“Yo pienso en mi abuela, en un pueblo de 2.000 habitantes al sur de Extremadura, sin independencia económica, sin acceso a Internet; si se hubiera dado el caso, ¿cómo iba a denunciar? Sin duda ahora hay muchos más recursos que antes, más información y también más concienciación. Eso influye en que esté bajando la edad media de las víctimas y a la vez subiendo las órdenes de protección. Y, al mismo tiempo, se evidencia que la violencia sigue ahí y cada vez más entre las más jóvenes; pero es que ahora, además, se niega continuamente su existencia, y eso hace mucho daño”. La reflexión es de Alba Redondo Mesa, agente de igualdad de Malvaluna, una asociación feminista con sede en Mérida que lleva décadas atendiendo a mujeres que sufren el maltrato machista.

Ella plantea este razonamiento tras su análisis del último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre violencia de género. Las cifras aseguran que en la región extremeña, en los últimos tres años, se ha duplicado el número de chicas menores de 18 años que necesitan protección para evitar ser atacadas por sus parejas o exparejas. Los datos concretos dicen que si fueron 14 las órdenes o medidas cautelares establecidas en 2022, en 2025 llegaron a 27. La subida ha sido gradual en ese periodo. “Parece que 27 en un año no son muchas, pero estamos hablando de Extremadura, una comunidad con poca población, y además esas 27 es solo lo que sale a la luz”, asegura.    

¿Qué hay detrás de ese número? “Mucha violencia digital”, subraya Redondo, que pone el foco en dos cuestiones: por un lado, la facilidad de control que da un teléfono móvil; por otro, las ideas conservadoras que se fomentan por las redes sociales. En el primer caso, explica: “A los adolescentes les cuesta concebir una relación sin estar hablando constantemente, y eso se alimenta con que hay aplicaciones que te permiten saber la localización de tu pareja, lo cual desemboca en situaciones de control absoluto. Significa atentar contra la intimidad de la otra persona. Ahí empieza la violencia psicológica”. En el segundo caso, expone: “Las redes sociales nos están volviendo a colar la idea del amor romántico de que ‘cuanto más celoso sea, más me quiere’. Y no somos conscientes del gran poder que tienen esas redes para imponer discursos”.

En este sentido, prosigue: “Es muy difícil luchar contra esa realidad porque la sociedad va tan deprisa que no tenemos tiempo ni de explicar ni de educar, de manera que no existe pensamiento crítico, todo lo damos por bueno”.

Una de las labores de Malvaluna es dar charlas en los institutos para concienciar sobre qué es la violencia machista y sus consecuencias, pero desde la asociación aseguran que cada vez tienen más dificultades en Extremadura para acceder a los centros educativos por la negativa de los padres y madres a que se impartan los talleres: “Creen que vamos a adoctrinar a sus hijos”.

Redondo explica que a los alumnos se les intenta hacer pensar. Pone un ejemplo: “Queremos hacerles ver que tienen que sacar la violencia de las pantallas. Les preguntamos que qué pensarían si un vecino les enseñara los genitales por la calle para que entiendan que es igual de grave que la foto que le llega al móvil”.

Asimismo, en estos encuentros se encuentran a veces con comentarios como “la cocina es cosa de mujeres” o “los cuidados no es un trabajo”.

“El problema es que los partidos de ultraderecha no quieren educación sexual porque creen que eso es manipular y condicionar. Y, evidentemente, ese mensaje va calando. No se paran a pensar en el peligro que supone que los adolescentes no cuenten con herramientas propias para digerir la información que reciben”, expresa, por su parte, Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). Ella habla directamente de la pornografía: “Ya sabemos que hay niños que con ocho años empiezan a ver vídeos donde lo que aprenden es violencia, porque lo que ven son prácticas sin preservativo, abusos, violaciones múltiples o escenas similares muy agresivas”.

“La curiosidad por ver estos vídeos —continúa Fondón— existe, es innata, eso es obvio, pero si la única educación sexual que reciben es esa, ahí empieza el problema. Además, ellas también acceden a esos vídeos para aprender esas posturas y actitudes sumisas”.

La presidenta de Adhex tiene claro que el contexto descrito influye directamente en las relaciones entre adolescentes y en los roles que se asumen. Su asociación también imparte talleres en institutos. Ella lamenta que cada vez más jóvenes nieguen la violencia de género. “Se banaliza, y eso provoca que cada vez haya más casos. Antes daba vergüenza hacer determinados comentarios y ahora vuelven a resultar graciosos”.

No obstante, tanto Redondo como Fondón coinciden en que el camino recorrido no ha caído en saco roto y que también hay adolescentes muy conscientes de qué es la violencia de género: saben identificarla y combatirla.

Con ellas está igualmente de acuerdo Manuel Calvo Macías, psicólogo de la asociación Victoria Kent, con sede en Badajoz, que lleva tres años dando charlas en centros educativos de la provincia pacense. “Quien es consciente, lo es mucho más que antes, eso es innegable”, subraya. No obstante, critica que cuando se habla de igualdad en términos generales o de violencia machista, casi siempre se mira solo a las chicas. “Se pone el foco en ellas cuando la educación la tienen que recibir sobre todo ellos”, incide.

Este psicólogo pone como ejemplo comentarios o comportamientos machistas que, a veces, percibe en niños de diez años: “Es evidente que repiten lo que escuchan en casa. Por eso es tan importante que se trabaje con estos talleres de igualdad y de educación sexual en los centros”.

Otra cuestión que desde las tres asociaciones destacan es cómo influyen determinados discursos políticos en el fomento de la desigualdad, la cual, básicamente, es el caldo de cultivo de la violencia de género.

Lo resume Redondo: “Se está legitimando la negación de la violencia machista en las instituciones, se le quita importancia y se vuelven a cuestionar los derechos de las mujeres. Y esos discursos llegan a las redes sociales y a la calle”.

El número de menores que convive en hogares marcados por la violencia de género va en aumento. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con información relativa al año pasado, un total de 1.935 menores fueron víctimas directas de violencia machista. La cifra no ha dejado de crecer en los últimos cuatro años, con un aumento del 40,6% respecto a 2022.

Todos ellos contaban con órdenes de protección o medidas cautelares. Más de la mitad (54%) tenía menos de diez años y el 81,6% eran hijos e hijas del agresor. Las cifras sobre menores víctimas de la violencia ejercida por sus padres llegan en un momento especialmente relevante, poco después de que salieran a la luz las declaraciones del magistrado David Maman Benchimol, especializado en violencia machista, asegurando que muchas madres son “enemigas acérrimas de la custodia compartida” y que "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Los datos ofrecidos por el INE se basan en las víctimas con órdenes de protección y en los denunciados con medidas cautelares que han sido inscritos en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género del Ministerio de Justicia. Un total de 33.373 mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia y la mayoría tenía una relación de expareja con su agresor. 

La cifra de hombres denunciados asciende a 33.228, la mayoría fueron señalados por delitos de lesiones (21.560), pero también por torturas (8.125), amenazas (6.450) y quebrantamiento de condena (3.740). Entre las 98.551 medidas cautelares dictadas, solo 305 fueron de suspensión de la patria potestad y 3.007 de suspensión del régimen de visitas. La prohibición de aproximarse a la víctima se acordó en 26.080 ocasiones y la prohibición de comunicarse con ella en 25.881. En 2.229 casos se privó del derecho a la tenencia y porte de armas, mientras que en 86 se procedió directamente a su incautación.

En cuanto a las sentencias, los tribunales condenaron a un total de 40.929 hombres en asuntos procedentes del mismo año y de ejercicios anteriores. 

El INE también publica información relativa a violencia doméstica, aquella ejercida en el ámbito familiar por parte de cualquier miembro. Cabe destacar que incluso en este epígrafe la mayoría de las víctimas (60,8%) son mujeres y el grueso de los denunciados (71,6%) son hombres, por lo que predomina un sesgo de género evidente también cuando se trata de otras formas de violencia en el hogar. 

