Cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno –si llega a serlo–, se acabará el "adoctrinamientos en las aulas". Así lo prometió en septiembre en el Congreso, entrando así de lleno en una de las obsesiones de la derecha española, donde no hay dirigente destacado, desde Isabel Díaz Ayuso (PP) hasta Santiago Abascal (Vox), que ignore este –según dicen– acuciante problema. Ahora bien, el sector del campo conservador que puede presumir de haber abierto fuego en la guerra cultural usando la escuela, alertando del adoctrinamiento e importando a España la obsesión evangélica estadounidense sobre una supuesta sexualización de las clases, es el lobby ultracatólico.Y ahí el nombre con mayúsculas es Jaime Mayor Oreja. "Don Jaime", como a menudo se le presenta en los foros en los que toma la palabra.

El exministro del Interior y amigo de José María Aznar, con el que coincide en el patronato de FAES, es un destacado referente de todo un conglomerado de organizaciones, articuladas en España a través de NEOS e internacionalmente a través One of Us y Political Network of Values. Todas estas entidades coinciden en un diagnóstico: el diablo se cuela por las aulas. El diablo, entiéndase, es la "ideología de género", el pensamiento disolvente del "lobby Lgtbi". Etcétera. En España, sostiene NEOS, la red de organizaciones liderada por Mayor Oreja, el Gobierno quiere convertir las aulas en "centros de propaganda".

Lo cierto es que algo sabe el expresidente del PP vasco de propaganda. Precisamente Mayor Oreja propagó algunas ideas políticas este mismo lunes.

Y lo hizo en un colegio, el concertado católico Cristo Rey, en Madrid, donde ante cerca de 300 alumnos de entre 14 y 17 años, en horario lectivo, dio una conferencia contra el Gobierno, la izquierda y las leyes del aborto, trans y la eutanasia. Más: puso en duda la autoría del atentado del 11M. Y afirmó –entre otras cosas que detalla El País en su crónica– que España se encuentra en "caída libre" por un "plan suicida capitaneado por ETA", organización que en la mente de Mayor Oreja sigue vivita y coleando. ¿Hay adoctrinamiento en la conferencia Construir España de Mayor Oreja? No desde luego del que preocupa al PP, Vox y el movimiento católico radical, Mayor Oreja incluido.

Alguien podrá alegar que la charla del exministro es un acontecimiento concreto, anecdótico, que no debe elevarse a categoría. Y es cierto que charlas así no se celebran todos los días ni están generalizadas en la escuela privada financiada con fondos públicos, es decir, la concertada, mayoritariamente católica en España. Pero, al mismo tiempo, la charla mencionada se suma a una amplia evidencia disponible que indica que la escuela católica sostenida sobre fondos del Estado se ha convertido en un importante agente político derechista. Y todo ello mientras múltiples terminales de este sector educativo denuncian, precisamente, que el adoctrinamiento es un problema que afecta a la escuela pública, con –aseguran– charlas que hace forzoso el pin parental para proteger a los menores del relativismo moderno y sus desviaciones.

El propio colegio Cristo Rey, titularidad de la congregación de las Esclavas de Cristo Rey, ofrece un hilo del que tirar para entender la profundidad de este fenómeno, a la vez político y educativo. El centro, dependiente de fondos públicos, participa en una campaña llamada Más Plurales y dirigida en general contra las políticas educativas progresistas y en particular contra la Lomloe, también conocida como Ley Celáa, la norma impulsada por la que fue ministra Isabel Celáa y aprobada en 2020.

Se suponía, según los promotores de dicha campaña, que esta norma iba a suponer una grave lesión a la concertada, cosa que cuatro años después no ha ocurrido. En 2021 la red privada recibió 7.200 millones de euros, su séptimo récord seguido. Además, las previsiones introducidas en la Lomloe para poner coto al cobro ilegal de cuotas se están quedando en papel mojado por las tretas de numerosos centros (no sólo católicos). PP y Vox han asegurado que, si llegan a tener mayoría, derogarán la Lomloe. Ambos partidos apoyan la campaña Más Plurales, que aún mantiene iniciativas institucionales y judiciales contra la norma. En esta campaña las dos principales formaciones de la derecha comparten causa con buena parte de la concertada católica, que se sumó en masa a la protesta.

Sigamos con el hilo del colegio Cristo Rey, el de la charla de Mayor Oreja, centro que difunde materiales de Más Plurales, como un comunicado anunciando medidas en la UE para intentar frenar al Lomloe por constituir "una grave vulneración de los valores sobre los que se fundó" el club europeo y que es "sin duda la peor ley orgánica de educación" de la democracia. "Han intentado acallar la voz de una parte muy importante de la comunidad educativa y aprovechando el tiempo de pandemia [para aprobar la ley]. El Gobierno ha hecho caso omiso [y ha aprobado una ley que] obedece a intereses partidistas con un claro sesgo ideológico [y que] conculca y limita derechos y libertades [...]. Se acaba, en suma, con la pluralidad y la libertad de elección que garantiza la Constitución", dice el comunicado publicado en la web del colegio Cristo Rey, que a su vez hace pública una carta de una madre que afirma que la Lomloe "busca convertir los colegios" en "granjas de adoctrinamiento" y "va a prohibir que haya colegios concertados si tienen carácter confesional", una falsedad a todas luces que el centro mantiene en su web.

Más Plurales es una iniciativa emblemática del activismo católico de la escuela concertada. La campaña, con el lema "¡Stop Ley Celáa! ¡Deroguemos la Lomloe!", acusa al Gobierno que impulsó la norma de atacar a esta red educativa y de querer promover el "adoctrinamiento" en las aulas. Al mismo tiempo, se alinea abiertamente con Vox y el PP. Destaca el respaldo a la figura de Ayuso, que ha convertido Madrid en "epicentro de la rebelión" contra la Lomloe, como recogen los promotores de la campaña.

Un aspecto controvertido de esta iniciativa movilizadora es que han participado múltiples centros concertados colocando globos y lazos de color naranja –símbolo de la protesta–, leyendo manifiestos, publicando argumentarios e implicando incluso a alumnos menores de edad [ver aquí, aquí, aquí y aquí informaciones sobre participación de centros y alumnos en la campaña]. A finales de 2020 las redes sociales se llenaron de imágenes de niños, en ocasiones de Primaria, sumándose a las protestas. Y también de centros con sus fachadas saturadas de naranja.

Así que Más Plurales es una campaña de fuerte contenido político/ideológico que utiliza a niños de colegios de toda España. Pero, ¿quién hay detrás?

En la plataforma Más Plurales están, en primer lugar, los centros, representados por tres entidades: Escuelas Católicas, CECE y Escola Cristiana. Sólo esta última entidad reúne a unos 2.000 centros. Entre ellos, por cierto, el mencionado Cristo Rey. A los centros se suman siete fundaciones que forman parte de Escuelas Católicas: Educación Católica, Escuela Viva, Educere, Fecib, Educación y Evangelio, Educativa del Sur y Bidaide.

Escuelas Católicas se integra, junto a CECE y las asociaciones de padres Concapa y Cofapa, en la Plataforma Concertados, que no forma parte del listado de asociaciones integradas en Más Plurales pero sí apoya la campaña y difunde noticias y artículos alertando del supuesto adoctrinamiento en la escuela y contra la Ley Celáa.

También forman parte de Más Plurales las asociaciones de padres, caso de Concapa, Cofapa y las de familias numerosas. Se suman los sindicatos Feuso y FSIE. Y está en Más Plurales también representada la propia Iglesia diocesana, miembro de ¡Ven y verás! y participante en Libres para Educar a Nuestros Hijos y ReliEsMás, a favor de la asignatura de Religión en la educación pública.

La conexión más evidente de Más Plurales con el ala radical del activismo católico está en la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), que pertenece a Más Plurales a través de Yolibre.org y que forma parte también de las plataformas provida Sí a la Viva, los 7.000, Foro de la Familia y NEOS, la red de organizaciones que encabeza Jaime Mayor Oreja. Con Alfonso Bullón de Mendoza al frente, la ACdP ha convertido en un puntal del activismo católico conservador contra la eutanasia, el aborto, la Ley Celáa y lo que los Propagandistas llaman la "cultura de la cancelación" promovida por la "corrección política" de la "ideología woke".

De los Propagandistas es la campaña Vividores, dentro de la cual colocaron una lona de 500 metros en Madrid. Sobre un fondo negro, la calavera con las dos tibias cruzadas, símbolo de la muerte, y el hashtag #DebateSecuestrado. Era una forma de denunciar la Ley de Eutanasia y la supuesta censura a las críticas a la misma. La ACdP impulsa, a través del CEU, centros educativos concertados.

Del seno de Más Plurales –asociaciones de padres, asociaciones de centros, ACdP y demás– se han alzado voces dramáticas contra la política educativa del Gobierno. “Tenemos a un Gobierno que [...] quita a los padres casi la patria potestad de sus hijos", lamentaba en Trece Pedro José Caballero, presidente de Concapa, que ha advertido que en Primaria los niños son "esponjas" que absorben y "después lo sueltan en cualquier sitio", en referencia a un borrador de currículo de Primaria de 2021 que preveía la formación en afectividad, sexualidad e igualdad de género. En cuanto a la perspectiva de género en Matemáticas, también prevista en aquel borrador, afirmaba Caballero: "¡Dos más dos son cuatro! Es que no sé qué perspectiva de género le tengo que dar ahí o qué identidad sexual le tengo que dar al dos".

También se ha pronunciado en términos graves Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, para quien la Lomloe fue diseñada por Podemos como un "auténtico Caballo de Troya" de la "ideología de Estado".

No toda la concertada es igual, la hay religiosa y laica. Y no toda la concertada católica es igual. Hay múltiples fórmulas jurídicas detrás de la escuela católica financiada con fondos públicos, también múltiples congregaciones, que responden a idearios diversos y tienen diferentes trayectorias. Lo indudable es que la Iglesia controla una porción más que significativa de la educación en España. Según el INE, en el curso 2020-2021 había 2.598 centros religiosos concertados, a los que se suman 567 no concertados, dato que desvela la fuerte dependencia del Estado de la educación católica. A los concertados católicos van cerca de 1,5 millones de alumnos.

Dentro de su diversidad, hay elementos que inclinan al grueso de la escuela católica hacia el espectro conservador. En primer lugar, por razones históricas. La educación ha sido desde antiguo un campo fundamental de la lucha de la Iglesia por el poder y la influencia en España. Es elocuente que fuera precisamente durante la Segunda República, que construyó unas 10.000 escuelas, cuando la institución católica elevó la educación a gran problema nacional. El problema, claro, es que el régimen tricolor trató de separar sotanas y pizarras. El franquismo tuvo claro desde su arranque su modelo y devolvió al clero el control de la educación, que sólo empezó a ceder en los años 70 con el cambio demográfico y cultural en la sociedad española. Pero jamás ha habido una ruptura con la matriz católica del sistema: la educación pública incorporó la privada católica mediante el sistema de conciertos, establecido por la ley educativa de 1985. Hasta hoy los colegios de la Iglesia son parte consustancial del sistema. Y desde esa posición ejercen un papel de bastión de influencia de la Iglesia en la sociedad, más aún ahora, ante el rápido avance de una secularización que supone una sangría de vocaciones y va vaciando los bancos de los templos.

Un detalle da idea de la importancia que la cúpula católica española da a la escuela privada financiada con fondos públicos: en su asamblea plenaria de abril, antes de abrirse el ciclo de elecciones municipales/autonómicas primero y generales después, la Conferencia Episcopal llamó a los fieles a movilizarse en defensa de la vida –es decir, a rechazar el aborto y la eutanasia– y de la educación concertada.

Varias organizaciones impulsoras de centros de educación católica concertada tienen además un sesgo ideológico conservador, como la mencionada Asociación Católica de Propagandistas, los Legionarios de Cristo o el Opus Dei. La Obra es el más destacado promotor en España de la educación separada de niños y niñas, línea que también defienden grupos como el Movimiento Apostólico de Schoenstatt, la Compañía de la Cruz o Educatio Servanda. Esta última fundación publica en su página web palabras laudatorias sobre sus centros pronunciadas por Mayor Oreja, Esperanza Aguirre, Emiliano García Page, la periodista Isabel San Sebastián y el radiofonista Luis del Pino, teórico de la conspiración del 11M e instigador de las movilizaciones de la extrema derecha en Ferraz. Educatio Servanda, que forma parte de la plataforma provida Los 7.000, denuncia que la Ley Celáa implica adoctrinamiento.

Al mismo tiempo, los propios centros de Educatio Servanda han provocado sonadas polémicas, como cuando dos de ellos, concertados en la Comunidad de Madrid, pidieron a las profesoras que vistieran con "feminidad, pudor y modestia". Otro caso: el director de un concertado de Educatio Servanda en Madrid entregó a su alumnado una carta en la que comparaba una ley anti-Lgtbifobia con "fanatismo terrorista". También de Educatio Servanda es un centro que recibió denuncias de sexismo por poner actividades distintas para niños y niñas: ellas hacían ganchillo y ellos visitaban el estado Santiago Bernabéu. ¿Adoctrinamiento? No del que preocupa a Mayor Oreja.

