El pasado miércoles, un agente de la Guardia Civil que había sido expulsado del cuerpo entró en el cuartel de Llanes y, tras hacerse con un arma, asesinó a su expareja, una guardia civil que trabajaba en ese puesto. El atacante murió también por los disparos de sus compañeros, pero el suceso abre una pregunta: ¿cómo pudo un agente apartado del cuerpo tener acceso a un arma?

La pistola con la que cometió el crimen se encontraba en la taquilla de un compañero, que el asesino forzó para hacerse con el arma. “En Asturias no hay casi armeros —cajas de seguridad diseñados para guardar armas de fuego— repartidos de forma oficial. Habrá diez, y casi todos los tienen algunos oficiales o personal de oficinas. Poco más. En el resto no hay ningún tipo de armero”, relata José Álvaro Nieto, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Asturias (AUGC), en conversación con infoLibre. Por ello, “los agentes tienen que dejar el arma en la taquilla o llevársela a casa”.

El problema es que las taquillas personales no están diseñadas para custodiar armas. “Son taquillas metálicas con un candado”, explica el portavoz asturiano, que añade que las que tienen cerradura son minoritarias y presentan un nivel de seguridad “insuficiente”. “No hay ningún tipo de protocolo. Aquí lo que hacen es responsabilizarte a ti del arma. La Guardia Civil realmente se lava las manos”, denuncia.

El problema no solo está en Asturias. Desde Madrid, Ivo Pantoja, también portavoz de esta asociación, explica que solo hay armeros en algunas unidades y que, según su experiencia, “el 99% de los destinos” que conoce no disponen de ellos para todos los agentes. Señala que la mayoría de los armeros oficiales se concentran en lugares donde la normativa obliga a retirar el arma al agente, como los centros de detención.

“Muchas de las armas están guardadas directamente en las taquillas. Pero una taquilla es la típica taquilla metálica que con un destornillador la abres”, explica, en la misma línea que su compañero de Asturias. Añade que, en el puesto en el que trabaja, de las 26 taquillas que tienen, “hay muchas que ni abren ni cierran porque está rota la cerradura y tienen, a lo mejor, 40 años de servicio”. Desde la propia Guardia Civil indican que son conscientes de que actualmente no hay armeros “suficientes” y que se está ampliando su número en función de las disponibilidades presupuestarias, pero insisten en que la custodia final del arma recae en el propio agente.

Ante esta situación, la AUGC lleva desde 2010 reclamando la instalación de armeros individuales para todos los agentes. Según explica el portavoz del área jurídica de esta asociación, Eugenio Nemiña, la primera petición tenía precisamente como argumento la seguridad de las armas y la dificultad de custodiar una pistola en un domicilio particular. 

“Hay casas donde tienes niños, donde tienes una persona que limpia la casa o que cuida a los niños. Entonces tú no puedes estar todo el día con el arma encima y tienes que dejar el arma en casa”, denuncia. Agrega que la única alternativa que queda es la taquilla. “Más seguro que en la calle sí que es, pero eso no quita que se pueden abrir fácilmente”, explica.

De esta manera, la asociación ha planteado esta problemática mediante el envío de diferentes escritos y en las reuniones del Consejo de la Guardia Civil. Al principio, la única respuesta que recibían era que la responsabilidad de custodiar el arma recaía en el propio agente, pero en los últimos años “poco a poco ha ido mejorando la cosa y ahora reconocen que sí, que son importantes, pero cuando hay presupuesto. Y de ahí no salen. El presupuesto nunca llega y estamos siempre con las mismas”.

La AUGC lleva más de una década reclamando armeros individuales para las armas cortas. Ya en 2012 planteó en el Consejo de la Guardia Civil que la facilidad de acceso al arma de un compañero por parte de una persona que estuviera de baja psicológica era “absoluta”, según el acta a la que ha tenido acceso infoLibre. La respuesta entonces fue que “el arma formaba parte del uniforme y el guardia era responsable de ella en todo momento”.

Las peticiones se repitieron en los años siguientes. En 2013, el Estado Mayor del Mando de Operaciones insistió en la responsabilidad individual de los agentes aunque reconoció que el lugar más seguro para guardar las armas era “el propio acuartelamiento”. En 2024, 2015 y 2017, las reclamaciones de más armeros chocaron principalmente con la falta de presupuesto. 

En 2021, la Guardia Civil valoró “positivamente” la instalación de armeros individuales, pero reconoció que los 5.118 disponibles en toda España eran insuficientes para cubrir las necesidades del resto de la plantilla. Dos meses después anunció la adquisición de otras 5.200 unidades, adjudicadas finalmente en 2023 por 416.000 euros.

Ese mismo año, un teniente general reconoció ante el Consejo que la disponibilidad de un medio letal era uno de los factores que influían en las conductas suicidas y señaló entre las medidas preventivas complementarias el “resguardo del arma oficial” en unidades dotadas con armeros. La última adjudicación, realizada en febrero de 2026, contempla un mínimo de 6.450 nuevos armeros en 2026 y 2028.

Pese al aumento de la dotación, la AUGC considera que sigue siendo insuficiente para una plantilla de más de 80.000 agentes. La asociación evita afirmar que un armero hubiera impedido el asesinato machista de Llanes, pero sostiene que habría añadido una barrera de seguridad. “Sería indecente vender la idea de que una caja fuerte es un escudo, pero hay un abismo entre no poder impedir un crimen y ponérselo fácil”, concluyen.

Una mujer puede haber sido sedada y agredida sexualmente durante meses o incluso años sin ser consciente de ello. Un ejemplo de esto se vio claramente con el caso de Gisèle Pelicot. En algunos casos, la primera noticia de lo ocurrido para la víctima llega cuando la Policía contacta con ella tras localizar vídeos, conversaciones u otros indicios durante una investigación. Las afectadas apenas conservan recuerdos, no perciben los efectos físicos de las agresiones o atribuyen su malestar a una enfermedad. Esto es debido a que el supuesto agresor suele ser una de las personas en las que más confían: su pareja, un familiar, un amigo o alguien con acceso habitual a su vivienda.

Este es el fenómeno que trata de combatir el Proyecto Medusa, una iniciativa internacional puesta en marcha en abril por Alemania y Reino Unido con el apoyo de Europol. Su objetivo es identificar y desarticular comunidades digitales en las que hombres intercambian métodos para sedar o drogar a mujeres, comparten imágenes de las agresiones y, en algunos casos, coordinan la participación de terceros. En el proyecto colaboran España y otros países europeos como Francia, Alemania, Hungría, Países Bajos o Reino Unido. Desde fuera del continente también participan Brasil, Canadá y Estados Unidos.

El último gran intercambio de información se produjo entre el 22 y el 24 de junio en la sede de la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA) en Londres. Allí se reunieron 29 investigadores para cruzar datos sobre víctimas, presuntos agresores y comunidades misóginas. La operación permitió identificar a 156 personas entre afectadas y sospechosos, abrir 274 nuevas líneas de investigación y descubrir cuatro grupos digitales que hasta entonces no estaban localizados.

Esas cifras corresponden únicamente a la operación de junio y no deben confundirse con el balance acumulado del Proyecto Medusa. Desde su creación, los casos vinculados a la iniciativa han dejado 57 personas detenidas, 158 víctimas bajo protección y 113 investigaciones iniciadas. Europol no ha explicado qué parte de las 156 personas identificadas son víctimas y cuál corresponde a presuntos agresores, ni ha distribuido esos resultados por países.

Las agresiones sexuales facilitadas por drogas se producen cuando una persona utiliza alcohol, medicamentos u otras sustancias para incapacitar a otra y anular su capacidad de consentir. Las drogas pueden impedirle resistirse, recordar lo ocurrido o advertir los efectos físicos de la agresión. Además, al ser administradas sin conocimientos médicos o combinadas entre sí, pueden poner en peligro su vida.

El Proyecto Medusa pone el foco en una realidad diferente a la imagen más extendida de la sumisión química, asociada habitualmente a discotecas, festivales o encuentros entre desconocidos. Los casos investigados se producen sobre todo dentro de relaciones sentimentales o círculos de confianza. Unas agresiones que, al tener lugar en el domicilio de la víctima, pueden repetirse durante largos periodos y afectan casi exclusivamente a mujeres, según Europol.

La investigación británica que precedió al lanzamiento del proyecto ayuda a dimensionar el fenómeno. Desde octubre de 2025, la NCA había identificado a más de 270 personas relacionadas con un foro concreto y sus plataformas sucesoras. La agencia elaboró más de 210 informes de inteligencia sobre posibles agresores, sospechosos y víctimas, que dieron lugar al menos a 14 investigaciones en Reino Unido y otros países. La propia NCA reconoce que todavía desconoce la verdadera magnitud de estos delitos porque probablemente están muy infradenunciados.

“Las agresiones sexuales facilitadas por drogas ya no son un comportamiento aislado, sino cada vez más organizado”, advirtió el subdirector de la NCA, Nigel Leary, al presentar los resultados. Las autoridades británicas consideran que las plataformas digitales han permitido conectar a agresores que antes podían actuar individualmente, reforzar sus conductas y facilitar delitos más allá de las fronteras nacionales.