La Policía Municipal de Pamplona investiga la muerte de una mujer de 37 años de edad que se ha precipitado desde una tercera planta en el barrio de San Jorge de Pamplona en la madrugada de este domingo cuando se intentaba descolgar por una ventana con unas prendas de ropa. Un varón de 34 años, con el que la mujer había mantenido una relación sentimental, ha sido detenido por quebrantar una medida cautelar de alejamiento por violencia de género.

El fallecimiento se ha producido en torno a las 4:30 horas de la madrugada en el domicilio en el que vivía la fallecida junto a más personas.

Según han indicado varios vecinos a Diario de Navarra, se escucharon gritos por parte del detenido y de la víctima, que, según han contado, fueron pareja. Esa discusión ha proseguido ya en el interior de la casa, con gritos y llantos, hasta que la víctima ha comenzado a descolgarse por la ventana de la cocina con unas prendas de ropa anudadas hasta el segundo piso, altura desde la que se ha caído. Hasta el lugar se ha desplazado personal sanitario que no ha podido hacer nada por salvar su vida.

Agentes de la Policía Municipal se han trasladado al domicilio en el que han ocurrido los hechos y han procedido a la detención de un varón al que se le imputa un delito de quebrantamiento de una medida cautelar de alejamiento, derivada de una denuncia por malos tratos interpuesta por la víctima en 2025.

El cuerpo de la mujer fallecida ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF) para realizarle la autopsia, mientras que la Policía Municipal ha asumido la investigación de los hechos.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género contará en 2026 con un respaldo económico de 11,9 millones de euros adicionales, que serán destinados a medidas específicas de atención y prevención, además de otras 13 iniciativas, que se sumarán a las 461 que contempla el acuerdo.

Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno contra Violencia de Género (DGVG), Carmen Martínez Perza, en el Congreso en la comisión de seguimiento y evaluación del pacto de Estado en esta materia, para informar de la ejecución del mismo, que fue renovado el pasado 26 de febrero de 2025. Dicho pacto contempla 461 medidas en total, de las que son responsables, además de Igualdad, otros ministerios, administraciones e instituciones, y contó en 2025 con 82 millones destinados a medidas directas, además de 160 millones transferidos a comunidades autónomas y 40 millones más para entidades locales.

Estos recursos han garantizado la continuidad de servicios esenciales como los centros de crisis 24 horas, el servicio telefónico 016, Atenpro o Cometa, según ha precisado la delegada. De las 461 iniciativas que contempla el pacto, ya se han aplicado 251, lo que representa el 51% de su ejecución global por parte del Gobierno, según ha detallado Martínez Perza.

En el caso de las iniciativas que son competencia del Ministerio de Igualdad, se han puesto en marcha 113 medidas de las 211, lo que supone el 54% de ejecución de las iniciativas, con avances en violencia vicaria, trata, violencia sexual, servicios esenciales, y acreditaciones administrativas. En concreto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene encomendadas 159 medidas propias y más de 21 compartidas con el Instituto de las Mujeres (IM). De ellas, en 2025 se activaron 90 de las propias y 8 de las compartidas. Por su parte, el Instituto de las Mujeres ha avanzado en 3 de sus 9 medidas exclusivas y 2 compartidas, mientras que en el ámbito general del ministerio, se han ejecutado 12 de las 22 medidas que están bajo su paraguas.

En cuanto al resto de ministerios, ha destacado algunas medidas como la mejora en la protección de menores en entornos digitales y la adecuación de sedes judiciales impulsadas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; o actuaciones centradas en el asilo, la actualización de VioGén y la protección internacional de las víctimas del Ministerio del Interior.

La delegada ha precisado que la activación de las medidas varía según su complejidad, ya que algunas "son inmediatas", como campañas, formaciones o ajustes de protocolos, mientras que otras requieren reformas legales, cambios estructurales o actualización de sistemas de evaluación. Además, ha subrayado "el impulso normativo realizado", como en la lucha contra la violencia vicaria o la ley integral de trata, que está prevista elevar al Congreso en los próximos meses.

En su intervención, la delegada ha enumerado otros avances que ya se han producido, como el sistema de acreditación de las víctimas, las mejoras en los sistemas de protección, o los ajustes en los criterios para garantizar coherencia legal y seguridad jurídica en las subvenciones estatales de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata, entre otros.

La inspectora que denunció por presunta agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha vuelto a solicitar que se prohíba al ex mando policial comunicarse con ella, al entender que el auto en que denegó esta petición no está motivado e incurre en errores de interpretación.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Jorge Pidrafita recurre al auto del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid en el que rechazó imponer a González, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado el letrado de ésta.

Lo hizo, siguiendo el criterio de la Fiscalía, al término de la declaración de ambos el pasado 17 de marzo, en un auto en el que argumentó que no aprecia "riesgo" suficiente para concederla. "El investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante, máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial", concluía el auto.

Ahora el letrado de la denunciante pide que se revoque ese auto y se otorgue la protección, o de forma alternativa que se acuerde la realización de una valoración policial de riesgo actualizada y luego se vuelva a valorar la adopción de la medida. Para esta parte, el auto del juez omite valorar de forma completa uno de los dos requisitos legales que permiten otorgar la protección; "contrae indebidamente el concepto de riesgo", y "deniega una medida cautelar limitada sin una motivación suficiente de necesidad y proporcionalidad".

El extenso recurso incide en que la resolución impugnada "no exterioriza una valoración completa de las circunstancias del caso, sino una apreciación parcial que conduce indebidamente a negar la protección interesada". Y pone de relieve que "el riesgo relevante no se agota en evitar presiones sobre la prueba, sino que comprende también la prevención de contactos no deseados, intimidaciones, perturbaciones y revictimización durante la instrucción".

En las declaraciones del pasado día 17 la inspectora ratificó ante el juez su querella por agresión sexual contra el que era número dos del Cuerpo y que dimitió tras la denuncia, mientras que él negó los hechos y atribuyó esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de su subordinada.

La defensa del exDAO, ejercida por los letrados José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fúster-Fabra, presentó luego un escrito en el que se sostiene que la agente solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una pensión. Lo hizo en un escrito en el que solicita que se aperciba al letrado de la acusación particular por revelar públicamente el contenido de las actuaciones.

Los letrados del ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González sostienen que la agente que le denunció por presunta agresión sexual solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una jugosa pensión.

En un escrito presentado ante el juzgado especializado en violencia sobre la mujer que investiga al ex número dos de la Policía Nacional, los letrados de la defensa se refieren a las declaraciones que prestaron ante el juez el pasado martes tanto González como la agente para pedir que se aperciba al letrado de la acusación por revelar públicamente el contenido de las actuaciones, informan a EFE fuentes judiciales.

En concreto los letrados solicitan que se le aperciba "para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción, especialmente cuando dichas manifestaciones son contradictorias con lo realmente ocurrido en el procedimiento y con la propia solicitud de plena reserva formulada por dicha representación, lo que compromete el carácter reservado" del proceso.

Sostienen que ese letrado, Jorge Piedrafita, trasladó el contenido de las declaraciones "de manera claramente selectiva y contando falsas verdades", omitiendo deliberadamente "todas aquellas partes de las declaraciones y del contenido del audio que evidencian las múltiples contradicciones" en las que incurrió la agente.

Y concluyen que se presenta como víctima "una persona que sube al domicilio por propia voluntad con un arma reglamentaria; que permanece por propia voluntad; requiriendo continuamente información de forma inquisitiva; que se le invita varias veces a marcharse; que adopta una actitud cariñosa; que requiere que se le preste más atención; que recrimina que no se le haga caso y que se despide con un 'adiós cariño nos vemos el domingo'".

"La realidad es que es una persona celosa, posesiva y resentida con la única intención de causar el mayor mal a mi mandante y, que en caso de conseguir una impensable sentencia condenatoria, poder recibir hasta el 200 % de salario (...) por su más que probable jubilación", añaden.

Ese es el motivo por el que la agente insiste en decir "que estaba en acto de servicio acatando órdenes de alguien que ni siquiera es su superior jerárquico, como ella misma reconoce", aclara el escrito, que añade que la agente manifestó que "ya había denunciado en varias ocasiones a otro compañero con el que había mantenido otra relación de afectividad con pésimo resultado judicial".