Casos como los anteriores dan pistas de la existencia de difusión ideológica conservadora que excede el activismo político que podríamos llamar público, a luz del día, para adentrarse en las aulas. Y se trata de una difusión de ideas que no abarca sólo lo moral. Algún caso también ha mostrado inclinaciones en cuanto a modelo social y económico.

En 2018 un concertado salesiano de Madrid proyectó un vídeo de contenido clasista a alumnos de Secundaria: "Vamos a ver las diferencias entre una persona rica y una persona pobre [...] Los ricos son personas de éxito, los pobres son personas mediocres". Se formó una polvareda mediática. Otra vez, es posible alegar la condición anecdótica. Otra vez, lo relevante se encuentra en el funcionamiento general en el que se inserta el acontecimiento concreto.

¿Qué funcionamiento? La Conferencia Episcopal Española y los grupos católicos promotores de colegios basan su actividad educativa en un modelo que alienta la segregación mediante mecanismos como la ubicación selectiva de los centros, cobros informales a los alumnos, barreras de entrada para el alumnado más desfavorecido... El resultado final es que la educación concertada –no sólo la católica– concentra menos alumnado pobre e inmigrante, lo cual mejora sus resultados y sirve al mismo tiempo como reclamo del alumnado. Los obispos dan la vuelta a la relación causa-efecto. En su memoria económica de 2015 la Conferencia Episcopal recogió entre las ventajas de estudiar en centros católicos las siguientes: "Mejora de la salud", "mayor tendencia a las donaciones" y "reducción de la criminalidad".

Según las organizaciones de la concertada católica, sus alumnos tienen una ventaja más: están menos expuestos al "adoctrinamiento". Pero hay motivos para creer que eso no es del todo cierto.

En abril de 1792, Marie-Jean-Anton Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, presentó a la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa el Informe y proyecto de decreto sobre la organización de la instrucción pública, en el que además de abogar por la libertad de enseñanza, la obligatoriedad y gratuidad de la misma, el laicismo escolar y la no separación de los alumnos por sexos, afirmaba que el primer deber de toda institución docente era enseñar solo verdades. Si en ese tiempo los militares reaccionarios franceses hubiesen tenido grupo de WhatsApp, Condorcet hubiera figurado el primero en la lista de futuros guillotinados.

Afortunadamente no hizo falta. El grupo de Telegram de la izquierda es siempre mucho más efectivo. La deriva radical de la revolución y la toma del poder por parte de los jacobinos —para entendernos, los lectores de infoLibre de la época— tuvieron como consecuencia la condena a muerte de Condorcet por traición al oponerse a la nueva Constitución. Gracias, Jesús Maraña.

La escuela española pasa por un momento delicado, fruto de una continua decadencia que, para mí, comienza en el mismo momento en que obligamos a los profesores a renunciar al castigo físico. Una circunstancia que, además de reblandecer el espíritu de los niños, empeora la salud de los profesores, quienes ahora carecen de motivación para hacer ejercicio.

Don Roberto, un cura de los Salesianos al que tuve el honor de servir de sparring en quinto de EGB, llegó en perfecta forma a los noventa y cinco gracias a su afición a practicar el crochet de izquierda con el alumnado. Don Roberto no tenía grandes dotes pedagógicas pero suplía sus carencias con una espectacular variedad de golpes. Por ejemplo “la cobreja”, una colleja que recibía ese nombre por ser ejecutada con la rapidez del ataque de una cobra. Era imposible esquivarla. Un latigazo invisible al ojo humano. Escuchabas un chasquido y sentías un repentino dolor en el cuello pero jurarías no haber visto moverse la mano de Don Roberto. Aunque su especialidad era “la molineta”, un tirón de pelos con juego circular de muñeca que dañaba a un tiempo el cuero cabelludo y las cervicales y que varios servicios de inteligencia incorporaron posteriormente a sus protocolos de interrogatorios antiterroristas. ¡Cuántos atentados yihadistas se habrán evitado gracias a “la molineta”! A don Roberto debo el saberme de memoria los afluentes del Miño. Llevo desde los doce años ilusionado con que alguien me los pregunte, pero no acaba de salir la conversación.

Desgraciadamente, esa escuela ya no existe. Ahora todo son derechos para los niños y deberes para los padres. La progresía está empeñada en instalar en el imaginario popular que el progenitor perfecto es aquel que cuando llega a casa ayuda a su hijo en las tareas escolares, pero niega a ese padre el sagrado derecho a decidir lo que han de enseñar o no a su hijo. ¿No es razonable que quien tiene que ayudar a sus vástagos a hacer raíces cuadradas pueda, en defensa propia, vetar que se las enseñen?

Hay estudios que demuestran que la mayoría de conflictos generacionales entre padres e hijos tienen su origen en el momento en que en el programa escolar se abordan las raíces cuadradas. Es ahí donde el hijo, que habitualmente ha visto al padre como una especie de súper héroe que todo lo puede, comienza a verlo como un pobre hombre atribulado por asuntos que es incapaz de resolver. Esos mismos estudios constatan que en un 57 % de los casos los niños oyen blasfemar al padre por primera vez intentando resolver raíces cuadradas. El otro 43% se corresponde con la práctica del bricolaje.

Cuando pienso en un pin parental no lo imagino solo como una herramienta para conjurar el peligro de que a los niños les hablen de zoofilia en los colegios del que alertaba Rocío Monasterio, esa nuera que toda madre quiere para su hijo. No es que me parezca bien que informen a los críos de que existen esas prácticas pero, en cierto modo, es lo único que justifica que un humano quiera vivir con un hurón. Creo que hablo en nombre de todos los padres cuando afirmo que si nos dan a elegir entre tener que explicar a nuestros hijos la zoofilia o las oraciones subordinadas, nos quedamos con la zoofilia, que se explica más fácilmente: gente que, en vez de jugar a los médicos, juegan a los veterinarios.

El pin parental no es un capricho. Aunque ni siquiera el partido que lo propone ha entendido su verdadera utilidad. Si lo hubiera hecho, la principal materia cuya enseñanza vetaría Vox sería la religión. Si leyeran la Biblia, en la que dicen inspirarse, sabrían que en ella se dicen cosas como “Y vosotros, los ricos, llorad a gritos por las desventuras que os van a sobrevenir. Vuestra riqueza está podrida; […] vuestro oro y vuestra plata comidos del orín, y el orín será testigo contra vosotros y roerá vuestras carnes como fuego. […] El jornal de los obreros que han segado vuestros campos, defraudado por vosotros, clama, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. […] habéis cebado vuestros corazones para el día del degüello”.

No hay que ser analista de La Sexta para concluir que quien dice cosas así no vota precisamente a Ciudadanos. El fragmento pertenece a la Epístola de Santiago y podría referirse igualmente al apóstol que a Carrillo.

Si Pablo Iglesias fuera un fino estratega como algunos se empeñaban en afirmar —y las urnas en desmentir—, no hubiera hecho campaña paseando por los platós un ejemplar de la Constitución sino uno de la Biblia. Y si la izquierda fuera inteligente, no exigiría excluir del programa académico la asignatura de religión sino, al contrario, pediría que le dedicaran más horas, a ver si así conseguían llegar a esta parte del temario.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha advertido de que el Gobierno "no va a tolerar de ninguna de las maneras" la implantación del llamado pin parentalpin parentalen la Región de Murcia, tras el acuerdo alcanzado por el PP y tres exdiputados de Vox para tumbar la moción de censura en la comunidad autónoma y que derivó en el nombramiento de María Isabel Campuzano como consejera de Educación y Cultura, según informa Europa Press.

"Es un veto parental al derecho fundamental del alumno a ser educado y no vamos a tolerar de ninguna de las maneras una actuación que es ilegal", ha adelantado Celaá en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press en la que ha cuestionado además que Campuzano sea un "referente adecuado" para los alumnos tras su reticencias a vacunarse contra el covid.

La titular de Educación ha asegurado que el Ministerio está dispuesto a recurrir la medida "igual que se hizo el año pasado", cuando quedó en suspenso la medida tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. "Estaremos atentos a cualquier normativa y actuación que suponga un recorte del derecho fundamental a la educación", ha explicado la ministra, quien ha recordado que "una de las cuestiones que se debe enseñar a los alumnos es proteger su salud mental y física, el respeto al diferente y la educación afectivo-sexual". Asimismo, considera que la implantación del pin parental"es una falta de respeto a la libertad de cátedra y a la autonomía de los centros".

Celaá ha admitido no haber mantenido ningún contacto con Lozano ni tiene previsto hacerlo hasta ver cómo discurren los acontecimientos. "No he intentado hablar con la consejera, institucionalmente habré de hablar con ella, pero hasta el momento no he intentando ninguna conversación y voy a ver cómo van decantándose las cosas". La titular de Educación ha lamentado que el PP haya puesto la educación "como moneda de cambio" para conseguir mantenerse en el Gobierno de Murcia tras la moción de censura. "La educación ha sido concebida más como una mercancía que como un derecho y nosotros no vamos a tolerar eso" ha indicado la ministra.

La ministra de Educación considera además que la nueva consejera de Educación de Murcia "no es un referente adecuado para el alumnado" en relación a sus reticencias sobre la vacunación contra el coronavirus. "Un ministro o un consejero de educación creen en la capacidad de la ciencia y lo estamos viendo cada día para resolver problemas, es loable cómo ha actuado la ciencia en la pandemia y las vacunas están demostrando históricamente su eficacia", ha indicado Celaá en relación a María Isabel Campuzano, aunque confió en que ésta "cambiará de opinión en breve".

Celaá ha mostrado, sin embargo, su disposición a vacunarse y ha negado tener recelo alguno sobre el suero de Astrazeneca. "Me pondré la que me tengan que poner en el sitio que me corresponda, creo en las vacunas y quiero vacunarme cuanto antes", ha concluido la ministra.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha defendido que la educación integral, incluida la afectivo sexual, "es un derecho fundamental de los menores". "La educación integral, incluida la afectivo sexual, es un derecho fundamental de los menores. Vamos a defender ese derecho por encima de cualquier veto parental que se quiera implantar", ha sentenciado Celaá.

Así lo ha manifestado este sábado la ministra de Educación y Formación Profesional en una publicación en su cuenta de Twitter, en la que ha destacado que "el único interés que debe prevalecer es el interés superior del menor".

La Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso aprobó este jueves una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a "elaborar una propuesta curricular firme que contemple la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, en los Reales Decretos por los que se establezcan las enseñanzas mínimas". La iniciativa, presentada por Unidas Podemos, ha sido aprobada con los votos de Unidas Podemos, PSOE y Más País.

El texto aprobado también pide al Ejecutivo "impulsar, a través de la colaboración con las administraciones autonómicas que son las competentes, un plan de actividades que fomente la educación sexual en los centros educativos".

“El feminismo no lucha por lo identitario masculino, sino por lo genéricamente humano”. Celia Amorós.

“El capitalismo salvaje, en alianza con el machismo, persigue en estos tiempos la mercantilización del cuerpo de las mujeres, se manifiesta de diferentes formas y ataca por distintos flancos: legalización de los vientres de alquiler, regulación de la prostitución, normalización de una pornografía cada vez más violentas como apoyo de una masculinidad hegemónica en crisis y, cada vez más, diversos postulados que beben de la posmodernidad”.Lídia Guinart.

De nuevo ha vuelto a surgir cierta polémica, a cuenta del cacareado “pin parental”, desde las filas, mejor dicho, desde la caverna de la ultraderecha, camino del contagio debido al resto de la derecha mal llamada moderada, acomplejada por si desde la caverna osen expulsar a “los tibios”.

Y entonces, de nuevo, se vomitan las intenciones miserables que tal apelativo conllevan, pretendiendo crear un cierto simulacro de debate, en el que la caverna ya tiene suscritas las conclusiones y solo quedaría que el resto afín, a partir de la barbarie consentida, se presten al atropello educativo y humanitario convenidos.

En el que como resulta con frecuencia la gran víctima a derribar sea el feminismo y, en su nombre, la mujer, así tomada de una en una, devuelta al corral de sus “ordeno y mando ” del “tú te callas y tú a tú sitio”, hacia la posición soñada por tales “brutos innobles”, aquel de ”en casa y con la pata quebrada”, ¿se acuerdan?, la de ocupar una posición secundaria, sometida, de humillación y acatamiento, en nombre de lo que ocupa gran parte sus rastreras obsesiones: el sexo sucio, atropellado y vil, que la derecha pregona como el origen de todas las perversiones sin querer detenerse y reconocer que el tumor ya crece en su interior.

Y así se vuelve una y otra vez al penoso asunto del “pin parental” desde la rancia ultraderecha y sus huestes arreboladas, hasta la lideresa de la, igualmente, rancia derecha del PP, en este caso madrileño, “comprendiendo que pueda haber familias que sus “querubines”, adoctrinados de casa no escuchen información de, por ejemplo, el movimiento LGTBI, tentado, o mejor dicho “chantajeado” en el mismo sentido el líder andaluz, como hace tiempo lo fue el murciano… y así poquito a poco enfangándolo todo.

Para poner en entredicho a la escuela pública y al feminismo, como origen de los males que esa derecha pútrida e inmoral intenta señalar.