Las investigaciones han encontrado servicios de mensajería cifrada, foros y grupos cerrados en los que sus participantes cosifican y deshumanizan a las mujeres, pero no se limitan a compartir comentarios misóginos. Según Europol, intercambian imágenes y vídeos de víctimas, narran experiencias, explican técnicas de sedación y difunden información sobre medicamentos, drogas y formas de administrarlos.

En estos espacios también se facilita la compraventa ilegal de fármacos y estupefacientes y se preparan logísticamente las agresiones. Europol ha detectado conversaciones en las que algunos miembros permiten que otros hombres abusen de sus parejas o personas cercanas. Después, los participantes comparten el material obtenido, felicitan a los agresores y validan la violencia como una forma legítima de dominación.

El proyecto relaciona estas redes con comunidades digitales que promueven una masculinidad extrema y discursos de odio contra las mujeres. En ellas se presenta a las víctimas como seres inferiores y sin autonomía, se considera el dominio masculino como un derecho y se justifica la violencia o la coacción para obtener acceso sexual. El grupo no solo proporciona conocimientos prácticos: también construye el marco ideológico con el que los participantes legitiman sus actos.

La dificultad para identificar a las víctimas ha obligado a las fuerzas policiales a desarrollar un sistema específico de cooperación. Medusa prevé la creación de un equipo especializado en identificación, encuentros intensivos de analistas de distintos países y el intercambio rápido de información a través de SIENA, la red segura de comunicaciones de Europol.

Los investigadores cruzan bases de datos en tiempo real, analizan información disponible en fuentes abiertas y buscan coincidencias entre direcciones IP. También estudian posibles conexiones con la ‘dark web’, identifican a los usuarios más activos y emplean herramientas de análisis de imágenes para descubrir lugares, objetos u otros elementos que permitan reconocer a una víctima.

Otro de los objetivos es crear una base de huellas digitales o valores ‘hash’ de las imágenes. Estos códigos permiten reconocer copias de un mismo archivo aunque se hayan vuelto a publicar en otras plataformas, lo que facilita retirar contenidos y relacionar investigaciones abiertas en distintos países. Europol proporciona apoyo financiero y analítico, además de coordinar el intercambio de información una vez terminan las reuniones presenciales.

España participa a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos investigadores formaron parte del operativo de junio. Sin embargo, el balance difundido por Europol no detalla cuántas víctimas, sospechosos, detenciones o líneas de investigación corresponden al territorio español. Canadá sí ha hecho público posteriormente que había localizado a 41 personas vinculadas al país entre posibles víctimas y agresores, aunque tampoco ofreció más detalles debido al carácter abierto de las investigaciones.

Uno de los principales obstáculos es que las víctimas pueden carecer de un relato completo. No recordar lo sucedido, no presentar lesiones evidentes o haber consumido alcohol voluntariamente puede dificultar tanto la denuncia como la investigación. En los casos perseguidos por Medusa se añade que el agresor suele controlar el espacio doméstico, puede repetir la sedación durante años y dispone de acceso a medicamentos, dispositivos electrónicos y pertenencias de la mujer.

Las autoridades británicas están tratando de cambiar el enfoque. En lugar de depender únicamente del testimonio de la víctima o esperar que sea ella quien reconstruya lo ocurrido, los investigadores analizan el comportamiento del sospechoso, sus comunicaciones, sus conexiones digitales y los patrones que se repiten en diferentes casos. La prioridad es reunir pruebas y ofrecer protección incluso cuando la mujer todavía desconoce que ha sufrido una agresión.

No obstante, las investigaciones de Medusa no se limitan únicamente a presuntas violaciones o agresiones sexuales. Algunos procedimientos incluyen delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio por el riesgo que implica administrar sustancias sedantes, especialmente cuando se mezclan sin controlar las dosis. La operación continúa abierta y Europol advierte de que la cooperación internacional seguirá activa a medida que las 274 nuevas pistas conduzcan a otros sospechosos, víctimas y comunidades digitales.

Laura, de 50 años y madre de dos hijas menores, asesinada en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes (Asturias), y Gloria, de 44 años y madre de una hija, en un centro comercial de Murcia, son los últimos crímenes machistas que elevan a 35 las víctimas de violencia de género en 2026.

Igualdad ha confirmado que en estos dos crímenes machistas cometidos este miércoles existían denuncias previas.

Con estos asesinatos, el número de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o expareja asciende a 1.376 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Además, 26 menores han quedado huérfanos por violencia de género este año y 536 desde 2013.

En Llanes (Asturias), Laura, guardia civil y madre de los gemelas de 14 años y de un hijo de 18 años, fue asesinada en el cuartel por su expareja, de 49 años, también agente del Instituto Armado, tenía expedientes abiertos por violencia machista en el juzgado de esta localidad.

Gloria, que tenía una hija menor, fue asesinada en un centro comercial de Murcia, en el lugar de trabajo del agresor, de 38 años, que ha sido detenido este jueves en un área de servicio de la localidad murciana de Puerto Lumbreras y que habría confesado el crimen a varios familiares y a un compañero de trabajo.

Tras estos crímenes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han reclamado todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

“No se tiene suficientemente en cuenta que la violencia de género no desaparece con la edad”. Élisabeth Liotard, directora de la asociación Viffil-SOS Femmes, constata a diario hasta qué punto este fenómeno sigue siendo, en gran medida, invisible.

Los estudios dedicados a este tema son escasos y se han llevado a cabo, sobre todo, en las regiones francesas de La Reunión y en Nueva Aquitania. “Las grandes encuestas nacionales sobre la violencia han excluido a las mujeres mayores de sus muestras”, subraya Lucie Richard-Bergereau, responsable del proyecto para personas mayores en el Centro de Información sobre los Derechos de las Mujeres y las Familias (CIDFF) de París, que actualmente lleva a cabo un estudio sobre esta cuestión.

La mayoría de ellas pasan desapercibidas para las asociaciones, el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras sociales. “En el CIDFF de París, solo representan el 4% de las personas que atendemos”, añade Richard-Bergereau.

Pero las mujeres mayores también sufren violencia física, psicológica y sexual, así como violencia económica, o incluso son víctimas de feminicidios. Mediapart ha recopilado los testimonios de Josy y Geneviève, ambas de 76 años, que ilustran hasta qué punto la edad añade numerosos obstáculos.

En primer lugar, porque la violencia suele prolongarse durante décadas. “Tenía 18 años y acababa de dar a luz a una niña que falleció poco después de nacer cuando recibí mi primera bofetada”, cuenta Josy. “Tuve dos hijos más. La violencia psicológica se intensificó: no servía para nada, todo era culpa mía. Luego, mi marido empezó a ser violento físicamente conmigo y con mi hijo”.

“Después de que los niños se fueron, él se negaba a que vinieran a casa, así que los veía en un aparcamiento. Ya de mayor, llegó a morderme hasta hacerme sangrar”, confiesa. A los 60 años, acabó “sumergiéndose en el voluntariado para huir de casa y de la violencia”.

Geneviève, por su parte, comprendió muy pronto que no sería feliz con su marido, a quien conoció a los 32 años. “En poco tiempo, nos aisló de mi familia. No quería ni salir ni viajar. Cuando se fue nuestra hija, dio un giro radical. Ya no quería que cocinara porque era ‘asqueroso’. Dejó de hacer cualquier actividad conmigo y puso la casa patas arriba. Me menosprecia constantemente, me amenaza y me grita. Me ha hecho perder las ganas de vivir”.

Cuando se sufre violencia durante 30 o 40 años, “se vuelve muy difícil identificarla”, explica Élisabeth Liotard, de Viffil-SOS Femmes. “Acaban pareciéndoles normales. De tanto ser menospreciadas, estas mujeres ya no confían en su propio criterio”.

El estudio realizado en La Reunión muestra la magnitud de las consecuencias de la violencia prolongada: el 53% de las víctimas padecen depresión y el 75%, síndrome de estrés postraumático.

Estas mujeres pertenecen a una generación que más ha interiorizado las relaciones de dominación como algo normal. “Me decía a mí misma que la vida en pareja era eso”, recuerda Josy. “Ni en casa ni con nuestra hija hizo mi marido nunca nada. Para él, él era el hombre y yo solo existía para servirle. A mí me educaron con la idea del deber, de que había que respetar las normas”, cuenta Geneviève.

“A algunas mujeres mayores les cuesta concebir el divorcio”, recuerda Pauline Georges, coordinadora de Solidarité Femmes 72. “Han interiorizado que el cabeza de familia lo decidía todo. Así que marcharse…”.

Geneviève coincide: “No tengo confianza en mí misma, me da miedo hacer cualquier cosa por mi cuenta. Siempre he sentido la necesidad de tener a un hombre que me protegiera”. Y Josy añade: “Mis amigas, mis hijos y mi médico me dijeron que tenía que marcharme. Ya no tenía ganas de comer, ni de vivir, pero me negaba a aceptarlo”.

“Algunas barreras provenían de mi educación”, cuenta Josy. “Nos inculcaron que nos casábamos para lo bueno y para lo malo. Por eso acabamos encontrando aceptable lo malo”. También menciona la influencia de la religión. “Como me quedé embarazada antes de casarme, pensaba que debía ser castigada. Los golpes eran como una forma de redimirme”.

El aislamiento constituye otro obstáculo importante. “La jubilación o la marcha de los hijos son momentos especialmente delicados”, explica Richard-Bergereau, del CIDFF de París. “Las mujeres pasan más tiempo a solas con su cónyuge violento. Como muchas de ellas tienen menos familiaridad con las herramientas digitales, también disponen de menos interacciones sociales para hablar o pedir ayuda”.