La defensa detalla que la agente reconoció que fue al piso del exDAO voluntariamente, porque quería saber si él le mentía sobre otras supuestas relaciones con mujeres, y que no abandonó el lugar porque quería explicaciones.

Explica que en la declaración la agente negó inicialmente que dijera a González "nos vemos el domingo" y no recordaba si dijo "adiós cariño", como se escucha en el audio que ella aportó a la causa, y sobre el que el juez preguntó a ambos en varias ocasiones.

También reconoció que tras la supuesta agresión sexual ella llamó a González, aunque niega que lo hiciera hasta seis veces, como refleja un documento aportado a la causa por su abogado, detalla el escrito.

Sobre las declaraciones que hizo el letrado de la agente, en las que se aseguraba que en el audio se escuchaba una cremallera de un pantalón, el escrito de la defensa dice que la agente reconoció que su pantalón era de botón y ese sonido "nítido y prolongado" compatible con el de la cremallera de la riñonera que la agente llevaba con una pistola dentro.

Por todo ello los letrados de la defensa, ejercida por José Carlos Velasco e Ignacio Fúster, piden al juez que aperciba al abogado de la acusación "para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción", como lleva haciendo "desde que se filtró la querella en los medios de comunicación hace ya más de 1 mes", con "más de cuarenta intervenciones públicas relativas al contenido de la misma y al contenido del audio aportado".

El Ministerio de Igualdad contará con más de 71 millones de euros hasta 2029 para un nuevo contrato de gestión del sistema telemático de seguimiento de maltratadores, conocido como Cometa, tras la finalización del contrato actual en mayo de 2026, que fue objeto de una gran polémica por los fallos que se produjeron con las pulseras de control de agresores machistas, informa EFE.

El pasado mes de septiembre, Igualdad anunció que trabajaba en la licitación del nuevo contrato para la gestión del servicio de dispositivos telemáticos de control de agresores machistas a partir de mayo de 2026, tras conocerse los problemas que hubo con las pulseras de control a principios de año y que afectaron -entre otras cuestiones- a la geolocalización de las víctimas o sus agresores.

Según Igualdad, el nuevo contrato iba a incluir mejoras en el ámbito rural, la actualización tecnológica y el refuerzo del personal del centro de gestión de las pulseras antimaltrato (Cometa), entre otras cuestiones.

La ministra, Ana Redondo, prometió que el nuevo contrato contaría con "dispositivos de mejor calidad" y los avances y las mejoras que estén disponibles en el mercado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo para posibilitar a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad este gasto, correspondiente al programa 'Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género'.

Se trata de la contratación de "un servicio para el sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual. Su periodo de ejecución abarcará los ejercicios 2026 a 2029, con un precio total (IVA incluido) de 71.369.269,41 euros", según explica la referencia del Consejo de Ministros.

De esta cantidad total, "59.280.321,89 euros se destinarán al servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación de sistema, al servicio de telecomunicaciones y al servicio de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de sets de dispositivos electrónicos y los restantes 12.088.947,52 euros a la adquisición de nuevos dispositivos", prosigue.

Asimismo, 2.847.485,28 euros irán destinados a "prórrogas de contratos de prestación de servicios, actualmente en vigor, relativos, entre otros, al portal estadístico, al mantenimiento de aplicaciones y a servicios de creatividad, para los ejercicios 2026 y 2027".

El Consejo de Ministros ha autorizado este gasto ya que se superan los límites de la ley presupuestaria.

En mayo de 2026 concluye el contrato vigente, que ahora gestionan las empresas Vodafone y Securitas, las únicas que se presentaron a un concurso que tuvo una dotación de 42,6 millones de euros y una vigencia de 30 meses.

La última vez que se registró una incidencia en el sistema Cometa fue el pasado mes de noviembre, por un problema con un enrutador. En ese momento, Redondo aseguró que ninguna mujer había quedado desprotegida por el fallo técnico.

Sin embargo, la polémica se originó meses antes, cuando en septiembre la Fiscalía alertó sobre una serie de problemas en el acceso a la información necesaria para formular acusaciones por incumplimiento de las medidas de alejamiento. Además, varios trabajadores de Cometa denunciaron fallos en el GPS de los dispositivos.

Según explicó el Ministerio de Igualdad, el motivo de estas incidencias se debió a una pérdida de información en el proceso de migración de datos tras el cambio de proveedor de las pulseras.

Pilar, de 38 años y asesinada presuntamente por su expareja el pasado domingo día 4 en Quesada (Jaén), es la primera víctima mortal de la violencia de género en España en 2026 y la número 1.342 desde que se empezaron a contabilizar los feminicidios en 2003.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este miércoles la naturaleza machista del crimen y ha informado de que existían denuncias por maltrato contra el presunto feminicida, que fue detenido. El cuerpo sin vida de Pilar fue encontrado en un paraje de Los Molinos, cercano al centro de Quesada.

Pilar, que fue asesinada con un arma blanca, tenía una orden de alejamiento en vigor contra el hombre, del que se había separado hace un año.

El pasado día 6 otra mujer, Grazina, de 43 años, fue asesinada a manos de su marido, que luego se quitó la vida. Esta es la segunda víctima por violencia machista en lo que llevamos de año. En el sistema de protección a las víctimas de este tipo de violencia machista, Viogén, constaba una denuncia de la víctima contra su marido, un ciudadano de 35 años, pero aparecía como archivada, según adelantaron a EFE fuentes de la investigación. El TSJC ha confirmado que esa alerta del sistema Viogén se activó por unos hechos ocurridos en 2024.

Los juzgados gallegos recibieron una media de 21,8 denuncias diarias por violencia machista entre julio y septiembre, lo que supone un descenso del 1,8% respecto al año anterior. En el conjunto del Estado esta cifra asciende a una media de 579 denuncias al día en el pasado verano.

Según el Informe trimestral sobre violencia de género, elaborado por el servicio de estadística del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en Galicia se presentaron un total de 2.006 denuncias y se registraron 1.815 víctimas, un 7,3% menos que durante el mismo período de 2024.

“Galicia tiene, en base a los datos de este tercer trimestre, la tasa de violencia de género más baja del Estado –12,9 víctimas por cada 10.000 mujeres– pero aun así no es una tasa asumible, porque cualquier víctima que se produzca es inasumible”, defiende Belén Rubido, jueza decana de Pontevedra y especializada en casos de violencia sobre la mujer.

Rubido destaca que, a pesar de la escasa disminución de las denuncias presentadas entre los meses de julio y septiembre, hubo un incremento de las órdenes de protección dictadas, lo que significa que los jueces apreciaron una situación de riesgo objetiva para las víctimas. El aumento es de un 5,7% para las órdenes solicitadas y de un 8,4% para las aprobadas, siempre respecto del mismo período del año 2024.

“Cuando se dicta una orden de protección cada juez valora la situación, tiene que haber indicios racionales de delito, pero también una situación objetiva de riesgo —incide Belén Rubido—. Con lo cual, tenemos menos denuncias en número, pero más órdenes de protección proporcionalmente a las denuncias que existen. Con los datos en la mano, podemos afirmar que la protección se incrementó; eso supone que los jueces y juezas que tuvieron los casos delante valoraron un mayor riesgo para las víctimas”.

Las órdenes de protección adoptadas por los juzgados gallegos —tanto los específicos como los de guardia— sumaron un total de 413. En casi la mitad de los casos (46%) la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de petición de la orden de protección al órgano judicial.

Con todo, para la jueza Belén Rubido el dato más relevante de este informe del Poder Judicial es que “cada vez las mujeres hablan más y cuentan lo que les pasó”. En los casos estudiados entre julio y septiembre disminuyó un 6,4% el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del derecho a prestar declaración, respecto del año pasado en este mismo período.

Las víctimas que son pareja o cónyuge de su agresor tienen, por disposición legal, el derecho a no prestar declaración, sin que por acogerse al silencio puedan ser sancionadas. “¿Qué pasa en los casos de violencia de género? Que las víctimas son más reticentes a declarar que en otros procedimientos”, señala Rubido.