Porque temen la universalidad de la escuela pública, su humanismo y su exigencia igualitaria, y, también, el afán de liberación, fraternal y solidario del movimiento feminista que acude en apoyo y reivindicación de la mujer sometida, de la mujer que supone la mitad de la humanidad y que exige ya su puesto, en igualdad, en el futuro y en la responsabilidad de la sociedad de la que forma parte.

Porque el dichoso “pin parental” solo es obsesivo y monotemático, y apela a una falsa capacidad de decidir de los padres y las madres sobre un currículo universal, consensuado y aprobado por las distintas comunidades escolares para ser aplicado a todas y a todos.

Porque nadie es tan distinto para dejar de ser igual, y nadie es propiedad de nadie para decidir si se debe estudiar o no… el análisis sintáctico, la regla de tres compuesta, el comportamiento de los cuerpos físicos, nuestro pasado histórico, nuestro desarrollo físico y artístico… así y también la educación, por ejemplo, de nuestra afectividad, creativa, humana y responsable, el civismo elemental y la capacidad formada para respetar al… diferente.

Salvo que lo del “pin parental” solo sea una burda maniobra para hacer ciudadanos/as de primera, de segunda o de tercera, biempensantes o retorcidos de alma y calaña, según formen parte de los “perseguibles” o solo formen parte de la grey aborregada que embista al… dictado.

Antonio García Gómez es socio de infoLibre

La asociación de padres de familia del Sudán, en su sección española en la muy católica Murcia, ha pedido también que el Gobierno regional vuelva a instaurar el pin parental, como reclama Vox, el socio del Partido Popular y Ciudadanos en la Asamblea. Así ellos podrían seguir reivindicando poder mutilar genitalmente a sus hijas como es costumbre ancestral en su cultura y no ser perseguidos por la Justicia. Al mismo tiempo piden que no se deje influir por convenios internacionales que reconocen derechos a los infantes y jóvenes por encima de las creencias y convicciones de los progenitores. Inmediatamente, al conocer la petición de Vox, la APT (Asociación de Padres Talibanes) ha reclamado el derecho de imponer a sus hijas el burka, así como casarlas con quien quieran y a la edad que quieran, como es tradicional en sus familias...

Indudablemente la petición que encabeza este escrito, así como la de los talibanes son falsas pero el espíritu de esas “peticiones” se sustenta en el mismo principio en el que se basan los ultra-católicos de Hazte oír y sus representantes políticos de Vox cuando reclaman su derecho total a la educación de sus hijos. “Los hijos son nuestros, nosotros los criamos, nosotros los educamos”, gritan en sus manifestaciones. Pero eso no es así, porque a ello se oponen tanto leyes internacionales, Convención Internacional sobre Derechos del niño, ratificada por España desde 1990, como leyes nacionales desde la LODE, a la actual LOMLOE y hasta regionales como los Decretos de currículo. Vox ha vuelto a exigir al Gobierno del PP y Cs en la Región de Murcia el peaje del “pin parental”, y no sabemos qué más teniendo en cuenta su obsesión con los menores extranjeros, para aprobar los presupuestos regionales.

La obsesión de este partido por el control de la familia se parece mucho a la de su añorado “Meneo Nacional”. Si por ellos fuera pondrían en marcha otra vez la FEN, la Formación del Espíritu Nacional para empalmar la “formación juvenil” con la mili obligatoria para conseguir “patriotas” a cascoporro. Pero mientras que no llegan al poder se conforman con poder manipular a sus vástagos para que sean un calco de ellos mismos. Aclaro “manipular” para los partidarios de la “educación selectiva”, selectiva de lo que ellos consideran “la verdad y lo correcto”: sus ideas, eso sí, dejando fuera todo lo demás. No se trata solo de mentir, ni de inculcar ideas erróneas. La cuestión fundamental, lo que hace que su pretensión de control sea ilegal por ir en contra de los derechos de los menores, es no enseñar todas las visiones de la sociedad y las distintas perspectivas que existen dentro de ella. En eso consiste, ni más ni menos, la consecuencia de imponer lo que se ha llamado el “pin parental”.

Este quedó reflejado por la Consejería de Educación en las instrucciones de principio de curso 2019 cuando incluyó este punto:

15. 2. De todas estas actividades, aquellas que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias, además de por la vía o vías que el centro utilice para dar a conocer los documentos institucionales, por medio de una relación detallada que los tutores de los distintos grupos de alumnos facilitarán a padres y madres al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades. Dicha norma incumple normativa regional superior, los Decretos de currículo, que vienen a decir: “Las actividades complementarias son aquellas actividades didácticas cuyo objetivo es complementar la actividad habitual del aula, forman parte de la Programación docente y son coherentes con el Proyecto Educativo del Centro; dichas actividades, se encuentran recogidas dentro de la Programación General Anual, habiendo sido previamente evaluadas por el Consejo Escolar del Centro, y tienen por ello, carácter obligatorio tanto para el personal docente como para el alumnado.”

También va en contra de la Ley del Derecho a la Educación del 85, precisamente la que garantiza los conciertos educativos a la privada, pero que su artículo 6 al enumerar los deberes básicos de los alumnos señala en su apartado b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias. Así mismo La nueva Ley, LOMLOE, aprobada en diciembre de 2020, en su disposición adicional primera, modifica ese punto añadiendo la palabra: gratuitas. Es decir que son actividades obligatorias y debe participar atendiendo la programación del centro que es controlada por la comunidad educativa, que incluye a las familias, pero no los caprichos, o el libre arbitrio de unos progenitores. Por último, la Convención Internacional de los Derechos del niño en su artículo 13 entre otras cosas dice: (el niño tiene) “…la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo…” Con las limitaciones de imponga la Ley, pero no otras. Para terminar, siendo la Administración regional y el Gobierno que la dirige los últimos responsables del funcionamiento y el cumplimiento de la legalidad en los centros educativos entiendo desde mi posición de lego que incurriría en algún tipo de delito si una vez suspendidas las anteriores instrucciones volviera a reiterar el ilegal pin parental. Y ello es así a pesar de que le hicieran un apaño a la normativa regional, o retrasaran, si es que ello es posible, la entrada en vigor la nueva ley como pretenden; siempre les quedaría retirar la firma de España de los tratados internacionales, cosa que de momento queda fuera de la competencia de nuestras lumbreras regionales.

José Luis López Lillo es socio de infoLibre

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que, hasta ahora, Vox, en Andalucía, "nunca ha vulnerado" el marco constitucional, sino que reivindica su vigencia, frente a formaciones como Podemos o ERC que persiguen "vulnerar" la Constitución y acabar con el régimen del 78, según informa Europa Press.

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, tras ser preguntado sobre si Vox es una "amenaza" para la democracia, ante lo que ha indicado que todo el que asuma la Constitución Española, que son las reglas del juego, y no legitime la violencia "no es una amenaza". "A mí me preocupan los que no respetan las reglas del juego y que legitiman la violencia para llegar a fines, eso sí que es un peligro para la democracia", según ha indicado.

Ha querido dejar claro que, por la experiencia que ha tenido con Vox en Andalucía, hasta ahora, esa formación "nunca ha vulnerado" ni ha hecho declaraciones que vulneren el marco constitucional, sino que ha sido respetuoso y ha reivindicado su vigencia. En cambio, según ha señalado, hay otros partidos "que no lo hacen", como el caso de ERC, que no quiere la Constitución y la "vulnera de manera cotidiana", Bildu y "hasta Podemos".

Según ha señalado, los propósitos que tiene Podemos son "vulnerar la Constitución y el régimen del 78 quiere liquidarlo, textualmente", acabando con la monarquía parlamentaria o incluso planteando la intervención en todos los sectores, incluidos los de los medios de comunicación. "Podemos, sin duda alguna, tiene un afán de vulnerar y de sobrepasar el marco constitucional y lo hace a diario", ha sentenciado. Moreno ha insistido en que, hasta ahora, no ha oído a Vox en intervenciones en el Parlamento andaluz o en declaraciones públicas hacer pronunciamientos en contra de la Constitución.

Vox dejará de apoyar iniciativas del Gobierno

Respecto al anuncio que hizo ayer el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, de que dejarán de apoyar iniciativas del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) hasta que no se implante en esta comunidad el llamado "pin parental" (autorización expresa de los padres para que sus hijos participen en actividades escolares complementarias), Moreno ha indicado que eso es parte del "juego político", que consiste en el "toma y daca".

Ha indicado que en las negociaciones que hay con Vox existen "desavenencias" y ha querido dejar claro que todo lo que está en el Estatuto de Autonomía es "negociable y lo que está fuera, no es negociable".

Ha explicado que lo que se ha acordado con Vox es dar más transparencia a las actividades complementarias en los colegios, a través de información a los padres, y que éstos tengan la libertad "de decidir si esa actividad complementaria la puede hacer su hijo o no". A partir de ahí, según ha apuntado, ha habido un debate semántico y de contenido que está "fuera lugar", que ha llevado de una manera, quizá "exagerada", a decir a Vox que "rompe cualquier apoyo político al Gobierno".

"Pues ellos tendrán que explicarlo. Tendrán que explicar a su electorado si van a empezar a votar junto con Podemos, Anticapitalistas y PSOE en los casi dos años de legislatura que restan", según ha señalado Moreno, insistiendo en que Vox tendría que explicar a sus votantes esa decisión.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento que su grupo dejará de apoyar más iniciativas del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), presidido por Juanma Moreno, hasta que no implante el llamado pin parental (autorización expresa de los padres para la participación de sus hijos en actividades educativas complementarias) en la comunidad autónoma, según recoge Europa Press.

Así se lo ha trasladado Hernández al propio Moreno la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento. El presidente ha pedido a Hernández que se "replanteen" esa posición y sigan contribuyendo al cambio político y no hagan el "juego" al PSOE-A que ha gobernando esta comunidad durante casi 40 años.

"Me veo en la obligación de anunciarle que desde las 00.00 horas de esta noche, mi grupo dejará de apoyar con sus votos cualquier iniciativa que provenga de su Gobierno o de los partidos que lo sustentan en pleno y en comisiones. No cuente con Vox hasta que no se implemente de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria un mecanismos para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos", ha indicado Hernández.

También está el caso del acceso a otras escuelas elitistas privadas, como los colegios de enseñanzas internacionales, donde para conseguir entrar, antes debes haber pasado por sus escuelas infantiles afines y después someter a toda la familia a una serie de entrevistas donde importa tu vinculación con el país, con peso fundamental de tener sangre originaria en tu árbol genealógico. Se ha normalizado que algo así sea relevante y éticamente incuestionable y nos callamos de ponerle su adjetivo preciso. Como es privado, o concertado, no se admiten preguntas.

La educación privada, pero también la concertada en muchos casos, ejerce sus propios mecanismos de filtro, embudo mediante, para que el poder y el estatus, sea cual sea, vayan en la dirección que vayan, estén asegurados en las manos de unos pocos (niños hoy, recuerden siempre que hablamos de niños). En un artículo, el escritor Alberto Olmos decía que el debate de la calidad de la enseñanza había sido sustituido por uno “menos noble”: la calidad del alumnado. Peligroso. Pero no es solamente eso, cuando tu hijo accede a un colegio así la diversidad mengua hasta el punto de constreñirse a universos reconocibles como ponernos un espejo delante. Pregúntate esto mientras sujetas la bandera de la tolerancia: ¿Tengo más que ver con una familia de mi liceo francés donde hay dos mamás o con una familia clásica que lleva a sus hijos a un instituto de Usera?

Más barata o más cara, la cuota mensual lleva implícito el sesgo educativo, la seguridad de que ciertos temas no serán tratados, uniformidad del alumnado, un veto asegurado hacia lo diferente, ya sea a nuevos modelos de familia o a las clases sociales más bajas, control paterno y también económico.

Tu veto puede orbitar sobre el clasismo.

A ver si estamos teniendo hijos para que consigan concluir el camino hacia ese estatus social que nosotros hemos peleado desde otro sitio. O esta variante del clásico: a ver si los hijos nos sacan de parecer pobres. Qué mal. Porque difícilmente la educación pública puede ser reivindicada por aquellas familias que desistieron por la razón que sea y eligieron llevar a sus hijos a uno de los 9.000 centros concertados o privados del país.

Todas las mañanas, sin llegar a entrar en las aulas, veo cómo muchas de las ventanas de la clase de los niños del colegio público de este pueblo de la sierra siguen sin cambiarse desde hace cuarenta años y entra el viento y entra el frío mientras que justo al lado se levanta un brillante edificio blanco de líneas rectas y enormes vidrieras religiosas sobre terrenos que el ayuntamiento de entonces cedió para un colegio concertado cristiano. Esto duele. O cómo, según explicaba el periodista Ángel Munárriz este domingo en este diario, las instituciones públicas y comunidades autónomas financian y avalan el pin ideológico y religiosopin que tantos colegios concertados ponen a sus alumnos financiando sus centros: hasta cuándo.