Tanto para Josy como para Geneviève, fue al participar en grupos de apoyo cuando comprendieron lo que estaban viviendo. “Ahí fue donde empecé a rebelarme”, afirma Josy.

Geneviève añade que “para su generación”, pedir ayuda no es nada fácil. “No hay que molestar a los demás”. Y, además, los profesionales no siempre están preparados para plantear la cuestión de la violencia. “Existe demasiada cautela en preguntar a las mujeres mayores”, observa Richard-Bergereau. “¿Es por pudor? Algunos profesionales sanitarios nos dicen que temen que una paciente, al darse cuenta de repente de que lleva 40 años sufriendo violencia, se hunda psicológicamente”.

Las asociaciones reconocen que deben adaptar sus prácticas. “Nos comunicamos mucho a través de Instagram y de otras redes sociales”, señala Richard-Bergereau. En Sarthe, Pauline Georges da ahora prioridad a las entrevistas en la prensa local y a las acciones en el medio rural, “en contacto con mujeres que tienen dificultades de movilidad”.

Incluso para las mujeres que logran hablar y ser escuchadas, encontrar los medios materiales para separarse de un marido violento suele ser difícil. “Se trata de una generación de mujeres que han trabajado poco, por lo que sus derechos de jubilación son escasos”, señala Richard-Bergereau. “Por lo general, los bienes adquiridos están a nombre de los maridos y, si la violencia se prolonga desde hace años, es posible que se les haya privado del acceso a su propio dinero”.

Mientras se planteaba el divorcio, Josy se preguntaba cómo iba a pagar el alquiler, con “menos de 1.000 euros de pensión al mes”. El miedo a la soledad y a la opinión de la familia o los allegados son otros obstáculos para marcharse. “A los 75 años, dejar a tu marido significa dejar tu casa, tus recuerdos, todas tus costumbres”, añade Pauline Georges. “Es perder todo un mundo y la propia identidad”.

A veces, la fuerza de los valores interiorizados, junto con esa obligación de estar “al servicio de”, también impide que las mujeres víctimas de violencia se marchen, incluso cuando tienen cierta independencia económica, como es el caso de Geneviève, propietaria de la vivienda de la pareja y con una cuenta bancaria personal: “He iniciado un proceso de divorcio y me he puesto en contacto con trabajadores sociales para saber cómo podrá vivir mi marido, porque me siento culpable ante la idea de dejarlo en la calle”.

La culpa también agobia a las mujeres cuidadoras víctimas de violencia, que se preocupan por el futuro de su marido, sobre todo si no tienen medios para pagar una plaza en una institución. Otras se preguntan si realmente merece la pena marcharse.

Reconstruir una vida social no es tan fácil a los 70 años como a los 30, señalan Pauline Georges y Élisabeth Liotard. “Las mujeres más jóvenes que han sido víctimas a veces se imaginan una nueva vida en pareja”, dice Geneviève. “Yo, a mi edad, quiero quedarme sola y tranquila”.

Según Pauline Georges, “es fundamental acompañar a las mujeres mayores que deciden marcharse”. La historia de Josy le da la razón: “El día en que me fui, tenía preparadas unas maletas y las había escondido. Cuando mi marido nos vio, nos amenazó con unas tijeras. Mi nieta llamó a la policía; ellos ya estaban al corriente. Me habían advertido de que ese día sería peligroso. Vinieron ocho agentes”.

Para que una mujer mayor víctima de violencia de género se atreva a marcharse, parece decisiva la ayuda de una tercera persona. “Mi médico me dijo que había que dejar de pensarlo, que había que pasar a la acción”, cuenta Geneviève, que siempre se ha sentido apoyada por los asistentes con los que ha tratado.

Pero “no siempre es así”, señala Pauline Georges, quien considera que “hay que realizar una verdadera labor de formación entre los trabajadores sociales”, sobre todo porque las mujeres mayores tienen mucho contacto con ellos. Los cuidadores a domicilio, los responsables de los expedientes de jubilación o los audioprotesistas son profesionales que podrían detectar la violencia, siempre que reciban la formación adecuada.

Las mujeres que han decidido marcharse destacan la importancia de sus amigas, hijos y asociaciones. “He conseguido superar mi miedo gracias a mis hijos, mis nietos, el trabajo personal, mi grupo de apoyo, mis amigos y una trabajadora social”, enumera Josy. “No creía que fuera posible otra vida. Y entonces conocí a alguien. Yo creía que ya era demasiado tarde, pero hoy tengo ganas de vivir”.

“Algunos hijos, normalmente las hijas de las mujeres víctimas, harán todo lo posible por proteger a su madre, igual que las madres protectoras hacen con sus hijos víctimas de incesto”, señala Lucie Richard-Bergereau. “Pero los profesionales pueden responder: ‘Tu madre es mayor de edad, no podemos hacer gran cosa’”.

Otra dificultad más: nadie está en condiciones de ofrecer un alojamiento aceptable a estas mujeres. “Hemos constatado cómo los centros colectivos de acogida de emergencia resultaban inadecuados para su edad y sus dificultades físicas”, relata Pauline Georges.

Por último, queda una cuestión crucial: ¿qué hacer con los hombres mayores violentos? Josy, por ejemplo, no quiere “enviar” a su exmarido a la cárcel. “Si este hombre ingresa en una residencia de mayores, corre el riesgo de causar nuevas víctimas allí”, señala Lucie Richard-Bergereau. “Y, por parte de la policía y la justicia, nos dicen que es difícil detenerlos y iniciar un procesamiento. Aquí se ve claramente que se trata de un auténtico problema social”.

Los testimonios de las mujeres víctimas se han recopilado gracias a la mediación de Solidarité Femmes y la asociación AIEM.

Traducción de Miguel López

Un guardia civil ha asesinado este miércoles a su expareja, otra agente del instituto armado destinada en el cuartel de Llanes (Asturias), en el que ha disparado contra la mujer antes ser abatido por los disparos efectuados por sus compañeros para repeler la agresión.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que el agresor, de 49 años y que tenía expedientes abiertos por violencia machista, ha accedido al cuartel poco antes de las 13:30 horas para disparar mortalmente contra su expareja, de 50 años.

En el cruce de disparos un teniente ha resultado herido grave de bala en una pierna, así como el presunto autor de los hechos que, tras ser atendido por los servicios sanitarios, ha fallecido en la UVI móvil en la que estaba siendo evacuado.

Las mismas fuentes han precisado que el autor de los hechos recibió hace unos días la resolución de separación del servicio y que por ello no disponía ya de su arma reglamentaria, por lo que habría consumado su agresión con una que habría robado o bien en las taquillas o bien arrebatado a algún compañero.

El agresor, cuyo último destino fue la Comandancia de Zamora, no entró al cuartel por la puerta principal, sino por algún otro lugar que él conocía al haber estado destinado allí previamente y, tras acercarse a la mujer, le ha disparado antes de intentar huir perseguido por un teniente del cuerpo, que ha resultado herido grave al recibir un balazo en una pierna.

También un brigada del cuartel ha intentado repeler la agresión y evitar la huida disparando contra el supuesto asesino, al que las heridas recibidas le han causado la muerte posteriormente.

La agente asesinada, que tenía un hijo de 18 años y dos gemelas de 14 con su agresor, se encontraba en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha anunciado que investiga este caso violencia machista y, de confirmarse como tal, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

El pasado mes de julio, Juanma Moreno fue reelegido presidente de la Junta de Andalucía por el pleno del Parlamento autonómico con los votos del PP y Vox tras firmar los dos partidos un acuerdo de gobierno.

El acuerdo ha permitido la entrada de Vox en el Gobierno andaluz, con una consejería con rango de vicepresidencia, la de Manuel Gavira, actual vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Este martes, varios medios se han hecho eco de que será Gavira, como consejero de Justicia, el encargado de gestionar las competencias relativas a violencia de género relacionadas de forma directa con la propia administración.

Esta decisión quedó recogida en el decreto que se publicó el pasado 9 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El escrito habla de la creación de las vicepresidencias y la reestructuración de las consejerías. Pero no fue hasta el 30 de julio cuando el Consejo de Gobierno aprobó los decretos que desgranan las competencias de cada área.

Además de hacerse cargo de las llamadas Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, Gavira se ocupará de cuestiones relacionadas con justicia, mediación y solución de controversias.

Asimismo, también ostenta competencias en cuanto a notariado y registros públicos, colegios profesionales, fundaciones y asociaciones; justicia juvenil; atención a las víctimas de terrorismo y víctimas de delitos y se responsabiliza de las relaciones institucionales de la administración de la Junta con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

Las críticas a esta noticia no han tardado en llegar por parte del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Ángeles Férriz, portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, ha pedido a Moreno que rectifique: “Es intolerable e indecente que la protección y la atención a las víctimas de violencia machista el señor Moreno Bonilla las haya dejado en manos de Vox. Un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea”.

A través de las redes sociales, la también socialista Olga Manzano ha suscrito las palabras de Férriz: “Peligran los derechos de las mujeres. Que quien niega la violencia machista controle las medidas y a los profesionales que nos protegen es tremendo. Lo permite Moreno Bonilla aferrado a su sillón”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha hecho hincapié en el “peligro e irresponsabilidad” de la decisión: “No vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género y a las mujeres andaluzas y a los derechos de las mujeres andaluzas”.