“Aunque apliquemos la perspectiva de género, a veces tenemos que luchar contra las propias víctimas para poder ayudarlas”, confiesa Belén Rubido. “Desgraciadamente es así porque ellas en muchas ocasiones huyen del procedimiento porque no quieren más problemas, pues tienen miedo de que pueda haber represalias por parte de sus agresores. Esto supone una parte muy importante de los silencios que hay en los procedimientos; la otra parte está en el propio ciclo de la violencia de género, porque en los períodos de ‘reconciliación’ es difícil que las víctimas presten declaración”, desgrana la jueza.

Para que todo el procedimiento judicial no dependa única y exclusivamente del testimonio de la víctima en la fase de instrucción, y después ya en el propio juicio, se necesitan otros elementos probatorios para sustentar la acusación. Para Belén Rubido, los buenos datos actuales respecto a las mujeres que continúan con su denuncia obedecen a los avances en este sentido, a pesar de que no es fácil conseguir otras pruebas —biológicas, documentales o testificales— en todos los casos.

Estos buenos datos consolidados en Galicia distan de la foto fija a nivel estatal, donde creció un 22,5% el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del derecho a declarar. Los datos del Poder Judicial muestran que la tasa de mujeres que renunciaron a testificar en el juicio contra sus agresores fue de 11,5 por cada 100 víctimas de violencia de género durante el verano. Un porcentaje que disminuye hasta el 10,17% si solo se cuenta a las víctimas de origen español y que se sitúa en el 12,67% entre las víctimas de origen extranjero.

Por otra parte, las víctimas siguen siendo mayoría presentando las denuncias. 1.616 de las recibidas en este tercer trimestre en Galicia fueron presentadas directamente por las víctimas en los órganos judiciales, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las interpuestas por terceras personas: los familiares formalizaron 38, mientras que 61 derivaron de partes de lesiones; 16 de servicios de asistencia y terceros; y 263 de la intervención de la Policía. Además, se registraron dos víctimas menores tuteladas.

“Es complejo, pero pienso que está creciendo la conciencia social sobre la violencia contra las mujeres y que eso permite que haya más personas externas a las relaciones, en el caso de las parejas, que deciden presentar denuncia”, apunta la jueza de Pontevedra.

Belén Rubido describe cómo los actores del sistema judicial con formación en perspectiva de género llevan años intentando que haya un tratamiento “unívoco” de todos los casos de violencia sobre la mujer, “entendida como violencia sexual y como violencia, digamos, intrafamiliar”.

“Creo que ese es el paso que nos queda por dar y que vamos en el buen camino, pero no podemos ni queremos conformarnos. Tenemos que reforzar esa conciencia y la formación de toda la sociedad, y ayudar a las víctimas para que sean conscientes de que hay un camino más allá de la denuncia, que no hay ningún abismo”, defiende.

Esta es la foto fija de lo sucedido en el verano, pero el último trimestre del año acostumbra a ser el peor en cuanto a los datos de violencia machista. En este caso ya sabemos que lo fue en feminicidios, con más de una docena de mujeres asesinadas desde el mes de octubre. Hasta este 24 de diciembre se han confirmado como feminicidios los asesinatos de 46 mujeres por parte de sus parejas o exparejas y otras 15 mujeres fueron asesinadas por hombres con los que no habían mantenido una relación afectiva.

El Gobierno extremeño ha cesado este miércoles al chófer de la presidenta, María Guardiola, tras conocer que este trabajador fue condenado "por coacciones leves" en relación con un delito de violencia de género, hecho del que no tenía conocimiento la jefa del Ejecutivo regional, según un comunicado remitido a EFE por la Junta de Extremadura.

El consejero de Presidencia y secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ya expuso a primera hora de la mañana que el chófer sería cesado de forma inmediata en el momento en el que el Gobierno confirmara dicha condena, la cual se ha conocido a través de una información publicada por ElPlural.com y de la que se ha hecho eco el PSOE.

Según este medio de comunicación, el chófer está condenado por violencia de género contra su expareja a seis meses de alejamiento, treinta días de trabajo comunitario y retirada del permiso de armas.

Según refleja dicho comunicado, la presidenta no tenía conocimiento previo de los hechos ni de la existencia de "una condena por coacciones leves" relacionada con este trabajador.

Ha sido el propio trabajador quien ha informado este miércoles a María Guardiola de esta situación mediante un correo electrónico y, posteriormente, en una conversación telefónica, en la que, según el citado comunicado, ha reconocido "la condena por coacciones leves, ya cumplida, y ha pedido disculpas por no habérselo comunicado con anterioridad".

El trabajador se ha puesto de manera inmediata a disposición de la presidenta, y ante esta situación, "se ha procedido a su cese".

La violencia machista se ha instalado en el debate público español como un fenómeno que conviene gestionar, pero ya no como un orden social que transformar. Se hace imprescindible volver a comprender. En un país que presume de consenso en la materia, la raíz ideológica del problema se ha ido diluyendo en categorías neutras que lo despolitizan y sustituyen estructura por contingencia, opacando el marco mismo desde el que podríamos comprender su persistencia. Pero el machismo no es un desajuste emocional, ni una tragedia privada, ni tampoco un asunto que se resuelva únicamente con más penas de cárcel o mejores medidas policiales: es una estructura que orienta afectos, legitimidades y jerarquías. Es cuando dejamos de nombrarla como tal cuando avanza sin resistencia.

Hay conceptos que no desaparecen, se vuelven opacos y cambian su significado con su uso. Machismo, como patriarcado, violencia o incluso feminismo corren hoy ese riesgo en España. Esto no sucede porque hayan dejado de emplearse, sino porque han sido absorbidos por un discurso institucional que los nombra sin pensar su raíz. Se habla de violencia en el ámbito de la pareja, de problemas de convivencia, de conflictos relacionales, como si el daño que produce el patriarcado fuese una cuestión psicológica y no la manifestación visible de un sistema de poder con incalculables consecuencias. El consenso político ha producido un vocabulario higiénico que gestiona la violencia sin interrogar su estructura, y esa operación es peligrosa porque transforma un orden ideológico en un asunto técnico. Llega a ser de tan profundo calado que en aras al consenso se llega incluso a pedir que no se politice la lucha contra la violencia machista. Es decir, se pide no hacer justamente aquello que de hacerse podría realmente marcar la diferencia. ¿Cómo luchar contra el machismo, cómo cambiar el orden social patriarcal, sin asumir que éste es una cuestión íntimamente relacionada con el poder?

La filosofía feminista contemporánea resulta aquí indispensable. Sara Ahmed ha mostrado que las estructuras sociales funcionan como orientaciones: inclinaciones que no obligan, pero que predisponen, que canalizan movimientos y expectativas. El patriarcado es, en este sentido, una geografía afectiva. No se limita a distribuir roles, sino que configura lo interpretable y lo imaginable: quién puede enfadarse y quién debe justificar su ira, quién es leído como razonable y quién como exagerada. No hablamos de actos aislados, sino de una arquitectura de inteligibilidad.

Pero esa arquitectura, cuando no se nombra, se vuelve paisaje. Judith Butler lo advirtió hace décadas: los marcos que utilizamos para describir la realidad no son neutrales; producen aquello que vemos y borran aquello que no encaja en su gramática. Cuando hablamos de lacra, por ejemplo, transformamos la estructura patriarcal en una suerte de patología indeterminada, una desgracia social sin responsables ni genealogía. Cuando hablamos de violencia en el ámbito familiar, devolvemos la dominación al espacio privado y disolvemos la asimetría entre quienes ejercen poder y quienes lo padecen. Estas expresiones —tan frecuentes en discursos mediáticos e institucionales a ambos lados del arco parlamentario— parecen inocuas, pero no lo son: operan como dispositivos conceptuales que desplazan el problema fuera de la ideología para situarlo en la intimidad. Y un problema íntimo no exige transformación estructural, solo gestión emocional.