Para alejar a mi hijo de cualquier moral, de cualquier creencia, para que fuera libre y también crítico con cualquier sistema ideológico, y porque yo he pisado centros concertados religiosos en mi primera infancia y públicos después, le inscribí en la escuela de mi barrio. Porque creo que solamente los países que invierten en la educación pública, recortando los índices de fracaso escolar o la degradación de su enseñanza, levantan su futuro. Sacar a los niños de sus aulas no es creer en la enseñanza. Elegir entre las opciones que otros no tienen no es apoyarla. La gran razón de peso que sostiene la educación de este país es la equidad, la libertad y el progreso social común. Que algún día mi hijo, en manos de profesionales de la educación, dentro de un sistema que nos iguala y nos potencia, con sus lagunas y sus recovecos, un sistema que debe apuntalarse para que nos cohesione como país y no nos segregue, pueda ayudarme con la comprensión de este futuro acelerado. En realidad, yo también le puse un pin eligiendo la pública: una educación lo más libre posible, solidaria e igualitaria para todos. Hagan sus colas de acceso, paguen sus cuotas y saquen los vetos de nuestras escuelas.

Por eso, los colegios, según Vox, tienen que comunicar a los padres previamente los contenidos que se impartan y que tengan que ver con educación sexual y modelos de familia. El lenguaje de Vox, inteligente y perverso, habla de “adoctrinamiento”, de contenidos “intrusivos”, y afirma que “los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es bueno para sus hijos”. En Murcia, por la presión de Vox sobre el Gobierno regional, ya se aplica una versión ligera del pin parental, y Madrid y Andalucía se lo están pensando.

Nosotros, que no adivinamos las verdaderas intenciones de los ultras, bailamos a su compás y en su tono. Incluso para contradecirles. Primero, asumiendo el propio concepto. Y segundo, diciendo cosas que generan un debate espurio en las cafeterías, como que “los hijos no pertenecen a sus padres”. Permitiendo que el cuñado de Vox inmediatamente zanje la discusión diciendo que pertenecen menos aún a los profesores.

Detrás del pin parental, que al menos algunos han logrado llamar veto parental, hay simple y llanamente un intento de adoctrinamiento ultrarreligioso. Lo promueven, entre otros, la organización HazteOir y el Foro de la Familia, vinculados a su vez a una miríada de organizaciones ultracatólicas, como los Legionarios de Cristo, el Opus Dei o el Camino Neocatecumenal de Kiko Argüello.

Los mismos que se opusieron en su día a que se impartiera Educación para la Ciudadanía. Los mismos que pretenden que la ley fuerce a las mujeres a ser madres en contra de su voluntad. Los mismos que convocaban y llenaban manifestaciones para impedir el matrimonio de personas del mismo sexo.

En todos esos casos, esos mismos desempeñaron su pretendida “misión evangélica” de manera infructuosa, porque chocaron frontalmente con una de las sociedades más tolerantes y abiertas del mundo, que es la nuestra. Ni siquiera el PP, que con mayor o menor timidez les apoyaba de boquilla, revocó ninguno de aquellos avances sociales. En España hoy el matrimonio es igualitario y la ley protege a cualquiera de la discriminación por su orientación sexual; en la escuela pública se habla de la diversidad y la religión ha sido apartada del currículo obligatorio; las mujeres no son forzadas a ser madres dentro de unos plazos aceptados por casi toda Europa.

Pero algo crucial nos distingue de la España de hace tan solo unos meses. Hoy Vox es la tercera fuerza política del país, un regalito inesperado del independentismo catalán. Detrás de Vox, o en el mismísimo núcleo duro de Vox, están insertas esas mismas organizaciones del extremismo religioso. Y acuciado por el miedo a perder los gobiernos pactados o parte de su electorado, el Partido Popular se ve obligado a asumir las bravatas de los ultraderechistas.

Pues bien, que los hijos sean o no propiedad de los padres, o sobre si hablar del matrimonio homosexual en clase es adoctrinar o no (¿acaso no es “adoctrinar” casi todo lo que se hace en la escuela?), hay un amplio margen de interpretación. Lo que no admite interpretación, y por eso Vox prefiere orillar el asunto, es que los españoles rechazamos mayoritariamente la entrada de la religión, y más aún de la religión extremista, en nuestra escuela pública. El pretendido pin parental es solo el Caballo de Troya con el que Vox y todos sus socios, con el PP a la zaga, pretende irrumpir en el único ámbito en el que podría extender su doctrina ultrarreligiosa y reaccionaria: en las aulas de nuestros hijos.

Jóvenes de colectivos LGTBI han defendido la importancia de las charlas sobre diversidad afectivo-sexual que se imparten en centros educativos para mejorar la convivencia y el respeto en las aulas, y han mostrado el rechazo al pin censorpin censorque promueve el partido de extrema derecha Vox para permitir a las familias vetar la participación de sus hijos en estas actividades complementarias en horario lectivo, según informa Europa Press.

"No te convierten en homosexual. A mis compañeros heteros les ha abierto la cabeza, y ninguno ha salido del armario por asistir a una charla. Yo también he recibido muchas charlas de educación sexual heterosexual y no me he convertido en hetero", ha explicado Aarón, un joven canario asentado en Madrid, que participa como voluntario del colectivo COGAM impartiendo estos talleres en centros educativos de la capital.

Aarón, junto a otros jóvenes, ha participado este jueves en una rueda de prensa conjunta de varias organizaciones que se oponen a la implantación del pin parentalpin parental, como ya ha sucedido en la Región de Murcia, y han compartido que, en sus experiencias como estudiantes,  se sintieron respaldados en sus centros educativos gracias a este tipo de actividades que llevan a clase el respeto por la diversidad.

"La diversidad no va a dejar de existir porque no se muestre, va a estar ahí pase lo que pase, así que tener este tipo de charlas es fundamental. A los jóvenes, además, no les va a cambiar, porque alguien que nace gay lo va a seguir siendo, sólo que se le va a hacer sentir más confuso y perdido si no cuenta con respaldo", ha defendido Ángela, otra veinteañera madrileña.

Ángela ha intervenido junto a David, antiguo compañero de instituto en Colmenar Viejo, una localidad próxima a Madrid. Ellos, con el apoyo de otros alumnos y de un profesor que "vivía fuera del armario" tomaron la iniciativa de crear una asociación para apoyarse mutuamente, LGBTayudamos.

"Ahora mismo es un grupo bastante grande, incluso con gente hetero que colabora, y es algo muy bonito porque ayuda a gente a encontrar la pieza que les faltaba, la clave de su identidad, y lo hace gracias al apoyo de sus compañeros de instituto", ha destacado David.

En esa situación se encontró hace años Khadija, que "venía desde casa con el pin parentalpin parentalporque en su familia no se hablaba de sexualidad. Es la pequeña en una familia musulmana de ocho hermanos, y durante su adolescencia no recibió ninguna charla de educación afectivo-sexual. "Hubiera sido positivo, porque cuando me di cuenta de que no me gustaban los chicos, me sentí sola, desarraigada de mi entorno, y me sentía la única lesbiana del mundo musulmán", ha relatado.

Khadija ahora tiene 24 años y participa en la asociación Kifkif de migrantes LGTBI. También ha dado charlas para ayudar a que otros jóvenes no sientan "el miedo al rechazo" que ella padeció. "Esto no es un debate, no hay que debatirlo", dice sobre el pin parental. En su opinión, estas actividades al final "promueven el respeto".

La mejor prueba de la intencionalidad planificada de la operación está en la difusión de vídeos falsos en las redes que ni tenían relación alguna con el asunto abordado y ni siquiera estaban grabados en nuestro país. Vox ha jugado a sembrar discordia social, como suele hacer, centrada en una cuestión que está en la base de su ideario. Buena parte de los nacionalpopulismos que se están extendiendo en el mundo se apoyan en un argumento de partida muy delicado. Bajo su consideración, denuncian cómo en el mundo actual existe una creciente rebelión de ciudadanos frente a Estados que buscan dominar y aplastar a los individuos. Estos Estados, controlados por élites económico-políticas, son los que manejan el mundo desde hace décadas. En el caso español, ese Estado represor se manifiesta de forma notoria en el gobierno estalinista, filoterrorista y separatista que según su parecer se ha hecho de forma ilegítima con el poder.

Una de las líneas coincidentes en los estudios que se están desarrollando frente a este movimiento que amenaza a la convivencia democrática se centra en que entendamos las estrategias que utilizan para defendernos con mayor eficacia. Un peligro conocido y controlado deja de serlo. Esta campaña de manipulación social busca ahondar en el pilar fundamental en el que se apoya toda su filosofía. Consiste en trasladar a los ciudadanos un desesperado sentimiento de victimización. Se pretende que cada individuo se sienta reprimido en sus derechos, humillado y castigado. En el caso del pin parental, el ejercicio ha conseguido extender una absurda discusión colectiva sobre si somos o no libres frente al Estado para elegir lo mejor para nuestros hijos. Increíblemente, el Partido Popular ha picado en el anzuelo y hemos visto a destacados líderes, con Pablo Casado a la cabeza, posicionarse en un debate innecesario, al estar más que resuelto en toda democracia establecida como la nuestra.

Lo que Vox perseguía era precisamente que surgiera la discusión y cuanto más enrevesada fuera mejor. Es muy dudoso que nadie en su sano juicio esté dispuesto a aceptar que sus hijos sean manipulados por fuerzas ocultas interesadas en su deterioro ético. Evidentemente, esas fuerzas no existen, ni tendrían la más mínima posibilidad de actuar si pretendieran hacerlo. Denunciar un ataque tan personal y profundo a la ciudadanía crea como mínimo desasosiego y preocupación mientras descubres la trampa en la que te intentan atrapar.

Este juego de alentar la victimización colectiva suele obtener magníficos resultados. Si la mentira triunfa y se extiende es evidentemente una victoria en toda regla. Pero, incluso si se consigue desmontar y sacar a la luz pública, los promotores de la operación siempre podrán decir que el Estado represor ha querido aplastar la voz de la denuncia y sojuzgar a quienes intentaban luchar en defensa de la ciudadanía. Como el objetivo final siempre es la victimización, el objetivo también se alcanza desde la derrota.

Al final, la clave está en sedimentar poco a poco un profundo estado de disconformidad en sus seguidores y presentar su opción política como el mejor antídoto frente a la humillación: la venganza. El voto a Vox se vende así como la única manera de acabar con un sistema corrompido al que hay que derribar cuanto antes. La fuerza de la venganza es un impulso estimulante que tiende a cegar la razón en favor del empuje de la rabia y la frustración contenida.

Ha habido en otros países ejemplos similares de mentiras difundidas a través de redes sociales o medios afines que han conseguido gran difusión. En el caso del pin parental, lo sorprendente ha sido la falta de pericia del PP y Ciudadanos en el manejo de la situación. Inicialmente quedaron atrapados en la mentira y colaboraron en alimentarla y amplificarla. Con el paso de los días, parecen haberse ido descolgando al darse cuenta del absurdo embrollo en el que se estaban introduciendo. La última explicación es que se trata de un infundio de Vox que Moncloa ha aprovechado para montar una campaña de encubrimiento de los problemas que les acechan. En fin, sobran comentarios.

La educación es la única herramienta sostenible y eficaz para liberar a las mujeres –y a los hombres– de las sociedades basadas en el machismo, la represión, la intolerancia y el fanatismo religioso o político.

Afganistán no ha cambiado demasiado desde 2001. Occidente ha invertido millones de dólares en intentar ganar una guerra que ha perdido. No hemos sido capaces de modificar la sociedad que alumbró a los talibanes y a nuestros aliados, que en nada se diferencian de los malos oficiales de la película. Las tradiciones siguen por encima de las leyes.

En este vídeo, que he colgado otras veces, una joven y valiente Malalai Joya explicaba en diciembre de 2003 quiénes son nuestros amigos. No escuchamos. En sus palabras está la clave de nuestro fracaso.

La vida de millones de mujeres afganas sigue siendo igual de miserable que antes de la llegada de los B-52, nuestra máxima expresión cultural. Les hemos enviado lo que les sobraba: armas, bombas y soldados. Faltó cultura y paciencia. Cerca del 80% de las mujeres afganas son analfabetas y más del 50% de los hombres también. Las niñas no acuden a la escuela secundaria ni a la universidad porque así lo manda la familia-propietaria, que las prefiere en las labores domésticas. Dos de cada tres personas analfabetas en el mundo son mujeres. Enseñar a leer es la primera victoria: se abre una ventana por la que entra aire fresco.

En Afganistán y Pakistán son habituales los crímenes de honor. En cuanto el padre-propietario percibe que su hija le ha traicionado, ordena un castigo que suelen llevar a cabo los varones de la familia, sean tíos o hermanos. Pueden molerla a palos, matarla a pedradas o rociar su cara de ácido. Los padres-propietarios consideran un deshonor cualquier desobediencia, como la de no casarse con el hombre asignado. En este tipo de sociedades se entiende por educación el aprendizaje memorístico del Corán. No hay espacio para la imaginación ni para el placer físico o intelectual.

Las extremas derechas europeas –y las españolas—rechazan la ablación porque la sitúan en el marco del islam, algo que contribuye a su campaña anti-migración. Les resulta más fácil ver la aberración en una religión que rechazan que en los principios que defienden. Pero no hay nada en el Corán ni en los textos sagrados del Profeta que apoye la ablación. Es una práctica que procede del Egipto de los faraones y se extiende por Sudán, Etiopía y Somalia, y que algunos imames radicales han incorporado a sus prédicas. Sucede en todas las religiones. El problema no está en sus textos, sino en la interpretación que se hace de ellos; sirven para mantener una vida de piedad o para ser un asesino de masas.