A todos ellos se ha sumado Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, en un mensaje en la red social X: “Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres. Ahora les entrega el servicio que valora a las víctimas de violencia machista”.

Rosa Rodríguez, portavoz adjunta de Por Andalucía, ha subrayado “que acabar con la autonomía de las unidades de valoración para asegurar mantener el gobierno supone traspasar una línea roja inaceptable”, calificando esta decisión de “irresponsable”.

Para mucha gente puede parecer algo menor o muy subjetivo, pero hoy el 39,6% de las mujeres tienen miedo al caminar solas por las calles, en gran medida por la violencia que ejercen los hombres (CIS, marzo 2026), y otras muchas sienten ese mismo miedo en sus casas por la violencia de género. Más de la mitad de las mujeres, concretamente el 57,3%, ya ha vivido alguna forma de este tipo de violencia dentro o fuera de la pareja (Macroencuesta 2019), pero todas la han sufrido porque el objetivo de la violencia de género no es solo dañar, lo hace y mucho, sino aleccionar a cada una de las mujeres para marcarles el territorio y los comportamientos que el modelo cultural androcéntrico decide. Por eso tenemos expresiones totalmente integradas como, “estos no son sitios para una mujer”, o “estas no son hora para una mujer”, “mi marido me pega lo normal”, “mi pareja no me ha pegado nunca, claro que yo tampoco le he dado motivo”… expresiones que reflejan la normalidad y la connivencia social con esa violencia, algo imposible para cualquier otra manifestación violenta.

Por eso la verdadera prioridad para las mujeres es poder vivir una vida en paz y sin violencia, sin que para lograrlo tengan que someterse al dictado del hombre de turno que lo permita.

Y esa convivencia con la violencia también está en la política y en las acciones de gobierno, y lo está de forma vergonzante y responsable en algunos escenarios. En los cuatro últimos pactos de gobierno entre PP y Vox se han creado consejerías y viceconsejerías de “desregulación”, para acabar con lo que desde sus mentes inmaculadas denominan “leyes ideológicas”, entre ellas las normas contra la violencia de género.

Empezaron negándola y ahora, como dicen que no existe, actúan en consecuencia y pretenden quitar las leyes dirigidas a algo que no forma parte de la realidad. Pura lógica machista.

El problema es que sí existe, que cada año asesinan de media a 58 mujeres, que solo se denuncia un 9 % de todos los casos, que cada día maltratan a 6.759 mujeres (Macroencuesta 2024), y que en los hogares donde se produce esta violencia viven alrededor de 1.700.000 niños y niñas que también la sufren.

El último de esos pactos de la vergüenza que habla de “prioridad nacional” y posterga la violencia contra las mujeres, ha sido en Andalucía, una comunidad autónoma en la que durante los meses que se preparaban las elecciones, después se negociaba el pacto y finalmente se aprobó, han asesinado a 10 mujeres, el 31,2% de todas las mujeres asesinadas por violencia de género, cuando la población andaluza representa el 17,6 % de la población nacional.

Pero no solo es un problema de este año. En los cinco años previos a la llegada del PP al gobierno de la Junta de Andalucía (2014-2018), la media de mujeres asesinadas en nuestra comunidad fue de 9,8, y representaba el 18,4% de todos los homicidios por violencia de género, que en España y para esos años fueron 53,2. En los cinco años siguientes (2019-2024), el número de mujeres asesinadas ha sido de 11,7, lo cual significa un aumento del 19,4%, mientras que en España el número de homicidios en el mismo periodo ha sido de 52, es decir, un descenso del 2,2%.

Algo no se está haciendo bien en Andalucía cuando en los periodos de tiempo considerados los homicidios por violencia de género disminuyen en España y aumentan en Andalucía. Y este 2026 hasta el mes de julio la situación, tal y como hemos adelantado, es más grave con esos 10 homicidios representando el 31,2% de todos los homicidios por violencia de género cometidos en España.

Y si ya preocupa el resultado también lo hace la situación social que da lugar al mismo. Según el barómetro del CIS, la media de población que considera la violencia de género entre los problemas principales en España en 2026, con 32 mujeres asesinadas, es del 0,5%. Pero en Andalucía la situación es más preocupante cuando el Barómetro andaluz de marzo de 2026 recoge que el porcentaje de población que considera la violencia de género entre los problemas principales es el 0%.

La violencia contra las mujeres está presente, pero sin política, sin medidas y sin recursos no se acabará con ella. Y con vicepresidencias de desregulación y negacionismo mucho menos, salvo que lo que se pretenda es llegar a la situación anterior a 2003 donde no había datos ni estadísticas, y se tomaba lo invisible por inexistente.

Ya escribí que lo de la “prioridad nacional” en verdad significaba “los hombres primero”, y parece que es lo que intentan. Pero si esa es la estrategia que sepan que la sociedad no lo va a permitir, y que continuará trabajando y avanzando bajo la prioridad vital de las mujeres hasta la erradicación de la violencia que sufren.

_______________

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

La Guardia Civil investiga como posible crimen machista la muerte de una mujer de 45 años hallada este martes con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga). La víctima presentaba un corte en el cuello provocado por un arma blanca y estaba registrada en el sistema de seguimiento VioGén, aunque su caso se encontraba inactivo. Los agentes buscan a un hombre que habría escapado de la zona después del crimen.

El Ministerio de Igualdad todavía no ha confirmado este caso como violencia de género. Sí ha ratificado los asesinatos ocurridos en las últimas horas en Antequera (Málaga) y Alameda de la Sagra (Toledo), que elevan a 31 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026 y a 1.372 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas, en 2003.

En Antequera, una mujer de 29 años fue hallada muerta el lunes con lesiones de arma blanca en una vivienda. Según las primeras investigaciones, fue asesinada por su expareja, que se suicidó después de cometer el crimen. La víctima tenía dos hijos menores de edad y existían denuncias previas contra el presunto agresor.

Con este asesinato, Andalucía acumula nueve víctimas mortales por violencia de género en 2026 y se convierte en la comunidad autónoma con más crímenes machistas. El de Antequera es, además, el cuarto asesinato ocurrido en la provincia de Málaga durante el mes de julio, a la espera de que se esclarezca el caso de Benahavís.

El otro crimen confirmado ocurrió el martes en Alameda de la Sagra (Toledo). Una mujer de 45 años fue asesinada con un arma blanca presuntamente por su pareja, un hombre de 48 años que fue detenido por la Guardia Civil. La víctima tenía un hijo menor de edad y tres hijos mayores. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

A estos casos se suma el asesinato de Aicha, una mujer de 31 años que falleció el pasado 17 de julio tras permanecer hospitalizada durante casi seis meses. La joven había sufrido quemaduras graves en el 50% de su cuerpo después de ser rociada con un líquido inflamable y prendida fuego el pasado febrero en Sevilla la Nueva (Madrid), presuntamente por orden de su marido.

Aicha tenía un hijo y dos hijas menores de edad y tampoco existían denuncias previas contra el presunto agresor. Su muerte y los crímenes de Antequera y Alameda de la Sagra forman parte de un repunte que ha vuelto a activar todas las alarmas. Desde el pasado 31 de mayo, nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

La cifra registrada este año supera ampliamente la de ejercicios anteriores. En estas mismas fechas de 2025 se habían contabilizado 22 asesinatos machistas. Hay que remontarse a 2019, cuando se habían confirmado 37 crímenes, para encontrar un balance peor a estas alturas del año.

En lo que va de año, 20 menores han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Desde que comenzaron a contabilizarse estos casos en 2013, la cifra asciende a 530.

La autopsia practicada a la mujer de 56 años hallada muerta el lunes por la noche en su domicilio de Almoradí (Alicante) ha descartado que se trate de un asesinato machista.

El examen forense ha concluido que la mujer falleció por causas naturales. Su marido, detenido inicialmente mientras se investigaban las circunstancias de la muerte, ha sido puesto en libertad. El hombre ya había sido arrestado en 2008 por una denuncia presentada por la fallecida.

Ante el repunte de asesinatos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha convocado para el próximo martes 28 de julio un comité de crisis. Este mecanismo institucional se activa cuando se produce una concentración de asesinatos machistas o cuando concurren circunstancias de especial relevancia en alguno de los casos.

La última reunión de este tipo se celebró el 21 de mayo, después de que cinco mujeres fueran asesinadas durante ese mes. En esta ocasión, el comité analizará los últimos crímenes y las circunstancias que rodeaban a las víctimas, entre ellas la existencia de denuncias o antecedentes en el sistema VioGén.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha advertido de que los periodos vacacionales son “especialmente duros y cruentos” por el aumento de la convivencia con los agresores y la ruptura de las rutinas habituales.

Martínez Perza ha pedido también la implicación de familiares, amistades, vecinos y compañeros de trabajo. “Cualquiera podemos estar al lado de esa víctima, acompañarla, que no se sienta sola y así haremos siempre más difícil que el maltratador actúe”, ha señalado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su “más absoluta condena” y su “rotundo rechazo” ante los últimos feminicidios y ha trasladado su apoyo a los familiares y amistades de las víctimas.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que la violencia de género continúa siendo una “lacra” que no puede normalizarse ni aceptarse “bajo ningún concepto”. “Ante esta barbarie, solo cabe una respuesta: la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad”, ha declarado tras el Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha trasladado su solidaridad a los familiares y amigos de las mujeres asesinadas en Madrid, Málaga y Toledo. “Estamos ante una tragedia insoportable que nos golpea como sociedad y que no podemos normalizar ni aceptar”, ha escrito en la red social X.

