas ha considerado este miércoles que la DUI del 27 de octubre fue puramente simbólica y no tenía un "recorrido real". "Todos los actores que estaban en el Parlament el 27-O sabían que esto no tenía recorrido real, otra cosa es que le dieran importancia como simbolismo. Tan evidente es que el 1-O fue un referéndum, como que la declaración del 27-O fue una declaración formal, parlamentaria y simbólica", ha recalcado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press al día siguiente de declarar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. "Lo sabe todo el mundo", ha insistido Mas, que ha pedido no exagerar el 27-O, y ha recordado que, tras la declaración de independencia, el Govern no se reunió en ningún momento.

10.15. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha criticado que las fuerzas independentistas en el Parlament catalán digan que el acuerdo para la investidura del próximo president de la Generalitat es inminente "desde hace muchos días", y los ha instado a cerrar un acuerdo en breve. "El independentismo sigue teniendo grandes dificultades de aceptar la realidad y de ponerse de acuerdo sobre soluciones viables", ha asegurado este miércoles en una entrevista de RNE recogida por Europa Press en la que ha defendido recurrir al Tribunal Constitucional para desbloquear el pleno, que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, aplazó sine die.

10.02. Pasada la hora de la citación únicamente se habían personado ante el juez las acusaciones particular representada por la Abogacía del Estado y la popular ejercida por Vox, según las mismas fuentes, que acudieron al mantener el juez la convocatoría. Faltaba la Fiscalía, que no ha revelado por el momento si solicitará orden internacional de busca y captura.

10.00. A las 9.30 horas de esta mañana, y tal como anunció su defensa, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel no se ha personado en el Tribunal Supremo para declarar como investigada por los delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos que le imputa indiciariamente el magistrado Pablo Llarena, que instruye la causa contra el procés que propició la declaración unilateral de independencia de Cataluña. 

9.00. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que juzga la causa por el procés soberanista que concluyó en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, mantiene la citación de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel como investigada. No obstante, la exlíder cupaire ya anunció este martes en una entrevista en el diario suizo Le Temps que no acudirá a declarar, ya que considera que no tendrá "un juicio justo". Asimismo, Gabriel relató que, en caso de que se solicite su detención, hará una petición de asilo político a las autoridades suizas.

8.30. Unos 200 vecinos de Sallent de Llobregat (Barcelona), la localidad de origen de la exdiputada Anna Gabriel, se han concentrado este martes por la noche para mostrar su apoyo a la cupaire tras su marcha a Suiza. Con una pancarta en la que se puede leer "Si tocan a Anna, Sallent responde", han leído un manifiesto para denunciar el bajo nivel democrático del Estado español e instar a la movilización.

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha comunicado este martes al Tribunal Supremo (TS) que no acudirá este miércoles a declarareste miércoles, por considerar que en la causa que la investiga "no existe derecho a un juicio justo".

El escrito registrado, recogido por Europa Press y presentado por la procuradora de Gabriel, Isabel Alfonso Rodríguez, esgrime que se pone en contacto con el TS "por cuestiones de lealtad procesal".

"Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado un país que pueda proteger mis derechos", había relatado Gabriel previamente en una entrevista publicada este martes en el periódico suizo Le Temps, recogida por Europa Press.

Gabriel se desplazó el fin de semana a Ginebra y este mismo martes por la tarde hay prevista una rueda de prensa de la CUP en Barcelona para explicar la estrategia de defensa de la exportavoz cupaire en el Parlament.

La anticapitalista ha comparado la situación en España con "lo que sucede en estos momentos en TurquíaTurquía" y ha criticado que está siendo investigada por su actividad política, ya que siempre ha defendido pacíficamente la celebración del referéndum del 1 de octubre, ha dicho.

"Cuando vi el destino de algunos de mis colegas que están en prisión desde diciembre, me di cuenta de que debía irme. No soy la única en arriesgarme a ir a la cárcel, el resto del Govern está amenazado", ha explicado, en referencia a los consellers cesados en prisión preventiva, y ha considerado que será más útil a su movimiento desde el extranjero que desde la cárcel.