Susan Faludi describió este fenómeno como backlash: una reacción que emerge precisamente cuando el feminismo logra avances significativos como los que en los últimos años se han dado gracias a los movimientos feministas y sus diferentes manifestaciones, incluso las institucionales. Es importante tener presente que, en España, ese backlash no siempre se manifiesta como confrontación explícita; a menudo adopta la forma más sofisticada de todas: la moderación semántica. La sustitución del patriarcado por la convivencia, de la desigualdad por la dificultad relacional o el discurso sobre la meritocracia, de la dominación por el conflicto sentimental. Es una operación que permite al sistema mantenerse indemne bajo la apariencia de consenso.

Mientras tanto, la cultura popular, quizá sin proponérselo, comienza a exponer con mayor claridad lo que la política neutraliza. La perla, de Rosalía, puede parecer un relato emocional, pero en realidad nombra un patrón. En ella, cuando se habla de red flag no es un gesto anecdótico; es el reconocimiento de un repertorio colectivo. La figura del terrorista emocional no es la patologización de una pareja concreta, sino la actualización de una forma de poder que se aprende, se hereda y se legitima culturalmente. En la canción, el protagonista reduce su propia violencia a un relato pobre, excusatorio, casi infantil. Y esa reducción es significativa ya que muestra cómo ciertas narrativas masculinas, al minimizar su responsabilidad, participan sin saberlo en la reproducción de la estructura. Lo que la política llama lacra o problemas en el ámbito familiar, la cultura pop lo lee —con más precisión filosófica que muchos documentos oficiales— como síntoma.

España ha avanzado normativamente en materia de igualdad, pero desgraciadamente la existencia de leyes no garantiza la existencia de un lenguaje capaz de sostenerlas y que posibilite las transformaciones profundas necesarias. Pensar el machismo como ideología no es una elección retórica, sino una necesidad analítica. Sin ese marco, la violencia se fragmenta en episodios inconexos que no permiten ver el patrón. Y donde no hay patrón, no puede haber transformación. La desideologización, en este sentido, es la forma contemporánea de continuidad, es decir, un modo amable de preservar el orden patriarcal que sigue permitiendo esa violencia.

Nombrar las perlas no significa buscar metáforas compensatorias, sino recuperar la posibilidad de identificar, en la superficie cotidiana, el destello de la estructura. Cada gesto que se repite, cada explicación que se reduce, cada terminología que sustituye poder por patología, es una señal. Y una democracia madura no debería temer nombrarlas. Sin lenguaje estructural, el patriarcado se vuelve administrable. Con él, vuelve a hacerse visible.

El desafío no es volver más enfático el debate público, sino hacerlo más honesto. El machismo no es un ruido sentimental: es una forma histórica de organización de la vida social. Cuando lo tratamos como si fuera un accidente de la intimidad o una tarea de las administraciones públicas, como el cuidado de parques y jardines, lo reforzamos. Cuando lo nombramos como ideología, abrimos la posibilidad de interrumpirlo. Y en esa diferencia está, no solo el terreno de la política, sino la posibilidad de articular propuestas feministas institucionales que de verdad sirvan para transformar la sociedad y hacer que las mujeres, de una vez por todas, seamos libres. 

El Ministerio de Igualdad junto a las Fuerzas de Seguridad del Estado ha activado este martes el protocolo de protección de las víctimas de violencia machista usuarias del dispositivo electrónico de seguimiento telemático tras una incidencia detectada en el sistema Cometa.

Tras tener constancia del problema se ha activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según ha informado Igualdad en un comunicado.

Los servicios de emergencia, el denominado botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas, y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth se han mantenido operativos en todo momento.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas, responsable del servicio en la Sala Cometa para conocer de primera mano la evolución de la incidencia.

Tras una evaluación, se ha detectado que el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta. Un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, según ha aclarado Igualdad, ya está en proceso de recuperar la normalidad.

Redondo ha querido dejar claro a las víctimas que el sistema de protección "va más allá de los dispositivos telemáticos" e incluye una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica. "Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio. Además, investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas", ha señalado.

La ministra de Igualdad ha asegurado que el fallo técnico no ha dejado desprotegida a ninguna de las víctimas, porque los protocolos de seguridad se han cumplido y no ha habido, por tanto, desprotección.

Además, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" una vez que el sistema está ya "estabilizado" y "están llegando los datos en tiempo real", mientras siguen "trabajando para restablecer completamente" el programa. "Ninguna víctima ha quedado desprotegida en estas horas de crisis", ha subrayado la ministra.

Ha explicado que está un equipo multidisciplinar trabajando y que "en todo momento los protocolos han funcionado". Aunque durante unas horas pudo fallar el sistema "tecnológicamente", no han fallado los protocolos previstos en estos casos, y entonces "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han estado en todo momento garantizando la seguridad de las víctimas", ha remarcado.

Además, la ministra ha especificado que las mujeres protegidas por el sistema Cometa "han tenido información y conocimiento de la situación".

La Policía Nacional ha detenido al novio de la joven de 21 años que este sábado recibió un disparo en la cara en Leganés (Madrid) e investiga un posible delito de violencia machista, aunque el arrestado ha explicado que ambos encontraron un arma en la calle y esta se disparó mientras la manipulaban.

Fuentes de la Policía Nacional han informado a EFE de que este joven, de 20 años, fue detenido en la tarde del sábado como responsable de presuntos delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas y violencia de género, tras efectuar un disparo que provocó que la joven fuese trasladada en estado grave al hospital 12 de Octubre de la capital.

Según el relato que el arrestado hizo a los agentes, que por ahora no han podido hablar con la víctima, ambos regresaban de madrugada al domicilio del detenido cuando encontraron en la calzada una caja que contenía un arma, que se llevaron a casa y que al manipularla se habría disparado "de forma accidental", hiriendo en el pómulo a la chica.

Entonces, ambos habrían bajado de nuevo a la calle y habrían dejado el arma en unos arbustos y llamado a Emergencias. A la llegada de los sanitarios y los agentes, la joven herida estaba sola y tirada en el suelo, según han informado las mismas fuentes.

La Policía Nacional ha recuperado el arma que estaba escondida en unos arbustos de la zona y continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron a las 6:55 horas del sábado, y la joven fue atendida en la avenida de la Lengua Española, en una popular zona de ocio de Leganés, junto al espacio La Cubierta donde se celebraba una fiesta de Halloween.

Husamettin D., el único de los 51 hombres condenados por agredir sexualmente y violar a Gisèle Pelicot que recurrió la sentencia, negó este miércoles los hechos y las pruebas en su contra, al asegurar que él también es una víctima del exmarido, Dominique Pelicot, el cerebro del plan.

“¡Este hombre es un psicópata, caí en su trampa!”, exclamó el acusado, de 44 años, que declaró este miércoles en la tercera jornada del juicio en apelación que tiene lugar en Nimes, al sur de Francia.

A lo largo de su interrogatorio Husamettin D. mantuvo un discurso contradictorio en sus respuestas ante el tribunal, los abogados de la víctima y el fiscal.

Reconoció como su víctima a Gisèle Pelicot, pero luego lo negó. Igualmente, aseguró que los tres consintieron la práctica sexual, pero más tarde admitió que en ningún momento la víctima accedió a ellas, al estar completamente inconsciente.

Del mismo modo, contestó los 14 vídeos de los hechos -de unos 30 minutos de duración en total- que grabó Dominique Pelicot en la noche del 28 al 29 de junio de 2019, cuando el acusado acudió al hogar de la expareja, en un pueblo de 6.000 habitantes llamado Mazan, del sur de Francia.

Unas pruebas que ya le condujeron en diciembre a una primera condena de nueve años de prisión por el delito de violación.

Las grabaciones permiten constatar que la víctima está completamente inerte en la cama, incapaz de reaccionar a las violaciones a las que fue sometida por ambos hombres.

En ellos se ve cómo Husamettin D. penetra en múltiples ocasiones a Gisèle Pelicot, a la que van moviendo como a un objeto para cambiar de posición. En algunos momentos incluso se la escucha roncar.

Stéphane Babonneau, uno de los abogados de la víctima, le preguntó al acusado si consideraba que estaba en una fase de negación de la realidad, incapaz de asumir los hechos. “No”, respondió simplemente.