Sánchez ha reclamado “más unidad, firmeza y compromiso de toda la sociedad” y ha insistido en que erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva. El presidente ha recordado además que tanto las víctimas como quienes conozcan algún caso pueden recurrir al teléfono 016: “Denuncia. No estás sola”.

Las condenas por delitos sexuales crecieron en 2025 tanto en las impuestas a adultos, que subieron un 15,1% con respecto al año anterior, como las aplicadas a menores, que aumentaron un 6,2%.

Son los datos que ha dado a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población condenada adulta y menor de edad de 2025, que reflejan que los adultos con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en ese año o en ejercicios anteriores, disminuyó un 0,2%, mientras que en caso de los menores, descendió un 1,8%.

Los delitos más frecuentes en la población adulta fueron los relacionados con la seguridad vial (22,4% del total), lesiones (17,3%) y hurtos (16,4%). 

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 4.531 adultos condenados con sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, cometidos ese año o en anteriores. Es un 15,1% más que el año anterior y la mayoría de los condenados —el 97,6%— son hombres.

En el caso de los menores de edad, hubo 584 condenados —el 97,1% varones—, un 6,2% más que en 2024.

Los adultos cometieron 6.210 delitos, un 18,7% más que en 2024. De este total, 1.461 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 63 fueron consideradas violación; y 3.146 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 131 fueron consideradas violación.

Por su parte, los menores de edad cometieron 841 delitos, un 1,9% más que en 2024. De este total, 491 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 70 fueron consideradas violación; y 250 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 31 fueron consideradas violación.

Los delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de violación a víctimas de 16 y más años.

Durante 2025 fueron inscritas en el Registro Central de Penados 306.237 personas adultas condenadas —de 18 y más años— con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un 0,2% menos que el año anterior. El 80% eran varones y el 20%, mujeres.

La tasa de condenados por cada 1.000 habitantes fue de 7,4 —en los hombres, 12,2, y en las mujeres, 2,9—. Por edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de 21 a 30 años.

La mayor parte de la población condenada tenía nacionalidad española —70,2%—. No obstante, atendiendo a la tasa por cada 1.000 habitantes, la de nacionalidad extranjera —15,3— fue 2,5 veces superior a la de nacionalidad española —6,1—.

El 73,9% de los condenados lo fue por un solo delito y el 26,1%, por más de uno.

En 2025 se inscribieron 461.224 delitos cometidos, un 1,2% más que en el año anterior. Los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la seguridad vial —22,4%—, los de lesiones —17,3%— y los hurtos —16,4%—.

Las mayores tasas de delitos cometidos por la población condenada se dieron en Ceuta —21,3—, Melilla —15,1— y Baleares —14,3—. Por el contrario, Castilla-La Mancha —8,9—, la Comunidad de Madrid —9,1— y Galicia —9,7— presentaron los valores más bajos.

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 13.245 condenados de entre 14 y 17 años con sentencia firme, por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un descenso del 1,8% respecto al año anterior.

El 80,5% de la población condenada menor de edad fueron varones y el 19,5%, mujeres. La tasa de población condenada menor de edad fue de 6,2 —9,6 en hombres y 2,5 en mujeres— y el grupo de 17 años fue el que tuvo la mayor tasa.

La mayoría de la población condenada menor de edad tenía nacionalidad española —78,5%—. Sin embargo, la tasa por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años entre la población extranjera —10,2— fue casi el doble que entre la española —5,6—.

Tres de cada cinco condenados cometieron una única infracción penal y dos de cada cinco, más de una.

Se inscribieron 24.279 infracciones penales cometidas por menores, un 1,1% menos que en el año anterior. Los delitos de mayor incidencia fueron las lesiones —33,4%—, los robos —15%— y las amenazas —9,4%—.

Las mayores tasas de infracciones penales se dieron en Ceuta y Melilla —con 114,8 y 54,6, respectivamente— y en Asturias —23,4—. Por el contrario, la Comunidad de Madrid —6,9—, Castilla-La Mancha —7,3— y Murcia —7,8— presentaron los valores más bajos.

La siguiente tabla muestra, por comunidades, la tasa de delitos cometidos por menores y mayores de edad condenados en 2025:

El pasado 19 de mayo, Andrés Roche Cerón asesinó presuntamente —y empieza a resultar indignante tener que añadir siempre ese adverbio para no incomodar a un sistema que demasiadas veces da la espalda a las víctimas de violencia de género— a Erica D.G., también conocida como Kimberli. El crimen quedó grabado y fue difundido en redes sociales. Las imágenes muestran, con una crudeza insoportable, la violencia extrema del terrorismo machista al que siguen estando sometidas miles de mujeres, niñas y niños, también en nuestro país.

Como feminista, me niego a aceptar que este sea “un feminicidio más”. Me niego a que, tras el habitual minuto de silencio institucional, el nombre de Erica —o de Kimberli, como ella prefiriera ser llamada— quede sepultado la próxima semana bajo el de otra víctima, mientras todo continúa exactamente igual. Es decir: con una parte de la sociedad abrazando discursos negacionistas alentados por la extrema derecha; con una derecha cada vez más radicalizada que rehúye destinar recursos propios a combatir la violencia machista y se suma a esos discursos cuando le resulta políticamente rentable; y con una izquierda que, aun siendo consciente de las graves carencias del sistema de protección, sigue sin afrontar reformas profundas que vayan más allá del papel.

Porque quizá haya llegado el momento de plantear medidas verdaderamente valientes: mecanismos eficaces para apartar de estos procedimientos a jueces, juezas y fiscales que no apliquen la perspectiva de género y para inhabilitar a quienes, mediante negligencias graves, pongan en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños a quienes tienen la obligación de proteger.

Más allá del horror que produce ver cómo un hombre asesina a su pareja en plena calle, asestándole veinte puñaladas y abandonando su cuerpo como si fuera basura antes de lavarse la sangre en una fuente pública con absoluta frialdad; más allá del nudo en el estómago que provoca otro vídeo, difundido por un medio de comunicación de horas antes del crimen, donde puede verse a la víctima acompañando al agresor a una tienda y permaneciendo detrás de él, con una postura corporal que transmite terror incluso sin necesidad de verle el rostro; más allá de todo eso, ha llegado la hora de exigir responsabilidades.

El asesinato de Erica —o Kimberli— es un ejemplo doloroso de muchas cosas. Entre ellas, de la incapacidad de una parte del sistema judicial para proteger adecuadamente a las víctimas de violencia de género y para comprender las realidades complejas de aquellas mujeres que no encajan en el irreal “perfil ideal de víctima”. Especialmente cuando sus vidas están atravesadas por múltiples formas de discriminación: pobreza, migración, exclusión social, identidad de género o adicciones.

Erica había denunciado, al menos una vez que sepamos. Había pedido protección y le fue concedida una orden. Pero aquella protección no sirvió de nada: en menos de 24 horas el agresor volvió a lesionarla. La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra hicieron su trabajo. A partir de ahí, responsabilizar a la víctima de la inacción judicial es no solo injusto, sino profundamente ignorante.

Quienes trabajamos desde hace años en este ámbito sabemos —y llevamos demasiado tiempo denunciándolo— que existen herramientas legales suficientes para actuar frente a un quebrantamiento de medidas de protección. Son mecanismos previstos por el sistema y, aplicados correctamente, habrían podido salvar esta y muchas otras vidas.

Desconozco los detalles concretos del caso, pero diversos medios han señalado que Erica era una mujer trans, hondureña y empobrecida. Es decir, una víctima atravesada por múltiples factores de vulnerabilidad. El agresor acumulaba indicadores evidentes de peligrosidad, no solo por el historial de violencia ejercida, sino por la intensidad y frecuencia de las agresiones. El sistema debe poder adaptarse a lo anterior, de lo contrario es discrimatorio.

Preguntarse por qué la víctima no acudió al médico forense es colocar el foco en el lugar equivocado. Tal vez estuviera hospitalizada recuperándose de las lesiones que su agresor le había provocado menos de 24 horas después de dictarse la orden de protección. Tal vez estuviera escondida, aterrada o incluso con él, porque la dependencia emocional no desaparece automáticamente tras una denuncia. Tal vez no tuviera recursos para desplazarse, para recibir notificaciones judiciales o para acceder a un alojamiento seguro. Las mujeres en situación de sinhogarismo con patologías duales, sencillamente, no encajan en muchos de los dispositivos institucionalizados de protección.

La pregunta no es qué hizo o dejó de hacer Erica. La pregunta es cuánto interés puso el sistema en protegerla. Si tradujo “vulnerable” por “complicada”. Si dio su caso por perdido antes siquiera de intentarlo.

Dejemos de culpabilizar a las víctimas de violencia de género por los fallos de un sistema que nos interpela a todas y todos. Empecemos a escuchar de verdad a las profesionales que llevan años advirtiendo de estas negligencias: abogadas, juristas, trabajadoras sociales y especialistas que se dejan la piel acompañando a víctimas a la par que denuncian las carencias de la administración de justicia.