Ha asegurado que "la cuestión de Cataluña debería poder resolverse políticamente, pero las autoridades españolas quieren silenciar la independencia mediante la represión", y sostiene que el Gobierno central no actúa ante la violencia de grupos fascistas.

Asimismo, lamenta que "maestros, policías, políticos e incluso meros electores" también están siendo investigados por su papel en el proceso soberanista catalán.

Posible extradición y asilo

En declaraciones a la televisión suiza RTS recogidas por Europa Press, Gabriel contempla que el juez del TS Pablo Llarena decida pedir su extradición por no acudir a la cita del miércoles y concluye: "Entonces Suiza deberá decidir qué hará conmigo".

También explica que ella misma y sus abogados creen que "una extradición sería ilegal porque no hay base para sostener" que haya cometido ningún delito, y alegarán que el proceso judicial en España es una persecución política contra su persona.

"Suiza no acepta las extradiciones que son de personas perseguidas políticamente, y este es mi caso", y ha detallado que su intención es establecerse en Ginebra y retomar su actividad académica, que ya desarrolló en Cataluña como profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona (UB).

Gabriel añade que aún no ha pedido el asilo político, pero que contempla hacerlo próximamente si hubiera solicitud de extradición y esto complicara su vida en Suiza: "Voy a intentar trabajar e instalarme aquí. Si no puedo porque hay una orden de extradición, pediré asilo político".

La CUP la defiende

La CUP ha defendido a través de un comunicado la decisión de Gabriel para protegerse de un tribunal que "ya ha decidido su culpabilidad", y tacha de política la causa abierta en el Supremo.

En el mismo documento, Gabriel esgrime que no debería investigarse a las personas incluidas en la causa contra el proceso soberanista, "sino al Estado español y a su baja calidad democrática".

La exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel se encuentra en Ginebra (Suiza) con otros miembros de la organización anticapitalista, un viaje organizado como "estrategia de defensa" ante la citación que tiene para ir a declarar ante el Tribunal Supremo (TS) el miércoles que viene, informa Europa Press.

En un comunicado, el partido ha explicado que este viaje forma parte de la campaña "antirepresiva" Ni una más que la formación emprendió para defender a los cargosNi una más que están inmersos en procesos judiciales vinculados con el proceso independentista.

Los cupaires no han aclarado si Gabriel tiene intención de ir a declarar ante el Supremo el próximo miércoles y se limitan a afirmar: "El próximo martes 20 de febrero se informará de todo aquello relativo a la declaración prevista ante el Tribunal Supremo el próximo 21".

La CUP ha emitido este comunicado después de que El Periódico haya publicado que Gabriel se encuentra en el país helvético, donde ha contactado con un abogado especialista en extradiciones que en su día defendió a miembros de ETA, y también que Gabriel está sopesando no ir a declarar.

En el comunicado, los anticapitalistas defienden, sin entrar en detalles, la necesidad de contactar "con entidades, instituciones internacionales y abogados vinculados a la defensa de los derechos civiles y políticos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

"Será una de las líneas prioritarias, tanto por lo que se refiere a la estrategia jurídica como a la consolidación de posicionamiento político", sentencian los cupaires, que reivindican que su presencia en Suiza también contribuye a dar una dimensión internacional al proceso soberanista.

La CUP también critica que las decisiones que ha tomado hasta ahora la justicia, como medidas cautelares, fianzas altas, prohibición de salir del Estado y cárcel incondicional para cuatro líderes soberanistas, evidencia la falta de "imparcialidad" de los poderes judiciales.

La concejala de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona Maria José Lecha ha anunciado este lunes que no asistirá a la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad prevista para el miércoles porque acompañará a las exdiputadas Mireia Boya y Anna GabrielAnna Gabriel a declarar ante el Tribunal Supremo (TS), en Madrid, "junto a otros compañeros".