María José Landaburu ejerce como secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, UATAE. Doctora en Derecho, es experta en derecho laboral y autoempleo, además de una cara habitual en las tertulias que analizan la actualidad, tanto económica como política. Así mismo, es una de las firmas habituales en infoLibre. 

“La citación a Begoña Gómez para anunciar un posible juicio con jurado puede calificarse como la última del juez Peinado en un proceso que ni en el fondo, ni en la forma, ni en el contenido jurídico de las actuaciones, ha tenido ningún sentido. Estamos ante una instrucción que parte de un supuesto que no tiene indicio alguno y que luego se convierte en claramente prospectiva. Es la teoría de agitar el árbol. Voy a entrar en la vida de una persona a ver si de aquí puedo sacar algo malo. Y ya la excentricidad de intentar desgajar uno de los delitos para que sea juzgado por un tribunal popular puedo calificarla, como jurista, como completamente contra derecho. Y, como ciudadana, como muy preocupante porque esto, y lo digo siempre, le pasa hoy a la señora Begoña Gómez, pero nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Y no puedes tener a una persona durante años con la espada de Damocles, con la pena del telediario y con una exposición pública que obviamente no va en el cargo de nadie”.

“Muchas casualidades. Procedimientos que se expresan al público dando resoluciones y poniendo en todos los titulares determinados casos de presunta corrupción. Pero claro, hay que ver un poquito los tiempos para saber si esto puede ser casual o no. Yo creo que obviamente no lo es, en la medida en que el juez Peinado está actuando con una prisa llamativa, mientras que en el caso del novio de la señora Ayuso se van cumpliendo los trámites en el momento adecuado. Hay una suerte de entendimiento entre las resoluciones judiciales que también nos deben preocupar. Filtraciones permanentes, coincidencias que no se pueden explicar, porque que una cosa coincida una vez puede ser casualidad; pero si son dos, es un hecho, hay una pauta de comportamiento. Y la pauta en las actuaciones del juez Peinado tiene que ver o con elecciones generales o con la puesta en común de algún asunto judicial que afecte al Partido Popular. No creo en las casualidades y me temo que, además, ahora que viene un otoño complicado para el Partido Popular con la apertura de los juicios orales vinculados con la Gürtel y tantos casos de corrupción que se cuentan por docenas, veremos también resoluciones exóticas, tanto en el caso del hermano del presidente como en el caso de su esposa”.

“Nunca hubo una mayoría de izquierdas como tal. Lo que se conformó tras las últimas elecciones generales fue una mayoría antifascista, que impedía que el Partido Popular, de la mano de Vox, entrara en las instituciones y pusiera en peligro derechos largamente conquistados. Ese fue el origen de este Gobierno que tiene el apoyo puntual de Junts, que no es un partido de izquierdas, pero sí democrático. Es un partido nacionalista catalán. Esa coalición de Gobierno frente a la que la mayoría social se expresó no permitiría ese tipo de posiciones independientes de las distintas comunidades autónomas que tienen perspectiva y proyección nacional. Eso es lo que pasó el primer día de la Legislatura y en esas estamos. En la práctica significa que hay que hacer un parlamentarismo extremo, es decir, hay que pactarlo todo, todo el tiempo. A mí como ciudadana me parece bien que no sea posible que actúen los rodillos las mayorías parlamentarias que no tienen en cuenta las minorías. Porque la esencia de la democracia es el respeto, el cuidado y el mimo a las minorías, sean de carácter ideológico o sean de carácter nacionalista”.

“El Gobierno durante este tiempo ha sacado adelante cosas relevantes, en mi opinión. La más importante ha sido la aprobación de presupuestos muy expansivos que han permitido tanto revalorizar las pensiones conforme a la ley todos los años, como subir el salario mínimo interprofesional y dedicar cantidades importantes a infancia, juventud, etcétera. Eso es lo que tiene que seguir haciendo. Y con un elemento fundamental, que yo creo que es la clave, porque nos preocupa a todos y a todas ahora: la vivienda. Se intentó una ley de vivienda frente a la cual las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han puesto en rebeldía. Creo que es necesario plantear a la sociedad y el Congreso normas que permitan la intervención en el mercado. La vivienda no puede ser exclusivamente objeto de especulación por grandes fondos de inversión. Es la gran especulación la que la está convirtiendo en un bien de lujo y no en un derecho de la ciudadanía, tiene que ver con el gran capital y esto solo se paga interviniendo. Aprobar nuevos presupuestos creo que no es fácil por esa pluralidad que conforma el Congreso de los Diputados y los apoyos al Gobierno. Pero no debería ser un especial problema si atendemos a que muchas de las comunidades autónomas tampoco aprueban los presupuestos anualmente. Cuenta el Gobierno, a mi juicio, con dos beneficios. Uno, que los presupuestos con los que opera son suyos, los aprobaron ellos. Y dos, que han ido dando salida a través de los mismos a los fondos europeos que todavía quedan por ejecutar y que van a surtir de una fluidez económica que hará posible determinadas políticas sociales”.

“Se ha producido un error de comunicación muy grave en un asunto extremadamente sensible que tiene que ver con la violencia de género. Ahora bien, el problema ha sido estrictamente procesal, es decir, las pulseras sí que controlaban. La autoridad policial tenía conocimiento de que se violaban las órdenes de alejamiento, también las mujeres. Por tanto, la protección estuvo, pero luego, a la hora de enjuiciar ese quebrantamiento de la orden de alejamiento no estaba grabado. Eso es una dificultad, sí, pero no es un impedimento, porque tanto el testimonio de la víctima como el de la policía que lo recibió es muy relevante para las autoridades judiciales. Desde luego, es un tema fundamental también y hay que poner todas las medidas que se tengan de protección, prevención, control y apoyo a las mujeres que han sufrido este tipo de violencia. Sin el menor género de duda. Me llama la atención que quienes más se oponen a las políticas feministas, quienes niegan la violencia de género, quienes no quieren disponer de fondos, quienes las bloquean en las comunidades autónomas donde gobiernan, sean los que critican y se vuelven locos y piden dimisiones precisamente porque se ha producido un error de este tipo. Otra reflexión es si la colaboración público-privada es conveniente. No se usa nunca en otro tipo de servicios y actuaciones de control policial”.  

“El panorama mediático, no es nuevo lo que voy a decir, arrastra desde hace mucho tiempo la existencia de grandes conglomerados mediáticos, grandes medios de comunicación, inspirados por capital. Como siempre, el capital está en manos de la derecha y de la ultraderecha. Esto supone que prácticamente la totalidad de los medios privados se constituyen en un elemento de influencia sobre la población que va siempre en la misma dirección. Y, además, la deriva que veo es que lo hacen cada vez con menor rubor. Un objetivo claro es un gobierno que no es funcional a sus intereses y por tanto hay que derribarlo. Es el “quien puede hacer que haga”. Por otro lado, las redes sociales tienen dueños que son personas de dudosa credibilidad democrática. No hay control legal ni judicial sobre ellos. Cuando uno pretende informarse y sale al espacio público, tiene solamente una visión del mundo que es muy dirigida y muy parcial. Y esto genera problemas, también desde la perspectiva democrática. No hay democracia si no hay pluralidad informativa. Y eso no está pasando en este país”. 

“Tarde, pero el mundo ha visto el genocidio que se está produciendo por parte de Israel en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, y lo ha expresado. Llevamos algunas y algunos muchos meses diciendo que había que hacer algo, aunque fuera con el arma de la palabra. Y, desde ese punto de vista, la inmensa mayoría de los países así se han expresado. También lo han hecho con relación a la igualdad de género, al multilateralismo, al cambio climático, a la desigualdad social, a la diferencia entre los países ricos y pobres. Yo creo que todo eso es lo que conforma la ONU, lo que supuso y supone la Agenda 2030 y lo que tiene que hacer. Ahora bien, entre la retórica expresada y la capacidad de transformar esta realidad tan cruel hay distintos problemas. Es el momento de darle una vuelta a la Organización de las Naciones Unidas. Sé que la salida de Estados Unidos produciría una falta de financiación, pero es que a lo mejor hay que buscar otras fórmulas, no puede ser que no se puedan adoptar resoluciones simplemente por el veto de un país. Se ha producido una visualización del liderazgo de España representada en Pedro Sánchez. También en la intervención del jefe del Estado, aunque no pronunció la palabra genocidio. Creo que hay que felicitarse de esta expresión de liderazgo. Puede mover alianzas con otros países que conformen otros bloques, que cambien la situación geoestratégica, que muevan los esquemas y permitan avanzar en otra dirección”.