Teniendo en cuenta que lo escatológico se ha colado en el debate público: la situación actual para demasiadas víctimas de violencia de género es una mierda de dimensiones descomunales y la urgencia de su abordaje desde una perspectiva de género y realmente interseccional, es inaplazable.

_________________

Vanessa Casado Caballero es jurista experta en Género y Derechos Humanos.

“Yo pienso en mi abuela, en un pueblo de 2.000 habitantes al sur de Extremadura, sin independencia económica, sin acceso a Internet; si se hubiera dado el caso, ¿cómo iba a denunciar? Sin duda ahora hay muchos más recursos que antes, más información y también más concienciación. Eso influye en que esté bajando la edad media de las víctimas y a la vez subiendo las órdenes de protección. Y, al mismo tiempo, se evidencia que la violencia sigue ahí y cada vez más entre las más jóvenes; pero es que ahora, además, se niega continuamente su existencia, y eso hace mucho daño”. La reflexión es de Alba Redondo Mesa, agente de igualdad de Malvaluna, una asociación feminista con sede en Mérida que lleva décadas atendiendo a mujeres que sufren el maltrato machista.

Ella plantea este razonamiento tras su análisis del último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre violencia de género. Las cifras aseguran que en la región extremeña, en los últimos tres años, se ha duplicado el número de chicas menores de 18 años que necesitan protección para evitar ser atacadas por sus parejas o exparejas. Los datos concretos dicen que si fueron 14 las órdenes o medidas cautelares establecidas en 2022, en 2025 llegaron a 27. La subida ha sido gradual en ese periodo. “Parece que 27 en un año no son muchas, pero estamos hablando de Extremadura, una comunidad con poca población, y además esas 27 es solo lo que sale a la luz”, asegura.    

¿Qué hay detrás de ese número? “Mucha violencia digital”, subraya Redondo, que pone el foco en dos cuestiones: por un lado, la facilidad de control que da un teléfono móvil; por otro, las ideas conservadoras que se fomentan por las redes sociales. En el primer caso, explica: “A los adolescentes les cuesta concebir una relación sin estar hablando constantemente, y eso se alimenta con que hay aplicaciones que te permiten saber la localización de tu pareja, lo cual desemboca en situaciones de control absoluto. Significa atentar contra la intimidad de la otra persona. Ahí empieza la violencia psicológica”. En el segundo caso, expone: “Las redes sociales nos están volviendo a colar la idea del amor romántico de que ‘cuanto más celoso sea, más me quiere’. Y no somos conscientes del gran poder que tienen esas redes para imponer discursos”.

En este sentido, prosigue: “Es muy difícil luchar contra esa realidad porque la sociedad va tan deprisa que no tenemos tiempo ni de explicar ni de educar, de manera que no existe pensamiento crítico, todo lo damos por bueno”.

Una de las labores de Malvaluna es dar charlas en los institutos para concienciar sobre qué es la violencia machista y sus consecuencias, pero desde la asociación aseguran que cada vez tienen más dificultades en Extremadura para acceder a los centros educativos por la negativa de los padres y madres a que se impartan los talleres: “Creen que vamos a adoctrinar a sus hijos”.

Redondo explica que a los alumnos se les intenta hacer pensar. Pone un ejemplo: “Queremos hacerles ver que tienen que sacar la violencia de las pantallas. Les preguntamos que qué pensarían si un vecino les enseñara los genitales por la calle para que entiendan que es igual de grave que la foto que le llega al móvil”.

Asimismo, en estos encuentros se encuentran a veces con comentarios como “la cocina es cosa de mujeres” o “los cuidados no es un trabajo”.

“El problema es que los partidos de ultraderecha no quieren educación sexual porque creen que eso es manipular y condicionar. Y, evidentemente, ese mensaje va calando. No se paran a pensar en el peligro que supone que los adolescentes no cuenten con herramientas propias para digerir la información que reciben”, expresa, por su parte, Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). Ella habla directamente de la pornografía: “Ya sabemos que hay niños que con ocho años empiezan a ver vídeos donde lo que aprenden es violencia, porque lo que ven son prácticas sin preservativo, abusos, violaciones múltiples o escenas similares muy agresivas”.

“La curiosidad por ver estos vídeos —continúa Fondón— existe, es innata, eso es obvio, pero si la única educación sexual que reciben es esa, ahí empieza el problema. Además, ellas también acceden a esos vídeos para aprender esas posturas y actitudes sumisas”.

La presidenta de Adhex tiene claro que el contexto descrito influye directamente en las relaciones entre adolescentes y en los roles que se asumen. Su asociación también imparte talleres en institutos. Ella lamenta que cada vez más jóvenes nieguen la violencia de género. “Se banaliza, y eso provoca que cada vez haya más casos. Antes daba vergüenza hacer determinados comentarios y ahora vuelven a resultar graciosos”.

No obstante, tanto Redondo como Fondón coinciden en que el camino recorrido no ha caído en saco roto y que también hay adolescentes muy conscientes de qué es la violencia de género: saben identificarla y combatirla.

Con ellas está igualmente de acuerdo Manuel Calvo Macías, psicólogo de la asociación Victoria Kent, con sede en Badajoz, que lleva tres años dando charlas en centros educativos de la provincia pacense. “Quien es consciente, lo es mucho más que antes, eso es innegable”, subraya. No obstante, critica que cuando se habla de igualdad en términos generales o de violencia machista, casi siempre se mira solo a las chicas. “Se pone el foco en ellas cuando la educación la tienen que recibir sobre todo ellos”, incide.

Este psicólogo pone como ejemplo comentarios o comportamientos machistas que, a veces, percibe en niños de diez años: “Es evidente que repiten lo que escuchan en casa. Por eso es tan importante que se trabaje con estos talleres de igualdad y de educación sexual en los centros”.

Otra cuestión que desde las tres asociaciones destacan es cómo influyen determinados discursos políticos en el fomento de la desigualdad, la cual, básicamente, es el caldo de cultivo de la violencia de género.

Lo resume Redondo: “Se está legitimando la negación de la violencia machista en las instituciones, se le quita importancia y se vuelven a cuestionar los derechos de las mujeres. Y esos discursos llegan a las redes sociales y a la calle”.

El número de menores que convive en hogares marcados por la violencia de género va en aumento. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con información relativa al año pasado, un total de 1.935 menores fueron víctimas directas de violencia machista. La cifra no ha dejado de crecer en los últimos cuatro años, con un aumento del 40,6% respecto a 2022.

Todos ellos contaban con órdenes de protección o medidas cautelares. Más de la mitad (54%) tenía menos de diez años y el 81,6% eran hijos e hijas del agresor. Las cifras sobre menores víctimas de la violencia ejercida por sus padres llegan en un momento especialmente relevante, poco después de que salieran a la luz las declaraciones del magistrado David Maman Benchimol, especializado en violencia machista, asegurando que muchas madres son “enemigas acérrimas de la custodia compartida” y que "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Los datos ofrecidos por el INE se basan en las víctimas con órdenes de protección y en los denunciados con medidas cautelares que han sido inscritos en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género del Ministerio de Justicia. Un total de 33.373 mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia y la mayoría tenía una relación de expareja con su agresor. 

La cifra de hombres denunciados asciende a 33.228, la mayoría fueron señalados por delitos de lesiones (21.560), pero también por torturas (8.125), amenazas (6.450) y quebrantamiento de condena (3.740). Entre las 98.551 medidas cautelares dictadas, solo 305 fueron de suspensión de la patria potestad y 3.007 de suspensión del régimen de visitas. La prohibición de aproximarse a la víctima se acordó en 26.080 ocasiones y la prohibición de comunicarse con ella en 25.881. En 2.229 casos se privó del derecho a la tenencia y porte de armas, mientras que en 86 se procedió directamente a su incautación.

En cuanto a las sentencias, los tribunales condenaron a un total de 40.929 hombres en asuntos procedentes del mismo año y de ejercicios anteriores. 

El INE también publica información relativa a violencia doméstica, aquella ejercida en el ámbito familiar por parte de cualquier miembro. Cabe destacar que incluso en este epígrafe la mayoría de las víctimas (60,8%) son mujeres y el grueso de los denunciados (71,6%) son hombres, por lo que predomina un sesgo de género evidente también cuando se trata de otras formas de violencia en el hogar. 

La Policía Municipal de Pamplona investiga la muerte de una mujer de 37 años de edad que se ha precipitado desde una tercera planta en el barrio de San Jorge de Pamplona en la madrugada de este domingo cuando se intentaba descolgar por una ventana con unas prendas de ropa. Un varón de 34 años, con el que la mujer había mantenido una relación sentimental, ha sido detenido por quebrantar una medida cautelar de alejamiento por violencia de género.

El fallecimiento se ha producido en torno a las 4:30 horas de la madrugada en el domicilio en el que vivía la fallecida junto a más personas.

Según han indicado varios vecinos a Diario de Navarra, se escucharon gritos por parte del detenido y de la víctima, que, según han contado, fueron pareja. Esa discusión ha proseguido ya en el interior de la casa, con gritos y llantos, hasta que la víctima ha comenzado a descolgarse por la ventana de la cocina con unas prendas de ropa anudadas hasta el segundo piso, altura desde la que se ha caído. Hasta el lugar se ha desplazado personal sanitario que no ha podido hacer nada por salvar su vida.