Así lo ha dicho en rueda de prensa junto a las concejales Eulàlia Reguant y Maria Rovira, además de recordar que las citaciones de Boya y Gabriel "no son las únicas, puesto que hay 832 personas citadas con motivo de la demofobia y represión por parte del Estado español tras los hechos del 1 de octubre".

Eulàlia Reguant ha anunciado que este miércoles la CUP hará una petición a la Comisión de Economía acerca de una auditoría integral que analice las cuentas y el funcionamiento del consorcio de Turisme de Barcelona.

Reguant ha reiterado la voluntad de su partido de "eliminar este consorcio por opaco y poco democrático", aunque ha afirmado que para disolverlo es necesaria esta auditoría para conocer su funcionamiento.

Asimismo, ha exigido una pregunta de seguimiento al Gobierno municipal para que haga públicas todas las deudas del Ayuntamiento "en un ejercicio de transparencia, que era la bandera de BComú en un inicio".

​​​​​​​Maria Rovira ha explicado que, a la Comisión de Derechos sociales, la CUP presentará una propuesta —redactada conjuntamente con la Federació per l'Alliberament Gay de Catalunya— sobre un acto de memoria histórica del cine Niza mediante una placa de recuerdo de la lucha por los derechos del colectivo LGTBI y diversas exposiciones en los equipamientos públicos del barrio de Sagrada Familia.

​​​​​​​Rovira también ha informado que la CUP presentará una propuesta de creación de una comisión encargada de exponer "la represión que vive Cataluña por parte del Estado después del 1 de octubre, además de mostrar la organización popular que hizo posible el referéndum".

El entorno de la exportavoz de la CUP Anna Gabriel rechaza por el momento aclarar si la exdiputada autonómica, citada el próximo día 21 ante el Tribunal Supremo en calidad de investigada en la causa del procésse encuentra o no en España y si tiene intención de acudir a la comparecencia ante el magistrado Pablo Llarena.

Las mismas fuentes han calificado de "falso" que Gabriel se encuentre en Venezuela, tal y como apuntan varios medios de comunicación este jueves, y se limitan a señalar, consultadas por Europa Press, que en "unos días" ofrecerán información al respecto.

Fuentes jurídicas han apuntado que, de no comparecer, el magistrado tiene dos opciones, la primera de las cuales pasaría por volver a requerir la presencia de la investigada en otra fecha diferente, es decir le daría una segunda oportunidad de acudir a la cita judicial. La segunda posibilidad es que acuerde directamente su busca y captura.

Este miércoles se conoció que Llarena ha retrasado hasta el próximo 21 de febrero la declaración como investigada de la exportavoz de la CUP Anna Gabriel. Lo hace a petición de su defensa, que ha alegado tener ese día ya otro señalamiento previo, han informado fuentes jurídicas.

Llarena mantiene para el 14 de febrero, fecha inicial de la citación de Gabriel, el interrogatorio ya fijado para la también investigada en estos hechos y expresidenta de la CUP en el Parlamento de Cataluña Mireia Boya.

El lunes día 19 será el turno de Marta Pascal, secretaria general del PDeCAT y de la número dos en la lista de ERC, Marta Rovira; y al día siguiente concluirán los interrogatorios Artur Mas y la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.

El juez instructor amplió en un auto del pasado 22 de diciembre la investigación contra estas seis personas —la causa cuenta con 28 imputados— por los delitos de rebelión, sedición y malversación por su participación "especial y destacada" en el proceso independentista. Esta decisión la tomó tras conocer el informe de la Guardia Civil en el que señalan que todos ellos habrían formado parte del Comité Estratégico para declarar unilateralmente la independencia de Catalunya.

Así constaba en el documento Enfocats, la hoja de ruta para la creación de un nuevo Estado, incautado en el domicilio de Josep María Jové, número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras. También se le requisó una agenda en la que había apuntes manuscritos sobre el proceso independentista.