“En Estados Unidos estamos asistiendo en tiempo real a lo que podría ser una distopía de cómo se destruye una democracia avanzada, porque es lo que está haciendo el señor Trump. Se accede al poder por vía democrática. Pero a partir de ahí, consiste en controlar el Poder Judicial, controlar los medios de comunicación, que como sabemos son esenciales para la salud democrática, limitar los poderes del Parlamento, utilizar el Ejército y la policía contra sus adversarios y a partir de ahí hacer imposible el funcionamiento normal de la democracia. Dudo mucho que no cambie la Constitución y acabe gobernando ad infinitum en esta estructura, convirtiéndose en una suerte de Putin a la americana. Frente a esto, creo en la sociedad civil organizada. Es cierto que no hay en Estados Unidos una vertebración tan clara ni tan potente de la sociedad civil como la hay en Europa desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista vecinal, que son puntos básicos para mover los esquemas de la democracia, pero es la única solución”.

“¿Por qué no puede pasar en cualquier otro sitio? Naturalmente que sí. Solo tienen que confluir el capital, el interés, el momento y los instrumentos. Los instrumentos están aquí. Tenemos ya partidos claramente a lo Trump y tenemos a líderes o lideresas de partidos teóricamente democráticos que se expresan de forma trumpista. Se ha producido la ola ultraderechista, está de moda precisamente por el poder de la desinformación, de hacer creer a la gente que le están robando su vida. Buscan enemigos externos. Eso es facilísimo de comprar, es populismo en el peor sentido. Todo eso existe, está estudiado, O sea, saben cómo hacerlo, tienen los recursos para hacerlo y lo van a intentar. Lo que pasa es que yo creo que la sociedad española tiene una trayectoria democrática menor, hemos sufrido la dictadura, la represión, lo peor del fascismo. Tenemos que estar alertas, defender nuestras libertades y nuestros derechos duramente conquistados frente a todo”.

“La flotilla está en peligro. Tal y como se ha expresado el Gobierno del Estado de Israel, tal y como ha funcionado, con este comportamiento completamente terrorista, infame y asesino, le da lo mismo un poquito más. Se han expresado también en reacción a las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que no van a permitir ningún tipo de aproximación. Creo que las fuerzas militares europeas y también de la OTAN –y aquí veremos la posición de Estados Unidos– tienen que protegerla con todas las consecuencias. Ojalá que los ataques que se produzcan, que yo creo que sin duda se van a producir, sean híbridos, como con drones, con algún tipo de daño colateral. Si se produce peligro para las vidas que ahí están, desde luego las Fuerzas Armadas tienen que intervenir, no las de España, sino todas, que para algo debe servir la OTAN. Y a ver si también de esto aprendemos un poquito más y avanzamos hacia una cierta independencia de la Unión Europea en términos defensivos. Que lo que era una ambición política ahora es una necesidad inevitable. No podemos depender de la OTAN controlada por Estados Unidos tal y como está en este momento”.

“El problema es que hemos partido de la base de que Israel era una democracia, pero es una democracia solamente para determinados colectivos, que son en concreto los judíos. Sin embargo, para los palestinos o para cualesquiera otro, es un régimen de apartheid, donde no pueden acceder a la tierra, donde no son libres de elegir sus actividades económicas, personales, hasta matrimoniales, y eso no es una democracia. El siguiente elemento es que cualquier democracia tiene que basarse en el respeto de los derechos humanos y obviamente Israel los fulmina. Esta es la situación y, a partir de ahí, hay que producir un aislamiento. Sonroja ver cómo con Rusia la Unión Europea ha aplicado hasta diecinueve paquetes de sanciones y con Israel todavía estamos pensándonos cómo llevarlas a efecto. No puede ser. Hay que aislarlos del espacio diplomático, del espacio económico, del político y de todos los todos los mecanismos de interrelación y de red multilateral, porque eso les va a hacer daño. Y se trata de eso, de que vean que no son impunes. Que la humanidad es la alianza de unos con otros en favor de la prosperidad, no el asesinato permanente, no la venganza colectiva, no esta situación de exterminio. Esto no nos lo podemos permitir”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este vienes sin necesidad de votación el examen periódico universal sobre la situación de las libertades fundamentales en España, durante el cual Estados miembros y actores de la sociedad civil emitieron más de 300 recomendaciones que en su mayor parte fueron aceptadas por la delegación española.

De las 324 recomendaciones emitidas España decidió aceptar 303, indicó en el Consejo el embajador español ante la ONU en Ginebra, Marcos Gómez, quien aseguró que estas sugerencias "son de gran utilidad en el ámbito legislativo y en nuestra práctica administrativa".

Muchas de ellas, subrayó el jefe de misión, giraron en torno a la violencia de género, "un mal que aflige a todos los países" y en el que España "reafirma el compromiso inquebrantable para combatir esa lacra".

Del mismo modo, hubo múltiples recomendaciones sobre la lucha contra la discriminación racial que fueron escuchadas "ante la amenaza creciente de los discursos de odio que resuenan también en España y la desinformación en las plataformas digitales", subrayó el diplomático.

Durante el examen, que se celebró el 30 de abril, algunos países señalaron la necesidad de prevenir en España el uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque Gómez aclaró este viernes que "toda conducta discriminatoria está prohibida y supone una falta muy grave que puede dar lugar incluso a responsabilidad penal".

En el posterior turno de réplica, después de intervenciones en varios casos críticas con España, Gómez únicamente respondió directamente a las afirmaciones de una ONG israelí, Institute for NGO Research, que acusó a las autoridades españolas de creciente antisemitismo.

Esas acusaciones "proceden de alguien que vive en una realidad paralela y que ignora lo que está sucediendo hoy en Gaza", respondió el jefe de la delegación española.

Meta utilizado fotos de “vuelta al colegio” de niñas en edad escolares para anunciar una de sus plataformas a un hombre de 37 años, una acción que los padres de la menor describieron como “indignante” y “perturbadora”, informa The Guardian.

El hombre notó que publicaciones que lo animaban a “unirse a Threads”, la red de Mark Zuckerberg rival de X de Elon Musk, aparecían en su feed de Instagram con publicaciones insertadas de niñas uniformadas de hasta 13 años, con sus rostros visibles y, en la mayoría de los casos, sus nombres.

Las imágenes de las menores fueron usadas por Meta después de que sus padres las publicaran en Instagram para marcar el regreso a clases. Los padres desconocían que la configuración de Meta permitía esto. Una madre dijo que tenía su cuenta en modo privado, pero que las publicaciones se compartían automáticamente en Threads, donde quedaban visibles. Otra explicó que había subido la foto en una cuenta pública de Instagram. Las publicaciones de sus hijas fueron destacadas al extraño como “threads sugeridos”.

El destinatario contó a The Guardian que las publicaciones le parecieron “deliberadamente provocativas y, en última instancia, una explotación de los niños y las familias involucradas”.

El padre de una niña de 13 años que apareció en una de las publicaciones dijo que esta práctica era “absolutamente indignante”. Las imágenes eran todas de chicas escolares con faldas cortas, con las piernas descubiertas o usando medias.

“Cuando descubrí que una imagen de ella había sido explotada de lo que me pareció una manera sexualizada por una empresa tan grande para promocionar su producto, me sentí bastante asqueado”, afirmó.

Meta se defendió diciendo que las imágenes no infringían sus políticas. La empresa explicó que recomienda visitar Threads mostrando fotos compartidas públicamente que cumplan sus normas comunitarias y sus directrices de recomendación. Sus sistemas no recomiendan publicaciones de Threads compartidas por adolescentes, pero en este caso se trataba de cuentas de adultos configuradas para ser visibles públicamente.