Una de las aportaciones del Siglo de las Luces, y de las revoluciones francesa y estadounidense, fue el intento de liberar a la religión de sus múltiples obsesiones terrestres (ojo ironía). Curar a los papas, cardenales, obispos, imames y demás de la manía de meterse en la vida de los demás, de decirnos cómo debemos vestir, comer, andar y copular, creamos o no en los seres metafísicos superiores. Aún no lo hemos conseguido del todo. Nos escandaliza el islam radical, pese a que hagamos negocios con ellos. Olvidamos que antes éramos como Arabia Saudí, los talibanes y el ISIS: quemábamos herejes por afirmar que la Tierra es redonda y que no está en el centro del Universo.

La educación que se impartía en Europa antes de la Ilustración era similar a la que se vive en Pakistán. La Iglesia católica tenía el monopolio de la vida de las personas. Los papas del siglo XIX batallaron contra el liberalismo, la democracia y los derechos humanos, además del matrimonio civil y la escuela pública. Todo lo que les hiciera perder poder político y… recaudatorio.

El laicismo no consiste en prohibir el culto a una religión concreta, sino en lograr un espacio común en que quepan todas las creencias, en el que se pueda educar a ciudadanos libres con valores de tolerancia comunes. La base de todo es la No Discriminación.

Los ultras religiosos en EEUU luchan contra Charles Darwin y la evidencia científica de la evolución de las especies. Han conseguido que en algunos Estados se enseñe el creacionismo, es decir, lo de los siete días de furia creadora de dios. No sé si incluyen la edad del Universo defendida por los doctores de la santa iglesia como una verdad de fe, pese a que todas las evidencias apuntan a un Big Bang miles de millones de años antes. ¿Es este disparate lo que se pretende enseñar ?

La alternativa democrática está en los principios defendidos por la Institución Libre de Enseñanza, que hoy serían un anatema bolchevique para el PP de Pablo Casado. Es un camino peligroso. La suma del atrevimiento irresponsable y la ignorancia es letal.

Algunas lecturas obligatorias para el líder de la ultra-oposición:

- Declaración de los Derechos del Niño, de 1959.

- Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. Aquí Save The Children se lo da resumido. Y si fuera un esfuerzo excesivo, lo tiene en vídeo:

-Constitución Española, artículo 39. Lea sobre todo el punto 4.

-Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26.2: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz".

La educación permite educar ciudadanos libres, o eso debería ser. El Estado tiene el deber de garantizar su acceso universal. No es un asunto de comunismo, sino de democracia. Así se hace en Finlandia, uno de los países más avanzados en educación, y en la mayoría de la UE. La enseñanza de una religión debe ser un asunto privado, que se puede impartir en la familia o en la iglesia, mezquita o sinagoga. Ninguna enseñanza puede contravenir las leyes.

Mientras discutimos la censura parental convertida en una cruzada neocatecumenal repleta de bulos, mentiras y vídeos falsos, el debate mundial se centra en cómo educar en un mundo que será dominado por las nuevas tecnologías y la robótica. Más del 60% de los niños y niñas que cursan hoy primero de Primaria trabajarán en empleos que aún no se han inventado. Estamos a la cola de todo, como dice David Jiménez en este tuit, tal vez sea porque seguimos a la cola en calidad de dirigentes políticos. El segundo, abunda en el montaje de una polémica que carece de base.

Tuit de David Jiménez.

Tuit de Adela Molina.

Ya les he recomendado a Ken Robinson, y su célebre documental sobre la creatividad y la escuela.

Somos un país estupendo que encabeza los índices de longevidad y calidad de vida, pero a la vez producimos una cantidad de necios por encima de nuestras posibilidades con el añadido de colocarlos en los centros de poder, o en la dirección de algunos medios de comunicación.

Otra España existe y es posible. La prueba es este tuit y la ristra de comentarios divertidos y ocurrentes que ha provocado. Son una lección para la España ceniza.

Tuit de Gema MJ.

Me explico (o al menos, como siempre, lo intento).

1.- Caben pocas dudas sobre la falsedad de los (supuestos) hechos que sustentan la propuesta de ese pin censor por parte de Vox: ni existen denuncias de adoctrinamiento educativo (ver aquí y aquí), ni hay charlas en las aulas que enseñen a manejar juguetes sexuales (ver aquí).

2.- El bautizado por sus autores como pin parental es claramente inconstitucionalpin parental , como documenta la profesora Ana Valero (ver aquí), pero además trata a los menores como simples objetos que “forman parte del mobiliario doméstico”, como argumenta el magistrado José Antonio Martín Pallín (ver aquí). Si se llevara a la práctica la disparatada norma que el PP y Vox han puesto en marcha en Murcia, queda garantizado que el hijo de un imbécil será un imbécil toda su vida, sin posibilidades de contrapeso educativo a lo que en su casa sufra. Si su padre o madre son homófobos, será homófobo por mucho que un día descubra su homosexualidad o bisexualidad o transexualidad. Un padre islamista podrá impedir que sus hijas reciban una educación en la que sepan que tienen el mismo derecho que los varones a obtener un título universitario, a trabajar en lo que les pete, a conducir, a vestir, a lucir el cabello como les plazca o a casarse con quien les dé la gana. A ejercer su libertad.

3.- ¿Todas estas evidencias quieren decir que se trata de puro ruido pasajero sin consecuencias prácticas? Basta leer al periodista y lingüista Bruno Bimbi (ver aquí) para advertir que lo que Vox está haciendo en España con el mal llamado pin parental es lo que los ultras de Bolsonaro bautizaron en Brasil como “escuela sin partido” (ver aquí). Consiguieron instalar en una masa importante de la opinión pública la especie de que el programa educativo gubernamental destinado a desterrar la homofobia en las escuelas pretendía en realidad “adoctrinar” a los niños para “convertirlos en gays” (como quien convierte el agua en vino o las piedras en panes).

4.- No está muy claro cuál es el modo más eficaz de responder a esas campañas basadas en la manipulación, la desinformación y el fanatismo religioso. Ni los llamados “cordones sanitarios” (dudosamente democráticos) ni la confrontación directa con sus predicadores han demostrado ser recetas absolutamente exitosas. La experiencia acumulada respecto al trumpismo en EEUU, los postfascistas de Bolsonaro en Brasil, el Frente Nacional en Francia, Salvini en Italia, los iliberales de Putin en Rusia o los grupos populistas autoritarios que han alcanzado los gobiernos de Polonia o Hungría alienta la convicción de que todo demócrata debe responder a las mentiras con datos contrastables, evitando caer en las trampas de los marcos mentales que esos partidos y caudillos instalan hábilmente en el debate público a través de medios afines o de las redes sociales.

5.- Lo que ya parece contrastado es que todo partido político que asuma los discursos populistas y postdemocráticos de esos (¿nuevos?) actores quedan fagocitados o muy debilitados en la competencia por el espacio electoral en el que se mezclan ultraderechistas, indignados, antielitistas, incomprendidos, antisistema… En Brasil, por ejemplo, lo que sería el equivalente al PP, el autodenominado Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) llegó a obtener el 59% de los votos. Hoy está por debajo del 5%.

6.- Eso es lo que preocupa en algunos sectores del PP (ver aquí) ante la deriva radical de Pablo Casado en su persecución de la liebre soltada por Vox en forma de pin parental. Pese a que dirigentes territoriales en Madrid, en Galicia, en Castilla y León o en Andalucía han admitido que no comparten esa propuesta ni ven por ningún lado ese supuesto “adoctrinamiento inmoral” en las escuelas, el líder del partido se ha sumado con entusiasmo a la reivindicación y a la delirante argumentación de la misma: “¡Saquen sus manos de nuestras familias!”. Sostener, como hizo Casado este último domingo (ver aquí), que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos “dice lo mismo que en Cuba, que los niños son de la revolución” sonaría a un mal chiste si no estuviera en boca del líder del principal partido de la oposición.

7.- Pablo Casado tiene que aclararse y aclarar al electorado y a su propio partido cuál es su verdadero Pin, su código ideológico, político y moral, sus convicciones democráticas. Porque ya le ocurrió con el aborto. Antes de las elecciones generales de abril, resucitó lo que parecía un asunto aparcado en sus filas para distorsionar la historia de la legislación española sobre ese derecho y competir con Vox en el liderazgo del retroceso (ver aquí). Y también se tambaleó Casado en la lucha contra la violencia de género: llegó a definir a los maltratadores como “personas que no se están portando bien con ellas…” (ver aquí). Y no es posible saber con exactitud lo que piensa sobre el “sólo sí es sí” que su número dos en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, combate con más contundencia que Rocío Monasterio. Vivimos tiempos complejos, en los que las tácticas cortoplacistas y la búsqueda del próximo trending topic dominan sobre la estrategia de fondo, no sólo en el espacio de las derechas. Pero Casado y su discurso sobre el Pin de Abascal retratan a un dirigente que presume de constitucionalista y de “defender un solo programa y no 17”, cuando en realidad ni sus propios cuadros saben con certeza si su mayor laguna es que no puede competir con Abascal porque piensa lo mismo que Abascal.

8.- Como suele ocurrir en el debate político de brocha gorda, la culpa de todo la tiene siempre el adversario. Una vez comprobado el disparate que supone para el crédito del PP asumir el veto parental a una educación pública basada en los valores democráticos, sus líderes y sus altavoces mediáticos corean que “la izquierda ha exagerado lo del pin parental”pin parental. Como si hubiera algo que exagerar cuando se proclama que “¡el Estado quiere apropiarse de nuestros hijos!”. Que las barbaridades que Vox lanza y que PP y Ciudadanos comparten o se tragan para mantener el poder autonómico y local que les une son el mejor cemento para la coalición de izquierdas es una obviedad innegable. Entender el caos y la inutilidad política a la que se ha entregado lo que queda de Ciudadanos exige una tesis doctoral, pero si Arrimadas no considera que ese Pin pueda ser la línea roja para ganar alguna credibilidad a un proyecto centrista frente a la caverna aun a costa de romper los pactos en Murcia, en Madrid o en Andalucía… es que Arrimadas tampoco encuentra su Pin.

9.- Conviene, en cualquier caso, no perder de vista la evidencia de que PP, Vox y Ciudadanos pueden discrepar de cuando en cuando sobre cuestiones morales o ideológicas. Pero ¿alguien conoce a alguien que sepa de alguien que les haya escuchado alguna vez discutir sobre medidas económicas o fiscales que afectan a los grupos poderosos del ámbito empresarial o financiero? A cierta edad uno cree poco o nada en las casualidades, menos aún en la política. La propuesta del Pin censor se desarrolla en Murcia después de una intensa campaña de la organización ultracatólica Hazte Oír (ver aquí) y cuando inicia su andadura un Gobierno de izquierdas en cuyo programa se incluye la revisión de los privilegios fiscales de la Iglesia o una apuesta decidida por la educación pública en lugar de seguir engordando el negocio de una enseñanza concertada en manos fundamentalmente de la Iglesia católica y grupos ultraconservadores (ver aquí). Es, como advertía este lunes Almudena Grandes (ver aquí), un “detallito” que sería ingenuo pasar por alto.

Esta trampa del Pin censor no es cualquier cosa. No se trata (sólo) de charlas o actividades complementarias o extraescolares. No se trata (sólo) del respeto a la ley, a los docentes, a la libertad de cátedra o al sentido común (que tanto escasea). Se trata de democracia. No se puede estar a favor de combatir la violencia machista y admitir que haya padres (convencidos o engañados) que puedan impedir que sus hijos e hijas sean educados en la igualdad. No se puede estar a favor de la libertad y el respeto al prójimo y propiciar a la vez que un padre o una madre transmitan su homofobia a la siguiente generación. Se puede ser de derechas, de izquierdas, liberal, socialdemócrata, neoliberal o comunista (¡ya basta de permitir la demonización absoluta del comunismo y la confusión intencionada con el estalinismo y sus crímenes!). Lo que no puede uno perder es el Pin demócrata.

El Partido Popularintenta salir a trompicones de la crisis del pin censor. Pero no de una forma unánime. Los conservadores coinciden en que la exigencia por parte de Vox del veto parental, una autorización de los padres para que sus hijos asistan a determinadas actividades escolares complementarias impartidas por personal ajeno a los centros, ha sido aprovechada por el Gobierno de Pedro Sánchez para tapar polémicas como la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Y a partir de aquí, casi todo son versiones contradictorias, matizaciones o cambios de criterio y discurso de los dirigentes conservadores, sobre todos de los implicados directamente por esta cuestión.

Cuando el pasado viernes la dirección nacional del PP apoyó de forma clara esta herramienta, el gesto fue interpretado como la luz verde de Génova a los barones regionales del partido para ir de la mano de Vox a la hora de aprobar iniciativas de este estilo. La polémica había estallado en Murcia. Pero a la extrema derecha le sirvió de aviso para navegantes con mensajes a Madrid y Andalucía de que en esos territorios iban a exigir lo mismo.

Hasta la fecha, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la dirigente conservadora que de forma más clara se ha opuesto a las presiones de Vox. Una oposición que tiene el valor de partir de una de las comunidades en las que sin los votos de la extrema derecha habría sido imposible un Gobierno de coalición Partido Popular-Ciudadanos.