Agentes de la Policía Municipal se han trasladado al domicilio en el que han ocurrido los hechos y han procedido a la detención de un varón al que se le imputa un delito de quebrantamiento de una medida cautelar de alejamiento, derivada de una denuncia por malos tratos interpuesta por la víctima en 2025.

El cuerpo de la mujer fallecida ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF) para realizarle la autopsia, mientras que la Policía Municipal ha asumido la investigación de los hechos.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género contará en 2026 con un respaldo económico de 11,9 millones de euros adicionales, que serán destinados a medidas específicas de atención y prevención, además de otras 13 iniciativas, que se sumarán a las 461 que contempla el acuerdo.

Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno contra Violencia de Género (DGVG), Carmen Martínez Perza, en el Congreso en la comisión de seguimiento y evaluación del pacto de Estado en esta materia, para informar de la ejecución del mismo, que fue renovado el pasado 26 de febrero de 2025. Dicho pacto contempla 461 medidas en total, de las que son responsables, además de Igualdad, otros ministerios, administraciones e instituciones, y contó en 2025 con 82 millones destinados a medidas directas, además de 160 millones transferidos a comunidades autónomas y 40 millones más para entidades locales.

Estos recursos han garantizado la continuidad de servicios esenciales como los centros de crisis 24 horas, el servicio telefónico 016, Atenpro o Cometa, según ha precisado la delegada. De las 461 iniciativas que contempla el pacto, ya se han aplicado 251, lo que representa el 51% de su ejecución global por parte del Gobierno, según ha detallado Martínez Perza.

En el caso de las iniciativas que son competencia del Ministerio de Igualdad, se han puesto en marcha 113 medidas de las 211, lo que supone el 54% de ejecución de las iniciativas, con avances en violencia vicaria, trata, violencia sexual, servicios esenciales, y acreditaciones administrativas. En concreto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene encomendadas 159 medidas propias y más de 21 compartidas con el Instituto de las Mujeres (IM). De ellas, en 2025 se activaron 90 de las propias y 8 de las compartidas. Por su parte, el Instituto de las Mujeres ha avanzado en 3 de sus 9 medidas exclusivas y 2 compartidas, mientras que en el ámbito general del ministerio, se han ejecutado 12 de las 22 medidas que están bajo su paraguas.

En cuanto al resto de ministerios, ha destacado algunas medidas como la mejora en la protección de menores en entornos digitales y la adecuación de sedes judiciales impulsadas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; o actuaciones centradas en el asilo, la actualización de VioGén y la protección internacional de las víctimas del Ministerio del Interior.

La delegada ha precisado que la activación de las medidas varía según su complejidad, ya que algunas "son inmediatas", como campañas, formaciones o ajustes de protocolos, mientras que otras requieren reformas legales, cambios estructurales o actualización de sistemas de evaluación. Además, ha subrayado "el impulso normativo realizado", como en la lucha contra la violencia vicaria o la ley integral de trata, que está prevista elevar al Congreso en los próximos meses.

En su intervención, la delegada ha enumerado otros avances que ya se han producido, como el sistema de acreditación de las víctimas, las mejoras en los sistemas de protección, o los ajustes en los criterios para garantizar coherencia legal y seguridad jurídica en las subvenciones estatales de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata, entre otros.

La inspectora que denunció por presunta agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha vuelto a solicitar que se prohíba al ex mando policial comunicarse con ella, al entender que el auto en que denegó esta petición no está motivado e incurre en errores de interpretación.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Jorge Pidrafita recurre al auto del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid en el que rechazó imponer a González, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado el letrado de ésta.

Lo hizo, siguiendo el criterio de la Fiscalía, al término de la declaración de ambos el pasado 17 de marzo, en un auto en el que argumentó que no aprecia "riesgo" suficiente para concederla. "El investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante, máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial", concluía el auto.

Ahora el letrado de la denunciante pide que se revoque ese auto y se otorgue la protección, o de forma alternativa que se acuerde la realización de una valoración policial de riesgo actualizada y luego se vuelva a valorar la adopción de la medida. Para esta parte, el auto del juez omite valorar de forma completa uno de los dos requisitos legales que permiten otorgar la protección; "contrae indebidamente el concepto de riesgo", y "deniega una medida cautelar limitada sin una motivación suficiente de necesidad y proporcionalidad".

El extenso recurso incide en que la resolución impugnada "no exterioriza una valoración completa de las circunstancias del caso, sino una apreciación parcial que conduce indebidamente a negar la protección interesada". Y pone de relieve que "el riesgo relevante no se agota en evitar presiones sobre la prueba, sino que comprende también la prevención de contactos no deseados, intimidaciones, perturbaciones y revictimización durante la instrucción".

En las declaraciones del pasado día 17 la inspectora ratificó ante el juez su querella por agresión sexual contra el que era número dos del Cuerpo y que dimitió tras la denuncia, mientras que él negó los hechos y atribuyó esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de su subordinada.

La defensa del exDAO, ejercida por los letrados José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fúster-Fabra, presentó luego un escrito en el que se sostiene que la agente solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una pensión. Lo hizo en un escrito en el que solicita que se aperciba al letrado de la acusación particular por revelar públicamente el contenido de las actuaciones.

Los letrados del ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González sostienen que la agente que le denunció por presunta agresión sexual solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una jugosa pensión.

En un escrito presentado ante el juzgado especializado en violencia sobre la mujer que investiga al ex número dos de la Policía Nacional, los letrados de la defensa se refieren a las declaraciones que prestaron ante el juez el pasado martes tanto González como la agente para pedir que se aperciba al letrado de la acusación por revelar públicamente el contenido de las actuaciones, informan a EFE fuentes judiciales.

En concreto los letrados solicitan que se le aperciba "para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción, especialmente cuando dichas manifestaciones son contradictorias con lo realmente ocurrido en el procedimiento y con la propia solicitud de plena reserva formulada por dicha representación, lo que compromete el carácter reservado" del proceso.

Sostienen que ese letrado, Jorge Piedrafita, trasladó el contenido de las declaraciones "de manera claramente selectiva y contando falsas verdades", omitiendo deliberadamente "todas aquellas partes de las declaraciones y del contenido del audio que evidencian las múltiples contradicciones" en las que incurrió la agente.

Y concluyen que se presenta como víctima "una persona que sube al domicilio por propia voluntad con un arma reglamentaria; que permanece por propia voluntad; requiriendo continuamente información de forma inquisitiva; que se le invita varias veces a marcharse; que adopta una actitud cariñosa; que requiere que se le preste más atención; que recrimina que no se le haga caso y que se despide con un 'adiós cariño nos vemos el domingo'".

"La realidad es que es una persona celosa, posesiva y resentida con la única intención de causar el mayor mal a mi mandante y, que en caso de conseguir una impensable sentencia condenatoria, poder recibir hasta el 200 % de salario (...) por su más que probable jubilación", añaden.

Ese es el motivo por el que la agente insiste en decir "que estaba en acto de servicio acatando órdenes de alguien que ni siquiera es su superior jerárquico, como ella misma reconoce", aclara el escrito, que añade que la agente manifestó que "ya había denunciado en varias ocasiones a otro compañero con el que había mantenido otra relación de afectividad con pésimo resultado judicial".

La defensa detalla que la agente reconoció que fue al piso del exDAO voluntariamente, porque quería saber si él le mentía sobre otras supuestas relaciones con mujeres, y que no abandonó el lugar porque quería explicaciones.

Explica que en la declaración la agente negó inicialmente que dijera a González "nos vemos el domingo" y no recordaba si dijo "adiós cariño", como se escucha en el audio que ella aportó a la causa, y sobre el que el juez preguntó a ambos en varias ocasiones.

También reconoció que tras la supuesta agresión sexual ella llamó a González, aunque niega que lo hiciera hasta seis veces, como refleja un documento aportado a la causa por su abogado, detalla el escrito.

Sobre las declaraciones que hizo el letrado de la agente, en las que se aseguraba que en el audio se escuchaba una cremallera de un pantalón, el escrito de la defensa dice que la agente reconoció que su pantalón era de botón y ese sonido "nítido y prolongado" compatible con el de la cremallera de la riñonera que la agente llevaba con una pistola dentro.

Por todo ello los letrados de la defensa, ejercida por José Carlos Velasco e Ignacio Fúster, piden al juez que aperciba al abogado de la acusación "para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción", como lleva haciendo "desde que se filtró la querella en los medios de comunicación hace ya más de 1 mes", con "más de cuarenta intervenciones públicas relativas al contenido de la misma y al contenido del audio aportado".

El Ministerio de Igualdad contará con más de 71 millones de euros hasta 2029 para un nuevo contrato de gestión del sistema telemático de seguimiento de maltratadores, conocido como Cometa, tras la finalización del contrato actual en mayo de 2026, que fue objeto de una gran polémica por los fallos que se produjeron con las pulseras de control de agresores machistas, informa EFE.

El pasado mes de septiembre, Igualdad anunció que trabajaba en la licitación del nuevo contrato para la gestión del servicio de dispositivos telemáticos de control de agresores machistas a partir de mayo de 2026, tras conocerse los problemas que hubo con las pulseras de control a principios de año y que afectaron -entre otras cuestiones- a la geolocalización de las víctimas o sus agresores.