El hombre que recibió las publicaciones señaló que, como solo le llegaron publicaciones promocionales de chicas escolares —sin ningún chico en uniforme, por ejemplo—, parecía haber “un aspecto de sexualización”.

La madre de una joven de 15 años cuya foto fue usada en una publicación promocional con un gran botón de “Get Threads” comentó: “Para mí era una foto de mi hija yendo al colegio. No tenía idea de que Instagram la había tomado y la estaba usando como promoción. Es absolutamente repugnante. Ella es menor de edad”.

Añadió que jamás habría dado su consentimiento y que “ni por todo el dinero del mundo permitiría que usaran a una niña en uniforme escolar para atraer gente a su plataforma”.

Con 267 seguidores, su cuenta de Instagram normalmente tenía un alcance modesto, pero la publicación de su hija atrajo cerca de 7.000 visualizaciones, de las cuales un 90% de personas que no la seguían, la mitad tenía más de 44 años y el 90% eran hombres.

Otra madre, cuya publicación de su hija de 13 años fue utilizada en un anuncio promocional, declaró: “Meta hizo todo esto a propósito, sin informarnos, porque quieren generar contenido. Es despreciable. ¿Y quién es responsable de crear ese anuncio de Threads usando fotos de niños para promocionar la plataforma entre hombres mayores?”.

Meta explicó que llama a estas publicaciones “herramientas de recomendación” y que las publicaciones públicas pueden usarse con ese fin.

El usuario de Instagram de 37 años, residente en Londres y que pidió permanecer en el anonimato, concluyó: “Durante varios días recibí repetidamente anuncios de Meta para Threads que incluían exclusivamente imágenes de padres de sus hijas en uniforme escolar, algunas con sus nombres visibles. Como padre, me parece profundamente inapropiado que Meta reutilice estas publicaciones en una promoción dirigida a adultos”.

Dijo que no había publicado ni dado “me gusta” a imágenes similares antes de que le enviaran las fotos de las escolares.

“Para mí, mostrar este tipo de contenido como tendencia o popular es deliberadamente provocativo y, en última instancia, una explotación de los niños y las familias involucradas, poniendo en riesgo su seguridad en línea”.

Cientos de mujeres han recorrido el centro de Madrid ataviadas con los trajes de 'El cuento de la criada' para exigir el fin de los vientres de alquiler y que el Estado acabe con esta práctica ilegal que entienden que no se puede normalizar porque es una forma de violencia sobre las mujeres.

La acción ha sido convocada por más de 30 organizaciones feministas, como la Federación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Federación de Mujeres Progresistas o Apramp, y tras comenzar en la plaza del Callao ha continuado por Gran Vía hacia el paseo del Prado para detenerse frente al Congreso de los Diputados y terminar en la Puerta del Sol.

Una larga fila de mujeres, hasta 500 según las organizadoras, han desfilado con la túnica roja y la cofia de las 'criadas' de la serie televisiva basada en la novela 'El cuento de la criada' (Margaret Atwood), en la que en un país totalitario y teocrático las mujeres fértiles son forzadas a la esclavitud sexual para que otras puedan tener hijos.

Han caminado en filas de cuatro, en silencio y sin pancartas, lo que ha provocado la curiosidad de las personas que transitan por una de las zonas más turísticas de la capital y a las que las organizadoras han repartido octavillas explicativas de la protesta con el título 'Las mujeres no se usan, no a los vientres de alquiler'.

Han subrayado que de 2010 a 2023 casi 4.000 bebés fueron adquiridos por ciudadanos españoles "mediante un contrato por el cual la mujer renuncia a la filiación y derechos asociados a la gestación y el parto".

Al arrancar la marcha Ángeles Álvarez, exdiputada socialista y actual presidenta de la asociación En clave feminista, ha explicado que se trata de protestar contra una práctica que no solamente es ilegal en España sino que está reconocida por la propia legislación española como una forma de violencia contra las mujeres y que, sin embargo, "sigue siendo permitida".

Ha reconocido que se han producido algunos avances por parte del Ejecutivo, como prohibir que puedan hacerse inscripciones en los consulados, pero ya "ha llegado el momento de tener un Gobierno valiente que se plantee la retirada de la patria potestad a aquellos que han utilizado algo que la propia ley reconoce como una forma violenta".

Preguntada por el congreso que se celebra este sábado en Madrid organizado por el colectivo Son Nuestros Hijos, que reúne a mujeres gestantes en procesos de gestación subrogada y a jóvenes nacidas mediante esta práctica, Álvarez ha afirmado que "la industria reproductiva está utilizando fundamentalmente a las mujeres para promocionar el discurso del altruismo".

"Estamos acostumbradas a estas cosas, no son representativas en absoluto, igual que no son representativas, por ejemplo, las mujeres que piden la legalización de la prostitución siendo prostitutas de lujo, por poner un ejemplo: no representan lo que es la prostitución para las mujeres", ha añadido.

Ha hecho hincapié en la importancia de la industria relacionada con la gestación subrogada y ha puesto de relieve que se ha publicado un informe de la relatora especial sobre violencia contra las mujeres de la ONU en el que se destaca que habrá un crecimiento exponencial, de más del 500 por ciento, en la industria reproductiva, que llegará a facturar más de mil millones de dolares.

Marta Cárdava, del Fórum Feminista de Madrid, ha incidido en que para ser padres por gestación subrogada no se piden requisitos, mientras que para adoptar sí, y ha reclamado que se cambie el Código Penal actual.

En la misma línea, Cándida Barroso, de la coordinadora feminista de Valencia, ha denunciado que las madres gestantes se someten "a un control de casi esclavitud y renuncian a tener libertad para alimentarse, para relacionarse con sus familias", mientras la otra parte "solo tiene que tener dinero" y se comportan como si se tratara de "comprar zapatos".

La Guardia Civil ha investigado a un chico menor de edad por difundir imágenes que había modificado con inteligencia artificial (IA) para que las compañeras de su instituto retratadas en las fotografías y vídeos aparecieran totalmente desnudas, según informa EFE.

En el marco de esta investigación, un total de 16 chicas menores han denunciado la utilización de su imagen manipulada con IA tanto en redes sociales como en una web, y el menor es un compañero suyo del instituto, ubicado en la comarca valenciana de la Ribera Alta.

Según ha informado la Guardia Civil este domingo, la investigación comenzó en diciembre de 2024, cuando una menor denunció la creación de una cuenta con su nombre en una conocida red social donde se publicó un vídeo realizado con inteligencia artificial.

En esa misma cuenta también aparecerían fotos de varias personas, todas ellas menores de edad, y estas fotografías eran modificaciones de las originales, que habían sido manipuladas para que las personas aparecieran completamente desnudas.

Esta menor también denunció la creación de una segunda cuenta en otra red social a su nombre, así como otras cuentas en las que aparecían vídeos de desnudos por IA y una página web que publicitaba a estas imágenes, todo ello con la intención de vender este tipo de contenido por internet.

A esta primera denuncia se sumaron después otras 15 más por personas menores de edad, por los mismos hechos. Los agentes entrevistaron entonces a las menores y todas ellas coincidieron en la sospecha de que el autor pudiera tratarse de un compañero de instituto.

Analizaron varias de las cuentas en dos redes sociales creadas a nombre de una de las denunciantes, donde se publicaban vídeos y diversos 'mensajes descalificantes', y los investigadores solicitaron a estas plataformas datos de usuario y acceso a las cuentas. Posteriormente, se realizó un seguimiento e investigación de la web donde se publicitaban los servicios de modificación de imágenes a través de inteligencia artificial y donde se publicó el primer vídeo.

Los agentes obtuvieron los datos de usuario y acceso a dichas plataformas, incluyendo las direcciones IP, que pertenecían al domicilio de uno de los compañeros de instituto de las denunciantes. Además, se confirmó que los correos electrónicos utilizados para la creación de estas cuentas pertenecían a la misma persona.

Por estos motivos, se ha investigado a un menor de 17 años por un delito de corrupción de menores, en una operación llevada a cabo por agentes del Equipo @ de la Guardia Civil de Sueca (Valencia). Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Menores número 1 de Valencia.