Ayuso habla de "debate estéril"

Vox lleva días avisando a Díaz Ayuso y a Ignacio Aguado (Ciudadanos) de que en Madrid van a seguir la misma dinámica de Murcia de cara a los Presupuestos. Pero ambos dirigentes niegan que vayan a dar su brazo a torcer escudándose en que eso no figuraba en el pacto para la investidura. En Murcia, en todo caso, Vox obligó a que se firmara un nuevo documento para sellar el acuerdo de Presupuestos.

La comparecencia de Ayuso, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, estuvo muy estudiada. Arrancó atacando al Gobierno central por haber creado un "amplio revuelo", un "debate estéril". Y pasó a dibujar a Madrid como una región en la que una de las señas de identidad de la educación es "la libertad".

"Para seguir potenciando esa libertad, nosotros, cuando firmamos el acuerdo de investidura, ya acordamos que las familias podrían tener al principio del curso, antes de elegir la matrícula, todas aquellas actividades extracurriculares previstas, para que los padres pudieran elegir en libertad, ya que esto sucede aquí en Comunidad de Madrid, que decidieran si sus hijos podían ir a esos centros o cambiarles. Es decir, esto ya se ha acordado y es lo que vamos a hacer a partir del próximo curso. Cualquier otra petición se queda al margen del acuerdo de investidura", avisó a Vox. 

En todo caso, el "pin parental" que reclama Vox también afecta a las actividades docentes que forman parte de la propuesta curricular.

Datos de la polémica

Ayuso echó mano de unas declaraciones del día anterior del consejero de Educación, Enrique Ossorio, negando denuncias de los padres por "adoctrinamiento" en los centros educativos.

"Según los datos oficiales de la Consejería de Educación y Juventud, en Madrid no se han registrado denuncias por adoctrinamiento y, por supuesto, nos gustaría que, en caso de que una sola familia tuviera la más mínima queja, nos lo hiciera saber a través de una denuncia formal", añadió.

Por todo ello, consideró "innecesario" el pin censor"innecesario"pin censor y dijo que no entendería que Vox bloqueara los Presupuestos de Madrid por un tema "inexistente".

¿Un sólo discurso? 

La reacción de los conservadores a esta imposición de Vox en las comunidades en las que los votos de la extrema derecha son necesarios para que el PP saque adelante los Presupuestos pone en cuarentena la máxima de discurso único en la formación de Casado.

Así, mientras Ayuso se desmarcaba del pin censor, en Andalucía sus compañeros de partido, que también cogobiernan con Ciudadanos, consideraban este martes "perfectamente asumible" lo acordado con Vox en relación con el impulso de "la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo (PP), leyó textualmente lo acordado con Vox. En el documento se habla de "autorizaciones de las familias en actividades complementarias en el sistema educativo".

"Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución", añade el texto.

En los documentos no figura el término 'pin parental'

En el documento de Andalucía no figura la expresión pin parental de la que habla Vox. Pero tampoco figura en la Instrucción a los centros remitida por la Consejería de Educación de Murcia el 29 de septiembre y que está en el origen del requerimiento del viernes pasado del Gobierno central. En este, el Ejecutivo da al Gobierno regional un mes para que modifique esa Instrucción.

Mientras, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguró este martes que la aplicación del veto parental en la comunidad autónoma no tiene nada que ver con Vox y aseguró que la iniciativa fue propuesta por su formación. Con esta nueva vuelta de tuerca, López Miras se ubica en las tesis de Pablo Casado, que reivindicó la iniciativa como algo propio.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, se mostró sorprendido por el revuelo generado cuando su Ejecutivo lleva utilizando este mecanismo "desde el mes de agosto". "Este Gobierno lo ha hecho porque ese fue mi compromiso en campaña electoral", consideró.

Por último, ya en la misma línea que Ayuso, el presidente murciano admitió que su Gobierno no tiene datos acerca de posibles denuncias por las charlas que reciben los niños en los colegios. "A mi no me consta ninguna denuncia. Que a mí me conste, en las aulas no se está adoctrinando por parte de ningún docente", zanjó.

Por parte de la dirección nacional del PP, su secretario general, Teodoro García Egea, intentó desviar la polémica al tema de la libertad educativa. A su llegada a un desayuno informativo, subrayó que "el PP lleva mucho tiempo defendiendo la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos" y aseguró que "al PSOE le molesta que los padres sean libres para elegir la educación que quieren para sus hijos".

El portavoz en el Senado, Javier Maroto, mantuvo que hay una "desinformación" sobre en qué consiste el pin parental porque sólo se aplicaría a las actividades extraescolares. Una afirmación con no pocas aristas si se tiene en cuenta que en el documento del pasado septiembre remitido a los colegios murcianos también habla de "actividades complementarias" que "formen parte de la propuesta curricular".

Tal y como ha informado este periódico, a raíz de esta polémica dirigentes conservadores han reclamado a Casado que no se deje "arrastrar" por el discurso de Vox.

La ultraderecha —representada por partidos como Vox o por plataformas como Hazte Oír— no quiere que ciertos contenidos estén presentes en las aulas. Su herramienta del pin censor, que se empeñan en extender bajo el concepto "pin parental", pretende vetar todos aquellos que tengan que ver con la educación sexual, la igualdad de género, la diversidad o la lucha contra la violencia machista. Los valores constitucionales contra los que lucha la extrema derecha, en definitiva. Sin embargo, distintos organismos internacionales han insistido en la importancia de que esos valores se incluyan en los contenidos educativos. Tal y como recuerda Carlos Sanguino, responsable de educación en derechos humanos de Amnistía Internacional, "hay varios organismos e instituciones que, básicamente, lo que proponen en general es que existan contenidos, programas, asignaturas y actividades que tengan que ver con cuestiones de derechos humanos". Lo ha hecho, por ejemplo, la ONU y el Consejo de Europa. 

El Gobierno también se ha mostrado en contra de la aplicación del pin censor y ha insistido en la necesidad de que los alumnos reciban clases sobre ese tipo de contenidos. De hecho, el Ejecutivo ha mostrado su intención de interponer un recurso por la vía contencioso-administrativa si Murcia, la única comunidad que ha puesto en marcha la herramienta, no da marcha atrás y expulsa al "pin parental" de sus aulas en un plazo máximo de un mes. La ministra de Educación, Isabel Celaá, que fue quien lo anunció, se mostró de hecho muy contraria a la aplicación del "pin parental". "Los valores constitucionales pasan a leyes orgánicas que establecen la obligación de ser educado de tal manera que desarrolles tu personalidad en el respeto a la convivencia, a los derechos y libertades", dijo. Unas palabras muy en la línea de lo que defienden los organismos internacionales que apuestan por la inclusión de este tipo de contenidos en el currículo escolar. 

La ONU y el Programa Mundial para la educación en Derechos humanos

A finales del año 2004, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Programa Mundial para la educación en derechos humanos, que se puso en marcha un año más tarde y que, todavía hoy, continúa vigente. El objetivo era, tal y como informa la propia institución, "promover el entendimiento común de los principios y metodologías básicos de la educación en derechos humanos, proporcionar un marco concreto para la adopción de medidas y reforzar las oportunidades de cooperación y asociación, desde el nivel internacional hasta el de las comunidades". Se puso en marcha a través de un "documento base" —tal y como explica Sanguino— que asegura que "la educación en la esfera de los derechos humanos es un proceso a largo plazo que se prolonga durante toda la vida". 

Se construyó como una sucesión de etapas. Y actualmente el programa se encuentra en el desarrollo de la cuarta, que comenzó, otra vez, con la aprobación de una resolución que reafirmó "el llamamiento que hizo la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993". Un llamamiento que consistió en resaltar y recordar a los distintos Estados "la importancia de incorporar el tema de los derechos humanos en los programas educativos". "La educación debe promover la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones amistosas entre las naciones y todos los grupos raciales o religiosos y alentar el desarrollo de actividades de las Naciones Unidas para alcanzar estos objetivos. Por lo tanto, la educación en derechos humanos y la difusión de información adecuada, tanto teóricos como prácticos, juegan un papel importante", recoge la declaración. 

"Son recomendaciones muy amplias y muy genéricas porque así la ONU consigue que los Estados estén de acuerdo. Luego son ellos los que tienen que ver cómo las transforman en leyes", explica Sanguino. "Aquí lo que pedimos siempre al Gobierno es que esto se transforme en leyes educativas y en decretos de desarrollo de la legislación", añade. 

Consejo de Europa: respeto a la diversidad desde el aula

Cinco años después de que se pusiera en marcha el programa de la ONU, el Consejo de Europa dictó una recomendación en el mismo sentido a los Estados miembros. Esta institución fue bastante más clara y directa. "Es especialmente concreta", añade Sanguino. A lo largo de 32 páginas, el organismo europeo insistió en la necesidad de respetar la diversidad sexual. "La presente recomendación", comenzaba el texto, "invita a los Estados miembros a que rijan en su legislación políticas y prácticas [...] con miras a proteger el respeto de los derechos humanos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales y a promover la tolerancia hacia las mismas".

Lo hizo, apuntó el documento, porque se había observado "un alto nivel de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género". "Desde hace siglos, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales han sido y siguen siendo objeto de homofobia, transfobia y otras formas de intolerancia generalizada y persistente, por motivos de orientación sexual o identidad de género, que llevan a actos hostiles que van desde la exclusión social a la discriminación en toda Europa y en todos los ámbitos de la vida", denunció el Consejo, que tenía claro cuáles eran los pasos que había que dar para frenar esos comportamientos. 

Uno clave, recogió en su recomendación, era la educación. "La escuela desempeña un papel crucial, sobre todo en vista de que la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género entre los jóvenes es un factor que contribuye a su aislamiento y malestar general e incluso puede llevar a intentos de suicidio", dice el documento. Por eso, añadió, "los Estados deberían garantizar el derecho de niños y jóvenes a recibir instrucción en un ambiente seguro". "Los Estados deberían abordar la cuestión de la orientación sexual y la identidad de género de manera respetuosa y objetiva en los programas de estudio o en las clases de salud y educación sexual, por ejemplo, y establecer programas de formación y actividades de apoyo y orientación para los maestros". 

Pero el organismo especificó más. Según añadió, los Estados "deberían producir y distribuir manuales destinados al personal docente y fomentar la organización de campañas escolares y eventos culturales contra la homofobia y la transfobia". Y además, deberían trabajar para poner los medios necesarios que consigan "satisfacer adecuadamente las necesidades especiales de los estudiantes transexuales". "Por ejemplo, facilitando el cambio de nombre o el género en los documentos escolares", sentencia. 

Comité de Derechos del Niño: motivos de preocupación

El Comité de los Derechos del Niño, como organismo de la ONU, visita periódicamente a los países para comprobar si estos respetan las convenciones que Naciones Unidas dicta sobre los derechos humanos de los menores. Y cuando el organismo termina su examen, publica su resultado. La última vez que publicó el de España fue en 2018. Y la nota no fue demasiado elevada. La institución "hizo dos recomendaciones: una sobre la necesidad de adoptar medidas relacionadas con cuestiones de acoso escolar y otra sobre cuestiones de género", recuerda Sanguino. El documento, añade, venía a afirmar que habían detectado "un problema y que, por ello, había que implementar medidas destinadas a solucionarlo". 

"El Comité está seriamente preocupado por la persistencia de la discriminación que sufren los niños por motivos de discapacidad, origen nacional y condición socioeconómica. También manifiesta su preocupación porque, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte, persiste la discriminación racial y la estigmatización de los niños romaníes y los niños de origen migrante", expresó el Comité, que por ello instó a España "a reforzar las medidas para prevenir y combatir la discriminación contra los niños en todos los sectores de la sociedad". 

No fue sólo por esos motivos. El organismo también se mostró preocupado por "la incidencia del hostigamiento y el acoso, incluso por motivos de discapacidad, orientación sexual e identidad de género, en las escuelas", y también por "la persistencia de estereotipos de género en el sistema educativo, incluso en los planes de estudios escolares y los libros de texto".

El Comité, por tanto, no mencionó de manera específica la necesidad de impartir contenidos destinados a frenar los comportamientos discriminatorios pero, tal y como entiende Sanguino, "no tiene mucho sentido que el Comité de los Derechos del Niño diga que existe un problema de este tipo y se pongan trabas a los talleres que pretenden tratar estos asuntos".

Parlamento Europeo: defensa de la educación sexual

El Parlamento Europeo ha sido otro de los organismos que ha mostrado su apoyo a que los contenidos que ahora quiere censurar Vox de las aulas continúen estando presentes. La institución lo hizo en un caso muy concreto. Tal y como recuerdan fuentes del organismo a infoLibre, el pasado noviembre emitió una resolución por la que condenaba un proyecto del Gobierno ultraconsevador polaco. Lo hizo con 171 votos a favor, 128 en contra y 57 abstenciones. 

La noticia saltó a la luz el pasado mes de octubre. El partido nacional-católico Ley y Justicia, liderado por Jaroslaw Kaczynski, pretendía prohibir por ley la educación sexual en los colegios. El proyecto se titulaba "¡Alto a la pedofilia!", una denominación muy acorde con el tipo de conceptos que emplea la ultraderecha para criticar estos contenidos y sobre los que pretende verter una connotación que es, directamente, falsa. Pero sus defensores la justificaron por la supuesta necesidad de "proteger a los niños contra la promoción de las relaciones sexuales entre menores de edad". El Gobierno propuso incluso penar la enseñanza sexual con hasta cinco años de cárcel. 