Según Igualdad, el nuevo contrato iba a incluir mejoras en el ámbito rural, la actualización tecnológica y el refuerzo del personal del centro de gestión de las pulseras antimaltrato (Cometa), entre otras cuestiones.

La ministra, Ana Redondo, prometió que el nuevo contrato contaría con "dispositivos de mejor calidad" y los avances y las mejoras que estén disponibles en el mercado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo para posibilitar a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad este gasto, correspondiente al programa 'Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género'.

Se trata de la contratación de "un servicio para el sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual. Su periodo de ejecución abarcará los ejercicios 2026 a 2029, con un precio total (IVA incluido) de 71.369.269,41 euros", según explica la referencia del Consejo de Ministros.

De esta cantidad total, "59.280.321,89 euros se destinarán al servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación de sistema, al servicio de telecomunicaciones y al servicio de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de sets de dispositivos electrónicos y los restantes 12.088.947,52 euros a la adquisición de nuevos dispositivos", prosigue.

Asimismo, 2.847.485,28 euros irán destinados a "prórrogas de contratos de prestación de servicios, actualmente en vigor, relativos, entre otros, al portal estadístico, al mantenimiento de aplicaciones y a servicios de creatividad, para los ejercicios 2026 y 2027".

El Consejo de Ministros ha autorizado este gasto ya que se superan los límites de la ley presupuestaria.

En mayo de 2026 concluye el contrato vigente, que ahora gestionan las empresas Vodafone y Securitas, las únicas que se presentaron a un concurso que tuvo una dotación de 42,6 millones de euros y una vigencia de 30 meses.

La última vez que se registró una incidencia en el sistema Cometa fue el pasado mes de noviembre, por un problema con un enrutador. En ese momento, Redondo aseguró que ninguna mujer había quedado desprotegida por el fallo técnico.

Sin embargo, la polémica se originó meses antes, cuando en septiembre la Fiscalía alertó sobre una serie de problemas en el acceso a la información necesaria para formular acusaciones por incumplimiento de las medidas de alejamiento. Además, varios trabajadores de Cometa denunciaron fallos en el GPS de los dispositivos.

Según explicó el Ministerio de Igualdad, el motivo de estas incidencias se debió a una pérdida de información en el proceso de migración de datos tras el cambio de proveedor de las pulseras.

Pilar, de 38 años y asesinada presuntamente por su expareja el pasado domingo día 4 en Quesada (Jaén), es la primera víctima mortal de la violencia de género en España en 2026 y la número 1.342 desde que se empezaron a contabilizar los feminicidios en 2003.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este miércoles la naturaleza machista del crimen y ha informado de que existían denuncias por maltrato contra el presunto feminicida, que fue detenido. El cuerpo sin vida de Pilar fue encontrado en un paraje de Los Molinos, cercano al centro de Quesada.

Pilar, que fue asesinada con un arma blanca, tenía una orden de alejamiento en vigor contra el hombre, del que se había separado hace un año.

El pasado día 6 otra mujer, Grazina, de 43 años, fue asesinada a manos de su marido, que luego se quitó la vida. Esta es la segunda víctima por violencia machista en lo que llevamos de año. En el sistema de protección a las víctimas de este tipo de violencia machista, Viogén, constaba una denuncia de la víctima contra su marido, un ciudadano de 35 años, pero aparecía como archivada, según adelantaron a EFE fuentes de la investigación. El TSJC ha confirmado que esa alerta del sistema Viogén se activó por unos hechos ocurridos en 2024.

Los juzgados gallegos recibieron una media de 21,8 denuncias diarias por violencia machista entre julio y septiembre, lo que supone un descenso del 1,8% respecto al año anterior. En el conjunto del Estado esta cifra asciende a una media de 579 denuncias al día en el pasado verano.

Según el Informe trimestral sobre violencia de género, elaborado por el servicio de estadística del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en Galicia se presentaron un total de 2.006 denuncias y se registraron 1.815 víctimas, un 7,3% menos que durante el mismo período de 2024.

“Galicia tiene, en base a los datos de este tercer trimestre, la tasa de violencia de género más baja del Estado –12,9 víctimas por cada 10.000 mujeres– pero aun así no es una tasa asumible, porque cualquier víctima que se produzca es inasumible”, defiende Belén Rubido, jueza decana de Pontevedra y especializada en casos de violencia sobre la mujer.

Rubido destaca que, a pesar de la escasa disminución de las denuncias presentadas entre los meses de julio y septiembre, hubo un incremento de las órdenes de protección dictadas, lo que significa que los jueces apreciaron una situación de riesgo objetiva para las víctimas. El aumento es de un 5,7% para las órdenes solicitadas y de un 8,4% para las aprobadas, siempre respecto del mismo período del año 2024.

“Cuando se dicta una orden de protección cada juez valora la situación, tiene que haber indicios racionales de delito, pero también una situación objetiva de riesgo —incide Belén Rubido—. Con lo cual, tenemos menos denuncias en número, pero más órdenes de protección proporcionalmente a las denuncias que existen. Con los datos en la mano, podemos afirmar que la protección se incrementó; eso supone que los jueces y juezas que tuvieron los casos delante valoraron un mayor riesgo para las víctimas”.

Las órdenes de protección adoptadas por los juzgados gallegos —tanto los específicos como los de guardia— sumaron un total de 413. En casi la mitad de los casos (46%) la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de petición de la orden de protección al órgano judicial.

Con todo, para la jueza Belén Rubido el dato más relevante de este informe del Poder Judicial es que “cada vez las mujeres hablan más y cuentan lo que les pasó”. En los casos estudiados entre julio y septiembre disminuyó un 6,4% el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del derecho a prestar declaración, respecto del año pasado en este mismo período.

Las víctimas que son pareja o cónyuge de su agresor tienen, por disposición legal, el derecho a no prestar declaración, sin que por acogerse al silencio puedan ser sancionadas. “¿Qué pasa en los casos de violencia de género? Que las víctimas son más reticentes a declarar que en otros procedimientos”, señala Rubido.

“Aunque apliquemos la perspectiva de género, a veces tenemos que luchar contra las propias víctimas para poder ayudarlas”, confiesa Belén Rubido. “Desgraciadamente es así porque ellas en muchas ocasiones huyen del procedimiento porque no quieren más problemas, pues tienen miedo de que pueda haber represalias por parte de sus agresores. Esto supone una parte muy importante de los silencios que hay en los procedimientos; la otra parte está en el propio ciclo de la violencia de género, porque en los períodos de ‘reconciliación’ es difícil que las víctimas presten declaración”, desgrana la jueza.

Para que todo el procedimiento judicial no dependa única y exclusivamente del testimonio de la víctima en la fase de instrucción, y después ya en el propio juicio, se necesitan otros elementos probatorios para sustentar la acusación. Para Belén Rubido, los buenos datos actuales respecto a las mujeres que continúan con su denuncia obedecen a los avances en este sentido, a pesar de que no es fácil conseguir otras pruebas —biológicas, documentales o testificales— en todos los casos.

Estos buenos datos consolidados en Galicia distan de la foto fija a nivel estatal, donde creció un 22,5% el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del derecho a declarar. Los datos del Poder Judicial muestran que la tasa de mujeres que renunciaron a testificar en el juicio contra sus agresores fue de 11,5 por cada 100 víctimas de violencia de género durante el verano. Un porcentaje que disminuye hasta el 10,17% si solo se cuenta a las víctimas de origen español y que se sitúa en el 12,67% entre las víctimas de origen extranjero.

Por otra parte, las víctimas siguen siendo mayoría presentando las denuncias. 1.616 de las recibidas en este tercer trimestre en Galicia fueron presentadas directamente por las víctimas en los órganos judiciales, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las interpuestas por terceras personas: los familiares formalizaron 38, mientras que 61 derivaron de partes de lesiones; 16 de servicios de asistencia y terceros; y 263 de la intervención de la Policía. Además, se registraron dos víctimas menores tuteladas.

“Es complejo, pero pienso que está creciendo la conciencia social sobre la violencia contra las mujeres y que eso permite que haya más personas externas a las relaciones, en el caso de las parejas, que deciden presentar denuncia”, apunta la jueza de Pontevedra.

Belén Rubido describe cómo los actores del sistema judicial con formación en perspectiva de género llevan años intentando que haya un tratamiento “unívoco” de todos los casos de violencia sobre la mujer, “entendida como violencia sexual y como violencia, digamos, intrafamiliar”.

“Creo que ese es el paso que nos queda por dar y que vamos en el buen camino, pero no podemos ni queremos conformarnos. Tenemos que reforzar esa conciencia y la formación de toda la sociedad, y ayudar a las víctimas para que sean conscientes de que hay un camino más allá de la denuncia, que no hay ningún abismo”, defiende.

Esta es la foto fija de lo sucedido en el verano, pero el último trimestre del año acostumbra a ser el peor en cuanto a los datos de violencia machista. En este caso ya sabemos que lo fue en feminicidios, con más de una docena de mujeres asesinadas desde el mes de octubre. Hasta este 24 de diciembre se han confirmado como feminicidios los asesinatos de 46 mujeres por parte de sus parejas o exparejas y otras 15 mujeres fueron asesinadas por hombres con los que no habían mantenido una relación afectiva.