Y el Parlamento Europeo se opuso. Tal y como explican sus fuentes, la institución consideró "que las disposiciones del proyecto de ley penalizarían la provisión de educación sexual integral a menores bajo pretexto de prevenir la pedofilia, lo que tendría un impacto en, entre otros, educadores, activistas, personal de atención médica, psicólogos, editores, periodistas e incluso padres o tutores legales". La Eurocámara enfatizó también que "la salud sexual es fundamental para la salud y el bienestar general de las personas, las parejas y las familias, además del desarrollo social y económico de las comunidades y los países, y que el acceso a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, es un derecho humano". 

En torno a 20 países con contenidos de este tipo

Tal y como expone Sanguino, los datos que la Red Eurydice expuso en el año 2016 revelan que hay en torno a una veintena de países que incluyen asignaturas con este tipo de contenidos en su currículum escolar. "Lo hacen sin gran drama ni polémica", dice. En cambio, en España, tal y como recuerda, se generó un debate muy intenso alrededor de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, muy criticada por la derecha, que llegó incluso a llevarla a los tribunales. 

La materia fue introducida por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder de la oposición de aquel entonces, Mariano Rajoy, centró gran parte de su discurso en batallarla enarbolando la bandera de la libertad individual. Porque los sectores más conservadores aseguraban que la asignatura tenía un contenido "de un sesgo muy determinado". Por eso muchas familias comenzaron a apelar a la objeción de conciencia para pedir que sus hijos e hijas no cursaran la asignatura, que era obligatoria. Pero el Tribunal Supremo dictó que esa figura no cabía en el terreno de la educación. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado el pin parental propuesto por Vox porque considera que es "innecesario", dado que en la autonomía no se adoctrina a los niños, informa Europa Press.

"No está en el acuerdo de investidura con el que se creó este Gobierno. Nosotros vamos a cumplir lo que hemos acordado. Los problemas de la educación no están en eso. No están por aquí", ha subrayado la dirigente en rueda de prensa, en la Real Casa de Correos.

Ayuso ha mandado también un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos asegurando que "los profesores no se levantan pensando cómo van a adoctrinar a los alumnos" ni se están dando talleres a alumnos cuyos padres no quieren que esto se lleve a cabo. De hecho, ha asegurado que en la autonomía no se ha presentado "ni una sola denuncia" formal por esta cuestión.

La dirigente madrileña ha defendido con insistencia la libertad de las familias a decidir y, en este sentido, ha recordado que lo que sí se firmó en el acuerdo de investidura es que los padres puedan conocer al principio del curso, antes de elegir matrícula, todas aquellas actividades extracurriculares previstas en los centros.

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, este debate "estéril" e "inexistente" lo ha creado la ministra de Educación, Isabel Celáa, con sus declaraciones sobre que "los hijos no son propiedad de los padres". "La política tiene que estar fuera de las aulas", ha remarcado a continuación.

"Si en una misma clase hay un padre de Vox y una madre de Podemos y están en contra de que al alumno le hablen de Lorca lo único que hacemos es emponzoñar la convivencia en las aulas y romper el vinculo directo y necesario que tiene que existir entre el profesor y el alumno", ha declarado.

Los pactos están para cumplirse

En cuanto a que Vox haya puesto sobre la mesa su implantación para dar su apoyo a los Presupuestos de 2020, Ayuso ha sostenido que la Comunidad es el "motor" económico del país y que no sería "lógico" que sus cuentas se vieran pospuestas a otros ejercicios por un tema "inexistente".

"Mantengo la postura y defiendo a ultranza que los pactos están para cumplirse. Vox decidió sacar el pin parental y entonces con esto hemos creado un acuerdo de Gobierno. No hay que dejarse llevar por cantos de sirena, por provocaciones del Gobierno de España. Hay que seguir gobernando con estabilidad y con cabeza", ha manifestado. La presidenta cree que no hay que caer "en juegos políticos" y ha remarcado que no puede legislar sobre algo que "no hay" en la región.

No es un debate nuevo en el Partido Popular. Partido PopularEs más bien recurrente y tiene sus picos de intensidad en función de la actualidad. Desde que Vox enseñó los colmillos como fuerza política siendo determinante para constituir gobiernos autonómicos y municipales y entrando con fuerza en el Congreso, los conservadores debaten internamente sobre cómo hacer frente a una formación de extrema derecha que nació, entre otras cuestiones, para captar a votantes desencantados del PP. Este debate ha pasado por diferentes fases: desde la cercanía a los postulados radicales de Santiago Abascal al distanciamiento y la crítica. De forma paralela, siempre ha habido un sector bastante crítico puertas adentro del partido que ha demandado a Pablo Casado que no permita que un partido nuevo que no tiene experiencia ni de gestión ni de gobierno le marque el paso. Estas voces vuelven a alzarse en los últimos días a cuenta del pin censor pin censorpin censor.

El pasado viernes, cuando estalló la polémica después de que el Gobierno anunciase que iba a requerir al Ejecutivo murciano que modificase las instrucciones a los centros escolares relacionadas con el bautizado por Vox como "pin parental","pin parental" el PP reaccionó de forma contundente defendiendo esta medida. Una imposición de Vox para apoyar los Presupuestos en Murcia, pero que también la extrema derecha exige para otras comunidades en las que es clave para los gobiernos de coalición PP-Ciudadanos como Madrid o Andalucía.

Fue el propio Casado el que marcó la línea oficial del partido asegurando, en su perfil de Twitter, que luchará para que este Gobierno "radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños". "Saquen sus manos de nuestras familias", añadió. Un mensaje que desde Vox supieron llevar inmediatamente a su terreno colgándose la medalla de promotores de la iniciativa. También en Twitter, el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, dio a Casado su agradecimiento "por ponerse del lado correcto". "Ahora Galicia, Castilla y Léon y Andalucía y Madrid merecen la misma defensa de la libertad que hemos impulsado en Murcia", hizo hincapié hurgando en la herida. Porque el grueso de los barones conservadores no se siente nada cómodo con esta medida que servirá para desbloquear los Presupuestos de Murcia.

Dirigentes territoriales del PP consultados consideran que la reacción de su líder fue "precipitada". Hay fuentes que llegan incluso a hablar de "torpeza". Y alertan del "peligro" de que se instale una dinámica en la que Vox lanza la piedra y la dirección del PP se abraza, se deja "arrastrar" acto seguido sin medir las consecuencias. "No sabemos lo que va a durar la legislatura. Pero lo que sí sabemos es que no podemos ir a rebufo de la extrema derecha. Sea cual sea la materia", comenta un veterano parlamentario en conversación telefónica con infoLibre.

"Hoy es el llamado 'pin parental'. ¿Qué va a ser mañana?" se pregunta un líder provincial.

"Resucitar" a Vox

Las fuentes del PP consultadas admiten que esta polémica ha servido para "resucitar" a Vox. Consideran que el partido de Santiago Abascal había quedado "desdibujado" después del debate de investidura de Pedro Sánchez.  Y que ahora, tanto la extrema derecha como el Gobierno, intentan sacar rédito de esta crisis de Vox con PP y Cs.

"Hay un único ganador de este debate: el Gobierno de Sánchez e Iglesias", lamentan. En esto coinciden todas las fuentes consultadas, que apuntan a que el Ejecutivo ha hablado más del PP que de sus medidas y sus propuestas para España desde que los ministros asumieron sus cargos. Creen que a Sánchez le ha salido"de cine" explotar la polémica del pin censor. Porque así ha logrado minimizar los efectos de la propuesta de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, para la Fiscalía General del Estado.

"En Génova [sede nacional del partido] pueden no verlo. Pero Casado, con su reacción, ha contribuido a que se tape todavía más lo de Delgado", considera una de las voces críticas consultadas.

Este lunes, el presidente del PP concedió una entrevista a Antena 3 y no dio marcha atrás. Destacó que dará la batalla ideológica en esta materia, porque "la mayoría sensata de los españoles quieren decidir la educación de sus hijos" e intentó arañar parte del copyright de la medida a Vox asegurando que no se trata de nada nuevo. Así, incidió en que en el caso de Murcia esta medida se aplica desde hace "ocho meses" y en Madrid, "desde hace quince años".

Según sostuvo, bajo los gobiernos del PP, los padres pueden autorizar a principio de curso las actividades extraescolares a las que acuden sus hijos. En todo caso, el "pin parental" que Vox quiere imponer con la complicidad del PP nada tiene que ver con lo extraescolar, sino con "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" impartidas por "personas ajenas al centro". Estamos hablando, pues, de actividades dentro del horario escolar.

Mientras, este lunes, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, evitó posicionarse sobre si es partidario de implantar el veto parental en la educación gallega, como retó Vox a la dirección nacional del PP el viernes. "Supone banalizar temas complejos y politizar y adoctrinar temas educativos", dijo tras apelar a abordar el asunto con "sosiego", según informa Europa Press.

"Inoperancia" frente a la "desobediencia sistemática catalana"

No obstante, criticó la "contundencia" que, a su juicio, mantiene el Gobierno central contra la implantación de esta herramienta en Murcia y su "inoperancia" frente a la "desobediencia sistemática catalana".

Otro barón conservador con mando en plaza, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rechazó la aplicación del pin censor. El presidente de la Junta aseguró este lunes que los padres de los alumnos de esta comunidad tienen la libertad de "elegir" el modelo educativo para sus hijos, ya sea público o concertado.

Ni Feijóo ni Mañueco gobiernan gracias a los votos de la extrema derecha.

Las bases del requerimiento del Ministerio de Educación

Fue el pasado viernes cuando Educación remitió el requerimiento a la Consejería de Educación de Murcia. Las resoluciones en cuestión llevan fecha del 29 de agosto y fueron dirigidas a los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. En ellas hay un apartado con el encabezado "actividades programadas por los centros" en el que se señala que de "aquellas que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias", para que estas "puedan manifestar" la "conformidad o disconformidad" de que sus hijos participen.

En el documento, firmado por Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, Educación recoge una serie de "fundamentos jurídicos" en los que basa su oposición a esta iniciativa del Gobierno murciano. En primer lugar, considera que las citadas instrucciones exceden del ámbito propio de estas normas, "teniendo vocación reglamentaria y pretendiendo generar efectos jurídicos más allá del mero ámbito autoorganizativo interno". "No han sido objeto de publicación en un diario oficial", completa.

Considera el Ministerio, además, que estas instrucciones suponen una "vulneración del derecho fundamental a la educación que reconoce el artículo 27.1 de la Constitución Española, cuya titularidad corresponde a los alumnos y alumnas, educación que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, al priorizar frente a dicho derecho fundamental a la educación el derecho accesorio que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Asimismo, consideran que contravienen igualmente "diversos tratados internacionales ratificados por España, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y supone establecer mediante un instrumento carente de eficacia jurídica ad extra (instrucción) una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley". Y que suponen "una vulneración de la normativa básica estatal", la Ley Orgánica 2/2006 de Educación.

Pero también considera Educación que existe una vulneración de la normativa autonómica al fijar esta [decreto 198/2014] que las actividades complementarias "serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los maestros como para los alumnos". De forma que no pueden entregar a los padres un mecanismo para censurar esos contenidos.

Requerimiento Gobierno central a Murcia por el 'pin parental'_pdf by infoLibre on Scribd

Como en España quieren hacer creer que ser patriota es ser de derechas y ahora se trata de ser muy, muy patriotas, porque el país se rompe y demás, el resultado es que los que decían que eran de centro se han hecho de ultraderecha, para competir con Vox y las atrocidades que dice, aunque para eso tengan que desdecirse a sí mismos, que es lo que hacen estos días con el ya célebre pin parental. Porque ocurre que todos los disparates que pueda llegar a soltar Pablo Casado sobre ese asunto le caen encima al edificio de la calle Génova, puesto que las clases a las que ahora no quieren que vayan las y los alumnos son las que ya se contemplaban en la Lomce, que salió de sus propios despachos. De manera que lo que hace es tirar piedras contra su propio tejado, algo muy peligroso cuando su remodelación se ha pagado en dinero negro: si se hunde, a ver a quién reclaman.

El asunto del pin parental es muchas cosas. Para empezar, es otra demostración de cómo el PP sólo acepta la ley cuando la dictan los suyos, mientras que cuando está en la oposición la desobedece y empuja a sus cargos y a sus votantes a saltársela a la torera. “A mí nadie me tiene que decir cuántas copas tengo que tomar antes de subirme a mi coche”, decía Aznar. Y su delfín Casado replica que sus hijos son suyos y que el Estado no puede ni acercárseles ni imponerles un modelo educativo. Lo que sí le parece que puede, porque lo cortés no quita lo valiente y sobre todo lo contante y sonante, es poner dinero público que financie colegios concertados que enseñan lo que les parece bien, en ocasiones segregan a sus alumnos por sexos y les examinan de religión tanto si al Ministerio de Educación que les paga le gusta como si le disgusta. Una cosa son las ideas y otra los negocios, parecen decir los mismos que se escandalizan y ponen el grito en el cielo porque les suban a los jubilados su pensión un 0’9 por ciento, pero votan junto con los independentistas de JxCat subirse su sueldo un 1’75 %, y van de la mano de Puigdemont y los suyos a aprobar el presupuesto del Parlament de Catalunya, donde se recoge esa medida.

El centro-ultraderecha sostiene que son perniciosas las clases para las que no quieren que las y los estudiantes necesiten un permiso de sus padres, si quieren asistir a ellas. ¿Por qué, cuando son esas en las que se les informa de sus derechos, se trata de orientarles hacia una visión democrática de la sociedad o se les informa de que no tienen por qué aceptar ningún tipo de maltrato en sus casas, ni contra ellos ni contra sus madres? Ha habido muchos casos de jóvenes que gracias a esa tarea de concienciación han denunciado abusos que tenían escondidos bajo su piel golpeada. O torturas que sufría una mujer a manos de un canalla. Pero claro, qué van a pensar de eso los mismos que dicen que la mayoría de las denuncias contra la violencia de género son falsas. El PP se ha echado al monte porque prefiere ser un lobo a que le muerdan y se ha convertido en una organización que ahuyenta a gente como Borja Semper y atrae a gente como Rosa Díez. A veces, las cosas se explican por sí solas.

La derecha, en España, ha dado un paso atrás, es infinitamente menos avanzada de lo que era la UCD de Adolfo Suárez, y ha regresado a las ideas doctrinales, por eso los obispos más reaccionarios la jalean y le echan gasolina al fuego. Unos legalizaban al PCE y los otros pretenden ilegalizar al PNV y ERC. Unos fueron víctimas de un golpe de Estado y otros parece que quisieran que lo hubiese para restablecer el orden. ¿O alguien se imagina a los cabezas visibles de Vox enfrentándose al coronel Tejero en el Congreso, tal y como hizo Adolfo Suárez? Yo creo que en el PP deberían hacerse esa pregunta y decidir si quieren seguir abrazados a ese partido que los hunde en las aguas más oscuras, esas donde lo primero es lograr que nadie les enseñe a las niñas y niños de este país algo que pudiera alentarlos a ser libres, independientes y tolerantes.

Para ser patriota no hace falta ser de derechas, y para confirmarlo, si es que tal obviedad necesita ser probada, basta con leer a los poetas del 98 y a los republicanos del 27, para ver con qué orgullo y qué pasión escribían, una y otra vez, la palabra España en sus versos. Claro, que hay gente que no lee mucho y puede que no se hayan enterado. El pin parental es uno truco antidemocrático, y hará muy bien el nuevo Gobierno en impedir que semejante atrocidad se perpetre en ninguna de las comunidades de nuestro país. Aquí lo que había que inhabilitar es el cinismo, pero a ver qué juez se atreve y si habría cárceles suficientes para tanto hipócrita.

El pin censor, lo que los grupos ultras —como Vox y Hazte Oír— bautizaron como "pin parental", está en el centro del debate político en España. Desde que el PP, Ciudadanos y Vox decidieron introducir dicha medida en la negociación de los Presupuestos en Murcia, la herramienta no ha dejado de acaparar titulares. Sindicatos, docentes, expertos y miembros del Gobierno han criticado ese veto parental, pero la derecha continúa defendiendo el mecanismo, que consiste básicamente en un formulario que permite a padres y madres censurar parte del contenido que reciben sus hijos en las aulas. El discurso de sus ideólogos, en cambio, pretende darle una función muy diferente. Según dijo este mismo lunes Santiago Abascal, el líder de Vox e impulsor de su implantación, el pin censor sirve para "defender" a los menores del "adoctrinamiento" en "juegos eróticos" que, según asegura su formación y grupos de extrema derecha como Hazte Oír, se produce en las escuelas. Una afirmación de la que no aportan pruebas. Y una estrategia que no es nueva. El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, llegó incluso a denominar "kit gay" kit gaya un programa destinado a luchar contra la homofobia en las aulas. Y la "escuela sin partido" que intentó imponer allí la ultraderecha parece un claro antecedente del pin censor.

La Consejería de Educación de Murcia dictó en agosto una instrucción a todos los centros escolares requiriendo un consentimiento expreso a los padres y madres para autorizar la asistencia de sus hijos a las clases donde se imparten contenidos complementarios. No obstante, a la extrema derecha no le preocupan todos. La medida buscaba —y busca— el veto de todos aquellos que tengan que ver con la educación sexual, la igualdad de género, la diversidad o la lucha contra la violencia machista. Aquellos valores constitucionales, en definitiva, que contravienen los de la ultraderecha. La de cualquier país. También la de Brasil, que lleva demostrando su oposición a este tipo de contenidos alrededor de una década, tal y como recuerda Bruno Bimbi, periodista y autor del libro El fin del armario (Anaconda).

"Durante el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), se aprobó una enmienda al presupuesto por el que se destinaron fondos para elaborar un programa para combatir la homofobia en las escuelas", explica a infoLibre Bimbi, quien lamenta que "en Brasil hay un problema muy serio con la violencia homófoba y el bullying". Cuando se dio luz verde al proyecto, no obstante, no se habló de los términos en los que se haría. Tan sólo de que se pondría en marcha. ¿Cómo? Como aconsejaran los especialistas, las ONG y la sociedad civil. 

Pero aunque ni siquiera se hubiera elaborado, "los pastores evangélicos, que contaban con 70 diputados", y otro parlamentario entonces poco conocido y tenido en cuenta llamado Jair Bolsonaro decidieron emprender una oposición frontal al proyecto. "Comenzaron una campaña feroz en el Congreso", recuerda. El mensaje era simple y lo difundieron a través de las redes sociales: el Gobierno ha elaborado un plan para enseñar a los niños a ser homosexuales. Con el tiempo fue calando y, al final, Bolsonaro se inventó un término que aunaba todas las críticas. Empezó a hablar, explica Bimbi, de "kit gay"kit gay. "Era fácil de memorizar, como ocurre con el 'pin parental", dice. 

Y ocurrió lo mismo que ha ocurrido en los últimos días en España. Todo el mundo empezó a hablar del "kit gay". Pero obviaban, destaca Bimbi, que hacía alusión a algo inexistente. Y lo era por mucho que la extrema derecha intentara llenar de contenido el concepto. Lo hicieron, por ejemplo, con una revista portuguesa de humor erótico o con un folleto que intentaba concienciar a las prostitutas sobre el VIH. "Decían que todo eso se entregaba en las escuelas y que también se enseñaba pornografía homosexual", dice Bimbi. 

Y a base de extender esa falsedad consiguieron el objetivo. "Rousseff hizo una declaración y aseguró que no se haría propaganda de la homosexualidad. Confirmó que lo que no existía, existía", lamenta el periodista. 

El 'kit gay' como allanador del camino hacia la "escuela sin partido"kit gay'

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

En ese momento, aunque había sido uno de los protagonistas de la oposición frontal, Bolsonaro seguía siendo un diputado sin peso político, tal y como explica Bimbi. Fundamentalmente, su discurso se basaba en la defensa de los militares. Él había sido uno de ellos. Sin embargo, el episodio del "kit gay" le enseñó que era "más rentable" ser "el diputado en contra de los homosexuales", explica Bimbi. Así que convirtió su eje político en un discurso meramente homófobo. 

Y se extendió al resto de políticos de extrema derecha, hasta que se puso en marcha el proyecto "escuela sin partido". "Era idea de los grupos de ultraderecha, del partido de Bolsonaro y de los evangélicos", dice Bimbi. "Lo presentaron primero a nivel local", añade. Algo parecido a lo que ha hecho Vox con el "pin parental", que ha impulsado por ahora en las comunidades autónomas. ¿Qué pretendía? Prohibir que en las escuelas se hablara de género y se "adoctrinara ideológicamente" a los alumnos. "El adoctrinamiento era lo que a ellos les pareciera", critica Bimbi. Y lo hacían, otra vez, con un argumento muy simple: "En las escuelas se adoctrina para que sean comunistas, feministas y homosexuales", relata. 

La idea llegó a plantarse a nivel nacional. Pero nunca se aprobó. "Sabían que pasaría eso pero les servía para hacer propaganda", dice Bimbi. Y también para amedrentar a los profesores, atemorizados de decir cualquier cosa que pudiera ser malinterpretada. "Bolsonaro y sus hijos hacían vídeos para pedir a los alumnos que grabaran a sus profesores con el móvil" y crearon modelos de cartas para que los padres indicaran que sus hijos no iban a acudir a las clases en las que se hablara de esos contenidos. "Fue una especie de 'pin parental' informal", destaca Bimbi. 

La apropación de términos y el papel de los medios

Si hay algo que funcionó entonces en Brasil y que parece estar funcionando ahora en España y que tiene mucho que ver con el triunfo de estas ideas es, sin duda, el lenguaje. Tal y como explica Bimbi, los medios de comunicación tienen una labor fundamental a la hora de transmitir estos mensajes. Y apropiarse del lenguaje que emplea la ultraderecha no es buena idea. Por ejemplo, no conviene, dice, escribir un titular en el que aparezca el concepto "kit gay". Más que nada, añade, porque tal cosa nunca existió. Pero de esta manera se dio por válida. 

Y así "se pavimentó el camino que llevó a una campaña electoral plagada de mentiras en la que la homofobia tuvo un papel central" y de la que Bolsonaro salió elegido presidente. Y lo hizo a pesar de que en plena entrevista emitida en directo por la televisión en 2018 enseñó un libro asegurando que era el famoso "kit gay". Los periodistas, denuncia Bimbi, no le rebatieron. "Bolsonaro decía cualquier mentira sin pudor. Y el problema es usar las expresiones de la derecha y convalidarlas", destaca. 

La ultraderecha y el intento por poner coto a la educación

La polémica no es nueva. Y una vez más es algo que ocurre en España y fuera de ella. En noviembre del pasado año, la Plataforma por la Escuela Pública —que congrega a sindicatos y organizaciones de la comunidad educativa— ya advertía de la deriva que estaban imponiendo las entidades ultras en los colegios. En las comunidades donde Vox tiene influencia, como Andalucía y Murcia, la propuesta tiende a avanzar, siempre con la connivencia de partidos como PP y Ciudadanos, señaló la plataforma hace meses. En La Rioja, la asociación Abogados Cristianos ya se querelló contra un colegio por negarse presuntamente a recoger el veto parental e incluso amenazó con emprender medidas legales contra el consejero de Educación.

Y si retrocedemos más, veremos que la batalla comenzó a librarse hace tiempo. En septiembre, CCOO presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y otra ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia con el fin de evitar una situación de enfrentamiento en las aulas propiciada por Hazte Oír, a través de una campaña contra el "adoctrinamiento de género" que incluía la remisión de una misiva, un folleto y elpin censor. Esta plataforma, de hecho, ha batallado los contenidos sexuales o de género en otros países. 

CitizenGo, la plataforma internacional a la que pertenece la española Hazte Oír —a la que Interior retiró la declaración de utilidad pública el pasado mes de febrero—, ha publicado numerosas campañas en contra de ciertos contenidos complementarios en las escuelas. Lo hizo, por ejemplo, en julio de 2017, cuando inició una recogida de firmas en contra de la iniciativa puesta en marcha en Minnesota para educar a los niños en el respeto hacia las personas trans. Tal y como dijo la plataforma, un consejo asesor del Departamento de Educación del Estado aprobó un "kit" para decirles a los profesores "que deben preguntar a los niños cuáles son sus pronombres preferidos y permitir que los niños que dicen que son niñas usen el baño de niñas". "Forzar el transgenderismo en los niños es una forma de abuso infantil. ¡Los maestros deben proteger y cuidar a los niños, no empujarlos hacia un estilo de vida peligroso!", apuntó la organización. 

Hicieron algo parecido un año después. Fue en Perú. El Ministerio de Educación del país quiso introducir el enfoque de género en el currículum escolar. Sin embargo, para CitizenGo se pretendía "usar el dinero de todos los peruanos para imprimir unos textos de 'educación' que citan como supuesta referencia 'científica' a entidades que no tienen nada de científicas y que en el ámbito de la moral y el derecho están totalmente cuestionadas". "¿Es de esa manera que pretenden educar a los futuros peruanos? Lo peor es que los pocos recursos del Estado son gastados en adoctrinamiento en lugar de construir escuelas decentes y acondicionadas para nuestros niños. Es un escándalo", manifestaron desde la plataforma. 

En Argentina ocurrió algo similar. Unicef quiso poner en marcha consultorías de "salud integral" en las escuelas secundarias para "garantizar el acceso a la salud de los y las adolescentes, facilitando la llegada al sistema y acercando los recursos hacia donde ellos están; y disminuir las posibilidades de abandono escolar debido a cuestiones de salud" como, por ejemplo, embarazos no deseados. Para CitizenGo, en cambio, se estaban distribuyendo anticonceptivos —"incluído el DIU, que puede ser abortivo"— y promoviendo el aborto. 

Y también pasó en Chile. El Ministerio de Educación elaboró un listado de libros que repartió a las escuelas infantiles. Y el contenido no gustó a la plataforma ultra. Concretamente, el de la obra Conociendo mi cuerpo y mis emociones. Educación sexual para padres e hijos. En el libro, criticó la plataforma, se enseñaba a los alumnos que "hay niños que se sienten niñas y niñas que se sienten niños" y que "además de los heterosexuales están los homosexuales, las lesbianas y los bisexuales".